Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 403290 veces)

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3260 en: 24 de Octubre de 2022, 08:42:45 am »

Más de dos centenares de policías y guardias civiles fueron expulsados del cuerpo en la última década


 Según los datos facilitados por Interior a este diario tras una petición de transparencia, 97 pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía y 104 al Instituto Armado
 Un 9,3% de las expulsiones dentro de la Policía Nacional fueron por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, es decir, por agresiones, abuso o acoso sexual


Álvaro Sánchez Castrillo

23 de octubre de 2022 19:42h
 @AlvaroSanCas
Comisaría de la Policía Nacional de Estepona (Málaga), 1 de diciembre de 2014. A primera hora de la tarde, un agente trastea con las diferentes bases policiales. Todos sus esfuerzos se centran en una pareja, de la que pretende extraer toda la información posible: desde datos personales a denuncias previas. No lo hace en relación al desempeño de sus funciones, ni mucho menos. Forma parte de un plan orquestado junto con un delincuente, al que conocía desde niño, para exigir al hombre dinero a cambio de contar con protección policial. Lo que no sabe entonces el agente es que su teléfono ha sido pinchado a petición del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), que en el marco de una investigación contra el narcotráfico había detectado la presencia de un funcionario policial. Ocho años después, y con una condena por revelación de secretos a sus espaldas, el policía acaba de ser expulsado del cuerpo.

La salida de manzanas podridas, que el caso Villarejo volvió a poner de nuevo en el centro del debate público, es algo que se produce con relativa frecuencia. Durante la última década –entre 2011 y 2021–, según la información facilitada por el Ministerio de Interior a infoLibre a través de una petición cursada vía Portal de Transparencia, han sido apartados dos centenares de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado: 97 eran de la Policía Nacional y 104 pertenecían a la Guardia Civil. Esto supone, de media, la salida de una decena de miembros al año en cada uno de los cuerpos. Una cifra que, sin embargo, no resulta desmesurada cuando se pone en comparación con el volumen total de personal con el que cuentan en la actualidad Policía e Instituto Armado: 155.000 miembros, rozando el máximo histórico de efectivos.

El análisis de los datos revela que la cantidad de expulsiones ha mantenido un equilibrio a lo largo del tiempo. Es decir, no hay un ejercicio que destaque con claridad sobre el resto. Siempre están, entre los dos cuerpos, por encima de la decena y por debajo de la treintena El momento en el que registró un mayor número fue 2014: una docena en la Policía Nacional y 17 en la Guardia Civil. Y, el que menos, 2012: cuatro en la primera y ocho en la segunda. Del mismo modo, las cifras recopiladas en la última década tampoco permiten decir que se separe más en una que en otra. En el mismo periodo temporal, el departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska ha apartado a solo siete agentes más del Instituto Armado que de la Nacional.

Sí que se aprecian, sin embargo, diferencias importantes en los motivos de la expulsión, ya sea derivada de una condena criminal o de una sanción disciplinaria. En el caso de la Policía, un cuarto de los agentes –26– apartados lo fueron por la comisión de un delito contra la seguridad colectiva. Dentro de este grupo se encuentran desde los incendios hasta aquellos contra la seguridad vial o la salud pública, destacando el tráfico de drogas.

Fue por este último por el que la Audiencia Nacional confirmó en 2015 la expulsión de un agente destinado en la comisaría de Dénia. Se le declaró culpable de concertarse con narcotraficantes para desembarcar grandes alijos de cocaína y hachís en las playas del municipio alicantino. Su función era, justamente, la de informar sobre el movimiento de sus compañeros.

Uno de cada diez, por violencia sexual
Los delitos contra la Administración Pública –omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o cohecho, entre otros– y contra el patrimonio y el orden socioeconómico –robos, hurtos, extorsión o estafa, entre otros– también fueron comunes a la hora de expulsar a agentes policiales. De hecho, entre los dos representan otro cuarto de las salidas: 16 por el primer grupo y 12 por el segundo. Y luego están los delitos contra la libertad –detención ilegal, amenazas y coacciones–, por los que fueron expulsados 11 agentes durante la última década. Es el caso, por ejemplo, de los dos policías a los que se echó del cuerpo por arrestar, a cambio de dinero, a una mujer con acusaciones falsas a petición de su expareja.

El quinto motivo más frecuente de separación fue la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Es decir, por agresiones, abuso o acoso sexual. En total, los datos de Interior hacen referencia a nueve casos de este tipo, lo que supone un 9,3% de las expulsiones. Es el caso de Mauricio Moya, quien fuera comisario principal, quien fue echado a la calle en el verano de 2012 después de que el Supremo confirmase una condena de siete meses de cárcel contra él por acosar sexualmente a una de sus subordinadas en la Unidad de Coordinación y Cooperación Internacional (UCI). O de un agente que sometió a una mujer extranjera detenida a "tocamientos, caricias y besos", prometiendo ayudarla a evitar su expulsión administrativa del país.

Por homicidio han sido expulsados siete agentes de la Policía Nacional, uno de ellos en grado de tentativa, mientras que nueve más lo fueron por lesiones, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o trato degradante y torturas –tres por cada uno–. Dentro del primer grupo se encuentran los cuatro policías del denominado caso Cala Cortina, en el que se investigaba la muerte de un cartagenero cuyo cuerpo apareció flotando en el mar con varias vértebras rotas. El hombre había llamado a la comisaría de la localidad pidiendo ayuda ante unas amenazas recibidas y, tras eso, desapareció. Al principio, las pesquisas se centraron en sus vecinos, pero todo cambió cuando un testigo protegido dijo que tres patrullas se habían llevado al tipo. Los agentes, al final, aceptaron cuatro años de cárcel, dos por detención ilegal y dos por homicidio imprudente.

En cuanto a las dos expulsiones restantes, no han sido incluidas en ninguno de los grupos al tratarse de varios tipos delictivos al mismo tiempo. Así, en 2016 un agente abandonó el cuerpo tras ser condenado por un delito contra la seguridad colectiva y otro contra la Administración Pública, mientras que en 2018 salió del cuerpo otro policía por un delito contra la Administración Pública y otro contra la libertad.

104 expulsiones en la Guardia Civil
En el caso de la Guardia Civil, un 94,2% de las expulsiones –104– fueron por "cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica". En relación con el Instituto Armado, el Ministerio del Interior no ofrece desglose alguno por tipo de delitos. Pero en los últimos años han trascendido casos de toda clase. Se ha expulsado, por ejemplo, a un guardia civil condenado a cuatro años de prisión por haber dirigido un robo en la casa de un empresario. O a Antonio Manuel Guerrero, uno de los miembros de La Manada condenados a quince años de cárcel por un delito continuado de violación. O a varios agentes por su colaboración con narcotraficantes.

El resto, media docena, fueron por otras infracciones muy graves. A tres se les expulsó en base al artículo 7.24 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil: "La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias similares, legítimamente ordenada por la autoridad competente, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio". Y los otros tres salieron por desarrollar actividades que vulneraban las normas sobre incompatibilidades o por "la desobediencia grave o la indisciplina frente a las órdenes o instrucciones de un superior".

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3261 en: 26 de Octubre de 2022, 19:22:49 pm »

El Supremo confirma la suspensión de empleo y sueldo a dos agentes de la Guardia Civil por comprar coca en la Cañada Real (Madrid)


Los agentes fueron cazados por una patrulla de la policía municipal que vigilaba este enclave de venta de droga

Vehículo de la Guardia Civil en Madrid.

Pedro Jiménezpedrojimenezg

Cadena SER
26/10/2022 - 7:56 h CEST
MadridLa sala de lo militar del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de suspensión de empleo y sueldo a dos agentes de la guardia civil que en las navidades de 2019 pillaron coca en la Cañada Real cuando estaban siendo vigilados por un coche camuflado de la policía municipal. Los agentes del ayuntamiento advirtieron la presencia de un coche y vieron como un machaca les indicaba el lugar donde podían comprar la droga. A la salida les dieron el alto, pero les dijeron que estaban de servicio y pudieron marcharse. La policía local no se quedó contenta con las explicaciones, consultaron la matrícula del coche y comprobaron que no era un coche oficial. Con ese dato avisaron a una segunda patrulla que les volvió a dar el alto y les detuvo.

El Tribunal Militar Central impuso dos años de suspensión al agente que dio positivo por drogas y alcohol y uno al que solo dio positivo por alcohol. Los guardias civiles pidieron el archivo del expediente por haber excedido el plazo legalmente previsto para su tramitación. El Supremo recuerda que entre las medidas que activó el gobierno durante la pandemia estaba la de la suspensión de los plazos judiciales y administrativos y que, por lo tanto, su expediente nunca caducó.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3262 en: 28 de Octubre de 2022, 09:18:49 am »


Un exescolta de Gallardón recibió un viaje a Camboya y 100.000 euros de la red que extorsionó a chavistas


El policía local Daniel Renuncio gastó parte del dinero en un tratamiento de cirugía estética para su mujer y en un hotel de Marbella, según la UDEF.
28 octubre, 2022 03:07
M.A. Ruiz Coll  Javier Corbacho

La red que, supuestamente, extorsionó a exaltos cargos del Gobierno de Venezuela en España contó con los servicios de un policía local de Madrid, Daniel Renuncio, que previamente había trabajado durante dos años como escolta de Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde de la capital.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3263 en: 02 de Noviembre de 2022, 17:39:15 pm »

Dos guardias civiles falsifican una multa para perjudicar al concuño de uno de ellos en Canarias


Elaboraron una denuncia falsa en que la se indicaba que el hombre había circulado con su coche sin el seguro obligatorio, un hecho que no pudo ser cometido porque el vehículo se encontraba en un taller de reparación
Europa Press
02·11·22 | 06:50 | Actualizado a las 16:32


Imagen de archivo
Dos guardias civiles falsifican una multa para perjudicar al concuño de uno de ellos en Canarias

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de cinco años de cárcel para dos guardias civiles por falsificar una multa para perjudicar al concuño de uno de ellos.


El escrito de acusación, recogido por Europa Press, apunta que los agentes elaboraron una denuncia falsa en que la se indicaba que el hombre había circulado con su coche sin el seguro obligatorio, un hecho que no pudo ser cometido porque el vehículo se encontraba en un taller de reparación.


Uno de los agentes escribió de su puño y letra la denuncia y el otro la firmó.

Cuando la víctima formuló pliego de descargo uno de los acusados realizó un informe cuyos hechos “no pudieron ocurrir en realidad” dado que el supuesto día de la infracción no podía suscribir la denuncia pues trabajó en horario de mañana y los hechos estaban firmados a las 18.30 horas.


,La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsificación documento público y pide cinco años para cada uno de los agentes cinco años de inhabilitación para ejercer su trabajo en empleos relacionados con fuerzas de seguridad y veinte meses de multa a razón de 8 euros al día.

El juicio por falsificar una multa se celebra este miércoles a las 10.00 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3264 en: 04 de Noviembre de 2022, 07:24:46 am »

Tres guardias civiles, investigados por delitos presuntamente cometidos contra una empresaria



La propietaria de una compañía de seguridad privada, ante la negativa de reunirse con un capitán, sufrió supuestamente acoso a base de denuncias sin fundamentos, actitudes contrarias a derecho y amenazas de denuncias por hechos injustificados
G. Díaz Medina
02.11.2022 05:00

Tres guardias civiles (un capitán, un cabo y un guardia) destinados en la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife están siendo investigados por presuntas amenazas, coacciones, un delito contra la integridad moral, falsedad documental, lesiones, prevaricación administrativa y por la omisión del deber de perseguir delitos.

La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 1, de Santa Cruz de Tenerife y la presentó una empresaria cuya actividad es la de la prestación de servicios de Seguridad Privada. Los hechos comenzaron con la llegada del nuevo Interventor de Armas y Explosivos en Santa Cruz de Tenerife. La empresaria lleva ejerciendo su trabajo desde hace más de 30 años sin que hasta ese momento se conocieran discrepancias con dicha Intervención de Armas ni sanciones administrativas por infracciones.

Sanción de 30.000 euros

Con motivo de la adjudicación de una obra (UTE anillo insular), a la empresa que la querellante representa, se originaron una serie de hechos que dieron origen a la querella presentada. Presuntamente la empresaria sufrió acoso laboral, lo que le ha producido lesiones, así como los supuestos delitos que en este momento se encuentran en investigación en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

El capitán Interventor de Armas solicitó en numerosas ocasiones una reunión informal con la querellante. Ante la negativa de la empresaria, sufrió supuestamente acoso laboral, consistente en denuncias sin fundamentos, actitudes contrarias a derecho y amenazas de denuncias por hechos injustificados. Incluso llegó a ser denunciada por una infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada, lo que le acarreó una sanción de 30.001 euros. La sanción fue recurrida y el resultado final fue su archivo al no apreciarse infracción alguna.

Manipulación de su firma
El presunto acoso laboral contra la empresa de la denunciante continuó. Entre los muchos hechos denunciados destaca que le solicitaban a los vigilantes de seguridad documentos que no eran obligatorios para el desempeño de sus funciones y que tampoco tenían obligación de portarlo, además los amenazaron con denunciarlos. Ante esta situación de permanente acoso y derribo por parte de los querellados, algunos vigilantes de seguridad le comunicaron a la empresaria su intención de dejar el trabajo. En otro momento, los guardias civiles le solicitaron a la empresaria documentos que no eran obligatorios, exigiendo su presentación hasta en cinco ocasiones e incluso acercándose a su casa. En la querella también se hace alusión a la manipulación de la firma de la empresaria por parte de los guardias.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha manifestado en relación a esta denuncia. ”Nos resulta extraño que después de todo el tiempo que estos guardias llevan investigados y los delitos que se les imputan, no se les haya cesado en sus funciones. La Asociación cree en la justicia y en la presunción de inocencia, pero si son culpables deberá caer sobre ellos todo el peso de la ley”, detalló un portavoz a Atlántico Hoy.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3265 en: 07 de Noviembre de 2022, 19:05:55 pm »
ÁGORA
01.11.22

Proxenetismo y mafia policial en Lugo: ¿qué es el caso Carioca?


Fran Perez
Trece años han transcurrido del operativo policial que arrestó en Lugo un 16 de octubre a una veintena de personas relacionadas con una retahíla de hechos de enorme gravedad cuyo epicentro se situaba en una serie de establecimientos en los que clase, género y colonialismo estrechan sus manos: los prostíbulos. Sería el tercer elemento el que bautizaría a la investigación como caso Carioca, puesto que la mayoría de los cientos de mujeres explotadas sexualmente en los clubs investigados procedía de Brasil.

A medida que se tiraba del hilo, fueron incrementándose los imputados en la causa hasta rozar los 90 y conociéndose nuevos episodios de un extenso e intrincado entramado en el que los policías locales, policías nacionales y guardias civiles encargados de perseguir esta clase de delitos actuaban como cooperadores necesarios, cuando no directamente como proxenetas. Tanto era así que la jueza Pilar de Lara hubo de recurrir a agentes de la brigada de Asuntos Internos de la Guardia Civil procedentes de Madrid para llevar a cabo con la mayor de las discreciones la instrucción previa a la operación.

Los policías locales, policías nacionales y guardias civiles encargados de perseguir esta clase de delitos actuaban como cooperadores necesarios, cuando no directamente como proxenetas

La magistrada había dado en la tecla de algo muy gordo, y no tardaron en hacérselo saber desde los foros policiales: "La venganza es un plato que se sirve en frío". Durante los primeros años tuvo que cambiar sus hábitos y llevar escolta para protegerse ella y a su hija, mientras que los agentes encargados de la instrucción denunciaban haber recibido amenazas de muerte y ataques a sus vehículos en un contexto de guerra de una parte de la Guardia Civil contra los investigadores.

Las amenazas y presiones no fueron las únicas zancadillas que atravesó la causa, cuyos hallazgos ponían en jaque la confianza que la ciudadanía pudiera depositar en un pilar tan importante del Estado como lo pueden ser sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Es por eso que no faltó quien pusiera todo su empeño en reducir el caso Carioca a un puñado de terribles proxenetas y, a lo sumo, un par de manzanas podridas entre las autoridades policiales sobre las que debería recaer toda la mala prensa para preservar la imagen del resto. A esta tesis apuntó en una entrevista para El Progreso el, hasta hace unos meses, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo poco antes de su reciente ascenso a Madrid: "Yo creo que aquello estaba sobredimensionado. Era mucho menos de lo que aparentaba".

LOS REYES DEL MAMBO

Una visión diferente ofrecen los testimonios de las mujeres prostituidas, empezando por aquella que interpuso en diciembre de 2008 la denuncia que da origen a la macrocausa. Según su relato, el cabo de la Guardia Civil responsable del Equipo da Muller e o Menor, Armando, llevaba años acosándola para mantener relaciones sexuales después de que en el 2006 acudiera junto a dos compañeros al club en que ejercía a realizar una inspección haciéndose pasar por Jefe de Extranjería. De aquella inspección no quedó registro, pero sí los datos personales y las fotografías de las prostitutas que les llamaban la atención en una carpeta llamada "pilinguis fotos", hallada en las dependencias del Equipo de Personas, responsabilidad de Baquero, superior jerárquico de Armando.

Armando se presentaría en el piso de la denunciante, posaría su pistola sobre la mesa del salón y la forzaría a mantener relaciones sexuales a cambio de un permiso de residencia por tres meses. La denuncia se produce cuando, ante la negativa a volver a tener relaciones, Armando comienza a acosarla y el inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, Evaristo, el subinspector Eduardo -a quien ella conocía de acudir al club como cliente- y otro agente de la brigada la expedientan con una orden de expulsión que no tardarían en ejecutar entre insultos y vejaciones. "Ahora la información ya está cortada".


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3266 en: 07 de Noviembre de 2022, 19:06:27 pm »
El Equipo de Personas de la Guardia Civil, con Armando y Baquero como máximos responsables, era el encargado de perseguir los delitos relacionados con tráfico de personas y explotación sexual, mientras que a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, con Evaristo y Eduardo al mando, le correspondían las competencias relacionadas con los permisos de residencia y órdenes de expulsión. Ambos cuerpos actuaban coordinadamente en los prostíbulos, pero no actuaban en todos por igual: beneficiaban a aquellos afines que accedían a pagar una cuota a Armando cuando pasaba el cazo, y según diversos testigos, también a Eduardo, a la vez que machacaban a la competencia, incluso con declaraciones precocinadas. Y son precisamente estos agentes el nexo común entre más de una decena clubs que otorga al caso Carioca el carácter de red. En una ocasión llegó a enterrarse una guerra entre Armando y un burdel de Ribadeo, que había recurrido a sus propios contactos en la Guardia Civil, mediante un pacto entre agentes para evitar acabar siendo todos perjudicados.

El Equipo de Personas de la Guardia Civil y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional actuaban coordinadamente en los prostíbulos, pero no actuaban en todos por igual: beneficiaban a aquellos afines que accedían a pagar una cuota

No son pocos los proxenetas que, cuando no accedían a sus exigencias, dan cuenta de las tropelías que Armando cometía en los prostíbulos en los que ellos mismos explotaban sexualmente a mujeres. Es el caso de José Crego, que acabó sucumbiendo a las amenazas de Armando tras un incendio provocado en el club Tritón (O Corgo). O el de Antonio, responsable del club El Romance (Vilalba) que denunció haber sufrido amenazas de Armando, un tiroteo procedente de un vehículo que lo perseguía mientras conducía y el secuestro y violación de dos mujeres que ejercían en su club por parte de sicarios armados, además de haber sido encarcelado por órdenes de Armando. En los pocos casos en los que la proxeneta era una mujer, Armando o Baquero la acosaban y amenazaban con actuar contra sus burdeles si no accedían a tener relaciones con ellos.

Otro ejemplo es el de 'el Alemán', propietario de varios prostíbulos de Sarria y Becerreá que en 2001 convocó una rueda de prensa que sería emitida por la emisora gallega de TVE y TeleLugo en la que señaló a Armando como responsable de un montaje policial en su contra, fundamentado en declaraciones de las mujeres que él prostituía en el club Satélite y obtenidas bajo amenazas de expulsión y maltrato psicológico y físico. La operación no proliferaría al apreciar la jueza instructora que las denuncias eran falsas, pero Armando, que había extorsionado sin éxito a 'el Alemán' para que le pagase a cambio de protección, denunció al proxeneta por las "calumnias" vertidas en televisión y consiguió que acabara encarcelado y condenado a pagarle 6.000 € de indemnización.

A las mujeres explotadas en los clubs adversarios la Brigada de Extranjería a menudo les incoaba expedientes de expulsión. Otras, aquellas que podían ser más rentables, eran enviadas a los pisos de acogida que el propio Armando gestionaba bajo la condición de mujeres que habían salido de una situación de explotación sexual, para a continuación ser derivadas a los prostíbulos afines. Esta práctica fue denunciada en reiteradas ocasiones y por diferentes vías en 2005 por dos agentes subordinadas sin que nadie, ni los máximos responsables de la Guardia Civil en Lugo ni el subdelegado del Gobierno (PSOE), hubiera tomado cartas en el asunto.

A las mujeres que aceptaban las exigencias sexuales o de otro tipo de Armando a menudo se les concedía la condición de testigo protegido que les garantizaba la permanencia en España. Otras veces les organizaba matrimonios de conveniencia o contratos fraudulentos. O recurría a sus contactos en la Administración para regularizarles la situación, nada menos que Alberto Linares, el Jefe de la Oficina de Extranjeros, y Germán Pumares, que por las mañanas trabajaba como funcionario adscrito a la Brigada de Extranjería y por las tardes de abogado en un despacho al que en ocasiones acudían los mismos clientes a los que Germán les había facilitado la tarjeta de contacto por la mañana y sobre los que Germán como funcionario debía aceptar o rechazar su defensa. Germán era muy dado a echar una mano y por eso, de acuerdo con el encargado del club Eros (Lugo), era quien les gestionaba "los papeles" del club.

En los clubs afines Armando, Baquero y Eduardo tenían barra libre de sexo y consumiciones. Eran los "Reyes del Mambo", o así se les conocía en el club Liverpool (O Corgo). Armando se permitía, incluso, invitar a servicios de prostitución gratuitos a sus amigos más cercanos a los que lo unían los negocios, entre ellos Enrique Calvente cuando era alcalde por el PP de una entidad menor local segoviana. Otro alcalde del PP, Jesús Novo, conocido por las fiestas con prostitución que organizaba en la Mariña lucense, mantenía una estrecha relación con Armando, con quien acudió a una cacería en Toledo, y le hizo algún favor relacionado con la regularización de una mujer. Se sabe que en la Mariña Armando se llevaba a las mujeres de algún prostíbulo para encuentros de ese estilo.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3267 en: 07 de Noviembre de 2022, 19:06:37 pm »
Armando se permitía, incluso, invitar a servicios de prostitución gratuitos a sus amigos más cercanos

Pero no solo ellos tenían barra libre. Por ejemplo, Luis Ferreiro, policía encargado de la custodia de los detenidos en los calabozos, era invitado a servicios de prostitución en el club Tara (Guntín). Una de las intervenciones telefónicas del caso Carioca interceptó cómo una mujer explotada en el club Queens, donde Luis también era un invitado asiduo, atiende la llamada de Pulleiro, encargado del club, pese a encontrarse detenida. Ella dice que "aquí están todos los policías que van por ahí", el encargado le pregunta si está Luis Ferreiro y la mujer se mueve con naturalidad por la comisaría hasta el piso de arriba para pasarle con él, que le permitiría abandonar las dependencias.

EL POLICÍA PROXENETA

Si alguien había forjado buenas relaciones con los cuerpos policiales, ese era Adán, dueño de los clubs Queens (Lugo) y La Colina (Outeiro de Rei) y patrocinador del equipo de fútbol sala de la comisaría de Lugo.

Adán se crio en un ambiente violento. No había cumplido los 25 años cuando su padre entró en prisión por haber estrangulado a su madre y quemado su cadáver. Para entonces Adán ya había sido denunciado por varias mujeres prostituidas por agredirlas en el club Scorpio, en el que estaba como encargado. Ese club vería nacer la amistad entre Adán y Ramón, inspector de la Policía Local al mando de la Brigada Nocturna. Varios testigos apuntan a que sería este el agente responsable de la desaparición del puñal y la ropa ensangrentada que impediría demostrar que Adán hubiera apuñalado a un cliente en el club O Pazo en el año 2000. Otros testimonios atribuyen a Adán tiroteos, persecuciones rifle en mano y haber encañonado a clientes.

Ramón estuvo encausado junto a casi un centenar de compañeros -de los 125 que conformaban la Policía Local- en la trama de la retirada de propuestas de multa. El juez sobreseyó el caso en el 2019 ante la falta de normativa y registro de qué agentes podían modificarlas, pero en la instrucción se evidenció que Ramón ofrecía la retirada de sanciones a cambio de que los multados asegurasen su vehículo en la correduría de seguros de la que él mismo era propietario. Además, también beneficiaba con frecuencia a Adán.

Pero el jefe de la Brigada Nocturna no se limitó a beneficiarlo, sino que fue su socio en el club Queens que montaron juntos en el 2001 en una parcela de la que los anteriores propietarios se deshicieron tras ser fritos a multas por la Policía Local. Para tal fin, Ramón fundó una inmobiliaria cuya única actividad fue arrendar el local y subarrendárselo por el mismo precio a Adán sin percibir -la empresa- un solo euro. Ramón gestionó la licencia del local, el suministro eléctrico, las obras de reforma, la pintura de la fachada y la instalación de rejas, persianas y ventanas. Fue incluso el encargado de ponerle las luces de neón. A diferencia del club Volvoreta (Lugo), que regentaba un guardia civil ya jubilado, en este caso se trataba de un policía en activo.

A diferencia del club Volvoreta (Lugo), que regentaba un guardia civil ya jubilado, en este caso se trataba de un policía en activo.

Una vez inaugurado el Queens, él entraba por la puerta de acceso de las mujeres y no de los clientes, se reunía con Adán en el despacho y le recriminaba a las mujeres que allí se "jodiera poco". No solo estaba invitado a sexo y bebidas, sino que distintos testigos vieron cómo Adán pagaba a Ramón importantes cantidades de dinero. Ramón "probaba" a las mujeres que llegaban nuevas al club y en algún caso se desplazó a recogerlas al aeropuerto. Acudía al club uniformado, armado y en el vehículo oficial, y usaba su condición de policía para forzarlas a tener relaciones gratis con él incluso fuera del local y sin preservativo.

Una de las mujeres que se vio forzada a prostituirse para sacar a sus pequeños adelante declaró que con quien habló para empezar a ejercer en el Queens fue con Ramón, y no con Adán. En el 2004 denunció ante la Policía Nacional a Adán y Ramón aportando datos concretos, así como una fiesta con prostitutas organizada en la vivienda de un guardia civil. Sobre la denuncia no se practicó diligencia alguna. Sin embargo, ella salió de la comisaría con la apertura de un expediente de expulsión en su contra y fue enviada, embarazada, a un centro de religiosas donde la pusieron a hacer limpieza "todo el día". Acabaría dando a su hijo en adopción por falta de recursos -si bien el centro estuvo investigado en un caso de retiradas irregulares de bebés-. Según se publicó en El País, hoy vive con una discapacidad del 99% tras tirarse de un sexto piso con la intención de suicidarse.

ESCLAVITUD SEXUAL CON COMPLICIDAD POLICIAL

Las mujeres prostituidas en el Queens y La Colina, del que Adán se haría cargo desde el 2004, eran captadas mayoritariamente en Brasil, y debían prostituirse para saldar una deuda que no paraba de acrecentarse contraída con el pretexto del billete de avión. Una de las rutas de entrada consistía en pasar por la cabina 16 del Aeropuerto de Barajas. En la taquilla del agente de la Policía Nacional destinado en aquel puesto fueron localizados los nombres de varias de las mujeres que debía dejar pasar. Paco, como lo llamaba Adán en las 61 conversaciones telefónicas intervenidas, era yerno de uno de los camareros del Queens.

El Queens llegó a generar cerca de 200.000 euros mensuales, según La Voz de Galicia. Las mujeres que ejercían en él, hacían jornadas de hasta 12 o 14 horas en un ambiente de "sometimiento, miedo, intimidación y terror", de acuerdo con los autos judiciales. Si alguna se encontraba enferma Adán le exigía volver: "Y si no lo haces te voy a buscar. Como si tengo que pagar 500 euros para que te rompan las piernas". El Queens fue el escenario de insultos, vejaciones y palizas que Adán propinaba. Unas relataron haber sido arrastradas de los pelos, otra que Adán le lanzó un cuchillo a 4 cm de la cara, otra haber sido encañonada bajo amenazas mientras él se reía al ver cómo le temblaban las piernas… Esta misma mujer recibió de su marido, amigo de Adán, una paliza que la dejó cojeando. Al llegar al club, Adán la llamó ante la mirada impasible del policía José para propinarle otra en el baño. Delante de él y de otro compañero al que llamaban Félix, Adán diría "ahí tenéis a mis vacas, solo saben comer, beber y pacer".

José y Félix eran dos de tantos policías nacionales que acudían gratis al club, y es que el Queens era el lugar de recreo de las fuerzas de seguridad. De la Benemérita fueron reconocidos como clientes diversos agentes más allá de Armando y Baquero, en particular del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA). Charly Varela, guardia civil identificado como cliente, competía en campeonatos de motociclismo con una Kawasaki que lucía entre las pegatinas de sus patrocinadores las del Queens y La Colina. Según publicó El País, una mujer que ejerció en el Scorpio y el Queens apuntó alto al señalar a García-Lora, jefe de la Comandancia de Lugo hasta su ascenso de 2009, como el cliente ocasional del Queens que la trasladó desde Madrid a Lugo en vehículo oficial con su chófer al volante. Su chófer era a su vez un guardia civil en la reserva muy bien relacionado con los proxenetas del Queens y el Eros que terminaría por contraer matrimonio con aquella mujer.

Una mujer que ejerció en el Scorpio y el Queens apuntó alto al señalar a García-Lora, jefe de la Comandancia de Lugo hasta su ascenso de 2009, como el cliente ocasional del Queens que la trasladó desde Madrid a Lugo en vehículo oficial

Algún policía nacional, como aquel al que llamaban Melendi, "iba todos los días". El agente de la Policía Local conocido como 'el coletas' fue señalado por varios testigos como uno de los suministradores de munición a Adán, que luego descargaba contra una furgoneta vieja situada en el patio trasero del local. Al policía nacional Manolo lo vieron comparando sobre el mostrador del Queens quién de los dos, Adán o él, tenía la pistola más grande, a pesar de que Adán no tenía licencia para portar armas. Según las prostitutas del Queens, Manolo "follaba por la cara, y si te negabas, amenazaba con deportar". Al igual que Félix, era de los imprescindibles en las orgías que Adán organizaba con mujeres del Queens en las que corría la cocaína y otras drogas. De acuerdo con las testigos, en uno de estos encuentros en el que estaban Manolo y otros cuatro policías, uno de ellos se dispuso a hacer una raya con la cocaína que él mismo llevaba y Adán, buen amigo de Óscar Charlín, del clan de los Charlines, se la tiró al suelo espetándole: "Eso no vale nada, la buena es la que traigo yo".

Adán distribuía cocaína entre los clientes de confianza -alguno llegó a gastar 4.000€ en una noche-, y también la ofrecía a las prostitutas, que recurrían a ella para soportar sus extenuantes jornadas. Esto a su vez prolongaba su deuda y la adicción las fidelizaba para que no abandonaran el club. Por otro lado, la presencia de policías en el establecimiento, a menudo uniformados y muchos de ellos invitados a sexo y consumiciones gratuitas, generaba en las mujeres prostituidas la tranquilidad de que allí las redadas eran improbables y en tal caso habría chivatazo, como ocurrió en múltiples ocasiones, pero al mismo tiempo blindaba a los proxenetas y desincentivaba cualquier tentación de denunciar que las mujeres pudieran tener.

COMBUSTIBLE PARA UN INFIERNO

En todo este desolador paisaje todavía falta un crucial elemento: el cliente. Él es el combustible del lucrativo negocio de la explotación sexual. Muchos de ellos drogados y desenfrenados, es de suponer que no solo provocaran repugnancia a mujeres prostituidas en contra de su voluntad, sino también temor por lo que pudieran hacerles. Llegó a publicarse en El Mundo que, de acuerdo con la declaración de su hermana, una prostituta falleció desangrada tras introducírsele una bola de billar en una orgía en la que fue violada por varios hombres. Algunos exigían hacerlo sin preservativo, y cuando se trataba de amigos de Adán ellas debían acceder.

Fue el caso del constructor Ricardo Lago, al que Adán proporcionaba cocaína. Ricardo, a sus 45 años, solía acostarse con una chica de 18 a la que acabaría dejando embarazada. Ante su decisión de tener al hijo, Ricardo le explica a Ramón que él tiene familia y ese embarazo no puede continuar, tras lo que Adán amenaza a la mujer embarazada con enviarla "en una caja de pino" a su país si no abortaba. El propio Adán la conduciría a una clínica privada insalubre y sin licencia en la que un amigo ginecólogo le practicaría la operación por 600€, sin anestesia y mientras ella se retorcía de dolor. No fue el único aborto forzado que practicó a petición de Adán.

UN MALTRATADOR DENTRO Y FUERA DEL CLUB

Entre las cuatro paredes del Queens pasó sus primeros años de vida la hija que Adán tuvo con la mujer con la que contrajo matrimonio en el 2002. Allí la niña se quedaba a dormir a menudo y jugaba durante el día, como atestiguan los juguetes que quedaron abandonados en el recinto tras la operación Carioca. Ella repetía algunas de las frases que oía pronunciar a su padre: "¡A trabajar, putas!". Entre la documentación intervenida se encontró un dibujo que ella había realizado de una chica enterrada: podría corresponderse con Ana, una de las prostitutas desaparecidas y de la que más evidencias llegaron a recopilarse sobre su probable asesinato.

El caso tuvo que cerrarse al resultar infructuosa la búsqueda de sus restos, pero todo apunta a que, antes de hacerlo desaparecer, su cadáver yació en un agujero encontrado en un alpendre aledaño al Queens al que Adán no permitía acceder desde que lo reformó en 2007. Coincide con la época en que una prostituta oyó a Adán y su socio policía gritar "rabiosos" a una mujer que intentaba pedir auxilio en estado de absoluta desesperación con la boca amordazada. En un momento dado, oye una detonación y a partir de ahí el silencio. Al día siguiente faltaba una brasileña de 19 años en el club. La testigo le manifestó a Adán que abandonaba el club, y Adán reaccionó golpeándola brutalmente hasta que no pudo levantarse, y entonces le pidió a un empleado que le "buscara la 38" para encañonarla diciéndole que la iba a matar. Cuando llegó a la comisaría con el parte de lesiones se encontró a Adán hablando con los policías, que se negaron a recogerle la denuncia. Adán solía decirles a las prostitutas: "¿Quién va a preguntar por vosotras? Os pego un tiro y os llevo a enterrar a una gruta y nadie pregunta".

En un momento dado, oye una detonación y a partir de ahí el silencio. Al día siguiente faltaba una brasileña de 19 años en el club

La mayor condena que pesa sobre los hombros de Adán, que lo mantiene en prisión desde el 2014, no guarda relación con el caso Carioca a pesar del terremoto que supuso en su momento, sino con los malos tratos a su mujer, si bien ella solo se atrevió a romper el silencio una vez que Adán se encontraba en prisión preventiva -que cumplió entre 2009 y 2013-.

"Ojalá te mueras de un cáncer" o "ya sabes lo que vale una colombiana muerta en España" son algunas de las frases que le dedicaba. Adán golpeaba a su esposa delante de su hija, en algún episodio hasta dejarla inconsciente. La mujer llegó a perder parte de su cabello debido a que Adán la arrastraba de los pelos. En una ocasión la encerró en un cuarto sin comida ni bebida y debiendo hacer sus necesidades en el dormitorio, del que logró salir al cabo de tres días -a la carrera, y mientras Adán disparaba al aire- tras desmontar una cama y forzar la puerta con una tabla.

Cuando por fin encontró a una conocida que las acogiera a ella y a su hija de 4 años en su vivienda, Adán amenazó con volarla con dos bombonas de butano, y logró que volviese al Queens para firmar, con la pistola cargada colocada en la sien, unos papeles que Adán le impidió leer por los que ella renunciaba a su hija. Todavía habría otro episodio más de violencia, en el que Adán cerraría con llave la puerta del piso que habían compartido, le mandaría anotar "todos sus pecados" en una hoja en blanco y le diría que "de aquí sales tú o salgo yo, pero los dos no". La sentencia recoge que Adán la violó brutalmente mientras se metía rayas de cocaína y que ella solo logró salir por la ventana del baño, desnuda de cintura para abajo y sangrando, gracias a que Adán se confió y se fue a la cocina a comerse un flan en medio de aquella situación. "Corre, me cago en Dios, que ya te pillaré".

IMPUNIDAD

Estando Adán en prisión preventiva, todavía tuvo tentáculos como para que durante el primer mes de investigación alguien forzase los cierres del Queens y La Colina y entrase en ellos, presuntamente, para destruir pruebas. Por su parte, el Eros sufrió hasta seis incendios entre julio de 2010 y marzo de 2011, y un intento fallido de reventarlo con una bombona de butano. Al margen de estos clubs, en el caso Carioca fueron investigados el Eclipse, el Volvoreta y el Liverpool, destacando los últimos dos por sus condiciones de insalubridad.

Aparte de Armando y Baquero, se pudo averiguar que al menos dos agentes del Equipo Antidroga acudían invitados al club Liverpool. El dueño de aquel establecimiento los agasajaba en Navidad con cajas de vino Vega Sicilia. Allí, el proxeneta prohibía a las mujeres el uso de preservativo y debían introducirse una esponja para ejercer también los días de menstruación. Alguna mujer declaró llegar a perder 20 kilos debido a las condiciones de explotación, algo que acontecía ante los ojos de los agentes.

Al igual que ocurrió en el Queens, en el Liverpool se prostituían algunas menores, y al menos una de ellas era violada por el proxeneta. En una conversación telefónica a propósito de una que ejerció primero en el Queens y después en el Liverpool, Armando comenta con Evaristo, que había identificado a la menor en una redada sin iniciar ningún tipo de actuación, que era "de dominio público que la menor estaba por ahí". La Fiscalía, no obstante, se negó a acusar ni al proxeneta ni a los agentes y la pieza judicial relativa al Liverpool quedó sobreseída. Orozco, ex alcalde de Lugo por el PSOE, celebraría en Twitter el archivo relativo a los cuatro guardias civiles: "¿Quién les devuelve el tiempo pasado?".

A pesar de la ingente cantidad de delitos apreciados en la investigación del caso Carioca, pocos han llegado a juicio para poder probarse judicialmente más allá de las evidencias obtenidas durante la instrucción. Hasta ahora los únicos que han recibido condenas de prisión han sido los proxenetas Marcos, del club Eros -3 años y 6 meses por delitos relacionados con prostitución y 4 meses por blanqueo de capitales-, Adán -6 años por delitos relacionados con prostitución, 1 año y 5 meses por blanqueo de capitales y 1 año por el aborto forzoso- y su encargado Pulleiro -3 años y 7 meses por delitos relacionados con prostitución y 4 meses por blanqueo de capitales-. Todas ellas son penas de conformidad a la baja acordadas con la Fiscalía entre los años 2020 y 2022. Germán Pumares fue condenado a 18 meses de suspensión de empleo público por compaginar su puesto con el de abogado y el ginecólogo que practicó el aborto forzoso a 3. De las piezas judiciales de peso, solo queda en pie la que atribuye más de 70 delitos a Armando y 7 a Baquero, además de una carga delictiva de menor entidad a 3 proxenetas. A la vista de los antecedentes, está por ver cómo se resuelve.

La precariedad de recursos en el juzgado de instrucción acreditada por un informe del CGPJ, la negativa de la Fiscalía a acompañar la investigación y a acusar a la práctica totalidad de agentes implicados y la del ayuntamiento de Lugo (PSOE) y la Xunta de Galicia (PP) a personarse como acusación popular fueron los principales aliados para aislar a Pilar de Lara entre más de cien mil folios de sumario divididos en 47 piezas judiciales cuyo resultado mayoritario bien podría sintetizarse en una sola palabra: impunidad.

Las mujeres prostituidas solo podían personarse en las piezas que investigaban a los proxenetas y tan solo unas pocas lo hicieron, por cierto, desestimándose parte de sus solicitudes. La aplastante mayoría carecía de recursos, debió buscarse la vida en otros paraderos o regresó a su país, por ejemplo, cuando los proxenetas estaban cercanos a cumplir el máximo legal en preventiva y todavía no se preveía un juicio próximo. Es posible que no tuviesen fuerza para enfrentar el duelo, o que no depositasen confianza en la Justicia, o que percibiesen que lo que les tocó vivir era lo que había y no entrase en sus esquemas que hubiera algo por lo que luchar.

De nada servía la diligencia de la magistrada en presentar una carga indiciaria abrumadora que no dejara lugar a dudas de la comisión de una serie de delitos por parte de los agentes si no había nadie que la correspondiera desde el lado de la parte acusadora. Las piruetas argumentales para exculpar a los investigados que uno puede encontrarse en los autos firmados por la Fiscalía son más propios de un -desesperado y pésimo- escrito de defensa que de las funciones asignadas al Ministerio Público.

De nada servía la diligencia de la magistrada en presentar una carga indiciaria abrumadora que no dejara lugar a dudas de la comisión de una serie de delitos por parte de los agentes si no había nadie que la correspondiera desde el lado de la parte acusadora

Desde la llegada de Pilar de Lara, el juzgado de instrucción nº 1 de Lugo fue acumulando diversas macrocausas: Carioca, buena parte de la Pokémon -cuya raíz se encuentra en la Carioca-, Cóndor, Cebra, Garañón, Pulpo y una rama de la Campeón son las más destacables. Sin los funcionarios de refuerzo que el CGPJ estimaba necesarios, sin escáner para digitalizar informes policiales de miles de folios que debían notificarse a las partes y en ocasiones sin cubrirse las bajas laborales, la magistrada llegó a encadenar jornadas de hasta 16 horas de trabajo y a redactar autos judiciales durante sus vacaciones para promover sus instrucciones, que en ocasiones implicaban a cargos políticos del mismo partido que gestionaba la Xunta de Galicia, de la cual dependen las asignaciones del juzgado tanto presupuestarias como de plantilla.

Su metodología de trabajo no está exenta de críticas, pero para muchos juristas resulta incomprensible la medida de carácter excepcional aplicada a Pilar de Lara, que hoy no continúa al frente del juzgado tras ser apartada por el CGPJ, que actuó de oficio para aplicarle una sanción en 2019 por desatención de la actividad instructora. Según la versión de la magistrada, de los 89 atrasos que se le imputaron solo uno se debía a trámites que fueran de su responsabilidad. Ni Concello, ni Xunta, ni Fiscalía: hasta el momento la única parte sancionada ha sido la magistrada mientras policías proxenetas como Ramón han acabado indemnes.

Quizás por todos los fenómenos de poder que encierra la prostitución, en Lugo investigarla significó destapar enormes carencias sobre las que cimentamos nuestra sociedad. Es la realidad de cientos de miles de mujeres migrantes en España. Ocurre a nuestro lado, a las afueras de cada ciudad, ante la indiferencia de la mayoría. Son nuestras vecinas, pero desconocemos su voz, su relato. Puede que haya intereses creados en hacernos incomprensible la realidad de los márgenes para desconectarnos de las miserias de quienes ocupan la centralidad. Porque sí, las mujeres con nombre y apellidos del caso Carioca han sufrido toda clase de abusos pero, total, ya se sabe, siempre han sido "las otras".


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3268 en: 12 de Noviembre de 2022, 07:18:03 am »

Un guardia civil recibía cocaína de un camello a cambio de darle chivatazos


La Audiencia de Pontevedra le condena a tres años de cárcel tras su expresa confesión de los hechos
Fachada principal de la Audiencia de Pontevedra. DAVID FREIRE
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Fachada principal de la Audiencia de Pontevedra. DAVID FREIRE
Víctor Méndez
VÍCTOR MÉNDEZ
10/NOV./22

Las dádivas a cambio de favores entre delincuentes y funcionarios son tan antiguas como el propio Estado y siguen muy presentes en nuestros días. El último ejemplo conocido (y juzgado) en la Audiencia Provincial de Pontevedra tuvo como protagonista a un agente de la Guardia Civil que, desde su destino en el puesto de Salvaterra do Miño, en el que permaneció entre 2018 y 2021, será expulsado del cuerpo tras confesar que recibía cocaína de forma habitual de manos de uno de los suministradores de esa zona del Sur de la provincia a cambio de facilitarle información sobre posibles controles de la autoridad que pudiesen perjudicar al camello.


El guardia, de 49 años y natural de Fornelos de Montes, reconoció expresamente los hechos que se le atribuyeron en aras de obtener una reducción de la pena. La Sección Cuarta, a instancias de la Fiscalía, evitó la celebración de un largo proceso bajo el sistema del jurado popular y le impuso una pena de tres años de cárcel, una multa de algo más de 2.100 euros y una inhabilitación para empleo público (que incluye la profesión de Guardia Civil) durante nueve años, lo que, a efectos prácticos, supondrá su expulsión del cuerpo cuando así lo dictamine el Ministerio del Interior.


La Udyco halla en Mourente la mayor plantación de marihuana de la historia de Pontevedra
Como hechos probados, el tribunal destaca que el agente, "prevaliéndose de su condición de guardia civil", consiguió que el citado camello "le suministrase regularmente cocaína para su propio consumo sin mediar pago económico alguno por ello, entregando, a cambio de las sustancias estupefacientes, información sobre el establecimiento de los controles policiales y de los horarios de las patrullas de la Guardia Civil, facilitando, con ello, que pudiese vender estupefacientes con cierta impunidad".

La causa fue dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Ponteareas, competente en Salvaterra do Miño. La Sección Cuarta de la Audiencia de la ciudad del Lérez, redactora de la sentencia, señala que el dictamen suscrito por conformidad del investigado tiene carácter firme.



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3269 en: 18 de Noviembre de 2022, 06:35:00 am »

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para un guardia civil de Caspe acusado de proteger a narcos


Cree que el agente les informaba de operaciones antidroga e incluso falseó documentos oficiales para que los traficantes pudieran apropiarse de 10 kilos de marihuana.
Dos atropellos mortales del bus: la Policía exculpa a un chófer e investiga al otro por homicidio imprudente
NOTICIAACTUALIZADA 17/11/2022 A LAS 21:01M. A. COLOMA
El presunto autor del ataque con ácido a Kamal M. H. ha sido trasladado a la cárcel de Zuera desde los juzgados de Caspe hacia las 13.30 de este jueves.El presunto autor del ataque con ácido a Kamal M. H. ha sido trasladado a la cárcel de Zuera desde los juzgados de Caspe hacia las 13.30 de este jueves.Aránzazu Navarro

Nueve años y 3 meses de prisión es la condena que la Fiscalía acaba de solicitar para un agente de la guardia civil destinado en la localidad zaragozana de Caspe al que acusa de dar cobertura y proteger a un importante grupo de narcotraficantes. Según el Ministerio Público, el funcionario, identificado como José Luis F. S., no solo no denunciaba a estos delincuentes sino que les informaba de operaciones especiales antidroga para evitar que fueran detenidos.

La Fiscalía cree que el grado de implicación del agente llegó a tal punto que en una ocasión falseó documentos oficiales para que los traficantes pudieran apropiarse de 10 kilos de marihuana. Gracias a los papeles que les facilitó el investigado, la banda hizo creer a sus proveedores que la droga había sido intervenida, cuando en realidad se habían apropiado de ella para venderla y quedarse el dinero obtenido.

MÁS INFORMACIÓN
Varias patrullas de la Policía acudieron al bar donde se produjeron los hechos, en la calle Santander de Zaragoza.
Un joven agrede e intenta desarmar a un policía en un bar junto a Parque Roma
Las dos acusadas, durante el juicio celebrado ayer.
Dos mujeres confiesan que estafaron a una empresa de Ejea e intentan evitar la cárcel
El condenado, sentado, junto a su abogado, en los pasillos de la Audiencia de Zaragoza.
El TSJA anula la condena de 7 años que se impuso a un hombre por abusar de su hijastra
Los hechos que llevarán al banquillos al guardia civil y a otros cuatro hombres –Yefris Iván D. B., Mohammed E. E., Miloud E. y Jaime P. V.– se produjeron durante, al menos, la primera mitad de 2019. La detención de los traficantes se produjo en noviembre de aquel año, tras varios meses de pesquisas con testigos protegidos y pinchazos telefónicos por parte del Grupo de Información de la Comandancia de Zaragoza.

Una sospechosa amistad
Como informó en su día HERALDO, desde mayo habían arreciado los rumores sobre la sospechosa amistad de un agente de la Benemérita con un vecino de Caspe al que se vinculaba  con la venta de cocaína, marihuana y otras sustancias estupefacientes. La información llegó a la Guardia Civil, pero no fue fácil confirmarla, puesto que quienes decían saber algo no se atrevían a declarar contra el guardia por miedo a futuras represalias.

Finalmente, los investigadores consiguieron que algunos de estos vecinos aceptaran declarar en calidad de testigos protegidos para aportar información sobre la relación del citado funcionario del Seprona con un supuesto traficante conocido en la ciudad como El dominicano, quien resultó ser Yefris Iván D. B., al que defiende la letrada Carmen Sánchez y para el que ahora se piden cuatro años y medio de cárcel.

Ambos hombres hablaban con frecuencia por teléfono y organizaban encuentros de noche y en sitios escondidos, lo que hizo sospechar a la Guardia Civil que era para llevar a cabo algún tipo de entrega de sustancias ilegales. Según habrían contado algunos de los testigos protegidos, José Luis F. S., al que representa el letrado Marco Antonio Navarro, es consumidor habitual de estupefacientes y  podría haber protegido a los traficantes a cambio de droga.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3270 en: 19 de Noviembre de 2022, 06:31:38 am »
Corrupción en Baleares

Cursach, padrino sin piedad: drogas, políticos, policías, putas y un 'fiambre'


"A este dale medicina", habría dicho el 'capo' del ocio en las Islas Baleares para liquidar a un testigo. Los tentáculos de 'Tolo', como se le conocía, llegaban a las esferas políticas y policiales.


/A Bartolomé Cursach, dueño de varias discotecas en Mallorca, se le atribuyen varios delitos, entre ellos el de homicidio. /Cati Cladera /EFE

›Raquel Agüeros ›@aguerosraquel




 


La Fiscalía retira sus acusaciones contra Cursach, su mano derecha y 15 policías locales por falta de pruebas


La retirada de cargos contra el magnate de la noche mallorquina -acusado inicialmente de amedrantar a la competencia con la ayuda de policías- y el resto de acusados se ha producido porque el fiscal no considera que las declaraciones de los testigos sean lo suficientemente robustas
Perfil — Cursach, el oscuro magnate que se codeó con el PP hasta llegar a la cúspide del ocio nocturno





El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach.
El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach. Atienza / EFE
Esther Ballesteros

Mallorca —
18 de noviembre de 2022 14:53h

Actualizado el 18/11/2022 15:29h
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La Fiscalía Anticorrupción ha retirado todas sus acusaciones contra el empresario del ocio Bartolomé Cursach, su mano derecha, Bartolomé Sbert, y una quincena de policías locales de Palma, investigados durante más de siete años por un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar la autoridad en la noche del magnate mallorquín.


Los negocios de Cursach, el empresario más poderoso y polémico de la noche mallorquina

SABER MÁS
Pasadas las 14.30 horas, el fiscal de Madrid Tomás Herranz daba a conocer su decisión durante la sesión de este viernes del juicio que se celebra, desde el pasado 13 de junio, contra estos 17 acusados en la Audiencia Provincial de Balears. Más en concreto, la retirada de cargos se ha producido inmediatamente después de terminar el interrogatorio al último de los testigos que han comparecido a propuesta de las acusaciones y cuyas declaraciones el fiscal no considera lo suficientemente robustas para mantener sus imputaciones contra Cursach y el resto de inculpados.

Habiéndose practicado, por tanto, toda la prueba de la acusación, el fiscal no aprecia carga probatoria suficiente para enervar la presunción de inocencia de los acusados. En palabras de Herranz, “no hay prueba de cargo suficiente” para sostener “ninguno de los hechos de acusación de nuestro escrito”, en relación a la calificación inicial efectuada por la Fiscalía.


En cualquier caso, el juicio continuará adelante ya que las acusaciones particulares, en representación de los empresarios que se consideran afectados por la supuesta actuación de los 17 imputados, sí mantienen sus cargos contra ellos. El próximo lunes comenzarán a declarar los testigos propuestos por las defensas.


Rebaja previa de la petición de condenas
La vista ya arrancó con una notable reducción en la petición de condenas por parte del Ministerio Público. En concreto, la acusación reclamaba inicialmente ocho años y medio de prisión para Cursach, si bien varios días antes de iniciarse la vista decidió rebajar la solicitud a un año y medio, retirando por “falta de verosimilitud”, las acusaciones más graves que pesaban sobre Cursach.

Entre tales imputaciones se encontraban las relativas a los supuestos sobornos de los que habría abastecido a varios funcionarios a cambio de ganarse su voluntad o las presuntas orgías que las investigaciones iniciales señalaban que se habían celebrado en la discoteca Tito's, buque insignia del Grupo Cursach, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma bajo la condición de garantizar la buena marcha de los negocios del conglomerado empresarial.

Los testigos
Uno de los principales testigos de la Fiscalía que ha desfilado ante el tribunal de la Sección Primera fue la ex inspectora del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó el caso Cursach de la mano del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. Pese a las expectativas que recaían sobre ella, la funcionaria se ancló en el “no recuerdo”, toda vez que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le advertía de que su actitud tendría “efectos gravísimos”.


“No recuerdo cómo llegué a esa conclusión, pero si llegué a ella es porque lo constaté. No me lo invento”, manifestó en repetidas ocasiones la testigo ante las preguntas de las partes, lo que llevó a la magistrada a espetarle: “Le pido por favor que nos tenga un poco de respeto a todos. No he visto nada parecido en 22 años de carrera profesional”. “No se me puede exigir que me acuerde de lo que hice hace seis años y medio”, manifestó en otro momento la ex inspectora.

Asimismo, numerosos policías locales han destacado a lo largo de estos meses las presiones a las que se vieron sometidos por el ex fiscal Subirán durante sus interrogatorios en la fase de instrucción del caso Cursach. Uno de ellos manifestó que su declaración ante el ex acusador fue “totalmente manipulada”. “Era un monólogo de Subirán porque él muchas veces decía cosas que las ponía en la declaración”, aseveró, mientras que otro de los testigos recordó que el episodio que vivió con Subirán, quien, aseguró, le metió en una habitación y “sólo le gritaba” lo siguiente: “Calla, te hemos llamado muchas veces. Como vuelvas a mentir, te irás detenido de aquí'”.

Los locales de Cursach no eran “muy inspeccionados”
Mientras tanto, otros testigos han apuntado a las presiones que habrían recibido para modificar actas contra locales pertenecientes al grupo empresarial de Cursach. “Nos negamos en redondo”, aseveró un policía en su comparecencia, manifestando que los establecimientos del empresario mallorquín eran inspeccionados “en muy pocas ocasiones”. Asimismo, uno de los últimos testigos en declarar, un trabajador de Magaluf, señaló esta semana tratos de favor por parte del Ajuntament de Calvià al Grupo Cursach. “Quiero que admitan la culpa, estos hechos pasaron. Si Cursach y Sbert admiten estos hechos y su culpa, no pido ninguna reclamación económica y pena de prisión”, sentenció.


Cabe recordar que, en paralelo, tanto Penalva -recusado y apartado de las investigaciones, en marzo de 2018, por falta de apariencia de imparcialidad- como Subirán y los cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con quienes trabajaban codo con codo se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3271 en: 21 de Noviembre de 2022, 08:46:19 am »


Fraude y denuncias cruzadas: 150.000 euros en criptomonedas enfrentan a varios guardias civiles en Melilla



Compañeros y conocidos acusan a un cabo de haberles estafado con una inversión conjunta, mientras el agente dice ser también víctima de un engaño en unos hechos que investigan dos juzgados de la ciudad


Elena Herrera

20 de noviembre de 2022 22:28h

Actualizado el 21/11/2022 05:30h

Una sucesión de supuestas inversiones fraudulentas en criptomonedas y varias denuncias cruzadas mantienen revolucionada desde hace meses la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Dos juzgados de la ciudad investigan los hechos, que tienen como protagonista a un cabo al que varios compañeros y conocidos acusan de haberse apropiado de más de 150.000 euros que habrían puesto a su disposición para hacer inversiones a través de Internet bajo la promesa de obtener altas rentabilidades en poco tiempo. El agente niega haberse quedado con ese dinero y dice ser, él también, víctima de un engaño. Afirma haber perdido casi 25.000 euros con estas inversiones.

Las pesquisas avanzan de forma paralela en dos juzgados, en los que el guardia civil simultanea la condición de querellante y de investigado por sendos delitos de estafa en el marco de los mismos hechos. Es el tipo penal que le atribuyen la decena de compañeros y conocidos para los que actuó como una especie de intermediario y el que él imputa a los brokers y la plataforma de compraventa de criptomonedas con las que supuestamente canalizó esas inversiones. El cabo, que responde a las iniciales F.A., fue detenido el 14 de octubre y quedó en libertad tras declarar. Se han querellado contra él compañeros de trabajo, pero también conocidos del gimnasio o amigos de la infancia que se ubican en Melilla, Cádiz y Huelva.

En su interrogatorio ante la jueza, al que ha tenido acceso elDiario.es, el agente negó haber estafado a nadie y haberse apropiado de dinero ajeno. Explicó que fueron sus compañeros y conocidos los que le pidieron información sobre inversiones tras enterarse de que había ganado más de 5.000 euros operando con criptomonedas. Entonces todo parecía un negocio seguro y, según su relato, les informó de la “mecánica de inversión”, que consistía en que ellos les transferían el dinero y él lo invertía a través de una plataforma de compraventa de criptoactivos denominada Trading Network, donde le habían comunicado que invirtiendo de forma conjunta ahorrarían impuestos.

Los inversores firmaban unos documentos a modo de contrato individual con la plataforma, que en ocasiones no llevaban sello ni firma de la otra parte, según ha podido comprobar este periódico. Varios de los afectados reconocen en sus denuncias que no los entendieron porque estaban en inglés. La  labor de F.A. era la de intermediario entre el resto de los inversores y la empresa. La compañía está desde mayo de 2021 en el listado de empresas fraudulentas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por actuar sin autorización en el mercado financiero.

Un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil aportado a la causa revela que las cuentas bancarias del cabo recogen hasta una quincena de transferencias de las supuestas víctimas con el asunto “inversión en bolsa” por valor de 163.750 euros. Es el dinero que pusieron a su disposición para que realizara las inversiones. Los desembolsos más cuantiosos los hicieron dos guardias civiles que le transfirieron 60.000 y 31.000 euros, respectivamente. Otras transferencias son de 5.000 euros o menos.

El análisis de sus cuentas también recoge cinco salidas de dinero en concepto de “beneficios”, por valor de 12.000 euros. Es el montante que, según F.A., abonó por las supuestas ganancias generadas por las inversiones. El citado informe policial detalla, sin embargo, que según la documentación aportada por los bancos, esos beneficios “no provenían de ninguna inversión sino que provenían de otras personas que supuestamente invertían ese dinero”. Es decir, que abonaba los supuestos beneficios tras lograr que terceras personas hicieran inversiones. Ese informe es previo a la querella que F.A. y otro compañero presentaron contra Trading Network y los supuestos brokers asesorados por el letrado Francisco Jiménez, socio del despacho Zaballos Abogados y vicepresidente de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

La documental bancaria recoge también la existencia de nueve transferencias desde cuentas de F.A. a las plataformas de criptomonedas Coinbase y Luno por valor de más de 110.000 euros. A requerimiento de los investigadores, la segunda de ellas ha informado de que esa cuenta pertenece a un cliente español y que, en el momento de la petición de información, no tenía fondos. La plataforma confirmó que ese cliente recibió depósitos en euros y que utilizó “inmediatamente” esos fondos para comprar bitcoins que envió a direcciones de terceros desconocidos y sobre los que no puede aportar más información, aunque sí es posible pedir un informe de trazabilidad que su defensa va a solicitar.


Un mero intermediario
Ante la jueza, el cabo afirmó ser un mero intermediario que “perdía la disposición del dinero en el momento que lo invertía”, pues eran los brokers de la plataforma los que se encargaban de hacer las inversiones en criptomonedas. Además, manifestó que ni siquiera era él el que hacía las operaciones directamente, sino que los agentes accedían a sus equipos a través de la aplicación de control remoto Anydesk y actuaban en su nombre. Y aseguró que, como consecuencia de ello, “mucha” información que estaba en su ordenador y su teléfono había sido borrada.

En la querella que el cabo presentó en primavera y que desde el pasado junio investiga otro juzgado de Melilla es más contundente y responsabiliza a los brokers de haber traspasado dinero de sus cuentas a las citadas plataformas de compraventa de criptomonedas “sin ningún tipo de autorización ni consentimiento”. Asegura, a este respecto, que la broker que le asignó la plataforma, Ania Koshkina, hizo hasta 14 transferencias sin su permiso por valor de más de 200.000 euros a estas plataformas. F.A. ha aportado al juzgado las reclamaciones que ha realizado a las entidades bancarias en las que tenían sus cuentas y a las que considera “implicadas en el asunto”.

Cuando fue detenido, F.A. negó a la jueza que haya simulado ser víctima de una usurpación de identidad tras haberse visto acorralado por las denuncias de conocidos y compañeros y ver que no podía devolver el dinero. Quienes le han denunciado sí se sienten engañados por él, según se deduce de la lectura de sus denuncias. Esas denuncias recogen un modus operandi similar en el que era F.A. el que les proponía hacer esas inversiones prometiéndoles rentabilidades de hasta el 30% que podían cobrarse de forma mensual y asegurándoles que el capital estaba garantizado.


La forma de proceder también era similar: todos firmaban un documento en inglés que era igual en todos los casos —a pesar de que las cantidades invertidas eran diferentes— y en los que de forma manuscrita aparecían el nombre y demás datos de identidad. También aparecía escrito a mano de qué manera querían cobrar sus ganancias. El destino de esos fondos sigue siendo, a día de hoy, una incógnita. Una jueza mantiene imputado al cabo, acusado de un delito penado con hasta seis años de cárcel, mientras otra jueza trata de desenmarañar el papel que han tenido en esta trama los brokers y la plataforma de compraventa de criptomonedas con la que el agente supuestamente canalizó esas inversiones de miles de euros.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3272 en: 21 de Noviembre de 2022, 17:10:53 pm »

Dos policías denuncian que el juez y el fiscal que investigaron a Cursach “sembraron el terror entre sus víctimas”


Los dos peritos han denunciado la “unidad de actuación” de los antiguos investigadores del caso Cursach con determinados testigos a los que habrían utilizado como “misiles teledirigidos” para apuntalar sus tesis incriminatorias y acusar en falso al magnate mallorquín
— La Fiscalía retira todas sus acusaciones contra Cursach, su mano derecha y 15 policías locales por falta de pruebas





El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach.
El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach. Isaac Buj / Europa Press
Esther Ballesteros

Mallorca —
21 de noviembre de 2022 11:33h

Actualizado el 21/11/2022 16:31h
3

Los dos policías nacionales que durante los últimos años han investigado las presuntas irregularidades cometidas tras las cortinas del caso Cursach han denunciado que el exjuez de la causa, Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes conformaron una “unidad de actuación” con determinados testigos a los que habrían utilizado como “misiles teledirigidos” para apuntalar sus tesis incriminatorias y acusar en falso al empresario de la noche Bartolomé Cursach así como a otros investigados que acabaron en prisión fruto de estas inculpaciones. “Sembraron el terror entre sus víctimas”, han remarcado.

La 'salvación' de Cursach: de ir a prisión por urdir una trama mafiosa a ser exonerado por falta de pruebas

SABER MÁS
Así lo han puesto de manifiesto durante su comparecencia conjunta en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Balears contra Cursach, su número dos, Bartolomé Sbert, y otros 15 acusados, a quienes inicialmente se les acusaba de urdir un entramado mafioso para salvaguardar la autoridad del magnate en la noche mallorquina. Ante la ausencia de “prueba de cargo suficiente” -en palabras del fiscal- tras el interrogatorio de los testimonios que a lo largo de estos meses han declarado a propuesta de las acusaciones, Anticorrupción anunció el pasado viernes la retirada de todos sus cargos contra ellos.

En línea de lo avanzado por el Ministerio Público, las acusaciones particulares han decidido este lunes retirar la mayor parte de sus imputaciones. Uno de los supuestos perjudicados, el empresario Ángel Ávila, sí ha decidido mantener sus cargos contra Sbert, a quien acusa de perjudicar sus intereses. La defensa de éste denuncia, sin embargo, que los antiguos investigadores “instrumentalizaron” a Ávila “y sus fines espurios” para acusar en falso a la mano derecha de Cursach, con quien, recalca, el denunciante “está visceralmente enfrentado e incluso obsesionado desde que [Sbert] lo despidió hace décadas por graves hechos cometidos”.

El juicio se ha reanudado este lunes con la declaración de los dos policías nacionales, quienes elaboraron hasta un total de ocho informes en los que llegan a situar a Penalva y Subirán en el epicentro de “una organización criminal” asentada en el tiempo, dedicada “a la comisión reiterada de delitos” y que habría “sembrado el terror entre sus víctimas reales y potenciales”.

Los atestados sirvieron de base de la causa abierta contra exjuez, exfiscal y los cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con los que colaboraron codo con codo, quienes se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.

Durante su comparecencia, los dos policías han manifestado que, cuando comenzaron a investigar la instrucción del caso Cursach se encontraron con una “cantidad brutal” de imputados, unos 150 (empresarios, policías, abogados...) sobre quienes no pesaba ningún antecedente previo, mientras que aquellos que los denunciaban eran “multiinfractores de la noche y de dudosa credibilidad”. Los dos peritos han apuntado al “clima de terror” que se extendió durante la tramitación de la causa porque “con cualquier denuncia te ibas a prisión con pocas comprobaciones”. “Estaba el fin predeterminado antes que la investigación. Hay gente que ha pasado un verdadero calvario”, han añadido.

Los comparecientes han recordado que Penalva y Subirán “se entrevistaban” con los testigos antes de sus declaraciones para indicarles “lo que tenían que decir, les enseñaban fotografías...”. “Se invirtió la presunción de inocencia. La declaración de una persona con dudosos intereses era utilizada para convertir a alguien en presunto culpable”, han agregado, abundando en que, “bajo nuestra óptica no había un contrafuerte, era una instrucción inquisitiva. Nada que beneficiara a las defensas se permitía”.

Falsas agresiones de sicarios de Cursach
En esta línea, los policías han aludido a las falsas agresiones denunciadas por los testigos de la causa, quienes aseguraban haber recibido palizas por parte de sicarios de Cursach. Al respecto, se han referido al falso ataque denunciado por María José Losantos, ex testigo protegida 31 que supuestamente fue introducida en el caso por Ávila, según los agentes, y quien afirmaba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el magnate mallorquín. Llegó, incluso, a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. “Se le cayó un mueble encima en el domicilio de una amiga, se hizo una foto, convirtió los hechos en una agresión por parte de sicarios de Cursach y los investigadores la utilizaron para mantener en prisión a Cursach”, han relatado.

Durante su interrogatorio, también han denunciado el “abuso procesal” que se llevó a cabo durante la instrucción, como el hecho de que a los testigos de los que se valían Penalva y Subirán “se les ayudaba en otros procedimientos”, como sucedió, entre otros, con el testigo protegido 26. Se trata de un trilero que, a cambio de supuestos beneficios procesales tras su arresto en 2016 en el marco de una macrooperación policial impulsada contra esta actividad ilícita, habría sido utilizado por Penalva y Subirán para reforzar sus tesis sobre la supuesta trama mafiosa urdida por Cursach y numerosos policías locales para favorecer sus negocios. Apenas unas horas después de incriminar a varios policías locales en el caso Cursach, el trilero vio retirada la orden que pesaba sobre él de abandonar Mallorca.

“Iban levantando el secreto a conveniencia, abusaban de la prisión preventiva para conseguir delaciones y ablandar a los investigados y abusaban de la condición de protección de los testigos. Hicieron un uso torticero de la ley procesal”, han incidido, aseverando que las denuncias vertidas en la causa no se apoyaban sobre ningún hecho objetivo. Asimismo, han manifestado que los antiguos investigadores del caso Cursach pactaban con los testigos sus comparecencias en televisión.

“Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”
A preguntas del abogado de Cursach, los policías han recordado que comenzaron a investigar la causa después de que el juez Miquel Florit se hiciera con las riendas del caso en sustitución de Penalva -recusado en marzo de 2018 por falta de apariencia de imparcialidad- y comenzase a desentrañar las supuestas prácticas ilícitas denunciadas semanas antes en torno a la instrucción. Fruto de tales indagaciones afloraron indicios de que se habían filtrado documentos, declaraciones de testigos e informes en al menos una veintena de ocasiones, un despliegue acusatorio que llevó finalmente al magistrado a ordenar la detención del inspector jefe de Blanqueo de la Policía Nacional y de un agente del mismo grupo que habían colaborado con Penalva y Subirán.

En este sentido, los policías han relatado que uno de los agentes arrestados hizo entrega voluntaria de su teléfono móvil y autorizó que tanto este dispositivo como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. El estudio del contenido desveló la existencia del grupo de WhatsApp ‘Operación Sancus’, chat que mantenían abierto los antiguos investigadores del caso Cursach en paralelo a las pesquisas que llevaban a cabo y piedra angular de todas las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento contra todos ellos.

Salieron así a la luz manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón [ex concejal del PP] igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Asimismo, como han subrayado los peritos, los whatsapps revelarían que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

Otra de las conversaciones mantenidas por los antiguos investigadores mientras Cursach y Sbert permanecían en los calabozos de las dependencias policiales, ante la pregunta de “qué ha cenado el capo”, en referencia al primero, uno de los miembros de Blanqueo responde: “Mortadela sin aceitunas”. El diálogo continúa con idéntico tono: “Bergas [en relación a otro de los directivos del grupo Cursach, también arrestado], una tortilla de medicinas. Y Sbert, pañuelos de papel para las lágrimas”. Sobre este último, el agente prosigue: “Llorando como una magdalena” y, simulando ser Sbert al recordar a su mujer, se mofa: “Mi Cloti, pobre, es mi vida, la Cloti”.

Detenciones ilegales y prolongación de los ingresos en prisión
Como han recordado -y como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y una treintena de acusaciones particulares en la causa que investiga a Penalva, Subirán y los policías con los que trabajaron-, las conversaciones halladas -en las que se hacían llamar 'Los Intocables'- revelaron la actuación presuntamente coordinada que juez, fiscal y policías llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados con el objetivo de allanar sus pesquisas. El descubrimiento de tales prácticas llevaron al juez Florit a ampliar sus investigaciones, circunscritas hasta entonces a las filtraciones producidas en prensa mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial, a nuevos delitos, entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, alteración de pruebas, coacciones e inducción al falso testimonio.

Cabe recordar que, ante el cariz que tomaron las pesquisas, tanto Penalva como Subirán comenzaron a reclamar infructuosamente la nulidad de las investigaciones contra ellos al alegar la localización del chat de WhatsApp se había producido mediante vulneración procesal y que, para que se considerase válido el acceso al teléfono móvil del policía arrestado, era imprescindible que una resolución judicial así lo hubiera avalado. En respuesta, Anticorrupción señaló que no es necesaria la autorización judicial cuando es el propio investigado quien autoriza el acceso, de modo que consideraban que el hallazgo del chat debía admitirse como prueba válida.

Asimismo, el exjuez alega que la causa por la que se encuentra a las puertas del juicio está cimentada sobre “actuaciones ilegales” y “nulas radicalmente”, en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’, refiriéndose en concreto a la intervención policial de los móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas al caso Cursach. En este sentido, el Tribunal Constitucional dictaminó que Florit, magistrado que acordó la medida, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los dos informadores al no permitirles recurrir el auto que autorizó requisar sus teléfonos, una confiscación que, según Penalva, llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada “en los datos e información obtenidos de aquellas medidas invasivas e ilegales”.

Sus argumentos, sin embargo, cayeron una vez más en saco roto. La Fiscalía y las demás acusaciones aseveran que no se utilizó ningún dato de los contenidos en los dispositivos móviles de los periodistas, como tampoco la incautación de los teléfonos derivó en la ampliación de las investigaciones contra Penalva y Subirán. Señalan que la hipotética línea de investigación que se hubiera seguido a raíz de la confiscación quedó irremisiblemente agotada en el momento en que el juez que había ordenado la intervención de los móviles acordó, dos semanas después, devolverlos a sus propietarios.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3273 en: 25 de Noviembre de 2022, 18:08:20 pm »

La Justicia militar confirma la expulsión del cuerpo de un guardia civil condenado por sentencia firme a cárcel por maltratar a su mujer


El caso del guardia civil se ha juzgado por dos vías. Por un lado, de forma penal y, por otro, por la militar.
Portada / Tribunales

Blanca Valdés
|
24/11/2022 06:48
|
Actualizado: 23/11/2022 20:25
En esta noticia se habla de:

Guardia Civil
Sala de lo Militar
Tribunal Supremo (TS)
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión del cuerpo del agente de la Guardia Civil Francisco Caballero Damián al ser condenado por sentencia firme a tres años y tres meses de prisión por un delito de maltrato habitual y otro de lesiones en el ámbito de violencia de género a su mujer.

El caso se ha juzgado por dos vías. Por un lado, de forma penal y, por otro, por la militar. Pues además de la pena de cárcel se le impuso una sanción disciplinaria de separación del servicio interpuesta por la ministra de Defensa.

La sentencia 85/2022 del 21 de septiembre ha sido dictada por los magistrados Jacobo Barja (presidente), Fernando Pignatelli, Clara Martínez, José Alberto Fernández (ponente) y Ricardo Cuesta.

El 7 de octubre de 2021 la ministra de Defensa impuso a Francisco C.D la sanción disciplinaria de separación del servicio como autor de una falta muy grave por cometer un “delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio o cualquier otro delito que causa grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica”.

Dicha sanción está tipificada en el artículo 7 número 13 de la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

La separación del servicio consiste en la pérdida de la condición de funcionario con carácter definitivo y, por tanto, en la ruptura de la relación de servicios que une al funcionario con la Administración.

EL EX GUARDIA CIVIL FUE CONDENADO POR SENTENCIA FIRME EN LA VÍA PENAL
Los hechos que dieron lugar a la imposición de dicha sanción y que se han declarado probados son un delito de maltrato habitual (dos años y tres meses de cárcel) y otro de lesiones en el ámbito de violencia de género con el agravante de alevosía (un año). Es decir, una condena de tres años y tres meses.

Además, tuvo que indemnizar a su ex mujer con 12.000 euros.

El teniente
Una guardia civil destinada en Tres Cantos se querella contra su teniente por acosarla laboralmente durante años
Según los hechos probados del Juzgado de lo Penal Nº1 de Cádiz, el ex guardia civil estuvo durante 23 años casado con su mujer, pero en 2009 se separaron.

En su convivencia matrimonial adoptó una postura autoritaria con su mujer en la que había numerosas y habituales discusiones en la que la insultaba diciéndole expresiones como “puta gilipollas, te voy a hundir” mientras la zarandeaba. En ocasiones le llegó a coger del cuello y ponerle un cuchillo de cocina.

Pese a la separación matrimonial y su posterior divorcio, continuaba con cierta actitud de dominio y vigilancia de ya su ex esposa. Por ejemplo, frecuentaba habitualmente la tienda que regentaba su ex mujer en la localidad de Benalup tomando actitud agresiva cuando había personas de sexo masculino o, incluso, la obligó a meterse al coche a la fuerza cuando le sorprendió tomándose una cerveza con otro hombre.


En otra ocasión la mujer quedó con un amigo del ex guardia civil y, al regresar a casa, fue tras ella, la empujó por la espalda y la metió en el zaguán donde comenzó a propinarle golpes en la cabeza y en el resto del cuerpo amenazándola con que iba a matarla.

Dicha resolución fue confirmada por la Audiencia Provincial de Cádiz, que desestimó su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº1 de Cádiz. Y el 3 de diciembre de 2020 el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación formulado contra la sentencia recaída en apelación.

«SANCIÓN DESPROPORCIONADA AL DELITO COMETIDO»
Pero también fue expulsado mediante sanción disciplinaria dictada por la ministra de Defensa del cuerpo de la Guardia Civil. Frente a dicho acuerdo interpuso un recurso de reposición que fue desestimado, por lo que decidió acudir a los tribunales.

En su demanda solicitó que se condenase a la Administración a declarar nulas las resoluciones y a reinsertarle a su puesto de trabajo como agente de la Guardia Civil con la devolución de haberes dejados de percibir.

Que en caso de que no sea apreciada la nulidad, se declare la anulabilidad de la sanción por ser desproporcionada al delito cometido. Asimismo, solicitó que se dictase sentencia donde se declararse una vulneración del principio de proporcionalidad y se degrade la sanción disciplinaria impuesta de separación de servicio.


En cambio, el Tribunal Supremo ha desestimado su recurso. Ha considerado que los hechos probados de la sentencia penal son suficientemente gravosas para dicha sanción.

Los magistrados han recordado que la procedencia de la imposición de la sanción de separación del servicio descansa en que el comportamiento sentenciado contradice frontalmente las exigencias de integridad y dignidad predicable en todo miembro del Instituto.

LOS MAGISTRADOS RECUERDAN QUE EL CUERPO TIENE COMO MISIÓN PERSEGUIR A DELINCUENTES
Pues no se puede olvidar que la Guardia Civil, como parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión -establecido en el artículo 104 de la Constitución Española– la de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Y es que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional, en constante jurisprudencia, han señalado que “la tarea propia de la Guardia Civil es, entre otras, la averiguar los delitos y perseguir delincuentes para ponerlos a disposición judicial”.

Se trata de que las personas que pertenezcan al cuerpo no incurran en conductas que ellos mismos han de impedir o cuya sanción han de facilitar cuando son realizados por otros, ha destacado la sentencia del Supremo.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional en otras ocasiones, «con la firmeza de la sentencia penal condenatoria por delito con dolo, resulta comprometida la dignidad del guardia civil condenado para el desempeño de su actividad profesional. Pues del mismo modo que la ausencia de antecedentes penales se configura como condición para el acceso al Instituto, también la condena firme por delito doloso que lleva aparejada privación de libertad, pone de manifiesto la pérdida de esa aptitud o inidoneidad profesional».

EL SUPREMO DETERMINA QUE SU COMPORTAMIENTO ES INCOMPATIBLE CON PERTENECER A LA GUARDIA CIVIL
Además, el TS ha añadido que los hechos motivadores de la condena penal reflejan un comportamiento de gravísima indignidad por parte de Francisco C.D porque su condena es incompatible con su pertenencia al Cuerpo porque la Guardia Civil lucha para erradicar “esta lacra denominada violencia de género o maltrato familiar”. De tal forma que es inadmisible para la ciudadanía que una persona persiga este delito cuando ha incurrido en él.

Por tanto, el Alto Tribunal ha desestimado el recurso y ha confirmado íntegramente la resolución de expulsión del cuerpo.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3274 en: 30 de Noviembre de 2022, 07:27:52 am »


Policías y guardias civiles a la “gresca” sobre cuál de los dos cuerpos es el más antiguo


La Confederación Española de Policía se queja de que la Unión de Oficiales de la Benemérita recurra el decreto sobre el bicentenario de la PN

Imagen de una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
Imagen de una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil FOTO: POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL  POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL
J.M. ZULOAGA
MADRIDCREADA29-11-2022 | 14:48 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN29-11-2022 | 21:47 H

Policías y guardias civiles a la “gresca” sobre la fecha de fundación de cada cuerpo, sobre cuál de los dos es más antiguo.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha emitido un comunicado en el que sale al paso del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la Unión de Oficiales de la Benemérita contra el decreto del pasado 3 de agosto “por el que se creaba y regulaba la Comisión Nacional para el Bicentenario de la Policía Nacional.

¿Su objetivo?--recuerda-- “se conmemorarán los principales episodios de la historia de esta institución policial, su imagen ante la ciudadanía, el sentimiento de pertenencia entre sus miembros y su reconocimiento como operador de referencia en la seguridad pública, tanto a nivel nacional como internacional”.

Tan sencillo como eso. Celebrar dos siglos de trabajo y sacrificio de decenas de miles de compañeros al servicio de los españoles, subraya CEP.

“Pues a alguien no le ha sentado nada bien esto. La Unión de Oficiales (de la Guardia Civil), tres meses después de aprobarse esa norma, se ha ido al Tribunal Supremo para recurrirla. No hay en juego ni un solo interés profesional para los guardias civiles. Ni uno. Y a pesar de ello, han preferido poner en tela de juicio un aniversario que no afecta más que al ego de algún ‘historiador’ obsesionado y trasnochado”.

“La demanda judicial es una falta de respeto a la Policía Nacional y a quienes formamos parte de este Cuerpo. Siempre hay tiempo de rectificar los errores y desde CEP instamos a sus autores a que lo hagan cuanto antes”, requieren.

En un artículo publicado en LA RAZÓN por el coronel de la Guardia Civil Jesús Núñez, este mando sostenía que el contenido dicho decreto " no se ajusta al rigor de la verdad histórica. Su mera lectura puede inducir a error y hacer creer al lector que nuestra Policía Nacional va a cumplir doscientos años de existencia y ello no es correcto, siendo conveniente aclararlo”.

Y agregaba: “en 1824 se creó, por iniciativa de Fernando VII, la Policía General del Reino. Y dicho Cuerpo constituye un antecedente histórico de la Policía Nacional pero también lo es de todas las instituciones de seguridad pública que se crearon posteriormente. Incluso de la Guardia Civil, la cual, a decir verdad, es la única que, desde su creación en 1844, sí que ha permanecido ininterrumpidamente, bajo el mismo nombre y credo, velando por el orden y la ley. Hay que significar que un antecedente histórico no entraña que exista un cordón umbilical ni que una institución sea fruto de la transformación de la que le ha precedido en el tiempo”.

“No es el momento de profundizar en algunas de las veleidades de la Policía de Fernando VII, creada en defensa de su régimen absolutista, para indicarle, tras acabar con el Trienio Liberal por la fuerza de las armas, “los medios de reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elementos de discordia, …”. Dicha Policía no constituyó el primer antecedente de una institución de seguridad pública española. De hecho, podríamos remontarnos unos cuantos siglos más y llegar hasta la Santa Hermandad. Instituida por la reina Isabel en 1476, fue citada expresamente en la ley de 1940 que reorganizó “el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil”, como su antecedente histórico primario”.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3275 en: 30 de Noviembre de 2022, 14:45:51 pm »
Los sindicatos será que no tienen nada mejor que hacer, y las asociaciones de la GC tampoco..., bueno, esa de oficiales seguro que no...

Menuda gilipollez.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3276 en: 11 de Diciembre de 2022, 09:04:44 am »
Un año de prisión y 3.840 euros de multa para una policía nacional por filtrar datos a su novio delincuente


La Audiencia de Alicante condena a una agente de Elche y la inhabilita durante dos años y tres meses. También cometió blanqueo de capitales.
9 diciembre, 2022 13:18
Sergio Sampedro  @_ssampedro_ Alicante

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, ha condenado a una agente del Cuerpo Nacional de Policía a un año de prisión, a dos años y tres meses de inhabilitación para cargo o empleo público y al pago de una multa de 3.840 euros como autora de los delitos de blanqueo de capitales y revelación de secretos.

La sentencia declara probado que la funcionaria, destinada en la unidad de Policía Judicial de Elche, infringió el deber de sigilo y reserva al que estaba obligada por su cargo y realizó consultas en bases de datos policiales sobre las investigaciones que se estaban realizando a un delincuente con el que mantenía una relación sentimental y su entorno delictivo.

Esas consultas se produjeron entre abril de 2019 y diciembre de 2020 y la información suministrada por la acusada fue aprovechada por los receptores "para eludir la persecución policial y judicial respecto a diversas infracciones delictivas que se hallaban perpetrando", señalan los magistrados en la resolución. Es decir, que la pareja de la condenada la utilizaba para conseguir datos con los que poder esquivar la acción de la justicia.

En concreto, el novio de la ahora penada pudo conocer así que un juzgado le había intervenido tres de sus teléfonos móviles en el marco de una investigación por un delito de robo con fuerza. También le proporcionó los datos de un coche policial camuflado que estaba siguiendo sus pasos, lo que finalmente frustró esa investigación, según explicaron las mismas fuentes.

El Tribunal también ha declarado probado que la policía recibió en junio de 2019, en una cuenta corriente de su exclusiva titularidad, 7.500 euros procedentes de la compraventa fraudulenta de vehículos en Italia, a sabiendas de su procedencia delictiva.

No obstante, la Audiencia ha absuelto a la encausada de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, al entender que no ha quedado probado que presenciara en su vivienda cómo su compañero sentimental y otros individuos fabricaban sustancias estupefacientes.

La sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3277 en: 14 de Diciembre de 2022, 20:18:23 pm »

Detenido en Mora un guardia civil por un alijo de más de 400 kilos de cocaína


Despliegue de la Policía Nacional en esta población toledana, donde los agentes llegados desde Madrid practicaron más arrestos


MANUEL MORENO

Toledo
14/12/2022 a las 13:49h.

La lluviosa jornada del martes en Mora se vio sobresaltada por la presencia de un despliegue policial inusitado, que puso en alerta a todo el vecindario. Varios detenidos, entre ellos un guardia civil domiciliado en este municipio, salieron del pueblo dentro de furgones escoltados por funcionarios policiales.


El guardia civil ha sido detenido por su presunta implicación en un alijo de más de 400 kilos de cocaína, según ha sabido ABC. Agentes de la Policía Nacional lo arrestaron durante la operación desplegada en esta localidad toledana de unos 10.000 habitantes. La nutrida presencia de agentes procedentes de Madrid llamó la atención de los vecinos, que llegaron a escuchar que se trataba de un «operativo rutinario».


Sin embargo, desde antes del amanecer agentes de la Udyco, especializados en drogas y crimen organizado, se movieron por todo el pueblo, donde practicaron varias detenciones, entre ellas la de un guardia civil con domicilio en esta localidad conocida por su aceite de oliva.

El agente arrestado no trabaja en la provincia y la operación policial de la Brigada Provincial de Madrid partió desde esta comunidad, donde los investigadores decomisaron en una nave más de 400 kilos de cocaína. En Mora, los miembros de la Unidad de Policía Judicial encontraron al menos otros 20 kilos más. Desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, con sede en la ciudad de Toledo, un portavoz ha afirmado que no conocían la operación.


 

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3278 en: 15 de Diciembre de 2022, 10:28:58 am »

Guillermo, el guardia civil del cuerpo de élite con problemas de dinero y un alijo de 400 kilos de cocaína


GEMA PEÑALOSA
@GemaPenalosa
Madrid
Actualizado Miércoles, 14 diciembre 2022 - 22:54
Colombiano, nacionalizado español, llegó hace varios años con el objetivo de ser agente del Instituto Armado



Guillermo llegó a España hace unos años con dos propósitos: conseguir la nacionalidad y ser agente de la guardia civil. Cumplió ambos pero este miércoles fue detenido por uno de los delitos que persigue el Cuerpo al que aún pertenece: narcotráfico a


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3279 en: 16 de Diciembre de 2022, 17:36:47 pm »
Fué miembro del GRS, pero eso no es ser un GC de una unidad de élite. En la actualidad estaba destinado en la escuela de oficiales de Aranjuez.



Guillermo, el guardia civil del cuerpo de élite con problemas de dinero y un alijo de 400 kilos de cocaína


GEMA PEÑALOSA
@GemaPenalosa
Madrid
Actualizado Miércoles, 14 diciembre 2022 - 22:54
Colombiano, nacionalizado español, llegó hace varios años con el objetivo de ser agente del Instituto Armado



Guillermo llegó a España hace unos años con dos propósitos: conseguir la nacionalidad y ser agente de la guardia civil. Cumplió ambos pero este miércoles fue detenido por uno de los delitos que persigue el Cuerpo al que aún pertenece: narcotráfico a