!Cómo están los Cuerpos!

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La Audiencia envía a la policía local a prisión, eludible bajo fianza de 300.000 euros


La agente de la Policía Local detenida ayer en El Tarajal tras cruzar de Marruecos a Ceuta y quebrantar así las medidas cautelares impuestas por la justicia,  ha sido enviada a prisión tras prestar declaración ante la justicia durante toda la jornada. La Audiencia le impone una fianza de casi 300.000 euros en metálico.
Prisión de Fuerte Mendizábal/ Archivo
 Prisión de Fuerte Mendizábal/ Archivo
Juanjo Coronado
JUANJO CORONADO
9 DE ABRIL DE 2024, 13:39
La agente de la Policía Local detenida el lunes en El Tarajal tras cruzar de Marruecos a España, y quebrantar así las medidas cautelares que le impuso la justicia en su momento, ha sido enviada a prisión. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión fuentes judiciales. La mujer podrá eludir la prisión, pero tendrá que abonar una fianza. Serán casi 300.000 euros (270.000) en cantidades dinerarias, pero si aporta inmuebles la cantidad a avalar será de 570.000.

Recordemos que esta mujer fue detenida en 2019, en el marco de una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, que se desarolló de modo simultáneo tanto en Málaga como en Ceuta. Ella pasó seis meses de prisión preventiva junto a su suegra, también señalada como partícipe de la red. Su marido y cuñado huyeron a Marruecos, donde permanecen prófugos desde entonces.


Detenida en la frontera una agente de la Policía Local por quebrantar medidas cautelares
La mujer fue puesta en libertad, entonces,  tras pagar 30.000 euros de fianza y aceptar una serie de medidas cautelares, como comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada més, la entrega del pasaporte y  la prohibición de abandonar el territorio nacional. Algo que quebrantó tras regresar de Marruecos y ser detectada por la Guardia Civil.

Según fuentes judiciales, ayer se celebró un juicio rápido por el quebrantamiento de condena. Ella no se conformó con la pena impuesta por el Juzgado de Instrucción número 1. La mujer fue puesta en libertad, pero inmediatamente la Audiencia Provincial ordenó su detención y traslado a dependencias policiales. Precisamente, eso es lo que justifica que sea la Audiencia, en un movimiento no muy habitual, quien ordena su encarcelamiento.

El juicio se celebrará durante todo el mes de octubre, comenzando el día uno de esa jornada, según la fecha fijada. En concreto y según el escrito de Fiscalía, a la agente y a su suegra (a pesar de que oficialmente la pareja está divorciada desde 2012, el Ministerio Fiscal considera que es un divorcio simulado para proteger los bienes de la pareja de posibles embargos) se le piden cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, de lo que hay que descontar el fiempo pasado hasta el momento en prisión preventiva. Ayer se celebró un juicio rápido, en el que no se conformó con las penas ofrecidas.

[47ronin]

Un guardia civil y dos policías nacionales, condenados a siete años de cárcel por introducir en Sevilla 367 kilos de cocaína oculto en piñas


El fallo también a otras ocho personas como coautores de un delito contra la salud pública e impone a cada uno de ellos dicha pena de prisión y el pago de una multa de 45 millones de euros
El contenedor de piña que llegó de Colombia a Sevilla con 367 kilos de cocaína ocultos que salpicó a varios agentes

La Audiencia de Sevilla ABC

ABC

Sevilla


12/04/2024
Actualizado a las 12:12h.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a los once acusados de introducir en España un total de 367 kilogramos de cocaína procedente de Colombia y ocultos en un contenedor, acusados entre los que figuran un guardia civil y dos policías nacionales, todo ello tras el juicio celebrado durante los pasados meses de diciembre, enero y febrero.


En la sentencia, fechada el día 11 de abril y notificada este viernes a las partes personadas en la causa, el tribunal condena a los once encausados, siete de los cuales se encuentran en prisión provisional por estos hechos desde el 15 de septiembre de 2022, como autores responsables de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y les impone siete años y medio de prisión y el pago de una multa de 45 millones de euros. En el juicio, la Fiscalía solicitó para los acusados ocho años de cárcel y el pago de una multa de 45 millones.


Los magistrados consideran probado que, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Nacional de Colombia, se detectó un posible envío de cocaína a España por parte de una red u organización allí investigada, lo que generó, al amparo de los convenios entre España y Colombia, una petición de cooperación internacional a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias de investigación y autorizó la conducción y entrega vigilada del envío que se comunicaba por la Fiscalía de Colombia.

Según esa comunicación, como así fue, el envío se efectuaría el 19 de agosto de 2022 desde un puerto colombiano hasta el puerto de Málaga mediante un contenedor a bordo de un buque con una mercancía legal declarada de piñas. El buque arribó al puerto de Málaga el 7 de septiembre de 2022 transportando el contenedor referido.


En este sentido, y según declara probado la Sección Tercera de la Audiencia, el día 9 de septiembre de 2022 se procedió por agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera a la inspección del contenedor desembarcado en el puerto, descargando la mercancía declarada (las cajas de piñas) y no encontrando nada en la inspección visual ni obteniéndose en dichas cajas marca de droga por parte de las unidades caninas. Seguidamente, trasladaron el contenedor vacío a una nave de la terminal portuaria donde, tras dar indicios un escáner de la ocultación de objetos en el interior del suelo del contenedor, se hicieron unas catas en el mismo que revelaron un polvo blanco que dio positivo a cocaína.

Tras ello, se volvió a colocar la carga en su interior y se procedió a mantener el contenedor en la terminal del recinto portuario hasta su recogida «con la debida vigilancia», listo para los trámites aduaneros y a la espera del receptor, prosigue el tribunal, que añade que el envío de droga «había sido concertado previamente con los acusados o con terceros no identificados que encargaron a los acusados la recogida de la droga y la preparación previa de esa recepción».


Seguimiento por policías nacionales «camuflados»
Así, los condenados, «de previo y común acuerdo entre ellos, y con propósito de enriquecimiento y de distribución de estupefacientes», ejecutaron en este sentido una serie de actuaciones, la primera de ellas a las 9,30 horas del día 14 de septiembre, cuando se presentó en el puerto un camión conducido por uno de los investigados y recogió el contenedor, saliendo de la zona del puerto en dirección a una nave en Dos Hermanas por la A-92, «siendo seguido discretamente por agentes de la Policía Nacional camuflados».

El acusado efectuó una parada en un área de servicio situada en la citada autopista, lugar donde fue detectado un vehículo en el que viajaban los dos policías condenados y un tercer acusado, quienes «realizaron labores de custodia del camión, controlando los coches del aparcamiento y las personas en el lugar». Tras ello, el camión reemprendió la marcha, siendo seguido por el vehículo donde viajaban los otros tres condenados, que «efectuaron labores de contravigilancia durante todo el trayecto, siguiendo al camión, adelantándose para examinar la ruta, retrasándose para comprobar los coches que les seguían, realizando continuas maniobras de aceleración y desaceleración propias de una labor de supervisión y vigilancia del referido camión».

La Sección Tercera de la Audiencia relata que, finalmente, y tras llevar a cabo la descarga de la mercancía legal del contenedor en una nave de Dos Hermanas, ambos vehículos se introdujeron en una nave de Carrión de los Céspedes en la que se metió la totalidad del contenedor, señalando que, «dado el peligro de desaparición u ocultación de la droga», los agentes de Policía que estaban vigilando a los acusados «intervinieron a los pocos minutos, accediendo a la nave tras forzar con ariete una puerta lateral» y deteniendo a todos los acusados que se encontraban en el lugar.

Los agentes, de este modo, se incautaron de 367.806,85 gramos de cocaína con una pureza media del 79,12 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 14.453.031,88 euros en venta al por mayor; 37.936.399,86 euros al por menor y 88.851.420,14 euros en venta por dosis, droga toda ella que »estaba destinada a la venta a terceros».

Conducción y entrega vigilada
La Audiencia resalta que «nadie discute que estamos ante una conducción y entrega vigilada de droga desarrollada en el marco de la cooperación judicial con Colombia y que parte de un decreto de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, en el que accede a la petición de cooperación de la Fiscalía colombiana», tras lo que «se dispone la circulación y entrega vigilada para conocer quiénes importan cocaína desde Colombia y confirmar a las autoridades colombianas sus inferencias sobre la actividad de la organización exportadora en Colombia».

«Es imposible concluir que la intervención de los acusados es posterior a que la droga se encuentre en España y que la participación de cada uno sea secundaria o sin consciencia de que se transportaba cocaína para su tráfico ilegal», pues los acusados «son destinatarios, al menos mediatos, de la sustancia estupefaciente y tienen la plena disponibilidad de la misma», señala la Audiencia, que asevera que «no se trae cocaína de Colombia, adquirida a una organización criminal, así como así, sin una preparación previa».

«Hay que recibir información muy precisa de cómo va a llegar y dónde, de cómo va emboscada y de las operaciones a practicar para hacerse con ella, y es claro de la prueba practicada que cada acusado conocía, al menos, la parte que le correspondía», sostiene la Audiencia, que impone a todos los investigados la misma pena de siete años y medio de cárcel y 45 millones de euros de multa al entender, entre otras cosas, que la participación de cada uno de ellos «es rigurosamente equivalente».

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
 

[47ronin]

Un policía de Palma confirma que les ofrecían comida y bebida gratis en un local del Bierkonig


Varios agentes señalan que el encargado del establecimiento de ocio de s’Arenal tenía comunicación directa con el grupo del GAP
Hoy han declarado ocho testigos y el juicio continúa el próximo miércoles
B. Palau
Palma | 15·04·24 | 18:04 | Actualizado a las 09:56


Varios de los acusados, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Palma.
Un policía de Palma confirma que les ofrecían comida y bebida gratis en un local del BierkonigB. RAMON


Un policía local de Palma que hoy ha declarado como testigo en la quinta sesión del juicio contra nueve agentes, un empresario y un antiguo funcionario de Cort por un presunto trato de favor a los negocios de Miguel Pascual Bibiloni en s’Arenal a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas entre 2007 y 2015, ha confirmado que les ofrecían comida y bebida gratis en un local del Bierkonig. “Cuando trabajaba como policía local en Calvià lo normal era que te ofrecieran una botella de agua, pero en la Playa de Palma te decían que tenían órdenes de no cobrar a los policías”, ha explicado el agente, que está destinado al Grupo de Actuación Preventiva (GAP).


El testigo ha recordado que se trataba de un local de comida rápida, ubicado junto al Bierkonig, en la Playa de Palma, donde empleados pakistaníes servían bebidas y pizzas. “Iban con camisetas del Bierkonig, por tanto, entiendo que es el mismo establecimiento en sí”, ha añadido. Según su versión, el personal no aceptaba el dinero cuando les ibas a pagar, ya que decían que no podían cobrar a policías.


“Yo lo vi como una deferencia, no por algo a cambio. Yo no he visto compensaciones por parte del grupo empresarial de Miguel Pascual”, ha aclarado el agente, que ha asegurado que no se sentía a gusto con esta situación: “Yo no me sentía cómodo y dejé de ir allí”.

El testigo también ha rememorado otro hecho que le llamó la atención en una ocasión. “En la discoteca Regine’s, que había una cola de turistas alemanes de más edad esperando en la puerta, se paró un compañero delante con el vehículo policial. Un portero vino corriendo hacia nuestro coche con tres vasos de tubo”, ha manifestado. Según él, evidentemente no aceptaron la bebida.

Comunicación directa con el GAP
Varios agentes han señalado también que el Bierkonig no disponía de control de acceso ni vigilantes de seguridad privada, pese a ser un gran negocio con un aforo de 5.000 personas y con cuatro accesos desde cuatro calles distintas. Algunos de ellos elevaron una queja a sus superiores denunciando esta situación. Los policías también han coincidido al subrayar que el encargado del establecimiento, conocido como Manolo, tenía comunicación directa con el GAP de la Policía Local, ya que disponía del teléfono corporativo del grupo policial.

“A finales del año 2010, en temporada baja, una unidad, un furgón con tres agentes cubría toda la Playa de Palma. Se nos dio una orden de entrevistarnos con el señor Manolo, el encargado del Bierkonig, durante la primera hora de entrar en servicio. La orden nos la dio Carlos Vallecillo”, ha indicado un testigo en referencia a uno de los policías acusados, un oficial del GAP. “No lo consideré extraño en temporada baja porque el Bierkonig seguía teniendo problemas”, ha añadido.

Falta de seguridad privada
Otro agente se ha referido a la falta de seguridad privada en ese establecimiento de Miguel Pascual: “Se utilizaba a la Policía como seguridad privada, ese era el problema”. El testigo ha ratificado que el encargado del local tenía comunicación directa con el GAP: “El Bierkonig tenía acceso directo al teléfono corporativo del GAP”. En cambio, el resto de locales, como cualquier ciudadano, ante cualquier incidente debía llamar a la sala del 092 o al 112, según su versión.

“Se escuchaba, pero yo no lo he visto, que policías recibían consumiciones gratis. Yo siempre llevaba mi cena al trabajo, no iba a buscarla a ningún sitio”, ha destacado uno de los agentes. Hoy han declarado ocho testigos y el juicio prosigue el miércoles en la Audiencia de Palma. Varios de los agentes que han comparecido se han retractado de sus anteriores declaraciones judiciales y han explicado que estaban condicionadas y guiadas por el exfiscal Subirán. Todos ellos han dicho que desconocían que hubiera un trato de favor a los negocios de Miguel Pascual y que hubieran sido compensados.

[47ronin]

La familia del jefe antidroga de Murcia sabía de sus relaciones con los narcos: "Come en la mano de Pedrito"


CARLOS FRÍAS
17/04/24 - 00: 09
 
   

 MURCIA
 NARCOTRÁFICO
 POLICÍA NACIONAL
El inspector José Guerrero junto al confidente Pedro.
El inspector José Guerrero junto al confidente Pedro.


La familia del jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Murcia sabía que recbía beneficios económicos de confidentes relacionados con el narcotráfico. Así se desprende del sumario de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, y de las escuchas incorporados al mismo.


La mujer y la hija del inspector José Guerrero no eran ajenas a algunos pagos en especie que recibía el cabeza de familia. En concreto, sabían que algunos de los vehículos que utilizaban los tres estaban relacionados con Pedro M., el confidente de la causa. El juez investiga la posible connivencia de Guerrero y otros policías con un clan albanés de drogas para introducir cocaína en España a cambio de dinero. También hay otro policía detenido, un inspector jefe, que está destinado en Colombia como enlace del Ministerio del Interior.


Mujer: Él que come en la mano de Pedrito, nada más que como actúa.

Hija: Claro.

Mujer: Y no come más y ¿sabes por qué? Porque estoy yo detrás y sabe que no puede.

Hija: Ya, ya.


Mujer: Si no Pedrito lo tendría dominado.

Esta una de las muchas intervenciones telefónicas que ha relaizado la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el grupo de agentes que investigan los posibles delitos cometidos por sus compañeros. En el caso de la hija y la mujer de Guerrero las escuchas giran en torno a un coche del que se quiere desprender la descendiente del inspector de Murcia y otro que quiere conseguir, ambos relacionados con el confidente de la trama.

El juez solicita todas las comunicaciones en Colombia entre el enlace de Interior detenido y la unidad antidroga
El juez solicita todas las comunicaciones en Colombia entre el enlace de Interior detenido y la unidad antidroga
La hija, S., quería deshacerse de un Volkswagen Tiguan. El coche presentaba varios fallos por lo que había decidido cambiarlo por otro. En uno de esos fallos, el vehículo acaba en el taller y es cuando la madre, A., le dice que el seguro está a nombre de Pedro M., el confidente.

S. le dice a su padre, el inspector de Udyco que "el coche tiene un montón de errores", a lo que el policía le dice que está "esperando que traigan el otro para cambiarlo". Los investigadores de Asuntos Internos han llegado a la conclusión que el nuevo coche se trataría de una furgoneta que S. quería camperizar (transformarlo en un lugar habitable) y que procedería del entorno de Pedro M., y de uno de sus socios, Said M., un ciudadano marroquí.

Es entonces cuando la madre le asegura a suhija que "el seguro no está a tu nombre (...) está a nombre de Pedro, el papa (sic) no me lo quería decir pero me lo ha tenido que decir por más cojones".

Pagaba los seguros
La mujer del policía le confiesa a la hija de ambos que Pedro M. "los tenía cogidos, porque incluso este pagaba los seguros de sus vehículos", se lee en el informe de Asuntos Internos. Las dos mujeres hablan, además del Tiguan, de un Citröen C3 que era utilizado por la esposa de Guerrero.

"Si yo no estuviera aquí en medio, el Pedrito hacía con él lo que le salía de los huevos", se le escucha decir a la madre en otra conversación, en la que las dos confiesan que saben que todos los vehículos de la casa pasan por el confidente. La hija, de hecho, asume que la nueva furgoneta también estará relacionada con él: "Nos va a tener el también cogidos porque al final la furgoneta que yo voy a tener va a ser a través suya".

"Del contenido de estas conversaciones, en unión a las anteriormente informadas, referentes al vehículo Tiguán, se constata que, el citado vehículo fue facilitado por Pedro M. al Inspector Guerrero y que, no sólo fue un regalo (tal y como comentan las propias mujer e hija), sino que, además, paga las facturas de las reparaciones y se hace cargo del pago del seguro del mismo. Del mismo modo se constata que, Pedro M., está llevando a cabo gestiones para conseguir un nuevo vehículo a José Guerrero", concluye Asuntos Internos en un informe de finales de 2023.

"Me ha ofrecido un viaje"
En un informe de noviembre de 2023, los investigadores analizan otra conversación de la mujer e hija de José Guerrero. En ella ambas hablan tanto de la furgoneta que S. está esperando como de otro bienes, como teléfonos móviles, que vienen del entorno del confidente Pedro. Según Asuntos Internos, ambas saben que "son producto del tráfico de drogas".

El policía detenido en Colombia por temas de droga participó en una serie contra el narco de Movistar+
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Mujer: Si aquí sabemos todo lo que corre un cochino atado. Si el otro día, no sé lo que me estaba diciendo, y ya se lo dije a tu padre. Creo que te lo he dicho. Digo nene, alguna veces parece que soy tonta eh, parece, pero que sepas que es que me lo hago. Dice si ya sé yo que tu no eres tonta. Y ya es que me toca los cojones, que me lo haga no quiere decie que lo sea, sabes.

Hija: Claro.

Mujer: Pues es que llega un momento ya que…

Hija: No sé cómo este tío puede ser tan tonto de pensarse que a estas alturas de la vida, después de todo, nos pensamos que, nos pensamos que un funcionario, como él dice, sabes. Tío, que sabemos perfectamente de donde viene todo, pero mientras que venga de ahí. Pues…

Mujer: Yo mientras que me interese, no va a salir, el día que no me interese.

Hija: Pues claro.

La converdación sigue entre ambas hasta que A. le dice a su hija que el confidente de su marido le ofreció "hasta un viaje". "¿Al Caribe?", le pregunta su hija, "adonde yo quisiera", le responde la madre, aunque le confiesa que si es para irse con Guerrero que prefiere no hacerlo.

[Celestino]

Qué ASCO de POLICÍA de BMW y Chalé.


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Dos Porsche, un Rolex de oro, un viaje a Londres...


condenado por cohecho el excomisario de Barajas por aceptar regalos a cambio de favores

La Audiencia Nacional condena al exresponsable policial a una pena de cinco años y ocho meses de prisión al acreditar que no los recibió "por una relación de amistad"
El ex comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca (c), en una imagen de archivo
 El ex comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca (c), en una imagen de archivo larazon
Ricardo Coarasa
RICARDO COARASA@ricardocoarasa
Creada: 17.04.2024 16:25
Última actualización: 17.04.2024 16:47
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La Audiencia Nacional ha condenado por cohecho a cinco años y ocho meses de cárcel a Carlos Salamanca, ex comisario jefe en el aeropuerto de Barajas, por haber recibido coches de alta gama, relojes de lujo o dinero en efectivo entre 2010 y 2015 por parte de empresarios a cambio de proporcionar "el mejor trato y consideración" a sus clientes y familiares.

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El tribunal también condena al empresario y abogado Francisco Menéndez -quien obsequió a Salamanca con un Porsche Panamera, dos relojes de lujo, un viaje familiar a Londres y distintas cantidades económicas-, en su caso a tres meses de prisión, por un delito de cohecho activo, al aplicarle la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, puesto que denunció en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2017 algunas de las actividades del comisario Villarejo.

Esas informaciones, admite la Audiencia, contribuyeron "de forma extraordinariamente eficaz a la averiguación de los hechos objeto de investigación y a la identificación de múltiples investigados en el procedimiento". A raíz de esa confesión, la Audiencia Nacional acordó en diciembre de ese año para Salamanca "medidas de protección personal, familiar y laboral", otorgándole en enero de 2018 la condición de "investigado colaborador".


La Audiencia da por probado que como el exmando policial aceptó "regalos de carácter suntuario" por parte de Menéndez y del también empresario, ya fallecido, Fernando Luengo, aunque en este último caso "sin que conste que lo fueran en concepto de contraprestación por servicios concretos".

En cuanto a Menéndez, el tribunal sí acredita que Salamanca "aceptó sobornos" del empresario "para que infringiera la normativa reguladora del control de personas y de mercancías" que llegaban a Barajas, dado que Menéndez, que trabajaba para la empresa nacional de petróleo de Guinea Ecuatorial GEPetrol como consultor y asesor legal al menos desde 2010 requería una "atención preferente para sus clientes" que ocupaban puestos de responsabilidad" en dicha sociedad.

Como recompensa a esos favores -que también se hicieron extensivos a su suegra-, apunta la resolución, el empresario "corrompió" al mando policial "mediante el abono de vehículos de alta gama, relojes, viajes, beneficios económicos a terceros vinculados al comisario y entregas de dinero en efectivo".


La Sala ordena además a Salamanca a restituir al Estado la cantidad de 457.298,52 euros y acuerda el decomiso de un Rolex modelo Oyser Perpetual Date GMT-Master II, de oro amarillo con brazalete y esfera verde index, y de un reloj Hublot modelo Geneve.

Un Porsche Panamera de 116.537 euros
Entre esas "recompensas" pagadas entre 2012 y 2015, la sentencia hace referencia a un Porsche Cayenne, que aunque adquirido por 65.999 euros en noviembre de 2010 por el empresario fallecido "corrió a cargo" de Menéndez, un Porsche Panamera, adquirido por este último por un importe de 116.537 euros en septiembre de 2010, y cuyo uso se cedió a Salamanca al menos entre julio de 2012 y julio de 2013.

Además de dos relojes de lujo, esas dádivas incluyeron un viaje de cuatro días a Londres en 2012 de Salamanca y su esposa "con todos los gastos pagados", que se extendió a otro matrimonio, su compañera sentimental y la hija de ella por un total de 15.997,67 euros.


Asimismo, el tribunal hacer referencia a los 66.000 euros que entregó el empresario a dos artistas amigos del comisario que se dedicaban a "amenizar" sus fiestas para que pudieran sufragar la producción y edición de un disco de flamenco, que se formalizó a través de un préstamo del que no devolvieron ni un euro.

135.000 euros en efectivo
Asimismo, partir de 2012, Menéndez hizo entrega a Carlos Salamanca, "a modo de regalo y en consideración a aquellos servicios que le iba a prestar", de al menos 135.000 euros en efectivo en cinco entregas, entre otras cosas para sufragar los gastos de la boda de un hijo del comisario.

No obstante, la Sala no ha podido acreditar que entre esas deferencias estuviese la cesión a Salamanca, en 2012 y 2013, de un palco en el estadio Santiago Bernabéu por el que su empresa, Framen Consultores, pagaba 328.772 euros al año.

No eran, hace hincapié la Audiencia, actos aislados, sino que formaban parte de "una trama delictiva donde se entrega una pluralidad de dádivas a un funcionario público a lo largo de un dilatado periodo de tiempo en cuantías importantes para obtener la satisfacción de los intereses personales y patrimoniales de determinados sujetos". Dada cantidad de las dádivas y su elevada cuantía, la Sala afirma que "no puede concebirse que las entregas y correlativas recepciones de dinero y otros efectos se traten de meros regalos efectuados entre personas unidas por una relación de amistad, como pretende hacer ver el último de los acusados nombrados en su larga declaración".

Al tribunal no le convencieron las justificaciones dadas por Salamanca a esos regalos y para acreditar el cohecho pasivo continuado insiste en que no supo dar explicaciones razonables "sobre la pertenencia y permanencia en su domicilio de la ingente cantidad de objetos suntuarios y suministros gourmets que se intervinieron, ni del viaje a Londres con que fueron agasajados él y su esposa, habiendo admitido ciertos abonos".

Regalo de bodas de 25.000 euros
A uno de esos pagos, según recoge la sentencia, se refiere en una conversación mantenida con el otro acusado para que fuera "espléndido" en el regalo de bodas a su hijo (25.000 euros en total), "no pudiendo negar los abonos que se hacían de los gastos de los vehículos que utilizaba, ninguno de los cuales estaba a su nombre". Tales gastos, señalan los magistrados, "por su cuantía y su constancia, exceden de los que un simple amigo efectúa, especialmente cuando el que los realiza niega que se trataran de meras liberalidades, pues tendían a buscar un trato de favor en el aeropuerto de Madrid-Barajas para sus clientes relacionados con la empresa nacional de petróleo de Guinea Ecuatorial (GEPetrol)".

Sin embargo, el tribunal absuelve a los dos acusados de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal, y de un delito continuado de prevaricación administrativa.

Y es que para la Audiencia no ha quedado acreditado que, como comisario jefe del puesto fronterizo de Madrid Barajas, Salamanca infringiese las normas reguladoras del control de inmigración con abuso de su cargo, un delito que la acusación le atribuía para favorecer el tráfico ilícito de personas procedentes de Guinea que trabajaban en la empresa vinculada a Francisco Menéndez. Para los magistrados, no consta "acreditación alguna acerca de la comisión, por uno o por los dos, de los delitos mencionados".

Del mismo modo, sostiene que tampoco se ha acreditado el tráfico ilícito de personas, con vulneración de la normativa de entrada de extranjeros porque no consta que Salamanca dictase al respecto una resolución administrativa arbitraria que infringiese el ordenamiento jurídico.

En el caso del empresario ya fallecido Fernando Luengo, la Sala considera acreditado que entregó a Salamanca como "mera atención y en consideración a sus cargos policiales" un Porsche Cayenne.

[47ronin]

Detienen a un policía local de Santander por revelar secretos al cabecilla de un grupo de traficantes de drogas en Cantabria


La Policía Nacional ha detenido también a cuatro hombres y dos mujeres como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal
Abel Verano
Álvaro G. Polavieja
Abel Verano y Álvaro G. Polavieja

Santander

Martes, 16 de abril 2024 | Actualizado 17/04/2024 08:33h.


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Un policía local de Santander ha sido detenido como presunto autor de un delito de revelación de secretos en una operación contra el narcotráfico en Cantabria.

[47ronin]

El Ayuntamiento de Santander cambia de puesto al policía local investigado por revelar secretos


El Consistorio valorará si inicia un procedimiento disciplinario cuando tenga datos oficiales de la causa, que está en manos del Juzgado de Instrucción Nº3 de la capital cántabra
Abel Verano
Abel Verano

Santander


Jueves, 18 de abril 2024, 02:00


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El Ayuntamiento de Santander ya ha tomado medidas respecto al policía local que fue detenido y puesto en libertad por la Policía Nacional como autor de un supuesto delito de revelación de secretos, en el marco de una operación contra el tráfico de droga que ...

[47ronin]

Un policía local de Palma declara como testigo: “Siempre pagábamos en el Table Dance”


Varios agentes y un empresario han señalado hoy en el juicio en la Audiencia Provincial que no observaron ningún trato de favor entre los policías locales y los negocios de Miguel Pascual
B. Palau
Palma | 18·04·24 | 18:25 | Actualizado a las 07:26


La sección primera de la Audiencia de Palma, en el primer día de juicio.
Un policía local de Palma declara como testigo: “Siempre pagábamos en el Table Dance”B. RAMON


“Siempre pagábamos las consumiciones en el Table Dance”. Uno de los policías locales de Palma que hoy ha declarado como testigo en la séptima sesión del juicio en la Audiencia Provincial ha sido muy claro. El agente ha recordado que a partir de 2005 salía a cenar y luego de copas con los compañeros y con un inspector acusado por la zona de Playa de Palma. “Salíamos una vez al mes o dos”, ha apuntado. “Alguna vez íbamos al Table Dance. Siempre pagábamos las consumiciones”, ha destacado, al tiempo que ha explicado el sistema que había en el local para pagar con una tarjeta donde te apuntaban las consumiciones. “No se pagaba en la barra”, ha añadido.


El testigo también ha manifestado que no observó “nada raro” con el inspector encausado ni percibió ningún trato de favor entre él y el personal del American Table Dance. Nueve policías de Palma se sientan en el banquillo de los acusados desde la semana pasada, junto al empresario Miguel Pascual Bibiloni y un antiguo funcionario del área de Urbanismo de Cort, por presuntamente haber favorecido a los establecimientos de Pascual a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas entre los años 2007 y 2015. Los agentes se enfrentan a sendas peticiones de condena de la fiscalía de cuatro años y medio de prisión por un delito de cohecho pasivo continuado. Mientras, las defensas reclaman la libre absolución.


Mala relación entre los grupos del GAP
En la sesión de hoy han declarado ocho testigos. La mayoría ha coincidido al indicar que no observó ningún trato de favor entre los policías locales acusados y los negocios de Miguel Pascual. También han corroborado la mala relación que existía e incluso el enfrentamiento entre determinados miembros del grupo GAP 2 con otros del GAP 4 de la Policía Local de Palma.

Un comisario ha explicado que en 1995 ya se hacían puntos fijos o plantones en lugares de gran afluencia de personas. “Estos puntos fijos se hacen en toda España y en todo el mundo. Están contemplados en nuestras instrucciones de servicio. El resto de la ciudad está cubierto. No quedan servicios sin cubrir. Se atienden las llamadas del 092 porque hay otras unidades disponibles”, ha detallado.

Le sonreían las turistas bebidas
Otros dos agentes han declarado que hacían plantones en distintos lugares: en la calle del Jamón, la calle de la Cerveza, en primera línea o en la frontera entre Palma y Llucmajor. “Nos poníamos en varios lugares en la calle del Jamón. Uno de los oficiales tenía predilección por hacer plantones en el Bierkönig porque salían las turistas bebidas y le sonreían. Y a él le gustaba estar ahí”, ha indicado uno de los testigos, en referencia a un oficial del GAP que no está encausado.

Otro testigo, el antiguo responsable del local Bamboleo, ubicado frente al Bierkönig, en s’Arenal, ha negado haber observado algún trato de favor a determinados negocios de la zona. El empresario ha remarcado que la Policía Local y la Patrulla Verde acudían con frecuencia y se ponían frente al Bierkönig por la tarde y por la noche en las horas de “más jaleo”. También circulaban con los vehículos policiales. “No perjudicaban a mi negocio, jamás, a mí personalmente no”, ha sentenciado el hombre.

El encargado del Table Dance: “El funcionario del Ayuntamiento le consiguió el permiso del local y Pascual me dijo a este señor no le cobres”
B. Palau
Un agente ha subrayado que en aquellos años, estos negocios como el Bierkönig podían efectuar el control de acceso con sus propios trabajadores, es decir, con camareros. Según su versión, no era necesario tener contratado a personal de seguridad privada hasta finales de 2014, cuando entró en vigor un nuevo reglamento respecto a esta materia. De todas formas, el testigo ha recalcado que el tema de la seguridad privada es competencia de la Policía Nacional.

Consecuencias internas
Por último, otro testigo del grupo de Asuntos Internos ha manifestado que investigó dos casos de presuntas irregularidades. Uno de ellos se comprobó que no era cierto, pero el otro derivó en unas diligencias judiciales de las que ya no supo nada más. Según su versión, este último caso le acarreó consecuencias internas por parte de la entonces regidora Angélica Pastor, quien no le quiso firmar una comisión de servicios y le envió a una campaña de tráfico en Navidad.

El juicio continúa mañana en la sección primera con la prueba documental y las conclusiones. El fiscal anticorrupción Juan Carrau podría modificar sus conclusiones a raíz de la prueba practicada a lo largo de la vista oral.

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El fiscal rebaja medio año su petición de pena a los nueve policías y un funcionario de Cort por sobornos


Anticorrupción añade la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento
El ministerio público también solicita que se deduzca testimonio a los encargados del Bierkönig y el Table Dance por falso testimonio
B. Palau
Palma | 19·04·24 | 16:06 | Actualizado a las 15:18


Dos de los principales acusados, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Palma.
El fiscal rebaja medio año su petición de pena a los nueve policías y un funcionario de Cort por sobornosB. RAMON


El fiscal anticorrupción de Balears, Juan Carrau, ha rebajado hoy seis meses su petición de pena para los nueve policías locales de Palma y un antiguo funcionario de Cort acusados de cohecho por presuntamente dar un trato de favor a los negocios del empresario Miguel Pascual Bibiloni en s’Arenal entre 2007 y 2015 a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas. El ministerio público reclama ahora para todos los funcionarios y para Pascual sendas condenas de cuatro años de prisión por sobornos.


La fiscalía ha mantenido el mismo relato de hechos que el de su escrito inicial de acusación, pero ha añadido la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, por lo que procede a reducir su petición de pena.


Anticorrupción ha planteado una calificación subsidiaria en sus conclusiones para el caso de que el tribunal considere no probadas las actuaciones arbitrarias y antirreglamentarias de los funcionarios públicos y ofrece dos alternativas por otros tipos penales de cohecho, por los que pide tres años de cárcel o nueve meses de prisión para los once acusados.

Además, Carrau ha propuesto a la sección primera que deduzca testimonio a los encargados del Bierkönig y el Table Dance por falso testimonio. Al primero de ellos, por no decir la verdad en el juicio y al segundo, porque su declaración fue “incompleta, no quiso extender más allá su declaración”, ha señalado hoy el fiscal en la octava sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia de Palma.

Piden la libre absolución
Por su parte, los abogados defensores han elevado a definitivas sus conclusiones y han mantenido su petición de absolución para todos sus representados, quienes hoy han asistido a la vista.

El fiscal, en el trámite de informes, ha destacado que hay prueba suficiente de que el empresario Miguel Pascual ofrecía dádivas y beneficios a determinados funcionarios. Según su versión, lo dijo el entonces encargado del Table Dance, quien manifestó que al funcionario del Ayuntamiento de Palma no se le cobraban los servicios y consumiciones que recibía por orden de Miguel. Esta declaración está corroborada por dos testigos protegidos, quienes indicaron que algunos policías no tenían ni la tarjeta donde se anotan las consumiciones, según ha hecho hincapié Carrau. “Ya son tres testigos”, ha añadido.

El representante del ministerio público ha añadido otras declaraciones que ha introducido en la prueba documental para su lectura, lo que ha provocado un rifirrafe con las defensas y las protestas de todos los abogados ante el tribunal. Según Carrau, estas personas incriminan al funcionario de Cort y a varios policías locales encausados. “Creemos que existe prueba clara”, ha concluido el fiscal.

La acusación pública también se ha referido a los reconocimientos fotográficos efectuados en los que se identificó a varios agentes. “Tenían unos beneficios y unos obsequios de parte del señor Pascual. El empresario facilitaba la dádiva. Y como recompensa a estas dádivas, llevaron a cabo actos que no eran correctos”, ha agregado el fiscal. “Gracias al funcionario de Cort se agilizó la licencia del Table Dance. También había un trato de favor a las empresas de Pascual. El encargado del Bierkönig era la persona de contacto con la Policía y llamaba directamente al GAP. En invierno, los agentes iban al encargado del Bierkönig a pedirle novedades. Esto no ocurría con otros locales”, ha subrayado Carrau.

Según Anticorrupción, los plantones que hacían los policías en el centro de la calle del Jamón, a la altura del Bierkönig no procedían. A finales de junio de 2014, diez agentes del GAP elevaron una queja a sus superiores en la que denunciaban hacer funciones de seguridad privada dentro del Bierkönig. “Estaban haciendo un servicio privado para el local. Hacían unas funciones que piensan que no les corresponden a ellos”, ha enfatizado el fiscal.

Informes de la defensa
Mientras, el abogado defensor de Miguel Pascual ha destacado que varios testigos señalaron en el juicio que sus declaraciones iniciales no eran válidas porque fueron guiadas por el exfiscal Subirán. “Es inadmisible, no se puede dar crédito a estas declaraciones”, ha indicado el letrado, que ha apuntado que el soborno entre el empresario y el funcionario de Cort estaría ya prescrito.

“Es tan débil la tesis acusatoria”, ha lamentado la defensa. “Es muy difícil defenderse de un escrito tan difuso como este que abarca un largo espacio de tiempo, entre 2007 y 2015”, ha criticado el abogado. “La acusación es inverosímil, yo no me lo creo, es inverosímil. Aquí se acusa de todo, de cualquier cohecho. No se puede acusar a ráfagas”, se ha quejado.

Un policía local de Palma declara como testigo: “Siempre pagábamos en el Table Dance”
B. Palau
Además de lamentar la falta de concreción en los hechos, el abogado ha manifestado que no hay prueba de los delitos, por tanto, no queda otra que absolver. Según su tesis, en este tipo de bares (Table Dance), se invita. “No por ser policía, se invita, sino por ser cliente, por ser un buen cliente”, ha concluido el defensor. El próximo lunes continuará el juicio con los informes del resto de abogados. 

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Un policía que "hace poco" no creía en la Justicka pero pide justicia, curioso.



Un policía de Palma acusado, en la última palabra: "Espero Justicia, hasta hace poco no creía en la Justicia"


Visto para sentencia el juicio contra nueve agentes, un funcionario de Cort y un empresario de s'Arenal por sobornos
Las defensas han reclamado la libre absolución de sus clientes por falta de pruebas de cargo, inconcreción en la acusación y prescripción
B. Palau
Palma | 22·04·24 | 16:39 | Actualizado a las 21:04


Varios de los acusados, hoy en la última sesión del juicio en la Audiencia de Palma.
Un policía de Palma acusado, en la última palabra: "Espero Justicia, hasta hace poco no creía en la Justicia"MANU MIELNIEZUK


El juicio contra nueve policías locales de Palma, un antiguo funcionario de Cort y un empresario, acusados de sobornos por un presunto trato de favor a los locales de Miguel Pascual Bibiloni en s’Arenal a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas entre 2007 y 2015 ha quedado visto para sentencia este mediodía en la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicita sendas penas de cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho.


En cambio, las defensas reclaman la libre absolución de sus clientes. Hoy, en el trámite de informes, los abogados han pedido que sus representados sean exonerados por falta de pruebas de cargo, inconcreción en la acusación y por prescripción.

Varios de los encausados han hecho uso del turno de la última palabra, mientras que otros como el empresario Miguel Pascual o el funcionario jubilado del Ayuntamiento de Palma han preferido guardar silencio. El subinspector de la Policía Local de Palma, Bartolomé Capó, en la última palabra, ha agradecido a la sección primera la posibilidad de dar explicaciones y también a su familia y amigos, por el apoyo recibido. Capó ha tenido palabras de recuerdo hacia el oficial Torres, fallecido, y hacia Rafael Puigrós, que cumple condena en una cárcel de la península. También ha mencionado a sus compañeros enfermos “en un camino de no retorno” y a las 80 o 90 personas que tuvieron como él su momento difícil. Por último, el subinspector ha lamentado que cuando fue detenido no se le intervino su teléfono móvil ni su ordenador, con los que se podría haber sabido si había contactos entre él y el empresario acusado.

Los policías, muy afectados
Otros agentes no han podido contener las lágrimas al recordar el sufrimiento padecido. “El precio ha sido muy alto, yo hoy por hoy me hubiera autocondenado para evitar el sufrimiento”, ha manifestado uno de ellos. Un inspector ha criticado la instrucción. “Las medidas de control han sido cero o ninguna”, ha recalcado, al tiempo que se ha quejado de que le han obligado a jubilarse a los 65 años. “A mí me costó el divorcio. Me ha costado mucho, un cáncer. Quiero pedir perdón a mi exmujer, mis hijos y a mi familia por lo mal que se lo he hecho pasar”, ha añadido. “Espero Justicia, hasta hace poco no creía en la Justicia”, ha asegurado.

Un oficial del GAP también ha sido muy crítico en el turno de la última palabra con la investigación de Penalva y Subirán y la utilización de los testigos protegidos. “Esto se originó por una pelea, por un juego de tronos, un tema ideológico, los que son del PSOE y los que son del PP. El GAP está inventado por el PP”, ha subrayado. “Ustedes son el último auxilio que tenemos”, ha sentenciado, dirigiéndose al tribunal de la sección primera.

Informes de los abogados defensores
Las defensas, en el trámite de informes, han coincidido al destacar la ausencia de pruebas de cargo y al tratar de desacreditar a uno de los testigos, el antiguo encargado del local Table Dance, quien manifestó que en ocasiones él invitaba a consumiciones a varios policías y que únicamente tenía órdenes de su jefe, Miguel Pascual, de no cobrarle al funcionario de Cort porque le ayudó a solucionar un problema de una licencia del establecimiento. “Este señor no es prueba de nada. No es prueba directa. Es un testigo de referencia. Además, no tiene ningún tipo de credibilidad. El testigo no es válido, no es prueba de cargo. Y este señor no está bien”, ha indicado el abogado del funcionario, basándose en una sentencia anterior del Tribunal Supremo por un caso de cohecho. El letrado además ha señalado que los hechos ya estarían prescritos porque a los cinco años el delito prescribe. “Quiero que le absuelvan y además que aleguen que está prescrito”, ha enfatizado, mientras ha detallado que esta causa es la pieza principal.

Otros abogados han apuntado que no se han concretado los hechos en el escrito de acusación ni las dádivas que recibían los funcionarios. “No han recibido ninguna dádiva, han realizado su trabajo”, ha destacado uno de ellos. “No existe prueba de cargo. Esta acusación se ha basado en rumorología”, ha lamentado un defensor. “La acusación no es válida. Invitar a alguien no es delito”, ha agregado otro letrado en la novena y última sesión del juicio. “Yo lo único que he visto gratuito aquí es la acusación”, ha abundado otro compañero.