Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 303880 veces)

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Re:!Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2980 en: 12 de Octubre de 2019, 09:29:10 am »

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), un colectivo similar a un sindicato y que ha luchado por esclarecer la verdad de ambos casos, presentó un escrito en base al informe forense señalando que el cadáver de Derian José Morales presentaba erosiones en cara, rodillas y en el dorso de las manos, así como piedras de la zona del jardín en la boca, lo que demostraría que el cadáver fue arrastrado.

La instrucción del caso, como en el de Lucía Garrido, la dirigió el teniente de la Guardia Civil Valentín Fernández, amigo de Manuel Alonso. Fue archivado por la jueza al no encontrar indicios de criminalidad. Alonso actuó así en legítima defensa. Un año después fue detenido por tráfico de drogas. En el verano de 2016 el teniente, Manuel Alonso y otras personas más fueron condenadas a prisión. Al teniente Valentín Fernández le impusieron 10 años de cárcel. A Alonso, tres y medio. Ahora esperan respuesta a los recursos que presentaron.

Pero, ¿qué buscaban aquellos asaltantes colombianos? Más tarde se supo que no iban solos. Y que buscaban un alijo de cocaína.
La llegada de Asuntos Internos

El caso de los dos colombianos se archivó por primera vez el 18 de diciembre de 2009, ocho meses después de los hechos. Se reabrió el 19 de octubre de 2017 por las aportaciones hechas por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil y por la presión de la AUGC. Pero de nuevo se volvió a archivar el 13 de septiembre de 2019 por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.

Amador Pérez Luque fue uno de los ex guardias civiles que salió absuelto del juicio por el crimen de Lucía Garrido.

Amador Pérez Luque fue uno de los ex guardias civiles que salió absuelto del juicio por el crimen de Lucía Garrido. E. E.

Sin embargo, Asuntos Internos, cuya participación fue clave para celebrar el reciente juicio por la muerte de Lucía Garrido, llevaba años investigando a instancias del Juzgado número 1 de Violencia de Género de Málaga. En concreto, desde octubre de 2014.

Los investigadores alumbraron las partes más sombrías de ambos casos. Por ejemplo, que Manuel Alonso nunca estuvo en Sanlúcar de Barrameda el 30 de abril de 2008, cuando muere su exmujer. Los agentes se personaron en la tienda de animales donde dijo haber estado Alonso aquel día. El dueño dijo que llevaba años sin verlo por allí. Durante el juicio oral daría una tercera versión: contó que iba a ir, pero que finalmente no lo hizo.

El 3 de febrero de 2016, el SAI envió un escrito al juzgado. En él se señalaba que la finca Los Naranjos se usaba como almacén de drogas. Explicaron que habían llegado a la conclusión de que, en base a los indicios y testimonios recabados a partir de siete testigos protegidos, los dos colombianos muertos acudieron a aquel inmueble junto a otras tres o cuatro personas más a robar droga, entre 300 y 600 kilos de cocaína, según uno de los testigos. Según otro, 500 kilos de coca y 1.000 de hachís.

“Como parte responsable de la planificación del supuesto robo se señaló a guardias civiles corruptos de Málaga vinculados al tráfico de drogas”. Esto, añadía dicho informe del SAI, “sostenía el móvil del crimen de Lucía”, quien se había convertido en “un elemento incómodo” para Amador y sus compinches.

Uno de esos testigos protegidos explicó que “la persona que protegía la droga en la finca y que también mató a los dos colombianos está directamente relacionado con la muerte de la mujer que apareció en la piscina de esa finca (...)”. Dijo que no podía aportar más datos, pero señaló quien sí podía hacerlo: un tal Ruki, que resultó ser Alexander Jiménez Bonilla, otro colombiano.

Pero Ruki fue asesinado el 17 de septiembre de 2017, sobre las 19.15 horas, cuando estaba dentro de su coche en una calle de Mijas. Una moto se paró a su lado y un sicario lo acribilló a tiros. No piensen que es una escena sacada de la serie Narcos. Pasó en la vida real. En el sur de España. Ruki se llevó su verdad a la tumba.

Asuntos Internos descubrió también que la llave encontrada junto a una tinaja el día que muere Lucía Garrido contenía restos biológicos de una persona. El 28 de enero de 2015, el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil presentó un informe que señalaba que había encontrado ADN de Ángel Vaello García, alias El Rana. Se encontraron vestigios genéticos de una segunda persona, pero nunca se supo de quién. “Denota que actuó por encargo”, dijo el SAI.

Los investigadores supieron también que la banda de Ruki, padrino de la hija de El Rana, encargó el asalto a la casa de Manuel Alonso el día que murieron los dos colombianos. Los testigos protegidos contaron al SAI que Ruki “era intermediario de guardias civiles corruptos”. En mayo de 2009 se había detenido a los guardias civiles Amador Pérez Luque, un tipo con suerte al que le tocaba de forma recurrente la Lotería y quien tenía un castillo como casa, y a José Antonio Bandera. Se les acusó por los delitos de detención ilegal y robo con intimidación.

Uno de los testigos protegidos contó al SAI que Amador Pérez Luque, al que ya había señalado la DEA estadounidense y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial Antidroga de Málaga por tráfico de drogas y blanqueo, encabezaba un grupo criminal dedicado al narcotráfico de cocaína y hachís. La banda se hacía llamar Los Niños de Fuengirola.

El testigo explicó también que a ese clan pertenece El Rana, el hombre del que encuentran ADN en la llave que aparece en la escena del crimen de Lucía Garrido. ¿Pudo el exguardia civil Amador Luque, en connivencia con Manuel Alonso, pedirle a El Rana que matara a Lucía Garrido? Es la principal hipótesis que se manejó durante la investigación. A ambos les sobraba la presencia de Lucía y de su hija en la finca Los Naranjos.

Asuntos Internos sostiene que el día del asesinato de Lucía Garrido, Amador Pérez Luque y José Antonio Bandera estaban trabajando juntos de 14 a 22 horas, y que la finca estaba en sus competencias territoriales ya que estaban destinados en el cuartel de Coín.

Por otro lado, el día que murieron los dos colombianos, ambos trabajaron juntos también de 14 a 22 horas, aunque ampliaron esa misma mañana su turno de 22 a 6 de la mañana, por lo que estuvieron trabajando 16 horas de forma ininterrumpida. Se modificó el planillo de turnos “sin motivo oficial alguno”, señaló el SAI.

El 27 de enero de 2016, Ángel Vaello García, alias El Rana, pasó a disposición judicial tras su detención. Negó su participación en los hechos y acusó al ya exguardia civil Amador Pérez Luque como autor intelectual del crimen de Lucía Garrido. Los investigadores entienden que en aquel tiempo Amador Pérez Luque ya estaba usando la finca de Manuel Alonso como guardería de droga.  Ante “la posibilidad de que hubiera fuga de información a través de Lucía -sostuvo el SAI- se acordó su ejecución”.

Entre las muchas escuchas que se intervinieron por parte de la Guardia Civil y que analizaron los agentes de Asuntos Internos, hay una que resulta especialmente llamativa. La protagoniza el cabo primero de la Guardia Civil Vidal Torres Aguilar. Habla con una persona a las 10.33 horas del 3 de febrero de 2015. Luego, por otro caso distinto, fue imputado por cohecho.

El agente dice: “Están viendo el tejemaneje que tenían parte de los miembros, porque como al nuevo [teniente Valentín Fernández] lo han detenido por tráfico de drogas y a oficiales de la Guardia Civil y a componentes del cuerpo también por lo mismo, han visto la relación que posiblemente (...) la sospecha de que se hayan anulado pruebas porque estaban todos metidos en una trama de narcotráfico. Han favorecido a este tío [Manuel Alonso], entiendes”.

Asuntos Internos aportó al Juzgado número 1 de Violencia de Género de Málaga, que instruía el caso de Lucía Garrido, un informe sobre el teniente Valentín Fernández: “No puede obviarse su intervención en todo este entramado. Es el responsable de las investigaciones que se llevaron a cabo por la muerte de Lucía Garrido Palomino como la de los dos colombianos a manos del propio Manuel Alonso. Así, nos encontramos antes crímenes sucedidos en un año cuyo esclarecimiento era dirigido por la misma persona”.

El SAI también aportó una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, que ya iba detrás de la banda de Los Niños de Fuengirola. La UDYCO concluye que las armas que llevaban los dos colombianos la noche del 25 de abril de 2009 se las facilitó Ruki, a la postre asesinado en Mijas. “En dicho asalto, participaron también Mario Guevara Sanabria, alias Víctor, y El Flaco, que reside en Marbella”.

Otro testigo protegido fue más allá. Dijo que la noche que matan a los dos colombianos, en la puerta de entrada a la finca hay dos coches: uno, un Patrol con las luces apagadas, y otro de color blanco también sin luces. “Uno era de la Guardia Civil”, dijo. Añadió que pudo ver cómo los agentes “sacaban por encima del muro de la finca” algunos bultos que metieron en los coches, y que se marcharon antes de que llegaran las patrullas a ver qué había sucedido en la finca del tiroteo.

Finalmente, este caso se archivó el pasado septiembre. La investigación de Asuntos Internos sirvió para llevar a juicio a Manuel Alonso, exmarido de Lucía Garrido, los dos exguardias civiles Amador Luque y José Antonio Bandera, y también a Vaello, alias El Rana. Pese a todo, fueron absueltos. El juicio, según Rosa Garrido, hermana de la fallecida, “fue una broma, una pantomima, un absurdo”. Sintió que “se rieron” de la figura de su hermana muerta y de la de su hija, que ha puesto tierra de por medio con Málaga.
El juicio: ya no hay ADN

Durante la investigación de Asuntos Internos, varios agentes de la Guardia Civil trataron de saber qué compañeros eran los encargados de las pesquisas. El fiscal sostuvo que eran mandados por su excompañero Amador Pérez Luque. Para ello accedieron a los archivos y buscadores internos del cuerpo. La Benemérita abrió expediente a 12 agentes. Uno de ellos se suicidó dos meses antes del arranque del juicio por la muerte de Lucía Garrido.

Una de las pistolas, todavía con munición, halladas en la escena del crimen de los dos colombianos.

Una de las pistolas, todavía con munición, halladas en la escena del crimen de los dos colombianos. E. E.

La acusación particular solicitó 25 años de prisión para los cuatro acusados, aunque para el exmarido pedía otros tres por maltrato, y para el autor material cuatro más por allanamiento de morada. La Fiscalía, en cambio, pidió 23 años y medio de prisión para el acusado que estaba considerado presunto autor material del crimen, apodado El Rana, y para uno de los ex guardias civiles, Amador Pérez Luque, como cómplice. A Manuel Alonso y al exagente José Antonio Bandera no les imputó delito alguno.

El primer día de juicio la acusación particular dijo en la sala de vistas que a Lucía Garrido le había fallado “todo el mundo, menos su familia”: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las asociaciones feministas, el juzgado de Violencia de Género, los servicios sociales…

Por su parte, la Fiscalía le expuso al jurado popular del caso que el entorno del ex guardia civil Amador Luque trató de identificar a uno de los testigos protegidos -quien se encuentra en paradero desconocido- para tratar de que se retractara, que se buscó a un sicario para matarlo y que promovió un “acceso clandestino” a las bases de datos de la Benemérita para contravigilar a los agentes de Asuntos Internos y obtener información sobre ellos.

Tras ocho sesiones de juicio, los cuatro acusados fueron declarados no culpables, por lo que resultaron absueltos. La absolución de Manuel Alonso, ex de Lucía Garrido, y del acusado como autor material de su muerte contó con seis votos a favor de la culpabilidad de ambos y tres en contra. La Ley del Tribunal del Jurado obliga a un mínimo de siete votos a favor de los nueve componentes para condenar al acusado. Amador Pérez Luque fue considerado no culpable por ocho votos a uno, mientras que José Antonio Bandera lo fue por unanimidad.

El jurado popular consideró probado que los dos ex guardias civiles y Manuel Alonso se conocieron tras la muerte de Lucía Garrido y no antes, como declararon en la vista oral. Sin embargo, no tuvieron en cuenta la declaración de la nueva esposa de Manuel Alonso, quien dijo por dos veces que su marido y los dos exagentes se conocieron con anterioridad a la muerte de Lucía Garrido. También pusieron en duda las pruebas de ADN efectuadas a los restos hallados en una llave y que inculpaban al supuesto sicario. Además, no dieron credibilidad a lo contado por un testigo protegido.

El juicio no estuvo exento de polémica. De hecho, el fiscal pidió la suspensión durante la quinta sesión. Lo hizo en base a la duda que se generó en la sala sobre la muestra de ADN recogida de una llave que se encontró detrás de una tinaja durante la inspección ocular del crimen de Lucía Garrido. La tesis de la investigación era que el asesino usó esa llave para entrar a la finca y abordar por sorpresa a Lucía, y que la perdió durante el forcejeo.

Esta muestra, según las acusaciones, contenía ADN de Ángel Vaello García, El Rana, sentado en el banquillo de los acusados como presunto autor material del crimen. Sin embargo, especialistas de la Guardia Civil indicaron en sede judicial que en un primer informe no se obtuvo ADN de las muestras de la llave y que, en el último de ellos, tampoco.

Toda la duda se sembró sobre el segundo informe, que es el que apuntaba al procesado y que realizó Asuntos Internos. Uno de los guardias civiles que trabajó en él no supo explicar de dónde procedía el ADN que, supuestamente, vinculaba al sospechoso. “Si se han ampliado muestras es porque existían”, insistió el agente de la Benemérita.

Aun así, reconoció que él no trabajó en el análisis de esas muestras directamente, sino con los resultados. Además, los guardias civiles del primer informe señalaron que, si no se obtiene ADN de las muestras, estas se suelen destruir. Por ello, se puso sobre la mesa la duda de que no se sabe de dónde salen las muestras que apuntan a El Rana.

Pero el guardia civil de Asuntos Internos explicó que lo que se hizo en el segundo informe fue usar una nueva tecnología que podía detectar rastros de ADN que anteriormente no se podrían haber registrado. Esta técnica permitiría amplificar los rastros obtenidos. El jurado no le dio validez.

Lucía Garrido tenía 48 años y era madre de una niña de 12 cuando apareció muerta en la piscina de su casa.

Lucía Garrido tenía 48 años y era madre de una niña de 12 cuando apareció muerta en la piscina de su casa. Marcos Moreno

La inmensa mayoría de testigos que declararon en el juicio pronunciaron las palabras “no lo recuerdo”, aludiendo a que el caso ocurrió hace 11 años. Por ello, ni algunos de los agentes que participaron en el caso pudieron recordar los detalles, ni vecinas, amigas y otras personas llamadas a declarar pudieron siquiera confirmar lo que habían declarado en su día ante la Guardia Civil. La sombra del miedo sobrevoló la sala de vistas. En la calle sigue la persona que mató a Lucía Garrido, la mujer con cuya muerte destapó la corrupción de la Guardia Civil en Málaga.




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« Respuesta #2981 en: 18 de Noviembre de 2019, 07:22:09 am »

El juez decreta el archivo de la pieza leonesa de la Operación Enredadera

 El último informe de la Udef no encuentra datos de interés y el fiscal rechaza más diligencias


Miguel Ángel Zamora
15/11/19

La pieza leonesa de la Operación Enredadera quedó archivada ayer por decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de León, Fernando Javier Muñiz Tejerina, que recoge la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo a la cual se solicita el sobreseimiento «puesto que analizadas las correspondientes intervenciones telefónicas y los expedientes de contratación intervenidos, concluimos que las observaciones de las comunicaciones registradas no podrán ser entendidos nunca como delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o fraude en la contratación, de acuerdo a los fundamentos jurisprudenciales expuestos». Por eso el magistrado entiende que «de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la causa», por cuyo motivo se decreta el sobreseimiento.

Juan Muñiz Bernuy, del Bufete Muñiz Bernuy Abogados y letrado defensor de José Luis Ulibarri, mostró ayer su satisfacción por la decisión y se mostró esperanzado respecto al sobreseimento de la pieza correspondiente a Astorga.

    El magistrado considera que de las actuaciones «no se justifica la perpetración de delitos»

Las sospechas iniciales se dirigían hacia José Luis Ulibarri Cormenzana, Ángel Luis García Martín, Miguel Hernán Manovel García, Sadat Maraña, José María López Benito, Juan José Simón Callejo, Miguel Martínez Puente y Javier Herrero. Se les investigaba por tres presuntos delitos que no se han podido probar.
 
De la malversación de caudales públicos se considera en el auto del magistrado que «no hay base como para dirigir la investigación penal puesto que no es sostenible entender que los cargos públicos con respecto a los que se dirigen las presentes actuaciones hubieran infringido el deber de administración leal de los fondos públicos». En lo tocante a la acusación de un supuesto delito de fraude en la contratación, «habiendo examinado 18 expedientes objeto de requisación y las sociedades que resultaron finalmente adjudicatarias en el seno de los mismos, no se puede inducir un concierto de voluntades entre servidores públicos y los empresarios implicados en esta investigación que devengara en la conducta penal estudiada».

    «No se puede inducir un concierto de voluntades entre servidores públicos y empresarios»


Similar argumento se utiliza en lo tocante a la acusación del delito de tráfico de influencias: «Las sociedades que han resultado adjudicatarias en el seno de los expedientes no pueden inducir un prevalimiento que devengue responsabilidad criminal en los terminos expuestos».


INSTRUCCIÓN ACABADA

Concluida la fase de instrucción «no quedan diligencias pendientes de practicar», explica el magistrado en el auto. El apartado de fundamentos de derecho recoge además afirmaciones tajantes: «No se aprecia que deba continuar esta instrucción con un carácter meramente prospectivo, manteniendo indefinidamente el estatus de investigados a las personas a las que se comunicó tal condición». El magistrado asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y resuelve el archivo de las actuaciones.

    Para el magistrado, el tráfico de influencias no tiene sustento legal para  mantener la acusación

Manifiesta el fiscal Jorge Andújar que las conversaciones mantenidas «pudieran resultar inicialmente sospechosas», circunstancia que justificaría los autos de intervenciones telefónicas «así como las restantes medidas dispuestas», pero una vez que no se ha encontrado actuación delictiva alguna «concluimos que las actas, sin conexión con expedientes de contratación pública, no podrán ser entendidos como delito de malversación».

«SÓLO CABÍA ARCHIVARLO»
 

«Era la única resolución posible que cabía adoptar», aseguró ayer el letrado Juan Muñiz Bernuy. «Ante la ausencia de comportamiento delictivo y ni tan siquiera irregular de mi defendido solamente cabía el sobreseimiento».

    Juan Muñiz Bernuy, letrado defensor de varios  investigados, mostró su satisfacción por el auto

Las actuaciones incluyen un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de acuerdo al cual «no se ha podido correlacionar ninguna empresa adjudicada en los expedientes de obra pública propiedad de ninguno de los investigados con las conversaciones telefónicas más comprometedoras efectuadas por estos».
 
La Udef priorizó en la investigación «a las personas ligadas al Ayuntamiento de León». Luego «se procedió a extraer de las bases de datos la totalidad de las conversaciones, que fueron leídas una por una para separar las referidas al Ayuntamiento de León» y comprobar después si se podían inferir irregularidades en la contratación. No se halló ninguna.



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« Respuesta #2982 en: 27 de Noviembre de 2019, 16:12:14 pm »



Detenidos un policía nacional y un funcionario de la Oficina del DNI en Melilla


   
MELILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente del Cuerpo Nacional de Policía y un funcionario de cuerpos generales, ambos destinados a la unidad de gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI), han sido detenidos en Melilla.

Según ha informado un portavoz de la Delegación del Gobierno, a los detenidos se les acusa de ser los presuntos autores de varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, falsedad documental y exacciones ilegales.

La Delegación del Gobierno no ha querido dar más detalles sobre los dos funcionarios, que se encuentran en estos momentos detenidos y prestando declaración en la Jefatura Superior de Policía, a la espera de que pasen a disposición judicial a lo largo de este martes o mañana miércoles.

Una unidad de asuntos intentos de la Policía Nacional llegada desde Madrid se ha encargado de la investigación y ejecución de estas detenciones en la oficina en la que expiden DNI y pasaportes.

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« Respuesta #2983 en: 29 de Noviembre de 2019, 07:46:09 am »

EXCLUSIVA | La mafia policial de Palma La cúpula policial balear destrozó la carrera de dos inspectores para proteger al capo Cursach

'Público' ha obtenido el audio de la conversación telefónica en la que el subinspector Miguel Ángel Blanco reconoce que está sufriendo un calvario porque ya no tiene dinero ni para pagar el colegio de sus hijas, después de haber sido suspendido por negarse a hacer un informe falso imputando al fiscal anticorrupción una filtración, como le ordenaron los tres más altos mandos de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, con la finalidad de dar al traste con la instrucción del caso Cursach.

palma de mallorca
27/11/2019 22:24 Actualizado: 27/11/2019 22:24

carlos enrique bayo @tableroglobal

Las maniobras de la cúpula policial de Baleares para proteger el entramado mafioso de Bartolomé Cursach –según la querella presentada por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán contra los tres más altos mandos del CNP en Palma– han destrozado las carreras del inspector, subinspector y agentes del Grupo de Blanqueo que investigaban las operaciones ilícitas del empresario conocido como "el rey de la noche". Hasta el punto de que la presión económica que padecen tras ser suspendidos está haciendo que alguno de ellos se plantee cambiar su testimonio al verse sin medios para atender a las necesidades de su familia, tal como se puede escuchar en el audio obtenido por este diario.

Se trata de una conversación telefónica entre el fiscal Anticorrupción de Baleares Miguel Ángel Subirán –apartado de la causa tras haber investigado durante años el caso Cursach– y el subinspector Miguel Ángel Blanco, en el que hablan sobre cómo dicha cúpula policial le ordenó que elaborase un informe falso atribuyendo a ese fiscal la filtración de un informe policial sobre el presunto fraude multimillonario a Hacienda y la Seguridad Social por parte del imperio de Cursach.


Penalva y Subirán han ratificado recientemente su querella por supuesto delito de falsedad documental contra esos tres mandos ´de la Policía Nacional de Baleares –el ex jefe superior Antonio Jarabo, el comisario José Luis Santafé y el inspector-jefe Antonio Suárez–, aportando como prueba esta grabación telefónica, en la que queda claro que fueron ellos quienes idearon ese montaje policial para dar al traste con la instrucción judicial de toda la causa contra la trama mafiosa de Cursach.
La querella de juez y fiscal contra la cúpula policial balear

Tal como afirman juez y fiscal en su querella –a la que ha tenido acceso Público–, "el Sr. Suárez ideó y ordenó la elaboración de un informe policial predeterminando su resultado, concretamente solicitándose expresamente que la conclusión del Informe fuese que habían detectado filtraciones a la prensa y que estas eran imputables al Sr. Subirán".

Y este plan lo pusieron en práctica, según la querella de juez y fiscal, en julio de 2018 a pesar de que el propio autor del informe, el inspector José Luis García que encabezaba el Grupo de Blanqueo, ya había confesado que fue él mismo quien lo entregó a los medios de comunicación. Hecho que, por otra parte, no constituía un delito, puesto que en aquel momento esa pieza de la causa no estaba bajo secreto sumarial.

La querella de juez y fiscal asegura, literalmente:

"A pesar de lo anterior, y por tanto a sabiendas de quien era el supuesto autor de la supuesta filtración, durante el mes de julio de 2018, el Sr. BLANCO fue emplazado por el Sr. SUÁREZ, para que le acompañara al despacho del Jefe Superior, el Sr. JARABO".

"En el despacho se encontraba, además de los anteriores, el Comisario SANTAFÉ, que tomando la palabra ordenó (en nombre propio y del Sr. JARABO Y Sr. SUÁREZ) que tenía que SIMULAR UNA INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE CONCLUYERA QUE LA FILTRACIÓN PROVENÍA Y HABÍA QUE "COLOCÁRSELA" AL FISCAL".

"El Sr. BLANCO preguntó, "qué fiscal" y el Sr. SANTAFÉ le manifestó, sin más explicaciones, que "al fiscal Subirán".

"El Sr. BLANCO, se negó a cumplir lo que se le ordenaba, y así se lo hizo saber a sus superiores, quienes en su presencia y concretamente el Sr. JARABO, concluyó que se "consultaría a Madrid sobre lo que había que hacer".

El escándalo de los móviles de periodistas y whatsapps

Después de esa encerrona, el subinspector Blanco relató al fiscal Subirán lo que había ocurrido y este último informó al fiscal superior, Bartolomé Barceló, pero no llegó a tomarse ninguna iniciativa por parte de la Fiscalía. En cambio, la estrategia para desactivar la investigación sobre el entramado Cursach siguió su curso, llegando incluso a intervenirse e incautarse teléfonos de periodistas con el fin de hallar chats privados de los integrantes del Grupo de Blanqueo con el juez y el fiscal.

Tras el escándalo levantado por la filtración a los medios de esos whatsapps –filtración de unos datos que sí eran secretos y privados–, el fiscal fue apartado de la causa y los policías suspendidos, dejándolos sin casi ingresos durante largos meses. Fue en este periodo cuando se produjo la conversación telefónica entre el fiscal Subirán y el subinspector Blanco, en la que este último le explica que no puede mantener la denuncia de las órdenes ilegales que le dieron sus superiores porque tiene que cambiar de estrategia legal ante el gravísimo apuro económico en el que se encuentra.

Lo que no queda claro es cómo puede llegar a beneficiarle económicamente esa nueva estrategia procesal.

A continuación, reproducimos los extractos más relevantes de esa conversación:
"Perdona, es que estoy suspendido, tengo mis hijas..."
S: "Suárez, Santafé y Jarabo te dijeron que te metieras con el fiscal, ¿verdad?"
B: "Sí, sí, eso es así, Subi, yo nunca he dicho una mentira de nada, pero es que yo de todo esto..."

SUBIRÁN: Bueno pues tu tuviste, me parece una reunión, no sé con quién… me parece que me dijiste que con Suárez, Santafé y Jarabo, ¿verdad?, en la que te decían aquello de que todo apuntaba al fiscal y que te metieras con el fiscal.
BLANCO: Sí, sí, eso es así, Subi, yo nunca he dicho una mentira de nada, pero es que yo de todo esto...
S: No, no, ya sé que no me mentiste, pero aquel día me demostraste al contarme esto que eres especial, especialmente amigo.
B: Sí, ya lo sé, pero es que ahora estamos en una situación ya… es que me estoy poniendo nervioso, tío. Es que estamos en una situación Subi…muy mala. Y perdona, es que estoy suspendido, tengo mis hijas, tengo que mirar por mi puto ombligo, tío.
S: Escúchame, escúchame, que yo no quiero... Vamos a ver, vamos a ver…
B: Que no, que no, Subi, que no quiero hablar, tío.
"¿Sabes mi sueldo después de 24 años? Me he convertido en un puto mileurista y yo miro por mis hijas"...
S: "La filtración me la querían colocar a mí Jarabo, Santafé y Suárez"...
B: "Pues claro que sí, pero no fue Jarabo, fue Santafé, Santafé"

SUBIRÁN: Vamos a ver, ¿eh?
BLANCO: No quiero tío, no quiero... Yo miro por mis hijas. Escúchame: hoy me han dado un certificado. ¿Tú sabes, mi sueldo después de 24 años? ¡Me he convertido en un puto mileurista, tío! O sea...
S: Michael.
B: O sea me da igual Subi, yo te quiero mucho pero no podemos, no puedo.
S: Michael, Michael, Michael…
B: Te agradezco tus palabras pero es que yo…no puedo, me siento mal
S: Michael, Michael, joder que yo no estoy hablando por Iván, yo estoy hablando de lo que estamos haciendo con un abogado, Manuel Penalva y yo; y Manuel Penalva además no quería que hablara contigo pero yo, escúchame joder Michael, otra cosa no, pero cabeza tienes tío; Manuel Penalva no quería es más, no creo que le haga ni puta gracia que esté hablando contigo ahora y yo le dije, mira, yo le debo el paso adelante que dio el tío que le faltó el tiempo para avisarme de que además la puta filtración del informe de José Luis me la quería colocar a mí Jarabo, el comisario Santafé y Suárez...
B: Pues claro que sí, pero no fue Jarabo, fue Santafé, Santafé.
S: Y yo estoy en eterno agradecimiento contigo. Por lo demás, te voy a respetar.
"A mí la dignidad no me va a pagar la hipoteca ni el cole de las niñas, que como siga así no voy a poder pagar"...

BLANCO: ...No puedo Subi… es que estoy destrozado, no puedo, te agradezco la llamada en el tema personal pero es que no podemos hablar.
SUBIRÁN: ¿Qué no podemos hablar? Bueno, pues...
B: No es que no podamos hablar, es que, bueno tío que no sé, que esto es una grandísima mierda y yo siento mucho donde estamos, pero a mí la dignidad no me va a pagar la hipoteca ni me va a pagar el cole de las niñas. Que como siga así no voy a poder pagar. Entonces yo miro por mi puto ombligo ya… y yo siento mucho lo que ha pasado tío, y de verdad que te tengo en el puto corazón y cuando te dije eso, es que te quiero a muerte siempre pero esto nos ha llevado a una auténtica mierda tío y yo lo siento. Es que no sé qué decir, no sé qué decir.
S: "Jarabo, Santafé y Suaréz, nada menos que la cúpula, querían que tú hicieras un informe en el que yo fuera el filtrador, cuando yo no tenía ni siquiera ese informe"
B: "Sí, sí..."

S: Bueno mi teléfono es el de siempre. A tú disposición y no es necesario ni siquiera que, que... No te voy a insistir más, pero sí que he llevado mal el tiempo que no sabía nada de ti. Preguntaba a Manuel, preguntaba, en fin, preguntaba qué sabéis de éste y nadie, nadie me decía nada… Y te voy a decir una cosa, y yo te lo digo: hemos podido demostrar que el atestado está manipulado completamente. Me gustaría hablar contigo más despacio de esto al margen de que llames o no llames a tu abogado, porque además el que decides eres tú. Porque como dices es tu hipoteca, son tus hijas. Yo no te lo voy a decir más veces. Siempre te he querido mucho porque me pareces un tío responsable, me pareces un tío profesional y además me pareces un buen amigo y me pareces muy honrado y mucha honestidad cuando te faltó el tiempo para avisarme que nada más y nada menos que Jarabo, el comisario Santafé y Suárez, nada más y nada menos que la cúpula [de la Policía Nacional de Baleares], querían...
B: Sí, sí.
S: …querían que tu hicieras un informe en el que yo fuera el filtrador, cuando yo no tenía ni siquiera ese informe. Yo por eso, por eso te debo, vamos, te debo todo lo que sea. Y espero que le des una vuelta a la cabeza y que me des la oportunidad de volver a recuperar la amistad aunque luego decidas lo que tengas que decidir y tengas la estrategia que tengas que tener con tu abogado, en la que yo no me voy a meter.
B: No es que el que a lo mejor el que no quieres ser mi amigo eres tú, porque yo tengo mi estrategia, Subi, yo lo siento mucho; es que estoy muy triste, tío, esto es una puta mierda. Pero es que esto… no sé, esto es un compromiso para mí.
S: Bueno .
Cambio de versión en testimonio ante la jueza

Hace dos semanas, los cuatro miembros del Grupo de Blanqueo investigados por, supuestamente, manipular las investigaciones del caso Cursach, testificaron ante la jueza. Tres de ellos se ratificaron en sus anteriores declaraciones y negaron rotundamente las irregularidades que les atribuyen los atestados de la Policía Judicial encargados por Suárez, Jarabo y Santafé. Pero el subinspector Blanco se desmarcó por completo de lo que había afirmado anteriormente, calificando la instrucción de "enfermiza" y poniendo en duda la fiabilidad de algunos de los testigos protegidos.

Sin duda, un radical cambio de "estrategia" procesal que –tal como reconoció Blanco en su conversación con Subirán– "a lo mejor" hace que el fiscal deje de querer seguir siendo amigo del subinspector.

No obstante, hay más grabaciones de audio que parecen demostrar las alegaciones del juez Penalva y el fiscal Subirán de que fue la cúpula policial de Palma la que organizó toda una estrategia para invalidar la causa y proteger al capo Cursach, incluso ordenando tajantemente a los integrantes del Grupo de Blanqueo que dejaran de investigar los claros indicios y numerosas denuncias de graves delitos cometidos por el entramado mafioso del "rey de la noche".
...CONTINUARÁ



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« Respuesta #2984 en: 30 de Noviembre de 2019, 07:06:03 am »

    Prisión sin fianza para un policía local de Adeje

    Se le acusa de una lista de nueve delitos que incluyen por cohecho y extorsión.

29/11/2019
El Juzgado de Instrucción número 4 de Arona (Tenerife) ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de un policía local del Ayuntamiento de Adeje, como presunto autor de una lista de nueve delitos que incluye cohecho, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal.
EFE / Santa Cruz de Tenerife

La relación de cargos que se atribuyen a este agente local se completa con daños, prevaricación, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y negociaciones prohibidas a funcionarios, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La operación que ha llevado a la detención de este funcionario municipal implica a otros dos policías locales más, que ya han prestado declaración como investigados por extorsión y omisión del deber de perseguir delitos.

Ninguno de los dos ha sido arrestado ni el juez ha dictado ninguna medida cautelar sobre ellos tras interrogarlos, precisa el TSJC.

Hasta el momento, no ha trascendido en qué consisten los hechos delictivos que se atribuyen a los implicados en esta trama.


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« Respuesta #2985 en: 05 de Diciembre de 2019, 07:07:02 am »
Es Noticia


Condenada una policía de Castellón a año y medio de prisión por robar a dos compañeras en el vestuario
La agente hurtó joyas y dinero de las taquillas y recurrió sin éxito la sentencia de un juzgado, ahora confirmada
ABC
VALENCIA Actualizado:03/12/2019 19:42h

Una agente de la Policía Local de Castellón ha sido condenadaa un año y medio de prisión por robar a dos compañeras suyas joyas y dinero que guardaban en las taquillas de sus vestuarios, según la sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Castellón, dictada en primera instancia por un juzgado.

De esta forma, la Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la acusada y confirma íntegramente este fallo judicial, que condena a la mujer como autora responsable de un robo con fuerza, y le impone varios pagos por lo sustraído a las perjudicadas y por los daños en la taquilla del Ayuntamiento.

La sentencia recurrida declaró probado que la acusada, "guiada por ánimo lucrativo ilícito", el 17 de septiembre de 2015 se encontraba en las dependencias del vestuario femenino de la central de Policía Local de Castellón y se dirigió a la taquilla asignada a una compañera y, tras abrirla con la llave que se encontraba en la cerradura, se apoderó de un anillo de plata tasado en 49 euros y de 30 euros en metálico.

Así mismo, se dirigió a la taquilla que tenía asignada otra compañera y, tras violentar su cerradura, se apoderó de una pulsera de oro tasada en 139,79 euros y de 80 euros en metálico, y causó a la taquilla, propiedad del Ayuntamiento, daños tasados en 60 euros.

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« Respuesta #2986 en: 07 de Diciembre de 2019, 12:40:57 pm »


Condenados a medio año de cárcel dos guardias civiles por robar 8.000 euros a un diplomático en Ibiza


A los dos se les ha impuesto la inhabilitación para el empleo público de agente de la Guardia Civil durante el tiempo de la condena

Audiencia Provincial de Baleares - EP
03.12.2019 | 11:34 | E.P | Palma | Pitiusas y Baleares
La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado este martes a dos guardias civiles a medio año de cárcel, cada uno, por robar 8.000 euros a un diplomático árabe, aprovechando su cargo de agentes destinados en el puesto fiscal del aeropuerto de Ibiza.


Las defensas de los dos agentes ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que han reconocido los hechos y se ha evitado la celebración del juicio. Las penas han quedado sensiblemente rebajadas: la Fiscalía pedía originalmente para cada uno de los acusados una condena de cuatro años de cárcel.


Además, a los dos se les ha impuesto la inhabilitación para el empleo público de agente de la Guardia Civil durante el tiempo de la condena. Los dos agentes no ingresarán en prisión porque se les ha concedido la suspensión de la pena de cárcel, al reunir todos los requisitos, con un plazo de garantía de dos años.

Los hechos se remontan a septiembre de 2015, cuando el diplomático, representante de la embajada de Arabia Saudí en Francia, se disponía a tomar un vuelo desde el aeropuerto de Ibiza.


El diplomático fue interceptado con un sobre con dinero por un vigilante de seguridad en la zona de filtros. Uno de los guardias civiles llevó al hombre hasta una oficina anexa del Instituto Armado y allí, en un segundo cuarto dentro del mismo habitáculo, sacó el dinero, un total de 47.000 euros distribuidos en billetes de 500.

Los agentes extendieron el dinero en la mesa y explicaron al diplomático que la cantidad permitida eran 10.000 euros y que el resto era ilegal. Uno de los agentes llevó al hombre a otro cuarto con el pretexto de realizar gestiones en el ordenador mientras el otro cogió 6.000 euros. Además, juntaron cuatro billetes de 500 euros en la mesa, que se quedaron allí. Finalmente, el representante de la embajada árabe fue acompañado por uno de los agentes hasta la puerta de embarque.

La condena ha incluido una agravante de prevalimiento del carácter público pero una atenuante de reparación del daño, porque los agentes ya han consignado los 8.000 euros sustraídos, que este mismo martes se entregarán al perjudicado.

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« Respuesta #2987 en: 13 de Diciembre de 2019, 08:57:28 am »


El juez Morell procesa a 35 imputados en el caso Cursach por integrar una gran trama corrupta


La mayoría de los encausados son agentes y mandos de la Policía Local de Palma que se compincharon con empresarios de la noche para hundir a la competencia

Entre los procesados por Morell se encuentra el exjefe de la Policía Local, Juan Mut (d). - b.ramon
13.12.2019 | 01:44 | felipe armendáriz | Mallorca
El juez Enrique Morell dictó ayer un auto de procesamiento contra 35 personas, en su mayoría mandos y agentes de la Policía Local de Palma, otros funcionarios, un abogado y un antiguo regidor por integrar, durante años, una presunta trama de corrupción destinada a favorecer a empresarios de la noche de la ciudad, entre ellos Bartolomé Cursach, al que no nombra en la resolución, y perjudicar a la competencia. El auto supone un espaldarazo a la instrucción del caso Cursach que llevaron a cabo durante varios años el magistrado Manuel Penalva y el entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.


MÁS INFORMACIÓN
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La Audiencia mantiene al juez Morell en la instrucción del caso Cursach La fiscalía apoya que la jueza eleve al TSJB una exposición sobre Penalva y Subirán Los tres nuevos magistrados reactivan el caso Cursach tras meses de parón
Morell imputa a los 35 procesados hasta 15 delitos diferentes: prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de socorro, delito contra la salud pública, obstrucción a la Justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos.


Entre los procesados destacan el comisario Juan Miguel Mut, el exregidor de Seguridad Ciudadana Guillem Navarro, los agentes José Daniel Montesinos, Jaume Garau, Gabriel Torres, Gumersindo Calero, Carlos Vallecillo y Rafael Puigrós y los funcionarios de Cort Pedro Torres y Francisco Javier Llinás. También ha sido encausado un abogado conocido con el apodo de "El Conseguidor".

Morell enumera en los 34 folios de su auto los numerosos hechos delictivos que habría cometido la presunta trama de corrupción, entre la que tuvo una especial actividad la Patrulla Verde de Cort, la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales en discotecas, bares y otros locales públicos. También se mencionan a los GAPP y a las UII.


Dos niveles de la trama
Según el magistrado, la supuesta trama funcionaba en dos niveles: uno constituido por agentes y mandos de la Policía Local y otro integrado por funcionarios de Urbanismo de Cort. Los empresarios corruptos, que no han sido investigados en esta pieza separada, habrían marcado los objetivos a conseguir, tanto para favorecer sus negocios como para hundir a los de la competencia.

El auto también ve indicios delictivos en las filtraciones de exámenes para favorecer a determinados agentes en las pruebas de ascenso internas de la Policía Local a oficial. Estas corruptelas "pretendían perpetuar la trama delictiva" promocionando oficiales amigos. El juez apunta aquí la intervención de políticos interesados en que la organización delictiva policial creciera, pero no menciona a ninguno de los que fueron investigados, entre ellos los exregidores José María Rodríguez y Álvaro Gijón.

"De lo actuado en la causa se desprenden muy serios indicios de que existen numerosos e inconfesables intereses negociales (€) así como el goce de prebendas (sexo, consumiciones, drogas, ) por parte de numerosos policías locales y de algunas personas con puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Palma, precisamente en zonas o materias en las que intervenían por razón de su cargo, constituyendo una clara y contrastada asociación para delinquir y organización criminal", resume el magistrado.

Morell enumera los presuntos hechos delictivos atribuidos a cada procesado. Así al comisario Mut se le acusa de recibir sobres con sobornos de empresarios y de sancionar irregularmente a un policía que no estaba en la trama. Del exconcejal Guillem Navarro se dice que se compinchó con Mut para sancionar a ese agente.

El auto narra las supuestas extorsiones que sufrieron los locales de la competencia, las mordidas que recibieron los policías corruptos y los chanchullos que éstos tenían en forma de servicios de seguridad o de otra naturaleza, pagados por los empresarios corruptos o los que se sometían al chantaje.

El auto recoge otros episodios de presunta corrupción como la connivencia con carteristas rumanos que actuaban bajo el amparo de algunos agentes en el centro y la Playa de Palma. También se refleja la campaña de acoso e insultos homofóbicos que sufrió la entonces agente Sonia Vivas, hoy concejal en Cort por Podemos.

Sobre los funcionarios de Cort, el instructor sospecha que colaboraron desde sus puestos en los fines de la trama corrupta al ordenar el cierre de algunos locales de la competencia, "lo que les causó la ruina".

El auto menciona la "impunidad, falta de control y protección política" con la que se movía la presunta trama corrupta y explica que, con el tiempo, aumentó el número de víctimas al extenderse las coacciones, acoso e inspecciones manipuladas a otros locales de la noche.

Morell da 20 días a la fiscalía anticorrupción y a las acusaciones para que formulen sus escritos de acusación. El auto puede recurrirse ante la Audiencia.

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« Respuesta #2988 en: 19 de Diciembre de 2019, 14:45:47 pm »


'Fargo' a la toledana: historia del plan fallido de un guardia civil retirado y un sicario para matar al ex de su sobrina


Esta es la historia de un guardia civil retirado y un sicario de origen marroquí que a punto estuvo de convertirse en el mejor argumento para una secuela de la aclamada 'Fargo'.

laSexta.com

  Madrid | 19/12/2019

Un guardia civil retirado desde hace 15 años y un sicario de nacionalidad marroquí han sido detenidos en Villanueva de Alcardete, Toledo, por un delito de conspiración para atentar contra la vida del exnovio de su sobrina.


Resulta casi inevitable pensar en la aclamada película de los hermanos Coen. Salvando las distancias y sin caer en frivolidades, la historia guarda ciertos paralelismos con la trama de 'Fargo'. A saber: un plan macabro y con fisuras, un final con intereses encontrados y alguien poco fiable para materializar el plan.

El 'Fargo' a la toledana también salió mal. El sicario contratado se echó para atrás justo a tiempo. Justo antes de provocar una muerte que hubiera puesto patas arriba un pueblo de apenas 3.300 habitantes.

laSexta ha tenido acceso a la información del caso: el ex guardia civil contrató a este individuo para matar a la expareja de su sobrina, que sufría malos tratos por parte de este hombre, según ha declarado este hombre ante la Benemérita.

Vecinos de la localidad han explicado a este medio que, para acabar con su vida, el exagente le hizo entrega de 15.000 euros de un total de 45.000 que acordaron por asesinar a su exsobrino político y que pareciera un suicidio. A pesar de ello, los planes macabros del hombre se vieron truncados cuando el sicario se echó atrás y desveló todo el plan la persona a quién tenía el encargo de matar.

Además de contarle las pretensiones del guardia civil retirado le exigió el pago de 3.000 euros a cambio de entregarle todas las pruebas que apuntaban al tío de su expareja. Se trata de una versión de los hechos que la Guardia Civil no ha confirmado.

Tras saber de los planes para acabar con su vida, la víctima denunció los hechos ante la Guardia Civil, que inició una investigación el pasado agosto y que se ha saldado con la detención de estos dos hombres.

Los detenidos, de 52 y 34 años, se encuentran ahora en Quintanar de la Orden a la espera de pasar a disposición judicial por un delito de conspiración para atentar contra la vida.

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« Respuesta #2989 en: 20 de Diciembre de 2019, 15:30:58 pm »


Once policías procesados por fiestas gratuitas con cocaína y prostitutas en la discoteca Tito's de Palma



Presuntamente, el propietario buscaba sobornarlos para que acosaran a la competencia
Daniel Bellaco
19 de diciembre de 2019


Once mandos y agentes de la Policía Local de Palma van a ser procesados por sus fiestas gratuitas de alcohol, cocaína y prostitutas en un reservado de la discoteca Tito’s.

El juez Enrique Morell ha dictado auto de procesamiento contra los policías y tres extrabajadores del Grupo Cursach (propietario de la discoteca), entre ellos Bartolomé Sbert, mano derecha de Cursach.

Según afirman varios testigos protegidos, con estas orgías, Cursach sobornaba a los agentes invitándoles a la sala vip del establecimiento donde tenían sus fiestas privadas de sexo y drogas.
Presuntamente el propietario buscaba que los policías acosaran los negocios de la competencia y apoyaran los suyos.

Tres jueces van a ser los encargados de juzgar el caso después de que se descartara que lo hiciera un tribunal popular. Al incluir un delito de cohecho un juzgado popular podía emitir su veredicto  pero tras una instrucción agitada, será finalmente Morell y dos magistrados más los que decidan al respecto.

Fiscalía anticorrupción ha pedido 8 años de cárcel para los acusados que se declaran inocentes afirmando algunos de ellos que no entraron durante años en la famosa discoteca situada en el Paseo Marítimo de Palma. Ahora, el Ministerio Público deberá formular nuevamente su escrito de acusación contra los procesados

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« Respuesta #2990 en: 22 de Enero de 2020, 07:38:37 am »

Fermín, el policía que jugó a ser custodio de los narcos


20/01/2020

La noticia de la detención de 17 personas en Gran Canaria relacionadas con un gran entramado delictivo dedicado, en mayor medida, al tráfico de drogas y que tenía como principal cabecilla al agente de la Policía Nacional Fermín C. V. R., ha sacado a la luz como este funcionario se hacía valer de su condición de agente de la autoridad para convertirse en un auténtico custodio y conseguidor de los presuntos capos de cuatro redes dedicadas al crimen organizado que actuaban en la isla. Incluso, en una ocasión, uno de ellos al que apodaban El Químico, le dijo «tienes mi vida en tus manos», cuando preparaban el desembarco en el sur de un importante cargamento de hachís.

Francisco José Fajardo
Juan Carlos Alonso
Las Palmas de Gran Canaria

Según la investigación realizada en conjunto por el Grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos, el Grupo I de Udyco Las Palmas – ambos de la Policía Nacional–, el Equipo contra el Crimen Organizado de Canarias de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, los 17 investigados en esta operación habrían llevado a cabo modalidades delictivas asociadas a infracciones criminales contra el patrimonio, delitos contra la salud pública, cohecho, extorsión, omisión del deber de perseguir delitos, receptación, infidelidad en la custodia de documentos y blanqueo de capitales, algunos de ellos incluso en el marco de auténticas organizaciones criminales.
El agente estaba apoyado presuntamente por su esposa y sus hermanos

Esta compleja investigación iniciada en 2018 incluso tuvo un plus de dificultad debido a la particularidad de tener como encartado a un funcionario de la Policía Nacional, Fermín C. V. R., cuya labor principal y prevaliéndose de su condición como agente de la autoridad, fue la de dar seguridad y cobertura a la diferentes actividades ilícitas investigadas, revelando a los cabecillas de cuatro redes delictivas, información reservada e importante sobre metodologías de actuación policial.

Con el avance de la investigación, los cuerpos policiales vieron como cada vez iban apareciendo más implicados que participaban de las conductas ilícitas, lo que supuso una mayor complejidad si cabe en su descubrimiento.

El Policía Nacional Fermín C. V. R., apoyado presuntamente por su esposa –directora de una entidad bancaria que fue registrada– y de sus hermanos, colaboraba de una manera similar pero a diferente grado de participación con los líderes de estas cuatro redes delictivas que llevaron a cabo delitos de extrema gravedad, convirtiéndose en algunos casos en verdaderas organizaciones criminales.
Colaboraba de forma similar pero en diferente grado de participación con cuatro redes delictivas

Durante el transcurso de la investigación, en la que se llevaron a cabo actuaciones de aprehensión de importantes cantidades de drogas de diferentes tipos –como la operación en la que se capturaron 1.350 kilos de hachís en un velero, también se halló, al menos, un laboratorio de fabricación de sustancias psicotrópicas y otro de anabolizantes y esteroides, todos ellos en el sur de Gran Canaria donde se produjeron los registros más multitudinarios por parte de los agentes policiales encargados de esta macroinvestigación.

Durante toda la investigación, los agentes apreciaron como el policía Fermín C. V. R. se hizo vale de numerosas argucias para conseguir, en algunas ocasiones, no aparecer en las posibles auditorias que pudieran realizarse sobre las consultas que realizaba en las bases de datos de la Dirección General de la Policía, además de que engañó a los narcotraficantes asegurándoles que tenía amistad íntima con magistrados, con un agente de la Guardia Civil encargado del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y otro comisario destinado al control del acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.

El equipo de investigación no descarta llevar a cabo más detenciones en próximas fechas ya que la operación sigue en marcha.
Drogas, robos, extorsión...

El ‘asunto Kramer’: Robo de una joyería.

La investigación contra Fermín se inició a raíz de unas pesquisas llamadas Kramer y en la que el policía fue encartado por haber hecho vigilancia con el ruso Roman Prizov, autor de un robo perpetrado el 7 de abril de 2016 en la joyería Gold Kramer de Maspalomas y por el que fue condenado. En las cámaras se pudo ver que, al menos una chica estaba realizando las vigilancias en un coche propiedad del policía. En posteriores pinchazos telefónicos, el agente reconoció que «cometió un error» y «la cagué gorda» y luego, presumió de tener relojes de alta gama robados. También se interceptó una conversación en la que habló con alguien para vender joyas. No pudo ser procesado.

Robert G. S.: Información confidencial

El policía contactó con el polaco Robert G. S. en agosto de 2018 al que ofreció información sobre técnicas de detección de estupefacientes en el aeropuerto de Barajas y la encriptación de comunicaciones. El polaco contó al policía que tenía a alguien preparado en España para ir a Brasil para traer cocaína que al final no se llevó a cabo. También facilitó a los narcos comprobaciones de números telefónicos para que supieran si estaban siendo investigados, todo ello a cambio de dinero.

Alexis S. P. y Hafid M.: Correo humano y velero

Los investigados Hafid M. y Alexis S. P., junto al policía, planificaban introducir coca desde Sudamérica vía avión por el método correo humano. También pensaban traer hachís en un velero. Fermín iba a recibir 1.500 euros por asesoramiento. También Fermín dijo tener relaciones con magistrados que usaría para reducir la condena del padre de Hafid a cambio de 10.000 euros. Sobre esto último, extorsionó al investigado Alejandro Manuel M. A. para que le pagara los 10.000 euros diciéndole que si no lo hacía, no pararía una presunta investigación que pesaba sobre él y que no era real.

Ivo Emiel P. B.: La parte más compleja de la trama

El agente contactó con un belga llamado Ivo Emiel apodado el Químico por sus conocimientos en la elaboración de drogas. Ivo incluso llegó a montar un laboratorio en Ayagaures de drogas sintéticas y anabolizantes. En esta trama, los investigadores actuaron contra la introducción de 1.400 kilos de hachís por mar donde colaboró Fermín, cocaína vía marítima del Caribe y coca desde Guinea Bissau o Mauritania.
Atribuyen al agente 12 presuntos delitos.

Los investigadores determinaron, tras más de un año de investigación, que Fermín C. V. R. pudo haber cometido presuntamente dos delitos de cohecho, uno de conspiración para el tráfico de estupefacientes, uno de extorsión, dos de omisión del deber de perseguir delitos, uno de tráfico de sustancias psicotrópicas, uno de distribución ilícita de sustancias anabolizantes/esteroides, uno de tráfico de estupefacientes, uno de organización criminal, otro de blanqueo de capitales y uno de infidelidad en la custodia de documentos. En total suman 12 imputaciones.

Por su parte, Ivo Emiel P. B. pudo haber cometido, según los agentes, cinco delitos agravados por ser el jefe de una organización criminal, mientras que Werner H. L. V. B se enfrenta a tres delitos.

La esposa de Fermín es investigada por cinco delitos. A Bárbara B. E. se le persigue por receptación, tráfico de sustancias psicotrópicas, distribución ilícita de sustancias anabolizantes/esteroides, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, al igual que a los dos hermanos del agente que son Jorge Carmelo V. R. y Francisco Javier J. V. R.

En el caso de Alexis S. P., los investigadores creen que cometió cohecho y tráfico de estupefacientes, Hafid M. M. los de extorsión y también tráfico de estupefacientes, el mismo este último que se le atribuye a Alejandro Manuel M. A. Por su parte, Robert G. S. cometió supuestamente cohecho y conspiración para el tráfico de estupefacientes. Mohamed M. H., el supuesto líder de una de las cuatro organizaciones, está detenido por pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes, al igual que Fouad E. K y Dris M. T. De tráfico se acusa a Miguel M. A. y Juan Carmelo R. B. Ya en prisión se encontraban Gamal H. M. y Rachid N., detenidos por un alijo de 1.350 kilos de hachís aprehendidos el 2 de enero de este año 2020.


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« Respuesta #2991 en: 27 de Enero de 2020, 06:53:01 am »

Las fotos eróticas que la guardia urbana Rosa envió a su vecino 2 días después de calcinar a su novio

Según el sumario en poder de EL ESPAÑOL, su vida amoroso era un cuadrilátero. El muerto como los dos juzgados eran policías en Barcelona.
27 enero, 2020 02:35


David López Frías @lopezfrias

La noche del 1 al 2 de mayo de 2017, a una hora indeterminada (no antes de las 22:00) mataron a Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Aún se desconoce la autoría del crimen. Pero lo que sí se sabe es que entre su novia Rosa Peral y Albert López, el exnovio de ella (agentes también de la Guardia Urbana de Barcelona) trasladaron su cadáver en el maletero de un coche al pantano de Foix (Castellet y Gornal, Barcelona) y le pegaron fuego. ¿Qué hizo Rosa Peral el 3 de mayo? Intercambiar fotos eróticas con su vecino.

Lo reconoció el propio vecino a preguntas del ministerio fiscal, según consta en el sumario al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Manuel G.R., que reside en la finca más próxima a la de Rosa, también reveló que había mantenido algún encuentro sexual con ella, y que de vez en cuando se habían mandado fotos de carácter sexual. A pesar de que hacía tiempo que no lo hacían, el día después de la muerte de Pedro, Rosa lo volvió a hacer.

El próximo día 30 empezará en Barcelona el juicio por el conocido como Crimen de la Guardia Urbana. Esto es, el asesinato del agente Pedro Rodríguez en la casa de Cubellas en la que vivía con su novia Rosa y las dos hijas de ella. Hay dos personas en prisión como presuntas autoras del crimen: la propia Rosa Peral y su exnovio Albert López, un policía violento y posesivo que no había asumido que ella tuviese otra relación. Una especie de triángulo amoroso que, según apunta la investigación, puede tener más aristas.

Y es que Rosa llevaba cerca de medio año con Pedro, pero seguía relacionándose a escondidas con su exnovio Albert. Por otro lado, no había acabado del todo la relación con su exmarido (un mosso d’esquadra con el que tuvo dos hijas). Y por último, seguía flirteando con su vecino Manuel, con el que había mantenido alguna relación sexual esporádica y con el que se mandaba fotos eróticas. Esos son los resultados que arrojan la revisión del teléfono móvil de Rosa por los investigadores del caso.

“Se remiten fotos eróticas”

Manuel comparece en calidad de testigo y reconoció en su testimonio que, dos días después del crimen, intercambió fotos eróticas con Rosa. Manuel declaró que la noche de autos, la del 1 al 2 de mayo, estuvo en su casa con su pareja viendo una película. Al día siguiente, empezó a hablar por Whatsapp con Rosa y “se remiten fotos eróticas. El declarante [Manuel] pide a Rosa que borre todos los mensajes, para que no lo vea nadie y para que la pareja del declarante no se llegara a enterar”, recoge el sumario. Sobre eso, Rosa le contestó: “Claro, si no me mata”. Una sentencia macabra, teniendo en cuenta que, a esas alturas, Pedro ya estaba muerto. Ahora la justicia determinará si lo mató ella.

Rosa Peral, antigua gogó de discoteca, ya había protagonizado algún escándalo por su querencia a protagonizar videos eróticos. Sucedió en 2008. Rosa mantuvo una relación con un mando de la Guardia Urbana de Barcelona. El hombre le grabó un vídeo manteniendo sexo. Cuando rompieron, él lo compartió con otros compañeros del cuerpo. Rosa lo denunció y el caso trascendió a los medios: fue conocido como la pornovenganza de la Guardia Urbana.

A Rosa no le sirvió de escarmiento, al parecer, dado que siguió manteniendo la costumbre de hacerse fotografías íntimas y compartirlas, en este caso con su vecino. Manuel G.R. reconoció que no era la primera vez que lo hacían. Los propios investigadores que revisaron el móvil de Rosa aseguran que “el resultado del informe del teléfono pone en relevancia una relación bastante íntima” entre ambos.

“Manda algo”

Tan íntima, que intercambiar fotos de contenido sexual parecía ser una costumbre bastante habitual. En sus conversaciones no requerían ser demasiado explícitos para saber lo que se estaban pidiendo: “Cuando el declarante [Manuel] le dice [a Rosa] “manda algo”, se refiere a fotos eróticas, que ya en otras ocasiones se habían mandado fotos”, recoge el sumario. Luego, ambos borraban dicho material para evitar que sus respectivas parejas les pillasen.

Ese “manda algo” se dijo en esa conversación de Whatsapp que habían mantenido ambos el día 3 de mayo, dos días después de la muerte de Pedro Rodríguez. En ese momento, Manuel no tenía ni idea de dónde estaba Pedro, que además de su vecino era su amigo. Se creyó la versión que le había dado Rosa: se habían vuelto a pelear y Pedro se había largado con la moto. Manuel lo dio por bueno y el chat siguió por otros derroteros, hasta llegar a un punto en el que Rosa le preguntó. “¿Repetiremos?”. Se refería ella a repetir las relaciones sexuales que habían tenido en noviembre de 2016. Fue entonces cuando Manuel asumió que Pedro no sólo se había largado de casa, sino que habían roto la relación. No imaginaba que a Pedro lo habían asesinado. Mucho menos que Rosa tendría la sangre fría de estar entablando una conversación con connotaciones sexuales solamente dos días después del homicidio y posterior calcinación.

La misteriosa motosierra

No es el único punto en el que el testimonio de Manuel llamó la atención de los investigadores. Y es que, tras el análisis del móvil de Rosa, se dieron cuenta de que el hombre había omitido un detalle importante cuando fue interrogado por los Mossos d’Esquadra: que la noche de autos había escuchado una motosierra que no le dejó dormir. De hecho, en la conversación que mantuvo con Rosa el día 3, a las once menos cuarto de la mañana, Manuel se lo pregunta directamente:

Manuel: No será vuestra la motosierra??

Rosa: Ein?

Manuel: Que me (h)a despertado una motosierra.

Rosa: Ahh jajaja. Que va. Tenía que ir a Barcelona.

Manuel: (ríe)

Rosa: Y qué hacían con la motosierra los taraos?

Manuel: No sé quién era, se estaría rozando con ella porque no paraba.

Rosa: Jajaja. Ayer estaban cortando árboles. Será eso.

Curiosamente, Manuel omitió en el primer interrogatorio al que le sometieron los investigadores de Mossos d’Esquadra este dato y el de que había tenido relaciones sexuales con Rosa. Tras el estudio del teléfono de Rosa y a preguntas del Ministerio Fiscal, Manuel declaró que lo de la motosierra no lo dijo porque no lo recordaba, y lo de las relaciones sexuales lo omitió porque pensaba que no era importante. La famosa motosierra, por su parte, jamás ha aparecido.
Jugaba a varias bandas
Rosa y su novio, Pedro, en su casa.

Rosa y su novio, Pedro, en su casa.

Con los hombres, Rosa jugaba a varias bandas. Con Pedro llevaba casi un año de relación, aunque con un alto grado de intensidad: en solo medio año, él ya se había ido a vivir a casa de ella, se habían separado, se habían reconciliado, se habían prometido y habían decidido tener un hijo en común. Con su ex, Albert López, seguía manteniendo una relación a escondidas. De hecho, unos meses antes del asesinato, Rosa le mandó un mensaje de texto diciéndole que le echaba de menos, según figura en el sumario. Albert le pasó el mensaje a Pedro y eso desencadenó una crisis de pareja. Pero también revela la investigación que cuando empezó con Pedro “aún no había acabado del todo su relación con el padre de sus hijas”. Y con su vecino Manuel, con el que había tenido sexo unos meses antes, se seguía mandando fotos eróticas.

Del mismo modo, la relación que había tenido Rosa con Manuel ya habría tenido lugar estando ella en una relación con Pedro. Lo revela en su declaración, recogida en el sumario, un amigo de Pedro, que asegura que la primera vez que vio a Rosa y a Pedro darse un beso en público fue en septiembre de 2016. Que le pregunto a Pedro si estaban juntos y él respondió que sí. Sólo dos meses más tarde, en noviembre, Rosa y su vecino Manuel mantuvieron la relación sexual que él reconoció ante el fiscal

La noche de autos

¿Qué sucedió la noche de autos? Es aquí donde las versiones de los dos detenidos difieren. Rosa dice que Albert, tras días de acosarla, se plantó en la puerta de su casa con una mochila y un hacha. Que saltó la verja mientras Pedro estaba en el sótano, lavando ropa y ajeno a todo. Que Rosa vio a Albert saltar y le impidió entrar, pero que él se puso violento, la amenazó y le requisó su móvil. Ella, presa del miedo, salió corriendo escaleras arriba y se encerró con sus hijas a ver la tela, con la intención de protegerlas. Que permaneció allí un par de horas hasta que Albert la reclamó. Ella bajó y él le obligó a ir al pantano de Foix a deshacerse del Golf negro de Pedro (en cuyo maletero fue encontrado calcinado). Y que ella no supo en ningún momento que Pedro estaba allí ni vio el cadáver.

Albert, en cambio, asegura que Rosa le llamó pidiéndole ayuda y él acudió. Que al llegar a casa de Rosa, el cadáver de Pedro ya estaba en el maletero del Golf, y que fue ella la que lo convenció con malas artes de ir a deshacerse del cadáver a un lugar apartado. Cuando llegaron le pegaron fuego al coche y volvieron a casa. El vehículo quedó tan calcinado que sólo fue identificable gracias al número de chasis. Lo mismo sucedió con el cuerpo de Pedro, al que reconocieron por una prótesis que llevaba en la espalda y que no llegó a fundirse.

Sea como fuere, Rosa y Albert aparecieron al día siguiente en una comida de trabajo con otros policías, ante el estupor de los presentes. Rosa fue preguntada por Pedro y ella sostuvo que el chico se había agobiado y se había largado de casa para despejarse. Albert fue preguntado por el destino de su característica larga barba, ya que a esa comida acudió totalmente afeitado. Albert, a modo de explicación, dijo que se la había quitado porque le daba mucho calor. En cualquier caso, ninguno de los dos se mostró nervioso. Al contrario: ambos se comportaron de forma serena e incluso se sacaron algún selfie. Pocos días después, los dos fueron detenidos como sospechosos del crimen. Ahí empezaron a inculparse mutuamente.

Expulsada de dos prisiones

Entretanto, a Rosa le han acompañado los problemas en las sucesivas prisiones en las que ha estado presa. Ha tenido que ser trasladada de cárcel en tres ocasiones por problemas con otras internas. La primera vez fue expulsada de la prisión de Wad-ras cuando dos internas la acusaron de querer urdir un plan para matar a su exmarido, el agente de los Mossos que es el padre de sus dos hijas. Peral se defendió acusando a las dos reclusas de querer incriminarla porque “estaban enamoradas” de ella. La dirección de la cárcel alegó que la mujer “alteraba el equilibrio de las internas” y la envió a Brians 1, de donde también la han echado por pelearse con reclusas y haber sido confinada a la celda de aislamiento. La devolvieron a Wad-Ras, donde la semana pasada volvió a tener problemas disciplinarios: los funcionarios le encontraron un móvil en su celda.

En unos días empezará el juicio por este suceso, uno de los más mediáticos de Cataluña en los últimos tiempos. No han pasado ni tres años, el proceso aún no se ha iniciado y ya se han escrito dos libros sobre el caso. Los dos detenidos siguen inculpándose el uno al otro y defendiendo su inocencia. Declararán los días 11 y 12 de febrero. Se enfrentan a 25 años de cárcel siguen manteniendo su respectivas versiones, radicalmente opuestas entre sí. De momento, sigue sin salir mucho en claro, más allá de la querencia de Rosa por establecer polígonos amorosos con muchas aristas. Y el último salió mal.

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« Respuesta #2992 en: 01 de Febrero de 2020, 18:50:06 pm »


La asociación de policías locales pedirá el ingreso en prisión de Penalva y Subirán



V. Malagón | Palma | 01/02/2020Valorar:
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El abogado del grupo JAVA, Vicente Campaner, fotografiado a las puertas del juzgado hace dos años, cuando acusó a Penalva y Subirán de ser «unos delincuentes».
El abogado del grupo JAVA, Vicente Campaner, fotografiado a las puertas del juzgado hace dos años, cuando acusó a Penalva y Subirán de ser «unos delincuentes».
15-02-2018 | Guillermo Esteban
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El grupo JAVA (Asociación de Víctimas de Arbitrariedades Judiciales) pedirá el ingreso en prisión preventiva del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. La organización reúne sobre todo a agentes de la Policía Local de Palma, muchos de los cuales están dentro de la causa en la que supuestamente juez y fiscal cometieron las irregularidades por las que el TSJB les ha citado a declarar el próximo jueves 6 de febrero.

El abogado de la asociación, Vicente Campaner, registró ayer un escrito ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJB en el que anuncia que solicitará una vista de medidas cautelares el día 6 de febrero. En ella solicitará el ingreso en prisión de ambos. La asociación, al igual que otras acusaciones particulares personadas en la causa, ha incluido en distintos escritos en esta causa una serie de delitos que van más allá de los que llevaron a la magistrada Carmen Abrines a enviar el caso al Tribunal Superior.
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Así, en su solicitud para que se elevara la causa, JAVA incluía hasta trece posibles ilícitos diferentes derivados de los WhatsApp entre el magistrado, el fiscal y los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.

Las acusaciones particulares ya solicitaron medidas cautelares contra los policías cuando declararon en el juzgado de Instrucción que pasaban por comparecencias y que se les prohibiera acercarse a testigos. Esta posibilidad fue descartada por la magistrada en ese momento. La Policía Nacional solicitó hace meses la retirada del arma a Penalva y Subirán.


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« Respuesta #2993 en: 03 de Febrero de 2020, 15:29:54 pm »



El fiscal ve "mal gratuito" en el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona


Comienza el juicio a los dos guardias urbanos acusados de asesinar a su compañero Pedro Rodríguez.
El juez rechaza como prueba del crimen de la Urbana un móvil hallado en la celda de Rosa Peral.
El fiscal pide 25 años para la mujer y 24 para el hombre, en prisión provisional desde mayo de 2017.
A FONDO: Todas las dudas y certezas del caso de los dos guardias acusados de matar a un compañero.
03.02.2020 - 13:41h

Imagen de la pareja acusada de asesinato.
El fiscal del juicio por el crimen de la Guardia Urbana, Félix Martín, ha asegurado este lunes a los miembros del jurado que "el mal gratuito existe, desgraciadamente, en algunas ocasiones".


Lo ha indicado en la primera sesión del juicio a los acusados y agentes del cuerpo policial de Barcelona, Rosa Peral y Albert López, que se enfrentan a hasta 25 años de cárcel como presuntos coautores del asesinato del novio de ella --también urbano--, Pedro R., al que presuntamente mataron y trasladaron sin vida en el maletero de su coche hasta la zona del pantano de Foix y lo quemaron.


El representante del Minsiterio Público también ha avisado al jurado de que se van a enfrentar tres teorías: las de la defensa de Peral y López, que se acusan mutuamente del crimen, y la teoría de la Fiscalía y la acusación particular, que considera que lo hicieron ambos de común acuerdo.

"Hice todo lo posible en instrucción para intentar venir aquí pudiendo decirles cómo murió el señor Pedro", ha lamentado el fiscal, y ha adelantado que, si no se puede determinar la causa de la muerte, habrá que preguntarse cómo, por qué y quiénes quisieron ocultarla.


Martín ha explicado al jurado que tendrá que hacer deducciones sobre lo que ocurrió y entender la psicología de los acusados, así como el triángulo amoroso que formaban Peral, López y la víctima, Pedro R., con el anexo del exmarido de ella, un conjunto de relaciones de las que el fiscal ha destacado su "toxicidad".

Aceptada una conversación como prueba
El juez del crimen de la Guardia Urbana ha aceptado que se incluya como prueba una llamada entre los dos acusados, Rosa Peral Y Albert Lopez, hecha el mismo día del crimen. La conversación la mantuvieron a través de un teléfono de prepago que López contrató con la compañía Lycamobile días antes de los hechos.

Sin embargo, el magistrado presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona, que desde este lunes juzga a los acusados, ha rechazado incorporar como prueba en el juicio un teléfono móvil que fue hallado en la celda de la acusada, en prisión preventiva desde el crimen.

En el trámite de las cuestiones previas al inicio de la sesión de este lunes, el magistrado ha rechazado añadir este hallazgo como indicio argumentando que se trata de una infracción administrativa de la que no es competente, pese a que el abogado de López, José Luis Bravo, había alegado que era de interés para esclarecer los hechos y la Fiscalía ha apuntado a que, con ese terminal, "hubiera podido hablar de los hechos con una tercera persona".

En cambio, se ha aceptado la información de una llamada de López a Peral sobre la que la compañía telefónica informó recientemente al juzgado de instrucción, contacto sobre el que el abogado de la acusación particular, Juan Carlos Zayas, ha resaltado que se hizo el día en que presuntamente se cometió el crimen, por lo que la llamada puede estar relacionada "directamente con los hechos".

Durante este trámite, el magistrado ha rechazado incorporar como prueba un total de siete imágenes de la acusada sacando la lengua, a petición de su abogada, Olga Arderiu.

La letrada ha justificado su petición para contrarrestar una fotografía de su clienta que se hizo pública durante la investigación, en la que la sospechosa aparecía en una comida de amigos junto a Albert López sacando la lengua y gesto distendido poco después del asesinato de Pedro R., por lo que se dijo que demostraba su "frialdad", ha destacado la letrada.

La abogada ha asegurado que las imágenes que pretendía aportar --obtenidas del padre de la acusada-- demuestran que para Peral sacar la lengua "es un acto instintivo" que hace con espontaneidad.

La Fiscalía y la defensa de López se han opuesto a la incorporación en el juicio de estas imágenes alegando que se podían haber aportado durante la instrucción.

Juicio hasta mediados de marzo
Un jurado popular conformado por cinco mujeres y cuatro hombres juzga a partir de este lunes en la Audiencia de Barcelona a los guardias urbanos Rosa Peral y Albert López, acusados de matar a un compañero, que era pareja sentimental de ella, en 2017.

El fiscal pide 25 años para la mujer y 24 para el hombre, en prisión provisional desde mayo de 2017, como coautores de un delito de asesinato con alevosía. Se prevé que el juicio concluya el 17 de marzo con el veredicto.

Según el escrito de la Fiscalía, el 2 de mayo de 2017 los dos acusados ejecutaron un "plan criminal preconcebido" para acabar de "forma violenta" con la vida de la pareja sentimental de la mujer, Pedro Rodríguez, en el domicilio que ambos compartían en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Posteriormente, de acuerdo a las conclusiones del fiscal, los encausados introdujeron el cuerpo sin vida de la víctima en el maletero de su coche y le prendieron fuego en una pista forestal, aunque antes pasaron por las inmediaciones de la casa del exmarido de la guardia para tratar de incriminarlo.

El juicio contra estos dos guardias urbanos durará algo más de mes y medio, con unas veinticuatro sesiones previstas, más de una cincuentena de testigos y una veintena de pruebas periciales e informes.

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Re:!Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2994 en: 03 de Febrero de 2020, 21:35:34 pm »
Los dos son los autores a mi juicio.

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« Respuesta #2995 en: 12 de Febrero de 2020, 14:49:14 pm »


El fiscal amenaza con acusar a un cabo de la Guardia Urbana por encubrir a Rosa Peral



Sospecha que ayudó a la acusada a preparar su coartada y a apuntar a Albert
AMP
Rosa Peral, acusada por e crimen de la Guardia Urbana, en la Audiencia de Barcelona (Xavi Toscano - Xavi Toscano / ACN)
 
TONI MUÑOZ
10/02/2020 16:32 | Actualizado a 10/02/2020 18:09
El fiscal Félix Martín amenaza con acusar al excabo de la Guardia Urbana, J. J. Leal, por encubrir a Rosa Peral. “Valoraré seriamente pedir deducir testimonio contra usted por falso testimonio y por encubridor de un delito de asesinato”, le ha arrojado el fiscal durante la quinta sesión del juicio por el crimen de la Guardia Urbana en el que están acusados los agentes, Rosa Peral y Albert López por la muerte de Pedro Rodríguez cuyo cadáver apareció abrasado en el maletero de su coche en el pantano de Foix.

El fiscal ha lanzado la advertencia tras escuchar una conversación grabada el 12 de mayo, el día antes de que Rosa fuese detenida. Peral y Leal hablaban por teléfono en un diálogo que al fiscal le ha parecido una farsa. “¿No es cierto que esa conversación fue preparada?”,le ha espetado al Cabo con la sospecha de teatralizaban una conversación sabiendo que la policía le pinchaba el teléfono. La llamada ha sido emitida en el juicio y, según el fiscal, tenía el propósito de “proteger al padre de Rosa” que días atrás había mentido a los agentes. En ella ambos aludían entre risas a los problemas de memoria que tenía el padre de Rosa.


Valoraré seriamente pedir deducir testimonio contra usted por falso testimonio y por encubridor de un delito de asesinato”

En un interrogatorio muy tenso, el fiscal ha reproducido algunas de las conversaciones que el cabo Leal mantuvo con Rosa Peral los días posteriores al crimen. Los investigadores sospechan que el 10 de mayo durante un encuentro con el cabo, Rosa cambió de estrategia y decidió señalar a Albert para salvarse ella. Hasta entonces insinuaba que detrás del crimen podía encontrarse su exmarido, Rubén.


A partir de aquel encuentro, Peral en todas las conversaciones que mantuvo con su entorno descargó la responsabilidad del crimen en López. Sin embargo, al fiscal le llama la atención que en todas las conversaciones telefónicas que mantuvo con el Cabo Leal en ninguna compartió sus sospechas sobre Albert. Dicho de otro modo, lo que sospecha el fiscal es que Rosa preparó conjuntamente su coartada con el Cabo y por eso Rosa nunca señaló a Albert en las conversaciones telefónicas que mantuvieron.


Los guardias urbanos Albert López y Rosa Peral, acusados de matar a un compañero durante el juicio del Crimen de la Guardia Urbana
Los guardias urbanos Albert López y Rosa Peral, acusados de matar a un compañero durante el juicio del Crimen de la Guardia Urbana (Andreu Dalmau / EFE)
La quinta sesión del juicio por el crimen de la Guardia Urbana ha tenido un eje en común: las acusaciones de montaje a Rosa Peral. La acusada también mandó mensajes a un amigo de Pedro, Darío, la misma noche del crimen. Fue a las 23:08 horas. Rosa le escribió diciéndole que Pedro estaba muy enfadado con su exmarido, que se había marchado y que quería tomar represalias contra él. Darío ha señalado ante el tribunal que Rosa pretendía con aquel mensaje empezar a construirse su defensa. “A mi me suena a coartada como una casa”, ha declarado.

Albert López, acusado en el crimen de la Guàrdia Urbana
Albert López, acusado en el crimen de la Guàrdia Urbana (Xavi Toscano / ACN)
Darío era amigo de Pedro pero ejercía de mediador con Rosa. La mujer compartía con él todos sus temores y miedos para que la relación funcionase. Aun así, el día del crimen pese a que Rosa dijo que Pedro se había enfadado, no le dijo que mediara. Y aquello a Darío le “sorprendió”.

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« Respuesta #2997 en: 21 de Febrero de 2020, 09:11:22 am »


Quince policías locales procesados por la mafia de Palma patrullan la ciudad con sus armas y uniformes



Pese a que el juez Morell ha dictado auto de procedimiento abreviado contra los presuntos integrantes de la organización criminal policial que trabajaba para la trama de Cursach, imputándoles 17 graves delitos (como coacción, amenazas, prevaricación o extorsión), 15 de ellos –incluidos los supuestos cabecillas de la trama mafiosa– siguen en activo en la Policía Local de Palma.


POLÍTICA 20.02.2020 22:21 CARLOS ENRIQUE BAYO
Hace ya dos meses y diez días que el juez Enrique Morell García dictó auto de procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral contra una treintena de policías o expolicías locales de Palma (y cinco funcionarios, políticos o abogados) por haber formado parte, presuntamente, de una "organización criminal" de estilo mafioso que se dedicaba a coaccionar, amenazar y extorsionar en beneficio propio y del emporio de ocio nocturno de Bartolomé Cursach.


En dicho auto, al que Público ha tenido acceso, Morell –el tercer magistrado que se hace cargo de la pieza sobre la Policía Local de Palma dentro de la macro-causa de la trama de Cursach– repasa las actividades delictivas de cada imputado, que considera probadas después de más de tres años de investigación y que en su conjunto constituyen 17 graves delitos, especialmente al ser atribuidos a agentes y mandos de fuerzas del orden cuyo deber es precisamente hacer cumplir la ley.


El juez dispuso continuar las Diligencias Previas 339/2016 contra todos ellos, "siguiendo el trámite previsto en el Capítulo IV del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de aplicar la continuidad delictiva a la mayoría de ellos, por presuntos delitos de":

"Cohecho, prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, trafico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos cometida por funcionarios, contra la salud pública, obstrucción a la justicia, encubrimiento, contra la administración de justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos".

Sin embargo, este diario ha podido comprobar que al menos quince de esos agentes, oficiales o inspectores siguen actualmente en activo dentro del cuerpo de la Policía Local de Palma, trabajando con sus uniformes y armas reglamentarias en tareas de seguridad ciudadana de la ciudad –patrullando, realizando inspecciones en locales o instalaciones, o atendiendo al público– sin que hayan sido suspendidos de empleo en espera del juicio que decidirá si efectivamente constituían una trama mafiosa dentro de esa fuerza policial.

 La mafia de Cursach sabía dónde ponía la Policía cámaras de vigilancia para proteger a los testigos

El juez Florit, quien será juzgado por prevaricación el próximo día 27, fue quien levantó las medidas cautelares de los policías locales imputados por la trama mafiosa

De hecho, todos ellos fueron sometidos a medidas cautelares durante la instrucción judicial que les impedían incluso acercarse al Cuartel de San Fernando que es la sede de la Policía Local de Palma. Pero al hacerse cargo de la causa el juez Miquel Florit, éste decidió levantar todas esas medidas cautelares y el nuevo equipo de la Regiduría del Ajuntament de Palma permitió que se reincorporasen al servicio activo pese a estar investigados por presuntas actividades delictivas. Florit será juzgado el próximo 27 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presunto delito de prevaricación al haber dado la orden de incautarse de los móviles y ordenadores de dos periodistas mallorquines.

Este diario se ha puesto en contacto con la regidora de Seguridad Ciudadana de Palma, Joana Maria Adrover, quien no ha querido responder a las preguntas de Público, aduciendo que "todos estos temas mejor tratarlos directamente con el gabinete de Comunicación de Cort". Puestos en contacto con el responsable de prensa, éste primero se acogió a que "las medidas cautelares las ordena el juez", pero al recordársele que no son necesarias para aplicar la vía sancionadora administrativa –que permite la suspensión de empleo de encausados en espera de juicio– solicitó a este medio las preguntas por escrito.

 
 La cúpula policial balear frenó la detención de los contables de la trama de Cursach

Hasta el momento de escribir esta crónica, Público no ha recibido respuesta a las preguntas escritas que ha formulado tanto a la regidora Adrover como a su jefe de prensa, ni se le han devuelto las llamadas telefónicas solicitando aclaraciones.

Tres policías expulsados por torturas piden volver al cuerpo
Además, tres de los cinco policías locales expulsados del cuerpo por el caso de torturas a un detenido que fueron filmadas por una cámara de vigilancia acaban de solicitar su reingreso en la Policía Local, entre ellos  uno de los principales imputados en la trama policial mafiosa, al que se le acusa también de llevarse beneficios de redes de carteristas y de prostitución.

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« Respuesta #2998 en: 22 de Febrero de 2020, 07:26:16 am »

LA MAFIA POLICIAL BALEAR
El jefe de la Policía Local de Palma asciende a los dos comisarios procesados por la trama mafiosa de Cursach

Joan Miquel Mut y Antoni Morey, que tendrán que sentarse en el banquillo para responder por la organización criminal del "rey de la noche" mallorquina, serán a partir de ahora, respectivamente, adjunto a la Prefectura, puesto de reciente creación, y jefe de la Comisaría de Personal y Apoyo Logístico, con autoridad sobre la Administración, el parque móvil y el armamento de la Policía Local.


Los comisarios de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut y Antoni Morey, cuando fueron suspendidos de empleo y sueldo en 2016 por las medidas cautelares del juez que investigaba el caso Cursach.

palma/barcelona 21/02/2020 22:29

carlos enrique bayo @tableroglobal

Son los dos más altos mandos de la Policía Local de Palma de Mallorca que acaban de ser procesados, por sendos autos de apertura de juicio oral emitidos por el juez Enrique Morell, como integrantes de la trama mafiosa relacionada con el magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach. Pero casi simultáneamente el jefe del cuerpo de Seguridad Ciudadana de la capital balear, José Luis Carque Vera, ha ordenado su ascenso a la Prefectura y a la Jefatura de Personal.

En una "instrucción de servicio" firmada este último 19 de febrero pero con "fecha de publicación" del día 20, a la que ha tenido acceso Público, Carque dispone:
Instrucción de Servicio 014/20 que asciende a los comisarios Mut y Morey en la Policía Local.
Primera página de la Instrucción de Servicio 014/20 que asciende a los comisarios Mut y Morey en la cúpula de la Policía Local de Palma de Mallorca.

"Dentro del proceso de reestructuración de la Policía Local que se ha iniciado con la incorporación de la nueva Prefectura, y hasta que no se apruebe el nuevo organigrama, se hace necesario avanzar en la redistribución de las responsabilidades que han de cumplir los mandos de la escala técnica, con objeto de ir trabajando en la dirección marcada por la Regiduría de Seguridad Ciudadana.

Aparte de las nuevas responsabilidades y funciones que se encargarán a los mencionados mandos, a partir de esta fecha tendrán que asumir la responsabilidad de los diferentes destinos existentes, de acuerdo al siguiente cuadro:

Tanto Mut como Morey ejercieron en el pasado en algún momento la jefatura de la Policía Local y, por tanto, son los más altos mandos de ese cuerpo encausados en la macro-causa judicial sobre la trama mafiosa policial que actuaba al servicio del Grupo Cursach.
Los 17 delitos que se imputan a los policías locales de Palma

Hace más de dos meses que el juez Morell dictó auto de procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral contra una treintena de policías o expolicías locales de Palma (y cinco funcionarios, políticos o abogados) por haber formado parte, presuntamente, de una "organización criminal" de estilo mafioso que se dedicaba a coaccionar, amenazar y extorsionar en beneficio propio y del emporio de Cursach.

En ese auto, el magistrado cerró la instrucción imputando a los encausados, incluidos Mut y Morey, "sin perjuicio de aplicar la continuidad delictiva a la mayoría de ellos, por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, trafico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos cometida por funcionarios, contra la salud pública, obstrucción a la justicia, encubrimiento, contra la administración de justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos".

En concreto, dicho auto cita a los dos comisarios ahora ascendidos:

JUAN MIGUEL MUT GARCIA, Comisario de la Policía Local de Palma, aparece en las actuaciones como uno de los pilares de la trama de corrupción y habría estado recibiendo, junto con otros miembros de la Policía Local, "sobres" de dinero o prebendas de diversa índole por partes de empresarios beneficiados por su irregular actuación. Existen, igualmente, indicios de la imposición, por el mismo, con la aquiescencia del Regidor Sr. Guillermo Navarro Garau, de una sanción disciplinaria al Policía Ramis Jover pese a conocer que no existía infracción disciplinaria alguna (supuesto delito de prevaricación).

ANTONIO MOREY JOVER, de lo actuado se desprende la presunta falsedad del informe emitido por el inspector Morey Jover en fecha 26 de junio de 2015 (folios 16926 y ss.) y tenía por objeto exculpar al Sr. Torres del quebrantamiento de medida cautelar por el que fue objeto de detención y posterior ingreso en prisión

Mut es el sexto de los 24 encausados que encabeza Cursach

En cuanto al último auto de apertura de juicio oral en la pieza principal de la macro-causa, en la que la Fiscalía pide una pena de ocho años de cárcel por organización criminal y otros delitos para Cursach e imputa a otras 23 personas, empezando por su lugarteniente Tolo Sbert –y sus altos directivos Antonio Bergas, Jaime Lladó y Arturo Segade–, el comisario Mut es el sexto acusado de la lista y el primero de todos los policías encausados:

JUAN MIGUEL MUT GARCIA en concepto de autor un delito de prevaricación administrativa continuada de los artículos 404 y 74, un delito de cohecho pasivo continuado de los artículos 419 y 74, un delito de omisión del deber de perseguir delitos del artículo 408 Código Penal.

El juez asume el escrito de acusación de la Fiscalía, al que también ha tenido acceso Público, en el que se enumeran detalladamente varios casos en los que se imputan concretamente los delitos atribuidos al comisario Joan Mut (los números entre paréntesis aluden al orden en que son imputados los encausados en el escrito de los fiscales Subirán y Carrau):

Los mandos tomaban medidas penales y disciplinarias contra los agentes que denunciaban las actividades mafiosas

5.- INICIATIVAS DISCIPLINARIAS Y PENALES CONTRA LOS AGENTES DE POLICÍA QUE DENUNCIABAN LAS PRÁCTICAS DESCRITAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.
Los acusados con responsabilidad en la jerarquía de la Policía Local de Palma (JUAN MIGUEL MUT GARCIA (6), GABRIEL TORRES PERICAS (8)) y ANTONIO BERGAS (3), como responsable del GRUPO CURSACH, querían garantizar la permanencia de lo anteriormente dicho en orden a: los preavisos de inspecciones, las inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta asfixiarlos, la imposición de policías locales como "seguridad en puertas", las exigencias del pago periódico de dinero ("mordidas") a otros empresarios. Con esta finalidad, decidieron expedientar injustamente, aplicar medidas cautelares arbitrarias y forzosas de traslado de unidad, acoso judicial y amenazas personales, incluso con armas de fuego a todos aquellos agentes de policía que denunciaron las prácticas descritas.

Concretamente:

El Ayuntamiento de Palma, por decreto de fecha 1 de febrero de 2006 ordenó a la entidad MAGAINVER S.A. (integrada en el GRUPO CURSACH OCIO), la paralización y clausura de la actividad en el bar "DON QUIJOTE", sito en la Carretera del Arenal, número 52.
[…] una vez en el interior de la actividad se constata que la música tenía un nivel de presión acústica superior al ruido ambiente, apagándose bruscamente sin poder realizar una medición.
[…]
Tolo Sbert presionó a los agentes en el despacho de Mut

El sábado o lunes siguiente a la fecha del acta por incumplimiento anteriormente referida, el acusado Gabriel TORRES (8) llamó a los agentes actuarios (219 y 914) y "de manera enérgica, seria y enojado les recriminó: "que por qué no le habían avisado de la actuación" y "que modificaran el informe y el atestado" a lo que el oficial 219 le contestó: "que no lo haría" motivo por el que TORRES ordenó a los agentes 219 y 914 que acudieran al despacho del acusado MUT (6).
Allí, se hallaba presente el acusado SBERT (2) y a presencia de éste les manifestó de manera reiterada "que cambiaran el atestado y el informe…".
En sus declaraciones sumariales, los policías 219 y 914, manifestaron que "en tantos años de trabajo era la primera vez que se veían en una encerrona en la que se les presionaba no sólo ante su jefe sino ante el denunciado que también le presionó".

Mut no reportó ni investigó las amenazas con armas de fuego contra los agentes que habían denunciado a los policías mafiosos

.- Durante el mes de Diciembre de 2012, en el campo de tiro de Puntiró, con motivo de unas prácticas de tiro con fuego real de la Policía Local, los acusados TOMÁS MAS (23) y Carlos TOMÁS (15), cada vez que hacían fuego, gritaban JUANMI, VICENTE, MUERTO.
Ello lo hicieron con la finalidad de escarmentar e intimidar a los agentes, Vicente y Juan Miguel GÓMEZ FERRER, puesto que éstos habían denunciado en numerosas ocasiones por escrito las prácticas irregulares de esos acusados (MAS y TOMAS) y del acusado MONTESINOS (24). En efecto habían denunciado ante sus superiores, que MONTESINOS (24) tenía negocios de máquinas expendedoras, venta de seguros etc en la Playa de Palma, lugar en el que desarrollaba su actividad como policía GAP.
El citado suceso fue conocido por los acusados, el jefe de la Policía Local JUAN MIGUEL MUT GARCIA (6) y el comisario Rafael ESTARELLAS (18), que no investigaron los hechos ni dieron cuenta a CNP, Guardia Civil, Fiscalía o Juzgados. Concretamente MUT (6), manifestó a Vicente GÓMEZ que no sólo no haría nada si no que mientras el fuera el jefe de Policía Local, todo seguiría como antes…
Mut justificó las sanciones injustas por "las presiones..."

.- De manera similar, JUAN MIGUEL MUT (6) en el año 2014, como quiera que el agente de policía Antonio RAMIS JOVER, integrado en el grupo policial GAP, denunció irregularidades en el proceder de los acusados Carlos TOMÁS (15) (subinspector del GAP) y Tomás MAS (23) (oficial del GAP), le incoó al citado agente un expediente disciplinario por falta grave, según lo previsto en el art.69.a de la Ley 4/2016 de 17 de julio por, Desconsideración grave con los superiores…
También dio lugar a la medida cautelar de cambio provisional de destino por decreto de 14/11/2014, que se hizo efectivo por decreto de 10/12/2014, en el que se acuerda el traslado forzoso de RAMIS a la comisaria de seguridad ciudadana, lo que supuso un quebranto profesional, así como de conciliación familiar y económico para el agente.
El acusado MUT (6), como justificación del expediente y de las medidas que en el mismo se adoptaban, manifestó a RAMIS, de manera verbal que "…Le sabía molt de greu, pero que al final las presiones….

Sin indicar que persona le había presionado.

También le indicó: que creía que se había exagerado un poco y que le aconsejaron que la solución estaba en la salida del GAP…que estuvieran separados y a partir de esta premisa, cualquier solución le parecía correcta.
El grupo de policías que actuaba como una mafia en favor de Cursach disfrutaba de bebidas, drogas y prostitutas gratis, todo pagado por los directivos de Cursach

G.- (Dádivas a los funcionarios policiales)
Según lo explicado más arriba, los acusados CURSACH (1), SBERT (2), dieron las órdenes oportunas a sus subordinados, SEGADE (5) y LLADÓ (4) para que en la zona VIP de la discoteca TITO´S se ofreciera botellas de licor, estupefacientes y sexo gratuito. Estos regalos suponían la contraprestación a los servicios prestados al GRUPO en su calidad de policías: MUT (6), CAPÓ (7), TORRES (8), FRANCO (9), MAYOL (10), MAYANS (11), M. ESTARELLAS (12), AMENGUAL HENRY (13), VALLECILLO (14), MONTESINOS (24), GÓNGORA (16) y MAS CASTELLÁ (23) y TOMAS PICÓ (15).

Concretamente, los acusados, tras exhibir su carné de policías locales accedían a la zona VIP de la discoteca. Allí, consumían bebidas en forma gratuita, al tiempo que el empleado de la discoteca Marian Ciprian SABAU (ejecutoriamente condenado por una pieza dimanante de la presente causa) conducía a Tito´s, prostitutas de los clubes de alterne, “Caramelos” y “Globo Rojo”. Estas mujeres, tras contactar con los acusados se ocupaban con ellos en los despachos de SEGADE (5) y LLADÓ (4).
Más tarde, estas mujeres cobraban los servicios sexuales prestados a los funcionarios policiales, a SEGADE (5) y LLADÓ (4) quienes pagaban por orden de CURSACH (1) y SBERT (2).

En estas fiestas, los acusados, en los mismos despachos, consumían estupefacientes, especialmente cocaína que unas veces era proporcionada por SEGADE (5) y LLADÓ (4) y en otras ocasiones, era MONTESINOS (24) quien traía y vendía cocaína a éstos últimos para que a su vez la distribuyera entre el resto de acusados y compañeros.
El valor de estupefaciente distribuido, se consigna, a efectos de punición, como superior, al menos, a los 500 euros.
Las fiestas tenían lugar durante los fines de semana. Cuando terminaba la gala de tarde noche en la discoteca, los acusados policiales mencionados, se desplazaban a un apartamento en el paseo marítimo propiedad de SEGADE y a un prostíbulo sito en la calle Cataluña donde continuaban consumiendo, alcohol, estupefacientes y sexo de forma gratuita a costa del GRUPO CURSACH.


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Re:!Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2999 en: 24 de Febrero de 2020, 19:32:41 pm »

Podemos se reunirá con Més y el PSIB por la reestructuración de la Policía Local


24.02.2020 | 02:45 | redacción palma | Mallorca

Unidas Podemos tiene previsto reunirse el próximo miércoles con sus socios de gobierno de Cort por la reincorporación de mandos de la Policía Local de Palma acusados en la presunta trama de corrupción del caso Cursach al citado cuerpo de seguridad.


La formación morada exigió el pasado fin de semana una reunión urgente con el PSIB y Més al oponerse de forma rotunda a esta reestructuración de la Policía Local de Palma.


La cita entre los partidos del equipo de gobierno del ayuntamiento de Palma tendrá como único punto a tratar la decisión de la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, de recuperar al comisario Joan Mut como número 2 de Sant Ferran y también a otro mando policial, Antoni Morey, quienes la pasada legislatura fueron apartados de sus respectivos cargos al estar implicados en el caso Cursach. Adrover justificó la reincorporación de estos policías al haber levantado el juez las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.

En la reunión del miércoles, podría estar presente la anterior regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, quien apartó a estos agentes imputados. La concejala de Podemos Sonia Vivas indicó que no se puede tolerar esta situación porque vulnera el derecho de los testigos a ser protegidos y pone en riesgo la calidad del servicio público a la ciudadanía.