Ayuso cercada una vez más ante la justicia: su viaje a México llega a la Fiscalía del Supremo tras una denuncia que exige esclarecer los gastos
La denuncia apunta a que la Comunidad de Madrid solo declaró 623,28 euros de gastos de la presidenta frente a los 14.847,78 euros declarados por otros tres miembros de la delegación y reclama determinar quién sufragó los gastos
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La periodista Clara Cerrada, redactora de ElConstitucional.es
Clara Cerrada
07 de septiembre de 2026 a las 11:50h
Un abogado ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio del artículo 422 del Código Penal, en relación con los gastos de su viaje a México entre el 2 y el 11 de mayo de 2026. El escrito no formula una imputación penal definitiva, sino que solicita al Ministerio Fiscal que abra diligencias para esclarecer quién pagó los servicios de transporte, alojamiento, desplazamientos internos y manutención asociados al viaje y en qué concepto se recibieron.
La denuncia pone el foco en la diferencia entre los gastos publicados por la Comunidad de Madrid correspondientes a Ayuso y los declarados por otros integrantes de la delegación. Según el escrito, tres altos cargos que realizaron el mismo desplazamiento declararon conjuntamente 14.847,78 euros en transporte, alojamiento y manutención. En cambio, el Portal de Transparencia únicamente recoge para Ayuso 623,28 euros, correspondientes a dos apuntes contables vinculados al uso de la sala de autoridades de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El denunciante destaca que no aparece ningún gasto de avión, alojamiento durante las nueve o diez noches, desplazamientos internos por México ni manutención.
El abogado considera especialmente relevante que el viaje fuera presentado por el Ejecutivo madrileño como institucional y de promoción exterior de la Comunidad de Madrid. A su juicio, esta consideración implica que Ayuso se desplazó "en ejercicio del cargo y no a título privado" y que, de haberse recibido prestaciones de un tercero, estas lo habrían sido "en condición de autoridad y no de particular". Precisamente por ello sostiene que es necesario determinar quién asumió los costes que no aparecen imputados a la Administración madrileña.
La denuncia también cuestiona la explicación ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre el tramo final del viaje. El Gobierno regional sostuvo que Ayuso había sido invitada por los organizadores de los Premios Platino, cuya gala estaba prevista para el 9 de mayo en la Riviera Maya. Sin embargo, el escrito recuerda que el Grupo Xcaret reconoció posteriormente que había solicitado a los organizadores retirar la invitación y que Ayuso finalmente no acudió a la gala. Para el denunciante, esto plantea dudas sobre quién costeó su estancia durante los últimos días del viaje: "La determinación de este extremo constituye el núcleo de la investigación que se interesa".
El escrito subraya además que la retirada de la invitación se produjo antes de la celebración del evento y que Ayuso regresó a España el 10 de mayo, llegando a Madrid el día 11. Por ello, sostiene que la invitación de los Premios Platino "no puede explicar por sí sola la totalidad del desplazamiento" y apunta a que, durante el tramo final, la presidenta habría permanecido en México "sin título institucional o protocolario conocido", mientras sus gastos tampoco fueron asumidos por la Comunidad de Madrid, según la documentación y las manifestaciones públicas citadas en la denuncia.
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Otro de los elementos que la denuncia pide investigar es la existencia de versiones sucesivas sobre quién asumió los gastos. El escrito señala que primero se afirmó que la invitación de los organizadores de los Premios Platino justificaba el tramo final del viaje y que posteriormente se sostuvo que aquello que no había sido pagado por la Comunidad de Madrid no tenía que aparecer en el Portal de Transparencia. Para el denunciante, ambas explicaciones no permiten determinar quién sufragó realmente los servicios y constituyen "versiones oficiales sucesivas e incompatibles".
La denuncia añade otro elemento de contexto: la relación económica existente entre la Comunidad de Madrid y los organizadores de los Premios Platino. Según el escrito, la Administración madrileña figura como copatrocinadora del certamen junto al Ayuntamiento de Madrid y existe un acuerdo para que Madrid acoja la edición de 2027. El denunciante considera que esta relación resulta relevante para determinar si existió una conexión entre las prestaciones recibidas por Ayuso y su condición de presidenta autonómica.
El abogado también cuestiona la transparencia de la información sobre el viaje. Afirma que ni la agenda institucional de Ayuso ni las de los tres altos cargos que la acompañaron reflejaban actividad entre el 3 y el 11 de mayo, pese a que el Gobierno regional informó de actos como la entrega a la presidenta de la Medalla de la Libertad de Aguascalientes y reuniones con autoridades mexicanas. La denuncia sostiene que esta situación "impide contrastar qué tramos del desplazamiento respondieron a actividad institucional y cuáles no".
Por todo ello, la denuncia no solicita que la Fiscalía interponga de inmediato una querella contra Ayuso, sino que abra previamente diligencias de investigación. El objetivo principal es identificar a la persona o personas que sufragaron "las prestaciones de transporte, alojamiento, desplazamiento interno y manutención" de la presidenta durante el viaje y determinar "el título y circunstancias en que dichas prestaciones fueron recibidas". Solo si de esa investigación aparecen indicios de delito, el escrito pide que la Fiscalía interponga la correspondiente querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La propia denuncia explica que el dato que considera decisivo todavía se desconoce: quién fue el pagador. Según el abogado, el artículo 422 del Código Penal exige comprobar la conexión entre la ventaja recibida y el cargo público de quien la acepta, algo que, sostiene, "no puede establecerse sin conocer la identidad de quien sufragó las prestaciones". Por eso defiende que primero debe investigarse ese extremo antes de decidir si existen indicios suficientes para acudir al Supremo.
