!Cómo están los Cuerpos!

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Policía calcula que el agente detenido llevaba "más de dos años seguro" alquilando trasteros como vivienda a migrantes


Europa Press Islas Baleares
Publicado: 24/11/2023 12:57
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El inspector jefe ve "imposible" cifrar las víctimas exactas que han pasado por los habitáculos, que actualmente calcula en alrededor de 50PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional en Palma ha calculado que el agente de Policía Local detenido por alquilar trasteros como vivienda de forma fraudulenta a migrantes llevaba, al menos, "más de dos años seguro" cometiendo los hechos, y ha matizado que es "imposible" calcular el número exacto de víctimas que han ido pasando por ahí, pero que en la actualidad rondan las 50 o 60.


Así lo ha explicado el inspector jefe Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Chema Manso, este viernes en declaraciones a los medios.

En primer lugar, ha detallado que la investigación se inició a raíz de otra investigación previa de Policía Local de Palma sobre un funcionario del cuerpo y, como consecuencia de las irregularidades que observaron, se puso en conocimiento de la Conselleria de Vivienda, que presentó después denuncia en Policía Nacional por temas relacionados con extranjería.

La mencionada denuncia llegó "hace unos meses" y a partir de la misma los investigadores empezaron a tomar declaración a algunas de las personas que vivían en estos lugares.


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"No era fácil entrevistarlos porque la mayoría están en situación de estancia irregular y no querían colaborar. Al final, más o menos, hemos ido convenciendo a unos cuantos para que declaren y colaboren, y eso es lo que hemos hecho, tomar declaración a muchas personas, incluida alguna asociación de migrantes, que han prestado declaración y han facilitado la investigación", ha manifestado el inspector.

Preguntado por el 'modus operandi' del detenido, Manso ha indicado que lo que hizo fue "un montón de microviviendas, algunas de ocho o nueve metros cuadrados, y alquilarlas". El agente arrestado, ha añadido, tenía contacto con personas migrantes especialmente y otras con muy pocos recursos, a quienes arrendaba las habitaciones, "por llamarlo de alguna forma", a un precio medio de 400 o 500 euros.

Con todo, sobre el número de víctimas, ha insistido en que el exacto es "imposible de saber", porque por ahí han estado pasando muchas personas, pero ahora mismo, según ha calculado, habrá unos 50 o 60 afectados.

El inspector jefe ha considerado que los alquileres ilícitos se mantenían "bastante tiempo, porque una de las principales actividades que se busca en el tema de la inmigración irregular por parte de los migrantes es el empadronarse y él --el detenido-- no les facilitaba el empadronamiento directamente, sino que les decía que si estaban un año viviendo ahí, se podían empadronar".

Los investigadores han estimado, además, que el arrestado ha obtenido un beneficio ilícito de estos alquileres de una media de 400 o 500 euros por habitación, multiplicado por meses y por 60 o 70 personas.

A esto, han añadido el hecho de que el detenido "cobraba lo que le parecía" a los inquilinos en cuanto a luz. "Las habitaciones tienen un enchufe de la luz, o sea, una bombilla y poco más, y luego son muy insalubres, carecen de ventilación; es un peligro porque tienen bombonas de butano y hornillos". "Sí creo que van a cerrar todo eso", ha continuado.

En declaraciones a los medios, el inspector jefe también ha afirmado que el detenido era el único administrador de estos habitáculos, la mayoría concentrados en la calle de Joan Miró, donde se han detectado alrededor de 32.

El arrestado, de más de 50 años, fue puesto en libertad por parte de Policía Nacional y está imputado por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa.

Sobre las víctimas, ha concretado que la mayoría eran de nacionalidad hispanoamericana. Además, durante la investigación se comprobó que una persona, que a su vez había alquilado uno de los habitáculos, desde ahí empadronó a "bastantes personas sin vivir ahí", pero esta última no guarda relación, en un principio, con el agente implicado.

Por último, preguntado por si el policía arrestado se aprovechó de su condición, el jefe de Brigada ha matizado que todas las víctimas conocían su profesión, que ejercía desde hacía "bastante".

"Lo que es cierto es que todas las personas que han declarado sabían que era policía. Para un extranjero que está irregular, si es policía, pues no hace falta decir mucho más", ha finalizado Manso.

LOS HECHOS
La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han detenido a un agente municipal que gestionaba trasteros y locales comerciales como viviendas de forma fraudulenta para inmigrantes, a quienes cobraba entre 300 y 750 euros.

El funcionario está acusado de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa a raíz de una denuncia que partió de la Conselleria de Vivienda.

Según el relato de los agentes, el presunto autor, una vez que acababa su jornada laboral, gestionaba varios inmuebles en plantas bajas y sótanos en Palma. Los tenía habilitados como trasteros y no tenían luz o ventilación adecuada y también habilitaba locales comerciales como microviviendas en las que residían numerosas personas en su mayoría de origen extranjero y en condiciones insalubres.

En total el denunciado gestionaba 73 habitaciones-viviendas en barriadas de la zona de Gomila, proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar y sa Indiotería.

Tras realizar las primeras gestiones de investigación, los agentes comprobaron que muchos de ellos carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de unos ocho a 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se ha encontrado alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.

Las víctimas pagaban por cada habitáculo entre 300 y 750 euros y la mayoría de los afectados eran de origen extranjero.

Tras gestiones realizadas, se ha averiguado que existían víctimas que estaban en situación irregular en España, favoreciendo así la inmigración irregular.

El presunto autor tenía instalado un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, manipulando las facturas de la luz para que los supuestos 'inquilinos' pagaran más de luz que lo consumido.

Una de las víctimas empadronó de forma fraudulenta a otras 12 personas en situación irregular en España y también detenido por tales motivos.

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La inquilina de una infravivienda de Gomila alquilada por el policía local detenido: "Da un poco de miedo, pero al menos tenemos donde dormir"


Alejandra, su pareja y su hijo llevan cuatro meses viviendo en un habitáculo de unos diez metros cuadrados: "No hemos encontrado nada más"
Pagan 440 euros al mes por la habitación en un subterráneo comido de humedades y suciedad: "Hay cucarachas incluso dentro de la nevera"
Irene R. Aguado
30·11·23 | 19:18 | Actualizado a las 08:25



FOTOS | Estas son las habitaciones insalubres que alquila el policía local detenido en PalmaBERNARDO ARZAYUS

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"Es una locura vivir aquí y da un poco de miedo, pero al menos tenemos un techo y una cama donde dormir". Son palabras de Alejandra, una de las inquilinas del policía local detenido por gestionar más de 70 infraviviendas en Palma alquiladas a extranjeros. La joven, de origen colombiano y de 26 años de edad, vive en una habitación con baño ubicada en un sótano comido de humedades y suciedad que a su vez alberga una treintena de habitáculos en la calle Joan Miró. En un espacio de unos diez metros cuadrados viven tres personas: Alejandra, su pareja y su hijo. "Estamos contentos porque podemos darle un techo a nuestro hijo, hemos buscado otra cosa mejor pero no encontramos nada más", explica.


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"Mi primera impresión fue de sorpresa total. Aquí no había ni nevera, ni cocina, ni nada", comenta. En los cuatro meses que llevan habitando la diminuta habitación han logrado hacerse con un viejo frigorífico y una pequeña cocina eléctrica. Duermen los tres en un colchón a ras del suelo y colocan la ropa en un Tetris improvisado con perchas y colgadores por todo el habitáculo. El precio es de 440 euros al mes con la luz aparte, además de los dos meses de fianza que pide el policía: "Es lo mejor que hemos podido conseguir. Al tener un niño nadie quiere alquilarnos un piso o nos duplican el precio", lamenta Alejandra.

"La mayor parte del tiempo lo pasamos fuera, en el parque o en la calle, porque el niño se agobia en un espacio tan pequeño", relata la joven, una de las pocas personas que se abre a hablar entre los inquilinos de estas infraviviendas. "A veces entra gente a comprar droga o a robar. No me siento muy segura aquí, pero es lo que hay", añade. El olor a insecticida inunda todo el sótano y se intensifica al entrar en las habitaciones: "Aquí hay plagas de bichos y muchas cucarachas, incluso dentro de la nevera".

La falta de higiene y la precariedad se evidencia desde el primer escalón de bajada al subterráneo. Los moradores de las infraviviendas, gran parte de ellos extranjeros y también algunos ancianos y niños, comparten una lavadora que en estos días se ha roto: "Ahora hay que buscarse la vida para lavar la ropa, por suerte mi amiga me deja lavarla en su casa". También tienen que ir con ojo con los electrodomésticos: "Si encendemos dos fogones a la vez saltan los plomos y se va la luz en toda la habitación. Nos pasa muy a menudo", señala.

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ESTAFA Y FALSEDAD

Condenado a 15 meses de prisión un policía que elaboraba atestados "simulados" para cobrar indemnizaciones


También le impone seis meses de cárcel a su compañera sentimental por la comisión reconocida de un delito de falsedad en documento oficial y un delito leve de estafa
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Sanz apela al TSJA para no cesar a los 44 policías locales afectados por las oposiciones de 2012
Un policía nacional en uno de los leones del Congreso
Un policía nacional en uno de los leones del Congreso / EFE

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JUZGADO DE GUARDIA
01 Diciembre, 2023 - 18:24h


La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al miembro de la Policía Ricardo Ángel F. T. a la pena de 15 meses y 22 días de prisión por la comisión reconocida por él mismo de un delito continuado de estafa en grado de tentativa, un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito leve de estafa al confeccionar tres atestados ‘simulados’ utilizando para ello sellos oficiales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras con el objeto de cobrar las indemnizaciones de reclamación correspondientes. Por su parte, su compañera sentimental, Rebeca del R. T., quien también ha confesado haber participado en parte de los hechos enjuiciados, ha sido condenada a seis meses de prisión como autora penalmente responsable de un delito de falsedad en documento público y un delito leve de estafa.

Según consta en el apartado de los hechos probados de la sentencia, el condenado era funcionario de la Policía Nacional destinado en la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con sede en Madrid, y la también condenada era su pareja sentimental en el momento de los hechos.

Así, en enero 2017, Ricardo Ángel, obrando con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, confeccionó el atestado simulado 73/17 de fecha 1 de enero de 2017, supuestamente ante el funcionario 117855 y en la Comisaría de Distrito Madrid-Salamanca, utilizando los sellos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía (DGP), en el que manifestaba, a sabiendas de que no era cierto, que en fecha de 1 de enero de 2017 y en la avenida José del Hierro de Rivas Vaciamadrid, un individuo, tras intimidarle con una navaja y golpearle, se apoderó de un reloj marca MVMT, tasado pericialmente en 100 euros, una mochila, una chaqueta marca "Zara", un jersey de la misma marca, una gafas marca "Rayban" y una cartera de cuero, efectos estos tasados pericialmente en 250 euros, además de 250 euros en efectivo.

El acusado, adjuntando dicha denuncia falaz, reclamó ser indemnizado a la compañía aseguradora ‘Nationale Nederlanden España’, no consiguiendo la consumación de su ilícito propósito dado que previamente había remitido a la citada aseguradora otra denuncia con una versión radicalmente distinta de los hechos.

Más tarde, en octubre de 2019, el acusado, obrando con igual ánimo, confeccionó el atestado simulado 218/19 de fecha 25 de octubre de 2019, en el que manifestaba, supuestamente ante el funcionario 125.294 y en la Comisaría de Distrito Madrid-Salamanca, utilizando los sellos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la DGP, que realizó un viaje desde Johannesburgo (Sudáfrica) hasta Madrid, con escala en Addis Abeba (Etiopía), en vuelos de la compañía ‘Ethiopian Airlines’, y que a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, se percató de que su mochila facturada estaba rajada, percatándose de la falta de un reloj marca y modelo Apple Watch Nike S4 40, tasado pericialmente en 360 euros, una cámara marca y modelo Canon Eos 400D, un objetivo marca y modelo Canon EF 75-300 MM y un objetivo marca y modelo Sigma DC 17-70 MM, efectos estos tasados pericialmente, además de la mochila, en 780 euros.

Tras ello, el acusado, adjuntando dicha denuncia falsa, reclamó ser indemnizado a la compañía aérea ‘Ethiopian Airlines’, no logrando la consumación de su ilícito propósito dado que no declaró previamente esos objetos de valor.

Por último, en diciembre de 2019, el acusado, con la connivencia de la acusada Rebeca, obrando ambos con el ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, confeccionó el atestado simulado 11491/19 de fecha 18 de diciembre de 2019, supuestamente ante el funcionario 85164 y en la Comisaría de Distrito Madrid-Salamanca, utilizando los sellos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la DGP, en el que la acusada Rebeca manifestaba, a sabiendas de su mendacidad, que el día indicado y en el bulevar José Prat de Madrid, un individuo se apoderó, mediante el procedimiento del tirón, de su mochila, conteniendo mayas, camiseta y top de deportes, cartera marca "Tous", documentación diversa, 100 euros, plancha marca GHD, auriculares marca Apple, reloj marca y modelo Apple Watch y móvil marca y modelo Iphone 6 Plus. La acusada Rebeca, adjuntado el citado atestado falso, tras reclamar una indemnización a la aseguradora "Santa Lucía", ésta le abonó 135 euros.

El tribunal ha contemplado la atenuante analógica de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas para la formulación de la resolución. Esta sentencia aún no ha alcanzado firmeza y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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Imputan al jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga por denuncia falsa a dos agentes


Es el mismo mando que dirige la operación contra el cabo que ha destapado el caso de las balizas ilegales

JAVIER CHICOTE
05/12/2023
Actualizado a las 04:47h.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga está investigando al jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en esa provincia, el capitán Miguel Ángel Ruiz Valadés, y a un confidente marroquí por los presuntos delitos de denuncia falsa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario y omisión del deber de perseguir delitos.

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Un policía acusado de introducir cocaína dice que pensaba que escoltaba criptomonedas


Historia de Redacción HuffPost / EFE • 15 h

Uno de los dos agentes de la Policía Nacional acusados por introducir 365 kilos de cocaína en España desde Colombia, ha asegurado este miércoles que siempre pensó que el camión para cuya custodia fue contratado transportaba criptomonedas y no la sustancia estupefaciente.

Durante su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla, contra él y otros diez acusados, ha explicado que el 14 de septiembre de 2022 estaba realizando el servicio de escolta a un camión desde un coche en el que iba otro policía y un escolta privado -también acusados-.

Para este trabajo se puso en contacto con él un empresario al que conoció en agosto para escoltar un camión de criptomonedas y quien le dijo que había un nuevo camión para custodiar desde el Puerto de Málaga a un polígono industrial de Dos Hermanas (Sevilla) y que su tarea era ir, junto a otras dos personas, en un coche detrás de dicho vehículo de "contravigilancia".

"[Sospeché que] pasaba algo raro"
Ha asegurado que él en todo momento pensaba que el camión, de gran tonelaje, iba cargado con ordenadores de criptomonedas, y ha señalado que, en un momento del trayecto, sospechó que "pasaba algo raro", al percatarse que los seguían tres vehículos policiales camuflados en el camino.

Por último, ha precisado que llevaron el camión hasta el polígono industrial de Dos Hermanas, donde pasó la noche y al día siguiente, hasta otro polígono de la carretera de Huelva, y ahí terminó su trabajo. Para los once acusados la Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión para cada uno y una multa de 45 millones de euros.

Dos policías, el guardia civil y el escolta, en prisión desde 2022
Los dos policías, el guardia civil y el escolta permanecen en prisión desde que se desarrolló la operación, en septiembre de 2022. Además, hay otros tres acusados en la cárcel.

Según el relato de la Fiscalía, los policías -uno de ellos subinspector- y el escolta llevaban a cabo "control y vigilancia" en un coche cuando el cargamento (donde iba la droga) se transportaba desde Málaga a Sevilla, y posteriormente en la nave y durante la descarga.

Cuando la policía irrumpió en la nave en la que se estaba descargando la droga, algunos acusados (entre ellos el guardia civil) estaban manipulando el contenedor en el que iba la misma, según la Fiscalía. La droga habría alcanzado casi los 38 millones de euros en su venta al por menor.

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Asuntos Internos ya sospechaba de los "policías corruptos" del alijo de 368 kilos de cocaína


Historia de Europa Press • 17 h

El instructor de la operación destaca la alta "profesionalidad" de la organización criminal y sus fuertes "medidas de seguridad"

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este jueves la segunda sesión del juicio promovido contra once personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta privado del Ministerio de Interior; por un alijo de casi 368 kilos de cocaína intervenido en septiembre de 2022 en los bajos de un contenedor de fruta que había sido depositado por la organización en una nave de Carrión de los Céspedes.

En esta segunda sesión de la vista, tras una inicial destinada a las cuestiones previas y las comparecencias de los inculpados, han testificado por videoconferencia diferentes agentes que participaron en la operación policial saldada con el desmantelamiento de esta red, comenzando por el policía nacional encargado de instruir las diligencias de dicha operación, quien ha revelado que cuando fue "verificada" la participación de "policías corruptos" en esta trama, tal extremo fue comunicado a las correspondientes unidades de Asuntos Internos, que previamente ya contaban con "información previa" sobre las posibles conexiones entre los dos agentes de la Policía Nacional y el guardia civil juzgados en este caso.
A preguntas del fiscal, este agente instructor de la operación ha ido desgranando pormenorizadamente los detalles de la actuación policial, toda vez que según la Fiscalía, el mencionado contenedor, cargado con piñas pero además con la citada cantidad de cocaína oculta en su fondo, fue recogido el 14 de septiembre de 2022 en el Puerto de Málaga por uno de los acusados, a los mandos de un camión marca Iveco, con el cual este contenedor fue transportado, recalando en una nave del polígono La Isla de Dos Hermanas, bajo la vigilancia de otros tres inculpados, --dos de ellos policías nacionales y un escolta privado del Ministerio de Interior--, que circulaban en un Audi A6.

Al día siguiente, la organización habría enganchado el remolque con el mencionado contenedor a otro camión diferente, que habría partido conducido por otro más de los acusados, de nuevo bajo la vigilancia de tres de los mismos que viajaban en un turismo modelo Audi A6.

LA DESCARGA DE LA DROGA EN LA NAVE DE CARRIÓN

Este otro camión habría recalado en una nave del polígono Novopark de Carrión de los Céspedes alquilada por otro más de los acusados, quien "facilitó el inmueble para la descarga de la droga". En el interior de la nave, ya descargado el contenedor, otros cuatro de los acusados, incluido un guardia civil según ha relatado el agente, estaban dispuestos para la manipulación del mismo al objeto de extraer la droga, mientras el citado vehículo Audi A6 seguía realizando labores de vigilancia en el exterior, con tres de los encartados a bordo.

Fue en ese momento cuando el dispositivo policial se saldó con el arresto de los tres acusados que ejercían labores de vigilancia y los cuatro inculpados que se habían hecho cargo del contenedor con la droga, según el Ministerio Público y ha corroborado el agente instructor de la operación.

CASI 368 KILOS DE COCAÍNA

El contenedor, según este agente y la Fiscalía, que pide ocho años de prisión y multa de 45 millones de euros para cada uno de los acusados; contenía 365 paquetes cuyo peso conjunto arrojó 367,8 kilogramos de cocaína de una pureza base del 79 por ciento, cuyo precio en el mercado ilícito habría alcanzado los 37,9 millones al por menor.

Figura en el escrito de acusación un último acusado responsable de la "coordinación" de parte de la operación y del reclutamiento de algunos de los encausados para la realización de la misma.

UNA ORGANIZACIÓN MUY "PROFESIONAL"

En ese sentido, este agente instructor de la operación ha destacado el alto grado de "profesionalidad" demostrada por los miembros de la organización desmantelada, así como sus fuertes "medidas de seguridad", con los dos policías nacionales y el escolta en una intensa "actitud vigilante", hasta tal extremo que los agentes que seguían los movimientos del grupo se sintieron a su vez "vigilados" por estos tres inculpados.

Y especialmente, este agente ha narrado que cuando por sorpresa, al desplegar la operación de desarticulación del grupo criminal, fue descubierto que en el mismo figuraban supuestos "policías corruptos", en concreto dos policías nacionales y un guardia civil; tal extremo fue comunicado por protocolo a las correspondientes unidades policiales de Asuntos Internos.

Fue mediante dicha comunicación, según ha relatado, como los responsables de la operación supieron que las unidades de Asuntos Internos ya contaban con "información previa" sobre los citados dos policías nacionales y un guardia civil, de cuya relación y actuaciones ya sospechaban.

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Detenido un policía antidopaje por corrupción tras ser denunciado por chantajear a un investigado


La Jefatura Superior de Policía de València desmantela el grupo de Consumo y Dopaje tras el segundo agente arrestado en un año
Teresa Domínguez
València | 26·12·23 | 07:00 | Actualizado a las 11:11

Agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional han detenido a un policía del grupo de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la brigada provincial de Policía Judicial de València por supuestamente haber intentado chantajear a un investigado en una trama de anabolizantes, que no solo no accedió a la extorsión, sino que acabó denunciándole. La detención, mantenida por la Jefatura Superior de València en el más absoluto de los sigilos, se produjo hace alrededor de un mes, a finales de noviembre. Y no es la única consecuencia: la Jefatura ha desmantelado el grupo y ha redestinado a todos sus integrantes, incluido su jefe, a otros puntos de la brigada. Es el segundo policía de ese grupo, ahora mismo extinto, arrestado por corrupción en el plazo de un año.


Los hechos que han derivado en esta nueva detención se produjeron, según algunas de las fuentes consultadas porLevante-EMV, hace unos meses, mientras el grupo al que pertenecía el policía, el de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, investigaba una trama de venta de anabolizantes que implicaba a varios dueños de negocios en los que presuntamente se vendían esas sustancias prohibidas. Una de las personas que estaba siendo investigada fue quien denunció que un policía, al que identificó plenamente, se había dirigido a él y le había ofrecido, presuntamente, interferir en su implicación a cambio de cierta cantidad de dinero.

Cae una banda de tráfico de anabolizantes con once detenidos en València
I. Cabanes
Estrategia para desenmascararle
Sin embargo, el investigado no solo no accedió al pago de la elevada cantidad de dinero exigida a cambio de salvar su situación, sino que, además, acudió directamente a denunciarle. Esa acusación formal fue derivada a la unidad de asuntos internos, que abrió una investigación durante la cual, al parecer, se habría empleado la figura del agente encubierto para destapar al presunto corrupto.

Detenido en València un policía antidroga por un alijo de 200 kilos de cocaína
Teresa Domínguez
Según las diferentes fuentes a las que ha consultado este diario, la detención del policía sospechoso se habría producido precisamente cuando se iba a materializar el pago, aunque ese extremo no ha podido ser confirmado en fuentes oficiales.

La unidad de asuntos internos abrió una investigación tras recibir la denuncia del supuesto extorsionado
A raíz de esta detención, la unidad de asuntos internos ha tomado declaración al resto de los policías del grupo de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, incluido su responsable. Aunque la investigación oficial ha concluido que no había nadie más implicado en la trama, la Jefatura Superior de Policía de València ha decidido cortar por lo sano y ha desmantelado ese grupo, redistribuyendo a los agentes en otras unidades.

Dos casos en 13 meses
La decisión no solo obedece a esta última detención, sino que se sustenta, entre otras cosas, en que hace ahora un año, en octubre de 2022, ya fue detenido otro policía del grupo de Consumo. Ese primer agente fue arrestado por su implicación en una red de narcos, a quienes supuestamente facilitaba información policial reservada a cambio de dinero y con la que presuntamente había colaborado en la introducción de un cargamento de 200 kilos de cocaína por el Puerto de València en plena pandemia, en 2020.

A prisión el policía antidroga detenido en València por colaborar con narcos
Teresa Domínguez

Ese agente, que ingresó en prisión tras su detención, fue detenido cuando ya estaba en el grupo de Consumo, pero en realidad habría cometido los hechos, conocidos dentro de la Policía mucho después de que ocurrieran gracias al descifrado de los mensajes de Sky que han dejado al desnudo decenas de operativas de narcos, cuando formaba parte de la plantilla de la Policía Nacional en Paterna. De hecho, sus acciones habrían llegado a salpicar a una compañera, completamente ajena a los hechos, cuyo carné profesional habría usado para consultar, a petición de los narcos, matrículas, antecedentes y otros datos en las bases de información policiales.

[47ronin]

El policía local denunciado por alquilar 73 infraviviendas en Palma se enfrenta a una multa millonaria sin precedentes


La conselleria de Vivienda, que denunció los hechos, instruye el expediente sancionador contra el agente que gestionaba presuntamente 73 de estos habitáculos
La ley prevé multas de 30.001 a 90.000 euros por cada uno de estos espacios ilegales
Iñaki Moure | @imoure
Palma | 27·12·23 | 00:15 | Actualizado a las 16:39

El policía local de Palma denunciado por gestionar supuestamente 73 infraviviendas en pésimas condiciones que alquilaba a extranjeros en situación irregular en España se enfrenta a una posible multa millonaria y sin precedentes en la Comunidad. La creación de infraviviendas está considerada una infracción muy grave por la normativa autonómica, que contempla sanciones que oscilan entre los 30.001 euros y los 90.000 por cada uno de estos habitáculos,por lo que la sanción, si se acaba concretando, rebasaría como mínimo los dos millones de euros. Se trataría de la mayor sanción interpuesta por este departamento autonómico, cuya titular es la consellera Marta Vidal.

[47ronin]

Condenados un policía local de Arona y su hijo por amenazar a dos policías nacionales


Los agentes de la Policía Nacional advirtieron al acusado de que tenía el vehículo estacionado de forma antirreglamentaria y este les dirigió un gesto despectivo

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de enero 2024, 12:12



La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado anular la condena impuesta a un policía local de Arona y a su hijo por considerarlos autores de un delito de amenazas leves, del que fueron objeto dos agentes de la Policía Nacional.

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La pena impuesta y ratificada ahora consiste en el pago de 730 y 130 euros respectivamente por parte de cada uno de los dos condenados.

La sentencia da por probado que hace un año los agentes de la Policía Nacional se dirigieron al procesado, tras haber observado que había detenido su vehículo de forma antirreglamentaria en la Avenida Juan Carlos I de Los Cristianos y más concretamente en un lugar prohibido, tal y como estaba señalizado.


Cuando los policías advirtieron al conductor de que no podía parar el coche en este lugar, el acusado les dirigió un gesto despectivo con el brazo y permaneció en el mismo sitio.

Tras volver a ignorar la orden, uno de los efectivos se bajó del vehículo y se acercó hasta el denunciado para comunicarle que estaba parado en un lugar prohibido, a lo que el conductor volvió a reaccionar de forma airada y con desprecio.


En concreto, les dijo que podía permanecer allí si se mantenía dentro del coche, que él era policía local de Arona, que ellos no tenían competencias para sancionarlo y que se negaba a dejar el lugar.

El acusado se negaba a mostrar su DNI
Tras pedirle en hasta seis ocasiones su documento de identidad, el procesado se negó en todas ellas diciéndoles que tampoco podían hacerlo y que sólo se identificaría ante sus compañeros de la Policía Local.

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Finalmente, accedió a mostrar el DNI pero sin permitir que los agentes lo tocaran, de manera que cuando uno de ellos estiró el brazo y lo cogió, el denunciado montó en cólera e increpó al agente exigiéndole que le devolviera el documento.

En el transcurso de este altercado el municipal gritó de forma recurrente: «Ya tengo a dos compañeros tuyos denunciados, así que cuidado con lo que hacen, se van a arrepentir de esto, no tengo porqué entregarles mi DNI, sólo lo haré a mis compañeros y no voy a hablar más contigo, sólo lo haré con tu compañera».

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Según los denunciantes el procesado no cejó en ningún momento en su actitud «irrespetuosa, provocadora y amenazadora», hasta que finalmente fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

La Audiencia considera acreditado que minutos después de este enfrentamiento y cuando era trasladado al Centro de Salud de Los Cristianos, el hijo del detenido increpó a un agente diciéndole: «Estos son los listos de la otra vez, os vais a…» en referencia a un altercado que tuvo lugar en 2020 en el que su padre se enfrentó a otros policías nacionales, igualmente por tener el coche estacionado de forma antirreglamentaria en un lugar no habilitado para ello.

El recurso ante la Audiencia se basa en que las declaraciones de los agentes no cumplen los requisitos para ser consideradas creíbles y de hecho apuntan que existen tres versiones como son la del atestado, la de instrucción y la ofrecida en el juicio y que además existen contradicciones entre ellas.

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El procesado mantiene que la pena es desproporcionada y que se magnificaron sus palabras, ya que se limitó a señalar que la Policía Nacional no tiene competencias en tráfico y el hijo justificó su actitud porque al ver a su padre detenido se puso nervioso, pero negó haber lanzado amenazas.

La Audiencia concluye ahora que la valoración de la prueba en primera instancia ha sido «correcta y razonable» y viene a avalada no sólo por los agentes que participaron en la detención sino también de testigos, por lo que el juez finalmente le da mayor credibilidad a los denunciantes.

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El magistrado rechaza que la versión que ofrecieron éstos fuera contradictoria y la contraponen a la del denunciado que se limitó a negar los hechos o justificarlos apelando a cuestiones de competencias policiales «ante la flagrante infracción de tráfico», cometida, por lo que bajo el punto de vista de la Audiencia, «no se puede justificar en absoluto que profiriera amenazas cuando los agentes estaban desempeñando sus funciones».

En definitiva, se indica que en vez de existir varias versiones de lo ocurrido, lo cierto es que durante todo el proceso se fue completando el testimonio con más detalles, puesto que el paso del tiempo hace que muchos extremos no se recuerden en un primer momento.

La Audiencia considera que la actitud del hijo «es claramente constitutiva de un delito leve de amenazas» y recuerda que sus palabras fueron vertidas delante de un testigo, tal y como relató éste último durante la vista.
Tenerife

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Tribunales · La Audiencia Provincial les impuso penas de un año de cárcel y la inhabilitación para ejercer de agentes por el mismo tiempo a cada uno de los encausados además de multas e indemnizaciones

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de enero 2024, 16:46 | Actualizado 17:48h.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a dos policías locales de la capital grancanaria por haber agredido y humillado con insultos racistas a dos inmigrantes que iban acompañados de otras dos personas más que también fueron golpeadas por los agentes que estaban fuera de servicio. La sentencia determina que por estos hechos, que ocurrieron en la zona Puerto en 2021, los encausados deberán cumplir una pena de un año de prisión, la inhabilitación para ejercer su trabajo en el cuerpo municipal por el mismo tiempo, además del pago de sendas multas de 5.160 euros y una indemnización solidaria total a las cuatro personas afectadas que asciende a 5.831 euros.

La sentencia que recoge la tesis del fiscal José Antonio Díez y las acusaciones particulares, declara probado que, sobre las 21.45 horas del 12 de febrero de 2021, los condenados Jerónimo Jesús L. B. y Josué Abraham T. H. –ambos agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que en ese momento estaban fuera de servicio–, iban caminando juntos a la altura del cruce de las calles Secretario Artiles y Nicolás Estévanez.


En un momento dado, se cruzaron con el grupo de perjudicados -defendidos en esta causa por los letrados Idoia Mendizábal y Pablo Cabrera- que iban charlando y eso motivó que los acusados oyeran como uno de ellos hablaba español, pero «con acento argentino», relata la sentencia.



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Los policías les gritaron «inmigrantes de mierda» y que ellos eran «la autoridad»

Francisco José Fajardo
De forma inmediata, los agentes «de acuerdo entre sí, con la intención de ofender la dignidad de los extranjeros inmigrantes, humillando de palabra y obra» a esta persona, se dirigieron a él increpándole con expresiones tales como: «¿Tú qué haces en mi isla?», o «sudaca de mierda», a uno de los denunciantes que era argentino.

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También se refirieron a otro de los componentes de este grupo como «moro» en tono despectivo.



5.831
euros

Esta es la suma total de la indemnización que deberán pagar de forma solidaria los dos condenados a las cuatro víctimas por las lesiones producidas. Además, deberán abonar sendas multas de 5.160 por el delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los cuatro leves de lesiones.

A su vez, el fallo describe que los dos policías comenzaron «de modo inopinado» a golpear al ciudadano argentino y a otro amigo suyo que le acompañaba «en la cabeza con manotazos y bofetones», a la vez que se identificaron «en el curso de la agresión» como policías, «proclamándolo así de viva voz y mostrando su placa profesional», con expresiones tales como «nosotros somos la autoridad». Esto causó en las víctimas «el natural efecto de sometimiento» por la invocación de su condición de agentes.

Uno de los afectados pidió a los condenados «que cesaran en su agresión», pero Jerónimo Jesús L. B. «le dio dos fuertes bofetadas y le agarró el dedo pulgar de la mano izquierda, tirando de él violentamente hacia atrás».

También a un nepalí

A continuación, al percatarse los acusados de que otro transeúnte que pasaba por allí en ese momento «parecía ser extranjero», en este caso, «atendiendo a su aspecto asiático de piel oscura», se dirigieron a él «en tono despectivo» llamándole «negro» y expresiones semejantes.

Esta persona era de origen nepalí, por lo que «no entendía bien el idioma español». En ese escenario, se «quedó quieto» y esto lo aprovecharon los dos encausados para «darle golpes en la cabeza, bofetones y empujones, diciéndole también que eran policías, mostrando su placa policial en el curso de la agresión», destaca la sentencia.

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La Sección Primera constata en esta resolución que las dos personas condenadas obraron «conjuntamente y de común acuerdo», ocasionando a las víctimas «el natural sentimiento de menosprecio por el gratuito maltrato físico» que recibieron a manos de «agentes de la autoridad», todo ello, añade el texto, «por su condición de extranjeros».

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC.
 
Les hicieron sentir «inferiores y rechazados por no ser españoles»
La sentencia, que tuvo como ponente al magistrado Francisco Luis Liñán Aguilera, sostiene que los dos agentes actuaron «en todo momento» de forma «coordinada y conjunta», exteriorizando «un propósito comúnmente aceptado» y con un trasfondo evidentemente racista al atacar a las víctimas por su condición de extranjeros.

Los dos policías locales se enfrentaron a un grupo de personas que caminaban por la calle y a las que no conocían «de nada», profiriendo primero insultos contra uno de ellos «relacionados directamente con su nacionalidad», tildándole de «sudaca de mierda». También le gritaron «su deseo de que abandonara la isla de Gran Canaria» para, seguidamente, «exteriorizar su odio hacia el mismo en forma de agresión física».

También atacaron a otro de los viandantes a quien llamaron «moro de mierda» y también golpearon, pese a que el perjudicado no era «verdaderamente extranjero, aunque a los autores se lo pareció». Poco después, ambos agentes «expresaron su rechazo» a un nepalí llamándole «negro», golpeándole en la cabeza.

A lo largo de todos estos actos, describe la sentencia, los dos condenados actuaron «como una sola persona» y no ocultaron «su voluntad de transmitir el desapego y antipatía que les merecen los denunciantes, por ser extranjeros –o así creerlo ellos–, tratando de herir la dignidad y el amor propio o la autoestima de las víctimas». Todo ello, añade, con el fin de hacerles «sentir inferiores y rechazados por no ser españoles o no ser de raza caucásica».

Por otra parte, todos los denunciantes y en especial aquellos a quienes se dirigieron los insultos racistas, manifestaron que se sintieron «dolidos, humillados y maltratados en su autoestima, así como rechazados en la sociedad», todo ello por unos policías «que precisamente tenían como función proteger los derechos de los ciudadanos», dándose además el caso de que «los actos de denigración y agresión se produjeron en la vía pública y en presencia de las personas que se encontraban en el lugar».

La Audiencia Provincial también tuvo en cuenta que ambos agentes de la autoridad «se encontraban afectados por la »previa ingesta de bebidas alcohólicas«, si bien, según ellos mismos manifestaron, esto »no les privaba de la consciencia sobre lo que estaban haciendo ni del dominio sobre sus actos«.

[47ronin]

Cinco polícias nacionales confirman que compañeros suyos ayudaron a trasladar 365 kilos de cocaína de Málaga a Sevilla


Dos policías nacionales, un Guardia Civil y un escolta del Ministerio del Interior se sientan en el banquillo de los acusados junto a siete acusados más por introducir en España 365 kilos de cocaína procedente de Colombia

Publicado: 10/01/2024 17:00

Actualizado: 10/01/2024 17:00


Este martes 9 de enero, fue un día clave en el juicio contra la red de narcotráfico que supuestamente introdujo 365 kilos de cocaína procedente de Colombia en España a través de Málaga. Este juicio es considerado el mayor juicio por tráfico de droga del año después de que a la banda se le incautasen 365 kilos de cocaína, un alijo que podría haber alcanzado en el mercado un valor de 38 millones de euros, y que acabaron en un pueblo de Sevilla con la participación de dos policías nacionales, un Guardia Civil y un escolta del Ministerio del Interior.

La declaración de cinco agentes que investigaron el traslado, corroboró que los acusados realizaron claramente “tareas de vigilancia” tanto en el trayecto como en el polígono La Isla, en Dos Hermanas. Los investigadores, siguieron al camión que transportó la droga y salió desde Málaga. Todos coincidieron en que ocupaban un Audi A6 que empezó a ir detrás del contenedor después de que el camionero parase en una gasolinera y que “claramente” realizaron “tareas de vigilancia”, tanto en el trayecto como en el polígono La Isla, en Dos Hermanas, donde la cabeza tractora con la mercancía ilegal pasó la noche anterior a su llegada a la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes.

Los cinco agentes que declararon por videoconferencia desde Málaga ante el tribunal de la Sección Tercera, coincidieron en sus declaraciones. El camión hizo una parada en un área de servicio de la A-92 y allí se encontró con el Audi. Uno de sus ocupantes entró en el restaurante y dos se quedaron fuera, según narró otro testigo. “El subinspector tenía una actitud de superioridad de mando e incluso señaló hacia donde estábamos nosotros, nos grabó a nosotros y nuestra matrícula. Para disimular, entramos en el restaurante”, explicó un tercero.

Septiembre de 2022
El 14 de septiembre de 2022 fue cuando el camión con un cargamento de piñas y la droga oculta entre ellas salió desde Málaga con destino a Carrión pero hizo una parada en una gasolinera antes de pasar la noche en el polígono La Isla de Dos Hermanas (Sevilla). Ya en esa parada, según observaron todos los policías, tanto los agentes supuestamente corruptos como el escolta tenían una “actitud vigilante” y escrutaban todos los vehículos que accedían a la gasolinera desde la autovía. Después reanudaron la marcha, con el Audi siempre “muy cercano” al camión con el contenedor donde estaba oculta la droga, y llegaron al polígono de Dos Hermanas, donde los encausados mantuvieron sus “funciones de contravigilancia”, como las describió el último agente en declarar.
Al día siguiente, ya en el polígono Novapark de Carrión de los Céspedes, las autoridades procedieron a detener a todos los implicados. En el caso de los policías y el escolta, fueron sorprendidos cuando aún estaban dentro del Audi “controlando todo lo que pasaba”. El subinspector iba armado, según detalló uno de los agentes que lo arrestaron.

Policías que realizaron los registros
También comparecieron por vía telemática desde Madrid, los dos policías que registraron los domicilios del subinspector y del otro agente. En el caso del primero, que formaba parte de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), entre otros útiles se encontró el DNI de otra persona y una placa de la Policía Nacional “no oficial”. Cuando la abogada del investigado preguntó al testigo si recordaba que hubo una época en la que los sindicatos regalaban llaveros y placas así, algunas de las policías presentes en la sala no pudieron evitar mirarse entre sí y reírse. El testigo, por su parte, respondió que no. Como curiosidad también, en la casa del agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana se hallaron las llaves de un coche que estaba “mal estacionado en una gasolinera”.

Ocho años de cárcel y 45 millones de euros
La Fiscalía, en su escrito provisional, solicita ocho años de cárcel para cada uno de los once acusados que hay en esta causa y una multa de 45 millones de euros. Siete de ellos, incluidos los tres agentes y el escolta, permanecen en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2022, de ahí que acudan custodiados y esposados a la Audiencia cada día de juicio.

[Celestino]

Policías de Chalet y BMW, en este caso Audi A6

[47ronin]

Los dos policías y el guardia civil acusados de custodiar un cargamento de cocaína tenían una “relación estable extralaboral”

 El inspector jefe de Asuntos Internos, que analizó sus conversaciones en una aplicación de mensajería privada, afirma que su intención era "ocultar lo que estaban haciendo" al margen de sus trabajos oficiales

 El testigo destaca una charla en la que el subinspector le decía a otro acusado que no se preocupara por la crisis económica, que "no iba a afectarle" porque iban a ganar "una importante cantidad de dinero"

 Cinco policías confirman que dos compañeros ayudaron a unos narcos a llevar 365 kilos de cocaína desde Málaga a Sevilla

Los once acusados en este macrojuicio de droga, ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

Los once acusados en este macrojuicio de droga, ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. / RAÚL CARO (EFE)
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LUIS LASTRA
12 Jan 2024 06:00
Siete policías declararon ayer en una nueva sesión del juicio que se está celebrando en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra once presuntos componentes de una red de narcotráfico que en el verano de 2022 introdujo en España 365 kilos de cocaína procedente de Colombia. Entre los acusados hay dos policías nacionales (un subinspector de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer y un agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana) y un guardia civil. Ninguno está saliendo bien parado de los testimonios que han aportado ya los numerosos policías nacionales que vigilaron el traslado de la droga desde el puerto de Málaga al polígono Novapark, en Carrión de los Céspedes, y ayer tampoco corrieron mejor suerte, en especial después de oír al inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Este mando reveló que los tres mantenían una “relación estable extralaboral fuera del ámbito” de sus respectivos Cuerpos y aseguró que en sus conversaciones se notaba “la intención de ocultar lo que estaban haciendo”.


El testigo explicó que su investigación comenzó cuando el Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes le comunicó que se había aprehendido una gran cantidad de droga y que “estaban implicados dos policías nacionales y un guardia civil”. “Los tres ya habían sido vistos en reuniones de 2021. Tenían una relación estable extralaboral fuera del ámbito de la Policía Nacional y la Guardia Civil”, destacó.

El jefe de Asuntos Internos firmó un atestado fechado el 23 de diciembre de 2022 cuyo eje era el volcado de los móviles de los dos policías investigados. “Sus conversaciones hacían pensar que llevaban realizando labores de seguridad extrapolicial a lo largo del tiempo. Además, usaban una aplicación de mensajería, Signal, que ya denota ciertas precauciones por la seguridad de sus comunicaciones”, detalló.


En esas charlas se traslucía “el dolo de ocultar lo que estaban haciendo”, añadió el responsable de Asuntos Internos, que citó una “referencia” del subinspector “a que iban a ganar una importante cantidad de dinero”. “Hablaban de la crisis de 2022 y él les decía que no se preocupasen porque la crisis no les iba a afectar, aunque no hubo ninguna referencia explícita a sustancias estupefacientes”, aclaró.

La hipótesis que manejaron los investigadores de su departamento fue que estaban “bajo las órdenes del exinspector Joaquín Torres”, muy reconocido en su día por su labor en el puesto fronterizo de Algeciras, y que “al menos” realizaron tres operaciones: la vigilancia del camión que transportó la cocaína, “el control de movimientos del fallecido Javier Biosca” (un supuesto estafador de criptomonedas que se suicidó en noviembre de 2022) y “labores de escolta de un promotor inmobiliario”.

Así crearon un “perímetro de seguridad” al camión en la A-92
De los tres policías nacionales que participaron en el seguimiento del contenedor donde estaba oculta la droga y que comparecieron ayer como testigos, la declaración más llamativa fue la de un agente que estuvo tanto en Málaga como en la A-92, al menos en el trayecto hasta el polígono La Isla, donde el camión hizo noche el 14 de septiembre de 2022 antes de llegar a Carrión de los Céspedes al día siguiente. Este policía describió el modo en que sus dos compañeros del Cuerpo y un escolta del Ministerio del Interior, montados en un Audi A6, custodiaron el traslado del vehículo con la sustancia estupefaciente. “Aceleraban y desaceleraban, se ponían a 130 kilómetros por hora y después a 80 kilómetros por hora para colocarse detrás de la cabeza tractora. Hacían un contorneo para crear un perímetro de seguridad y vigilar todos los vehículos que se le acercaban”, contó.


Una vez en Dos Hermanas, “se bajaron del coche y miraron de manera descarada dentro de los vehículos por si había alguien haciendo un trabajo policial o preparando un vuelco”, esto es, cuando alguien roba droga a unos traficantes. “Daban constantes vueltas por el lugar. Su único objetivo era localizar a policías”, insistió.

[47ronin]

Condenado a 3 meses de cárcel el marido de Cristina Seguí, inspector jefe del CNP, por pegar a 2 policías locales en Benidorm


Seguí también se enfrenta a una condena de cuatro años y medio de prisión por publicar vídeos de menores
LORETO OCHANDO
14/01/2024 - 09:39
   
La tertuliana de extrema derecha y fundadora de Vox, Cristina Seguí
La tertuliana de extrema derecha y fundadora de Vox, Cristina Seguí

Un inspector jefe de la Policía Nacional, jefe de una unidad de la UIP (antidisturbios), que además es el marido de la fundadora de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí, ha sido condenado a tres meses de prisión por Juzgado de Lo Penal Número 3 de Benidorm como autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad por agredir a dos policías locales de esta ciudad costera, además de ser considerado autor responsable de dos delitos leves de lesiones, con las mismas circunstancias, a las penas por cada delito leve de un mes de extensión de multa con la cuota diaria de 6 euros (180+180 euros).


Según explica la sentencia a la que ha tenido acceso ElPlural.com en exclusiva, los hechos sucedieron una noche cuando el marido de Seguí tuvo un incidente con un taxista que no quiso llevarle debido al estado en el que se encontraba. En el juicio, el conductor declaró que, el Policía Nacional, tuvo un “comportamiento irregular, descortés, violento, injustificado del que después pasó a ser acusado: insultos y "de todo", puñetazo en el capó del motor, hijo de puta, cabrón”. Ante tantos insultos, el hombre le dijo que iba a llamar a la Policía, a lo que el condenado le contestó que le “iban a llamar a él”. Fue entonces cuando llamó a los locales y se montó la bronca.

Le pegó a dos policías
El fallo dice que, una vez llegaron los dos policías locales, el ahora condenado “estando de asueto en días libres con dos compañeros de trabajo, yendo afectado por la previa ingesta de bebidas alcohólicas que le mermaba pero no anulaba sus capacidades cognitivas y volitivas, le requirieron para que se identificase, negándose el acusado en numerosas ocasiones, aduciendo que era inspector del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia, e instando al agente de la Policía Local con el que se entrevistaba para que le diera su número de placa (cosa que se ve), mientras agitaba su teléfono móvil, hasta que chocó con la mano del agente de la Policía Local, cayendo éste al suelo”.


“En ese momento, el acusado, con ánimo de menoscabarlo físicamente y desconociendo el principio de autoridad se abalanzó con el agente de la Policía Local al que propinó un bofetón en la cara que también le hizo caer al suelo, momento en el que sus compañeros intervinieron para reducir al ahora acusado, empleando para ello la fuerza mínima imprescindible”, prosigue narrando la juez del caso.

Durante el juicio, las declaraciones de sus compañeros eran contrarias a lo que decían los policías locales, así como a lo que luego él declaró. Sin embargo, hay un vídeo grabado en el centro de salud donde el marido de Cristina Seguí admite haber pegado a los agentes.


Respecto de este vídeo, dice la juez: “En este caso de Benidorm si analizamos el vídeo, el después acusado mientras espera para ser visto por el médico de urgencias reconoció libremente haber pegado al uniformado sin que sea la respuesta a una pregunta previa y sin coacción, luego es válida por espontánea sin quiebra de derecho fundamental alguno”. Pero es más, añade su señoría que, “y si no valiera, tampoco es necesaria, se llega a esa acreditación prescindiendo de esa prueba”, y tipifica los hechos como “constitutivos de un delito de atentado contra agentes de la autoridad (pues los lesiona)”.

Seguí y la Justicia
Las malas noticias en materia judicial no dejan de llegar para la seudoperiodista de extrema derecha. De hecho, este pasado mes de diciembre, la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Valencia solicitaba una pena de cuatro años y medio de prisión para Cristina Seguí por la publicación y difusión del video de unas menores tras cometerse una presunta agresión sexual por parte de cinco adolescentes de entre 15 y 17 años en la localidad valenciana de Burjassot contra las niñas. 


El ministerio público atribuye a Cristina Seguí un delito contra la integridad moral y otro de descubrimiento y revelación de secretos con la circunstancia agravante de género. Junto a la pena de prisión, le reclama que se le prohíba acercarse o comunicarse con una de las menores del vídeo por tiempo de cinco años y a una distancia de 500 metros, así como que acceda a la red social Twitter por el mismo tiempo.

[47ronin]

La UDEF detiene al ex jefe de la Policía Local de El Puerto y a un técnico de Infraestructuras acusados de cohecho


 Ambos se encuentran incomunicados en la Comisaría portuense a la espera de pasar a disposición judicial

 El jefe de la Policía Local de El Puerto insulta gravemente a varios ministros

 Andanzas de un policía muy bocazas

Rafael Muñoz Leonisio, ex jefe accidental de la Policía Local portuense.

Rafael Muñoz Leonisio, ex jefe accidental de la Policía Local portuense. /
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TERESA ALMENDROS
16 Jan 2024 14:24
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María al que fuera jefe provisional de la Policía Local en la ciudad, Rafael Muñoz Leonisio -ya jubilado- y al técnico del área municipal de Infraestructuras José Manuel Camacho, con un presunto delito relacionado con el cobro de comisiones ilegales.


José Manuel Camacho.
José Manuel Camacho. /
Ambos se encuentran en estos momentos incomunicados en la Comisaría de El Puerto a la espera de pasar a disposición judicial.

Según ha podido confirmar Diario de Cádiz  la detención se ha producido en la mañana de este martes ya que a primera hora de la mañana el técnico municipal de encontraba en su puesto de trabajo.


La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Anticorrupción
Según ha confirmado la Policía Nacional, al primero de ellos se le investiga como presunto autor de los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, mientras que al técnico municipal se le investiga por cohecho.Las diligencias están declaradas secretas y la investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.

Al parecer la acusación que pesa sobre ambos es la de servir de puente a empresas y servicios para trabajar con el Ayuntamiento portuense, a cambio de comisiones económicas.

Rafael Muñoz Leonisio  lleva ya varios meses jubilado, tras haber protagonizado durante la pandemia varios polémicos episodios, tras haber insultado gravemente de forma pública a miembros del gobierno de la nación.

También es notorio que durante su etapa como mando de la Policía Local desempeñaba otros trabajos como corredor y comisionista, haciendo de intermediario en varias operaciones inmobiliarias y de negocios.

José Manuel Camacho, técnico de Infraestructuras bien posicionado en el actual gobierno municipal, es en la práctica quien lleva desde hace meses el área adscrita a Urbanismo, ya que el anterior jefe de Infraestructuras presta ahora sus servicios en Diputación.

Comunicado oficial del Ayuntamiento de El Puerto
El Ayuntamiento de El Puerto ha mostrado, tras adelantar Diario de Cádiz estas detenciones, "su total colaboración con la UDEF en la investigación de los dos funcionarios".


Desde el Consistorio portuense comunican que "en el día de hoy se han facilitado las actuaciones de la UDEF en las instalaciones municipales. Desde el Ayuntamiento precisamos que uno de los funcionarios se jubiló hace varios meses y que el funcionario técnico es trabajador desde hace décadas".

[47ronin]

El jefe policial de El Puerto que insultaba al Gobierno en la pandemia, detenido por cohecho


La Fiscalía Anticorrupción lo investiga a él y a un funcionario de Infraestructuras por presuntos cobros de comisiones ilegales en la localidad gaditana
Rafael Muñoz Leonisio
El exjefe de la Policía Local detenido este martes por cohecho, Rafael Muñoz Leonisio (primero por la izquierda) posa junto al alcalde de El Puerto de Santa María en una imagen de archivo.
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO
Jesús A. Cañas
JESÚS A. CAÑAS
El Puerto de Santa María - 16 ENE 2024 - 20:08 CET
Rafael Muñoz Leonisio, allá por mayo de 2020, estaba tan descontento con la gestión que el Gobierno hacía de la pandemia que se manifestaba a cada tarde y usaba su perfil de Facebook para llamar a Pedro Sánchez “Heil Fraude”; al director del Centro de Alertas Sanitarias Fernando Simón, “borracho” y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias “comunista de mierda”. Muñoz era entonces jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María (89.400 habitantes, Cádiz). La Policía Nacional de Cádiz investiga ahora si, mientras profería esos insultos, aprovechaba su cargo para cobrar comisiones i...

[47ronin]

Cobros y extorsión por los aparcamientos de la Feria, el inicio de la causa contra el exjefe de la Policía de El Puerto


La Fiscalía acusa a Rafael Muñoz Leonisio de cobrar comisiones ilegales de los parkings instalados para grandes eventos, de quitar multas a familiares o de usar la grúa municipal a nivel particular, entre otras cuestiones
El exjefe de la Policía Local de El Puerto detenido por supuesto cohecho, en libertad con cargos

M. ALMAGRO

20/01/2024 a las 09:13h.

La detención esta semana de un conocido exjefe de la Policía Local de El Puerto y de un funcionario municipal resonaba con fuerza en la localidad. El hecho de que un veterano responsable y presumible garante de la ley fuera arrestado y puesto a disposición judicial en una causa sobre cobros ilegales, comisiones y supuestas corruptelas causaba cierta sorpresa por el cariz que pueda tener esta investigación y sus consecuencias. Además, que este caso esté siendo coordinado y revisado por la lupa de la Fiscalía Anticorrupción da otro peso importante de la entidad que alcanza.

El exjefe de la Jefatura de la Policía municipal, Rafael Muñoz Leonisio, era detenido el pasado martes. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de El Puerto lo arrestaban y lo llevaban a los calabozos en el marco de una investigación sobre supuestos cobros ilegales. Al mismo tiempo detenían a un conocido técnico del Ayuntamiento, del área de Infraestructuras, y registraban su despacho.

Ambos pasaban la noche en la Comisaría incomunicados, como protocolo habitual, para evitar que pudieran tener contacto con alguien o destruir alguna posible prueba y al mediodía del miércoles eran trasladados ante el juez que instruye el caso para prestar declaración. Tras oír sus testimonios (ambos declararon), el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 decretaba la libertad provisional para los dos.

Las medidas cautelares impuestas son más duras en el caso de Muñoz Leonisio al que se le ha ordenado comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Según informó el TSJA, está siendo investigado por los supuestos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias, mientras que el técnico municipal está siendo investigado como cooperador necesario de delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Pero, ¿de qué se le acusa exactamente?, ¿qué ha hecho presuntamente para ahora estar implicado en un caso de Anticorrupción? Pues, según han confirmado fuentes de la investigación a este periódico, la acusación tiene varias aristas.

La primera, y de la que partió la denuncia que llegó a la Fiscalía e inició el resto de pesquisas, son las supuestas comisiones ilícitas que pudo obtener por permitir el uso y la adecuación de terrenos o espacios para la instalación de parkings en grandes eventos multitudinarios como la feria, la Motorada, o el Puro Latino. -cuyo control depende de la Policía Local-. es en este punto donde se investiga también la supuesta extorsión sobre personas y empresas de aparcacoches a las que se pudo presionar para llevarse estas 'mordidas'.

En otro punto, se investiga si Muñoz Leonisio pudo hacer uso de su autoridad como agente municipal para beneficio propio y de sus allegados. Por ejemplo quitando multas de tráfico a familiares y conocidos o utilizando la grúa municipal para fines particulares.

Y en último lugar, Anticorrupción y la investigación policial también apuntan a la explotación de un servicio que se puso en marcha en verano en la localidad y que consistía en un trenecito que llevaba a usuarios de los chiringuitos de Puerto Sherry hacia Vistahermosa. Se indaga sobre la empresa a la que se cedió dicho servicio y si tiene algún vínculo familiar con el supuesto máximo implicado.

En cuanto al funcionario municipal las pesquisas apuntan al grado de colaboración que pudo tener con el jefe de policía jubilado y en qué parte le valieron también estas supuestas prácticas ilícitas en beneficio propio.

La causa continuará instruyéndose los próximos meses y se tomarán más declaraciones hasta que se pueda delimitar, junto a las pruebas aportadas, el grado de responsabilidad penal que tienen o no ambos investigados o si, incluso, hubiera otros nuevos posibles implicados.

[47ronin]

El exjefe de la Policia Local de El Puerto de Santa María: el lado burdo de la ley


La detención de Muñoz Leonisio por cobrar mordidas destapa una vida laboral salpicada de presuntas irregularidades y chanchullos que nadie supo atajar
Jesús A. Cañas
JESÚS A. CAÑAS
El Puerto de Santa María - 22 ENE 2024 - 05:40 CET
El ex jefe de la Policía Local de El Puerto, Rafael Muñoz Leonisio, a su salida de los juzgados el 17 de enero de 2024.
El ex jefe de la Policía Local de El Puerto, Rafael Muñoz Leonisio, a su salida de los juzgados el 17 de enero de 2024.
PEDRO PAYÁN
Rafael Muñoz Leonisio nunca dejó de fumar puritos en su despacho. La Ley Antitabaco no pasó por él. Podría decirse que pocos marcos normativos de la presente democracia lo hicieron: condujo su coche sin seguro, arrasó sin permiso parte de un pinar para montar unas pistas de pádel, dispuso de la grúa municipal para devolver coches retirados a conocidos y usó sus redes para insultar compulsivamente a miembros del Gobierno y la izquierda en general. Lo curioso es que Muñoz compaginó sin sobresaltos esa vida laboral por encima de la ley durante casi 40 años con su cargo de intendente y jefe de la ...

[47ronin]

David Oliva, de jefe contra el narco en la Guardia Civil a "colorear carpetas" tras su imputación


El teniente coronel y exjefe de OCON-Sur, la unidad desmantelada por sorpresa antes de ser investigado por cohecho y revelación de secretos, ha sido destinado, en preferencia forzosa, a un puesto considerado "menor" en el órgano que prepara la formación de los agentes y las oposiciones de acceso al Cuerpo.
26 enero, 2024 02:06



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska le condecoró en 2021 con la Medalla al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. Era el jefe del Grupo OCON, la unidad de élite contra el narcotráfico en el sur de España que fundó y formó en 2018. Aquella no era, ni mucho menos, la primera medalla de David Oliva: tenía ya unas 60, con poco más de 45 años.

[47ronin]

Solicitan la suspensión del juicio contra un teniente de la Guardia Civil porque la causa principal fue archivada 3 años antes


La causa principal que sostenía la acusación contra el teniente había sido archivada previamente. Foto: EP.
Solicitan la suspensión del juicio contra un teniente de la Guardia Civil porque la causa principal fue archivada 3 años antes
Portada / Tribunales
Carlos Berbell
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01/2/2024 17:55
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Actualizado: 01/2/2024 17:58
La defensa del teniente de la Guardia Civil de Sevilla, que afronta acusaciones contra la salud pública, ha solicitado detener el juicio programado ante un jurado popular para empezar mañana. Argumenta que ha interpuesto un incidente extraordinario de nulidad directamente relacionado con el cierre de la causa principal, investigada –y archivada– tres años atrás por la Audiencia Nacional.

Representado por la abogada Ana Hidalgo, el teniente Raúl P. M. se enfrenta a una pena de 14 años y cuatro meses por supuestamente colaborar con narcotraficantes, proporcionándoles información sobre intervenciones antidrogas, orquestando el hurto de casi 30 fardos de hachís que estaban almacenados en la Comandancia.


La abogada impugna dos decisiones judiciales previas relacionadas con la investigación del caso de la pieza denominada “agente encubierto”.

De acuerdo con Hidalgo, ambos autos de inhibición dejaron de ser válidos tras el sobreseimiento provisional de una causa relacionada, cuya nulidad no se pudo impugnar oportunamente debido a su reciente descubrimiento. Su finalización fue de todo punto anormal.

Por ello, solicita, ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que ha instruido la causa contra este mando de la Guardia Civil, la anulación de estos autos para permitir un recurso adecuado con plenas garantías legales.

DERECHO A UN JUICIO JUSTO
El incidente extraordinario de nulidad de actuaciones se presenta cuando se considera que se han vulnerado derechos fundamentales o normas esenciales del procedimiento y no existe otro recurso ordinario o extraordinario para corregir esa situación.

Su sentido es asegurar el derecho a un juicio justo, permitiendo la revisión de actos procesales que podrían afectar de manera significativa los derechos de las partes involucradas. Anulando dichos autos se permitiría un recurso adecuado con plenas garantías legales.

En ambos autos, que tienen fecha de 10 de diciembre de 2020 y 11 de enero de 2021, la juez de instrucción aceptó la inhibición de la pieza separada y secreta del agente encubierto, origen de la investigación contra el teniente imputado, procedente del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. 

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