Ayuso se basa en artículos de prensa para poner bajo sospecha 12 contratos del Ejecutivo similares al que benefició a su hermano
La presidenta de Madrid denuncia ante la Fiscalía acuerdos supuestamente relacionados con allegados del presidente Sánchez, o la vicepresidenta Calviño
Juan José Mateo
JUAN JOSÉ MATEO
Madrid - 11 MAR 2022 - 05:00 CET
ALBERTO ORTEGA (EUROPA PRESS)
“Vamos a empezar a investigar a todos”. Esas siete palabras sirvieron este jueves a Isabel Díaz Ayuso para anunciar el registro de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por doce contratos del Ejecutivo central (que suman 326 millones de euros) y 14 ayudas en forma de avales (896.000 euros) presuntamente relacionados con familiares, allegados o conocidos del presidente, Pedro Sánchez; de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; del exministro de Sanidad, Salvador Illa; o del extitular de Transportes, José Luis Ábalos. Tras pasar el último mes asediada por la polémica que rodea al contrato de la empresa Priviet con la Comunidad, que reportó más de 55.000 euros a su hermano, la presidenta de Madrid contraatacó poniendo en la diana acuerdos de similares características.
Ayuso contraataca
Así, Priviet, la empresa que cobró 1,5 millones de la Comunidad por importar 250.000 mascarillas de China, y que pagó a Tomás Díaz Ayuso más de 55.000 euros por ello, no está especializada en material sanitario: se dedica a la confección, fabricación y venta de artículos para el vestido y tocado de caballero y señora. El acuerdo, firmado en la primavera de 2020, se concedió a dedo, y sin competencia entre empresas, aplicando la vía de emergencia. Existía, además, un vinculo previo y personal entre la compañía y la Administración: Daniel Alcázar, el dueño de Priviet, es amigo de la infancia de los Díaz Ayuso, y pagó una compensación al hermano de la presidenta por su participación en el negocio millonario.
Pese a las coincidencias con el caso de los Ayuso, el señalamiento de todas esas circunstancias homologables sustenta la mayor parte de la denuncia del grupo parlamentario del PP sobre los contratos firmados por el Gobierno central durante la pandemia, y que se basa íntegramente en artículos de prensa.
“La situación de emergencia sanitaria no puede justificar toda restricción de la competencia, y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo”, se argumenta en el documento. “El Tribunal de Cuentas establece la necesidad de acreditar la solvencia de las empresas contratistas, así como la adecuación de su objeto social”, se añade. “Tras la publicación de las correspondientes informaciones en diversos medios de comunicación, hay una serie de contratos, formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos de solvencia del contratista, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración”.
Además, el PP intenta poner el foco en avales, ayudas y subvenciones concedidas por el Estado. En este apartado se señala el caso de la empresa Playbol, “propiedad de los padres del presidente del Gobierno”, que entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 recibió 14 avales o reafianzamientos, por valor de 896.000 euros, por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento y del Instituto de Crédito Oficial. Aunque la compañía fue vendida a un tercero en 2018, la denuncia, que se basa en un artículo de Okdiario, recalca que los empleados siguen siendo los mismos, y las naves en las que trabajan siguen siendo de la empresa previa, por lo que la actual le paga un alquiler. Por todo ello, el PP ve un posible caso de conflicto de interés en la concesión de las ayudas.
La Fiscalía, previsiblemente, abrirá diligencias de investigación, igual que ha hecho con las denuncias de Más Madrid, PSOE y Podemos sobre los contratos entre la Comunidad y empresas vinculadas a la familia de Díaz Ayuso. Estos son los contratos estatales denunciados por el PP.
1. FCS Select Products. Cuatro contratos por 263.126.600. La compañía, señala el PP en su denuncia, está especializada en fabricar artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas, y su volumen de negocio en 2018 fue de menos de un millón de euros. “Es decir, recibió adjudicaciones [para importar mascarillas y guantes] por un valor 275 veces superior a su facturación, y 84.800 veces superior a su capital social (3.100 euros)”, destaca el texto. “La administradora fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada”, alerta. Y subraya: “[Hay] una relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, el Sr. Illa, cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa, y de la que fue alcalde”.
2. Soluciones de gestión. Tres contratos por 40.179.355 euros. La actividad social de la empresa (actividades internacionales relacionadas con el agua, la energía o las infraestructuras agrícolas) y su ámbito preferente de trabajo (África) no convertían a esta compañía en un referente de la suministración de mascarillas, según la denuncia del PP. Su cifra de negocios, recoge el documento, fue “de cero euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas” por la covid. Y acusa: “¿Cómo logró, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad y lograr tan importante contrato? (...) La explicación puede guardar relación por ser “de confianza del Sr. Ábalos”, entonces Ministro responsable del departamento al que estaban adscritos, tanto Puertos del Estado, como ADIF [organismos que firmaron los contratos, junto a la secretaria de Estado de seguridad del ministerio del Interior]”.
3. Weihai Textile Group. Un contrato por 10.192.606 euros. La denuncia recalca que el precio pagado por cada bata desechable suministrada por este proveedor (18,50 dólares) era “entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado”. “Hay un sobrecoste incomprensible, inasumible e inadmisible de 10 millones de euros (+625%) cuyo destino real se tendrá que explicar y justificar”.
4. Members of the Tribe S.L.U. Dos contratos por 9.444.000 euros. Como en el resto de casos, se señala que la compañía no está especializada en la importación de material sanitario (su objeto social es la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios) y que la adjudicación “no tiene ninguna lógica económica”: supuso, denuncia el PP, comprar guantes de nitrilo a 0,10 euros, “un sobrecoste de entre el 25% y el 500%” frente a acuerdos homologables. Además, la formación conservadora señala que el incumplimiento del plazo de entrega llevó a resolver el primer contrato y a cancelar el segundo, pese a lo cual la Administración no habría recuperado el adelanto pagado de 1,6 millones.
5. Hyperin Grupo Empresarial. Un contrato por 3.310.000 euros. La adjudicataria tiene como especialidad la fabricación de yesos para la construcción, y nunca proporcionó los respiradores acordados. El contrato se dio por extinguido, pero la Administración, según el PP, que cita un artículo de Okdiario, no ha recuperado el importe total del dinero adelantado para la compra: faltarían 1,8 millones.
“La situación resulta extravagante, incomprensible y enormemente perjudicial para los intereses públicos, tanto desde el punto de vista patrimonial como de la prestación de un adecuado funcionamiento del servicio sanitario”, critica la denuncia, que detalla: “El gobierno ha tenido que iniciar 16 expedientes de reintegro por un valor de 100 millones de euros, de los que quedan pendientes de devolución prácticamente 10 millones”.
6. Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A (BEEDIGITAL). Un contrato por 532.400 euros. “La empresa está vinculada con el marido de la vicepresidenta primera, y ministra de Economía, Nadia Calviño (...) Es director de marketing de la empresa, que con anterioridad nunca había obtenido un contrato público”, señala la denuncia, donde se critica que la adjudicación fue concedida mientras la compañía tenía una deuda de 421.000 euros con la Seguridad Social. El acuerdo, firmado para gestionar la imagen digital y la reputación online de la Seguridad Social, es de 2019, con lo que no está relacionado con la pandemia, y se cerró tras un concurso ordinario con publicidad.
