Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 401877 veces)

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2880 en: 30 de Septiembre de 2018, 10:19:10 am »

La Policía Local hizo un informe sobre los empresarios de ocio del puerto


Los vídeos del espionaje demuestran los seguimientos al hijo de la secretaria del exalcalde Mateo Isern

J.F. Mestre Palma 26.09.2018 | 23:15
Los agentes de la Policía Local pertenecientes al grupo SIAP, que era una unidad de asuntos internos, realizaron un informe sobre los empresarios que se han interasado por explotar los locales de ocio y restauración del futuro Moll Vell de Palma. Este trabajo ha sido recuperado por el Grupo de Blanqueo de la Policía, que lo ha localizado en los archivos borrados de uno de los ordenadores que utilizaba esta unidad policial que, supuestamente, realizó tareas de espionaje. En este documento, cuyo destinatario se desconoce, aparecen fotografías de varios empresarios de restauración.

Entre los documentos recuperados también figuran varias grabaciones que la Policía Local de Palma realizó sobre un menor, que era el hijo de la que fue secretaria del exalcalde de Palma, Mateo Isern. Este menor asistía a un conocido instituto público de Palma y tenía costumbre de reunirse con sus amigos en los exteriores del centro para fumar. Se sospechaba que consumía marihuana, como después se comprobó. Este menor fue grabado durante varios días y en las imágenes aparece él y varios de sus amigos. Cuando la Policía Local actuó se le intervino una pequeña muestra de droga y se elaboró un atestado. Sin embargo, este documento nunca se tramitó.

 
Antes de estas grabaciones, realizadas por policías locales de Palma, se buscó información sobre los familiares del menor.


En otra grabación realizada por la Policía Local de Palma aparece una mujer que la Fiscalía identifica como la asesora jurídica del PP y concejal de Calvià.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2881 en: 14 de Octubre de 2018, 09:28:50 am »
Agresiones y denuncias cruzadas: la batalla de un policía local apartado tras señalar a su jefe

Daniel Tejero, denunciante de un supuesto delito de pederastia archivado por los jueces de su ahora exjefe, le acusa de una agresión, y este último le denuncia por calumnias en la vía pública


El exjefe y actual inspector de polícia de Puente Genil, Lorenzo Humánez, y el alcalde Esteban Moráles (archivo) Cordópolis
Joaquín Hernández


14.10.2018 - 05:15

La batalla de Daniel Tejero contra el que fuera su jefe, Lorenzo Humánez, al que ha acusado de ser culpable de mantener relaciones sexuales a cambio de un precio con una menor de edad entre 2010 y 2011 sabiendo que la chica era menor, ha marcado un antes y después en la vida de ambos en la localidad cordobesa de Puente Genil.

Humánez- defendido en un principio por el alcalde socialista Esteban Morales Sánchez - fue apartado por una causa que el Juzgado de lo penal número 3 de Córdoba y la Audiencia Provincial de Córdoba acabaron archivando al no considerar acreditado que el exjefe policial conociera que la chica "con la que tuvo sexo a cambio de un precio" era menor de edad, entre otras cosas, porque "parece que con 17 años y medio la chica aparentaba ser mayor de edad" y a unas personas les decía que era menor y a otras, mayor. Durante el juicio, Humánez negó haber tenido relaciones con la joven y aseguró que, tras pedirle a esta el DNI, esta se fue, según informó DiarioCórdoba.

Tejero, por su parte, lleva tres años suspendido de empleo y sueldo:dice haber sido suspendido de forma irregular tras denunciar a su jefe por "acoso laboral" desde 2011 después de que este le restara atribuciones en su puesto de trabajo "al manifestarle que no realizara actuación alguna tendiente a denunciar por ruido y alteraciones del orden público a una discoteca", entre otras presuntas "arbitrariedades" vinculadas algunas de ellas con el supuesto "mantenimiento en su puesto de funcionarios del cuerpo cuando reglamentariamente procedía su suspensión en funciones". "Si tu jefe te dice que tú tires por ahí y tú no le haces caso, entonces qué quieres", denuncia Tejero que le dijo el alcalde Morales Sánchez cuando le refirió la situación.

En una denuncia de abril de 2016, Tejero acusa al alcalde de conocer desde 2011 la existencia de un proceso judicial contra Humánez por presunto delito de prostitución, corrupción de menores y explotación sexual, y asegura haber dado traslado a la Guardia Civil, en 2014, de un pendrive que encontró en las dependencias de la Policía de Puente Genil con contenido pornográfico infantil, propiedad supuestamente de un inspector respecto al que el alcalde no había tomado medidas.

El mismo alcalde, Morales Sánchez, le había suspendido "por un expediente disciplinario iniciado con antelación y por motivos diferentes al proceso judicial en el que resultó absuelto el anterior jefe de Policía Local", explicitó el Ayuntamiento en un comunicado el pasado cinco de septiembre, en respuesta a la "campaña premeditada de desprestigio" de la que acusa a Tejero, y tras una concentración de la que participaron este y el conocido denunciante de corrupción, Jesús Candel, mejor conocido como 'Spiriman', además de "centenares de personas de toda Andalucía" contra la prostitución infantil en Puente Genil el pasado dos de septiembre.

El expediente disciplinario referido por el Ayuntamiento guarda relación con la supuesta publicación de información interna de la policía en las redes sociales por parte de Tejero y que este niega. El Ayuntamiento asegura que la suspensión del policía se mantiene vigente cimentada en una sentencia judicial de julio de 2015 que "vincula la duración de la medida de suspensión a un proceso penal abierto en el Juzgado de Puente Genil" - Tejero interpreta que debería ya haber sido reincorporado-. Paralelamente, la Fiscal Silvia Berdugo ha pedido asimismo cárcel para el policía todavía suspendido por cuatro delitos de calumnias e injurias continuadas contra autoridades políticas y judiciales a través de las redes sociales desde 2017.
El último capítulo

En este contexto, Tejero denuncia ser víctima de un acoso constante basado en "denuncias falsas" por parte de Humánez - reincorporado en enero como inspector de la policía - y un "Ayuntamiento y una Justicia cómplice". El último capítulo de este "sin vivir" para el policía suspendido ha tenido lugar esta semana, el pasado día 9, cuando ambos se toparon en la calle y fueron llevados a declarar ante la Guardia Civil previa intervención de la policía local.

Según denuncia Tejero, Humánez le agredió físicamente y verbalmente e increpó con la intención de detenerle, contando para ello con la supuesta colaboración de dos policías en activo, ante lo cual Tejero comenzó a grabar la situación con su móvil. Así, presenta como pruebas una grabación de los supuestos hechos que ha subido a internet y un diagnóstico médico que data del mismo día de la supuesta agresión, minutos después de interponer su denuncia, que detectó sendos eritemas en la muñeca derecha y a nivel lumbar provocados, "presumiblemente" dice el diagnóstico, por una agresión.

Humánez, por su parte, interpuso ese mismo día una denuncia apoyándose en el soporte audiovisual subido a internet por el propio Tejero contra este por "amenazas, injurias y calumnias en la vía pública", que podría suponerle a Tejero ir a prisión.
"Es un tema que está en los juzgados"

Consultados por este periódico, desde la Policía Local de Puente Genil se retrotraen al gabinete de prensa del Ayuntamiento, que responde que "es un tema que está en los juzgados" y que lo último que ha habido "son dos personas que se han denunciado la una y la otra".

Tejero, en cualquier caso, insiste en que el Ayuntamiento de Puente Genil "protege" a Humánez policial y advierte de la inminente interposición de una querella por parte de la propia niña, ahora adulta, contra Humánez. Según Tejero, la joven se encuentra ahora fuera de Córdoba por motivos de "seguridad" tras ser supuestamente amenazada de muerte.

 

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2882 en: 17 de Octubre de 2018, 10:04:52 am »

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2883 en: 20 de Noviembre de 2018, 07:45:40 am »

El guardia civil imputado en la trama de favores de Valladolid prometió a un constructor mediar para obras en cuarteles

En los pinchazos telefónicos el agente investigado se compromete a hacer gestiones con sus superiores para favorecer al empresario en un concurso público

Los informes de la investigación apuntan a que el constructor habría pagado un viaje al Caribe al guardia y a su familia

El empresario dijo al juez que no podía contratar con la Guardia Civil, aunque la investigación reveló que ya tenía un contrato anterior por 49.000  euros
Laura Cornejo
19/11/2018 - 22:44h


El guardia civil investigado por una trama de favores a confidentes y empresarios en la Comandancia de Valladolid se comprometió con un constructor amigo a que el Coronel mediase en la adjudicación de una obra de la benemérita en León. El caso, que se investiga en una pieza separada, fue descubierto por la Policía Nacional durante una operación contra el narcotráfico. Los pinchazos a conocidos delincuentes pusieron de manifiesto que tenían contacto con un guardia civil del grupo de Información, y se intervino también su teléfono.

Una de las conversaciones interceptadas por la Policía se produjo el 23 de marzo de este año. Quien llama es Francisco G.J, un contructor, con el que el agente hablaba prácticamente a diario e incluso le había recurrido una multa colocando como infractor a un colombiano que jamás había pisado España. “¿Tú no puedes decir al tío este algo de la obra o cuándo la van a sacar?”, pregunta el empresario.

El guardia, que pertenece al grupo de Información, le plantea a quién y el constructor contesta: “de León”. Y añade: “Al que llamaste ese día”. La obra se va a licitar y el empresario quiere saber si hay mucha gente interesada , los plazos y “cómo está eso”. El agente investigado se compromete a hacerlo de inmediato y contesta afirmativamente cuando su amigo pregunta si les conoce. “Coño cómo no los voy a conocer”, subraya el guardia civil.  “Porque eso sería la leche”, replica el constructor. “Y si…si…si no cojo a Recio [anterior teniente coronel de la Comandancia a cuyas órdenes trabajó, ya ascendido a Coronel]- y le digo llámale al teniente coronel de León, al jefe”.

El empresario insiste en que le ayude, que intente mover “algo” y el agente le dice que tiene que presentarse y que él dirá “que se lo den a este” pero que para eso tiene que “echarlo”. A pesar de las indicaciones, el constructor quiere saber “si hay que ir a hablar con él allí o algo”. “Vale, ¿quieres ir a hablar con el teniente coronel de León?”, pregunta el guardia. El empresario dice que sí pero el agente comenta que el viernes comería en Valladolid con Recio, su exjefe. “Ya pero yo no lo conozco, joder”, duda el constructor. El guardia lo tranquiliza diciendo que le dirá: “Oye que va a ir este mañana de parte mía y a tomar por culo”. “Si no, llamo yo al comandante, lo que tú quieras, pero decídete, qué necesitas”. “Tú llama y le dices de la obra de esa de hoy es que, tengo aquí un…conocido, a ver cómo se lo dices tú”, insiste el interesado.

Ese mismo día, en una conversación posterior, el guardia habla de nuevo con Francisco G.J y le pide el nombre de quien vaya a pujar “para pasárselo”, y precisa que quiere la empresa, el CIF, y la fecha en que se presentará a la licitación. Necesita esa documentación para decir “oye esta empresa puja por esto tal día”.

Según el atestado policial al que ha tenido acceso eldiario.es, la pretensión del empresario era conocer datos de la licitación de antemano para concursar con ventaja respecto de otras empresas del ramo. “Dada la soltura con la que hablan estas dos personas, es posible que esta actividad fraudulenta la hayan realizado en más ocasiones”, determinan los investigadores

El juez preguntó a este empresario, imputado en la causa, por esta conversación. Francisco GJ apenas pudo aclarar nada. No sólo no dijo a qué obra se referían sino que aseguró que no puede presentarse a obra pública porque carece de la “clasificación para pujar”. “No he hecho ninguna obra pública”, declaró. El Guardia declaró ante el instructor que Francisco siempre preguntaba mucho y que él le decía que se presentase a las licitaciones, que si cumplía los requisitos podía conseguirlo.

Pero la Policía recurrió a la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil para que averiguase concesiones anteriores en las que se le pudiera haber beneficiado. El resultado fue positivo, pese a su respuesta ante el juez, la empresa de Francisco G.J fue adjudicataria de la construcción de un depósito de municiones y artificios pirotécnicos en la cabecera de la Comandancia de Valladolid por un importe de adjudicación de 48.994 euros sin IVA.

La Policía recuerda además que en otras conversaciones el guardia le agradece efusivamente al constructor lo bien que  se portaba con él y que “no puede olvidar lo del viaje del Caribe” –realizado un mes antes-. Añaden también el hecho de que el agente investigado abonó la mayor parte en metálico a pesar de que hizo la reserva con una transferencia. “Estos indicios apuntan a que el viaje del guardia, su mujer su hermano y su cuñada realmente lo pago Francisco G.J", señala el informe policial.



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2884 en: 28 de Noviembre de 2018, 08:10:51 am »

Nueve años de prisión para cuatro guardias civiles del 'caso Botavara'

El tribunal condena a los agentes por tráfico de drogas y multa con 3,4 millones a cada uno
a. c. d. / a. c. 27.11.2018 | 02:48

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a cuatro de los cinco guardias civiles detenidos por la operación Botavara, quienes introdujeron 744 kilos de hachís en Fuerteventura, a nueve años de prisión y una multa de 3,4 millones de euros a cada uno por un delito de tráfico de drogas, y dos años de inhabilitación para cargo público por entrar en una vivienda y realizar un registro sin la correspondiente orden judicial, pena esta última que también ha sido aplicada a un quinto agente. Otros ocho acusados han sido sancionados con internamientos en centros penitenciarios que van desde un año y tres meses a los cuatro años y multas que oscilan entre los 75.000 euros y 1,1 millones.

En el fallo se señala como hechos probados que los funcionarios José Tomás Cabrera, Yeray Méndez, Sergio Valade y David Delgado, "actuando de común acuerdo", formaron una estructura para la introducción de la droga en la Isla. Así, contrataron a Abdelfattah Bara, Eduardo Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, Lara Luz Soto, Marcelino Trinidad y Óscar Jonay Chacón para llevar a cabo el alijo en la playa de Cotillo. El agente Delgado aportó información falsa a sus superiores sobre el lugar en el que iba a entrar la droga para así evitar que fuera interceptada.

De esta forma, la trama organizada consiguió meter por el norte de la Isla un total de 941 kilos de hachís, aunque dejaron atrás siete fardos y sólo pudieron transportar 733, cuyo valor en el mercado hubiese alcanzado los 1,1 millones de euros. La descarga se produjo el 21 de febrero de 2013. Ese mismo día, la Guardia Civil desplegó una operación con la que consiguió en las sucesivas jornadas incautarse de parte de la sustancia, así como proceder a las detenciones de cinco de sus agentes y otros ocho civiles acusados de un presunto delito de tráfico de drogas.

Juicio aplazado

El Ministerio Público solicitó durante el juicio, que se celebró el pasado mes de septiembre durante tres semanas después de aplazarse hasta en tres ocasiones, unas penas que llegaban a los 31 años de cárcel para José Tomás Cabrera, quien era considerado el "cerebro" de la organización; o los 26 para el también agente Yeray Méndez. Los abogados de las defensas de los cinco guardias civiles, por su parte, solicitaron la nulidad de las investigaciones al entender que se les había vulnerado el secreto de las comunicaciones y que se habían manipulado las pruebas.

Al finalizar el juicio, el fiscal decidió reducir las penas, que oscilaban entre los nueve y los doce años para los cuatro agentes, y el año y cuatro años para el resto de acusados.

Finalmente, la sentencia de la Audiencia Provincial condenó a los guardias civiles José Tomás Cabrera, Sergio Valade, David Delgado y Yeray Méndez a nueve años de prisión y 3, 4 millones de euros cada uno por tráfico de drogas, así como inhabilitación especial para el cargo público de dos años, además de otros 11 de inhabilitación absoluta, por un delito contra el derecho individual a la inviolabilidad del domicilio; pena esta última también aplicada al agente del Instituto Armado Daniel Manuel Torres, quien elude la cárcel.

Entre los civiles que colaboraron en la entrada de la droga, Óscar Jonay Chacón y Marcelino Trinidad reciben la pena más alta con 4 años de prisión y 1,1 millones de multa. Contra Abdelfattah Bara, Eduardo Gutiérrez, Miguel Gutiérrez y Lara Luz Soto, el tribunal los condena a un año y nueve meses y a 575.089 euros de multa, una pena reducida por haber confesado; mientras que Santiago Sebastián y Serafín Estévez tendrán que pasar un año y tres meses en la cárcel y pagar 75.000 euros de multa por cómplices.



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2885 en: 01 de Diciembre de 2018, 19:51:35 pm »
 La joven prostituida en Córdoba que desató el conocido como 'caso Cyber'. A su derecha, Lorenzo Humánez, el exjefe de la Policía Local de Puente Genil absuelto.

Las cloacas de Puente Genil: la menor prostituida, el cliente policía y el pendrive con pederastia


Un instituto cordobés denunció que una alumna de 17 años estaba prostituyéndose. En 2016 el juez absolvió a seis clientes.
Entre ellos estaba Lorenzo Humánez, jefe de la Policía Local. Negó dos relaciones, una en un coche y otra en un hotel, pese a que pagó 50€.
EL ESPAÑOL tiene acceso a conversaciones y documentación que podrían dar un giro al caso.
Humánez presentó como testigo a un compañero por el que había mediado antes en un caso de presunta posesión de pornografía infantil.
El guardia civil que iba a limpiar de droga la Costa del Sol y ha acabado en la cárcel
1 diciembre, 2018 00:11
 CORRUPCIÓN  CORRUPCIÓN DE MENORES FISCALÍA  PEDERASTIA
Andros Lozano  @AndrosLozano Puente Genil (Córdoba)
Puente Genil es un pueblo tranquilo del sur de la provincia de Córdoba. Rodeado por un horizonte calmo y lleno de olivos, por sus calles cruza un río, el Genil, que da nombre a la localidad. Pero aquí, donde residen 30.000 personas, hay una verdad oculta y late un submundo de tintes mafiosos oculto durante años. Todo comenzó en 2011 en Córdoba capital, a 73 kilómetros de distancia por carretera.

Año 2011. La dirección de un instituto de Educación Secundaria de Córdoba pone en conocimiento de la Policía Nacional la posibilidad de que una joven de 17 años y medio estuviera prostituyéndose en las calles de dicha ciudad andaluza. Tras conocer los hechos se abrió una investigación policial y la Fiscalía de Menores se personó en el caso.

Acabó imputado, entre otros, el jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez. Juan Antonio Merlos, decano de los fiscales cordobeses, pidió para él dos años de cárcel. La acusación particular, cinco.

Finalmente, tras un juicio plagado de mentiras y contradicciones, el juez Miguel Ángel Pareja, decano de los magistrados de Córdoba, absolvió a todos los acusados, entre ellos a Lorenzo Humánez. Pese a que Humánez negó cualquier tipo de encuentro sexual, el fallo recoge como hechos probados que el policía mantuvo en dos ocasiones relaciones íntimas con la joven. Una en el interior de su coche y otra en el hotel Mariano de Córdoba. Le pagó 50 euros. A su vez, la sentencia dice que el agente pudo confundir a la menor con una joven de unos 20 años de edad.

Durante el juicio oral, la menor prostituida y el recepcionista del hotel en el que se produjo uno de los encuentros con Humánez contaron que el jefe de la Policía Local de Puente Genil se presentó en el establecimiento diciendo que era policía y que no hacía falta su registro, que la joven que le acompañaba era una sobrina suya menor de edad y que por ello tampoco era necesario que le entregara su documento nacional de identidad (DNI). El agente imputado negó todo esto después.

“Me dijo que si alguien me preguntaba dijera que era su sobrina”, contó la adolescente tanto en comisaría como durante el juicio oral. Durante la instrucción del caso la Policía Nacional señaló en una diligencia que “no tiene sentido, para hospedarse en un hotel, el hacer uso de la condición de policía salvo que se pretenda eludir la condición de menor de edad de la acompañante para los fines que pretendía y de esta manera ocultar cualquier rastro en las fichas de hospedaje”.


El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. Fue quien absolvió a los seis clientes que pagaron a una menor a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.
El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. Fue quien absolvió a los seis clientes que pagaron a una menor a cambio de mantener relaciones sexuales con ella. Europa Press

Pero durante la instrucción, Humánez negó en todo momento los encuentros sexuales. El agente, al que en su pueblo algunos vecinos tachan de autoritario, contó que él llamó a la menor con el teléfono del trabajo, quedó con ella y, al verla, le pidió el DNI porque dudó de que fuera mayor de edad.

“No subió a la habitación del hotel. No era la estudiante de modelo que me había dicho por el chat, por lo que le pedí el DNI. No sólo no me lo dio, sino que me dijo que traería el DNI y más gente, por lo que desistí de mantener relaciones con ella y me marché asustado a Puente Genil”.

Llama como testigos a dos compañeros: uno es su hermano
El magistrado que absolvió a Humánez le permitió presentar durante el juicio oral a dos testigos. Ambos eran compañeros de la jefatura. Uno de ellos era su propio hermano. Ambos dieron coartada al policía imputado, que acabaría cambiando su versión. Dijeron que aquel día, 25 de mayo de 2011, los tres habían acudido a la feria de Córdoba y que el acusado había contactado por teléfono con una chica de unos 20 años de edad.

Añadieron que, al encontrarse en el hotel Mariano, Lorenzo Humánez habló con la chica para que le mostrara el DNI, que ellos lo vieron desde una cristalera y que, como ella se negó, los tres decidieron después marcharse a Puente Genil. Pero lo cierto es que la habitación se llegó a pagar. Es otro hecho probado.

Sorprendentemente, el compañero de policía municipal que Humánez presentó como testigo, Antonio Bascón, aparecía en dos cuadrantes de trabajo distintos aquel 25 de mayo de 2011. EL ESPAÑOL tiene una copia de ambos. Bascón se encontraba en Puente Genil y en Córdoba a la vez.

El fiscal, sorprendido, le dijo a Bascón que tenía el don de la ubicuidad. Juan Antonio Merlos aseguró en sede judicial que las declaraciones de ambos testigos habían sido “peregrinas” y que en su vida había escuchado tantas mentiras. Merlos solicitó que se dedujera testimonio contra ellos. Es decir, que se sacara del caso y se abriera una pieza separada por presunta falsedad, algo que el juez no aceptó.

Finalmente, el magistrado Miguel Ángel Pareja absolvió al jefe de la Policía Local de Puente Genil. Pese a que en 2011 Humánez fue detenido durante unas horas e imputado después, el alcalde del pueblo, Esteban Morales, lo mantuvo en el cargo durante los siguientes cinco años.


Cuadrante de la Policía Local de Puente Genil en el que aparece que el 25 de mayo de 2011 Antonio Bascón estaba trabajando.
Cuadrante de la Policía Local de Puente Genil en el que aparece que el 25 de mayo de 2011 Antonio Bascón estaba trabajando. EE

Sólo tras la sentencia, que se hizo pública en mayo de 2016 y que el fiscal decano recurrió hasta en dos ocasiones, el regidor de Puente Genil decidió apartarlo de su cargo. Hoy, Lorenzo Humánez sigue trabajando en la Policía Local de su pueblo porque es funcionario, pero no ejerce como máximo responsable del cuerpo, un puesto hasta el que lo aupó en 2003 el que fuera alcalde, Manuel Baena Cobos, de IU.

Se da la circunstancia de que Morales y Humánez, alcalde y policía, son amigos. Desde julio de 2012 Esteban Morales es miembro de la actual ejecutiva regional del PSOE-A que lidera Susana Díaz. Entre 2004 y 2007 fue delegado provincial en Córdoba de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, período en el que conoció al grueso de la judicatura de la ciudad. Es regidor de Puente Genil desde mayo de 2011.

Ocho años después de aquella denuncia, apenas conocida fuera de Córdoba, EL ESPAÑOL hace ahora una reconstrucción minuciosa del llamado ‘caso Cyber’ y aporta una serie de conversaciones grabadas que podrían arrojar luz sobre las zonas más oscuras que rodean al mismo.

Un testigo, involucrado en la pérdida de un pendrive
Semanas antes de conocerse la sentencia, el policía local de Puente Genil Daniel Tejero Navas, con número de placa 12.479 y expedientado por el alcalde del pueblo, se puso en contacto telefónico con el fiscal decano de Córdoba, Juan Antonio Merlos. Tejero Navas grabó aquella conversación. Este reportero ha tenido acceso a la misma.

En ella se escucha al fiscal decano de Córdoba, Juan Antonio Merlos, decir que le ha reprochado en privado al juez Miguel Ángel Pareja el haber sido "benevolente" con Lorenzo Humánez al aceptar aquellos dos testigos. 'Es que era su hermano y además tiene derecho a mentir', rememora el fiscal que le dijo el juez que luego acabaría absolviendo al policía imputado. 'Pero le digo ¿Y el otro? El otro no es el hermano'.

En otra grabación también registrada por Daniel Tejero Navas se escucha a un guardia civil del cuartel de Puente Genil, que responde a las iniciales L. T., asegurar que por “órdenes de otros” no se remitieron a un juzgado de instrucción de Puente Genil algunas diligencias de un caso de presunta posesión de fotografías de contenido pornográfico infantil halladas en un pendrive. Dicho dispositivo de memoria estaba conectado al ordenador que gestiona la grabación de las cámaras de seguridad de la jefatura de la Policía Local de Puente Genil.

Una de esas diligencias que no salió del cuartel tiene el número de folio 7. La redacta el guardia civil que instruye el caso, quien no llega a firmarla pero sí pone su número de identificación (Q32341S).

En dicha diligencia se recoge que el 16 de noviembre de 2014, a las 17.30 horas de la tarde, el por entonces todavía jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, llamó al cuartel para decirle que el agente Antonio Bascón se había puesto en contacto con él por teléfono "con preocupación” ya que los compañeros se habían llevado “su pendrive de la Jefatura y lo habían entregado en el cuartel".

La jueza que investigó el caso, María Cristina Bellido Ávila, lo sobreseyó por falta de pruebas y por no poder conocer con certeza quién era el propietario del pen. Antonio Bascón es el policía que, meses después, Lorenzo Humánez presentó como testigo en su juicio.

Bascón sigue ejerciendo como policía local en Puente Genil. Su testimonio fue cuestionado por el fiscal tanto en sede judicial como en la conversación privada que reproduce este periódico.

 
'Diligencias ocultas del caso del pen con pornografía infantil'

Se abre al 'caso Cyber'
Mediados de 2011. El director de un instituto de la zona sur de Córdoba alerta a la policía de que una estudiante del centro con problemas familiares y próxima a vivir en desamparo podría estar prostituyéndose. Por ese tiempo, el padre de la menor, de origen marroquí, tiene apalabrado su casamiento por 20.000 dirhams, alrededor de 2.000 euros, con un hombre de Marruecos.

La Policía Nacional analizó el entorno de la menor y se puso en contacto con ella para esclarecer los hechos. Conoció que la adolescente, con continuas faltas a clase, se conectaba a un chat donde ofertaba servicios sexuales a cambio de dinero. En un principio, según concluyó la investigación policial, lo hizo de forma voluntaria pero más tarde bajo explotación sexual y coacción.

La instrucción policial recogió que la menor se ofertaba a través de la conexión gratuita que le facilitaban desde un locutorio regentado por dos marroquíes (tío y sobrino) en la calle Pontevedra de Córdoba. También recogió que usaba nicks como ‘Cordobesa17’, ‘Chica17’ o ‘Morita17’.

En una de las diligencias del llamado ‘caso Cyber’, la Policía Nacional señaló que la edad de la menor “en apreciación corresponde con la edad biológica que una adolescente de esa edad puede ostentar, sin poder dar a equívoco una edad confusa por parecer una chica que aparente más edad”.

La Policía, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, también supo que varias personas, entre ellas la madame de un prostíbulo, habrían amenazado a la menor mediante llamadas con números de teléfono ocultos y que le pedían dinero a cambio de no revelar a más gente que ejercía la prostitución.


Diligencia de la Guardia Civil que no llegó a aportarse al juzgado.
Diligencia de la Guardia Civil que no llegó a aportarse al juzgado. EE

Las pesquisas derivaron en un primer momento en la detención de tres clientes. Más tarde se detuvo a otros cuatro, además de a la madame, a una prostituta y a los dos empleados del locutorio donde la chica se conectaba al chat.

Entre los detenidos estaba el jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez. En el atestado policial 490/2011 de la instrucción del caso se recoge que “las imputaciones se basan en el testimonio de la menor y la complexión física y madurez mental no acorde a la edad como prueba el hecho de que todas sus amistades fueran niños y niñas de trece y catorce años”.

Cuando se le detuvo, el inspector de la Policía Local de Puente Genil se acogió a su derecho a no declarar, aunque pidió hablar con el comisario. Sí lo hizo ante el juez instructor, al que le negó haber mantenido ningún tipo de contacto sexual con la chica.

Lorenzo Humánez contó que había contactado con una prostituta que estudiaba para ser modelo y que aparentaba tener alrededor de 20 años en las fotos que le había enviado. Dijo que cuando vio a la menor dudó de que ésta tuviese cumplidos los 18 años y que por eso le pidió su DNI. Como no se lo dió, él se marchó “asustado” a Puente Genil, según contó.

La sentencia viene a reconocer que mienten
Antes de la apertura del juicio oral, las acusaciones retiraron los cargos contra los dos empleados del locutorio, tío y sobrino, de origen marroquí; los de la madame del prostíbulo que habría llamado a la menor pidiéndole dinero (también de la misma nacionalidad); los de una prostituta de dicho país norteafricano que habría participado en la extorsión, y los de un cliente que se interesó por los servicios de la adolescente pero que nunca llegó a verse con ella. Este hombre dijo que le parecía menor de edad y que vestía con ropa “normal y corriente”.

Por ese tiempo, la joven asegura que recibió amenazas de muerte contra su persona y su familia, según ha podido saber ahora este reportero. Durante los meses previos a la denuncia de su instituto, la chica estaba enfrentada a su familia, temía ser forzada a casarse y sufrió una presunta violación.

Según contó, comenzó a prostituirse después de quedar con un chico, de que éste la forzara a tener sexo y de que luego empezara a recibir llamadas de una mujer para que le entregara parte de sus ganancias. Ella, dijo, acudía a los encuentros y dejaba el dinero en un banco, pero nunca veía quién lo recogía.

Durante el juicio oral en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba se le dio la vuelta al caso. Los seis imputados que restaban, todos clientes, resultaron absueltos. Incluido Lorenzo Humánez, quien modificó una parte de su versión obligado, en gran medida, por el testimonio del recepcionista, que coincidía con el de la menor prostituida.

El jefe de la Policía Local de Puente Genil dijo que aquel día, 25 de mayo de 2011, estuvo acompañado de dos personas: su hermano y un compañero de trabajo. El magistrado Miguel Ángel Pareja aceptó la comparecencia de ambos. Resultaron clave para la absolución de Humánez.

En la sentencia se recoge parte de los testimonios de los seis clientes. Todos dijeron que contactaron con la menor por un chat de Terra. Cuatro reconocieron que tuvieron relaciones sexuales con ella pero dijeron que no le entregaron dinero a cambio. Otros dos -uno fue Lorenzo Humánez, jefe de la Policía Local de Puente Genil- negaron el acto sexual pese a que admitieron que sí se vieron con la menor. Los seis dijeron que la niña les había parecido [o que ella se lo había contado] que tenía, según el caso, entre 19 y 22 años.

También se incluye el testimonio del director del instituto donde estudiaba la menor, quien dijo que la chica había cambiado su forma de vestir para aparentar más edad y que tenía constancia de que en las redes sociales usaba nicks como “gatita18”.

Otra declaración que recoge la sentencia es la del recepcionista del hotel Mariano. Este hombre, hijo del dueño del negocio, dijo que Humánez se presentó como policía, que le dijo que estaba acompañado de su sobrina menor de edad, que no estaba con nadie más, que él y la menor entraron en la habitación entre las 12 y las 13 horas del 25 de mayo de 2011 y que la llave se entregó entre las 16 y las 17 horas de aquel día. También dijo que cuando cogieron la llave de la habitación, se dirigieron a la escalera que daba acceso a ella (en la primera planta) y que “por ahí no se puede ir a ningún otro sitio”.


El alcalde de Puente Genil, el socialista Esteban Morales, junto al ex jefe de la Policía Local de la localidad cordobesa, Lorenzo Humánez.
El alcalde de Puente Genil, el socialista Esteban Morales, junto al ex jefe de la Policía Local de la localidad cordobesa, Lorenzo Humánez. EE

La chica "tenía miedo"
El fallo incluye más versiones, como el de la menor prostituida. Ésta contó que por ese tiempo tenía problemas con su padre y su madrastra, que ella siempre decía a sus clientes que era menor porque “tenía miedo” y que por eso nunca acudió a la policía.

También negó que discutiera con Humánez al encontrarse en el hotel y señaló que él iba solo. También se explicó que no era verdad todo lo que le dijo a la Policía, pero que todo lo que había dicho en sala “era cierto”.

Sin embargo, el fallo del juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, asume como hechos probados que los seis imputados mantuvieron relaciones sexuales con la menor. Ellos tuvieron que asumirlo para poder ser declarados inocentes. En el caso de Lorenzo Humánez y de otro cliente, mantuvieron sexo con la menor en dos ocasiones.

El magistrado Pareja decide absolver a todos los imputados alegando varias razones. El juez señala que el testimonio de la menor “no es contundente ni persistente”, aduce un informe psicológico que indica que la declaración de la adolescente es “poco creíble” y que en la instrucción sumarial ella admite que “sólo algunos hombres sabían que ella era menor”.

 
El fiscal decano de Córdoba tacha de "mentiroso" al jefe de la Policía Local de Puente Genil.

"Ha sido bueno con sus testigos"
Tras la absolución, López Humánez es un hombre libre. Pero en esa conversación previa a conocerse la sentencia -y a la que ya hemos hecho mención- entre el fiscal decano de Córdoba, Juan Antonio Merlos, y el policía local que la graba, Daniel Tejero Navas, Merlos da a entender que ya conoce el sentido del fallo porque se lo ha trasladado el juez, aunque en ese momento la sentencia todavía no es pública.

Juan Antonio Merlos dice que el jefe de la Policía Local de Puente Genil queda como un “mentiroso” y añade: "Es un delito cuando es menor de edad. Hasta los 18 años. Pero es que la niña tenía 17 años y medio cuando se producen los hechos (...) Lo único que le reproché al juez: 'Ha sido muy bueno y benevolente con estos [los dos testigos que presentó el imputado]'. 'Es que era su hermano y además tiene derecho a mentir' [contestó el magistrado Pareja]. Pero le digo: '¿Y el otro? El otro no es el hermano".

En otro pasaje de una conversación extensa, el fiscal le dice al policía local de Puente Genil Daniel Tejero: "Hay una cosa que ya está clara. Él va a tener que admitir que tiene relaciones sexuales con una menor. Puede ser absuelto por esta sentencia que va a salir, pero en los hechos probados queda claro. Este señor ha mentido en el expediente administrativo. (...) Niega los hechos pero la sentencia da por probados que los hechos se producen. Queda acreditado que tuvo relaciones sexuales con una menor pero en el expediente [policial] dijo que no ha tenido relaciones".

En aquella otra conversación grabada, en esa ocasión con el guardia civil L.T. y cuando ni siquiera se había celebrado el juicio ni Humánez había presentado a su compañero Antonio Bascón como testigo, sale a colación entre el fiscal y el agente la supuesta “pérdida” en los juzgados de Puente Genil de las diligencias del caso del pendrive.

En ese momento, el miembro de la Benemérita dice: “No, no ha sido así, Daniel (...) Las diligencias [algunas] es que no han llegado a salir del cuartel (...) Por eso hay mucha gente que se ha ido del cuartel y hay otros que están de baja psicológica. Por esos motivos (...) Si esas diligencias en el juzgado están numeradas, verás que no tienen la misma numeración que las diligencias que a lo mejor puedas tener tú. No han salido porque ha habido ... [silencio durante un par de segundos] Porque las han quitado de enmedio por órdenes de otros”.

Las cloacas en Puente Genil emanan un hedor insoportable.

 
       

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2886 en: 03 de Diciembre de 2018, 08:08:43 am »

El anillo de la discordia, y al portada del libro del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona.


 LAS INCÓGNITAS DEL CASO

Un anillo de compromiso, el objeto clave para explicar el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona
Un libro publicado por el periodista Alfonso Egea desvela los pasajes más importantes de la investigación a tres meses de que arranque el juicio.
3 diciembre, 2018 01:42


Daniel Montero @monteroblog

Un pequeño anillo de compromiso. Un aro de metal precioso del tamaño de una moneda pudo ser el detonante del crimen que terminó con la vida del Guardia Urbano de Barcelona Pedro Rodríguez. Su cuerpo apareció sin vida el 4 de mayo del año pasado. O al menos lo que quedaba de él, tras ser metido en el maletero de un coche y quemado con acelerantes en un pinar del pantano de Foix, en Barcelona.

En prisión se encuentra desde entonces su pareja, Rosa Peral, y su amante Albert López. Ambos eran compañeros del agente asesinado y mantenían en secreto una relación sentimental. Una unión que impregna ahora los informes policiales como la principal causa para explicar el crimen. Pedro estorbaba. Queda por determinar en sede judicial quién cometió la agresión que terminó con su vida, cómo y sobre todo, el grado de participación de cada uno de los acusados en el asesinato y posterior intento de reducir el cuerpo a cenizas.

A tres meses de que arranque el juicio (previsto para los primeros compases de 2019) un libro arroja luz sobre los pasajes más oscuros de la investigación. '29 Balas y Una Nota de Amor', del periodista Alfonso Egea, analiza el relato y la investigación de este juego de intrigas con el foco puesto en el sumario. Un ensayo didáctico sobre las pruebas que tendrán los miembros del jurado encima de la mesa para condenar o absolver a los dos procesados.

La foto del anillo que ilustra este reportaje -extraída del libro de Egea- es una de las claves de la investigación. Pedro le regaló la alianza de compromiso a Rosa, lo que pudo haber sublevado a su amante, Albert.

Así, el contenido del teléfono móvil de la principal acusada será uno de los elementos más determinantes. En él quedan los rastros de la relación secreta que Rosa mantuvo con Albert, una montaña de músculos acusado también de terminar con la vida de su marido. No era la única. Rosa mantenía escarceos con diversas personas. Algunos incluso con su marido desaparecido. El libro desvela por ejemplo el episodio en el que ella se detuvo al mandar un selfie sexual porque en ese momento había gente delante. En esas fechas, los agentes buscaban ya a su marido desaparecido, pero ella todavía no había sido detenida.

Rosa Peral y Pedro Rodríguez en una foto de vacaciones recogida en el sumario del caso.

Rosa Peral y Pedro Rodríguez en una foto de vacaciones recogida en el sumario del caso. CG

El ensayo periodístico elaborado por Egea, sustentado tanto por los documentos sumariales como por las entrevistas a los responsables y los operativos que participaron en el caso, describe además la intrigante personalidad de Rosa Peral, una persona capaz de convencer a su padre para que mienta por ella y que encubra el asesinato de su yerno. El mismo que horas antes habían pasado todo el día en familia con él.

En sus declaraciones, los principales imputados se han lanzado la responsabilidad entre ellos. Albert asegura que fue manipulado por Rosa, alegando que Pedro la maltrataba. Coloca en ella la idea de acabar con su vida y la de hacerlo pasar por una desaparición violenta de corte delincuencial. Por su parte, Rosa mantiene que su amante fue quien llegó a la casa y acabó con la vida de su marido, para después amenazarla.
Una imagen de Albert López Ferrer, detenido por asesinato.

Una imagen de Albert López Ferrer, detenido por asesinato.

Ella, según esta versión, le ayudó a encubrir el crimen por miedo. Por temor a que su vida o la de sus hijas corriera peligro. El libro recoge por ejemplo el informe policial que contradice esa versión. Para los investigadores y según el trabajo de Egea, solo hubo una dialéctica: la de dos personas que acabaron con la vida de una tercera para tener vía libre en su relación.

Además, el trabajo del periodista, publicado por la editorial Alrevés en su colección Sin Ficción, deja una advertencia. Habrá sorpresas en el juicio. Un testigo que siempre estuvo allí y que nadie tuvo en cuenta. “No testificará pero se sabrá en el juicio lo que sabe. Y lo sabe todo”.



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2887 en: 06 de Diciembre de 2018, 15:33:40 pm »


Condenado un policía local por quedarse con el dinero de las multas


El funcionario se apropió de más de 8.300 euros a partir de las sanciones impuestas a los conductores, sobre todo extranjeros
El agente, de espaldas, durante la celebración del acto de conformidad.El agente, de espaldas, durante la celebración del acto de conformidad.
El agente, de espaldas, durante la celebración del acto de conformidad. / D.C.

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JULIA ALARCÓN
Cádiz, 04 Diciembre, 2018 - 13:36h

Un policía local de Cádiz ha sido condenado a dos años de prisión por apropiarse del dinero de las multas que impuso a más de 150 conductores, principalmente extranjeros, en la ciudad. En total, entre los años 2014 y 2017, el agente se apoderó ilegalmente de 8.330 euros. Además, el policía ha sido inhabilitado para ejercer como cargo público por un periodo de seis años y condenado a pagar una multa de 1.260 euros.


El funcionario evitó este martes la celebración del juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz al confesar ser el autor de los hechos por los que venía siendo acusado. En concreto, la Fiscalía lo procesaba por malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos, dos delitos por los que el Ministerio Público solicitaba la pena de cuatro años de prisión; si bien, tras reconocer el agente la autoría de los mismos y haber reintegrado ya los 8.330 euros de los que se apropió, la pena que le fue finalmente impuesta se vio sensiblemente rebajada, además de suspendida (no entrará en la cárcel).

Hechos probados
El agente, en activo desde mayo de 2013, prestaba servicio de vigilancia de tráfico y, en su caso, extendía los correspondientes boletines de denuncia administrativa por infracciones de tráfico, entre ellas, por estacionamiento indebido en la vía pública. Se encargaba igualmente de cobrar el importe de las multas.

Tras efectuar el cobro de la multa, el policía tenía la obligación de emitir, además del correspondiente boletín de denuncia, el recibí del dinero, entregando copia al interesado. A continuación, debía depositar en un buzón establecido al efecto el dinero de la multa y el mencionado boletín.

Ha quedado acreditado que el funcionario, con ánimo de obtener enriquecimiento ilícito, decidió que parte del dinero en efectivo que percibía de los conductores sancionados en concepto de pago de multa, se lo iba a apropiar y destinar a atenciones propias.

Así, desde el año 2014 y hasta marzo de 2017, el agente aprovechaba que a los conductores de vehículos con matrícula extranjera o de vehículos de alquiler cuyos usuarios eran de nacionalidad extranjera se les exigía el abono inmediato del importe de la multa antes de retirar el vehículo del depósito municipal (cuando eran allí trasladados por la grúa), para quedarse con el dinero.

A fin de no ser descubierto, el policía local no depositaba las cantidades requeridas en el buzón oficial establecido para ello ni entregaba en las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Cádiz los correspondientes boletines sancionadores. Los escondía en su taquilla o bien los hacía desaparecer.

« Última modificación: 06 de Diciembre de 2018, 16:01:40 pm por 47ronin »

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2888 en: 07 de Diciembre de 2018, 07:31:50 am »
La joven prostituida en Córdoba que desató el conocido como 'caso Cyber'. A su derecha, Lorenzo Humánez, el exjefe de la Policía Local de Puente Genil absuelto.

Las cloacas de Puente Genil: la menor prostituida, el cliente policía y el pendrive con pederastia






Tejero, policía local expedientado de Puente Genil, enfrentado desde hace años al que fuera su jefe, Lorenzo Humánez.


Daniel, el policía que denuncia corrupción en Puente Genil: "Otro se habría ahorcado"


    El agente logró grabar en vídeo la agresión que el exjefe de la Policía local le propinó hace dos meses cuando se cruzaron por la calle.
    El policía recabó documentación de policías y guardias civiles de su pueblo, destapando un grave escándalo con grabaciones comprometedoras.
    Las cloacas de puente Genil: la menor prostituida, el cliente policía y el pendrive con pederastia.

7 diciembre, 2018 03:09


Andros Lozano @AndrosLozano

9 de octubre de 2018. El exjefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, y el agente expedientado Daniel Tejero Navas se encuentran por una calle de la localidad cordobesa. Comienzan a mirarse y, según Tejero, Humánez le propina varias patadas. Tras ello, Daniel Tejero comienza a grabar un vídeo que difunde en directo por una red social.

En las imágenes se observa que el que fuera jefe de la Policía Local de Puente Genil hasta 2016 golpea varias veces a su compañero Daniel Tejero. A Lorenzo Humánez se le apartó del puesto tras admitir que mantuvo dos relaciones sexuales con una menor prostituta. El juez le absolvió debido a que alegó que desconocía la edad de la adolescente.

En dicho vídeo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se refleja cómo Humánez agrede hasta en tres ocasiones a Daniel Tejero y luego llama a varios compañeros de la jefatura para que se personen en el lugar de los hechos. En un momento dado, les dice: "Tiradlo al suelo detenido y punto", a lo que uno de los agentes -antiguos subordinados- trata de detener a Tejero Navas, que sale huyendo de allí gritando que aquello es "ilegal".

https://www.elespanol.com/reportajes/20181207/daniel-policia-denuncia-corrupcion-puente-genil-ahorcado/358715047_0.html

Agresión del exjefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, al agente Daniel Tejero

Daniel Tejero Navas es el hombre que ha arrojado luz sobre ‘las cloacas de Puente Genil’. Nacido en 1972, casado y padre de dos niños, este policía local cordobés lleva cuatro años suspendido temporalmente de empleo y sueldo como agente. Según dice, por destapar “la corrupción de las ratas” con las que un día compartió jefatura.
Por qué dos jueces de 'La Manada' ven violación y piden 14 años de cárcel y no nueve

Brais CedeiraJoaquín Galve, presidente de la sala, y Miguel Ángel Abárzuza discrepan con sus colegas de sala y piden…

Tejero Navas asegura que debido a las “coacciones” de su antiguo jefe, el inspector Lorenzo Humánez, y por “presiones” del alcalde de Puente Genil, el socialista Esteban Morales, él se encuentra de baja psicológica tras ser apartado del cuerpo. “Me negué a taparles sus chanchullos de cortijo”, dice.

Daniel Tejero es quien grabó una serie de conversaciones y recabó documentación comprometedora de policías y guardias civiles de su pueblo, así como de miembros de la judicatura provincial de Córdoba. Entre otros, grabó al fiscal decano de Córdoba, Juan Antonio Merlos, reconociéndole las dudas y sospechas que le despertaron los dos testigos que Lorenzo Humánez presentó en un juicio en el que estaba acusado de mantener relaciones sexuales con una menor.

Humánez, exjefe de Daniel Tejero, resultó absuelto, pero la sentencia reconoce que mantuvo dos relaciones sexuales con una chica de 17 años en un coche y en un hotel. Al recepcionista le dijo que era su sobrina menor de edad.

En su juicio, Humánez presentó como testigo a Antonio Bascón, subordinado suyo en la jefatura de la Policía Local de Puente Genil. Meses antes, Humánez habría mediado con la Guardia Civil en un turbio asunto en el que estaba envuelto Bascón, a quien se le encontró un pendrive con presunta pornografía infantil.

Humánez llamó al cuartel diciendo que Bascón le había telefoneado “con preocupación” porque varios compañeros habían encontrado en un ordenador de la jefatura un dispositivo de memoria suyo. La diligencia en la que se recoge la llamada de Humánez señalando que el pendrive era de Bascón no salió del cuartel pese a que sí se redactó.

Aquel caso se archivó porque la jueza no pudo conocer quién era el propietario del pen. Luego, Bascón testificó a favor de su jefe y le dio coartada en el juicio por el caso de la menor con la que mantuvo relaciones sexuales. En otra de las conversaciones grabadas por Tejero Navas se escucha a un agente de la Benemérita decir que dicha diligencia no llegó al juzgado “por órdenes de otros”.

'Diligencias ocultas del caso del pen con pornografía infantil'

[Más información: Las cloacas de Puente Genil: la menor prostituida, el cliente policía y el pendrive con pederastia']
"Temo por mi vida"

Ahora, después de que EL ESPAÑOL destapase este pasado fin de semana las entrañas de ‘las cloacas de Puente Genil’, Daniel Tejero Navas concede una entrevista a este periódico. Además, aporta un vídeo donde se ve a Lorenzo Humánez, el que fuera su jefe, agrediéndole en varias ocasiones y mandando a tres policías locales a que lo echen al suelo y lo detengan. Fue el pasado mes de octubre, cuando Humánez ya no ejercía de jefe de Policía. Fue apartado de dicho puesto en 2016.

Daniel Tejero también entrega una conversación en la que un compañero de la Policía Local de Puente Genil le dice que Lorenzo Humánez y su hermano, también policía, van a por él. “No vas a poder con ellos, ni con él ni con el hermano, Dani. No vas a poder. Te van a intentar hundir el resto de tiempo que te quede aquí y te van a llevar a la ruina”.

- ¿Cuándo comenzó a tener problemas con su jefe en la Policía Local de Puente Genil.

- Cuando empezó a restarme atribuciones, allá por 2014. Me impedía abrir diligencias, me pedía quitar multar a sus conocidos y amiguetes… Yo he llegado a denunciar a políticos por aparcar mal en mi pueblo. Él es amigo del alcalde de Puente Genil, está a sus órdenes.

- Cuénteme algún caso concreto.

- En una ocasión me tuve que hacer cargo de un atestado en el que un conductor borracho se estrelló contra una casa. Era primo suyo. Me llamó para decirme "haz lo que puedas". Otro día me llamó para que firmase un informe distinto al que yo había redactada de sintomatología y alcoholemia en ese caso. Me negué. Lo colaron por otro lado y lo mandaron al juzgado falsificado. Yo lo denuncié. Fui al alcalde y me dijo que tenía que hacerle caso a mi jefe.

- ¿Qué pasó luego?

- Entramos en un conflicto laboral. Se corrió la voz en la jefatura de que yo estaba recopilando información. Recibimos un escrito en el que se decía que se estaba grabando a compañeros y recabando documentación. A los dos días me llegó una falta grave: trato desconsiderado a mi superior. Como medidas cautelares se me impuso la suspensión de empleo y sueldo. Me hicieron entregar la ropa y las armas, me vaciaron la taquilla... Denuncié al alcalde y al jefe de la Policía por acoso laboral.

- ¿En ese momento ya grababa conversaciones?

- Sí. Tenía que protegerme como fuera. También empecé a colgar vídeos en las redes sociales para dejar constancia de lo que pasaba en mi pueblo. Uno de ellos fue el que se ve a Lorenzo Humánez agrediéndome y mandando luego a que me detuvieran mis propios compañeros. Fue hace dos meses. Aquello fue una ilegalidad. Se cree un sheriff, que él es la ley. Cuando comencé a tener problemas varios policías nacionales de Córdoba me llamaron porque conocían mi situación. Recibí una llamada anónima y luego me reuní con ellos. Me contaron que Lorenzo Humánez estaba siendo investigado por mantener relaciones sexuales con una menor.

- ¿Qué pasó entonces?

- Que comenzaron a filtrarme información. Me echaban documentación en el buzón. Pero no puedo contar más sobre este asunto. Comprometo en exceso a esos policías honrados.

- ¿En algún momento ha temido por su vida o por la de su familia?

- Por supuesto. A mí se me ha amenazado de muerte y nadie me protege. Me han llegado a dejar en el buzón una nota diciéndome que tuviera cuidado con lo que hacía y decía.

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el exjefe de la policía local de la población cordobesa, Lorenzo Humánez.

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el exjefe de la policía local de la población cordobesa, Lorenzo Humánez. EE

- En Puente Genil hay quien dice que usted ha orquestado un complot para desacreditar al alcalde y al que fuera su jefe...

- Que demuestren que es un complot. Que vayan a los juzgados a denunciar algo más que por injurias y calumnias. Llevo cuatro años montado en un caballo y a mí no me baja nadie. Estoy sufriendo una caza de brujas. Que me explique alguien por qué estoy en la calle, en libertad, si hago acusaciones tan graves. Mi alcalde es un chulo que se ha creído Dios. Es miembro de la ejecutiva regional del PSOE de Susana Díaz y fue delegado de Justicia de la Junta en Córdoba. Tiene mucho poder.

- ¿Qué busca usted con todo esto?

- Yo solo quiero recuperar mi vida. Llevo dos años y medio yendo a psicólogos y psiquiatras. Yo no he hecho nada más que hacer mi trabajo y atenerme a la ley. Este sistema te quiere corrompido. Otros, en mi situación, ya estarían ahorcados.

El fiscal decano de Córdoba tacha de "mentiroso" al jefe de la Policía Local de Puente Genil.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2889 en: 09 de Diciembre de 2018, 19:49:05 pm »
Roban una caja fuerte del interior de una comisaría de los Mossos


La policía investiga el robo de una caja de seguridad custodiada por los Mossos en la comisaría de Sant Adrià del Besos. Se sospecha que los mismos ladrones que días atrás habrían robado la caja fuerte en un domicilio de Manresa, una vez detenidos y puestos en libertad por falta de pruebas, habrían accedido a la comisaría para hacerse con el botín que les acaban de incautar los agentes

Por Carlos Quílez -9 diciembre, 2018
 
Comisaría de los Mossos en Sant Adrià del Besos
Vergonzoso y casi increíble. Un grupo organizado probablemente de ciudadanos georgianos afincados en el barrio de la Mina en Sant Adrià del Besós asaltaron un domicilio en Manresa del que sus trajeron la caja fuerte.

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado me de noviembre. La propietaria del inmueble denunció ante los Mossos que en el interior de la caja de seguridad había más de 3.000 euros, relojes de alta gama, joyas de todo tipo y otros objetos y documentos de valor.

Una historia de película
Días después, el 25 de noviembre del año pasado, la policía local de Sant Adrià interceptó un vehículo marca Peugeot que llamó la atención de los agentes.

Efectivamente, identificaron a los dos ocupantes y resultaron ser dos ciudadanos georgianos con antecedentes por asaltos a pisos. En el interior del vehículo apareció una caja fuerte. La caja sustraída de aquel domicilio de Manresa.

Los individuos fueron detenidos y trasladados a comisaría y el coche (con la caja de seguridad en su interior), trasladado también a la instalación policial siendo estacionado en el parking.

Cúmulo de despropósitos
Pasaron las horas y los dos detenidos quedaron en libertad ante la falta de incididos concretos de criminalidad. Pasaron los horas y nadie tubo la ocurrencia de sacar la caja fuerte del coche y corroborar su contenido.

Así, a las 3 de la mañana del día 26 de noviembre, tres individuos se introducen en el parking de la comisaría tras agujerear la valla de protección. Una vez allí localizan el coche, lo revientan y hacen lo propio con la caja de seguridad cuyo contenido sustraen y se llevan a toda prisa.

¿Y las cámaras?
Las cámaras de seguridad de la comisaría apenas recogieron algunas trazas del robo, insuficientes para identificar a los autores.

Según fuentes próximas a la comisaría, unas cámaras estaban mal enfocadas y las otras directamente no funcionaban. “Cualquiera podía haber entrado en la comisaría, hubiera podido dejar una bomba y podía habérselas pirado, sin que nos diéramos cuenta”.

Los Mossos tratan de desentrañar este caso sin que conste que ningún mando de la comisaría ni de los equipos de investigación haya asumido responsabilidad alguna por este kafkiano incidente.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2890 en: 10 de Diciembre de 2018, 07:13:22 am »

Reportajes Crimen de Los Naranjos
Lucía, el crimen de la piscina sin castigo: un novio que la odiaba, drogas y guardias corruptos

    La familia de Lucía Garrido defiende que los turbios negocios de su ex pareja con la cúpula antidroga de la Guardia Civil provocaron su muerte en Málaga y una pobre investigación posterior.
    Hay cuatro personas procesadas. Dos son guardias civiles. También un empresario con antecedentes penales y Manuel Alonso, el padre de su única hija. Todavía no hay fecha para el juicio.
    Detenido el presunto autor del "crimen más negro" de Málaga.

9 diciembre, 2018 19:39

Pepe Barahona Fernando Ruso

“Si Manuel Alonso no hubiese estado metido en tema del narcotráfico con la participación de guardias civiles corruptos, hoy mi hermana seguiría viva”. Rosa Garrido se muestra tajante al explicar los porqués del asesinato de Lucía, una joven malagueña de 35 años encontrada muerta en la piscina de una finca con un golpe en la cabeza, los pendientes arrancados, ahogada y con una puñalada en el cuello. “Tengo la impresión de que el asesinato de Lucía se orquestó por el miedo a que ella destapase todo el pastel”, defiende diez años después de los hechos, por los que todavía no hay condenados.

Rosa, ex empleada de El Corte Inglés de Málaga, recibió la noticia del asesinato de su hermana mientras trabajaba. En uno de sus descansos, echó mano del teléfono móvil. El aparato no paraba de sonar. Al descolgar, escuchó la voz entrecortada, llorosa y desconsolada de una amiga íntima de la familia: “Rosa, Rosa, no sé cómo decírtelo; tu hermana está muerta en la piscina”. Era el 30 de abril de 2008.

En ese preciso instante, Rosa recordó aquello que meses antes le había confesado con insistencia su hermana: “Si me pasa algo, quédate con mi hija”. Y así fue, tras el asesinato, Rosa se hizo cargo de la adolescente, que ha puesto tierra de por medio de su Málaga natal para reiniciar una vida marcada por la tragedia. “Yo no la creí —se autoinculpa—, y eso me pesa muchísimo”.

El asesinato de Lucía Garrido: así fue el crimen de Los Naranjos

Ya en el lugar de los hechos, la finca Los Naranjos —situada en Alhaurín de la Torre, un municipio situado a 18 kilómetros de Málaga capital—, con el cuerpo de su hermana todavía flotando en la piscina, Rosa empezó a hacerse preguntas. “La Guardia Civil me dijo de primeras que se barajaba la posibilidad de que fuera un suicidio”, argumenta Rosa, de 56 años, afligida cuando reconstruye los detalles que rodearon la muerte de su hermana.
Un asesinato con la connivencia de la Guardia Civil

“¿Un suicidio? Vamos, eso es un insulto a la inteligencia en toda regla. ¿Quién se suicida así?”, se pregunta todavía a día de hoy. “Ahí empezamos a sospechar”, explica. Rosa recuerda que a partir de ese momento empezaron a llamar a todas las puertas posibles. Algunas no se abrían; otras se cerraban en sus narices cuando sugerían que en la muerte de Lucía podía haber connivencia de la Guardia Civil.

—¿Pero la pareja de Lucía era guardia civil?

—No, no lo era, pero tenía muchos vínculos con la Guardia Civil. No lo era [insiste], pero parecía mandar más que alguno de ellos.

La relación entre Manuel Alonso, actualmente procesado por el asesinato de Lucia Garrido, y la Guardia Civil se explica por la finca Los Naranjos. Se trata de un terreno en el que además de la vivienda familiar había un núcleo de animales exóticos que él recibía de las requisiciones del SEPRONA. Allí se custodiaban tigres, leones, ocelotes y todo tipo de bestias con las que el propio Manuel se fotografiaba, incluso con su hija portando un rifle.

La pareja Lucía y Manuel, que nunca llegó a casarse, construyó la vivienda con sus propias manos. Detrás estaban alojados los animales, que a modo de zoológico recibía la visita de escolares de forma recurrente.

Allí vivió la pareja, aparentemente felices a ojos de sus vecinos y de su propia familia, dos años antes de tener a su única hija. Rosa trata de recordar que Lucía, peluquera de profesión, conoció a Manuel en un bar y que de ahí surgió el amor. “No sé si por parte de ambos o solo por parte de ella”, se cuestiona años más tarde. Él estaba separado y tenía dos hijos de una relación previa. Y Lucía presumía que él la hacía feliz. Tanto que quiso cumplir con él su deseo de ser madre. “Era la ilusión de su vida”, explica su hermana. “Y fue feliz, muy feliz”, insiste Rosa.
Lucía junto a su novio Manuel Alonso, a quien la familia considera el principal responsable de su asesinato.

Lucía junto a su novio Manuel Alonso, a quien la familia considera el principal responsable de su asesinato. Cedida

“Hasta que se dio cuenta de lo que allí se manejaba”, apunta la hermana. Entonces empezaron los problemas en la pareja, las discusiones y las denuncias en los juzgados. Lucía comenzó a separarse poco a poco de su familia. Desde fuera pensaban que las ínfulas de su nuevo nivel de vida se le habían subido a la cabeza. Ahora saben que estaban equivocados. “A ella la alejaron de la manada, porque así sería más vulnerable”, sostiene Rosa. Y el carácter alegre y simpático de Lucía cambió.
Hasta cinco denuncias por malos tratos sin orden de alejamiento

La pareja rompió su relación cuando la niña había cumplido los dos años. “Pero ella lo perdonó”, puntualiza Rosa a EL ESPAÑOL. A partir del año 2007 las denuncias fueron reiteradas, al menos cinco, “pero la jueza no le dio credibilidad y no dictó orden de alejamiento”, recuerda su hermana. Sus visitas a la casa cuartel fueron varias para demostrar su miedo. En una de ellas aseguró que no vivía tranquila al saber que su pareja tenía armas de fuego a su alcance. Se sentía amenazada.

“Un agente de paisano acudió días después, con su mujer y la compra del Mercadona y se llevó todas las armas. ¿Por qué se las llevó si no estaba en su horario de servicio? ¿Qué quería esconder la Guardia Civil?”, se pregunta Rosa, esta ‘hermana coraje’ que ha protagonizado la lucha por saber la verdad, tratando de restar presión a su madre, de 90 años.

Manuel Alonso rompió la relación con Lucía en ese mismo año 2007. “Él tenía una amante”, puntualiza la hermana de la fallecida. La joven, con su hija, buscó ayuda en su familia. Volvió muy débil, física y anímicamente, y con el deseo de que su hermana Rosa la acompañase a resolver los temas pendientes en los juzgados.

Según el testimonio de la hermana de Lucía, la educación de la hija de ambos se judicializó, todas las decisiones pasaban por un juez. Y ella consiguió hacerse con la vivienda de la finca Los Naranjos para vivir con su hija. Esa decisión, sigue explicando Rosa, no sentó bien a Manuel, “que para echarla de la finca le cortó la luz, el agua y hasta le llegó a estropear los electrodomésticos”.

Manuel alquiló una casa colindante a la finca. “Ella se sentía muy amenazaba porque él daba golpes de madrugada”, narra Rosa. Lucía llegó a cambiar la cerradura. Aunque eso no aminoró sus temores. “Él dejaba días sin comer a los leones y ella temía que los dejase sueltos y hambrientos, lo que podría en peligro a ella y a su hija”, argumenta la hermana.
“Si desaparezco, buscadme en la jaula del león”
Manuel Alonso, aficionado a la caza, con su rifle.

Manuel Alonso, aficionado a la caza, con su rifle. Cedida

La psicosis fue tal que días antes de morir, Lucía llamó a su hermana. La conversación, según recuerda Rosa, fue así: “Si desaparezco, buscadme en la jaula del león, porque algo quedará, un pelo, un diente, una uña…”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, en la que no se señalaron culpables de la muerte de Lucía Garrido, sí estimaba indicios —“sin ánimo de prejuzgar”, dice el texto— de la participación de Manuel Alonso. Cita el escrito la “gran hostilidad derivada de la situación matrimonial, que fue muy conflictiva por el deseo de él de recuperar la finca Los Naranjos”.

La sentencia también recoge el testimonio de una vecina que presenció una contundente amenaza: “Si no se iba por las buenas, saldría por las malas y en una bolsa de plástico”. Esta misma fuente atribuye a Manuel esta otra frase: “Por las buenas puedo con todo, pero por las malas soy muy malo”. Y que el acusado solía comentar que si alguna persona entraba al recinto a hacer algo, “le pegaría dos tiros y luego metería el cadáver en la jaula del tigre para que se lo comiese”.

Finalmente, a Lucía la encontraron ahogada en la piscina. Doce meses después de la muerte de la joven, tras recuperar Manuel Alonso la finca, dos colombianos accedieron a Los Naranjos y él cumplió su palabra. Descerrajó dos disparos con una escopeta, uno a cada uno, con tanta proximidad que parte de los cartuchos quedaron incrustados en el cuerpo de los fallecidos.

La investigación determinó que fue en defensa propia. “Pero eso está por ver, todavía no ha acabado”, concreta Rosa a EL ESPAÑOL, anticipando la estrategia que sus abogados trazan para vincular la muerte de estos dos colombianos con la de su hermana Lucía.

Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, a las que tuvo acceso Rosa, los colombianos era dos sicarios. “Yo pensé que eran ellos los que habían matado a Lucía, pero los agentes se negaron en rotundo. ‘¿Sabes lo que es una guardería?’, me preguntaron los guardias civiles. Yo les respondí que era donde estaban los niños pequeños. Los agentes se rieron. ‘Una guardería es donde se guarda droga. ¿Tu hermana te contó algo de eso?’, me insistieron. Yo les dije que no —asegura Rosa—, pero a mí me quedó la sensación de que detrás del cuidado de animales, de la venta de perros y demás actividades estaba el negocio del narcotráfico”.
El protegido por los guardias civiles corruptos
Finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, Málaga, donde sucedieron los hechos.

Finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, Málaga, donde sucedieron los hechos. Cedida

La relación de Manuel Alonso con el narcotráfico y algunos miembros corruptos de la Guardia Civil se demostró en 2010, cuando cayó detenido en una operación orquestada por la Policía Nacional en la que también se detiene al teniente Valentín Fernández, jefe del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) en Málaga, al que le imponen una pena de diez años. A la ex pareja de la asesinada Lucía lo condenan a tres años por tráfico de drogas al probarse en el juicio de la Audiencia Nacional que hacía de enlace para comprar los estupefacientes en Melilla e importarlos a la península.

La relación probada entre Manuel Alonso y el teniente Valentín, responsable de la investigación de la muerte de Lucía Garrido, hizo saltar las alarmas en la familia de la joven, que comprendía así el porqué de la pobre investigación. Con la coincidencia acuden a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Málaga, que tiene entre sus estatutos la lucha contra la corrupción en el Cuerpo.

La implicación y ayuda del delegado de la AUCG en Málaga, Ignacio Carrasco, un agente retirado de 55 años y con 30 años de experiencia, ha facilitado que el caso de Lucía Garrido se vuelva a reabrir, argumentando los servicios jurídicos de esta organización que la investigación del asesinato no había sido todo lo independiente o imparcial que debió ser.

“El caso de Lucía es bastante complejo por las circunstancias que inciden en él: existe corrupción policial, tráfico de drogas, sospechamos que también tráfico de armas —denuncia Carrasco—; esta complejidad ha hecho que pocos quieren que se sepa la verdad y lleguemos al fondo de este asunto”.

Y sigue. “En este caso ha habido pérdida de pruebas, ni la voluntad de hacer una instrucción rápida", sostiene el delegado de la AUGC. Por eso el caso se archivó sin ningún imputado en la causa. "En 2012, la familia se puso en contacto con nosotros. Entonces pusimos en marcha nuestra propia investigación y pusimos nuestros servicios jurídicos a disposición de la familia. Ahí empezó a vislumbrarse una instrucción más real que la anterior”.
Asesinada por miedo a que “destapase el pastel”
Rosa Garrido lamenta no haber reaccionado cuando su hermana le confesó que temía ser asesinada.

Rosa Garrido lamenta no haber reaccionado cuando su hermana le confesó que temía ser asesinada. Fernando Ruso

Todavía no hay fecha señalada para el juicio, pero ya hay cuatro personas procesadas por el asesinato de Lucía Garrido. De ellos, dos son guardias civiles y los otros dos, un empresario con antecedentes penales por delincuencia común y Manuel Alonso. La Audiencia Provincial ve indicios, hasta catorce, de la participación de Manuel Alonso en la muerte de Lucía. Actualmente todos están en libertad, si bien el empresario y uno de los guardias civiles han estado en prisión preventiva dos años.

Manuel se aferra a una coartada que lo sitúa en Cádiz en el momento de los hechos. Hay facturas de comidas, de gasolineras y de autopistas que arman su tesis, también grabaciones de cámaras de seguridad. Ocho años después de la muerte de Lucía, una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil logró identificar a otro de los sospechosos. Sin dar más datos, la clave está en el ADN de este sujeto.

Cansada por el proceso judicial, Rosa espera que esta segunda oportunidad sirva para esclarecer el asesinato de su hermana. “Nosotros hemos sufrido una doble pena: la primera ha sido perder a mi hermana —detalla la malagueña—; la segunda, estar diez años sin conocer quiénes fueron los culpables del asesinato”.

—¿Cómo lleva que diez años después todavía no haya un culpable?

—Queda el dolor, pero la pena la he transformado en fuerza. No sé de dónde me nutro, pero no me abandona. Tengo que luchar contra esta gente. Y hago hincapié en que no voy contra la institución, solo contra los corruptos y aquellos que hicieron la vista gorda.

—¿Qué papel tiene la droga en la muerte de su hermana?

—Creemos que fue el actor principal. Al principio no lo entendíamos, pero ahora sí. Si Manuel Alonso no hubiese estado metido en tema de narcotráfico con la participación de guardias civiles corruptos hoy mi hermana seguiría viva.Tengo la impresión de que el asesinato de Lucía se orquestó por el miedo a que ella destapase todo el pastel. Ella decía que su único delito era amar a Manuel demasiado, se enamoró completamente de él.

L

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2891 en: 11 de Diciembre de 2018, 17:41:07 pm »


La Policía registra dos medios de Baleares por publicar una noticia sobre el caso Cursach


Los agentes se han llevado el teléfono móvil de dos periodistas, uno de Diario de Mallorca y otra de Europa Press Baleares, y un ordenador de la agencia de noticias

Policía.
Policía. EP
 VOZPÓPULI

PUBLICADO 11.12.2018 - 15:51

Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press y en la redacción del Diario de Mallorca para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares.



Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción de Europa Press Baleares la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.

Derecho a no revelar fuentes

La redactora de la agencia privada de noticias se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.

Europa Press ha reiterado su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y ha lamentado este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.

Diario de Mallorca
La Policía Nacional se ha personado también este martes en la redacción de Diario de Mallorca por información relacionada con el mismo caso. Según ha informado el propio rotativo, los agentes han entrado alrededor de las 16:30 horas con el objetivo de requisar el ordenador de trabajo y documentos de uno de sus periodistas, Kiko Maestre.

Pese a que el periódico se ha negado a entregarles ningún documento u ordenador, los agentes sí han requisado esta mañana el teléfono móvil del periodista mientras se encontraba trabajando. 


Pilar Garcés
@piligarces
 · 49min
 Los periodistas de @diariomallorca hemos formado una barrera para protestar por la anunciada entrada de la Policía en nuestra redacción, en defensa de nuestro trabajo. Se han ido al negarse el periódico a entregarles documento alguno


Pilar Garcés
@piligarces
Esta mañana han requisado el móvil a nuestro compañero, para violentar sus fuentes. Un desprecio absoluto por el periodismo y la libertad de información q el juez tendrá q explicar porque no lo entendemos

14
16:50 - 11 dic. 2018
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La FAPE rechaza los registros
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado "tajantemente" la incautación de documentación y equipos corporativos y personales efectuada este martes.

La FAPE considera que esta incautación "vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero".

En este sentido, la FAPE ha defendido que "en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información".

"El secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información", ha manifestado.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2892 en: 12 de Diciembre de 2018, 12:08:27 pm »
No quieren que los periodistas destapen sus juergas



PUBLICADO 12.12.2018 - 05:15
ACTUALIZADOhace 6 horas
Los juerguistas no llevan demasiado bien que les digan a qué hora deben volver a casa. Y España es muy dada a organizar fiestas en las que no faltan noctámbulos que hace tiempo perdieron el reloj. En el intenso mundo de la noche balear prosperó Bartolomé Cursach, un empresario que está encausado por una larga lista de delitos que hace sospechar, una vez más, que en este país hubo guerreros que durante años se hicieron millonarios con bula papal. Sin escrúpulos, al margen de la ley e impulsados por las corrientes que generaron la corrupción y las burbujas económicas. El caso es que dos medios de comunicación, Europa Press y Diario de Mallorca, difundieron hace unos meses una noticia que informaba de que la Policía investigaba un presunto fraude a Hacienda del grupo empresarial de Cursach, que, por cierto, el juez descartó hace unos días. A raíz de esta publicación, se inició un procedimiento judicial por un supuesto delito de revelación de secretos que ha provocado la visita de la policía a las redacciones en Palma de Mallorca de estos medios de comunicación.


MÁS INFO

El empresario Bartolomé CursachEsta es la noticia del caso Cursach por la que la Policía ha registrado dos medios de Baleares
Esta es la noticia del caso Cursach por la que la Policía ha registrado dos medios de Baleares
Estos hechos podrían considerarse como rutinarios, pero no lo son. Principalmente, porque los agentes acudieron a las sedes de estos medios de comunicación con el mandato de intervenir los ordenadores y los teléfonos móviles de los periodistas. “En ambos casos, se pretende y se autoriza el estudio de WhatsApps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del denominado Caso Cursach y sus derivados”, detalla la orden judicial.

El objetivo del juez era determinar el origen de la filtración de información que dio lugar a la noticia publicada en Europa Press y Diario de Mallorca, ante la sospecha de que la fuente podría haber cometido un delito de descubrimiento de secretos. El problema es que la torpe actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca ha comprometido el derecho constitucional de los periodistas a no revelar la identidad de la persona o las personas que les suministran la información.

La Federación de Asociaciones de la Prensa Españolas (FAPE) emitía un comunicado después de conocer la noticia de los registros en el que expresaba su “rechazo tajante” a la incautación de material ordenada por el juez. Asimismo, recordaba que el secreto profesional no sólo ampara al periodista para que no revele sus fuentes ante los requerimientos de terceros, sino que también protege a la persona que le ha proporciona la información.

Y añadía: "En los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los informadores y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información". En cualquier caso, "no están obligados a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrollan su trabajo".

Precedentes peligrosos
Realmente, lo más peligroso de este asunto no es amedrentar a un periodista, sino espantar a sus fuentes, es decir, a las que permiten que trascienda la información de interés público. En este caso, relacionada con el procedimiento judicial que investiga las presuntas corruptelas de un tipo del que los jueces sospechan que expandió su imperio con la connivencia del poder político y de la policía. Esta última, supuestamente engatusada en fiestas en las que no faltaban prostitutas y drogas y alcohol gratis. Lo dicho, en el imperio donde nunca se ponía el sol no faltan juerguistas que utilizan la noche para medrar y dar rienda suelta a sus instintos más bajos y sus corruptelas.

Realmente, lo más peligroso de este asunto no es amedrentar a un periodista, sino espantar a sus fuentes

En cualquier país que saca pecho por proteger las libertades de los ciudadanos chirriaría el hecho de que los jueces hayan enviado en los últimos tiempos a varios contingentes de policías a los medios de comunicación. Sin ir más lejos, acudieron hace aproximadamente un mes a la delegación en Palma de Mallorca de la Agencia EFE –pública- para pedir información sobre el mismo caso, según precisan fuentes internas.

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Unas semanas antes, también se personaron en la redacción del periódico digital Moncloa.com, después de que sus periodistas difundieran las famosas grabaciones entre el comisario Villarejo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exjuez Baltasar Garzón. Y, unos meses atrás, también fueron al diario Público después de que publicara los audios del heterodoxo Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, en los que se hablaba de la supuesta existencia de una policía patriótica destinada a buscar las cosquillas –con más o menos rigor- de los políticos independentistas.

En cualquier país que saca pecho por proteger las libertades de los ciudadanos chirriaría el hecho de que los jueces hayan enviado a varios contingentes de policías a los medios de comunicación

Sería absurdo afirmar que el periodismo español es ejemplar. Lamentablemente, sobran ejemplos de cronistas de partido, reporteros de moqueta y editores de instintos sanguinarios que en mitad de la crisis económica cobraban sueldos de siete cifras mientras sus negocios se hundían. Sin embargo, golpes como los que reciben los medios con estas actuaciones judiciales –o los que le han asestado últimamente políticos como Santiago Abascal, cuando sugieren la existencia de una prensa amiga y otra enemiga- no son de recibo.

Un contexto hostil
La aparición de los medios digitales ha complicado la vida al poder, dado que ha hecho más difícil la tarea de ocultar información embarazosa y triturar los documentos que no quiere que se lean. Establecer dependencias era más sencillo con cuatro grandes cabeceras que con una quincena de periódicos con sed de información. También era más sencillo encauzar el debate cuando apenas si participaban en la conversación pública unas cuantas decenas de personas que ahora, cuando lo hacen millones. Por estas razones, los intentos de controlar al que debe ser el auditor del poder y de intimidar a quienes realizan filtraciones periodísticas –hay que recordar las palabras al respecto de Rafael Catalá y de Carmen Calvo- son totalmente reprobables. Y el requerimiento emitido por el citado juzgado de Baleares, intolerable.

Quizá haya quien todavía considere que las juergas no deben tener límites ni dejar resaca. Quizá haya quien piense que los medios ejercen de aguafiestas cuando publican que el Ministerio del Interior pagó supuestamente a un extorsionador para que secuestrara a la familia de Luis Bárcenas hasta que se desprendiera de la información sensible sobre el Partido Popular. O cuando revelan la existencia de una investigación policial sobre un empresario (ojo, Europa Press se hizo eco de su contenido y de su posterior archivo). La realidad es que el periodismo debe denunciar estos escándalos y ningún juez debe dificultar el trabajo de medios como, en este caso, Europa Press y Diario de Mallorca. Por esta razón, el hecho de que un juzgado tenga un teléfono móvil de un informador, con sus fuentes y con su información confidencial, resulta una total aberración.

Qué duda cabe que esta profesión necesita cada vez más reforzar su escudo para parar las embestidas que le pegan quienes la ejercen sin escrúpulos ni decencia, en una búsqueda constante de la víscera, el clic y el share. Pero es fundamental que deje de recibir los golpes de burócratas que, con sus decisiones, no hacen más que ponerle fronteras. En Madrid, en Bruselas...o en Palma de Mallorca.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2893 en: 13 de Diciembre de 2018, 07:52:33 am »

La prensa estalla contra el juez de Mallorca: “¿Se ha leído la Constitución?”

La orden emitida el martes por el titular del juzgado número 12 de Palma de Mallorca, que pedía requisar los teléfonos y ordenadores de periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, ha causado indignación en el periodismo. Un grupo de varias decenas de profesionales remitía un comunicado de protesta a la fiscal general del Estado para denunciar estos hechos. Sopesan denunciar la situación ante el CGPJ

Rubén Arranz

Publicado 13.12.2018 - 05:15
ActualizadoHace 2 horas

La actuación policial que autorizó este martes el titular del juzgado número 12 de Palma de Mallorca, que implicó la incautación de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas de Europa Press y Diario Mallorca, ha provocado indignación en una gran parte del sector de la prensa, que se ha manifestado en contra de una decisión judicial que –considera- vulnera el derecho al secreto profesional. El sentir general se resume en la frase que pronunciaba en un acto público el director editorial del Grupo Prisa, Augusto Delkáder, quien condenaba estos hechos y lanzaba un mensaje a su responsable: “¿Se ha leído la Constitución?”.

Más info

    Bartolomé Cursach
    No quieren que los periodistas destapen sus juergas
    No quieren que los periodistas destapen sus juergas

El asunto tiene que ver con el caso Cursach, una trama de corrupción que se ha desarrollado durante años en Baleares y que presuntamente está encabezada por el empresario hostelero balear Bartolomé Cursach, al que se le acusa de una quincena de delitos. Entre ellos, los de homicidio, pertenencia a organización criminal, narcotráfico y corrupción de menores. El pasado junio, Europa Press y Diario de Mallorca difundieron sendos artículos sobre una investigación policial -archivada por el juez hace unos días- que estaba relacionada con un delito fiscal millonario que presuntamente cometió Cursach.

A partir de ahí, se inició un procedimiento judicial para dirimir si la filtración que había permitido a los periodistas acceder a esa información constituía un delito de descubrimiento de secretos. En el marco de estas pesquisas, el juez ordenó este martes a la policía requisar a estos medios de comunicación todo el material que pudiera ayudar en la investigación de estos hechos, tanto documentación como ordenadores personales y teléfonos móviles.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, recibía este miércoles una misiva, rubricada por alrededor de dos centenares de periodistas, en la que le emplazaban a reflexionar sobre la "crítica situación" que se ha creado como consecuencia de este registro policial. "Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna", afirmaba el texto, en el que se incidía en que la actuación policial estaba respaldada por la Fiscalía.

    La fiscal general del Estado recibía este miércoles una misiva, rubricada por alrededor de dos centenares de periodistas

Unas horas después, el Consejo Fiscal difundía un comunicado en el que mostraba su comprensión con la "preocupación" expresada por estos periodistas, pero aseguraba que no entra dentro de sus competencias pronunciarse sobre un procedimiento penal en vigor, dado que eso podría "interferir en el desarrollo de una investigación judicial".

Este grupo de periodistas presentará un nuevo escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en términos similares, según han explicado fuentes de este colectivo.
Organizaciones profesionales

El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa Españolas (FAPE), Nemesio Rodríguez, explicaba este miércoles a Vozpópuli que los hechos son de una gravedad inusual. "Esto supone un claro ataque a la libertad de información y una vulneración del derecho fundamental y constitucional de los periodistas al secreto profesional (...), dado que de la documentación incautada el juez puede llegar a identificar las fuentes de los periodistas".

Y añadía: "Hay que tener en cuenta que el secreto profesional es un derecho, pero también un deber de los informadores". Sin esa garantía, el acceso a las fuentes podría complicarse y resultar perjudicada la actividad periodística.

    La Asociación Europea de Editores de prensa condena lo que -a su juicio- supone un claro "ataque contra los derechos fundamentales" de la libertad de expresión

La Asociación Europea de Editores de prensa (News Media Europe) condenaba lo que -a su juicio- supone un claro "ataque contra los derechos fundamentales" de la libertad de expresión y la libertad de los medios de información. Asimismo, se refería a la negativa de los policías que acudieron a la sede de Europa Press en Palma de Mallorca a que una periodista se pusiera en contacto con los abogados de la empresa antes de facilitarles el acceso a la información. A juicio de los editores, esto supone una grave violación del derecho fundamental a la asistencia jurídica en un proceso penal.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas exigía a la fiscal general del Estado una "rectificación pública" y afirmaba que se reserva el derecho de acudir al Tribunal Constitucional para defender los derechos que han resultado vulnerados de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca.
Dentro de Baleares

Por su parte, Diario de Mallorca publicaba este miércoles un editorial en el que consideraba como una "coacción intolerable" la actuación del juez Miguel Florit, y avanzaba que próximamente presentará una querella como consecuencia de la orden de registro del periódico y del material de trabajo de sus periodistas. A última hora de la tarde, Europa Press manifestaba que había decidido tomar la misma medida.

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB-FeSP) y la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) definían estos hechos como el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares.

Preguntado por estos hechos durante la celebración del Foro ABC, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reconocido que los desconocía, aunque ha añadido: "Yo pensaba que había pasado en Venezuela; lo siento, no puedo opinar sobre lo que desconozco".
Texto del escrito de los 200 periodistas al CGPJ

Los periodistas abajo firmantes consideramos imprescindible hacer partícipe al órgano de gobierno del Poder Judicial de nuestra intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución producida en el caso Cursach.

En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos.

El propósito de esa insólita actuación -el “volcado y estudio”, dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones- nos parece del todo injustificado: el secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de relevación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece.

Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas.



 

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2894 en: 13 de Diciembre de 2018, 07:53:42 am »

Europa Press se querella contra el juez que ordenó la incautación de material en su sede

La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista

Europa Press

Publicado 12.12.2018 - 20:57
Actualizado12.12.2018 - 21:04

La Agencia Europa Press presentará este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la entrada de agentes de la Policía Nacional en la sede de su Delegación en Baleares, en Palma de Mallorca, para proceder a la intervención del teléfono móvil de la periodista, ordenadores de la agencia y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.


La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.
Derecho a no revelar las fuentes

En el caso de Europa Press, tres agentes de policía y una secretaria judicial se presentaron el pasado martes en la sede de Europa Press Baleares y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach.

La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.



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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2895 en: 18 de Diciembre de 2018, 09:01:53 am »

Empleados de Cursach obligaban a funcionarios a aceptar sobornos para evitar denuncias

La acusación presenta datos del distinto trato de favor, en cuanto a sanciones económicas, que recibía Cursach en comparación contra otras empresas - Se invitaban a orgías a policías
j.f. mestre palma 17.12.2018 | 22:47


Los sobornos, como bien deja claro el fiscal, no los ofrecía nunca Cursach, sino que lo hacían sus empleados. Así, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Palma de esta tarea se encargaba Antonio Bergas, policía local jubilado, y el que fue celador de obras de Cort, Julián Garau. "Eran ellos quienes ofrecían y obligaban (a los funcionarios) a aceptar dinero, cestas de navidad, cajas de champán, pases VIP para las instalaciones del Megasport y otros regalos a sus compañeros y superiores del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Palma", relata la acusación, que además añade que los funcionarios aceptaban estos regalos porque si los rechazaban "habría que darles una lección o empeoraría su situación", amenazándoles con querellas "hasta arruinarles su vida profesional". De esta forma se entiende que los funcionarios aceptaran estos sobornos económicos con billetes de 500 euros, además de botellas de champán francés y pases gratis al gimnasio. El fiscal también destaca el papel de Pilar Carbonell, tanto cuando trabajó en el Ayuntamiento de Calvià, como después como directora general de Turismo, que adoptó decisiones para beneficiar a Cursach. En Calvià, según la fiscalía, era quien se encargaba de que las sanciones que se imponían a los negocios de Cursach no llegaran a pagarse.

Precisamente, la acusación utiliza la estadística para demostrar el trato de favor que recibía Cursach para no pagar las multas. Así, solo en Palma, en cuanto a sanciones económicas impuestas a empresarios del ocio, solo el 12,5% afectaban al Grupo Cursach, cuando es la empresa más potente de este sector. Y, además, al final únicamente se pagaban el 7,95%. El resto se perdían por el camino. En Calvià ocurría lo mismo. Del total de sanciones impuestas a locales de ocio, Cursach solo recibía el 5% de multas, pero la mayoría nunca llegaban a pagarse porque era el propio Ayuntamientos quien las hacía desaparecer.


Orgías

La fiscalía también describe en su escrito las orgías sexuales que se celebraban en una sala especial de la discoteca Tito's, donde los policías eran invitados a tener relaciones con prostitutas, además de copas y droga gratis. Lo único que se les pedía era proteger los negocios del magnate.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2896 en: 18 de Diciembre de 2018, 19:00:52 pm »
Detenido un inspector por revelación continuada de secretos del caso Cursach



El arresto se ha producido por orden del juez Miguel Florit, que abrió una pieza secreta por la filtración a la prensa de información

Bartolomé Cursach

PUBLICADO 18.12.2018 - 17:35
ACTUALIZADOhace 46 minutos

La Policía Nacional ha detenido este martes por revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción.


Según han indicado a Efe fuentes policiales, la detención se ha producido por orden del juez Miguel Florit, que abrió una pieza secreta por la filtración a la prensa de información y que la semana pasada ordenó la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas.

El agente arrestado, que en la actualidad está asignado al equipo de Informática de la Policía Nacional en las islas, ha sido detenido en la sede la Jefatura en Palma, permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición del juez.En la pieza secreta en la que Florit ordenó la requisa de equipos informáticos de periodistas, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, se persigue determinar el origen de filtraciones como la de un informe sobre la actividad fiscal de las empresas de Cursach que publicaron distintos medios el pasado 5 de julio.Fueron el propio Cursach y el exdirector general de su conglomerado empresarial, Bartolomé Sbert, quienes denunciaron la difusión de esa información.

Querella de los periodistas

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido hoy a trámite la querella de los dos periodistas y sus empresas, Diario de Mallorca y Europea Press, contra el juez Florit por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional.El Tribunal Superior de Baleares ha designado instructora de la causa, que declara por el momento secreta, a la magistrada Felisa Vidal.La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer al juez instructor su escrito de acusación en el caso Cursach, en el que atribuye al empresario Bartolomé Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2897 en: 19 de Diciembre de 2018, 06:20:45 am »


Detenidos dos agentes de la Policía Nacional por revelación de secretos del ‘caso Cursach’

Ambos han quedado en libertad con cargos a la espera de que presten declaración ante el juez

Lucía Bohórquez
Palma 18 DIC 2018 - 19:23 CET   


El exjefe del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares y un agente han sido arrestados este martes acusados de un presunto delito continuado de revelación de secretos en el caso Cursach, según han confirmado fuentes policiales. El arresto ha tenido lugar en la sede de la jefatura superior de Policía de Palma por parte de un grupo de agentes del departamento de asuntos internos y por orden del juez Miquel Florit, que investiga bajo secreto las filtraciones del sumario de ese caso de corrupción.


Ambos arrestados han quedado finalmente en libertad con cargos a la espera de que presten declaración ante el juez. El juez investiga desde el pasado mes de julio la filtración de documentos tras las reiteradas quejas de las defensas de los principales investigados. En el marco de actuaciones derivadas de esta pieza secreta, el magistrado ordenó hace una semana la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, Blanca Pou y Kiko Mestre, para averiguar la fuente de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo que dirigía el detenido y que apuntaba a la comisión de un fraude de hasta 65 millones de euros por parte de las empresas del grupo Cursach.

Uno de los arrestados dirigió durante años el grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, que sufrió un importante revés hace unos meses coincidiendo con la recusación del anterior magistrado, Manuel Penalva, con el que habían trabajado de forma estrecha. El grupo fue desmantelado y el entonces jefe del equipo solicitó su marcha del departamento y fue destinado al grupo de delitos informáticos. Algunos de los agentes que formaban parte de él fueron trasladados a otras comisarías, a destinos fuera de Baleares o arrinconados en departamentos menos relevantes. El segundo detenido trabaja ahora en la oficina de denuncias.

La búsqueda de la fuente de las filtraciones llevó al magistrado instructor a dictar una medida insólita. Ordenó el decomiso de los teléfonos móviles y los ordenadores de dos periodistas para averiguar la identidad de la fuente que filtró el informe sobre los delitos fiscales de las empresas de Cursach. Una iniciativa que provocó una avalancha de condenas al proceder del magistrado, que actuó con el aval de la fiscalía anticorrupción que apoyó la incautación de los teléfonos.

Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido a trámite una querella presentada por los dos medios de comunicación afectados y los dos periodistas contra el juez Miquel Florit, que será investigado por presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas. La sala ha designado a la magistrada Felisa Vidal como instructora y ha decretado el secreto de las actuaciones.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2898 en: 19 de Diciembre de 2018, 15:44:34 pm »
La inspectora que impulsó la investigación del caso Cursach, detenida en Madrid


Javier Jiménez / Julio Bastida | Palma | 18/12/2018

El Grupo de Blanqueo, durante un registro del caso Cursach
El Grupo de Blanqueo, durante un registro del caso Cursach.01-03-2017
   


Martes negro en la Jefatura de la Policía Nacional en Baleares. Tras la detención del exjefe del Grupo de Blanqueo este martes por las filtraciones en el caso Cursach, horas después se añade la de la inspectora que impulsó esta causa en sus inicios, actualmente destinada en Madrid.

Además, ha sido detenido un tercer miembro del departamento de blanqueo. Se trata de un agente que gozaba de la máxima confianza del juez Manuel Penalva, ex instructor del caso Cursach, y de Miguel Ángel Subirán, fiscal de la causa.



Este policía está acusado de filtrar información de determinados personajes y actuaciones para que tuvieran mayor repercusión y así crear una corriente de opinión favorable a la investigación, información que posteriormente se demostró que no se correspondía con la realidad.

Los tres detenidos han quedado en libertad con cargos y prestarán declaración en sede judicial.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #2899 en: 28 de Diciembre de 2018, 07:34:03 am »

El juez ordena devolver el material incautado de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca

Los dos medios y los dos afectados han presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el juez Florit
El empresario Bartolomé Cursach



Publicado27.12.2018 - 15:07

El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado la devolución del material incautado a los periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca', Blanca Pou y Francisco Mestre, así como en la delegación de Baleares de la agencia de noticias.

No obstante, los periodistas han solicitado que se les cite para la devolución de los objetos --dos teléfonos móviles y dos ordenadores corporativos-- y se les notifique en debida forma la resolución para su devolución.

En el escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, también se pide que se les informe por escrito sobre "el lugar o lugares" donde han estado los dispositivos, "las personas que han tenido acceso a los mismos" y sobre la "realización o no" de cualquier "apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación" de los mismos.

Asimismo, piden que en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado.
Querella de los medios

Europa Press y Diario de Mallorca, junto a los dos periodistas afectados han presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra Florit que fue quien ordenó la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

La querella considera que el auto de Florit constituye "un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia" y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista "disparatada e insólita".