Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 398391 veces)

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3060 en: 24 de Noviembre de 2020, 07:31:12 am »
Jodido ha tenido queverlo cuando ha aceptado la reducción...




Juicio a un Policía Municipal en Pamplona: acepta dos años de prisión por revelación de secretos y coacciones
El agente se enfrentaba en la Audiencia a hasta 6 años y medio de prisión y a 10 años de inhabilitación
– e.c. / pamplona 23.11.2020 | 01:32

El agente de la Policía Municipal de Pamplona inculpado por acceder a atestados de tráfico y a las bases de datos municipales ha sido condenado a dos años de prisión por revelación de secretos (un año y 9 meses) y por dos delitos de coacciones (2 meses de prisión por cada uno), además de cuatro años de inhabilitación absoluta y tres años de alejamiento respecto a la pareja a la que acosaba. En la sentencia, dictada esta mañana de conformidad, se recoge que el acusado ha indemnizado a las dos víctimas a las que coaccionaba incluso con seguimientos y búsquedas en las bases de datos con 15.000 euros por los daños causados, de modo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El juicio de conformidad se ha celebrado en la sección Primera de la Audiencia de Navarra. El pago de dicha cantidad ha supuesto un esfuerzo económico al acusado teniendo en cuenta la escasez de sus ingresos, al haber sido declarado incapaz para desarrollar su trabajo habitual y dado de baja definitivamente por el Ayuntamiento de Pamplona por su incapacidad permanente.

El municipal estaba acusado de obtener información que utilizaba, por un lado, para beneficio de amigos y conocidos a la hora de realizar compraventas de motocicletas y vehículos y, en otras ocasiones, para tener información de los domicilios e incidencias de personas determinadas, incluso del exalcalde de Pamplona, Joseba Asiron. Con la información que obtuvo, llegó también a coaccionar a una pareja, ya que tenia amistad con la mujer desde 2016 y durante dos años interfirió en la vida diaria de ambos de manera reiterada, hasta el punto de seguirles en algunos viajes.

La Fiscalía pedía para el policía seis años y medio de prisión (4,5 por descubrimiento y revelación de secretos y dos años por coacciones, además de una multa de daños). También le reclamaba 10 años de inhabilitación absoluta para seguir trabajando como policía y tres años de alejamiento de la pareja a la que acosaba, a los que golpeó las motocicletas que poseían causándoles daños valorados en casi 6.000 euros en ambos casos.

El acusado estaba destinado al grupo de Atestados desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2017 y desde el 1 de junio de 2017 hasta el 3 de febrero de 2019 adscrito al grupo de Policía Administrativa, y para el desempeño de su trabajo tenía acceso a bases en las que constan datos de los ciudadanos (referentes a sus domicilios y cualquier incidencia con las diferentes administraciones), así como a los datos de vehículos y sus propietarios.

Según el fiscal, el acusado, durante los años 2017, 2018 y hasta febrero de 2019, ha utilizado la posibilidad que como policía tenía para acceder a dichas bases de datos para fines muy diferentes al desempeño de su trabajo, infringiendo los limites legales de su autorización y ha obtenido datos de numerosos ciudadanos con tres objetivos diferentes: en unas ocasiones solo para conocer datos de la vida e incidencias que se producían en la vida de alguna persona en la que tenía algún interés. En otras para facilitar transacciones comerciales de amigos o conocidos. Y por último para conocer todo lo que podía de dos personas concretas para interferir en sus vidas.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3061 en: 12 de Diciembre de 2020, 17:55:53 pm »


Agente de Brunete juzgada por cohecho reconoce que ofreció favores a una edil


MAD-JUSTICIA BRUNETE (ACTUALIZACIÓN)

(Actualiza la LO4079 con más información),Madrid, 10 dic (EFE).- La cabo de la Policía Local de Brunete que es juzgada por un posible delito de cohecho junto al exalcade de la localidad Borja Gutiérrez ha reconocido que ofreció favores a la concejal de UPyD María Isabel Cotrina, para los que en realidad no tenía potestad, dentro de unas conversaciones personales por su amistad.,La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio con jurado a la cabo S.C.T. y a Borja Gutiérrez p
AGENCIAS

10/12/2020 18:50
(Actualiza la LO4079 con más información)

Madrid, 10 dic (EFE).- La cabo de la Policía Local de Brunete que es juzgada por un posible delito de cohecho junto al exalcade de la localidad Borja Gutiérrez ha reconocido que ofreció favores a la concejal de UPyD María Isabel Cotrina, para los que en realidad no tenía potestad, dentro de unas conversaciones personales por su amistad.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio con jurado a la cabo S.C.T. y a Borja Gutiérrez por presuntamente ofrecer favores en 2012 a la edil de UPyD María Isabel Cotrina a cambio de apoyar al entonces alcalde en su investidura y en otros proyectos políticos.


La Fiscalía pide para Gutiérrez tres años y medio de prisión, así como una multa de 18.000 euros y diez años de inhabilitación, mientras que para la cabo de la policía municipal solicita tres años de prisión como cooperadora necesaria para el delito de cohecho.

Por su parte el abogado de la acusación particular, Carlos Muñiz, pide para el exalcalde de Brunete seis años de prisión y tres para la agente de la policía municipal. Además, solicita que ambas partes respondan de forma solidaria con 30.000 euros de responsabilidad civil a favor de Cotrina como perjudicada.

La sesión de hoy ha comenzado con la escucha de una conversación que mantuvieron en 2012 la cabo de la policía municipal y la entonces edil de UPyD en el domicilio de esta última, en la que la agente le dije que si apoya al alcalde le conseguirá un empleo "al día siguiente" a su hija.

En su declaración la policía ha enmarcado esta conversación dentro de las reuniones informales que ambas solían mantener, ya que tenían una relación de amistad desde 1997, y ha reconocido que no estuvo acertada al ofrecer favores a Cotrina, cuando sabía que no podía cumplirlos.

Ha incidido en que lo hizo por motivos personales, ya en ese momento el ayuntamiento de Brunete atravesaba una época de dificultades económicas y corrían peligro varios puestos de trabajo públicos.


Por su parte, el exalcalde de Brunete ha asegurado que fue la edil de UPyD quien convocó la reunión en la que trataron temas meramente políticos, y ha insistido en que es una práctica habitual entre los responsables de los partidos.

Gutiérrez ha resaltado que la única relación que mantenía con la cabo de la policía municipal era estrictamente profesional y ha negado haberle pedido que hiciera de mediadora con la entonces concejala de UPyD.

Y ha sostenido que como alcalde no tenía potestad para otorgar puestos en entidades privadas y, por tanto, en ningún momento sugirió la posibilidad de otorgarle un empleo a la hija de Cotrina, que tiene una discapacidad, tal y como asegura la acusación particular.

También ha declarado este jueves, como testigo, la exconcejala del PSOE en la localidad Silvana Battistelli, a través de una videoconferencia.

Battistelli ha asegurado que en 2014 se llevó a cabo una comisión de investigación contra Gutiérrez, que resultó favorable al primer edil, durante la que recibió la llamada del entonces número dos de UPyD pidiéndole que testificará contra Gutiérrez, en lo que ha calificado como "una especie de extorsión".

Ha añadido que Cotrina la acusó de posicionarse a favor de Gutiérrez, asegurando que la habían comprado, y ella la denunció.


La entonces concejala de UPYD ha asegurado durante su declaración que decidió grabar las conversaciones debido al acoso que recibía para que apoyara a Gutiérrez y sus proyectos políticos a cambio de favores profesionales y personales.

Ha asegurado que “las ofertas de Gutierrez iban dirigidas exclusivamente a mí como Isabel, no iban dirigidas al partido UPYD, ya que solo necesitaban el voto de un concejal más para llevarlos a cabo”.

Según Cotrina, la cabo de la policía municipal fue una de las personas que le animaban a acercarse al alcalde y le sugirió que se ausentará a una votación en el Ayuntamiento para que un proyecto saliera adelante.

También ha declarado la hija menor de la afectada y ha corroborado las palabras que la agente dijo en su domicilio: “Ella dijo que si mi madre se ausentaba en el pleno, yo volvería a trabajar al día siguiente. Incluso me dijo: si quieres apuestate unas cañas”.

La misma ha reconocido que se sintió presionada cuando el director del hospital en el que trabajaba le pidió que hablara con su madre y le convenciera de que debía apoyar a Gutiérrez, ya que gracias a él había conseguido el puesto en el hospital y así podría devolver el favor.


El juicio prosigue este viernes con la declaración de los peritos

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3062 en: 13 de Diciembre de 2020, 10:43:57 am »

12 DE DICIEMBRE DE 2020

Policía Nacional trata de negociar con un guardia civil retirado atrincherado en su domicilio de Valladolid




   VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional tratan de negociar con un guardia civil retirado de 47 años que se ha atrincherado en su domicilio en la calle General Shelly de Valladolid capital y en cuyo interior se han escuchado dos detonaciones, según han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

   Sin embargo, las mismas fuentes han señalado que "no debería estar en posesión de un arma reglamentaria", por lo que no se descarta que esta pueda ser "de fogueo". Asimismo, han indicado que "no se descarta que el hombre sufra problemas mentales", aunque hasta el momento "no ha amenazado ni disparado a nadie".

   El incidente ha comenzado en torno a las 17.20 horas de este sábado en el número 7 de la calle General Shelly, en cuyo interior se habrían escuchado "dos detonaciones", en forma de "dos fuertes ruidos". Desde entonces, agentes de Policía Nacional han tratado de negociar con el varón de 47 años, aunque, por el momento, según han insistido desde el Cuerpo "no ha amenazado ni disparado a nadie".

   Hasta el lugar se han trasladado también efectivos de la Policía Local, Bomberos de Valladolid y, de forma preventiva, servicios sanitarios.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3063 en: 13 de Diciembre de 2020, 18:38:27 pm »


Sancionados tres policías nacionales por saltarse el toque de queda y dar positivo en alcoholemia


EN BARCELONA

Los agentes, que iban de paisano y circulaban en un vehículo privado, alegaron que estaban de servicio
FOTO: MANÉ ESPINOSA. CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS EN LA CARRETERA BV1414 DE SANT CUGAT A SABADELL REALIZADA POR MOSSOS
Un control de alcoholemia de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo  Mané Espinosa
Agencias

13/12/2020 15:18Actualizado a 13/12/2020 16:47
Los Mossos d'Esquadra han sancionado a tres agentes de la Policía Nacional por incumplir el toque de queda y dar uno de ellos positivos en el test de alcoholemia.

Según han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN, los tres agentes ciculaban por el Eixample de paisano en un coche particular en torno a las dos de la madrugada de la noche del sábado.

Incumplían el toque de queda
El conductor del vehículo dio positivo en el control de alcoholemia
Una patrulla de los Mossos les detuvo por incumplir el toque de queda. A parte, la Guardia Urbana practicó un test de alcoholemia al conductor del vehículo, que dio positivo.


Los policías alegaron que estaban de servicio.

Podría acabar en expediente
La Policía Nacional investiga los hechos
La Policía Nacional ha abierto una información reservada para escuchar los agentes y esclarecer los hechos, en un procedimiento que puede acabar en expediente disciplinario.
« Última modificación: 13 de Diciembre de 2020, 20:25:11 pm por 47ronin »

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3064 en: 14 de Diciembre de 2020, 06:45:46 am »


Ha permanecido más de 24 horas
Detenido el exguardia civil que se encontraba atrincherado en Valladolid

El varón, que tiene varios antecedentes policiales, ha sido interceptado por los agentes al salir de su domicilio, pero se ha opuesto a su detención. En el forcejeo ha provocado heridas leves a dos policías.

    La Policía mantiene un retén junto a una casa de Valladolid donde se oyó disparos

La InformaciónNOTICIA13.12.2020 - 17:48h

Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Valladolid se personaron esta noche en la calle General Shelly de Valladolid, tras la llamada de un vecino de la zona alertando del sonido de dos detonaciones que podían ser disparos, y acordonando la zona por la negativa del vecino de la vivienda a no abrir a los agentes.

El exguardia civil de 47 años que se encontraba atrincherado desde ayer en su casa de Valladolid ha sido detenido y pasará mañana a disposición judicial, según informa la Delegación del Gobierno a Europa Press. El varón, que tiene varios antecedentes policiales, ha sido detenido cuando salía de su domicilio. Los agentes le han interceptado, pero se ha opuesto a su detención. En el forcejeo ha provocado heridas leves a dos policías, que están siendo atendidos, según informa la Delegación del Gobierno.

El varón, que tiene varios antecedentes policiales y al que se le podría imputar un delito por desordenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad, se encerró ayer en su domicilio de la calle General Shelly sobre las 17.05 horas.

En ese momento, se recibió un aviso del 112 informando que en el domicilio se escucharon gritos y detonaciones. Al lugar, acudieron dotaciones policiales que confirmaron unas detonaciones que se escucharon desde la escalera, en el exterior de la vivienda. Los agentes intentaron hablar con la persona que se encontraba en el interior, si bien no fue posible.

La Policía Nacional desconocía si el arma era real o simulada, por lo que se adoptaron las precauciones debidas por si los disparos fueran reales. Así, contactaron con el juez de guardia, que autorizó la entrada en el domicilio para confirmar que la persona se encontraba sola, retirar el arma de fuego y evitar daños a las personas. Además, solicitaron presencia de los servicios médicos y bomberos personándose ambos en el lugar.

Por otra parte, la Policía Nacional estableció un dispositivo de seguridad en el exterior del inmueble para evitar que el individuo disparara sobre los viandantes, por lo que se procedió a cortar la calle al tráfico rodado y se prohibió el paso de viandantes por la misma.

Simultáneamente estableció un dispositivo de seguridad en la escalera de acceso a la vivienda por si la persona encerrada intentara salir de la misma para poder interceptarla, si bien fueron "infructuosos" los intentos de contactar con el sujeto. En este sentido, desde la Comisaría Provincial avanzan que contactaron con la exmujer del varón, que indicó que la hija en común estaba con ella y que su exmarido se encontraba, probablemente, solo.

Además, la propietaria de la vivienda se desplazó desde Palencia para facilitar la llave del domicilio, al tiempo que informó a los agentes de que la puerta es blindada.

Forcejeó con uno de los negociadores

Poco después se personó en el lugar de los hechos el equipo negociador de incidentes que consiguió establecer comunicación con el atrincherado con el que conversaron a través de la puerta. El individuo, según señala el comunicado, exteriorizó un discurso incoherente y efectuó ocasionalmente detonaciones de fogueo.

Tras la conversación mantenida por el equipo negociador con la persona encerrada, ésta abrió la puerta del domicilio y contactó con uno de los componentes del equipo. Cuando parecía que podía abandonar el piso, el exguardia civil intentó meter en la vivienda, "tirando de él", a un componente del equipo negociador, que tuvo que forcejear para evitarlo. En ese momento, los agentes uniformados intentaron entrar a la vivienda, pero no dio tiempo ya que cerró la puerta repentinamente.

Tras este intento de resolución el encerrado procedió a colocar la llave en la cerradura por el interior y acumular muebles detrás de la puerta, por lo que no fructificaron los intentos de abrirla.

Finalmente se decidió que como la persona encerrada no representaba un riesgo para ninguna persona ni para él mismo, sin intención ninguna ni de abrir la puerta ni de salir de su domicilio, fueron retirados los efectivos policiales, sanitarios y bomberos manteniendo un indicativo radiopatrulla en el exterior de la finca por si en un momento dado decidiese abandonar la vivienda para poder interceptarlo.

De todas las actuaciones se ha ido informando puntualmente a la autoridad judicial. Finalmente, hoy se ha conseguido detener al varón que mañana pasará a disposición judicial.



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3065 en: 16 de Diciembre de 2020, 06:14:42 am »

Antifraude investiga presuntos amaños en permutas entre policías locales


La Agencia pide al Ayuntamiento toda la documentación de los casos aprobados desde enero de 2016

PACO MORENO
Martes, 15 dicijembre 2020, 00:34

valencia. La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación al haber tenido conocimiento de presuntas irregularidades en el proceso de permutas de policías locales en varios Ayuntamientos, entre ellos el de Valencia. Por esa razón, ha pedido al gobierno municipal toda la documentación que tiene en su poder desde enero de 2016.


Las permutas fueron aprobadas tras una serie de sentencias favorables a este tipo de intercambios de funcionarios. Un fallo del Tribunal Supremo fue el detonante que avaló el propósito de renovar la plantilla con urgencia. La teoría es que los funcionarios más jóvenes quieren trabajar en Valencia para promocionarse mientras que los más veteranos, a punto de la jubilación, no tienen inconveniente en acabar su biografía profesional en un municipio pequeño.

El problema es el rumor de que en alguna parte del camino se han ofrecido gratificaciones a cambio de una plaza en Valencia, lo que no está probado ni aparece de manera explícita en el escrito de Antifraude que llegó al Ayuntamiento el pasado día 1.

Aún así, el documento habla de que se ha tenido conocimiento de la «presunta existencia de conductas contrarias a los principios y normas que regulan la provisión de puestos mediante permuta, en concreto, en relación con puestos del personal adscrito al Cuerpo de Policía Local de diversos Ayuntamientos, que requieren ser analizadas».

La petición de información es muy simple y pasa por toda la documentación desde el 1 de enero de 2016 que tenga que ver con estos acuerdos. El informe se extiende en una veintena de aspectos, desde el número de puestos afectados hasta datos de los funcionarios que solicitaron y lograron la permuta, así como la situación actual de la plaza.


En caso de que el gobierno municipal no acceda a entregar la información, el director de Análisis de la Agencia señala que se hará constar en la memoria anual del citado organismo o en un informe extraordinario a les Corts, además de poder iniciar un expediente sancionador.

El gobierno municipal aprobó en 2018 un total de 45 plazas que podían beneficiarse de permutas, mientras que un año después fueron 39 puestos. Este último acuerdo se basó igual que el anterior en un porcentaje sobre las vacantes de la plantilla, que el pasado 30 de julio ascendía a 390 personas. El reparto se hizo de manera matemática en función de las categorías, con todos los condicionantes habituales en estos casos, como que los puestos de trabajo sean de la misma categoría, grupo de titulación y las mismas retribuciones, excepto esto último por el complemento de destino. No se permite que las permutas tengan el rango de jefatura o equivalente.

El gobierno municipal aprobó el pasado día 4 la ampliación del proceso de oposiciones en la Policía Local ahora en marcha hasta las 234 plazas. De esta manera se quiere compensar las jubilaciones anticipadas a las que se han acogido numerosos agentes con el cambio legislativo, que permite hacerlo con ciertas condiciones a partir de los 59 años. Los nuevos agentes deben pasar todavía una complicada serie de pruebas y después de unos meses en la academia incorporarse de pleno derecho al servicio.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3066 en: 17 de Diciembre de 2020, 06:31:33 am »


Agente de Brunete juzgada por cohecho reconoce que ofreció favores a una edil




Declarados culpables de cohecho el ex alcalde de Brunete y una policía

    EFE
    Madrid

Miércoles, 16 diciembre 2020 - 17:28


Un jurado popular da por probado que el alcalde y una cabo de la Policía Municipal sobornaron a una edil de UPYD para que el PP consiguiera mayoría absoluta en el municipio

El jurado popular ha declarado culpables al ex alcalde de Brunete Borja Gutiérrez y a una cabo de la Policía Municipal de un delito de cohecho cometido en 2012 al ofrecer favores a una edil de UPyD a cambio de su apoyo a la investidura del dirigente del PP, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgó la pasada semana a Gutiérrez y a la oficial por estos delitos y el jurado ha deliberado desde el lunes antes de emitir el veredicto de culpabilidad por siete votos a favor y dos en contra.

El jurado da por probado el cohecho cometido por el entonces alcalde popular con ayuda de la agente de policía, pero también considera acreditado que en el procedimiento judicial se han producido dilaciones injustificadas.

Por esa razón, la Fiscalía y la acusación particular han rebajado su petición de pena de tres años y medio a dos años de cárcel, lo que permitirá al tribunal dictar una sentencia que no implique la entrada en prisión del ex alcalde y su cómplice, que, según el jurado, actuó como cooperadora necesaria.

Fiscalía y acusación particular también piden 10.800 euros de multa para ambos y además, la defensa de la afectada, Carlos Muñiz, solicita 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil para Cortina.




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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3067 en: 17 de Diciembre de 2020, 11:44:57 am »
"Por esa razón, la Fiscalía y la acusación particular han rebajado su petición de pena de tres años y medio a dos años de cárcel, lo que permitirá al tribunal dictar una sentencia que no implique la entrada en prisión del ex alcalde y su cómplice, que, según el jurado, actuó como cooperadora necesaria."

El problema es la accesoria de inhabilitación, que seguro que se ha solicitado, con eso la Oficial está en la calle . . . el político ya se buscará otra butaca, vive de eso, pero un funcionario vive de su nombramiento. . .

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3068 en: 18 de Diciembre de 2020, 08:24:33 am »

El jefe de la Guardia Civil de Altea, detenido en una operación de blanqueo de dinero de la mafia rusa
La Policía Nacional centra la investigación en el municipio de la Marina, donde otro de los 23 arrestados tenía negocios inmobiliarios vinculados a la red criminal

EP
Jueves, 17 diciembre 2020, 00:12

El jefe de la Guardia Civil de Altea es uno de los detenidos en la operación desarrollada por la Policía Nacional contra el blanqueo de dinero procedentes de mafias de origen ruso. El dispositivo ha desvelado que la estructura criminal tenía conexión con algunos funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que entre los 23 detenidos figuran tres agentes, según confirmaron fuentes policiales. Se trata de un inspector de la Policía Nacional y dos guardias civiles, entre ellos el teniente jefe en Altea.

La investigación de la Policía Nacional junto a la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada, con autorización del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, se ha centrado en gran parte en Altea, lugar en el que tenía negocios inmobiliarios un abogado que también figura entre los arrestados, así como varios empresarios de origen ruso.

La red planeaba controlar «sectores clave de la economía española e infiltrarse en instituciones del Estado», contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.

La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España. Las «ingentes cantidades» de dinero procedían de distintas actividades criminales y se invertían en España principalmente con negocios del mundo de las discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española.

La Policía ha estimado que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos diez años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados.

El pasado lunes, los agentes llevaron a cabo 18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, donde se intervinieron armas de fuego -entre ellas cuatro de guerra-, 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas.

La Policía ha destacado de la red su «capacidad de infiltración», lo que le permitió «introducirse en diversas instituciones públicas». Así, mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, «otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la Administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias».



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3069 en: 19 de Diciembre de 2020, 06:21:45 am »

La operación contra la mafia rusa de Alicante aflora su nexo con el PP local y policías

La organización rusa tenía como persona clave a un miembro afincado desde hace años en España llamado Shirokov que tejió una red clientelar de contactos, incluidos concejales y fuerzas de seguridad


Alejandro Requeijo

Publicado 19/12/2020 04:45
Actualizado19/12/2020 4:48

Los miembros de la mafia rusa detenidos esta semana en Alicante contaban con una red de apoyos entre las fuerzas de seguridad y la política local, concretamente del Partido Popular. Les facilitaban el trabajo a la hora de acceder a licencias, agilizar trámites burocráticos o incluso retirar multas de tráfico a cambio de sobornos, según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación. 

Entre la lista de investigados y detenidos figuran un total de once ciudadanos españoles. Hay un abogado de Vitoria, un testaferro de Sabadell, un asesor fiscal alicantino... Pero lo que más llama la atención es la presencia de varios concejales ‘populares’, policías y guardias civiles. Su nexo con la trama era un ciudadano ruso llamado Alexei Shirokov afincado desde joven en España.

El papel de Shirokov era clave para facilitar el trabajo a la organización, dedicada a invertir en negocios por Alicante el dinero de los líderes del crimen organizado exsoviético. Compraban y construían casas, hoteles, discotecas... Los investigadores describen a Shirokov como “militante y pretendido lobbysta del Partido Popular de Altea”. Se valía de su don de gentes para nutrirse de una red de contactos importante a nivel local.

En sus redes sociales se le ve en fotos repartiendo mascarillas y material de protección a los cuerpos policiales o incluso en una gala siendo homenajeado por la Guardia Civil. También en un acto de campaña del PP en La Nucía. Difundía las imágenes y no escondía esa relación. Sus padres también se encuentran investigados en esta causa.
El cuarto nivel

La mayoría de los españoles detenidos figuraban en un cuarto nivel de la pirámide de relaciones y contactos de esta mafia rusa en cuya cúspide están los líderes mafiosos que invertían en España el dinero procedente de actividades ilícitas.

En ese escalón figura un Inspector de la Policía Nacional llamado Antonio Romero. Los investigadores le consideran un colaborador habitual de la trama y su papel consistía básicamente en facilitarle a Shirokov los trámites para obtener documentación para ciudadanos extracomunitarios. A cambio, el ciudadano ruso pagaba por estas gestiones entre 200 y 500 euros aproximadamente. En la causa constan pinchazos telefónicos en los que se les escucha conversar a ambos.   

Una función parecida jugaba Borja Fernández, un teniente de la Guardia Civil nacido en Ourense al que la Policía y la Fiscalía anticorrupción incluyen también en la red clientelar de Shirokov. En este caso, le servía para tener conocimiento de posibles investigaciones que se estuvieran gestando en torno a él o a los miembros de la organización.  Marcos Rodríguez es otro guardia civil que le servía a Shirokov información de bases de datos policiales, entre otros favores. 

Siempre según las pesquisas policiales y de la Fiscalía, este ciudadano ruso afincado desde su juventud en España tenía contacto en el plano político con Lorenzo Martínez Sola, de 48 años de edad. Es concejal de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Playas por el PP en el Ayuntamiento de Benidorm.

Los investigadores le acusan de recibir regalos o favores de Shirokov a cambio de gestiones administrativas que facilitaban a los clientes de la mafia la inversión de sus fortunas en la región. En ocasiones Shirokov timaba a sus compatriotas: les decía que sus contactos españoles en la administración le pedían una cantidad mayor de la que realmente les daba después. La diferencia se la quedaba él.

Jaime Selles, de 60 años, es otro expolítico del PP que desempeñó el papel de concejal de Escena Urbana, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Empresa Pública de Altea. La Policía sostiene que le facilitaba a Shirokov sus actividades mediante el tráfico de influencias. Aún hay una persona más del ámbito local dentro de este entramado del cuarto nivel. Se trata de Atonio Oliver, técnico municipal del Ayuntamiento de Altea encargado de aprobar las inspecciones técnicas de las viviendas que construyen en la zona los miembros de la organización.

Shirokov acudía a este técnico para favorecer los negocios de los clientes de la organización y en ocasiones de él mismo. Las fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que en términos de infraestructura y dinero invertido en España, se trata de la operación más relevante contra la mafia rusa de los últimos diez años.

 

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3070 en: 20 de Diciembre de 2020, 07:02:54 am »

Las relaciones del conseguidor de la mafia rusa alcanzan al jefe de Policía de Aragón

El comisario principal Hernández Muñoz admite conocer a Alexei Shirokov de su etapa como responsable policial en Benidorm, pero niega tener relación con los hechos investigados


El comisario jefe de la Policía en Aragón y el detenido Alexei Shirokov Vozpopuli
Alejandro Requeijo


Publicado20/12/2020 4:45

Las relaciones con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de uno de los principales investigados de la mafia rusa desarticulada esta semana en Alicantealcanzaron al actual jefe de Policía Superior de Policía de Aragón, según confirman a Vozpópuli fuentes del caso. El comisario principal Juan Carlos Hernández Muñoz, que no consta que esté investigado por estos hechos, fue responsable de la Comisaría de Benidorm hasta el año 2017.


“Nos conocíamos, pero no hay nada más”, dice este el mando policial a este periódico a través de su gabinete de prensa, y alega que conoce a este señor “como a mucha gente”. Hace referencia a Alexei Shirokov, uno de los principales investigados desde el año 2013 por la Policía Nacional y la Fiscalía anticorrupción como personaje clave de una trama mafiosa rusa. A Shirokov se le acusa de tejer una red clientelar para favorecer las actividades de la organización criminal que abarcó a políticos locales, policías y guardias civiles.

A través del departamento de prensa, este comisario principal asegura en su descargo que no aparece en ninguna parte de la investigación, que ha durado siete años de pesquisas e incluye pinchazos telefónicos a los implicados. Preguntado por qué tiene conocimiento del contenido de la investigación, desde el departamento de prensa no han ofrecido ninguna explicación. Las pesquisas han permanecido secretas hasta esta semana, cuando se explotó una operación que se saldó con 23 detenciones bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción Número 1 de Benidorm.

Fuentes de la investigación, consultadas por Vozpópuli al respecto del vínculo entre el actual jefe de Policía de Aragón y Shirokov, afirman que “son muy amigos”. Este periódico ha tenido acceso a varias fotografías en las que se les ve juntos a ambos posando ante una cámara durante la etapa en la que el comisario era responsable de la Comisaría de Benidorm, uno de los municipios en los que operaba la trama. En una de las instantáneas, Shirokov porta en sus manos lo que parece un reconocimiento por parte de la Policía.

Hernández Muñoz afirma que esas fotografías corresponden a una celebración del Patrón de la Policía que se celebra cada año por la festividad de los Ángeles Custodios, en octubre. Según dice, no fue una medalla sino “un detalle” que se tuvo con Shirokov como representante de la sociedad civil de Benidorm y agrega que no fue el único que ese día fue reconocido por la Policía.

Añade, respecto a la foto, que aquel día se hizo otras con los demás galardonados. No ha ofrecido explicación sobre los motivos concretos por los que fue premiado el hombre clave de la mafia rusa. A juzgar por la vestimenta de Shirokov, las imágenes corresponden a dos días distintos. Además, Vozpópuli ha tenido acceso a otras fotografías en las que se les ve fuera del entorno laboral en actitud amistosa como una cena en la que el mando posa de nuevo sonriente ante la cámara ya sin uniforme.   
Favores a la trama

En el marco de esta causa sí ha sido detenido un inspector de Policía. Se trata de Antonio Romero Cayetano, acusado de interceder en favor de personas cercanas a Shirokov como legalizar trámites de extranjería. En la investigación constan contactos telefónicos en los que a juicio de la Policía y la Fiscalía se evidencia que la trama retribuía en especies las gestiones de este inspector. 

Los detenidos por integrar la organización afincada en Alicante están acusados de facilitar y gestionar inversiones en España de líderes de los grupos de crimen organizado ruso para blanquear su dinero procedente de actividades ilícitas. Construían mansiones o compraban casas, invertían en hoteles o discotecas.

En el año 2015, el diario Público ya se hizo eco de la relación entre Shirokov y el comisario Hernández Muñoz a partir de la denuncia del sindicato policial Unión Federal de la Policía (UFP). Se quejaban entonces por “el trato de favor que dispensa este comisario a determinados establecimientos relacionados con un ciudadano de origen ruso o a terrazas sin licencia a las que suele acudir. Actuaciones que ponen en duda su mandato”. Este ciudadano era Shirokov.

Hernández Muñoz tomó posesión de su cargo como jefe superior de la Policía en Aragón en noviembre de 2011. Nacido en esa comunidad autónoma, ingresó en 1982 en la Policía Nacional y asumió la Comisaría de Benidorm en 2012 después de otros destinos en Vitoria, Valladolid o como jefe de la especialidad Tedax-NPBQ. En 2017 ascendió a comisario principal.



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3071 en: 20 de Diciembre de 2020, 07:39:38 am »

La mafia rusa compró a policías y guardias civiles para labores ilegales de seguridad y cobro de deudas

    El presunto blanqueador del hampa del Este pidió a uno de sus contactos en la Policía cobradores de deudas que usaran "los medios que hagan falta" a cambio de la mitad del dinero recuperado
    — El presunto mafioso ruso detenido en Alicante era afiliado al PP y untaba a policías para ayudar al candidato del partido en Altea


Lucas Marco
19 de diciembre de 2020 21:04h
@lucas_marco

La infiltración del crimen organizado ruso en las instituciones públicas españolas llega hasta tal punto que funcionarios policiales de Alicante se han dedicado durante años a trabajar para el presunto blanqueador de la mafia a cambio de dinero, joyas, jamón y vino. La red de blanqueo de capitales desarticulada por la Policía en Alicante tenía en nómina a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestaban "servicios de naturaleza esencialmente ilegal" en materia de trámites de extranjería, seguridad y protección de viviendas de lujo, acceso a bases de datos policiales restringidas e incluso el cobro de morosos –con los medios "que hagan falta"– a cambio de una comisión, según desvela el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm al que ha tenido acceso elDiario.es.

La investigación secreta, comandada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el grupo de blanqueo de capitales de la brigada provincial de la Policía Judicial de Alicante, ha seguido el rastro durante siete años de varios supuestos blanqueadores de mafiosos rusos del más alto nivel del crimen organizado asentados en la costa valenciana. Las pesquisas se iniciaron tras detectar movimientos "extraños" de capitales por parte de ciudadanos rusos que recibían grandes transferencias de fondos provenientes de sociedades situadas en Emiratos Árabes y de empresas de la industria energética radicadas en Letonia y Reino Unido.

El joven empresario y abogado de origen ruso Alexey Shirokov, presunto intermediario con miembros del hampa de Europa del Este del más alto nivel y militante del Partido Popular, mantenía una extensa red clientelar de funcionarios y agentes de la Policía española que le hacían favores a cambio de "regalos constantes". Los investigadores han identificado al inspector Antonio Romero Cayetano, destinado en la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional en la calle del Campo de Mirra de Alicante, como uno de los receptores de "ciertas cantidades económicas".

El policía, según el auto de la jueza, colaboraba en la "aceleración" de la obtención de permisos de residencia "de forma rápida y salvando ciertos escollos". Shirokov contactaba con el agente cuando necesitaba acelerar los trámites y acudía a la oficina de extranjería acompañado de sus clientes rusos. El presunto blanqueador mafioso entregaba al uniformado "un sobre con documentación y presuntamente dinero por su intermediación".

El auto de la titular del Juzgado de instrucción número 1 de Benidorm también alude a accesos irregulares en las bases de datos policiales de identificación de matrículas de vehículos. Así, la red clientelar procedió a la identificación en las bases de datos de acceso reservado "de cualquier coche sospechoso" que rondase las lujosas viviendas de sus clientes en la localidades turísticas de la comarca de la Marina Baixa.

La investigación, desarrollada en el máximo secreto durante siete años para evitar filtraciones, ha intervenido llamadas telefónicas entre Shirokov y un tal Fernando, cuyo teléfono móvil pertenece a la Dirección General de la Policía, en las que el detenido pide ayuda para renovar el DNI del exedil del PP en Altea Jesús Ballester. El presunto hampón le advierte a su contacto en la Policía de que el recado viene del "candidato a alcalde de Altea por el PP" para que el agente "sepa quién es el que pide el favor". El detenido, tal como ha informado este periódico, mantenía una intensa relación con el actual edil de Seguridad del Ayuntamiento de Benidorm, que fardaba de sus contactos en conversaciones telefónicas pinchadas por la Policía.

En otra conversación telefónica pinchada por la Policía, Alexey Shirokov habla con un bodeguero alicantino para comprar 20 cajas de vino de regalo para funcionarios del Ayuntamiento de Altea y de la Guardia Civil. El auto de la jueza instructora también identifica a Marcos Rodríguez Capó, agente del instituto armado, como un "miembro más" de la red clientelar del presunto blanqueador.

Una de las llamadas intervenidas a Shirokov llamó poderosamente la atención de los investigadores que seguían la pista a la red mafiosa. El empresario y abogado recibió un telefonazo de un número cuya titularidad corresponde a José Francisco Molla Ivars, quien le apremia "misteriosamente a no detener su coche, por si le están mirando desde atrás con los cristales tintados". El interlocutor, identificado como agente de policía, "estaba parado en un control con gente mirando y no quería que le relacionaran" con Shirokov.

El presunto blanqueador de la mafia, en otra conversación con la misma persona, le requiere a alguien para un "delicado trabajo": el cobro de deudas de "gente que le debe dinero". El policía contesta que conoce a "gente que lo haría por una comisión" y su interlocutor le asegura que podrían quedarse la mitad del dinero recuperado. Del contenido de estas llamadas, los investigadores deducen que el presunto mafioso "pretende contratar policías para que cobren sus deudas por los medios que hagan falta".

El presunto blanqueador y militante del PP desplegó una frenética red clientelar para el intercambio de favores y regó a funcionarios y políticos con "constantes regalos" que iban desde jamones y vino hasta joyas. La investigación, que ha contado con la colaboración de Europol, se llevó con la máxima discreción para evitar filtraciones a tenor del nivel de penetración de la red en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3072 en: 04 de Enero de 2021, 06:41:35 am »

El misterio de las esmeraldas arrebatadas por la Guardia Civil a un empresario en Barajas



LAS GEMAS ESTÁN DESAPARECIDAS

Los agentes de aduanas intervinieron 800 piedras al exportador de joyas, el juez ordenó días después que se las devolvieran, pero entonces ya faltaba un centenar de ellas, las más valiosas


Por Roberto R. Ballesteros
03/01/2021 - 05:00

Aún no habían dado las siete de la mañana del 17 de febrero de 2019 cuando el empresario Florencio Murcia Murcia, comerciante de joyas de una conocida familia colombiana, aterrizaba en Madrid tras viajar toda la noche. El hombre venía de Bogotá y hacía una escala técnica en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas antes de retomar su viaje hacia Abu Dhabi, primero, y Bangkok, su destino final, donde le esperaba su socia Inés Hincapié para exponer en una feria de muestras de la capital tailandesa. Al entrar por la puerta de llegadas de la Terminal 4, sin embargo, un pequeño error de situación dio lugar a que su aventura aérea sufriera un vuelco que le mantendría ocupado durante casi dos años. Según consta en el atestado realizado por la Guardia Civil, un agente detectó que el hombre se disponía a acceder por el paso previsto para viajeros que no tenían que declarar mercancía. El funcionario le paró, le preguntó de dónde venía y le invitó a entrar por la compuerta que conducía a la supervisión fiscal.

Al atravesar el arco de rayos x, los guardias detectaron que en la mochila que colgaba en la espalda del colombiano había "una serie de objetos de pequeño tamaño con alta densidad", por lo que pidieron al viajero que abriera el equipaje. Los funcionarios encontraron en el interior un "bolso bandolera" y, dentro de él, "una cantidad abundante de lo que parecen ser gemas preciosas de color verde". El portador de las joyas corrigió entonces a los agentes. "Son esmeraldas", les indicó antes de mostrarles las seis facturas que acreditaban que se trataba de un producto que iba a ser exportado pero que no impidieron que la Guardia Civil detuviera al colombiano por un presunto delito de contrabando.

Los agentes entendieron que éste tenía que haberles comunicado que transportaba ese material para declararlo, por lo que se incautaron de las piedras —que pesaban 660 gramos y estaban valoradas en más de 450.000 dólares, como indicaban los propios documentos mostrados por Florencio— y las depositaron en las "dependencias" del instituto armado del aeródromo, dentro de una bolsa de evidencias. Además de las joyas, los agentes le intervinieron al recién llegado 1.596 dólares que llevaba en metálico y los depositaron en una cuenta judicial.

Murcia pidió entonces la asistencia de un abogado de oficio, que se personó en el aeropuerto tan solo un par de horas después con el fin de asistir al viajero. La Guardia Civil comprobó que el colombiano carecía de antecedente policial alguno y que su situación en España era "regular", como certificó la Dirección General de la Policía tras ser requerida por la benemérita. Los agentes de aduanas fotografiaron entonces las cuatro bolsas de joyas con el fin de incluirlas en el atestado. Todas ellas tenían impreso el logotipo de la Agencia Nacional de Minería de Bogotá. Dos miembros de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal de la Guardia Civil fotografiaron el material y lo introdujeron en una bolsa más grande de evidencias. Más tarde, otros dos agentes realizaron un segundo reportaje fotográfico que no figura en el sumario judicial y que, según los propios autores, tenía fines "estadísticos y de inteligencia". Para realizarlo, los agentes desprecintaron la mencionada bolsa de evidencias y "al menos parte de los envoltorios" que contenían las esmeraldas.

Luego volvieron a precintar todo en una segunda bolsa de evidencias en la que incluyeron las joyas y la primera bolsa antes de retornar el paquete a la caja fuerte ubicada en la Oficina de Atención al Ciudadano de la terminal, que no cuenta con "especiales medidas de seguridad en cuanto a la custodia de la llave" o a "llevanza de algún tipo de control y constancia sobre la apertura, sistema de videovigilancia...". Esto último habría permitido que sin mucha dificultad "cualquiera de los guardias de dicha oficina pudiera haber accedido a la misma". Así lo relata el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid, que investigó el asunto, aunque no precisamente para demostrar la culpabilidad del colombiano.

El magistrado Jorge Bartolomé Moriano abrió inicialmente una causa por el supuesto contrabando contra Murcia, pero tardó apenas diez días en archivarla. El 28 de febrero de 2019 el instructor acordó el sobreseimiento de las diligencias previas y ordenó la devolución del material intervenido a su propietario. Al día siguiente, la Guardia Civil retiró del depósito de los juzgados un sobre marrón precintado que tenía "una cantidad indeterminada" de esmeraldas para devolvérselas al empresario. Un día después, Florencio se personó en los juzgados para recoger el material, pero algo no cuadraba.

"Faltan 74 piedras"

El colombiano había consignado el paquete en la solicitud de autorización de embarque y había descrito que contenía 780 esmeraldas talladas, como reconoció el Juzgado 30 en su auto de archivo, una suma que no correspondía con la que había en el sobre recién entregado. "De las cuatro bolsas que había en el interior precintadas, una de ellas, la más grande, fue abierta en mi presencia, pero las otras tres no", explicó Murcia en el acta que redactó en el momento de la recogida. Faltaban, añadió, 74 piedras, precisamente las que destacaban por su valor. Algunas, agregó, habían sido sustituidas por trozos de plástico y de vidrio verdes que imitaban a los originales. Otras directamente habían desaparecido.

Fue entonces cuando la historia dio un giro de 180 grados. El empresario colombiano interpuso una denuncia por malversación de caudales públicos y falsedad documental contra cinco de los guardias civiles que habían intervenido en la manipulación de las esmeraldas durante su custodia. Uno de ellos explicó en su declaración judicial frente a su abogado, Antonio Suárez Valdés, que se encargó de la representación legal de todos ellos, que él recogió el material y lo guardó en la caja fuerte, que asistió a uno de los reportajes fotográficos —el que luego no apareció en el atestado—, que no supo cómo se hicieron las otras imágenes ni cuándo y que desconocía quién abrió la caja fuerte para llevar las joyas al juzgado. Otra admitió que también estuvo presente en el reportaje que no aparece en el atestado y describió cómo abrieron la bolsa quienes lo hicieron y cómo guardaron luego las piedras. Una tercera detalla cómo realizó las fotos. Un cuarto se limitó a señalar que no se había quedado con las esmeraldas. Y un quinto apuntó cómo tomó las imágenes con el tercero.

El capitán de la Compañía de Seguridad —una de las dos que conforman la Unidad Fiscal y Aeroportuaria del instituto armado; la otra se denomina Compañía Fiscal— relató, por su parte, que no tuvo "una intervención esencial en los hechos", ya que la investigación la abrió el departamento de Policía Judicial, que no vio nada extraño en la decisión de ampliar el reportaje fotográfico, "aunque no es algo habitual", según el auto judicial de archivo. Admitió asimismo que, tras lo ocurrido, había que "introducir mejoras" en el funcionamiento de la custodia de pruebas dentro de ambas unidades.

También en esta línea se pronunció el sargento al mando de la Oficina de Denuncias del Aeropuerto, quien explicó dónde estaban ubicadas las cuatro cajas fuertes de que disponen las dependencias y, en concreto, la que albergó las esmeraldas, que según dijo podían abrir cualquiera de los 26 miembros de su departamento. Argumentó que, como él no puede estar las 24 horas, da libre acceso a todos sus guardias, pero sostuvo reglón seguido y con seguridad que "ninguna de las personas" a su mando sustrajo las joyas y que le resultaría "insólito" que alguno de sus subordinados pudiera haber "sustituido" algunas esmeraldas por otras piedras. "Son muchos los bienes y dinero que se aprehenden a diario en un aeropuerto como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas y nunca en los cinco años que llevo al mando ha sucedido algo de similares características", sentenció el suboficial.
Foto: El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. (EFE)
El juez concluye que Delcy recorrió 4 km en Barajas sin salir de la zona de tránsito
Beatriz Parera José María Olmo

La investigación contra los cinco guardias civiles, sin embargo, se metió en un callejón sin salida. Los testimonios de los guardias civiles no sirvieron para clarificar quién se había quedado con las joyas que faltaban ni quién había dado el cambiazo de las gemas por plásticos y vidrios sin valor alguno. El Juzgado 30 de Madrid acabó archivando la causa "mientras no aparezcan nuevos elementos de incriminación". Lo hizo el pasado 11 de diciembre. "El cambio y la falsificación la hizo alguien que sabía lo que hacía, porque además se llevó los mejores trozos, supo identificar los más valiosos y escogió esos", recuerda hoy a El Confidencial María Inés Hincapié, la exsocia de Florencio que vivió los hechos con enorme preocupación, pues ella era propietaria de parte de la mercancía.

La mujer explica que ella estaba esperando a su colega en Bangkok para exhibir las joyas juntos en una exposición de piedras preciosas a la que acudían joyeros de todo el mundo cuando de repente sobrevino el contratiempo. "Habíamos venido otras veces a esta feria, siempre habíamos viajado vía París, Frankfurt o Estambul y nunca habíamos tenido problema", contextualiza Hincapié. "Yo de hecho fui por Turquía también en esa ocasión, pero Florencio decidió ir por Madrid, porque era cuatro horas más rápido y así podía llegar antes a la exposición; jamás pensamos que pudiera ocurrir lo que pasó", explica la mujer, que detalla su socio llevaba material que en gran parte estaba vendido ya a empresarios tailandeses.

"Perdimos mucho dinero", resume la directiva de la una de las compañías más relevantes en la extracción y comercialización de este tipo de gemas de Colombia. "Aquí tenemos la esmeralda más bonita del mundo y la exportamos por todo el planeta, desde Nueva York hasta Hong Kong", describe la empresaria, que asegura que nunca volverá a pasar por España para hacer escala. "Perdimos la mitad del material y nadie nos lo ha devuelto aún a día de hoy", subraya Hincapié, quien recuerda que los guardias civiles se fijaron en Florencio cuando éste se equivocó de puerta de entrada a España y que de ese fallo derivó todo el procedimiento que tuvo a los empresarios un mes en vilo.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3073 en: 04 de Enero de 2021, 11:18:38 am »
Han entrado los ratones, en dependencias policiales suele haberlos, triste, pero esas cosas pasan . . .

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3074 en: 09 de Enero de 2021, 10:09:46 am »
Exceso de ....



Abren expediente a un policía de Castellón por conducir borracho y huir de sus compañeros


Los hechos ocurrieron en la noche del 23 al 24 de diciembre.
EP
NOTICIA08.01.2021 - 16:00h

Un agente de la Policía Local de Castelló ha sido sorprendido mientras conducía bajo los efectos del alcohol por las calles de la ciudad, el cual huyó tras pedirle unos compañeros que no cogiera el coche en ese estado.


El Policía Local está investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y se le ha abierto un expediente disciplinario, según ha informado el cuerpo de seguridad.


Los hechos sucedieron en la noche del 23 al 24 de diciembre, cuando el agente fue advertido por sus compañeros de que no cogiese el coche por el estado de embriaguez en el que se encontraba, aunque este hizo caso omiso y, tras coger el vehículo, se dio a la fuga.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3075 en: 10 de Enero de 2021, 07:29:31 am »



El Tribunal Supremo expulsa de la Guardia Civil a un agente condenado por traficar con marihuana


El agente, destinado en el puesto de Sant Mateu de la Comandancia de Castelló, fue detenido por sus compañeros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil





Un agente de la Guardia Civil interviene en una plantación de marihuana.
Un agente de la Guardia Civil interviene en una plantación de marihuana.
Lucas Marco

9 de enero de 2021 22:55h
3

@lucas_marco
La sección primera de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la expulsión de la Guardia Civil de un agente destinado en Castelló condenado por cultivar casi tres kilos de marihuana en una nave industrial. El guardia recurrió la sanción de separación del servicio argumentando que la sustancia —cannabis sativa— no causa grave daño a la salud y aludiendo a su "desempeño meritorio" en el seno del instituto armado pero el TS ha desestimado sus alegaciones ya que los hechos por los que fue condenado son "objetivamente graves y relevantes".


El guardia civil, de 45 años, fue condenado a un año y dos meses de prisión y a una multa de 16.000 euros por un delito contra la salud pública por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs, una sentencia confirmada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Castelló. La investigación de la red de distribución de hierba en la zona del norte de Castelló se inició por parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. Los investigadores detectaron que un agente destinado en el puesto de Sant Mateu de la Comandancia de Castelló junto con un colaborador con antecedentes penales guardaban el cannabis en una nave industrial propiedad de un tercer condenado. La marihuana estaba destinada a la venta al menudeo, según la sentencia.


El juzgado autorizó la entrada y registro la nave industrial situada en un polígono de Benicarló, donde la Guardia Civil se incautó de cuatro cajas que contenían casi tres kilos de cannabis sativa, además de 110 macetas con rótulos que distinguían dos conocidas variantes de la marihuana: blueberry y super skunk. La vivienda que el condenado tenía adjudicada en el acuartelamiento de Peníscola también fue registrada con autorización judicial.

Los casi tres kilos de marihuana incautados tendrían un valor aproximado, en la venta al menudeo, de 14.540 euros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, impuso el pasado 9 de enero de 2020 la sanción disciplinaria de separación del servicio, tras el informe de la asesoría jurídica de su departamento, por haber cometido un "delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio o cualquier otro que cause grave daño a la Administración", tal como prevé el régimen disciplinario del instituto armado.


El agente recurrió la sanción alegando una supuesta vulneración del principio de proporcionalidad al no causar el cannabis grave daño a la salud y un "desempeño meritorio" en la Guardia Civil. "Ese ilícito ocasionó un grave daño" al instituto armado, "pues resulta palmario que un servidor público que forma parte de una institución armada entre cuyas misiones se encuentra, precisamente, la persecución del delito no puede mostrar una tacha cual la descrita, que supone un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil", afirma la sentencia del TS. "Meridiano resulta que se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita", apostilla.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3076 en: 28 de Enero de 2021, 06:24:57 am »

EN LA COMISARÍA DE MARBELLA

'La guerra de los Rose' entre policías: 8 años de juicios y suspensión por un 'trolex' de 20€

Una pareja de agentes, tras romper su relación, se echó en cara el robo de un reloj de imitación que ella sustrajo del depósito, algo que ha perseguido a ambos durante casi una década


Por Roberto R. Ballesteros
28/01/2021 - 05:00

Ainara y Samuel eran pareja cuando trabajaban en la comisaría de la Policía Nacional de Marbella. Ella estaba destinada en el Grupo de Control de Joyas de la Brigada de Policía Judicial. Él, en Seguridad Ciudadana, patrullando la ciudad, aunque de vez en cuando colaboraba con su chica en algunos registros. No fue el caso del que el equipo de Ainara realizó en una tienda de compraventa de artículos de lujo situada en pleno centro de la capital de la Costa del Sol en abril de 2013. En aquella intervención, el Grupo de Control de Joyas se incautó de un montón de objetos en un trastero perteneciente al establecimiento.

Entre estos artículos, había un reloj valorado en 20 euros que falsificaba una línea de la marca Rolex que solo se comercializaba en el Reino Unido. La pieza llamó la atención de Ainara, que sabía que a su novio le gustaban mucho los relojes de grandes firmas. Entre los dos, según estableció posteriormente la Audiencia Provincial de Málaga, sustrajeron el 'exclusivo' artilugio y meses después el propio Samuel lo lució durante una comida con compañeros. Ainara llevó el reloj a un joyero para encargarle una copia que la mujer luego regaló a su padre. En noviembre del mismo año, según dijo Samuel, su chica le obsequió con un ejemplar igual por el aniversario de la pareja. La relación, sin embargo, se rompió en febrero de 2014.

Fue entonces cuando ambos empezaron a echarse los trastos a la cabeza y salió a relucir lo ocurrido y lo no ocurrido. Samuel dijo en su declaración que Ainara le había amenazado con denunciarle por malos tratos si no le devolvía el reloj y con decir que el Rolex falso provenía de una intervención. Fue cuando el agente se enteró, según dijo, del origen del regalo que meses antes le había hecho su novia. El policía entonces entregó el dispositivo mecánico a sus superiores. Las denuncias cruzadas dieron pie a una instrucción judicial contra ambos por un presunto robo que se tradujo técnicamente en un delito de malversación.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenaría a ambos en 2017, los dos sustrajeron el dispositivo de pulsera después de que este fuera colocado, como ocurre con estos objetos, en la caja fuerte del Grupo de Control de Joyas.

Los diferentes testimonios de los policías durante la instrucción del caso dejaron claro que gran parte del personal de la comisaría, incluido Samuel, conocía que la llave estaba siempre en el quicio de la puerta. "Había mucho descontrol", llegó a decir el propio condenado.

"Mi trabajo, por un reloj de 20 euros"

Según la sentencia del mencionado tribunal, Ainara llevó el aparato a una relojería de Marbella para arreglarlo, pues no funcionaba bien, y "aprovechó para pedir una copia". Ella alegó que lo hizo para solicitar al dueño del establecimiento una falsificación igual para regalársela a su padre. Sin embargo, otro policía vio días después a Samuel con el reloj. La acusada alegó que era el de su padre que se lo había dejado a su novio temporalmente para que este lo usara con el fin de que no se parara el mecanismo hasta que la mujer le hiciera el regalo a su progenitor.

La resolución judicial condenó a ambos a un año de prisión, suspensión de empleo y una cuantiosa multa. No dio por buena la versión de Ainara y consideró que el reloj que regaló a su novio fue el que sustrajo de la caja fuerte de la comisaría. "Yo no me habría jugado mi trabajo por un reloj de 20 euros", afirmó Samuel para defender su inocencia durante una declaración que no le sirvió de nada ante la Audiencia Provincial, pero que luego sí creyó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que exoneró al policía. Más larga fue la carrera judicial de Ainara, que llegó hasta el Tribunal Supremo.

Esta última instancia acaba de resolver en sentencia del pasado 20 de enero que la principal prueba sobre la que se basa la sentencia condenatoria contra la chica —el testimonio del relojero, que dijo que ella había ido a llevar a arreglar un falso Rolex y a pedir una copia— es insuficiente para conculcar la presunción de inocencia. "Carece de todo valor probatorio", resume el Supremo, que añade que la declaración además fue realizada en sede policial y fue incorporada "indebidamente" a la causa. "Fue prestada en sede policial sin intervención de las partes" y "no constituía prueba anticipada porque no cumplía los requisitos", sentenció el alto tribunal, que además quita valor al contenido del testimonio.

"En todo caso, el citado testigo únicamente pudo dar razón de que la acusada llevó a su joyería un reloj marca Rolex de imitación para su reparación, solicitando que le consiguiera un segundo reloj de las mismas características", señala la resolución, que admite que el tribunal "desconoce, porque no lo expresa ni el jurado ni la magistrada, cuál ha sido el juicio de inferencia realizado para, a partir de dicho testimonio, llegar a la conclusión de que efectivamente el reloj que se llevó a reparar fue el intervenido y que fue este y no otro el sustraído del depósito de efectos de la sede del Grupo de Control de Joyas de la Policía Judicial de Marbella". "Tampoco se explican los motivos que les llevan a concluir que fue 'Ainara, en colaboración con Samuel' quien se apoderó del Rolex", insiste la resolución, que anula todas las anteriores sentencias y pone fin a ocho años de lucha en los tribunales de dos policías a cuenta de un reloj falsificado que valía 20 euros y que iba a ser destruido.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3077 en: 01 de Febrero de 2021, 13:43:02 pm »

Imputado un policía local de Palma por la filtración del acta de Armengol en el Hat Bar



J. Bastida | @juliobastidag | Palma | 01/02/2021Valorar:

Nuevo capítulo en la escapada nocturna de la presidenta Armengol. La Policía Nacional ha imputado (ahora investigado) a un agente de la Policía Local de Palma por su presunta participación en la filtración del acta que reflejaba la presencia de la presidenta en el Hat Bar. Se trata del documento oficial donde se recogía que, a las dos y diez de la madrugada del 7 de octubre de 2020, Armengol y unos colaboradores estaban de copas en plena pandemia y fuera del horario autorizado.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora el policía en cuestión fue llamado para que prestara declaración en calidad de investigado (imputado) en sede policial. Dicha declaración se realizó en presencia de su abogado en la Jefatura Superior de Policía.

Pero todo apunta a que el caso quedará en aguas de borrajas y se archivará en breve. La investigación carece de elementos probatorios que apunten a la implicación de este funcionario. De hecho, desde un primer momento, los investigadores de la Policía Nacional eran conscientes de la dificultad que presentaba el caso porque está basado en testificales. Por ese motivo se decidió citar a declarar al funcionario policial como investigado para que tuviera todas las garantías jurídicas necesarias.

De las pesquisas policiales también se desprenden que, tal y como está fijado el organigrama de la Policía Local y su funcionamiento de tramitación, el número de personas de los departamentos que pudieron tener acceso al documento es muy amplio. Es decir, que pudo ser cualquier policía, administrativo, personal de la limpieza, político o cargo de confianza quien filtrara la polémica y comprometedora acta.



El documento, al que tuvo acceso este periódico, certificaba la presencia de Francina Armengol en un local fuera del horario permitido, y levantó una gran repercusión mediática a nivel nacional.

Declaración del infractor

«Quiere manifestar su desacuerdo con la denuncia manifestando que no cerró antes porque dentro del local había una autoridad (la presidenta del Gobierno balear)». Esta es la alegación que aportó el propietario del Hat Bar, ubicado en la calle Sant Esperit, 18, instantes después de ser sancionado por tener abierto de madrugada en plena pandemia de coronavirus.

La noche del 7 de octubre de 2020, a las 2.10 horas, dos agentes de la Policía Local acudieron al citado establecimiento atendiendo las numerosas quejas de los vecinos. A su llegada, encontraron a nueve personas en el interior del bar, como así consta en el acta de denuncia. Fue la propia Armengol quien reconoció haber estado en el local tomando unos gintonics en compañía de algunos de sus colaboradores más estrechos.

Cort insta a investigar la desaparición del acta de Francina Armengol en el Hat Bar

Según algunos testigos, Armengol se encontraba fuera del local en el momento en el que llegaron los agentes. La normativa vigente interpuesta para frenar la pandemia de coronavirus, mantenía que todo el ocio nocturno en Balears debía estar cerrado antes de la una de la madrugada. Aquel no era el caso.

Advertencia

Horas después del incidente en el que se vio involucrada la presidenta Armengol, el jefe de la Policía Local de Palma, José Luis Carque, emitió una instrucción de servicio que colgó en la intranet policial. Amenazaba con sanciones graves a todos aquellos miembros del cuerpo que filtraran información al respecto. Carque recordó en la circular que «los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán ajustarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación».

El documento finalizaba señalando que «la omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad de todo asunto que requiera su conocimiento está calificada como falta grave o muy grave en la normativa del régimen disciplinario».

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3078 en: 14 de Febrero de 2021, 08:02:24 am »
"Sé que sigo llevando una diana en la cabeza"

Hablamos con el ex guardia civil que destapó la corrupción en la Unidad Antidroga de Málaga

JORGE CABEZAS
13/02/21 - 00: 06

Nuestro interlocutor nos espera en la puerta de su vivienda. Observa cómo nos acercamos con nuestro coche. Con mirada rápida mira a izquierda y a derecha. Nada parece contrariarle. Es entonces cuando nos saluda con cierta efusividad, aunque tampoco se fía plenamente de los periodistas y nos invita a entrar en su casa.

A partir de ahora le conoceremos con las iniciales P. N. Lleva muchos años con la guardia levantada, viviendo en estado de alerta permanente. Es consciente de que hay gente que prefiere verle muerto; por lo que sabe, por lo que conoce, porque en su día decidió colaborar con la Justicia, por lo que entonces contó o tal vez por lo que nunca ha contado. Le han amenazado muchas veces.

En el juicio del caso EDOA, (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) celebrado en 2015 en la Audiencia Provincial de Málaga, donde se juzgó al máximo responsable de la Unidad, el teniente Valentín, a otros agentes y a personas vinculadas al narcotráfico, recibió amenazas constantemente. «‘Eres un muerto andante’. Ésa era la frase que más solían repetir desde el banquillo de los acusados», recuerda con cierta angustia. No obstante, él no se arredró. Compareció en el juicio con la convicción de que había hecho lo correcto.

«Si no hubiese sido por mí, la corrupción policial se hubiese institucionalizado en el EDOA de Málaga. Ya por aquel entonces, el teniente y algunos de sus subordinados habían logrado una amplia infraestructura, controlaban a muchas organizaciones, habían dado de alta en las bases policiales a confidentes que más bien eran socios y utilizaban los medios legales para sus fechorías», comenta P. N. Pero ahora, tras el paso de los años, tiene una sensación agridulce.

He puesto en peligro mi vida y la de mi familia; los propios compañeros del Cuerpo me consideran un proscrito»



«No sé si volvería a actuar como lo hice. Al final no he tenido ningún beneficio, ni económico, ni penal ni personal. He puesto en peligro mi vida y la de mi familia, los propios compañeros del Cuerpo me consideran un proscrito, no he tenido ningún tipo de reconocimiento social.
Colaborar con la Justicia en este país es ponerte una losa encima», sostiene. Dice además que «nadie te apoya, no hay programas para testigos, nadie te facilita nada». «Al final fueron mis abogados los que consiguieron negociar con la fiscalía mi condena. De nada sirvieron todos los años en los que cooperé con el GRECO (Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado) de la Policía Nacional».

La lucha contra la serpiente

Para comprender todo el periplo vital de P. N., es necesario que retrocedamos unos cuantos años. A mediados de los años 80 del siglo pasado y tras su paso por la Legión, P. N. desembocó en la Guardia Civil, concretamente en los GAR (Grupos de Acción Rápida), una unidad de élite especializada en aquel momento en la lucha contra ETA. Allí vivió episodios muy cruentos, enfrentamientos armados con los etarras, acciones clandestinas en la frontera, donde uno se acostumbra a vivir con la adrenalina disparada. Un accidente en acto de servicio en un helicóptero de los GAR y varias caídas de moto en la Unidad del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Málaga, donde fue trasladado con posterioridad. Le apartaron definitivamente de la Guardia Civil a principios de los 2000. Hasta ese momento, su hoja de servicios había sido impecable.

No sé por qué decidí saltar al otro lado y empezar a colaborar con los narcos. Creo que era por pura adrenalina»

«No sé por qué decidí saltar al otro lado y empezar a colaborar con los narcos», dice P. N. «Lo he pensado muchas veces. La primera vez que lo hice fue en el año 2004. Creo que era por pura adrenalina. Necesitaba sentirme vivo, no por dinero, el dinero venía sólo. Yo creo que añoraba la acción, el peligro».

P. N. había creado en aquella época una empresa de reformas. En ella trabajaban algunos jóvenes marroquíes. Uno de ellos sabía que había sido guardia civil. Y le tentó. Le dijo que en determinada fecha iba a llegar a la playa de la Araña (ciudad de Málaga) una embarcación cargada con 600 kilos. El piloto había decidido dar un palo a su organización y quedarse con el hachís. P. N. aceptó colaborar en ese palo. Estuvieron esperando hasta las seis de la mañana pero allí nadie apareció y decidieron irse. Pero una hora y media más tarde apareció un joven con la embarcación. Alguien que paseaba con su perro por la playa llamó a la policía y el joven fue detenido. Resultó ser el hijo de un miembro de la Marina Real de Marruecos.

«Me hice muy amigo del padre. Ayudé todo lo que pude a su hijo. Al final, no fue juzgado. En aquella época cualquier información sobre el fundamentalismo yihadista era muy apreciada». Tres años después aquel joven marroquí le vino a buscar a su casa.

El sinuoso mundo del narcotráfico

«Después de salir de prisión, el joven marroquí había creado un ‘grupo de trabajo’ con un subinspector de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado), un guardia civil de tráfico retirado y un inglés. Todos cumplían a la perfección su papel. El moro hacia de moro, tenía la muestra. El inglés, de posible comprador. El guardia civil y el policía eran el grupo de asalto. Llegaban con pirulos (luminosos policiales) e irrumpían donde fuese necesario para quedarse con el dinero o la droga. Aquella tarde me vino a ver para proponerme una operación».

El joven marroquí quería vender supuestamente 400 kilos de hachís. El inglés había buscado un comprador, un hombre de nacionalidad lituana. Y contactaron con P. N. porque querían quedarse con el dinero del lituano sin dar un sólo gramo de hachís.

«Se trataba de montar un control policial en el momento adecuado, dejar pasar el coche del marroquí y detener el coche del lituano para quedarnos con el dinero. Yo contacté con varios guardias de determinado acuartelamiento y ellos se prestaron sin problemas. Montamos el control, detuvimos el coche pero el lituano intentó escapar. Le metí un viaje y cayó al suelo. Entonces descubrí que llevaba una bandolera con un revólver y cinco cartuchos. Los supuestos 24.000 euros que llevaba para comprar la droga eran sólo 300, dos billetes de 100 y dos de 50, lo demás eran recortes de papeles. El lituano pensaba hacer lo mismo. Quedarse con la droga sin pagar un duro e incluso matar al marroquí».

Le llamaron para proponerle algo que no se esperaba: el secuestro de un individuo que había dejado de pagar dinero a un joyero de Puerto Banús, que ejercía también de prestamista. P. N. aceptó.

El lituano fue detenido por los mismos guardias que se habían prestado a hacer el paripé. Y encima fueron condecorados, pues tenía varias órdenes de busca y captura internacionales. Pero a partir de ahí sucedió algo que hizo ver a P. N. que el grado de corrupción policial en aquella época era mayor de lo que él mismo se pensaba. Dos jefes de los guardias que habían intervenido en esa falsa operación le llamaron para proponerle algo que no se esperaba: el secuestro de un individuo que había dejado de pagar dinero a un joyero de Puerto Banús, que ejercía también de prestamista. P. N. aceptó. Le secuestró en el Corte Inglés de Marbella, apoyado por otros dos agentes fichados para tal operación. Les adelantaron 50.000 euros. Era un polaco.

«Lo metimos en el maletero del coche, un Seat León. Lo llevamos hasta una playa. Allí nos esperaba un coche con dos bigardos extranjeros que daban miedo. Le sacamos del maletero y se lo cedimos. Ellos le pusieron una capucha. Siempre me he preguntado qué pasaría con aquel polaco. Me imagino que acabaría pagando».

Pisando los callos de otros clanes

La rueda ya había empezado a girar para P. N. y no la podía detener. El hecho de haber sido guardia civil le daba un plus de atractivo para los narcos. Infinidad de conseguidores, de intermediarios, empezaron a ponerse en contacto con él.

«Era gente que sabía que eras guardia civil, que podías aportar seguridad tanto a los alijos como a los propios narcos. Ellos necesitaban y necesitan que alguien les abra la puerta para realizar sus operaciones. Esa puerta se la podía abrir yo o cualquier otro agente, pero yo tenía una buena cualidad, era mi seriedad y mi decisión de seguir hasta el final con mis compromisos. Y en ese momento me vi envuelto en un mundo que en cierto modo me gustaba: muchas reuniones, muchas propuestas que en su mayor parte no se llegaban nunca a efectuar. Luego me enteré, porque así está recogido en el sumario de mi caso, de que muchas de aquellas reuniones servían para que los intermediarios ganaran mucho dinero a costa mía, pues con la excusa de que venían a ver al ‘verde’ les daban 6.000 euros para mí que se quedaban ellos».

Pero P. N. no se percató de que con su actividad estaba haciendo la competencia a otros guardias civiles corruptos que tenían bien delimitado su territorio. Algunos de estos intermediarios comentaban que había un teniente de la «UDYCO de la Guardia civil», no conocían el nombre de «EDOA», que les daba seguridad para alijar en determinadas playas.

«A mí me decían que era un individuo moreno, aceitunado, con flequillo, que llevaba zapatos mocasines y que andaba un tanto raro. Era la descripción del teniente Valentín, pero en aquella época era el jefe de la unidad antidroga y costaba trabajo creerlo. Me dijeron el lugar donde mantenían citas con él y fui a verificarlo por mí mismo. Y efectivamente, era él. Al teniente Valentín le conocía muy bien. Prácticamente habíamos entrado los dos a la misma vez en el Cuerpo. De jóvenes habíamos coincidido en Alhaurín. Él luego se casó con la hija de un coronel del Cuerpo. Era un oficial de ‘sangre azul’ protegido y aupado. Y, sin embargo, allí estaba, negociando con los narcos, dando seguridad a sus alijos. En el sumario del caso EDOA se recoge una reunión que tuvo con algunos mafiosos a los que mostró sus poderes dirigiendo una patrullera de la guardia civil a su antojo. Eso valía mucho dinero de cara a los narcos».

En las notas encontradas en el despacho del teniente Valentín una vez que fue detenido, figuraban distintos nombres de guardias civiles a los que consideraba «verdes corruptos». «Él no los denunciaba ante Asuntos Internos. Los tenía en el punto de mira. Y así podía en un momento determinado tenerlos bajo su dominio y control», afirma P. N.

En el año 2008 nuestro interlocutor quiso detener todo aquello, salir de aquel círculo infernal en el que vivía. «Veía a tanta gente que ya no sabía si eran de la UDYCO, de Asuntos Internos, de la DEA. Tenía la necesidad de parar, de descansar».

Yo soy guardia civil y lo seré hasta que me muera. Iba a denunciar la corrupción pero se me quitaron las ganas. Decidí ganar dinero»

Observando la tela de araña que se iba extendiendo en el Cuerpo, en febrero de 2008 P. N. contactó con un amigo suyo de los GAR. Le contó lo que estaba sucediendo y cerraron una entrevista con agentes del Servicio de Información de Melilla. Pero aquella entrevista fue una profunda decepción.

«Vinieron tres agentes de paisano. Me sentaron en una mesa. Abrieron un portátil y me dijeron: ‘¿Tú qué ganas con todo esto o qué quieres ganar?’. No me gustó nada el tono de la pregunta ni la actitud hacia mí. Yo soy guardia civil y lo seré hasta que me muera. Iba a denunciar la corrupción pero se me quitaron las ganas. Decidí ganar dinero».

‘Stop’ al guardia civil delincuente

Aquella etapa de su vida terminó el 19 de octubre de 2009. P. N. fue detenido en el marco de la operación Sabina, llevada a cabo por el EDOA de la Guardia Civil y la UDYCO de la Policía. Se encontraba a un kilómetro y medio de la playa dando seguridad a un alijo. Lo curioso es que el juez que dirigía la investigación, a instancias de la Policía, había dado órdenes de no detenerle a la espera de culminar la operación y desentrañar una supuesta red de guardias civiles que colaboraban con él. Pero el teniente Valentín y su subordinado Orellana incumplieron esa orden y le detuvieron a él y a un sargento.

«Nosotros nos callamos, nos comimos el marrón. Hubo mucha gente que se nutrió de nosotros, pero luego nadie nos preguntó si necesitábamos algo», afirma P. N.

Esas primeras horas en el calabozo de la Guardia Civil fueron una auténtica tortura para P. N. Según denunció en su día, el teniente Valentín y el guardia Orellana registraron la casa del sargento, antes del registro oficial, y se apropiaron de más de 40.000 euros que guardaba en la vivienda. Durante el juicio este hecho no quedó demostrado, «pero simplemente porque no se quiso investigar», afirma P. N. » Bastaba con haber seguido el rastro de un coche comprado en aquella época por uno de los denunciados».

Ya aquella noche de su detención, y mientras iba al hospital a una revisión, P. N. recibió la oferta de colaborar con el teniente y el guardia Orellana.

«Orellana me dijo que estuviera tranquilo, que de la cárcel se salía. Que cuando saliera me pusiera en contacto con su mujer que era abogada y que ellos me ayudarían. Era una de sus tácticas. Ofrecer trabajo para ellos como confidentes, darte de alta en los ficheros policiales por si saltaba alguna investigación del Cuerpo de Policía. Era una manera de protegerte y de protegerse. Lo habían hecho anteriormente con otros narcos».

A los pocos días de haber ingresado en prisión, P. N. recibió la visita de dos miembros de la Policía, uno del GRECO y otro de la UDYCO. Habían comprobado algunas de las cosas que les había contado en anteriores declaraciones. Y ya no tenían duda. El objetivo era acabar con la corrupción dentro del EDOA de la Guardia Civil.

«Yo ya les había dicho en alguna ocasión que ellos eran socios de un delincuente o al menos cómplices. Me propusieron colaborar con ellos para desenmascarar al teniente y a sus secuaces. Y yo les dije que sí, que de acuerdo, pero fuera de la cárcel y con un pacto con la Fiscalía».

Colaborar con la Justicia

El 17 de diciembre de 2009, P. N. quedó en libertad. La Fiscalía lo único que pudo prometerle fue un indulto parcial, y eso si el asunto llegaba a buen puerto. Aún así aceptó. «Estaba muy cansado. Quería desenmascarar todo aquello. Yo podía ser un delincuente, pero un don nadie si me comparaba con lo que estaba pasando en el EDOA. Me parecía bastante hipócrita todo».

Los inspectores de la Policía Nacional le dieron tregua hasta después de Navidades. En enero, se puso en marcha un plan para intentar cazar al teniente Valentín. P. N. llamó a la abogada compañera de Orellana. Le dijo que quería hablar con él. Y Orellana no tardó en ponerse en contacto.

«Esa primera conversación fue grabada por la policía, aunque no sé cómo lo hicieron. Yo no llevaba ningún micro. No tiene mucha calidad porque Orellana era listo y nos pusimos a hablar en un bar debajo justo de un televisor. Parece ser que cuando te graban a distancia se capta más el sonido del aparato. Aun así, Orellana ya me propuso un negocio suculento: 150.000 euros por cada 1.000 kilos de hachís. En realidad ellos ya tenían captada una amplia red de colaboradores, algunos miembros del antiguo Servicio Fiscal y algunos componentes de distintos acuartelamientos. No sólo les interesaba que algunos alijos tocaran la playa, sino también saber cuáles eran las guarderías a los que iban los fardos de hachís. Orellana era un experto en conseguir balizas y él o alguno de sus colaboradores las situaban en los fardos. Así localizaban el sitio donde se escondía el hachís ya en tierra y bien hacían operaciones legales, reservándose una parte del hachís, o bien daban vuelcos, es decir, les robaban toda la mercancía a los dueños».

Pero el visto bueno para la colaboración lo tenía que dar el teniente Valentín. «A ellos les interesaban nombres de narcos, lugares donde se iban a producir los alijos, el desembarco de la droga, guarderías donde almacenarla y creían que yo podía facilitarlo».

Tanto es así que a los 15 días de la primera reunión tuvo lugar la segunda. Pero para aquella ocasión a P. N. los inspectores del GRECO le facilitaron una bandolera del tipo de las que él siempre portaba con un micrófono dentro.

«Llegaron tres coches desde Madrid. Me dieron una bandolera y me advirtieron de que ni la tocara. Me dijeron que no podían protegerme, que iba a estar vendido. En el culo de la bandolera habían colocado un dispositivo. Yo esperé en una venta al teniente y a Orellana. Ellos llegaron y me hicieron señas para que saliera. Delante del coche del teniente, un audi Q7, Orellana empezó a cachearme y a registrarme. Me revolví contra él y le dije qué quién se creía que era yo. Ahora mismo me voy para mi casa. Hemos terminado. Si confías, confías y si no, esto termina aquí. Fueron palabras milagrosas. Surtieron efecto. Me introdujeron en el coche. Y ahí en ese receptáculo empezamos a hablar. Todo quedó recogido con suma nitidez. Me propusieron darme de alta como confidente, hablaron de nuevo de 150.000 euros por cada mil kilos. El teniente me dijo que tal y como me lo montara podía sacar de los dos lados, siendo confidente de ellos y cobrando de fondo reservados y luego siendo socio en los palos. Cada vez hay más medios, me dijo para animarme a continuar en este fregado. Me dieron unas claves para ponerme en contacto con ellos. Si recibía una llamada a las ocho, debería entender que nos veríamos a las 24 horas siguientes en la puerta del cementerio de Málaga».

Hasta la denuncia de P. N. nadie había investigado ni querido investigar todas las irregularidades que salpicaban la gestión de ese mando al frente de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil

Aquel día el máximo responsable del EDOA y uno de sus cómplices empezaron a sembrar un camino que les conduciría años después a la cárcel. Hasta la denuncia de P. N. nadie había investigado ni querido investigar todas las irregularidades que salpicaban la gestión de ese mando al frente de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil. Muchos de sus subordinados, viendo el sin sentido de muchas de sus operaciones, en las que los narcos se iban de rositas, comentaban que «o bien era tonto o bien ponía el cazo». Pero la ley del silencio imperaba. Nadie se atrevía a elevar una queja, a insinuar una sospecha. Sabían que serían destituidos y trasladados de destino.

P. N. siguió viéndose durante dos meses con sus interlocutores. Para entonces el GRECO ya le había comunicado a la Unidad de Servicios de Asuntos Internos las supuestas andanzas del teniente. Y por primera vez, el SAI (Servicio de Asuntos Internos), con autorización judicial, intervino los teléfonos del despacho de la Comandancia de Málaga y montó micrófonos en el Q7 del teniente. En octubre de 2010 cayó Orellana, a quien le encontraron equipos de radiotransmisiones en su casa sacados de la Comandancia sin ningún tipo de control. En diciembre fue detenido el teniente por causas relacionadas con el narcotráfico en distintas operaciones en las que había intervenido. También fue imputado el capitán de la Unidad, aunque posteriormente en el juicio quedaría absuelto.

Sé que a los que denuncié no perdonan. Cualquier día puede pasar cualquier cosa

«Si no hubiese sido por mí, la corrupción en el EDOA de Málaga se hubiese extendido como una mancha de aceite. Yo fui el que inició la investigación que llevaría a la desarticulación de algo tan peligroso como que los centros neurálgicos de las fuerzas de seguridad estuvieran corrompidos. Fui un colaborador de la Justicia. No un chivato, ni un confidente. Me arriesgué por nada porque nunca he tenido beneficio alguno. Encima siempre he sido vilipendiado por todos, incluso por mis propios compañeros. Y además sé que a los que denuncié no perdonan. Cualquier día puede pasar cualquier cosa».

Finalmente, en el año 2015 se celebró el juicio por el EDOA. La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga se personó como acusación popular en su lucha contra la corrupción policial y en cierto modo como apoyo a la labor realizada por P. N. El teniente fue condenado a diez años de prisión por la Audiencia Provincial. El guardia Orellana se fugó. Estuvo un año huido. Luego pactó su regreso y acepto 19 años de cárcel. En el año 2019 el Tribunal Supremo rebajó la condena del teniente a 3 años y 9 meses de prisión.

Aceptó 18 meses de prisión por un delito contra la salud pública y seis meses por tenencia ilegal de armas

Finalmente en 2020 P. N. también conoció su sentencia. Aceptó 18 meses de prisión por un delito contra la salud pública y seis meses por tenencia ilegal de armas. Pero no tuvo que entrar en prisión. La condena quedaba en suspenso durante cinco años, tiempo en el que no tendrá que delinquir por los mismos motivos.

«La mía ha sido una vida supeditada a la acción y, por eso, he conocido las caras de todo lo bueno y de todo lo malo de este mundo en el que he vivido». Esa mirada del que se ha asomado al abismo es la que le acompaña cuando finalmente, de nuevo con todas las precauciones, nos devuelve al coche que nos ha traído hasta su casa.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3079 en: 22 de Febrero de 2021, 06:44:18 am »

Rechazado el reingreso de un policía que detuvo a una mujer por negarse a mantener relaciones sexuales

El Tribunal Supremo desestima su recurso y recuerda que con la actuación del agente “la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado se vio seriamente afectada”

Fecha
22/02/21access_time 1:02

A.R.E.

Un ex policía nacional fracasa en su intento de ser rehabilitado como agente del cuerpo, del que había sido expulsado tras recaer sobre él una condena penal. El asuntó pasó por el Consejo de Ministros y ha llegado al Tribunal Supremo, y en ambos casos el ex policía no ha visto reconocida su pretensión.

Confidencial Digital ha consultado una sentencia reciente de la Sala Tercera, de lo Contencioso, del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de ese antiguo agente de la Policía Nacional.

Detenida tras negarse a mantener relaciones sexuales

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid declaró como hechos probados que este hombre, siendo agente y “actuando de común acuerdo con otro funcionario de la Policía Nacional, abordó a una ciudadana brasileña” en un determinado punto de la ciudad de Madrid.

Ambos policías nacionales le propusieron a esa mujer “mantener relaciones sexuales y ante su negativa [la de la mujer] la sujetaron del brazo y la retorcieron la muñeca y exhibiendo distintivos profesionales le dijeron que estaba detenida por carecer de papeles”.

A continuación, los agentes introdujeron a la mujer detenida a empujones en su vehículo y salieron “a gran velocidad”, sin respetar ni los semáforos en rojo. Los hechos reflejados en la sentencia del Supremo sólo cierran el suceso señalando que el suceso acabó cuando “alertados por un testigo aparecieron funcionarios de la Policía Nacional que pusieron fin a la situación, liberando a la víctima”, es decir, la mujer brasileña detenida de forma irregular.

Los dos policías nacionales fueron condenados por un delito de detención ilegal y una falta de lesiones a las penas de un año y siete meses de prisión, con su accesoria, y de inhabilitación absoluta por tiempo de dos años y seis meses por el delito y de multa de un mes por la falta.

Como consecuencia de la condena penal, la Policía abrió expediente a los dos agentes. El expediente concluyó el 9 de diciembre de 2014 “con la pérdida de la condición de funcionario de ambos condenados”, es decir, su expulsión del cuerpo.

Requisitos para la rehabilitación

Uno de los dos policías expulsados decidió pedir su reingreso pasados unos años. Distintas normativas contempla la rehabilitación de la condición de funcionario para aquellos que hayan sido apartados.

Por ejemplo, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 68.2 que “los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud”.

Además tiene relevancia en estos casos el Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado.

En el artículo 6.2 se fijan los “criterios orientadores para la valoración y apreciación de las circunstancias y entidad del delito cometido” para resolver peticiones de rehabilitación “de quienes hubieran perdido su condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación”.

Los criterios son la conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario, el daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito, la relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial, la gravedad de los hechos y duración de la condena, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, los informes de los titulares de los órganos administrativos en los que el funcionario prestó sus servicios y cualquier otro que permita apreciar objetivamente la gravedad del delito cometido y su incidencia sobre la futura ocupación de un puesto de funcionario público.

El Consejo de Ministros rechazó la petición

La petición de reingreso en la Policía Nacional llegó hasta el Consejo de Ministros, que por acuerdo del 29 de noviembre de 2018, desestimó la solicitud.


Así que el ex policía presentó un recurso ante el Supremo contra ese acuerdo. Solicitó al Alto Tribunal que “se declare la nulidad del acto administrativo objeto de impugnación” y “condene a la Administración Pública demandada a tener por rehabilitado” al agente, “ y como consecuencia de ello, a realizar la actividad administrativa necesaria para adjudicarle un puesto de trabajo o acreditarle en nómina los términos que establece el artículo 8 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre”.

Su argumentación fue que “si bien el delito es doloso no implica deslealtad profunda hacia los deberes asumidos por su condición de Policía Nacional”. Además, trató de apoyar su recurso esgrimiendo que en su expediente constan nueve felicitaciones, el perdón de la perjudicada (la mujer a la que detuvo irregularmente), el pago de la indemnización con anterioridad al juicio y la falta de nuevos antecedentes penales.


“Prevaliéndose de la condición” de policía

La Sala Tercera, de lo Contencioso, del Tribunal Supremo, desestima todos los argumentos del ex policía. Sobre todo, concluye que la gravedad de los hechos impiden el reingreso en el cuerpo.

En primer lugar, explica que la rehabilitación no es un derecho que se conceda automáticamente, sino que las administraciones tienen derecho a vetarla si así lo entienden: “La fundamentación contenida en el Fundamento Tercero del Acuerdo recurrido cumple las exigencias de motivación mediante la referencia concreta al delito cometido y a sus circunstancias que justifican la valoración que deniega la rehabilitación en razón de los factores exigidos por el RD 2669/1998”.

Ya sobre el caso en sí, apunta que “el delito de detención ilegal” por el que fue condenado el ex agente “se llevó a cabo prevaliéndose de la condición de funcionario de la Policía Nacional, tras no acceder una mujer brasileña sin documentación a sus pretensiones sexuales”.

La imagen del cuerpo, seriamente afectada

A juicio de los magistrados, “una conducta delictiva de un funcionario de Policía como la anterior”, al detención ilegal de una mujer sin papeles que se negó a mantener relaciones sexuales con los policías, “es de por sí contraria al comportamiento profesional exigible a los miembros de un Cuerpo, como el de la Policía Nacional integrado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Recuerdan que “el artículo 5.1. c) de la LO 2/1983, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impone a los miembros del citado Cuerpo actuar con integridad y dignidad”.

El Supremo no ve suficiente que el ex policía aporte el perdón de la víctima y la reparación económica del daño, así como la inexistencia de otros antecedentes penales, el informe de la Comisaría del Distrito de Chamberí y la justificación de un determinado número de felicitaciones: “Lo cierto es que el delito de detención ilegal fue doloso, tuvo lugar en la vía pública, trascendiendo a los viandantes o conductores que circulaban, como evidencia la declaración de hechos probados de la sentencia penal”.

De hecho, “consta que la Policía fue alertada de lo sucedido por el conductor de un vehículo grúa que había oído los gritos de la mujer y siguió con su vehículo al recurrente y a su compañero que circulaban sin respetar la fase roja de los semáforos”.

Todos los argumentos en defensa del ex policía ya citados “no son factores suficientes para enervar el perjuicio al servicio público derivado del delito”. Los jueces del Supremo destacan que, con la actuación del agente expulsado, “la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado se vio seriamente afectada”.

De ahí que con los criterios que se exigen para rehabilitar a funcionarios expulsados, “parece razonable no conceder la rehabilitación dada la conducta reprobable” del ex policía nacional.