Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 307456 veces)

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« Respuesta #2920 en: 31 de Enero de 2019, 15:15:49 pm »
Prisión para un policía por instalar una cámara en el vestuario de sus compañeras


El condenado aseguró que solo quería grabar a una de las chicas, por la que sentía atracción

S. L.
@abc_madrid
MADRID
Actualizado:
31/01/2019 13:18h


La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión y a quince meses de multa con una cuota diaria de 6 euros al policía nacional Pedro C. G. por un delito contra la intimidad al considerar acreditado que instaló en 2015 una cámara en el vestuario femenino de la comisaría donde prestaba servicios con el objetivo de grabar a sus compañeras mientras éstas se cambiaban.


El fallo de la resolución también recoge que el condenado deberá de indemnizar a cada una de las tres víctimas que aparecían en los vídeos grabados en la cantidad de 2.000 euros en concepto de perjuicios y daños morales.

La sala considera probado que, entre los meses de julio y septiembre de 2015, Pedro C. G. instaló en el vestuario femenino de la comisaría especial del Consejo General del Poder Judicial un pen drive con sensor de movimiento. Este aparato permite el inicio automático de la grabación de archivos de vídeo con audio e imagen. Allí prestaba servicios como funcionario de policía.

Una de las agentes descubrió el pen drive. Al saberse a quién pertenecía, el acusado admitió la grabación de las imágenes. Asimismo, indicó que instalaba el dispositivo –en el que había seis vídeos– cuando terminaba sus tareas de vigilancia, cuando estaba libre, y tardaba pocos minutos en retirarlo. El pen lo colocó solo para grabar a una campañera, hacia la que sentía atraccion.


Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
« Última modificación: 31 de Enero de 2019, 15:42:32 pm por 47ronin »

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« Respuesta #2921 en: 21 de Febrero de 2019, 21:14:35 pm »
Policías mallorquines al servicio de los Ángeles del Infierno

La fiscalía pide siete años y medio de cárcel para un policía local de Palma y cinco años y medio a un guardia civil por cohecho y otros delitos

20.02.2019 | 14:33 | b. palau | Sucesos
     
La banda motera de los Ángeles del Infierno asentada en Mallorca entre 2009 y 2013 tenía a policías de la isla a su servicio. Así lo confirma la fiscalía en su escrito de acusación, en el que solicita siete años y medio de cárcel para un policía local de Palma por organización criminal y cohecho.


Otro agente del mismo cuerpo afronta una inhabilitación durante un año y seis meses por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Mientras, un sargento de la Guardia Civil se enfrenta a una petición de condena de cinco años y medio de prisión, una multa y un año y seis meses de inhabilitación por falsedad documental, cohecho, violación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.


La supuesta trama de corrupción policial que salió a relucir en la 'Operación Casablanca' contra la organización criminal de los Ángeles del Infierno fue el origen de la macrocausa del caso Cursach en la que figuran como investigados decenas de policías locales de Palma.

La fiscalía detalla en su escrito de acusación que uno de los sospechosos, un oficial de la Policía Local de Palma destinado en el Grup d'Actuació Preventiva (GAP), que patrullaba en la zona de s'Arenal, mantuvo contactos con uno de los principales acusados para "parar una denuncia" por una agresión con arma blanca ocurrida la noche del 19 de septiembre de 2012 en la Playa de Palma protagonizada por un miembro de los Ángeles del Infierno y que acabó con una persona herida. Según el fiscal, el agente hizo las gestiones para quitar la denuncia.

Otro policía local de Palma implicado en la organización criminal supuestamente proporcionó información a un miembro de la banda motera, al margen de los cauces legalmente establecidos, para localizar a los autores de un robo en el domicilio de uno de los integrantes del grupo.

Este agente realizaba por cuenta ajena trabajos relacionados con labores policiales, por los que cobraba ciertas cantidades de dinero, según el fiscal. Para ello, se apoyaba en una red de contactos constituida por agentes en activo conocidos suyos integrantes de la Policía Local de Palma, Guardia Civil y Policía Nacional, quienes también cobraban por estas actividades.

Khalil Youssafi, uno de los lugartenientes del líder europeo de los Ángeles del Infierno, Frank Hanebuth, ofreció al policía local de Palma participar en las inversiones que estarían planeando en Marruecos. De hecho, el agente acompañó a Khalil en un viaje a Alemania.

La organización criminal disponía para sus fines de los servicios del policía local, con destino en el área de Policía Judicial, y que, por lo tanto, contaba con acceso directo y diario a una gran cantidad de información de interés policial sobre personas, objetos e investigaciones, que se hallaban depositadas en las distintas bases de datos policiales, según el ministerio público.

Khalil, en una conversación telefónica intervenida, contaba a un interlocutor que no tenía que preocuparse ante un posible control policial en un prostíbulo de s'Arenal.

Paralelamente, el sargento de la Guardia Civil investigado también realizaba gestiones para la organización criminal, valiéndose de su condición. Así, debido a sus conocimientos en materia fiscal y administrativa, y gracias a poder acceder a las bases de datos del Instituto Armado, realizó actividades al margen de sus obligaciones profesionales, sirviendo como intermediario en negocios y actividades, hizo favores personales y gestiones de diversa índole para algunos miembros de la banda motera, según la versión del fiscal.

Se encargó de los trámites para conseguir una licencia de actividades de un local en Ibiza de uno de los miembros de la organización a cambio de una cantidad de dinero. En mayo de 2012, un empresario le pidió que realizara funciones de vigilancia y seguridad para una cita con distintas personalidades. Este empresario le solicitó también información acerca de unos individuos aprovechando que podía acceder a las bases de datos de la Guardia Civil.

Una de las actividades más significativas es su intermediación y gestiones para llevar a cabo una operación de blanqueo de unos 300 millones de euros que varios miembros de los Ángeles del Infierno pretendían realizar desde Turquía hasta Suiza. El dinero supuestamente se hallaba en unos palets en Turquía, pero luego se descubrió que no existía en realidad tal cantidad. El guardia civil investigado pidió asesoramiento a un tercero para tratar de desbloquear unos 300 millones intervenidos en una aduana en Madrid, según la acusación pública.

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« Respuesta #2922 en: 23 de Febrero de 2019, 20:23:46 pm »
Detenido en Lugo un guardia civil por intentar abusar sexualmente de su hija menor


La menor denunció los intentos de abusos ante la Policía Nacional de Lugo. SEBAS SENANDE (AEP)
23 DE FEBRERO DE 2019 (09:56 H.)
 
La joven, de 15 años, denunció en comisaría que su progenitor intentó hacerle tocamientos

Agentes de la Policía Nacional de Lugo detuvieron a un agente de la Guardia Civil por intentar, presuntamente, cometer abusos sexuales sobre de su hija, menor de edad.

El arresto del agente —que tiene su destino profesional fuera de la provincia de Lugo, aunque actualmente se encuentra de baja— se produjo hace una semana, el viernes día 15, después de que la menor denunciara los hechos en la comisaría provincial de la Rúa Chantada.

La joven, de 15 años de edad, aseguró ante los agentes que su progenitor había intentado realizarle tocamientos por varias partes del cuerpo, por lo que el hombre fue arrestado y trasladado a comisaría.

Tras pasar unas horas en los calabozos de la sede policial, el detenido pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Lugo y el magistrado decretó su puesta en libertad.

La investigación sobre este caso sigue su curso para tratar de esclarecer los hechos que denunció la menor.

DESCONOCIDO. Una patrulla de la Policía Nacional de Lugo detuvo también a otro hombre el pasado jueves por otra tentativa de abusos sobre una adolescente.

La joven acudió a comisaría, en compañía de sus progenitores, para explicar que un desconocido se había acercado a ella cuando caminaba por la calle y le había dirigido frases de contenido sexual. Además, en un momento dado, intentó tocarla, por lo que la menor se asustó y se alejó rápidamente de esta persona.

Los agentes abrieron una investigación, localizaron al hombre y procedieron a su arresto. Según explicaron fuentes cercanas al caso, el hombre podría padecer algún tipo de trastorno psicológico, por lo que fue trasladado al juzgado para que el magistrado tomara las medidas que considerara oportunas.

El detenido pasó este viernes por la mañana a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense, que se encontraba realizando funciones de guardia.

La Policía Nacional de Lugo no había recibido en la tarde de ayer ninguna otra denuncia similar por la actitud de este hombre hacia otras niñas o mujeres en la vía pública.

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« Respuesta #2923 en: 27 de Febrero de 2019, 07:56:41 am »


El guardia civil detenido en Madrid intentó huir cuando la Policía le sorprendió pateando a un joven

La Policía encontró en el lugar un machete reforzado con un puño americano, una baldosa arrancada con restos de sangre, un cinturón y varias botellas rotas

La víctima que pateaba en el suelo el guardia civil detenido presentaba un corte profundo en una mano y fue trasladado a un hospital

Los agredidos relataron que fueron increpados al pasar por delante de un bar de San Blas la noche del derby por individuos con distintivos del Atlético de Madrid
Pedro Águeda
26/02/2019 - 22:02h

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que acudieron en la noche del pasado 10 de febrero a atender las llamadas por una reyerta en el madrileño distrito de San Blas encontraron a Alberto Jesús R. E, guardia civil de 38 años y destinado en el puesto de Tres Cantos (Madrid), "agrediendo con patadas a la víctima, que se encontraba en el suelo", según consta en el atestado policial, al que ha tenido acceso eldiario.es.

La Policía había sido advertida sobre las 23:30 de ese sábado de que se estaba produciendo "una reyerta entre 20 personas" en la calle Travesía de Ronda, en el distrito de San Blas. Según explican los agentes en el atestado, cuando llegan encuentran "a unas quince personas agrediendo a otras dos". Los presuntos agresores huyen a la carrera, pero uno de los agentes da alcance a Alberto Jesús "a los pocos metros". Cuando es informado de los motivos de su detención se identifica como guardia civil. Otros tres presuntos autores de la paliza también son detenidos.

Uno de los dos jovenes agredidos, nacido en Madrid y de 23 años, presentaba "múltiples contusiones en la cara y cabeza y un corte profundo en los dedos de su mano derecha". Cerca de allí, los agentes encontraron "un machete de grandes dimensiones de color metálico y mango reforzado con puño americano", junto con varias botellas de cristal rotas, un cinturón con hebilla metálica y una baldosa arrancada con restos de sangre.

Los cortes en la mano habían hecho perder a este herido movilidad en la mano y fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal. Su amigo, con una brecha en la frente, fue atendido en el lugar porque se negó a ser conducido a un centro médico.

Las víctimas relataron a los policías que al pasar por delante de un bar de la zona, "un grupo de personas que se encontraban en la puerta del bar Jodos, con estética de ser seguidores del club de fútbol Atlético de Madrid, comenzaron a increparles y acto seguido han salido corriendo detrás de ellos hasta interceptarlos". Entonces fueron agredidos con los objetos citados y propinándoles patadas y puñetazos, según su testimonio. Horas antes se había celebrado el derby entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El guardia civil y los otros tres detenidos, asistidos por un mismo abogado particular, se negaron a prestar declaración en sede policial. El agente dijo que declararía ante un juez y se negó a facilitar una muestra de ADN.

Después de que eldiario.es informara de la detención, un portavoz de la Comandancia de Madrid trasladó el domingo por la noche la versión de Alberto Jesús R.E, según la cual, él se limitó a mediar en una pelea de bar. Los cuatro detenidos fueron puestos en libertad a las 13:00 del día siguiente a la reyerta y a la espera de ser llamados a declarar por el juzgado correspondiente, algo que aún no se ha producido, según fuentes del instituto armado.






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« Respuesta #2924 en: 05 de Marzo de 2019, 07:42:45 am »

Detenido un policía nacional gijonés por agredir a una joven y a un agente de la Local
Y. L.
Lunes, 4 marzo 2019, 08:24
11

La Policía Local detuvo ayer a un vecino de Gijón al que acusa de un delito de atentado contra la autoridad tras agredir a un agente de este cuerpo de seguridad cuando trataba de evitar que el gijonés pegase a una joven que estaba junto a otras en la plaza de España. Una vez detenido, los agentes locales pudieron saber que se trataba de un policía nacional destinado en el País Vasco que no estaba de servicio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y media de la madrugada. La Policía Local había sido alertada de que había un hombre en El Parche que estaba agrediendo a un grupo de chicas. La patrulla que llegó a la plaza de España vio como golpeaba a una de las jóvenes y el agente procedió a separarlo cuando el policía nacional le dio un puñetazo y lo tiró al suelo donde forcejearon. El agresor se resistió y finalmente tuvieron que intervenir más policías para apoyar al agente de la Local y conseguir detenerlo para trasladarlo a comisaría.

El agente municipal sufre una luxación en un dedo de la mano y contusiones en su cuerpo, según señalan fuentes policiales. El policía nacional detenido, que responde a las iniciales B. E. A. y tiene 40 años, fue puesto a disposición de la Policía Nacional que es la que tramita la instrucción del delito que se le imputa de atentado contra la autoridad. Entre otras consecuencias, más allá de las laborales, tendrá que enfrentarse ahora a un juicio en el que se le imputará un delito de atentado contra la autoridad por el que puede ser condenado a penas de prisión que van desde uno a cuatro años.





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« Respuesta #2925 en: 16 de Marzo de 2019, 18:23:53 pm »

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« Respuesta #2926 en: 20 de Marzo de 2019, 07:45:33 am »

Los hechos tuvieron lugar en el puesto leridano de Ponts.

"Mañana te violo, la tengo como este plátano": un guardia civil condenado por acoso a una superior

El agente en prácticas
deberá indemnizar a la víctima con 4.815 euros y pagar una multa de 2.100 euros; los hechos tuvieron lugar en Ponts (Lleida).
19 marzo, 2019 11:54

Gonzalo Araluce @GonzaloAraluce

Un guardia civil en prácticas del puesto leridano de Ponts ha sido condenado por un caso de acoso sexual a una compañera. "Mañana te voy a violar" o "tengo la polla igual que este plátano" son algunas de las frases que vertía el agente sobre la acosada, que pasó tres meses de baja y tuvo que recibir tratamiento psicológico. La condena, no obstante, es de una multa de 2.100 euros más una indemnización a la víctima de 4.815 euros.

Los hechos tuvieron lugar entre el 27 de junio y mediados de julio de 2017. Durante ese periodo de tiempo, el guardia civil en prácticas vejó y acosó a su compañera, superior en rango y con cinco años de experiencia en la Armada, Todo ello según la sentencia judicial -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- relata hasta tres hechos concretos.

En el primero, el guardia civil en prácticas se dirigió a su compañera en los siguientes términos: "A ver cuándo hacemos un trío con mi mujer". A continuación le hizo comentarios sobre las relaciones sexuales que mantenía con su esposa.

En otra ocasión, cuando iban de servicio al aeropuerto de Alguaire a bordo de un vehículo, el condenado sacó un plátano y se dirigió hacia la guardia civil acosada: "Mira, yo tengo la polla igual de grande que este plátano. Como un delfín la tengo yo".



Extracto de la sentencia.

El tercer episodio, y que propició que la víctima presentase la denuncia, tuvo lugar entre el 9 y 10 de julio. Al día siguiente, el condenado y su compañera tenían servicio conjunto. Él le habría susurrado en el oído: "Mañana te voy a violar". Fue entonces cuando denunció a sus superiores.

Son tres hechos concretos, pero la guardia civil asevera que todas las conversaciones con él giraban siempre en torno a temas sexuales. "Soy un lobo en la cama, sexualmente soy muy bueno, en la Academia tenía todas las tías que quería", decía él. Esas valoraciones eran tan constantes que hasta los compañeros del agente le pedían que cejase en sus comentarios.

Una pericial psicológica

En el juicio, la guardia civil incidió en lo "incómodo" de esta situación, puesto que era "superior jerárquico" del acusado. El testimonio de otro compañero y la pericial psicológica han sido claves para condenar al acusado: desde entonces manifestaba un "sentimiento de culpa" y se "mostraba mal y preocupada", según la sentencia. "Tenía bajo estado de ánimo pero quería seguir con el entorno. Pero el entorno no la acompañaba, por ese motivo le dieron la baja y le retiraron el arma".

El acusado, por su parte, señaló que nunca había acosado a su compañera y que ni mucho menos le dijo que la fuese "a violar". Alegó que ella había sufrido una ruptura sentimental y que todo se deriva de que estaba "deprimida" y a su "promiscuidad".

"A pesar de considerar probados los hechos, en alguna de las situaciones hubo testigos, el juzgado ha optado por la pena de multa, en concreto por la de 7 meses a 10 euros diarios, en total 2.100€ y además a indemnizar a la víctima por los meses de baja que sufrió, en total 94 días a razón de 50€ lo que suma 4.700€, mas 115 euros que le fueron sustraídos por estar de baja durante tres meses", valoran desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), cuyo abogado, Jorge Piedrafita, llevó el caso en el Juzgado de lo Penal nº1 de Lleida.

"Entendemos que mientras no se lleve a cabo una reforma del Código Penal este tipo de conductas seguirán teniendo condenas leves para los acosadores -afirma la asociación-. Hemos de destacar la actuación del mando superior de la agente, que en cuanto tuvo conocimientos de los hechos y de la amenaza de violación denunció lo ocurrido a sus inmediatos superiores quienes lo pusieron en conocimiento del juzgado".



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« Respuesta #2927 en: 22 de Marzo de 2019, 07:43:36 am »


Detenido un policía nacional tras un 'simpa' en una gasolinera vestido con el uniforme

El agente, que ya había cenado sin pagar en un restaurante chino, iba al volante de un coche que figura como sustraído por impago de las cuotas | El policía, destinado en los juzgados, llegó a exhibir la placa y la pistola tras cenar gratis

teresa domínguez 22.03.2019 | 00:07


Detenido un policía nacional tras un ´simpa´ en una gasolinera vestido con el uniforme

La Policía Nacional ha detenido a un agente destinado en la seguridad de los juzgados de València después de saber que lo buscaba la Guardia Civil por haber realizado dos simpas, uno en una gasolinera de Les Alqueries, donde rellenó el depósito de su vehículo, un BMW de color blanco que figura sustraído desde noviembre pasado, al parecer por impago de las cuotas, y otro en un restaurante chino, en el que llegó a exhibir su pistola y su placa tras admitir que no llevaba dinero y dejar su DNI en prenda. En este local, donde cenó y trató de pagar con una tarjeta sin fondos, se identificó en varias ocasiones como "un policía de Valencia, de Zapadores".

Según la denuncia presentada por el encargado de la estación de servicio, el agente, que además iba vestido con su uniforme completo, no solo no abonó el llenado del depósito de su vehículo particular, sino que, además, hizo uso de los baños de la gasolinera, en la que «nunca antes lo habíamos visto».

Sucedió a las 7.20 horas del pasado sábado en la estación de servicio Cepsa ubicada en el punto kilométrico 963,7 de la carretera N-340, en el término municipal de Les Alqueries. En ese momento, estaba solo en el interior el encargado, César Sanz Colom. «Yo estaba detrás del mostrador. Entró, fue al baño y, al salir, me dijo que si le podía abrir el surtidor. ¿Cómo le iba a decir que no a un policía nacional?», se pregunta el hombre, quien habitualmente aplica el prepago como en la mayor parte de las gasolineras.

El ahora investigado echó «52 euros de diésel óptima [el más caro], se montó, arrancó y se fue. Aún esperé 20 minutos, hasta las 7.38, antes de llegar a la conclusión de que no era un olvido, sino un impago y alertar a la Guardia Civil», explica César Sanz.

Durante el tiempo que el agente, cuyo BMW está dado de baja aunque seguía utilizándolo, permaneció en la gasolinera fue captado perfectamente por todas las cámaras de seguridad. Gracias a ello, la Guardia Civil ha determinado que se trata de un uniforme auténtico, incluidos el calzado, la gorra y los elementos -pistola, grilletes, guantes anticorte...- colocados en el cinturón.

Agentes del puesto de Burriana, donde César denunció el domingo porque el sábado solo había un guardia y no le pudieron atender, trataban ayer de identificar al supuesto estafador, que fue finalmente detenido por la propia Policía Nacional.

Pese a los reiterados intentos por parte de Levante-EMV, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de València se limitó ayer a responder con un «no vamos a decir nada» a la pegunta de si se ha abierto o no expediente al policía. El agente ya había protagonizado antes otros episodios, aunque la jefatura nunca había actuado contra él.

El policía estaba destinado hasta su detención, ayer, en la Unidad de Protección y Seguridad (UPS), dependiente de la Brigada de Seguridad Ciudadana, concretamente, en la unidad polivalente, encargada de la seguridad de los juzgados y de la conducción de los detenidos.



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« Respuesta #2928 en: 22 de Marzo de 2019, 15:27:13 pm »
Falsificación documental

Cazan a un intendente de la Policía Local con una tarjeta falsa de estacionamiento


El investigado portaba un documento para personas con movilidad reducida asignado a una anciana de 97 años

Ignacio Cabanes 21.03.2019 | 22:05

Un intendente de la Policía Local de València fue sorprendido el pasado miércoles en la localidad castellonense de Moncofa haciendo un uso indebido de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida que resultó ser falsa. Agentes de la Policía Local de Moncofa comprobaron el número de la citada tarjeta figuraba a nombre de una mujer nacida en el año 1921, dada de baja en el 2014.

 
Los hechos ocurrieron en la plaza Constitución de Moncofa cuando un agente de la Policía local estaba comprobando la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida de un vehículo aparcado en una zona debidamente señalizada. El conductor del coche se dirigió entonces hacia el agente, identificándose como mando de la Policía Local València.


El investigado por un delito de falsificación documental, de 60 años y que se encuentra en segunda actividad en la central de Policía Local de València, quiso presuntamente amedrentar al agente para que hiciera la vista gorda, insistiendo en su cargo como intendente de policía. No obstante, el agente siguió con su trabajo, haciendo caso omiso a las supuestas amenazas del superior de otro municipio, indicándole que no era nadie para incumplir las leyes vigentes.

Así, tras indagar más de cerca la tarjeta, expedida por la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de València, el agente comprobó que dicho número de soporte pertenecía a una mujer nacida en el año 1921, y que por lo tanto tendría 97 años en la actualidad. Además la supuesta titular causó baja en la capital de València por emigrar a otro municipio en el año 2014. Sin embargo, en la misma figuraba la fotografía y firma del mando policial, indicios ambos de un supuesto delito de falsificación documental.

 
Después de constatar que el intendente en cuestión sigue en activo en la Policía Local de València, desde Moncofa se trasladó dicha incidencia al Ayuntamiento de València informando de lo sucedido por si pudiera incurrir en una sanción disciplinaria por el régimen interno policial.

Además de la denuncia administrativa impuesta y la posible sanción disciplinaria, la Policía local de Moncofa ha abierto diligencias por un presunto delito de falsedad documental y uso ilegítimo de documento público.

Desde el Ayuntamiento de València se ha constatado que la tarjeta de estacionamiento intervenida en Moncofa tiene una apariencia muy similar a la que se expidió en 2013 a nombre de esta vecina de 97 años, pero que se trata de «una falsificación».

Curiosamente el anterior inspector jefe de la Policía Local de Moncofa fue expedientado en 2017 después de que agentes de la Policía Local de Torrent le intervinieran a una mujer una tarjeta del mismo tipo, a nombre de este mando policial, que figuraba caducada desde 2012.


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« Respuesta #2929 en: 23 de Marzo de 2019, 00:43:38 am »


Detenido un policía nacional tras un 'simpa' en una gasolinera vestido con el uniforme

El agente, que ya había cenado sin pagar en un restaurante chino, iba al volante de un coche que figura como sustraído por impago de las cuotas | El policía, destinado en los juzgados, llegó a exhibir la placa y la pistola tras cenar gratis

teresa domínguez 22.03.2019 | 00:07


Detenido un policía nacional tras un ´simpa´ en una gasolinera vestido con el uniforme

La Policía Nacional ha detenido a un agente destinado en la seguridad de los juzgados de València después de saber que lo buscaba la Guardia Civil por haber realizado dos simpas, uno en una gasolinera de Les Alqueries, donde rellenó el depósito de su vehículo, un BMW de color blanco que figura sustraído desde noviembre pasado, al parecer por impago de las cuotas, y otro en un restaurante chino, en el que llegó a exhibir su pistola y su placa tras admitir que no llevaba dinero y dejar su DNI en prenda. En este local, donde cenó y trató de pagar con una tarjeta sin fondos, se identificó en varias ocasiones como "un policía de Valencia, de Zapadores".

Según la denuncia presentada por el encargado de la estación de servicio, el agente, que además iba vestido con su uniforme completo, no solo no abonó el llenado del depósito de su vehículo particular, sino que, además, hizo uso de los baños de la gasolinera, en la que «nunca antes lo habíamos visto».

Sucedió a las 7.20 horas del pasado sábado en la estación de servicio Cepsa ubicada en el punto kilométrico 963,7 de la carretera N-340, en el término municipal de Les Alqueries. En ese momento, estaba solo en el interior el encargado, César Sanz Colom. «Yo estaba detrás del mostrador. Entró, fue al baño y, al salir, me dijo que si le podía abrir el surtidor. ¿Cómo le iba a decir que no a un policía nacional?», se pregunta el hombre, quien habitualmente aplica el prepago como en la mayor parte de las gasolineras.

El ahora investigado echó «52 euros de diésel óptima [el más caro], se montó, arrancó y se fue. Aún esperé 20 minutos, hasta las 7.38, antes de llegar a la conclusión de que no era un olvido, sino un impago y alertar a la Guardia Civil», explica César Sanz.

Durante el tiempo que el agente, cuyo BMW está dado de baja aunque seguía utilizándolo, permaneció en la gasolinera fue captado perfectamente por todas las cámaras de seguridad. Gracias a ello, la Guardia Civil ha determinado que se trata de un uniforme auténtico, incluidos el calzado, la gorra y los elementos -pistola, grilletes, guantes anticorte...- colocados en el cinturón.

Agentes del puesto de Burriana, donde César denunció el domingo porque el sábado solo había un guardia y no le pudieron atender, trataban ayer de identificar al supuesto estafador, que fue finalmente detenido por la propia Policía Nacional.

Pese a los reiterados intentos por parte de Levante-EMV, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de València se limitó ayer a responder con un «no vamos a decir nada» a la pegunta de si se ha abierto o no expediente al policía. El agente ya había protagonizado antes otros episodios, aunque la jefatura nunca había actuado contra él.

El policía estaba destinado hasta su detención, ayer, en la Unidad de Protección y Seguridad (UPS), dependiente de la Brigada de Seguridad Ciudadana, concretamente, en la unidad polivalente, encargada de la seguridad de los juzgados y de la conducción de los detenidos.


Según otros medios el vehículo figura sustraído por “impago de cuotas”, vamos, que de sustraído nada, será un tema de deuda con una financiera, un tema civil, por lo que dudo que lo hayan detenido, no procede ni por eso ni por lo otro.

Al personaje le tiene que faltar un tornillo o estará “enganchado” a algo, porque vaya tela.


Lo de investigar cuadra más.

Citar
Investigan a un policía tras hacer un «simpa» en una gasolinera de Castellón


https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-investigan-policia-tras-hacer-simpa-gasolinera-castellon-201903221332_noticia.html

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Re:!Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2930 en: 23 de Marzo de 2019, 13:33:54 pm »
La verdad es que nada de lo que ha hecho es normal, ni los simpas en el restaurante y en la gasolinera, ni el ir de uniforme reglamentario por la vida intentando pagar con una tarjeta oficial, así que algo debe de tener o una adicción o un chispazo en la cabeza, o de todo un poco.

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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« Respuesta #2931 en: 26 de Marzo de 2019, 07:48:51 am »

Luciano M. V. es uno de los cuatro guardias civiles del cuartel de Isla Mayor (Sevilla) que estos días están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. EE

Luciano y medio cuartel de la Guardia Civil cerraban tratos con narcos del Guadalquivir
Cuatro de los ocho agentes del acuartelamiento de Isla Mayor, incrustado en las marismas del río, se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por 'venderse' a una banda de traficantes de hachís.
26 marzo, 2019 03:42


Andros Lozano @AndrosLozano

La mayoría de los vecinos de Isla Mayor (Sevilla) no se sorprendieron cuando, en febrero de 2017, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a Luciano M. V. por cobrar 35.000 euros manchados por la droga. Los isleños sabían que ese agente del cuartel del pueblo, natural de Zamora pero casado con una oriunda de la localidad y con una hija, estaba conchabado con los traficantes de droga locales que introducían hachís remontando con sus lanchas el Guadalquivir para esconderlo después en naves situadas junto a los canales de las marismas del río.

Lo que pocos sabían entonces en Isla Mayor era que de los ochos agentes destinados allí, Luciano había convencido a la mitad de ellos, incluido al sargento, para que colaborasen con los narcos.

Él y su compañero Juan Rafael M. R. eran los encargados de realizar el 'casting' entre quienes querían dar el salto al otro lado de la ley. En una de las conversaciones telefónicas que se le registraron, uno de los agentes que se detuvo les sugiere la posibilidad de “entregar el curriculum si salen vacantes por ahí”.

Ahora, dos años después de que Asuntos Internos limpiara el cuartel, los cuatro guardias civiles corruptos se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.

El juicio arrancó la semana pasada y continúa durante la actual. Se les acusa de dar protección durante los traslados de mercancía, informar a los traficantes de operativos de grupos especiales y situar su vehículo oficial en lugares estratégicos para evitar que otros grupo del cuerpo o de otros investigaran en la zona. Tres de los agentes imputados admitieron los hechos en la primera jornada del proceso. Sólo el sargento negó su implicación.

Salida de Isla Mayor al polígono Industrial Príncipe de Gales.

Salida de Isla Mayor al polígono Industrial Príncipe de Gales. Fernando Ruso

Escenario de película

Isla Mayor es una lugar histórico de entrada de hachís por su ubicación geográfica, próxima a la desembocadura del ‘gran’ río andaluz en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Hay algo opresivo en el aire cuando se pisa la fina lengua de tierra rodeada de marismas que es Isla Mayor.

Todo a la vista es agua más allá de la franja seca sobre la que se asienta este pequeño pueblo sevillano de 6.000 habitantes. Se trata de un lugar lleno de caños y canales atravesados por laberínticos caminos de tierra como los que dibujó Alberto Rodríguez en su película La Isla Mínima.

En este lugar aislado y casi olvidado pese a encontrarse a sólo 47 kilómetros de distancia de Sevilla, durante décadas las organizaciones que trafican con hachís han operado con cierta impunidad en la zona por su rápida salida al Atlántico y su proximidad a Marruecos.

Y para ello no dudaban en corromper con dádivas a los agentes del orden. De esa forma, Isla Mayor era un pueblo de día y otro de noche. La oscuridad amparaba un negocio que llegó a manchar hasta las entrañas del cuartel, donde el silencio era absoluto.

El agente Luciano era el veterano del grupo. La investigación señaló que él, que llevaba más de dos décadas residiendo en Isla Mayor, poco a poco persuadió a los tres compañeros para colaborar con una banda local dedicada al transporte de hachís. Luciano, que conocía a todo el pueblo, era el enlace con los narcos que cada noche colaban sus lanchas cargadas de droga y por la mañana se los encontraba tomando café en los bares.

Precisamente, a Luciano M. V. se le detuvo en Zamora, donde se encontraba cuando se precipita el operativo en el que se arrestó a sus tres compañeros y a 18 miembros de una organización de traficantes a la que se le incautó 1.600 kilos de hachís.

La Fiscalía sostiene que dicha organización no sólo se dedicaba a traer hachís, sino que arrenbada sus embarcaciones a otras bandas. Su especialidad era realizar trabajos de “reparación, preparación, mantenimiento y modificaciones” de 'gomas' para otros traficantes de estupefacientes.

Altas peticiones de cárcel

La Fiscalía pide 13 años de cárcel por tráfico de drogas y otros seis años por blanqueo de capitales para el sargento jefe del puesto, Francisco Javier C.B., y para Luciano M.V. Les imputa dos delitos de simulación de delito y revelación de secretos.

El Ministerio Fiscal solicita para los otros dos agentes, Claudio G.G. y Juan Rafael M.R., ocho años de cárcel por tráfico de drogas. Las peticiones de prisión para los 18 presuntos traficantes oscilan entre los 8 y los 13 años.

El juicio se retoma este jueves, cuando testificarán ante el juez los agentes de Asuntos Internos que realizaron la investigación. Según el escrito de acusación del fiscal, Francisco Javier C.B. obtuvo unos ingresos no justificados de 22.040 euros y Luciano M.V. de 35.100 euros.

Según la investigación, cuando los narcotraficantes detectaban un coche sospechoso, los agentes corruptos realizaban gestiones para conocer quién era el titular. Luciano M.V., amante del ciclismo, llegó a enviar a sus superiores un informe a finales de 2016 en el que detallaba los trabajos de dos bandas rivales de la que él cobraba, pero no decía nada de quienes le pagaban a él y a sus tres compañeros que pueden acabar fuera del cuerpo y con los pies en prisión.





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« Respuesta #2932 en: 29 de Marzo de 2019, 07:29:40 am »

OPERACIÓN CARIOCA
La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

Silvia R. Pontevedra
Lugo 26 MAR 2019 - 18:51 CET   

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era "jefe de extranjería" y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: "¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?". Ella respondió que lo hacía "por necesidad". Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo "vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas", "tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más". A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró "sin preservativo". Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran "ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos".

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellos José Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen's y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al "favorecimiento de la prostitución".

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de "taxista" en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen's para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a "una casa de acogida o una ONG", reprocha la instructora.

"La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado", apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que "rozaban la indigencia", señala. "La inmensa mayoría eran extranjeras", jóvenes, "vulnerables", "se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país".

En los clubes trabajan mujeres que "han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor", recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo "abusaba de su superioridad", pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los "socios de su hijo", a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas. "Quiero q sepas q cuando te vi por primera vez quedé prendado d ti. Tus ojos desprendían brillo como si fuera la luna q reflejara en ellos. Al estar contigo tu cuerpo y piel suave desprendía un aroma q lo llevo en mis manos. Me tienes q dar el nombre completo. En la nota q me diste no entiendo".

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil "comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional", hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, "como si estuviera en nómina". Y así, durante años, "construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España".
"Antes de acostarme con usted me meto en cemento"

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió "humillada por el abuso de poder": "¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos". Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. "Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien... pues se te va a acabar el negocito", la amenazó él presuntamente. "Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento", asegura ella que le respondió en una ocasión. "Armando cumplió finalmente sus amenazas", concluye la juez, "porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención".

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían "persecución", "extorsión" y "amenazas", asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo "presiones insoportables", para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así "eliminar a la competencia en una guerra entre clubes". Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.
















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« Respuesta #2933 en: 03 de Abril de 2019, 07:03:20 am »
Detenidos dos policías que habrían filtrado a los medios datos sobre el caso Cursach
Los agentes arrestados, que han quedado ya en libertad provisional, deberán responder en su momento por un presunto delito de revelación de secretos

Josep María Aguiló
Palma de MallorcaActualizado:
02/04/2019 21:47h

La Policía Judicial ha detenido este martes por la mañana a dos antiguos agentes del hoy extinto Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Palma, por un presunto delito de revelación de secretos. Al parecer, ambos podrían haber filtrado a diversos medios una parte del sumario del denominado caso Cursach. A primera hora de la tarde, los dos policías han quedado ya en libertad con cargos.

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. El actual instructor del proceso, el juez Miquel Florit, abrió el pasado año una pieza separada para indagar acerca de las filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en el marco de esta macrocausa. Por orden del juez, agentes de Asuntos Internos iniciaron una investigación para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de dichas posibles filtraciones. Las primeras sospechas recayeron sobre el antiguo Grupo de Blanqueo de la Policía, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. En ese contexto, la citada unidad estuvo siempre en contacto permanente con el primer instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, y con el fiscal Miguel Ángel Subirán.

Los dos agentes arrestados inicialmente este martes son una inspectora y un subinspector de la Policía Nacional, que habían sido detenidos en Madrid y en Palma, respectivamente. Ambas detenciones se sumaban a las que ya hubo el pasado mes de diciembre de otros dos antiguos miembros del Grupo de Blanqueo, el exjefe de dicha unidad y un agente, igualmente por un presunto delito de revelación de secretos. Tras acogerse estos dos últimos efectivos a su derecho a no declarar, quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez. De este modo, los cuatro policías citados se encuentran ahora mismo en situación de libertad provisional.

En el marco de la misma pieza separada del caso Cursach abierta por presunta revelación de secretos, el juez Florit había ordenado también en diciembre la incautación de material y documentos al periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y a la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou, que han sido dos de los profesionales que han venido informando de manera regular sobre el caso Cursach. Con posterioridad, el pasado mes de enero, Mestre y Pou recuperaron todo el material que les había requisado la Policía Nacional por orden del magistrado, incluidos sus respectivos teléfonos móviles. La devolución de ambos teléfonos a dichos periodistas había sido decretada poco antes por el propio juez Florit, quien además certificó que los móviles no fueron finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco fueron examinados.

En cualquier caso, ya en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella conjunta contra Florit, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el secreto profesional de los periodistas. Dicha querella fue admitida a trámite poco después por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). Con posterioridad, los mismos demandantes solicitaron que la querella fuera ampliada contra el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, ya que, según «Diario de Mallorca» y Europa Press, Carrau habría avalado la incautación de los móviles requisados por el juez Florit. La ampliación de la querella contra el fiscal ha sido denegada esta misma semana por el TSJIB, por lo que la investigación ya en marcha se centrará finalmente sólo en el juez.

El caso Cursach cuenta hoy con diversas piezas separadas, además de la ya mencionada por presunta revelación de secretos. Por lo que respecta a la pieza principal, que será dilucidada en los próximos meses, en ella la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que en el marco de dicha pieza principal se sienten también en el banquillo otras 23 personas, entre ellas empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. Este será el segundo juicio al que se enfrente el magnate mallorquín. Cabe recordar que en junio del pasado año Cursach fue condenado a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. En la actualidad, se encuentra en situación de libertad provisional, tras haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma.

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« Respuesta #2934 en: 15 de Abril de 2019, 07:16:34 am »

Isla Mayor, donde guardias civiles corruptos trabajaban más para los 'narcos' que para el cuerpo
Javier, comandante del puesto, y Luciano, Claudio y Juan Rafael, tres subordinados, han sido condenados por sus vínculos con la banda de 'El Negro'.
15 abril, 2019 02:27

Gonzalo Araluce Carmen Lucas-Torres

La droga carcomió las estructuras de la Guardia Civil en Isla Mayor. La mitad de los miembros del cuerpo destinados en este pequeño municipio sevillano fueron detenidos por sus estrechos vínculos con los narcotraficantes. Favorecían su actividad y les blindaban frente a cualquier intervención policial. A cambio, los agentes obtenían grandes sumas de dinero. Pero sus incursiones en el mundo de la droga, además de llevarles a los tribunales, les costó profundas desavenencias entre ellos: unos desconfiaban de otros, creyendo que les dejaban de lado para llevarse un mayor reparto de los sobornos.

El grupo de agentes condenado a penas de prisión por la Audiencia Nacional estaba compuesto por cuatro miembros: Javier, el sargento, y Luciano, Claudio y Juan Rafael, sus subordinados. Componían la mitad de la dotación del Instituto Armado desplegado en este cuartel, clave en la lucha contra el narcotráfico. Isla Mayor apenas alcanza los 6.000 habitantes; en las inmediaciones, no obstante, circunda el río Guadalquivir, empleado por los narcos para introducir droga desde Marruecos.

Francisco Rodríguez Cordero, más conocido como El Negro, conoce cada rincón del río. Tantas veces lo ha recorrido a bordo de embarcaciones semirrígidas transportando sus fardos. Él era el líder de la organización criminal que contaba con hasta una docena de miembros. Contaba con una infraestructura fuertemente desarrollada; barcas, naves industriales donde ocultar sus fardos, vehículos... y dinero. Mucho dinero.

Ése fue el punto en el que se apoyó para corromper a los agentes. Pero fue sutil. No fue él en persona a tratar con los guardias civiles; aprovechó la confianza que tenía con uno de los vecinos del sargento para hacerle llegar su propuesta: 6.000 euros como pago inicial y otros 20.000 por cada alijo que lograse introducir a través del río Guadalquivir.

Aquel fue el punto de partida de una estrecha relación que, según los investigadores, condujo a las disputas internas entre los propios agentes.
Arranca la colaboración

Javier, sargento, aceptó la propuesta. El 7 y el 10 de abril de 2016 se vio a hurtadillas con El Negro en un polígono industrial, siempre de noche, y acordaron las cifras del soborno.

Javier aceptó y arrastró consigo -siempre siguiendo la sentencia de la Audiencia Nacional- a sus tres subordinados; Luciano, Claudio y Juan Rafael. Desde ese momento, actuaban al servicio de los narcotraficantes. Les cedieron las llaves de una finca protegida por la que encontrarían una mayor facilidad para llegar a hurtadillas al Guadalquivir, les avisaban cada vez que una patrulla del cuerpo se desplegaba por su área de influencia e incluso les ofrecían información sobre vehículos que despertaban las sospechas de los criminales.

Los hechos sucedieron con rapidez. Durante ese verano, los criminales dieron varios golpes, trasladando sus fardos por el río. En ocasiones, la Guardia Civil de Sevilla detectaba sus movimientos y frustraba sus planes. Pero las relaciones entre los narcos y los guardias civiles corruptos de Isla Mayor no hicieron más que estrecharse.

En diciembre de 2016, los agentes Claudio y Juan Rafael detectaron un coche sin asientos que empleaban los narcos en sus transportes y no lo notificaron a sus superiores. Ese mismo mes Luciano omitió el nombre de sus amigos criminales en un informe remitido a la comandancia de Sevilla. En noviembre, Luciano había acompañado a otro traficante a denunciar la desaparición de una escopeta, ayudándole a maquillar los hechos para que no sospechasen de su actividad delictiva. Todos esos movimientos figuran en los informes de la Audiencia Nacional.
Surgen las grietas

Pero los guardias civiles corruptos no tenían una confianza ciega entre sí. Javier, sargento, pronto sospechó que Luciano quería ocupar su puesto privilegiado como interlocutor con los narcotraficantes. Las tensiones internas del grupo no tardaron en aflorar. Así lo recoge la sentencia judicial: "A partir del verano de 2016, es el guardia civil Luciano M.V. el que se ocupa de mantener los contactos con Rodríguez Cordero [El Negro], desplazando al propio sargento, que comienza a sospechar que le ocultan información sobre los alijos, para evitar tener que pagarle su comisión".

Pero hay más. De acuerdo a las conversaciones intervenidas por los investigadores, "el sargento tiene miedo de que El Negro, Rodríguez Cordero, le trate de engañar": "El engaño no puede ser otro que el pasar alijos sin entregarle su comisión". O en otros términos, sospechaba que el acuerdo con los narcotraficantes se recondujera hacia terrenos que él no pudiera controlar.
Explota la operación

Es enero de 2017. Los investigadores han reunido suficientes pruebas contra los guardias civiles y explotan la operación. Detienen a Javier, el sargento. También a sus subordinados, a los que implican en la trama: Luciano, Claudio y Juan Rafael. Estalla el escándalo en Isla Mayor; los arrestados constituyen la mitad del personal del Instituto Armado destinado en este enclave sevillano.

¿Qué pruebas existen contra los agentes? Algunos de ellos hicieron ingresos en metálico en sus propias cuentas bancarias o en las de sus esposas; también hicieron pagos en efectivo para comprar vehículos. Pero el informe más contundente llega de la mano de las grabaciones. En una de ellas, por ejemplo, se puede escuchar al sargento y a Luciano, en el interior de un vehículo particular, hablando de cómo se iban a repartir el dinero procedente de la droga.

Javier, sargento, defendió ante los tribunales que interpretaba el papel de infiltrado para intentar dar un golpe mayor a la banda de El Negro. Y que esas conversaciones formaban parte de su cometido. La Audiencia Nacional no le cree. Su versión se contradice con la de los otros tres agentes procesados, que admiten sus vínculos con los narcotraficantes. Las grietas de confianza entre los antiguos compañeros de cuartel se trasladan hasta el banquillo de los acusados.

Todos ellos fueron condenados a penas de prisión, que van desde los cuatro hasta los 14 años. Una sentencia que es recurrible a instancias superiores. Fuentes del Instituto Armado consultadas por EL ESPAÑOL indican que la trama de corrupción se da por desarticulada con este golpe. Con esta renovación en el cuartel, aspiran a que Isla Mayor vuelva a convertirse en un fortín en la lucha contra el narcotráfico.




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« Respuesta #2935 en: 21 de Abril de 2019, 15:15:39 pm »

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« Respuesta #2936 en: 21 de Abril de 2019, 15:17:21 pm »

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« Respuesta #2937 en: 21 de Abril de 2019, 15:17:39 pm »
Que buen rollito....

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« Respuesta #2939 en: 26 de Abril de 2019, 08:13:05 am »

Santiago Detenido el policía local de Santiago investigado por cobrar mordidas a cambio de licencias

Trabajaba desde hacía 25 años en Urbanismo y se sospecha que pedía dinero a cambio de informes positivos


Un policía sale del Concello de Santiago con material requisado XOAN A. SOLER
Xurxo Melchor
Santiago 25/04/2019 18:36 h

En junio del 2018, el Concello de Santiago abrió una investigación contra un policía local de Santiago adscrito al área de Disciplina Urbanística sospechoso de cobrar presuntamente mordidas a cambio de hacer informes favorables para obtener licencias, legalizar obras o no abrir expedientes sancionadores. El caso, que fue declarado secreto a la espera de informes y mientras se recababan pruebas, ha culminado diez meses después con la detención del agente, F. P. B., que fue arrestado a primera hora de la mañana del jueves en su domicilio por la Policía Nacional, que también efectuó un registro del domicilio.

Una vez terminadas las diligencias en la vivienda del policía compostelano, fue trasladado a la sede del Concello de Santiago, donde también se registró la oficina del área de Urbanismo en la que F. P. B. llevaba 25 años trabajando. En estas dependencias, los investigadores han recogido los expedientes urbanísticos en los que participó el sospechoso para buscar aquellos en los que puedan existir irregularidades.

El juez de instrucción de Santiago, Andrés Lago Louro, es el que dirige la instrucción del caso. El magistrado tiene previsto tomarle declaración este viernes como investigado por los delitos de cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio y urbanismo. Tras los registros, fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, donde quedó en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.

Grabación comprometedora

El caso saltó cuando un vecino de Santiago envió al Concello una grabación de voz en la que el agente ahora detenido presuntamente le pedía unos mil euros a cambio de redactar un informe favorable de la obra de un muro que no se ajustaba a la legalidad. El dictamen de los policías adscritos a Urbanismo no es determinante, pero sí muy importante porque en ellos se basan los técnicos para conceder o denegar permisos.

Cuando la comprometedora grabación llegó a manos de funcionarios municipales, dieron parte de inmediato al alcalde, Martiño Noriega (Compostela Aberta), que ordenó abrir una investigación interna que apuntó la existencia de indicios de que el policía local podría haber pedido dinero en nombre de técnicos de Urbanismo que eran completamente ajenos al asunto y que a los particulares les explicaba que las mordidas solicitadas eran para ellos.

Con esos datos en la mano, el regidor compostelano optó por llevar al juzgado el caso, por lo que en agosto del año pasado se presentó una denuncia en la Fiscalía que es de la que derivan las pesquisas que han concluido con la detención del presunto policía corrupto.

Retirada del arma

La consecuencia inmediata de la detención del policía local investigado por el cobro de mordidas ha sido que se le ha retirado su arma reglamentaria. Además, desde el Concello ya han movido ficha para abrir un expediente disciplinario que podría acarrearle la suspensión de empleo y sueldo. Una sanción que quedaría supeditada y a expensas del recorrido judicial que tome el caso.