Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 307424 veces)

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« Respuesta #2940 en: 07 de Mayo de 2019, 11:54:56 am »

Indicios de una mafia en la Policía Local que persigue a activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas


Ganemos pide la destitución del jefe de los municipales en Salamanca

Por María José Pintor Sánchez-Ocaña -  07/05/2019 0
   


José Manuel Fernández, policía local de Salamanca.

Las actividades paralelas que desarrolla con claro abuso de poder del jefe de la Policía Local de Salamanca, al que acusan de haber llegado a crear una mafia paralela dentro del cuerpo, ha llevado al grupo de Ganemos a pedir su destitución en el Ayuntamiento. De hecho, desde hace años se conoce que José Manuel Fernández ha creado el Grupo SIETE para perseguir activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas.

Así, tal y como ya denunció diario16.com, José Manuel Fernández, fue nombrado Jefe de la Policía por el sistema de libre designación, en enero de 2012, al tratarse de un cargo de confianza del ex-Alcalde Alfonso Fernández Mañueco y hoy candidato a presidir la Junta de Castilla y León, desoyendo los informes internos existentes que desde 2003 ya le atribuían actitudes autoritarias y trato discriminatorio hacia sus compañeros/as.

Desde entonces, su gestión se ha visto continuamente salpicada de polémicas, quejas e incluso amplias protestas, llegando a concitar el acuerdo de todos los sindicatos policiales para protestar contra su gestión, ante la continua degradación del cuerpo y el servicio público, según se desprende del informe municipal de Ganemos.

El último escándalo tuvo lugar el 6 de febrero del presente año, cuando todos los grupos municipales, incluido el propio concejal responsable del área, tuvieron conocimiento del presunto robo en dependencias de la oficina de objetos perdidos de la Policía Local, acaecida hacía casi un mes. En este tiempo, y siempre supuestamente, ni siquiera el gobierno municipal, con su concejal de Policía a la cabeza, D. Emilio Arroita, habían tenido conocimiento de estos hechos de suma gravedad.

En peligro la investigación
Una ocultación atribuible de forma directa al Jefe de la Policía, quien podría haber puesto en peligro la investigación del caso y que, desde luego, no cuenta con los mejores antecedentes en cuanto a transparencia y buena gestión se refiere, pues hay que recordar que de forma directa se le pueden atribuir varias condenas judiciales por vulneración de derechos fundamentales de concejales de la oposición, al denegar información y documentación en el marco de la comisión especial de investigación sobre el grupo SIETE de la Policía Local, abierta por la oposición en septiembre de 2015, según Ganemos.

Un grupo policial, el Grupo SIETE que puso en marcha el jefe de la Policía Local, ha operado durante años en la ciudad bajo las órdenes directas del Jefe de Policía, utilizando de forma ilícita el servicio de escoltas, al que se le habrían ampliado sus funciones para realizar las tareas más diversas, tales como la seguridad personal del alcalde y la corporación, pero también la vigilancia y seguimiento de activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas.

El Grupo SIETE también ha vigilado de cerca a aficionados deportivos, grafiteros e incluso hasta kioskeros, funcionando con total opacidad y descoordinación, además de realizar de forma paralela controles a bares nocturnos, con grave ineficacia, descontrol, descoordinación y opacidad, cometiendo numerosas ilegalidades y vulneración de derechos.

Presunto fraude             
Y es que los escándalos entorno a José Manuel Fernández han sido constantes en estos años. Desde la perpetración de un presunto fraude al seguro de la policía tras un accidente con su moto particular, hasta denuncias por acoso sexual y laboral por parte de una subordinada, pasando por la presunta apropiación temporal de objetos singulares para su uso personal.

También está bajo sospechosa su gestión de las contrataciones públicas del área de policía, en relación a la señalización viaria, chalecos policiales, videocámaras, etc. o la pésima gestión del personal y sus polémicas decisiones, tachadas de autoritarias, arbitrarias e incluso en algunos casos ilegales, como han denunciado en numerosas ocasiones los sindicatos policiales, quienes se han manifestado en varias ocasiones contra su gestión, destaca Ganemos en el informe.

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« Respuesta #2941 en: 25 de Mayo de 2019, 07:53:27 am »


Serafín, guardia civil en Barbastro.

El guardia civil Serafín, detenido por abusar de niños a los que daba clases particulares en Barbastro

"No nos lo creemos", reconocen los vecinos, que lo conocían como el profesor de extraescolares y el entrenador de baloncesto.
24 mayo, 2019 20:58


David Palomo Enrique Recio

“¿Serafín? ¿Detenido? ¿En serio?”. En Barbastro, no dan crédito. Su vecino, el Guardia Civil, arrestado y enviado a la prisión de Zuera (Zaragoza) como presunto autor de delitos de abusos sexuales a varios menores de edad. “No nos lo esperábamos. Por aquí, por el bar, venía bastante. Era un tipo querido, al que se le conocía mucho”, comenta a EL ESPAÑOL uno de los camareros, que pide guardar el anonimato. No creen lo que han leído, en gran medida, en el periódico. En la localidad, era una persona activa, que se relacionaba con mucha gente, que se dedicaba en cuerpo y alma a su trabajo, pero que también daba clases extraescolares de inglés en dos colegios y era entrenador del Unión Basket.

Los vecinos se han enterado de su arresto este viernes. Sin embargo, Serafín fue detenido por miembros del mismo cuerpo de la Guardia Civil el pasado lunes. Este jueves, pasó a disposición judicial para declarar y, posteriormente, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Barbastro lo envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza. De momento, eso sí, sólo están personados el Ministerio Fiscal y el letrado de la defensa. No hay acusación particular ni de los colegios donde impartía clases ni del equipo de baloncesto.

“Dicen que podrían haberle puesto cámaras para pillarlo”, comentan, entre rumores, en el pueblo. Allí, lo conocía todo el mundo. Había nacido en Barbastro y, aunque estaba destinado como Guardia Civil en Monzón (a escasos 17 kilómetros de distancia de su residencia), la vida que llevaba le hacía estar en contacto con mucha gente. Este curso, entre sus múltiples actividades, daba clases extraescolares de lunes a viernes en dos colegios de la localidad, el Pedro I y el Alto Aragón. Pero también estaba ‘metido’ en diferentes actividades deportivas.

Serafín, además de esas clases extraescolares, era entrenador del Unión Basket y hacía mucho deporte. Acudía a las carreras populares, se mantenía en forma y estaba disponible, siempre que se lo pedían, para participar o ayudar en cualquier actividad que se hiciera en Barbastro. Por eso, en la localidad, siguen en shock después de enterarse de la noticia, que empezó a hacerse ‘viral’ desde principios de la semana, cuando en los dos colegios avisaron a los padres de que se suspendían las clases de inglés programadas.

Ahora, tendrá que a hacer frente a las consecuencias sociales de su presunto abuso sexual (“pase lo que pase, la fama ya no se la quita nadie”, lamentan en la localidad) y a la judicial. El Código Penal establece en su artículo 183 que podría ser condenado hasta a seis años de prisión por ser responsable de actos de carácter sexual a menores de 16 años. Eso, si no lo ha hecho con intimidación o violencia. En ese caso, la pena no sería menor a cinco o 10 años de cárcel.

La Guardia Civil pide su suspensión

Carlos Crespo, máximo responsable de la Guardia Civil en Aragón, ha pedido ya el cese de funciones de Serafín, cabo destinado en Monzón en intervención de armas, y va a solicitar también su suspensión, algo que tiene que acordar el propio Ministerio de Interior. También ha especificado que el detenido podrá elegir entre un módulo destinado a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la prisión militar de Alcalá de Henares.

Serafín pasa así a engrosar, a la espera de que se demuestre su culpabilidad o su inocencia, la lista de personas que han cometido presuntamente abusos sexuales a menores de 16 años. Desde 2017, en total, en la provincia de Huesca, se han abierto ocho diligencias por este delito. Además de otra denuncia por una agresión sexual, un caso de corrupción de menores y otro de utilización de jóvenes de 18 años con fines pornográficos.

Es, además, el segundo caso que se produce en los últimos meses en Barbastro, donde un Guardia Civil detuvo a un hombre en septiembre por abusar de un joven de 17 años en el pabellón de ferial. El arrestado se encuentra en libertad con cargos, pero no puede acercarse a la víctima.




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« Respuesta #2942 en: 29 de Mayo de 2019, 17:29:43 pm »

La obsesión del guardia civil por su subalterna
Un cabo acusó falsamente de consumo de drogas al marido de una agente para romper su matrimonio


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MIGUEL GONZÁLEZ
Madrid 29 MAY 2019 - 08:48   CEST

En 2012, el cabo primero se dirigió a la guardia civil, destinada en una casa cuartel de Castilla-La Mancha, y le pidió que saliese al aparcamiento, donde le entregó un sobre cerrado rogándole que no lo leyera hasta que estuviese sola. Lo que contenía el sobre era “una carta declarando sentimientos personales hacia ella”. Así comienza el auto del juzgado togado militar territorial número 12 que ordena incoar sumario contra el cabo, como presunto responsable de un delito de abuso de autoridad.

La declaración de amor de un superior no es, lógicamente, lo que ha motivado la intervención judicial, sino todo lo que vino después. “Cuando volvió a coincidir con el denunciado, le aclaró que no era posible la relación pretendida [...] y le dejó claro que era feliz en su matrimonio y no deseaba ningún otro tipo de relación” con él, más allá de la profesional, según la denuncia.

Hasta 2017, la relación con esta mando, en los estrechos muros de un acuartelamiento, fue correcta; aunque, “cada cierto tiempo, aprovechando que no hubiese nadie, le recordaba sus sentimientos e insistía en que no podía quitársela de la cabeza”.

Por esas fechas, el cabo empezó a publicar en Whatsapp mensajes sobre sus sentimientos, primero en tercera persona y luego dirigidos a ella, quien le insistió en “que no es posible lo que pretende, que tiene que olvidarse de ella y buscar en otro lado”.

Ante la ausencia de un compañero, la guardia tuvo que hacer un servicio como auxiliar del cabo y, estando en el coche oficial, él se pasó todo el tiempo “diciéndole lo que la quería y que era la mujer de su vida”, frases que acompañaba de comentarios negativos hacia su marido. “Si supieras quién es, no estarías con él”, le insinuó. Al pedirle explicaciones, contestó: “Tranquila, que te lo voy a demostrar”.


En 2018, el cabo le contó que había parado a su esposo en un control de alcoholemia y drogas. “Ha dado positivo, pero no le he hecho boletín de denuncia porque sabía que al final lo ibas a pagar tú”, le aseguró. En diciembre pasado, le preguntó si su marido le había contado algo. Ante la negativa de ella, él le replicó: “No va a ser sincero ni te va a decir nunca nada”.

En enero pasado, la guardia se encontró un día con que no podía abrir su taquilla y tuvo que recurrir al cabo, encargado de material del acuartelamiento. Tras cambiar el bombín, él le dio las dos únicas llaves de la cerradura. O eso creyó ella entonces.

El 25 de febrero, a la vista de que el cabo insistía en las insinuaciones sobre su marido, la guardia le emplazó a contarle lo que supiera. “Le he hecho un seguimiento y le está comprando droga a un camello. Además, la coloca en tu coche”, le aseguró. Ante la incredulidad de ella, el superior le dijo que se lo había contado el camello a cambio de pagarle la información: “Tu marido le ha comentado al camello: '¿Dónde va a estar la droga mejor escondida que en el coche de mi mujer que es picoleta?” Para disipar su sospecha de que el propio cabo hubiera puesto la droga en su coche, éste le juró que se había enterado por el servicio de información. “A ver si después de esto no vas a dejar a tu marido”, remachó.

La agente acudió a su coche acompañada por un compañero. Bajo la tapa que da acceso a la rueda de repuesto halló una bolsa con papel de liar y una pequeña cantidad de picadura aparentemente de tabaco. “No te acerques a mí, no te dirijas a mí, sé que has puesto esas cosas en mi coche, has accedido a mis cosas personales en mi taquilla y al interior de mi vehículo. Pide ayuda psicológica, la necesitas. A mí déjame tranquila”, escribió al cabo.

De momento, es ella quien ha tenido que pedir apoyo sicológico para superar un trastorno ansioso depresivo provocado por el acoso sexual de su superior, según ha denunciado su letrada, Silvia Roble

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« Respuesta #2943 en: 08 de Junio de 2019, 06:59:37 am »

Insultos machistas en la Policía: llaman "puta" y dibujan un pene sobre una agente

La campaña electoral en el Cuerpo arranca con ataques vejatorios a la líder sindical del SUP, que pide investigar varios ataques en diversas comisarías

Pintadas vejatorias en la comisaría de Aranjuez (Madrid)
Alejandro Requeijo

Publicado 08.06.2019 - 05:15

La Policía Nacional se encuentra en plena campaña electoral para elegir a sus representantes sindicales. La carrera a estos comicios ha comenzado con incidentes y ataques en varias comisarías. Al menos en la localidad madrileña de Aranjuez ha consistido en graves insultos machistas. La cartelería del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) apareció con la palabra “puta” y el dibujo de un pene orientado hacia la foto de la líder de este colectivo, Mónica Gracia.

Según informan fuentes policiales, el SUP, sindicato mayoritario en la Policía, ya ha denunciado los hechos ante el Inspector Jefe de la Comisaría Local de Aranjuez. Este ataque ocurrió entre el lunes y el martes de esta semana en el tablón de anuncios reservados a los sindicatos en el centro policial.

Mónica Gracia es la secretaria general del SUP y concurre como candidata al Consejo por la escala de Subinspección en las elecciones del próximo 19 de junio. El Consejo de la Policía es el órgano de interlocución que tienen los policías con la Dirección del Cuerpo y el Ministerio del Interior a través de sus sindicatos. Es el foro en el que se negoció, por ejemplo, la subida generalizada de sueldos para la Policía y la Guardia Civil.

"Jamás había sucedido"

Desde el SUP denuncian que estas pintadas pueden ser constitutivas de un delito de injurias con publicidad y piden que se investigue para dar con el autor. Advierten de que se reservan el derecho a emprender acciones legales. En cualquier caso, lamentan que no es el único lugar en el que han sufrido ataques de este tipo. “Estos hechos no son normales, hemos tenidos muchas campañas y esto jamás había sucedido”, dicen a Vozpópuli fuentes de este sindicato.

Según las mismas fuentes consultadas, en la Comisaría del distrito madrileño de Salamanca también han aparecido pintadas en sus carteles electorales. En este caso varios de los candidatos han aparecido con cuernos y rabo de demonio. En la Comisaría de Benalmádena (Málaga) directamente arrancaron los carteles del tablón habilitado para la propaganda electoral. Lo mismo ocurrió en Barcelona. En la Comisaría de Manacor (Mallorca) apareció otra pintada en uno de sus carteles con la inscripción “sois basura”.   

Los comicios del próximo día 19 serán el termómetro para calibrar el peso de JUPOL, la marca sindical surgida de la plataforma Jusapol, que concurre por primera vez a las urnas. Este es un movimiento que nació enfrentado a los sindicatos tradicionales y que ganó presencia en el ámbito policial gracias a manifestaciones multitudinarias. Especialmente simbólica fue la que reunió a decenas de miles de personas en Madrid un mes después del 1-O en Cataluña.

Pese a su rechazo a las plataformas tradicionales y a que aseguraban que no se constituirían como sindicato, finalmente concurren a estos comicios con opciones de sacar representación, especialmente en la Escala Básica, según las estimaciones que hacen en la Policía.

 

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« Respuesta #2944 en: 08 de Junio de 2019, 11:36:10 am »
Elevar la anécdota a categoría no es periodismo, es seguidismo, es pretender crear opinión a favor o en contra de unos u otros, pretender rascar de donde no hay, porque una pintada en un cartel no puede ser noticia, y en este caso, paradójicamente, lo es, quizás la noticia es que esto sea noticia.

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« Respuesta #2945 en: 12 de Junio de 2019, 14:56:30 pm »


El estibador al que querían en la cárcel


La juez archiva una causa contra un trabajador del puerto de Barcelona al que le colocaron un kilo de cocaína en el coche

REBECA CARRANCO

Barcelona 12 JUN 2019 - 00:08   CEST
No es mía, me la han colocado. La frase debe ser una de las más repetidas en las comisarías de la policía cuando pillan a alguien con droga. Pero en este caso no era una excusa. El Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha archivado la causa contra un estibador del puerto de Barcelona, C. L., a quien encontraron cerca de un kilo de cocaína, seis piezas de hachís y una pistola semiautomática cargada en su coche.


La juez afirma que no hay “ningún indicio” de que C. L. estuviese “implicado en actividades de tráfico” de drogas. Y apunta a que dos acusados, Joaquín B. y Juan Antonio R., se la colocaron “intencionadamente” a modo de represalia por la “enemistad que se había ganado” por haber denunciado “una trama de entrada y salida de droga” del puerto, según consta en el auto de archivo provisional. Para lograrlo, los investigados contaron presuntamente con la ayuda de dos mossos d’esquadra, Xavier G. y Francesc d’A., acusados de facilitar datos personales y “la información sobre cómo proceder” para que C. L. acabase entre rejas.


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La pesadilla de C. L. empezó hace tres años. Eran las nueve de la noche del 15 de junio de 2016. C. L. salía de nadar del gimnasio David Lloyd, en la zona alta de Barcelona. Al subirse a su Golf e intentar arrancar fue detenido por una patrulla de Mossos que ya lo esperaba. Una fuente anónima, identificada como Alberto, había llamado a comisaría para dar el chivatazo de que había droga dentro de ese coche.

Tras su detención, los agentes registraron la casa de C. L., pero no encontraron ni una báscula, ni droga, ni nada que indicase que se dedicaba a traficar. El estibador insistió a los agentes en que todo obedecía a una vendetta de otro portuario, David C., con quien tenía un largo historial de agravios: denuncias cruzadas, una pelea en la Ciudad de la Justicia y una declaración de C. L. ante un juez acusando a David C. de liderar una red de tráfico de drogas en el puerto de Barcelona.

Otros elementos inquietantes ayudaban a la versión exculpatoria de C. L. ¿Quién dejaría un coche cargado de droga más de una hora en el aparcamiento de un gimnasio? ¿Quién avisó a los Mossos desde un número oculto? ¿Por qué la llamada llegó a la comisaría de Sant Martí, en la otra punta de Barcelona, si el vehículo estaba en el distrito de Les Corts?


La policía catalana acabó dando credibilidad a la versión de C. L. e inició una “profusa investigación", en palabras de la juez, de más de un año para aclarar lo sucedido. Rastrearon el número oculto desde el que se hizo la llamada a la comisaría dando el chivatazo del kilo de coca, hasta llegar a dos nombres: Joaquín B., un hombre vinculado a la empresa Desokupa, y a su sobrino, Juan Antonio R. Los Mossos consideran que ellos siguieron a C. L., abrieron su coche y le colocaron la droga. Además, dos testigos protegidos ratificaron esa tesis. Uno se echó atrás luego ante la juez, y el otro aseguró que David C., que es amigo de Joaquín B, fue quien lo ordenó.

Los dos mossos implicados, destinados en Sant Martí, desempeñaron un papel clave, según la juez. Conocidos de los detenidos y de personas del mundo de la estiba (uno de ellos es agente de la policía portuaria en excedencia), consultaron tres meses antes de todo lo ocurrido en el sistema policial a David C., a C. L. y el vehículo de este. Y lo hicieron con la contraseña de su jefe para “no dejar huella”. El cabo Xavier G., es quien recibió la llamada anónima y detuvo a C. L. en el aparcamiento del gimnasio. Para desenmascararlos, el departamento de Asuntos Internos de los Mossos colocó micrófonos en su despacho y en sus coches.

“Los perdono y que vayan con Dios”, asegura C. L., a la espera del archivo definitivo, sobre sus tres años de calvario. El proceso sigue abierto para el resto de los acusados. La investigación apuntala quien le colocó la droga a C. L., pero no hay nadie imputado por haber ordenado hacerlo. David C. negó ante los Mossos ser el responsable.

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« Respuesta #2946 en: 24 de Junio de 2019, 10:11:53 am »
LA POLICIA LOCAL DE PALMA MONTÓ UNA UNIDAD PARA DIRIGIR A LAS PROSTITUTAS DE PLAYA Y ARENAL   


EXCLUSIVA | LAS CLOACAS DE BALEARES


La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal

   

La mafia policial mallorquina destapada con el caso Cursach puso en marcha un servicio de espionaje llamado SIAP que se dedicó a controlar el negocio de la trata y prostitución en la Playa de Palma y S'Arenal, elaborando una base de datos de las prostitutas y los sicarios rumanos que les hacían de proxenetas, con el fin de disponer de la información necesaria para los fines de la organización criminal que se enriquecía con los puticlubs, la explotación de mujeres inmigrantes y el narcotráfico.

   
POLÍTICA 23.06.2019 23:00 CARLOS ENRIQUE BAYO
Era una policía secreta muy modesta: sólo siete integrantes. Pero su labor de espionaje está en el centro de la mayor trama de corrupción política y policial que haya padecido Baleares, al servicio de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la mafia del "rey de la noche" de Palma, que extorsionaba y destruía a sus rivales empresariales con una banda criminal uniformada y armada.

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Se denominó SIAP (Servicio de Información y Análisis Policial) y fue creada en el seno de la Policía Local de Palma a principios de 2012, bajo el gobierno local del PP que entonces dirigía José María Rodríguez. Tal como constataron los investigadores del caso Cursach, la creación de dicha unidad no respondía a otro interés más que el de disponer, de forma subrepticia, de un servicio de espionaje controlado por responsables policiales y políticos, que constituía un verdadero "comando informativo" y a cuyos componentes elegían por libre designación. Así obtenían "información sensible, sin control alguno, que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia", según el informe de la UDEF sobre el análisis de toda la documentación examinada a lo largo de la dilatada instrucción policial.

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Público ha recopilado numerosísimos testimonios, documentos y otras pruebas materiales que demuestran que ese SIAP –integrado por siete personas dóciles a la cúpula de esa trama mafiosa y dirigido por el comisario Rafael Estarellas– no sólo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los puticlubs donde mandos de la Policía Local de Palma había establecido sus verdaderas dependencias oficiales.

Los miembros de esa "policía local secreta" tenían la única virtud de ser de la plena de confianza de Estarellas, ya que carecían por completo de conocimientos jurídicos o técnicos, "más allá de los recibidos a través de formación que ellos mismos se impartían" –escribieron los investigadores de la trama–, en cursos financiados por el erario público y coordinados por un hombre que ni siquiera había cursado el bachillerato: Jaime Garau Calero.

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Jaime Garau Calero, con sólo el graduado escolar, no sólo coordinaba los cursos de formación sino que escogía al profesorado

Con sólo el graduado escolar, Garau era el encargado incluso de escoger al profesorado de esos cursos, en los que se dilapidaron decenas de miles de euros como cortina de humo para tapar que los designados a dedo para esa unidad de inteligencia carecían de toda cualificación. También era el coordinador del sector de Administración Local del sindicato CSIF Illes Balears, y se dedicó a alistar en las listas sindicales a policías locales que fueron después imputados en la trama mafiosa de Cursach, tal como expone el macro-informe de 725 páginas del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, al que ha tenido acceso este diario:

 Las amenazas y sobornos del capo mallorquín Cursach pusieron a periodistas a su servicio
 Las amenazas y sobornos del capo mallorquín Cursach pusieron a periodistas a su servicio
Fragmento del macro-informe de la Policía Judicial sobre las actividades de los policías escogidos por Garau para integrar las listas sindicales del CSIF.
Fragmento del macro-informe de la Policía Judicial sobre las actividades de los policías escogidos por Garau para integrar las listas sindicales del CSIF.

Otros de los policías de esta lista electoral fueron detenidos e imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para consumirla, a los que la vendían

"En la lista de nombres que el sindicato CSIF presentó en las elecciones sindicales de 2014, cuando la investigación judicial sobre la trama policial ya estaba en marcha, la mayoría de ellos figuran como imputados. Además de Jaime G. [Garau], que encabezaba la lista, se presentaron Carlos V. O Antonio G. El primero fue detenido por el caso de los Ángeles del Infierno y su compañero en la lista sindical fue condenado por la agresión a un detenido en el cuartel de Sant Ferran. Este último policía renunció a su plaza en Palma y fue contratado como agente por el Ayuntamiento de Pollença, un auténtico escándalo político en el municipio. Otros de los policías que se sumaron a esta lista electoral fueron detenidos, y continúan imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para posteriormente consumirla, a los camellos que la vendían. Al policía que encabezaba está lista, Jaime Garau, también se le está investigando por un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Palma, ya que se le aceptó la baja médica que presentó un mes después de su ingreso en prisión y por tanto fuera de plazo, cuando a un compañero se la habían rechazado a pesar de que la había presentado solo tres días después de su imputación. Los investigadores van a solicitar los presupuestos de estos cursos, el dinero que se ha recibido, los nombres de cada profesor y la materia que se impartía, así como los certificados de celebración y asistencia de cada alumno".

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Con semejante currículum, Garau fue designado a un cargo de responsabilidad en el servicio de inteligencia SIAP –con un elevadísimo complemento económico de su salario pese a no saber ni informática básica– donde sus propios compañeros se sorprendieron de no verle en todo un año más que en una decena de ocasiones sentado en su mesa Al mismo tiempo cobraba miles de euros en supuestas horas extra, como se puede ver en los diversos testimonios judiciales a los que ha tenido acceso Público:

 La mafia de Cursach impulsa una campaña de prensa para invalidar la instrucción del caso
Un xenófobo sin estudios espiando a los inmigrantes
Fragmento de la declaración judicial de Francisca García Castro sobre las actividades de Garau en el SIAP.

"Preguntado que hacia J. Garau en el SIAP y manifiesta que desconoce exactamente lo que hacía porque la declarante se preocupaba por lo que ella hacia. Que lo que controlaba él eran trabajos compartidos y era el control de ciudadanos de etnia rumana presuntos descuideros en la zona de la Playa de Palma especialmente, eso es lo que sabe lo qué hacia el Sr. Garau".

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Hecho que resulta aún más llamativo porque, en su testimonio ante el juez, Estarellas –el jefe del SIAP y por tanto el superior jerárquico que le había encomendado esa tarea de controlar inmigrantes– afirma que Garau es "una persona xenófoba", tal como ha podido comprobar este diario:

 El principal diario balear irá al banquillo por la campaña contra testigos del caso Cursach
No va a trabajar, cobra 9.000€ en horas extras y da miedo
Fragmento de la declaración judicial de Rafael Estarellas sobre el carácter xenófobo de Jaime Garau.

"Preguntado qué apoyo tiene Jaime Garau Calero, a que se dedica porque se le tiene tanto miedo si en principio no tiene ningunas facultades de dirección sancionadoras, etc., que es una persona xenófoba, manifiesta que efectivamente sabe que sus pensamientos son de una persona xenófoba, que tiene contactos políticos, que hace horas extraordinarias".

 Los abogados de la mafia de Cursach irán a juicio por amenazar a los testigos protegidos
"Es posible que un agente haciendo horas extraordinarias llega a cobrar 9.000 euros, manifiesta que sí, si cobrase atrasos de todo un año, ya que pagan tarde. Que la hora extra se págaba a 50 euros festivos y en un día laboral a 30 euros".

Es decir, en esa policía secreta se coloca a un personaje racista, sin preparación ninguna, al que todos temen por sus contactos políticos –en aquel momento, el dirigente del PP Álvaro Gijón es teniente de alcalde al cargo de Seguridad Ciudadana–, que cobra cantidades astronómicas en horas extra sin control ninguno y que se dedica a fichar a presuntos delincuentes de origen rumano. ¿Por qué? La respuesta es evidente, si se estudian estas dos siguientes declaraciones ante el juez, una de ellas de él mismo:

Una base de datos de todas las prostitutas de El Arenal
Fragmento de la declaración de Jaime Garau ante el juez en la que reconoce que elaboró una base de datos de las prostitutas de la Playa de Palma.

Una de las funciones que realizó GARAU el tiempo que estuvo:
"Que recuerda haber hecho una base de datos de todas las prostitutas que había en el arenal".
"Preguntado en que cometido está el trabajo del SIAP que acaba de decir y manifiesta que era porque habían sido denunciadas por el GAP".

El GAP era el Grupo de Actuación Preventiva, otra unidad creada junto al SIAP por el gobierno municipal del PP y que acabó convirtiéndose en el brazo ejecutor de todas esas actividades mafiosas, como ha podido confirmar Público de numerosos testimonios, documentos y otras pruebas materiales. Y el nexo que vincula a las prostitutas con los "descuideros" rumanos está en esta otra declaración judicial:

Fragmento de la declaración judicial de Francisco Ruiz Casado sobre una actuación del GAP en el prostíbulo Table Dance.

"Que una noche iban uniformados de servicio el GAP 2, fueron al Table Dance
a recoger fotocopias de la documentación de todas las que trabajaban allí porque
decía que se lo había encargado el Comisario Estarellas. Montesinos dijo al declarante "vamos a Table Dance a recoger las copias de la filiación de las prostitutas del Table Dance", que me lo ha pedido Rafa Estarellas. Se trataba de documentación de filiación de las prostitutas, NIES [Número de Identificación de Extranjeros], era documentación de unas 25 personas. No le dijo para qué querían esa documentación. Al llegar allí le dieron los documentos el que estaba en la puerta, no sabe cómo se llama esa persona. Que con esa documentación no sabe si hizo alguna diligencia formal, no se hizo constar por escrito. Que los servicios que se realizan se documentan, este servicio de recoger esas no se documentó, no sabe porqué. Se le pregunta para qué se recogían esos documentos y contesta que querían hacer una base de datos de los carteristas rumanos, se lo encargaron Daniel [Montesinos] y Carlos [Vallecillo] a Santi Adrover."

Prostitutas que eran "novias de rumanos carteristas"
"Que esa noche había unas 12 mujeres trabajando de prostitutas"... "Que nos verificaron la correspondencia documentos de identidad-mujeres que estaban en el lugar" ... "Que no era habitual que fuesen a clubes de alterne. Que algunas mujeres 3 o 4 que trabajaban en el Table Dance eran novias de rumanos carteristas".

Vaya, ahora resulta que los chulos de las prostitutas inmigrantes, víctimas de la trata, son sus "novios". En este caso, se refieren al American Table Dance, propiedad de los hermanos Pascual Bibiloni, uno de los cuales (Miguel) fue detenido en febrero de 2015 en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción de la Policía Local de Palma.

En cualquier caso, las tareas de información, identificación y control de toda una red de prostitución desborda notoriamente las atribuciones y competencias de una Policía Local, razón por la que lógicamente no se hacían constar por escrito ni se documentaban tales actuaciones.

Uno de los policías se encargaba de arreglar los papeles de las prostitutas rumanas a través de su propia correduría de seguros

Pero, además, el motivo por el que Montesinos requería toda la documentación de las inmigrantes prostituidas era que él mismo se encargaba de arreglarles los papeles e incluso contratarles seguros –por los que luego les cobraba cada mes– a través de la correduría de seguros que heredó de su padre. Un negocio con el que incurría en incompatibilidad con sus funciones de agente policial, tal como reconoció el propio Estarellas en un momento de su declaración, excusándose así: "Politicamente se minimizó la importancia de la incompatibilidad y el declarante es un soldado e hizo lo que le dijeron". Implicaba así directamente en toda esa maniobra a la dirección del PP.

En definitiva, el inspector que redacta el informe del análisis policial resume bien claramente la situación:

Fragmento de las conclusiones del Grupo de Blanqueo sobre el SIAP y su relación con la prostitución en Palma.
Fragmento de las conclusiones del Grupo de Blanqueo sobre el SIAP y su relación con la prostitución en Palma.

"En definitiva, la estancia de Jaime GARAU en el SIAP no conduce a otro razonamiento que el de ser el autor de las investigaciones del hijo de Marga GAYA, como afirma en su declaración; de todo lo relacionado con la prostitución y los rumanos, con la finalidad de disponer de la información necesaria la "organización criminal", para cometer sus fines, todo ello con el consentimiento del máximo responsable Rafael ESTARELLAS".

"Un testigo protegido así lo confirma, declarando que, en lo alto de la cúspide, está RODRIGUEZ, y que éste se encargaba junto a otros de crear un sistema que permitiera disponer de cuanta Información fuese necesaria".

Un sistema en el que participaban más policías locales del GAP, que fueron investigados por acciones violentas relacionadas con el control de la red de trata de mujeres, como el caso –narrado por las propias víctimas– en que arrojaron a una prostituta dentro de un contenedor de basura, por el que fue imputado el agente Carlos Vallecillo, quien tenía vínculos con los Ángeles del Infierno. Al final acabó también imputado el propietario de prostíbulos Miguel Pascual Bibiloni.

Y es que algunos de los agentes, como Rafael Puigros, admitieron en sus declaraciones judiciales que cuando terminaban su jornada laboral como policías pasaban a trabajar como vigilantes de los burdeles. En resumen, una Policía Local al servicio de las redes de prostitución.

Espionaje contra otros políticos con policías y detectives
La mención a Marga Gayá, cargo de confianza del alcalde cuyo hijo es espiado y grabado para utilizar ese material como posible instrumento de chantaje político, tiene relación con la última frase de ese fragmento reproducido aquí:

"Un testigo protegido de la causa vinculado al Partido Popular acusa a José María Rodríguez de recibir prebendas además de organizar un espionaje contra otros políticos y policías con agentes de la Policía Local y detectives privados".

Ese escándalo de espionaje político interno –muy similar al que sacudió a la cúpula del PP en la Comunidad de Madrid– deberemos explicarlo en detalle en otro momento, pero para terminar este capítulo es de rigor citar al testigo protegido número 29 –ex encargado de la primera planta de la mega-discoteca Tito's–, quien ha tenido que refugiarse en el extranjero tras sufrir gravísimas agresiones cometidas por sicarios rumanos de la mafia de Cursach, y con el que Público ha hablado de los motivos por los que sigue dispuesto a testificar en el juicio a pesar del riesgo que corre:

Testigo protegido: "Yo esto lo hago por las chicas, rumanas que tenían obligadas a prostituirse, les quitaban el pasaporte y durante 5 años vi cómo llegaban a trabajar llorando con la cara amoratada... Lo hago por ellas"

"En la planta segunda de Tito’s lo único que había eran putas de Globo Rojo [un conocido burdel en el que los policías disfrutaban de sexo gratis], y en mi planta los super-mega VIP eran los ángeles del infierno y las chicas de Globo Rojo. Algunas se prostituían porque ellas querían, pero a la gran mayoría las tenían obligadas. Cuando yo trabajaba allí, en 2004 y 2005, Rumanía y todos estos países todavía no eran de la Unión Europea y tenían que estar en España con pasaporte. Y les quitaban el pasaporte y no les dejaban volver. Esto, lo he contado todo y declarado en el juzgado".

"Yo esto no lo hago por dinero. Lo hago porque durante cinco años vi cómo extorsionaban a las chicas, les quitaban el pasaporte; las vi llorando, porque les pegaban… venían con la cara amoratada a trabajar, las prostitutas. Yo esto lo hago por ellas".

"A muchas de ellas las acompañé yo a la Policía y como en aquella época estaba Antonio Suárez [inspector jefe de la UDYCO en Mallorca, que se acaba de jubilar con honores], le entraba por un oído y le salía por otro. Y no les hacían ni puto caso".

Esto último es todavía más grave que todo lo anterior. Pero tendremos que explicarlo en otro artículo.

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« Respuesta #2947 en: 01 de Julio de 2019, 06:05:50 am »

Trasladan a una prisión de Sevilla a la policía local acusada por blanqueo

El motivo de su traslado es para que no esté junto con los presos comunes al tratarse de una agente de policía

La agente de Policía Local detenida por la Guardia Civil durante una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y a la que desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta se le decretaba prisión incondicional, ha sido trasladada a la prisión de  mujeres de Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde estuvo como reclusa la tonadillera Isabel Pantoja.


Los motivos de este traslado, tal y como ha podido saber EL PUEBLO, se debe por su condición de agente de la autoridad, ya que cualquier miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones, militares y agentes de las policias locales son considerado en el caso de ingreso en prisión grupo especial de internos, al haber estado desarrollando su labor en contra de la delincuencia es peligroso mezclarlos con los presos comunes.


Hay que recordar que el Juzgado número uno de la Ciudad decretaba prisión comunicada y sin fianza para dos de los seis detenidos en la operación que el pasado viernes desarrollaba la Guardia Civil en Ceuta y Málaga, contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Una de las personas privadas de libertad era la agente de la Policía Local de Ceuta implicada en el caso, mientras que los otros cuatro detenidos quedaban en libertad con cargos.


Más de un centenar de agentes de las Comandancias de Málaga y Ceuta, así como del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON Sur), fueron los encargados de iniciar a las 6.00 horas de la madrugada un plan de trabajo que tenía previsto cubrir una decena de registros a ambos lados del Mediterráneo.


En Ceuta las actuaciones se centraron en inmuebles de la avenida Lisboa, el entorno de Benítez y la calle Alférez Provisional. En Málaga capital, un grupo de agentes pasaron buena parte de la mañana en el interior de un despacho de abogados localizado en el Pasaje Valencia, una pequeña calle que une la Alameda de Colón con la calle Alemania. En presencia de un hombre vinculado al despacho y de una secretaria judicial, los agentes se llevaron abundante documentación para analizarla al detalle.


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« Respuesta #2948 en: 01 de Julio de 2019, 16:36:11 pm »
LA MAFIA POLICIAL BALEAR

El PP pagó altos sobresueldos a los policías de Palma que espiaban a políticos en burdeles




   
¿QUÉ ES ESTE ICONO?
Te presentamos nuestro mapa de transparencia

El gobierno municipal del PP montó la unidad de espionaje (SIAP) de la Policía Local de Palma para controlar todas las instituciones y ponerlas al servicio de una "organización criminal" mafiosa, según las conclusiones de la investigación. Para ello, colocaron en puestos clave a "personas sin escrúpulos", capaces de delinquir "de forma constante y permanente" y de desafiar las resoluciones judiciales, que aprovechaban su control de los prostíbulos para espiar a los políticos mallorquines.

   
POLÍTICA 30.06.2019 23:03 CARLOS ENRIQUE BAYO
Como ha revelado Público en la anterior exclusiva sobre la mafia policial de Palma, esa Policía Local creó una unidad de inteligencia que se dedicó a controlar, con fines delictivos, a las prostitutas de la Playa y S'Arenal. Sin embargo, el objetivo fundamental del PP de Balears para poner en marcha diversas unidades policiales de información y de "actuación preventiva" era mucho más ambicioso, como especifican las conclusiones de la macro-investigación judicial sobre el llamado caso Cursach, a las que este diario ha tenido acceso.

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A partir del folio 709 del informe final del Grupo de Blanqueo de la UDEF que investigó durante años el entramado mafioso se puede leer lo siguiente:

"Pues bien, lo expuesto de forma extensa y detallada en el presente informe, permite, en primer lugar, concluir que está perfectamente demostrada la existencia de una organización criminal que, de forma premeditada y totalmente dolosa, diseño y ejecutó, a lo largo del tiempo, un plan con la finalidad de controlar ilícitamente la  administración para poder servirse de ella y para poder utilizar sus poderes exorbitantes como instrumento esencial de sus actuaciones ilícitas, totalmente contrarias al Principio de Legalidad y a la actuación objetiva en pro del Interés Público".

¿Qué es y por qué
es importante?
 Público se escribe con t

Te presentamos nuestro mapa de transparencia. Creado para lectores exigentes como tú

"Como se ha expuesto, se pretendía y se consiguió controlar totalmente determinados puestos de la administración, claves para sus intereses, para que actuasen en una pluralidad de hechos criminales, con el nexo común de que esa administración y esos funcionarios, los cuales debían obediencia y se encontraban controlados por la organización criminal".

Las dos fases de la operación para controlar el gobierno
Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.
Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.

"Como también se ha demostrado, para conseguir ese objetivo delictivo de control de la administración, su estrategia se llevó a término cronológicamente en diversas fases".

"En una primera fase el objetivo fue el control de determinados órganos políticos, de determinados técnicos gestores de los recursos humanos y de determinados representantes sindicales. Con ello se conseguía tener el pleno control del acceso a la función pública y a la policía de determinadas personas, así como de la promoción profesional a determinados puestos de trabajo por parte de individuos cuyo perfil respondía a un servilismo y a una carencia absoluta de mérito y capacidad, así como de los principios que deben presidir la actuación de todo servidor público".

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"En una segunda fase el control de los tres elementos referidos permitió, como si del más virulento cáncer se tratase, que su metástasis afectase a aquellos órganos que interesaban especialmente a la organización criminal para valerse de ellos como instrumentos útiles e imprescindibles para sus propósitos delictivos".

 La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal
 La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal
Unidades especiales integradas por agentes escogidos con criterios de fidelidad ciega y de falta de escrúpulos

La formación de esas unidades especiales (GAP y SIAP) dentro de la Policía Local con "personal sin formación y con escasos conocimientos generales, que no pasan ningún tipo de prueba por concurso-oposición", escogido únicamente con criterios de fidelidad ciega y de falta de escrúpulos, está desgranado laboriosamente en los 700 folios anteriores. Por ejemplo, en el 583, tras un resumen de las declaraciones ante el juez de Jaime Garau Calero –uno de los integrantes del Servicio de Información y Análisis Policial (SIAP)–, el inspector que redacta el informe constata:

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"Resultado de las antedichas declaraciones se pueden apreciar diversas cuestiones importantes sobre Jaime GARAU, que ambas unidades fueron creadas en función de las necesidades de la organización, con funciones acorde con sus intereses y recortadas posteriormente por sentencias judiciales que daban una imagen clara de las extralimitaciones en las que se había incurrido, con la connivencia de mandos, sindicatos, responsables políticos y funcionarios técnicos".

 Las amenazas y sobornos del capo mallorquín Cursach pusieron a periodistas a su servicio
 Las amenazas y sobornos del capo mallorquín Cursach pusieron a periodistas a su servicio
Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.
Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.

Obediencia a todo tipo de orden, fuese legal o no
"Que, a pesar de que los responsables políticos, de cara al ciudadano venden y predican las bondades de la formación y los estudios, la gran mayoría de los agentes no disponen de estudios, más allá del graduado escolar, siendo elegidos a dedo principalmente por [Rafael] ESTARELLAS y [Antonio] VERA sin ningún concurso oposición, facilitando de esta manera la maleabilidad de los elegidos, por una parte dado el supuesto prestigio del que se les imbuía por estos nombramientos, y por otra parte por la falta de conocimientos técnicos y jurídicos de los mismos, que provocaba la obediencia de cualquier tipo de orden, sin cuestionar su legalidad".

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"Que Jaime GARAU accede a la unidad del SIAP (una supuesta unidad de élite), con toda probabilidad habiendo sido elegido para ello antes ya de la realización de las pruebas de acceso, al ser un puesto de Libre designación y, dada la forma en la que ya se ha visto cómo se van colocando en distintos puestos, a pesar de que ESTARELLAS dijese que realizó un buen examen. Varias razones apuntan a ello: mantiene un trato cercano con Álvaro GIJÓN e iba a reuniones en el PP de forma regular; así que la "maquinaria criminal" lo necesitaba en un sitio "clave" de acceso a la información."

 La mafia de Cursach impulsa una campaña de prensa para invalidar la instrucción del caso
 La mafia de Cursach impulsa una campaña de prensa para invalidar la instrucción del caso
En resumen, que se escogió a individuos sin preparación ni escrúpulos ningunos para que actuasen como sicarios sin rechistar y sin miramientos, y con ellos se pusieron en marcha el SIAP y el Grupo de Actuación Preventiva (GAP), cuya creación "no responde a otro interés que el de la creación, de una forma subrepticia, de una unidad cuya única finalidad consistiría en ser controlada por responsables policiales y políticos, que de esta forma dispondrían de un verdadero "comando informativo", a cuyos componentes elegirían por LIBRE DESIGNACION", escribió el inspector que redactó el informe.

 El principal diario balear irá al banquillo por la campaña contra testigos del caso Cursach
 El principal diario balear irá al banquillo por la campaña contra testigos del caso Cursach
Es decir, tal como expone ese oficio 32248/BL de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears en el folio 695:

"El perfil de los encartados es el que se detalla a lo largo del informe, personas sin escrúpulos, capaces de vulnerar el ordenamiento jurídico de forma constante y permanente en el tiempo, a pesar de las resoluciones judiciales emitidas por el orden de lo contencioso administrativo, con la única finalidad de colocar en los puestos clave a las personas que más interesa a la organización criminal".

Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.
Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.

Sobresueldos mínimos de 1.740 euros brutos mensuales
"En cualquier caso, y visto brevemente lo mencionado, volviendo al hilo conductor que empezábamos este último punto, José Mª RODRIGUEZ, como máximo responsable de dicha regiduría por allá en el año 1995, era plenamente consciente de dicha situación y de lo que la normativa mencionaba al respecto".

Y los dirigentes del PP no sólo recompensaban a los agentes seleccionados con ascensos –a pesar de que carecían de los más elementales conocimientos informáticos o legales– e impunidad en sus actuaciones, sino que también los premiaban con altísimos sobresueldos mientras proclamaban públicamente que esas unidades especiales no suponían coste extraordinario ninguno para el contribuyente. Así lo explica el informe de la UDEF (folios 588 y siguientes):

"Rápidamente quedo patente, que esta unidad no era gratuita, ni de bajo coste, ya que era una de las unidades mejor pagadas de la Policía, suponiendo unos elevados ingresos, como "Los pluses mínimos por formar parte de la unidad asciende a unos 1.740 euros brutos mensuales, a los que cabe sumar el sueldo base, la antigüedad y otros complementos"

"La modesta 'policía secreta' de Palma –llamada Servicio de Información y Análisis Policial (SIAP)– fue creada a principios de 2012, es decir, en la presente legislatura y con el equipo de gobierno del PP. Consta de siete miembros. Todos ellos han sido elegidos a dedo por la cúpula policial de Sant Ferran".

Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.
Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.

"Según la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Palma, las plazas son de libre designación. Eso quiere decir que los responsables de la Policía Local pueden decidir qué agentes son destinados a esa unidad, ya que son cargos de confianza".

"Los pluses mínimos por formar parte de la unidad asciende a unos 1.740 euros brutos mensuales, a los que cabe sumar el sueldo base, la antigüedad y otros complementos. Por eso, los siete miembros de la 'secreta' palmesana son de los mejor pagados en la policía".

"El SIAP enviaba policías de paisano a las manifestaciones, fotografiaba o grababa en vídeo a los participantes, se infiltraba en grupos antisistema y hacía seguimientos de personas consideradas peligrosas"

"Aunque pasó bastante desapercibida, la creación de esta unidad no estuvo exenta de polémica. Entre sus funciones, está enviar a policías de paisano a las manifestaciones, fotografiar o grabar en video a los participantes, infiltrarse en grupos antisistema o hacer seguimiento a personas consideradas peligrosas".

"El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro (PP), justificó la necesidad de crear una policía secreta en que, si se sabe "por adelantado lo que piensa hacer el delincuente, se puede evitar actuar después de forma más contundente".

Pero en realidad todas estas teorías sobre el reforzamiento de la seguridad ciudadana por parte del PP enmascaraban otras operaciones inconfesables: un espionaje político similar al que pusieron en práctica los más altos dirigentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Ése era el verdadero móvil para crear unidades con actividades de policía secreta que, como subraya el informe, acabarían siendo desautorizadas por la Justicia:

"Un testigo protegido así lo confirma, declarando que, en lo alto de la cúspide, está RODRIGUEZ, y que éste se encargaba junto a otros de crear un sistema que permitiera disponer de cuanta Información fuese necesaria".

Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.
Fragmento del informe final de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre el entramado de la mafia política y policial de Palma organizada por el PP de Balears.

"Un testigo protegido de la causa vinculado al Partido Popular acusa a José María Rodríguez de recibir prebendas además de organizar un espionaje contra otros políticos y policías con agentes de la Policía Local y detectives privados. El testigo conoce el rumor de que el presidente del PP «tiene seleccionado a un grupo de policías locales con la finalidad de espiar a determinados grupos de personas».

"También asegura que Tomás Mas, uno de los agentes que estuvo en prisión por esta causa, «le hacía trabajos privados, concretamente espiar, a cambio de su progresión en su carrera». Apunta que tiene constancia de que al menos una persona pagó entre 250.000 y 500.000 pesetas al presidente del PP de Palma para levantar la clausura de un negocio".

"No quiso dar el nombre al instructor".

Empresarios de la Playa de Palma tenían que hacer regalos como joyas o relojes al presidente del PP

"Esta persona, que tiene miedo de las represalias de Rodríguez, asegura que conoce de primera mano situaciones de empresarios de la Playa de Palma que han tenido que hacerle regalos como joyas, relojes. Al vínculo del PP con la trama también apunta un policía, testigo de la causa".

Los estrechos vínculos con proxenetas y dueños de prostíbulos de los policías locales que formaban la banda mafiosa les daba una vía para espiar a los políticos en situaciones comprometidas: cuando acudían a los burdeles. Por ejemplo, uno de ellos –Nicanor Góngora Salmerón– combinaba su servicio como agente policial con un negocio incompatible: proporcionaba sistemas de seguridad a los mismos prostíbulos que debía vigilar. Y con ello aprovechaba para instalar también aparatos camuflados de grabación. Como queda patente en las declaraciones ante el juez de su jefe Estarellas y de un compañero, recogidas en el folio 609 del informe BPPJ-UDEF:

"Hechos que coinciden plenamente con la declaración de Rafael ESTARELLAS de 30.04.2014 sobre NICANOR GONGORA, que reconoce la existencia de un mando que desarrollaba una actividad que podría ser incompatible con la actividad que éste desarrollaba.

"Que ese señor era NICANOR GÓNGORA y era oficial de la nocturna que se dedican a seguridad ciudadana y tráfico de noche en toda Palma. Que Nicanor tenía empresas de aire acondicionado para locales públicos, ofrecía sistemas de seguridad pasiva a locales como videovigilancia"

La grabación en el Templo del Faraón
Y mucho más concreta con la declaración de FRANCISCO RUIZ CASADO de 25.04.2014

"Que Daniel Montesinos le enseño una grabación en el Templo del Faraón que
se lo había dado el dueño o encargado del Templo del Faraón..." "...Que le enseño esta grabación porque Montesinos era muy amigo de Nicanor..." "Que piensa que esa grabación se la pasó el encargado del local a Montesinos, pudo observar que la grabación es de una cámara fija, luego supone que alguien del local se la ha pasado a Montesinos".

Porque, además, toda la trama se había fraguado –con los más altos dirigentes del PP balear– en un local que explotaba uno de los policías corruptos; precisamente el mismo que gestionaba la documentación de las inmigrantes víctimas de la trata y obligadas a prostituirse en los clubes a los que acudían los políticos...

Pero el entramado es tan denso y enmarañado, que habrá que seguir explicándolo en otro artículo.

...CONTINUARÁ

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« Respuesta #2949 en: 05 de Julio de 2019, 06:20:05 am »

Prisión para el capitán de la Guardia Civil detenido en Cádiz por presunta relación con el narcotráfico

Al Jefe de la Policía Judicial de la Benemérita en la localidad gaditana se le investiga por revelación de secretos, prevarización y pertenencia a banda organizada
Guardia Civil.

  Publicado 04.07.2019 - 10:18
Actualizado4.7.2019 - 18:07

El Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras (Cádiz) ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional del capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Algeciras detenido este miércoles por su presunta relación con el narcotráfico.

Según ha indicado el TSJA, en principio, y a la espera de que se desarrolle la instrucción de la causa, la juez le atribuye presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Según fuentes de la Guardia Civil, durante el registro efectuado en dependencias del detenido los agentes que llevan a cabo la investigación hallaron 25.800 euros y diversa documentación.

Bajo secreto de sumario

La detención es fruto de una investigación interna de la propia Guardia Civil y que de momento está bajo secreto de sumario. No obstante, según ha adelantado Europa Sur, desde 2018 el servicio de Asuntos Internos de la Benemérita, en cooperación con la Policía Nacional, venía investigando sus actividades y relaciones con grupos de narcotraficantes y, especialmente, con una red desarticulada el mes de enero.

En este sentido, han avanzado que agentes de la Policía Nacional pudieron grabar una reunión mantenida el año pasado entre el capitán ahora detenido y un narcotraficante algecireño, Emilio José Mazuelo Mesa, más conocido como 'Emilio El Moro', detenido en el municipio madrileño de Alcobendas el 4 de enero.


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« Respuesta #2950 en: 15 de Julio de 2019, 07:11:44 am »

Condenado un capitán auditor de la Guardia Civil por amenazar por carta a Alberto Garzón con un golpe de Estado
El condenado, capitán auditor de la Guardia Civil, se hizo pasar por un golpista condenado por el 23-F
Envió cartas a diputados y al ministro del Interior falsificando su firma y recomendando un golpe de Estado ante el auge de Podemos


Alberto Pozas
Madrid
14/07/2019 - 16:51 h. CEST

Un capitán auditor de la Guardia Civil ha sido condenado a un año y siete meses de prisión por enviar cartas, entre otros al diputado Alberto Garzón y a Cayo Lara, haciéndose pasar por uno de los golpistas condenados por el 23-F y amenazando con un nuevo golpe de Estado ante el auge de Podemos. Los jueces le atribuyen un delito de falsificación de documentos privados por copiar la firma del coronel Vicente Javier Carricondo, condenándole también a indemnizarle con mil euros.

El acusado, capitán del cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa, destinado en ese momento en Santa Cruz de Tenerife, envió las cartas en 2015 fechando las misivas el 23 de febrero, la fecha del fallido golpe de Estado de 1981 y estampando la firma de uno de los condenados. Según declara probado la sentencia ambos habían mantenido una disputa en el pasado por un expediente disciplinario y copió la firma de Carricondo, entonces jefe interino del Servicio de Gestión Económica, de un pliego de prescripciones técnicas.

La Justicia le atribuye cuatro misivas enviadas ese año 2015: dos al entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, otra a Alberto Garzón, entonces diputado por Izquierda Unida y otra más a Cayo Lara, entonces diputado y coordinador federal de la formación. En todas mostraba su preocupación por el auge de Podemos y se mostraba favorable afrenar su ascenso con las armas: no descartaba "llevar a efecto mi primer deber como soldado tal cual es reconducir "manu militari" la dirección del actual gobierno de España que se ha revelado desde todo punto de visa inepto e incapaz de hacer frente al momento histórico por el que pasa la Patria", le dijo por ejemplo al ministro.

El acusado, haciéndose pasar por uno de los condenados el 23-F, se expresaba en términos similares en las cartas dirigidas a los parlamentarios de IU: "Si llega al poder se desatará la noche más negra sobre la España que queremos y tanto hemos defendido", explicaba, añadiendo que "no dudaré en echar mano de todos los medios incluyendo las armas para impedir que los que como vd. quieran alzarse con la victoria en mi país".
Falsificación de documento privado

La Audiencia Provincial de Madrid, con el magistrado Valentín Javier Sanz como ponente, ha decidido condenarle finalmente a un año y siete meses de prisión por un delito de falsificación de documento privado, absolviéndole de revelación de secretos y usurpación del estado civil. También tendrá que indemnizar con mil euros al coronel Carricondo.

La sentencia declara probado que copió su firma de un expediente de contratación pública, y que el origen del conflicto estaba en un expediente disciplinario abierto contra el ahora condenado por una falta grave. Fuentes del caso confirman a la SER que el acusado ya ha recurrido la resolución ante el Tribunal Supremo a la espera de sentencia firme.



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« Respuesta #2951 en: 15 de Julio de 2019, 07:32:55 am »

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« Respuesta #2952 en: 15 de Julio de 2019, 15:45:03 pm »



De Cáritas al prostíbulo: las barbaridades del mayor caso de proxenetismo de España


PABLO HERRAIZ
@pablo_herraiz
QUICO ALSEDO
@QuicoAlsedo
Madrid
Actualizado Lunes, 15 julio 2019 - 07:57


José Manuel Adán, principal proxeneta y socio del cabo Armando Lorenzo en los clubes de alterne de Lugo.
EL MUNDO

Los trabajadores de la residencia de Cáritas en Lugo no daban crédito. Pocos días después de que las inmigrantes prostituidas llegaran, al fin liberadas de su situación de esclavitud en puticlubes de la zona, se personaba en el lugar el jefe del Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil. Invocando su autoridad, y sin documentación de por medio siquiera, el cabo Armando Lorenzo subía al coche patrulla a las chicas, la mayoría brasileñas, y directamente las trasladaba a su nuevo puesto de trabajo, en alguno de los 12 clubes que él mismo controlaba.

Lorenzo completaba así la operación: había cerrado los prostíbulos de los que esas chicas eran rescatadas -los que no le pagaban mordidas-, y él mismo las reubicaba, como si de ganado se tratara, en donde sí lo hacían. Miembros de Cáritas terminaron acompañando, tiempo después, a dos subordinadas de Lorenzo a la Subdelegación del Gobierno para denunciar a quien debía liberar a las mujeres explotadas. Dio igual porque también había implicados. El subdelegado y un funcionario están investigados. Los superiores de Armando Lorenzo (casado, con un hijo mayor y destinado antes en la seguridad de la Audiencia Provincial de Lugo) le protegieron, y ahora varios de ellos le acompañarán en el banquillo de los acusados por la mayor trama de proxenetismo de la historia reciente de España: Carioca.

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Una inconcebible cascada de delitos desentrañados, desde 2008 hasta la actualidad, por la juez Pilar de Lara y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que se enfrentaron a todos los poderes fácticos de Lugo, una ciudad en la que, llegaron a constatar los investigadores, existía una «cultura de la prostitución» que pasaba de padres a hijos.


Unas muestras: Lorenzo invitaba a prostitutas a policías, políticos, empresarios... Y a los amigos de su hijo. José Manuel Adán, empresario y socio principal de Lorenzo en los clubes Queens y La Colina, dejaba a su hija pequeña corretear por entre las meretrices, mientras en el patio trasero practicaba el tiro con la munición que le deslizaba un policía local.

El esfuerzo no fue inocuo ni para Asuntos Internos ni para la magistrada. Los primeros hubieron de enfrentarse con sus propios compañeros, en el epicentro de la trama y que se sentarán próximamente en el banquillo. La segunda, que hizo pivotar en torno al prostíbulo central de Carioca macrocausas como Pokémon y Campeón -en la que estuvo imputado José Blanco, ministro con Rodríguez Zapatero (PSOE)-, está a punto de ser expulsada de Instrucción 1 de Lugo por el Poder Judicial, supuestamente por «desidia procesal» -cuando en realidad llegó a convertir su juzgado en una especie de mini Audiencia Nacional gallega, sobrecargada de trabajo-.

Asuntos Internos desembarcó en Lugo en 2008 al constatar De Lara que prácticamente todos los poderes del Estado podían estar afectados por corrupción en el lugar, todo gracias a la denuncia de una brasileña de la que Armando Lorenzo se encaprichó.


La mujer denunció que el guardia civil apareció un buen día por el club en el que ella trabajaba forzada, obligada a devolver los miles de euros tras llegar de Brasil, y en cuanto la vio le pidió a otro agente que la fotografiara de cuerpo entero y le lanzó un «¿y qué hace una chica tan guapa como tú trabajando aquí?».


Armando Lorenzo, cabo de la Guardia Civil y epicentro de la trama.EL MUNDO
Tiempo después, Lorenzo apareció en casa de la mujer, colocó su pistola sobre la mesa y la obligó con éxito a tener sexo con él. Esto sucedería en varias ocasiones, hasta que la mujer se negó, Lorenzo la amenazó y cumplió de hecho su extorsión: consiguió deportarla en 2009. Ella son embargo ya había denunciado en 2008, y había sido declarada testigo protegido. Era el pistoletazo de salida tras el que emergió la catarata de corruptelas.


SOSPECHAS DE ASESINATOS
Cómo el guardia civil controlaba 12 casas de lenocinio de la zona y llegó a cobrar, tal y como está documentado, de hasta siete de ellas. Cómo decenas de policías locales alternaban en los clubes de Abad -con las prostitutas y con su hija-, e incluso un funcionario municipal era propietario de los terrenos sobre los que se asentaba el Queen's (y era adjudicatario de la grúa y del servicio de párking municipales).

Cómo el dueño del Volvoreta, otro de los establecimientos investigados, era un ex guardia civil. Cómo la trama contaba incluso con un policía en el aeropuerto de Barajas, y cada tres meses alguien bajaba a Madrid con los pasaportes de decenas de chicas y el compinche ponía sello de salida y sello de entrada, para renovar ficticiamente los visados de turista.

Cómo Lorenzo amenazaba con deportar a las chicas que no se plegaran a sus deseos, y en algunos casos lo conseguía -e incluso les daba a otras ficticiamente la condición de testigos protegidos, sólo para aprovecharse de ellas-. Cómo, entre las declaraciones de 370 testigos, varias llegaron a hacer creer a los investigadores que una chica había sido enterrada bajo el Queen's, y Asuntos Internos llegó a localizar restos de sangre en el establecimiento, sin que fuera localizado un cuerpo.


Cómo un empresario llegó a declarar haber visto cómo una chica murió desangrada al ser vejada con un bola de billar. O cómo una joven denunció que se le había practicado un aborto en una clínica clandestina en el centro de Lugo. La joven, brasileña de 20 años, quedó embarazada por obra de un importante empresario, R.L.

Este, asustado, pidió consejo a un policía local, que llevó a la chica a la clínica del Dr. Abuín, en el centro de la ciudad. El médico, de edad, le hizo a la chica un aborto por aspiración, y la joven estuvo a punto de morir. Una vez se restableció, volvió a ser estabulada en el prostíbulo. Cuando los de Asuntos Internos se presentaron en el lugar constataron que la clínica ni tenía actividad, ni higiene ni medidas de seguridad: era parte del teatrillo de Lorenzo y Adán.

MUJERES "CERCA DE LA INDIGENCIA"
El cabo de la Guardia Civil se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres, algunas de ellas «en situación cercana a la indigencia» según la juez Pilar de Lara, y lo mismo las violaba sin preservativo que intentaba engatusarlas con, atención, mensajes poéticos como el siguiente, que consta en autos: «Cuando te vi por primera vez quedé prendado de ti. Tus ojos desprendían brillo como si fuera la luna que reflejara [sic] en ellos. Al estar contigo tu cuerpo y piel suave desprendía un aroma que lo llevo en mis manos». Para luego, de golpe, pasar sin anestesia del verso a la prosa: «Me tienes que dar el nombre completo. En la nota que me diste no entiendo». Así pasaron por sus manos 20 chicas.


«Antes me meto en cemento que dormir contigo», le contestó una de las mujeres a sus zalamerías, según declaró ella ante la juez. Lorenzo y Adán eran implacables con las chicas: cuando dos llegaban juntas, eran encerradas para pagar una supuesta deuda de varios miles de euros en pago por haberlas traído a España, y una de ellas conseguía escapar, la otra debía trabajar el doble para saldar las dos deudas.

Una vez fue reventada policialmente la trama se manejó como las mafias. El club Eros fue quemado una docena de veces, presumiblemente para destruir pruebas. Lorenzo alegó en varias ocasiones crisis epilépticas para no declarar. Se llegó a abrir una pieza por sus incumplimientos de la orden judicial de alejamiento con respecto a la ciudad de Lugo. Adán, por su parte, fue condenado a malos tratos sobre su mujer. Los dibujos de su hija pequeña, en los que salían prostitutas, guiaron a los investigadores para conocer la vida real en los clubes.

La fecha para la fase oral de la pieza principal de Carioca, la que tiene que ver con las andanzas de Armando Lorenzo, a quien la juez imputa 70 delitos, se señalará en breve.

LA 'JUEZ ALAYA GALLEGA', EN PELIGRO
La juez Pilar de Lara, la Alaya gallega, como fue tildada por la cantidad de macrocausas que acumuló en Instrucción 1 de Lugo, podría perder en unos meses su juzgado, y con él sus procedimientos, a causa de una propuesta de sanción por parte de la inspección del Consejo General del Poder Judicial, que la acusa de "desidia", "dejadez", "inhibición absoluta" y "abandono" procesal y pide para ella siete meses de suspensión.
El abogado de De Lara, el ex consejero del Poder Judicial Agustín Azparren, alega en el recurso que en realidad la propuesta oculta que en dos visitas anteriores, en 2013 y 2014, la inspección ponderó la "gran dedicación" de la juez, y que la cifra de causas presuntamente atrasadas invocadas por la inspección es falsa: esta sostiene que De Lara tramitaba en 2014 las mismas 65 causas de especial complejidad que en 2019, sin embargo el recurso defiende que la cuenta está mal hecha, y que la evolución de De Lara resolviendo procedimientos es de 90 en 2013, 80 en 2014 y 42 en 2017.

El recurso acusa también a la inspección de demorar sus trabajos por espacio de dos años, incurriendo en la misma falta que se le imputa a la magistrada, y califica de "irregular" la actuación de la inspección al agregar un informe de subsanación de errores previos, en una maniobra "sin precedentes" en estos expedientes. Además, se acusa incluso a la inspección de, ante la falta de quejas contra De Lara, haber "animado a diversos abogados" de personas por ella imputadas a presentar quejas, lo que algunos letrados hicieron, dejándolo claro por escrito, "por indicación de los inspectores del CGPJ". El Consejo resolverá el expediente en los próximos meses.
« Última modificación: 16 de Julio de 2019, 06:58:29 am por 47ronin »

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« Respuesta #2953 en: 15 de Julio de 2019, 16:40:19 pm »
Joder con el cabo Lorenzo!!!!

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk


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« Respuesta #2954 en: 20 de Julio de 2019, 07:47:57 am »

La Guardia Civil detiene a un agente que dejaba pasar maletas con ‘coca’ en Barajas
El cabo primero hacía presuntamente que no se registraran los bultos, facturados en Suramérica y asociados al billete de un pasajero que no llegaba a subir al avión / La operación se inició en agosto del pasado año e incluye otros 18 arrestos

Publicado el 19 de Julio de 2019 - 12: 25
Antonio Salvador Redactor antonio.salvador@elindependiente.com @ajsalvador70



Imágenes de la droga interceptada en Barajas el 9 de agosto de 2018, incluidas en un reportaje emitido por Telemadrid. TELEMADRID

La Guardia Civil detuvo el pasado martes a un agente del Cuerpo que presuntamente dejaba pasar maletas con cocaína cuando llegaban desde Suramérica al aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas, donde estaba destinado. El juez que dirige las diligencias ha decretado prisión provisional sin fianza para este funcionario, que supuestamente ejercía como nexo de unión entre dos bandas de narcotraficantes (una colombiana y otra dominicana).

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes de la investigación, el cabo primero F.L.M.P. -nacido en la ciudad francesa de Chamonix en 1963- fue arrestado este martes por la tarde junto a otras 18 personas de nacionalidades española, colombiana y dominicana en el curso de una operación desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la DEA, el departamento estadounidense para el control de drogas. Entre los detenidos está la actual pareja del agente, una mujer colombiana de 45 años.

De los arrestados, ocho se encuentran ya en prisión preventiva tras pasar a disposición judicial. Declaradas secretas, las diligencias las dirige el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que acusa al guardia civil de la comisión de delitos de tráfico de drogas, organización criminal, cohecho, revelación de secretos, omisión de perseguir delitos y blanqueo de capitales.

La actuación policial, llevada a cabo en dos fases, se ha saldado con la incautación de 236 kilogramos de cocaína, tres armas de fuego (concretamente dos pistolas y un rifle de 9 mm), inhibidores de señal, unos 60.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos, varios móviles y documentación.

En concreto, los agentes registraron dos viviendas vinculadas al cabo primero -una en la localidad leonesa de Arganza y otra en Leganés- en las que intervinieron 33.280 euros en efectivo, un rifle y un inhibidor de señales. En su taquilla del aeropuerto se encontraba su arma reglamentaria y diversa documentación.

Las detenciones son el resultado de un año de pesquisas en la sombra. La operación arrancó en agosto de 2016, cuando agentes intervinieron en Barajas una maleta con unos 45 kilos de cocaína en su interior. Se trataba de un equipaje que había llegado en un vuelo procedente de Sao Paulo (Brasil) y que hacía escala en Madrid antes de continuar su ruta hasta Bruselas (Bélgica).
‘Modus operandi’

La forma en que viajaba la droga, distribuida en 50 paquetes forrados y no camuflada por otros elementos o en dobles fondos, hizo despertar las sospechas de la Guardia Civil. A ello se unía que en el avión no viajaba la persona que había facturado la maleta, lo que explica que aquella actuación se saldara sin detenciones.

Las indagaciones posteriores han permitido descubrir que las dos organizaciones de narcos utilizaban un original modus operandi. La banda enviaba a España una maleta facturada en origen y asociada a un pasajero que nunca llegaba a subirse al avión. Ya en Madrid, una mula la recogía con el camino previamente allanado por el agente ahora arrestado.

Según las fuentes, el cabo primero trataba de estar en servicio en el control de Aduanas de Barajas cuando llegaba el envío, lo que hacía que estos equipajes a menudo no se registraran. En el último año, la Guardia Civil se ha incautado de ocho maletas, desconociéndose cuántos bultos podrían haber entrado por el aeropuerto madrileño con anterioridad.

    La operación policial ha incluido el arresto de otras 18 personas y la incautación de 60.000 euros y tres armas

En el curso de la investigación, los agentes han constatado que el cabo primero F.L.M.P. estuvo de excedencia durante unos años, periodo en el que estaba casado con la hija de una familia adinerada y disfrutaba de un elevado nivel de gasto. Separado ya, el funcionario habría entrado en contacto con las bandas de narcotraficantes tras conocer a una mujer de nacionalidad colombiana -su pareja actual y cuya identidad corresponde a las iniciales L.M.Z.G.- en un intento de mantener su tren de gasto.

Esa aventura ha terminado esta semana, cuando agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil lo detuvieron tras reunir indicios de su participación con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas de Suramérica para la introducción de sustancias estupefacientes en España.
Prisión sin fianza para el jefe de la Policía Judicial de Algeciras por su relación con el narcotráfico

La detención del jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras es como "un jarro de agua fría para todos los componentes de este cuerpo", una noticia que evidencia[...]

Hace cuatro años, el 16 de julio de 2015, Asuntos Internos de la Guardia Civil detuvo a un sargento y a un cabo del Cuerpo que se encontraban destinados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por supuesto tráfico drogas tras interceptarse una partida de cocaína que llevaba un ciudadano colombiano. Éste y dos dominicanos también fueron arrestados en aquella operación.

Se trata de la segunda detención de un guardia civil en lo que va de mes por vinculación con el narcotráfico. El pasado 3 de julio fue arrestado el jefe de la Policía Judicial en Algeciras, al que la juez envió a prisión sin fianza tras atribuirle delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y pertenencia a organización criminal.






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« Respuesta #2955 en: 25 de Julio de 2019, 06:54:04 am »

Fran, el guardia civil de Discovery Max que metió 200 kilos de coca en Barajas

    PABLO HERRAIZ
    QUICO ALSEDO

Jueves, 25 julio 2019 - 01:37


El guardia civil en el programa 'Control de Fronteras'. DMAX

El agente, famoso por su aparición en el programa 'Control de Fronteras', está en la cárcel acusado de narcotráfico.


«Señora, ¿esto es queso? Pues ya sabe lo que le pasa. Que tenga un buen día», espeta el cabo Fran ante una enfadada pasajera de Barajas, mientras le tira un tupper lleno de queso a la basura. «No somos tontos, aquí no tiran ni la droga», dice ella, casi profética, a la cámara.

Porque de todas las cosas increíbles que han pasado estos años en la carrera del cabo Fran de la Guardia Civil, quizá la mayor es que saliera en el programa Control de fronteras de Discovery Max como uno de los que lucha contra la entrada de mercancías ilegales en España, ya que le han mandado a prisión por ayudar a colar más de 200 kilos de coca a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde estaba destinado.

El cabo era el nexo entre dos bandas organizadas de narcotraficantes que han hallado los agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Madrid.

Después de cerca de año y medio de investigación, los agentes han desmantelado a las dos organizaciones, arrestado a 18 personas y encontrado pruebas contra Fran, como adelantó El Independiente.

Lo que no se sabía era el papel televisivo del guardia, ni cómo llegaron las primeras noticias sobre él: fueron la DEA estadounidense y la NCA inglesa las que alertaron, con un fotograma del programa como muestra, de que había un agente que podía ser el contacto de varias bandas de narcos en Madrid. Entonces comenzó la investigación, que ha sido muy compleja, porque el guardia conocía perfectamente los métodos de sus compañeros y tomaba todas las precauciones posibles para eludirles.

Incluso llegó al punto de enseñar a los narcotraficantes a tomar medidas de seguridad para evitar ser investigados, motivo por el que también se le acusa de obstrucción a la Justicia, aparte de narcotráfico. Entre otras cosas, cuando quedaba con ellos, les obligaba a pasar la llamada raqueta por debajo de los coches, ese aparato de las películas que sirve para localizar micrófonos ocultos. En su casa hallaron un inhibidor de frecuencias que activaba siempre que tenía una reunión importante.

Y ahora él y gran parte de ambas bandas duermen entre rejas, después de determinar que el cabo aprovechaba su puesto como jefe de turno en el Servicio Fiscal del aeropuerto para dejar pasar a determinadas maletas y determinados pasajeros, incluso provenientes de distintos vuelos. Después él, celestinamente, juntaba maleta y señor y les acompañaba a la salida para evitar que sus compañeros les parasen.

Así, sospechan los investigadores, hubo al menos cinco entregas de maletas con su anuencia procedentes de vuelos calientes (Uruguay, República Dominicana, Venezuela) que colaron más de 200 kilos de cocaína de gran pureza, aunque después fue interceptada.
Elevado nivel de vida

Por esa labor, se cree que Fran obtuvo grandes beneficios económicos que le permitieron llevar un nivel de vida que, desde luego, no permiten los 1.700 euros mensuales de un guardia.

Ahí van algunos ejemplos: sólo compraba en la Milla de Oro madrileña, y por ejemplo, en Valentino y Channel decía al entrar: «Es que no sabemos entrar en otras tiendas».

Rehabilitó un Chevrolet Camaro (30.000 euros de puesta a punto) y lo pintó de naranja. Con ese coche le gustaba ir a los eventos vip de los casinos madrileños de Torrelodones y la Castellana, donde sólo invitan a aquellos clientes muy especiales.

Le llamaban de tú en la zona cercana a Plaza de Castilla, donde se concentran todos los restaurantes en los que celebran sus cuchipandas el Real Madrid y los empresarios de postín. Tanto le gustaba la zona que con su consuegro llegó a montar uno de esos restaurantes, llamado La Churrasquita, en la calle Rosario Pino.

Le gustaba invitar con un «vamos a mi restaurante» a sus amistades, incluyendo las peligrosas. Se sospecha que pagó 80.000 euros a tocateja para entrar como inversor, aunque después lo puso a nombre de su pareja. Una pareja, por cierto, que paseaba con bolsos de Gucci de 5.000 euros y fue su perdición.

Un buen día, Fran la conoció a ella, colombiana, y dejó a su esposa. La nueva novia le presentó a sus amigos colombianos, entre los que había varios narcos que, al saber dónde estaba destinado Fran, no aguantaron la tentación de hacerle una oferta. Sabían lo suculento que era arriesgarse porque el 99,9% de los agentes son incorrompibles.

Sus apariciones en Control de fronteras eran míticas incluso en Colombia, donde los narcos veían que, efectivamente, un guardia de carne y hueso podía ser su cómplice en España. A partir de ahí, hasta que llegó el aviso de la DEA y se acabó su suerte, a Fran le pudo la avaricia. Tanto, que un día su novia le dijo: «Hay que saber parar», a lo que él contestó: «Por lo menos hay que tener tres millones para parar».
Casa normal, pagas de 500 euros

El elevado tren de vida de Fran se reflejaba en muchas cosas, pero no en su hogar. Vivía en una casa normal del barrio de La Fortuna, en Leganés, pero en contrapartida daban de paga un billete de 500 al hijo de su pareja, al que también mandaban a un colegio que cuesta el 70% del sueldo de un guardia, y le enviaron a estudiar a EEUU a un campamento de gente adinerada, pero donde los gastos del chaval hicieron preguntar a sus compañeros que «por qué era tan rico».


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« Respuesta #2956 en: 26 de Julio de 2019, 07:02:10 am »

Investigación policial
El día que el guardia civil de Discovery Max se jugó el cuello por un narco en bermudas

    QUICO ALSEDO
    PABLO HERRAIZ

Viernes, 26 julio 2019 - 01:17


El cabo Fran se hizo cargo de la llegada de un narco procedente de Paraguay el pasado noviembre que apareció con atuendo de verano porque en su país era esa estación del año


Fotograma del programa 'Control de fronteras' con el agente implicado E.M.

El papel principal de Fran, el cabo televisivo que protagonizó varios capítulos de la serie Control de fronteras de Discovery Max, era hacer la vista gorda. Dos bandas de narcotraficantes supuestamente le tenían sobornado para que sus envíos de cocaína entraran con seguridad por el aeropuerto de Barajas. Pero hubo una vez durante la investigación, que ha durado año y medio, en que este guardia civil se la tuvo que jugar.

Fue en noviembre del año pasado, según las investigaciones que llevaron a cabo el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Madrid.

En esa época del año, aunque en estas fechas quizá a alguno le quede muy lejano, hacía frío. Una obviedad, claro, menos para el narco que llegaba en un vuelo procedente de Asunción (Paraguay), uno de los considerados vuelos calientes por donde los traficantes intentan meter su mercancía. En esa época del año, mientras aquí hacía frío, en Paraguay estaban pasando una agradable primavera austral... y por eso el narco se plantó en pantalones cortos en Madrid. Eso, más la vigilancia expresa que se pone en esos vuelos calientes, provocó una reacción inmediata de los guardias civiles que estaban ese día en el Servicio Fiscal: "A ese hay que mirarle", dijeron.

Y entonces llegó el cabo Fran, sabiendo que el de las bermudas era el enviado de la banda, para decir. "Ya me ocupo yo, ya", y se adelantó a sus compañeros para simular que se iba a hacer cargo del pasajero. Le acompañó a recoger su maleta, la miró (o no) e incluso le acompañó a la salida.
"¡No puede volver a ocurrir!"

La investigación reveló cómo los propios narcos se enfadaron por esa situación: "¡No puede volver a ocurrir! ¡Nuestro contacto se la ha tenido que jugar mucho porque el tío llamaba la atención en pantalón corto!", fue más o menos el tenor de la conversación. Aunque la realidad es que hubo más ocasiones en las que el cabo Fran se hizo cargo de acompañar a algún pasajero o incluso de juntarle con una maleta que llegaba de otro vuelo, sin dueño, para que se llevara la droga a salvo. Es cierto que en aquella ocasión del narco vestido de verano se la jugó más de la cuenta, porque tuvo que anteponerse a sus compañeros que nada tenían que ver con las corruptelas de éste.

Hay que recordar que la investigación de Asuntos Internos y la Policía Judicial de la Comandancia madrileña ha terminado hace una semana con 18 detenidos, todos miembros de dos bandas de narcotraficantes diferentes, pero que tenían como nexo al guardia destinado en Barajas, que precisamente fue arrestado en el aeropuerto.

El cabo ingresó en la prisión de Estremera el pasado viernes, donde fue enviado al llamado Módulo Polivalente 4. Llamó la atención de los funcionarios de prisiones por llegar a la una de la mañana perfectamente bronceado y perfumado, con su impecable polo de Pedro del Hierro y sus zapatillas Lacoste.

De hecho, lo que se ha constatado durante esta investigación es que el cabo llevaba un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades. Sólo compraba en la Milla de Oro madrileña, donde se agolpan todas las tiendas de marcas de lujo, gastaba enormes cantidades de dinero en restaurantes caros e incluso llegó a invertir en uno de ellos, como ya publicó ayer este periódico.

Durante sus colaboraciones con las bandas, a las que presuntamente conoció a través de una mujer colombiana que era su pareja, se sospecha que ayudó a meter al menos 200 kilos de cocaína en diversas entregas de maletas que llegaban desde Latinoamérica, como Santo Domingo, Venezuela o aquel arriesgado pasajero de Paraguay.



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« Respuesta #2957 en: 31 de Julio de 2019, 20:39:35 pm »


Un policía nacional de La Línea es expulsado por colaborar con contrabandista


 El agente se apropió de cajas de tabaco y daba información a un delincuente habitual

La Comisaría de la Policía Nacional de La Línea

La Comisaría de la Policía Nacional de La Línea / JORGE DEL ÁGUILA
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RAFA MÁIQUEZ
La Línea | 31 Jul 2019 06:02
La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por un policía nacional destinado en La Línea con dos sanciones de separación del servicio -que conllevan la pérdida de la condición de funcionario-, por la comisión de sendas faltas muy graves. Los hechos tuvieron lugar en 2013, cuando según el expediente disciplinario el agente estuvo relacionado en la apropiación de unas cajas de tabaco de un contrabandista y trasladó información a un delincuente habitual de la que tenía conocimiento debido a su condición de Policía. El juzgado sí ha estimado el recurso a una tercera resolución, también por una falta muy grave, porque el Ministerio del Interior hizo uso de comunicaciones intervenidas judicialmente procedentes unas actuaciones penales que fueron sobreseídas y archivadas. En los fundamentos de derecho de la sentencia queda reflejado que la Administración logró de esta manera “unos conocimientos fáticos a los que nunca hubiera podido llegar por sus propios medios”, de ahí que se tenga en cuenta esta reclamación.


El origen de estas sanciones, que conllevan la expulsión del cuerpo, se remonta al 5 de febrero de 2014, cuando el agente fue detenido por los presuntos delitos de robo con intimidación, revelación de secretos, omisión de perseguir delitos y cohecho. El Juzgado de Instrucción número 1 de La Línea incoó diligencias previas y el 28 de junio de 2016 dictó auto de sobreseimiento provisional al valorar que “en las escuchas telefónicas se considera que su conducta podrá ser sancionable en vía administrativa o disciplinaria, pero no tiene entidad para ser constitutiva de infracción penal”.

El expediente disciplinario recogió cargos por tres faltas muy graves. La tercera, descartada ahora por la Audiencia Nacional, fue por facilitar, según las comunicaciones intervenidas judicialmente, información sobre como transportar tabaco de contrabando para no ser detectados mediante el uso de vehículos lanzadera. La resolución que no ha sido desestimada fue emitida por el Ministerio del Interior e l 8 de junio de 2017 y ratificada tras la desestimación del recurso con fecha 25 de julio del mismo año.

La resolución de las dos primeras sanciones destaca “la falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad al no transmitir los hechos delictivos o ilícitos de los que el agente tenía conocimiento para que se procediera a su investigación y persecución”, además de el hecho de “ facilitar información sobre matrículas de vehículos a una persona ajena al Cuerpo Nacional de Policía en asuntos relacionados con el contrabando de tabaco y la compraventa de vehículos usados”. Sobre este último asunto, una persona declaró ante el Juzgado que muchas veces llamaba al policía para que le dies e información sobre las matrículas de los coches que iba a comprar o vender por si tenían algo pendiente. El agente también declaró que realizó alguna llamada a compañeros “al objeto de facilitar información sobre el autor de determinada muerte o gestiones a través de la Policía Local para conocer su un vehículo se encontraba en situación legal”.

La sentencia de la Audiencia Nacional pone de relevancia que las pruebas recogidas en el procedimiento judicial queda probado que el policía, “ conociendo información sobre una banda organizada dedicada al contrabando de tabaco, no informó en ningún momento a la superioridad”.

Ante esta sentencia se puede presentar recurso de casación ante la misma sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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« Respuesta #2958 en: 01 de Agosto de 2019, 00:10:38 am »

Condenado un capitán auditor de la Guardia Civil por amenazar por carta a Alberto Garzón con un golpe de Estado
El condenado, capitán auditor de la Guardia Civil, se hizo pasar por un golpista condenado por el 23-F
Envió cartas a diputados y al ministro del Interior falsificando su firma y recomendando un golpe de Estado ante el auge de Podemos


Alberto Pozas
Madrid
14/07/2019 - 16:51 h. CEST

Un capitán auditor de la Guardia Civil ha sido condenado a un año y siete meses de prisión por enviar cartas, entre otros al diputado Alberto Garzón y a Cayo Lara, haciéndose pasar por uno de los golpistas condenados por el 23-F y amenazando con un nuevo golpe de Estado ante el auge de Podemos. Los jueces le atribuyen un delito de falsificación de documentos privados por copiar la firma del coronel Vicente Javier Carricondo, condenándole también a indemnizarle con mil euros.

El acusado, capitán del cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa, destinado en ese momento en Santa Cruz de Tenerife, envió las cartas en 2015 fechando las misivas el 23 de febrero, la fecha del fallido golpe de Estado de 1981 y estampando la firma de uno de los condenados. Según declara probado la sentencia ambos habían mantenido una disputa en el pasado por un expediente disciplinario y copió la firma de Carricondo, entonces jefe interino del Servicio de Gestión Económica, de un pliego de prescripciones técnicas.

La Justicia le atribuye cuatro misivas enviadas ese año 2015: dos al entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, otra a Alberto Garzón, entonces diputado por Izquierda Unida y otra más a Cayo Lara, entonces diputado y coordinador federal de la formación. En todas mostraba su preocupación por el auge de Podemos y se mostraba favorable afrenar su ascenso con las armas: no descartaba "llevar a efecto mi primer deber como soldado tal cual es reconducir "manu militari" la dirección del actual gobierno de España que se ha revelado desde todo punto de visa inepto e incapaz de hacer frente al momento histórico por el que pasa la Patria", le dijo por ejemplo al ministro.

El acusado, haciéndose pasar por uno de los condenados el 23-F, se expresaba en términos similares en las cartas dirigidas a los parlamentarios de IU: "Si llega al poder se desatará la noche más negra sobre la España que queremos y tanto hemos defendido", explicaba, añadiendo que "no dudaré en echar mano de todos los medios incluyendo las armas para impedir que los que como vd. quieran alzarse con la victoria en mi país".
Falsificación de documento privado

La Audiencia Provincial de Madrid, con el magistrado Valentín Javier Sanz como ponente, ha decidido condenarle finalmente a un año y siete meses de prisión por un delito de falsificación de documento privado, absolviéndole de revelación de secretos y usurpación del estado civil. También tendrá que indemnizar con mil euros al coronel Carricondo.

La sentencia declara probado que copió su firma de un expediente de contratación pública, y que el origen del conflicto estaba en un expediente disciplinario abierto contra el ahora condenado por una falta grave. Fuentes del caso confirman a la SER que el acusado ya ha recurrido la resolución ante el Tribunal Supremo a la espera de sentencia firme.





La condena no es por amenazarle, es por suplantar a alguien con quien había tenido problemas en el pasado, para intentar meterle en un marrón, pero la amenaza no es tal. Vaya forma capciosa de contar una noticia ...
En este mundo podrido y sin ética, a las personas sensibles sólo nos queda la estética.

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« Respuesta #2959 en: 06 de Agosto de 2019, 09:12:19 am »


Un guardia civil ingresa en prisión acusado de abusar sexualmente de una menor en Zamora


La propia Guardia Civil arrestó al agente, destinado en la localidad de Puebla de Sanabria; el detenido está en la cárcel de Topas (Salamanca).
6 agosto, 2019 03:33

 GUARDIA CIVIL  ABUSOS SEXUALES
Gonzalo Araluce  @GonzaloAraluce
Un guardia civil destinado en el puesto de Puebla de Sanabria (Zamora) ha sido detenido por supuestos abusos sexuales sobre una menor. Las pesquisas han corrido a cuenta del propio Instituto Armado y el agente ya ha ingresado en el centro penitenciario de Topas (Salamanca).

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Fuentes oficiales de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL que uno de sus agentes fue detenido la semana pasada después de ser denunciado por supuestos abusos sexuales sobre una menor de edad, sin facilitar más datos sobre cómo o cuándo tuvieron lugar los hechos denunciados.


El detenido declaró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Puebla de Sanabria. El pasado jueves se decretó su ingreso provisional e inmediato en prisión tras valorar las pruebas aportadas desde la propia Guardia Civil, así como la declaración de la propia menor de edad que figura en la denuncia.

La investigación de los hechos recayó en el EMUME (equipos mujer-menor) de la Guardia Civil. Se trata de equipos integrados en la Policía Judicial del Instituto Armado, especializados en casos que impliquen a menores de edad. También colaboraron los mismos agentes destinados en el puesto de Puebla de Sanabria.


Fuentes asociativas de la Guardia Civil señalan la "desolación" que la noticia ha provocado entre los miembros del Instituto Armado en esta localidad zamorana, con una población próxima a los 1.400 habitantes.

El futuro del agente
Además del recorrido judicial que vaya a tener el caso, el guardia civil se expone a la posibilidad de que se le abra un expediente disciplinario dentro del Instituto Armado y que se le cese en funciones, con el consecuente recorte de sus retribuciones.

Además, según figura en la ley 42/1999 sobre el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, al agente se le expulsará del Instituto Armado en caso de que haya una condena en firme por los presuntos abusos sexuales.

Todos estos pasos se hicieron públicos en fechas recientes por la implicación de Antonio Manuel Guerrero, alumno en prácticas de la Guardia Civil, en los Sanfermines de 2016, cuando un grupo de jóvenes -a los que se les conoció con el sobrenombre de La Manada- agredieron sexualmente a una chica