Autor Tema: Nulidad de los procesos selectivos  (Leído 49653 veces)

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #260 en: 09 de Mayo de 2018, 07:04:25 am »
El juez investiga la oposición a suboficial de policía denunciada por amaño en Getafe
El Ayuntamiento de la localidad debe presentar los expedientes del proceso, especialmente el de su rechazo al escrito de recusación de tres aspirantes contra el tribunal calificador


Ignacio S. Calleja
@iserranoc
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Madrid
Actualizado:
09/05/2018 01:01h

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha abierto una investigación en torno a la oposición a suboficial de Policía Local de Getafe denunciada por presuntas irregularidades a finales del año pasado. El juez ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad (PSOE) que facilite los expedientes del proceso, especialmente el que justifica su rechazo al escrito de recusación que presentaron varios aspirantes contra la designación de los miembros del tribunal.

El requerimiento judicial llega tras la denuncia del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) de Getafe, que se produce después de que el Consistorio desestimara el recurso de tres de los seis opositores. Fuentes de esta organización detallaron que, como en el escrito presentado contra el tribunal en noviembre, su reclamación se basa en que se impidió que hubiera integrantes a propuesta de los diferentes sindicatos en el Consistorio, un hecho inédito hasta la fecha. «Es la primera vez que se ha formado un tribunal de esta forma, no pasó antes y no pasa con los que se han configurado después», explican.

Además, como informó ABC, en el escrito contra el tribunal se hace hincapié en que, también por primera vez, no hubo presencia de policías locales del municipio. Así, a juicio de los denunciantes, el proceso estaba «amañado» y las tres plazas convocadas «se adjudicaron a dedo»; defienden que existe una «manifiesta relación de amistad» entre el jurado y el resto de opositores.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe propuso el pasado 25 de abril, firmado por la edil de Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Económico, Nieves Sevilla, trasladar estos expedientes. En segundo término, los abogados municipales están citados para una vista el próximo 6 de noviembre.

Relación con Móstoles

Pero las sospechas van más allá. La acusación se justifica en la conexión entre Getafe y Móstoles en esta y otras oposiciones a policía. Primero, porque en el tribunal denunciado hay presencia de agentes de Móstoles; segundo, porque dos de los aspirantes en Getafe aparecen en el jurado de una convocatoria similar en el segundo municipio. No obstante, y aunque el proceso investigado fue suspendido provisionalmente, desde el Consistorio siempre han defendido que el proceso fue «legal» y «acorde a la ley».

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #261 en: 19 de Agosto de 2018, 09:24:22 am »
JUICIO POR EL AMAÑO DE LAS OPOSICIONES

Los agentes acusados de amañar oposiciones declaran en octubre


El juicio a estos policías locales de Sevilla arrancará el 11 de septiembre y tendrá un mes de cuestiones previas
El juez ha enviado a las partes un cronograma de todas las sesiones
Incorporación de la promoción de los policías investigados.
Incorporación de la promoción de los policías investigados. / M. G.

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FERNANDO PÉREZ ÁVILA
18 Agosto, 2018 - 17:36h

El juicio del amaño de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla comenzará el 11 de septiembre, como estaba previsto, pero las declaraciones de los acusados no se celebrarán hasta el 2 de octubre. Habrá, por tanto, casi un mes para cuestiones previas, en las que a buen seguro las partes tratarán de impedir o aplazar a toda costa la celebración de la vista, como han hecho hasta ahora en varias ocasiones.


En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el juez de lo Penal 10 de Sevilla, David Candilejo, contesta a varios escritos de los abogados de los acusados y adjunta un cronograma con las declaraciones de las 45 personas que se sentarán en el banquillo, de los cuales la mayoría son policías locales. Para que este juicio se celebre en las fechas fijadas, el juez ha tenido que pedir a otros cuatro juzgados que modificaran sus agendas, ya que algunas de las partes tenían juicios señalados y coincidían con éste.

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No se ha podido cambiar la agenda de la Audiencia Provincial de Sevilla, por lo que el magistrado se ha visto obligado a suspender algunos de los días previstos en el calendario. De esta forma, en septiembre habrá cinco sesiones, las de los días 11, 13, 14, 20 y 21. Todas ellas se reservan para las cuestiones previas. Ya el juicio arrancará con un año de retraso, después de que algunos de los acusados intentaran retrasar aun más la celebración del mismo elevando el caso a la Audiencia, si bien ésta se declaró falta de competencia y devolvió el asunto al juzgado de lo Penal.

EL PRIMERO EN DECLARAR ES EL SUPERINTENDENTE JUAN JOSÉ GARCÍA, QUE PRESIDÍA EL TRIBUNAL

Las declaraciones de los acusados comenzarán el día 2 de octubre. El primero en declarar será el superintendente de la Policía Local Juan José García, que era el presidente del tribunal de las oposiciones y que se enfrenta a una pena de 13 años de inhabilitación por la filtración de los exámenes. Otros cinco miembros del tribunal, entre los que hay policías locales, representantes del sindicato mayoritario del cuerpo (el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Sppme) y funcionarios, declararán ese mismo día.

La siguiente sesión será el 4 de octubre y arrancará con la declaración de una funcionaria, también miembro del tribunal, a la que seguirá otro de los acusados que no es policía local, el delegado de la empresa que surtía de material a la Policía Local y cuyo hijo también está acusado de acceder fraudulentamente al cuerpo previo amaño de las oposiciones.

Una vez terminadas estas dos declaraciones, comenzarán ya las de todos los policías que aprobaron las oposiciones de manera irregular, según las acusaciones. Son en total 37 agentes. El hijo del delegado de la empresa proveedora, al que el juez ha negado una permuta con la Policía Local de Málaga, comparecerá el mismo día que el padre, el 4 de octubre.

Las sesiones continuarán el día 5 con otros seis policías locales, entre ellos el hermano de la supuesta compañera sentimental del superintendente. Para el día 9 está prevista la declaración del hijo del presidente del Sppme en Sevilla, Manuel Bustelo, también acusado de entrar de manera irregular en la Policía Local. En octubre habrá cuatro sesiones más con agentes acusados, las de los días 11, 16, 18 y 19. 

A partir del 23 de octubre comenzarán a declarar los testigos, entre los que hay varios policías nacionales y locales. El 9 de noviembre está citado como testigo el que hasta hace unos días fuera máximo responsable de la Policía Nacional en España, José Antonio de la Rosa, que fue director general de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa de Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla.

El turno de los peritos será a partir del 20 de noviembre. Si se cumple el cronograma diseñado por el juez de lo Penal 10, el juicio terminará el 21 de diciembre, casi cuatro meses después de su inicio.

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #262 en: 10 de Septiembre de 2018, 07:41:41 am »

Arranca el juicio a 37 policías locales por el amaño de las oposiciones


    El superintendente que presidía el tribunal se enfrente a 13 años de inhabilitación y a 4 años los agentes que lograron las plazas

Jorge Muñoz
08 Septiembre, 2018 - 19:03h

Cinco años después de la denuncia de un grupo de opositores a la Policía Local arranca el juicio por el supuesto amaño en las oposiciones, un proceso que socavó aún más la imagen de un cuerpo afectado por una serie de denuncias de irregularidades, muchas de las cuales se han archivado o han terminado en sentencias absolutorias.

El juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla inicia este martes el juicio contra 45 personas, de las cuales 37 son policías locales, por las presuntas irregularidades en las oposiciones. La vista oral se abre con las cuestiones previas y no será hasta el 2 de octubre cuando comience la declaración del primero de los imputados, el superintendente de la Policía Local Juan José García, que presidía el tribunal.La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos para Juan José García por el fraude de las oposiciones.

Para los agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes, el Ministerio Público exige el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide además que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados, dado que las resoluciones dictadas por el tribunal dimanan de delitos de prevaricación y de delito de descubrimiento y revelación de secretos, y reclama asimismo que de las “consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad responderán todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla”, que según la Fiscalía debe ser declarado responsable civil subsidiario.

El Ministerio Público solicita la misma pena de multa de 5.400 euros y de 13 años de inhabilitación para otros miembros del tribunal y un funcionario del Ayuntamiento –que no intervino en la filtración de la plantilla pero “tuvo suficientes elementos para sospecharla, pero no formuló objeción alguna”– que han sido procesados.

La Fiscalía explica que entre las personas que aprobaron se encontraban el hermano de la “compañera sentimental” del superintendente y un sobrino suyo, pese a lo cual la Fiscalía considera que “no se abstuvo de participar” en el proceso de las oposiciones, en el que actuó como presidente del tribunal calificador. Según la Fiscalía, la misma causa de abstención concurría en un vocal suplente, que es miembro de la junta de personal del ayuntamiento de Sevilla y había compartido “muchos años” de labores sindicales con el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), Manuel Bustelo, cuyo hijo figura entre los opositores y también es juzgado en este proceso.

Dice la Fiscalía que Juan José García y varios miembros del tribunal, incluido el vocal suplente, “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a 19 aspirantes al cuerpo de la Policía Local para un proceso de 47 plazas convocado en abril de 2011 y otro de 51 plazas que había sido convocado en 2008.
Familiares de mandos, agentes y sindicalistas entre los beneficiados por la filtración

La Fiscalía detalla en su escrito de acusación las relaciones que tienen los opositores beneficiados por la filtración con mandos, agentes y sindicalistas.

De esta forma, además de los opositores que se vinculan al superintendente Juan José García, figura un sobrino del superintendente Gabriel Nevado; dos hijos de un subinspector de la Policía Local, hijos de oficiales –uno de ellos pertenecía a la unidad de escoltas–, y de agentes del cuerpo. También figura el hijo de una representante del PSOE en la junta del distrito Norte; el de un comisario de la Policía Nacional; los de los jefes de Policía de Umbrete y Algeciras; y de un funcionario de los juzgados ya jubilado.

La Fiscalía concluye que el beneficio económico obtenido por los 32 acusados que recibieron las respuestas en las dos oposiciones resulta de la “obtención de plaza con manifiesta injusticia y la percepción de salarios desde su toma de posesión hasta la fecha”, lo que ascendía a cantidades que oscilan entre los 68.000 y 79.000 euros.

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #263 en: 13 de Septiembre de 2018, 19:11:30 pm »
JUICIO A LAS OPOSICIONES DE LA POLICÍA LOCAL DE SEVILLA


La Fiscalía compara la trama de las oposiciones de la Policía con la «camorra italiana»


La representante del Ministerio Público cita al periodista Roberto Saviano para describir lo que han sufrido los opositores que denunciaron el amaño y los agentes que investigaron a sus compañeros
Silvia Tubio
@latubio
Sevilla
Actualizado:
13/09/2018 18:01h

De altísimo voltaje están siendo las intervenciones de la Fiscalía en el juicio por el supuesto amaño de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla. En la segunda sesión de la vista oral que ha arrancado este jueves en el juzgado de lo Penal 10, la representante del Ministerio Público ha comparado la trama que se está enjuiciando y que supuestamente benefició a una treintena de opositores para que consiguieran una plaza en el cuerpo con «la camorra italiana».


La fiscal Ana Linares ha mencionado al periodista Roberto Saviano, autor del archiconocido libro «Gomorra», para describir lo que han sufrido los opositores que decidieron denunciar el presunto amaño y los cuatro agentes que investigaron a sus compañeros. En su intervención ha recordado que Saviano vive con escolta, amenazado y en un domicilio desconocido por haber «tenido la valentía de haber denunciado a la mafia italiana».

Sobre los tres opositores que decidieron dar el paso y denunciaron lo ocurrido en los exámenes de 2012, la fiscal ha señalado que sufrieron «la ley del silencio». «Si usted presenta denuncia, nunca entrará en la Policía Local de Sevilla y así ha ocurrido. Ninguno de los tres ha conseguido entrar». En ese sentido, la fiscal les ha querido reconocer «la gallardía» de haber dado el paso y llevar el asunto a los tribunales. «Ser denunciante en un proceso judicial no es fácil y tiene un coste».


Roturas de neumáticos, amenazas, acoso...
Sobre los agentes que conformaban el disuelto grupo Gepol, la fiscal ha relatado en sala cómo han sufrido «roturas de neumáticos, amenazas y acoso laboral» por haber investigado a sus compañeros, algunos de los cuales están relacionados con el sindicato más fuerte dentro del cuerpo, el Sppme. «No han podido salir a la calle, les han hecho este gesto (el dedo pasando por el cuello como un cuchillo). Son elementos que recuerdan a la mafia italiana».

El Gepol, como grupo de asuntos internos, fue disuelto por el actual Gobierno local, que en la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) no incluyó ninguna unidad similar. La fiscal ha señalado que el destino final de estos agentes, que están de baja y fuera del cuerpo, fue la reubicación «en el edificio de la Ranilla, a 50 grados a la sombra. Les desmantelaron la oficina y lo peor, los reubicaron y los pusieron a trabajar junto a los agentes que habían investigado».


Las defensas han esgrimido una sentencia del Contencioso que archivó la denuncia por acoso que plantearon miembros del Gepol. El juez exoneró al Consistorio no negó que hubieran sufrido situaciones de hostigamiento
La durísima intervención de la fiscal ha provocado la reacción del letrado del Ayuntamiento de Sevilla, que aunque es parte de las acusaciones en el procedimiento, está matizando todas las intervenciones de la fiscal para rechazar que la actual Corporación tuviera algún interés particular en disolver el grupo o que permitiera el acoso de algún funcionario. «En este juicio no se juzga a ninguna organización criminal. Otra cosa son las relaciones personales de algunos de los acusados».

En la diana
El abogado ha esgrimido una sentencia del Contencioso que en 2017 exoneraba al Ayuntamiento de cualquier práctica de mobbing en el seno de la Jefatura. Si bien, dicha resolución no negaba que los denunciantes hubieran sufrido una situación de hostigamiento sino que no podía ser imputable al Consistorio. Es más, el juez dice textualmente que ese acoso «procedería de un sindicato de policías locales, o bien de los propios policías afectados por las investigaciones realizadas por el grupo».


La intervención de la fiscal ha sido en respuesta a una de las cuatro cuestiones planteadas por las defensas para conseguir la suspensión del juicio que sienta en el banquillo a 45 personas, 37 de ellas policías locales, por participar en el amaño de las oposiciones que se celebraron en 2012. Los abogados de los acusados tienen en la diana a la Gepol y están usando como argumento a su favor que el Consistorio disolviera el grupo en 2016. Para las defensas, esta unidad no existía sino que eran unos funcionarios a los que se les encomendó una investigación concreta, distinta a la que dio origen a esta causa, «y quisieron mantenerse en esos puestos» abriendo, según uno de los abogados, investigaciones indiscriminadas y sin control judicial. La Fiscalía les ha recordado que la Audiencia se ha pronunciado en varias ocasiones, validando el trabajo del Gepol.

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #264 en: 17 de Octubre de 2018, 09:55:34 am »

Un policía acusa a la fiscal Segarra de utilizar un grupo "ilegal" de agentes en sus pesquisas


El funcionario municipal Luis Manuel Val, que es el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, declara en un juicio que la fiscal general se sirvió de una unidad de la Policía Local como Policía Judicial sin que hubiera un marco legal firmado con el Ministerio del Interior

Tono Calleja

17.10.2018 - 05:15

El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Manuel Val Morales, que es policía local en el Consistorio de la capital andaluza, aseguró este martes que la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, utilizó en varias de sus investigaciones a un cuerpo policial "ilegal", según la declaración como testigo realizada ante el juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo Blanco, que se encarga del juicio contra 42 personas por el presunto amaño de unas oposiciones.

Según la declaración del testigo Val Morales, un acta de 17 de julio de 2015 confirma que el Ayuntamiento de Sevilla no había firmado un convenio con el Ministerio del Interior, por lo que la Policía Local de la capital andaluza, que había actuado como Policía Judicial para la Fiscalía sevillana, no tenía el amparo legal para desarrollar esas pesquisas encargadas por la fiscal Segarra.

En el mismo sentido, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla resaltó que la fiscal dejó de utilizar los servicios de esos policías "dos meses después" de ser advertida de la situación irregular: "No tenía sentido que no hubiera seguido utilizando Gepol", completó el testigo, que respondía a una pregunta realizada por el abogado Javier Carnerero, defensor de uno de los procesados, que le interpeló sobre si la desaparición de esta unidad policial tenía relación con sus denuncias.

El letrado Carnerero, que propuso como testigo al funcionario Val Morales, y por eso declaró con la obligación de decir la verdad, interrogó en primer lugar al funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, que explicó que el Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) había sido creado en 2010 tras una petición del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que había reclamado al Consistorio sevillano la cesión de unos policías locales para realizar "una investigación puntual".

    La Policía Local de Sevilla, que había actuado como Policía Judicial para la Fiscalía, no tenía el amparo legal para desarrollar esas pesquisas encargadas por Segarra

Sin embargo, y según el testigo, la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, entonces fiscal jefe de Sevilla, se valió de ese grupo policial sin el preceptivo acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio del Interior: "No se ha suscrito un acuerdo", reiteró el funcionario, que completó: "En un escrito que le mandé al alcalde [Juan Ignacio Zoido] le dije que o lo regularizaba y lo ponía tal y como tenía que estar, o tenía que quitarlo porque los agentes de dicha unidad actuaban en un marco alegal o ilegal".
Calumnias contra Segarra

Como prueba de la supuesta irregularidad de la actividad de la denominada Gepol, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla aludió a un escrito de la entonces directora general de Hacienda y Recursos Humanos, Teresa Ojeda, un cargo político del Consistorio de Zoido (PP), que aseguraba que este colectivo policial no constaba en el Ayuntamiento Sevilla: "Para que exista un grupo en la administración local debe estar en la relación de puestos de trabajo", completó el agente.

"La directora general estaba preocupada por la investigación de esta Policía sin orden ninguna. La señora Segarra le abrió diligencias por calumnias a funcionario público, que fueron archivadas. No se recurrió", declaró el testigo ante el juez sevillano.

El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla dijo también que uno de los responsables de la unidad policial llegó a reclamar la regulación de la Gepol, "para acabar con la situación de precariedad laboral y desamparo", una aseveración que sirvió al abogado Carnerero, que defiende a uno de los policías procesados, para asegurar que los integrantes de este grupo eran conscientes de la situación irregular.

El testigo explicó también tras las quejas de los funcionarios y personal laboral por las investigaciones de Gepol "sin fin judicial", preguntó al alcalde Zoido sobre la legalidad de la actuación de la unidad policial. Y el primer edil le remitió entonces a la fiscal Segarra y al presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, como presidente de la comisión de Policía Judicial de Sevilla, que no le recibieron.

El fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, José Miguel de la Rosa Cortina (d)
El fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, José Miguel de la Rosa Cortina (d) Poder Judicial

"Empecé a mandar documentos a la Fiscalía General del Estado", relató el testigo, que indicó después que el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, José Miguel de la Rosa Cortina, le remitió un documento en el que aseguraba que la actuación de la Gepol sevillana se encontraba "dentro del marco de la legalidad vigente", y al amparo del convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) firmado en 2007.
Sin acuerdo con Interior

Pero el presidente de la Junta de Personal sevillana no estaba de acuerdo con esta aseveración, por lo que volvió a escribir el 28 de septiembre de 2015 a la Fiscalía General del Estado para completar que el Ayuntamiento de Sevilla "no tiene un acuerdo firmado" con el Ministerio del Interior bajo el convenio marco de 2007.

"¿Cómo se puede explicar esta respuesta, si no existe un convenio firmado?", interpeló entonces el abogado Carnerero, ante lo que el testigo destacó que el ministerio público le respondió que las actuaciones de la Gepol eran "conforme a la instrucción 1/2008 de la Fiscalía General del Estado. Me viene a contestar lo de la instrucción 1/2008 y se olvida del convenio marco", destacó el funcionario sevillano en su testimonio.

Imagen del juicio sobre el presunto amaño de una oposición en Sevilla
Imagen del juicio sobre el presunto amaño de una oposición en Sevilla EFE

Por su parte, el interrogatorio de la fiscal de la causa por el presunto amaño de las oposiciones en el Ayuntamiento de Sevilla, Ana María Linares, buscó en todo momento desacreditar el testimonio del funcionario Val Morales. Y en sus respuestas el testigo reiteró que sus quejas contra la fiscal Segarra habían sido archivadas por la Fiscalía General del Estado, al igual que ocurrió con una querella que Val Morales interpuso contra el exalcalde y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido por los mismos hechos.
Monteseirín y Zoido

"¿No es cierto que usted no denunció la legitimidad de la Gepol hasta que no hubo sospechas de trato de favor en las oposiciones del hijo del presidente del sindicato", preguntó la fiscal, a lo que el testigo dijo: "Incierto. Antes de una reclamación se intenta hablar con el político, con Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Ignacio Zoido, en 2014, una vez iniciada esta investigación".

La fiscal recordó, en el mismo sentido, que Gepol había investigado tres asuntos judiciales: "¿Como explica que no se haya discutido la legitimidad de la Gepol como policía judicial hasta este asunto?", destacó en su pregunta la responsable del ministerio público al testigo, que aseguró que él desconocía lo que había ocurrido en otros procedimientos.

La Gepol ya no está en funcionamiento por decisión del actual alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que para tomar esta decisión, según Europa Press, aludió a un escrito de la Fiscalía que reclamaba la medida porque las personas que estaban dedicadas "a esta labor como policía judicial, bajo directa dependencia de la Fiscalía, habían concluido su trabajo".
Sindicato de Policías

La declaración del presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, que está afiliado al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), del que también es secretario, se produce en el juicio por la presunta filtración de los exámenes de dos oposiciones promovidas por el Consistorio andaluz para cubrir plazas de policías locales.

La Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos familiares o sindicales", toda vez que en este juicio hay 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo meced a dichas oposiciones, entre ellos el hijo de Manuel Bustelo, presidente del sindicato Sppme en Sevilla, y el sobrino del que fuera superintendente de la Policía Local Juan José García, según informa Europa Press.

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #265 en: 18 de Octubre de 2018, 06:57:38 am »

El Ayuntamiento se retira del juicio por el fraude en las oposiciones de la Policía Local

16 octubre, 2018
Sevilla Actualidad

    El hijo del sindicalista de la Policía niega que tuviera las respuestas de los exámenes
    El superintendente de la Policía Local niega vínculos con los opositores
    Las defensas del juicio de las oposiciones amañadas de la Policía Local no logran para el juicio
    La fiscal del juicio de las oposiciones de la Policía critica el “uso torticero” de su vida privada

Durante la nueva sesión celebrada este martes por el Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla, respecto al juicio por la presunta filtración denunciada en las oposiciones promovidas por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 103 plazas de la Policía Local, la representación del Consistorio ha anunciado la decisión del mismo de “desistir de la acusación penal” y dejar sin efecto su personación en el procedimiento.

Durante esta nueva sesión del juicio, que gira en torno a la presunta filtración de los exámenes de las dos oposiciones promovidas por el Ayuntamiento para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local, el abogado que representa al Ayuntamiento ha dado cuenta de la decisión adoptada por la junta de gobierno del Consistorio respecto al papel de esta administración local en las causas judiciales en la que la misma está personada como acusación.

Al respecto, ha invocado el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento con relación a las situaciones en las que el Ayuntamiento debe decidir si personarse o no en investigaciones judiciales sobre hechos con posible incidencia en el interés municipal, toda vez que dicho documento circunscribe el ejercicio de la acusación particular a situaciones en las que el Ayuntamiento “pueda haber sido especialmente perjudicado por la presunta comisión del delito” y abogaba por “replantear las personaciones actualmente efectivas, de modo que en aquellas en las que no haya un bien o derecho específico a defender o que no se esté ejerciendo acción civil alguna, se abandone la personación y se deje la defensa de la legalidad al Ministerio Público”.

En ese sentido, el letrado representante del Ayuntamiento ha informado que merced a la correspondiente decisión de la junta de gobierno, ha presentado un escrito al objeto de “desistir de la acusación penal” en este juicio que celebra el Juzgado de lo Penal número diez.

Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a “determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos “familiares o sindicales”, toda vez que en este juicio hay 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo meced a dichas oposiciones, tratándose uno de ellos del hijo de Manuel Bustelo, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla.

Entre los acusados figuran también personas que formaban parte de los tribunales constituidos para estas dos oposiciones, como el dirigente local del Sppme Manuel Baso y el superintendente de la Policía Local, Juan José García, quienes han comparecido ya negando los cargos que pesan en su contra.


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« Respuesta #266 en: 03 de Febrero de 2019, 08:23:11 am »
Carmena se salta la paridad en una oposición policial

Solo tres de los componentes del tribunal son mujeres, lo que contraviene dos leyes estatales
Carlos HidalgoCarlos Hidalgo
@carloshidalgo_Seguir
MADRIDActualizado:
02/02/2019 01:16h

La convocatoria de la próxima oposición interna en la Policía Municipal de Madrid podría estar infringiendo dos leyes: la de Igualdad y la delEmpleado Público. La razón es que se incumple el principio de paridad en la composición del tribunal que tendrá que valorar a los aspirantes. Dos de ellas han presentado recursos de reposición, y aún no han obtenido respuesta: «El Ayuntamiento ha dejado pasar el plazo que tenía para contestar a esas alegaciones», explica una de las afectadas. Se da la circunstancia añadida de que, de las 15 personas seleccionadas para la prueba a comisario (antes, subinspector), seis son mujeres.

La oposición está dirigida a intendentes (antes oficiales) para promocionarse en el escalafón. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal lo componen, entre titulares y suplentes, veinte personas, de las que solo tres son de sexo femenino: la titular de Secretaría, una observadora y la suplente de una vocalía. Dos de las intendentes que se preparan para ser comisarias (y con una extensa trayectoria profesional), Sonia Rodríguez (en la actualidad, jefa de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón); y Teresa Gil, destinada en el Centro Integral de Formación, Seguridad y Emergencias (Cifse), han recurrido, tras ver la composición de los evaluadores.

En el recurso interpuesto por Rodríguez se alega la vulneración de las dos mencionadas leyes. Sobre la de Igualdad, recuerda que el artículo 53 establece: «Exigir la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado». En cuanto a la del Estatuto Básico del Empleado Público, el punto 60 especifica: «Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre».

Pero es que, además, el propio director general de Recursos Humanos resolvió, el 25 de enero de 2017, que «los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de inparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres», para el cumplimiento de las leyes de Igualdad y del Empleado Público.

Otro asunto que en medios policiales está levantando dudas sobre este asunto (además de la premura por hacer las pruebas antes de que acabe el mandato) es que en el tribunal abundan personas relacionadas con el director general de Emergencias y Seguridad, Daniel Vázquez, de su época como inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Eso, indican fuentes de los municipales, podría estar detrás de que hubiese tantos hombres y pocas mujeres, «para tener entre los evaluadores a personas de su círculo de confianza, que la mayoría son masculinas», con excepciones como la del comisario Emilio Monteagudo.

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) no entiende «que el Ayuntamiento incumpla la normativa, y más siendo una Administración que tiene un plan de género cuya medida estratégica es que «la igualdad entre mujeres y hombres sea un pilar de las relaciones laborales».

Habrá denuncia en los tribunales contra el convenio

El Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) ha anunciado que denunciará todos los aspectos del convenio del Cuerpo aprobado el jueves que «supongan pérdidas de derechos adquiridos o agravios comparativos entre compañeros, o incluso con otros colectivos de este Ayuntamiento».

Para ello, el equipo jurídico del sindicato, que ha criticado que el acuerdo se firmase entre el Consistorio y una parte minoritaria de la representación de los agentes, ya está trabajando en las demandas que deberán realizarse tanto a nivel individual como colectivo.


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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #267 en: 03 de Marzo de 2019, 18:49:16 pm »
Del aborto al Estatuto de Navarra: ¿Aprobarías el examen de las oposiciones a la Policía Local de Valencia?



El sindicato CSIF denuncia que el ejercicio «parece redactado para eliminar opositores»

ABC
@ABC_CValenciana
VALENCIA
Actualizado:
12/02/2019 20:55h

Preguntas sobre la tramitación de DNI, que compete a la Policía Nacional; relacionadas con el consentimiento paterno en el caso de aborto; o sobre el Estatuto de Autonomía de Navarra en lugar de cuestionar por el valenciano.

El sindicato CSIF ha expuesto este martes el malestar existente entre opositores por el primer ejercicio del examen en turno libre para la provisión de 40 plazas de agente de Policía Local de Valencia.


La central sindical subraya la especial dificultad de algunas preguntas “cuyo objetivo parece que sea eliminar aspirantes”, el carácter interpretable de alguna de ellas o incluso «errores en la plantilla de respuestas».

[Vea aquí las preguntas del examen (PDF)]

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que personas que llevan tres años estudiando se hayan encontrado con preguntas de redacción u opciones de contestación ambiguas, o que requieren respuestas tan precisas que se trata del número de un apartado de un artículo.



El sindicato continúa explicando que en la prueba celebrada el pasado fin de semana también había preguntas sobre la tramitación de DNI, que compete a Policía Nacional, o sobre el Estatuto de Autonomía de Navarra en lugar de cuestionar por el valenciano. Incluso sobre el consentimiento del padre en caso de aborto que, de acuerdo con el sindicato que preside Daniel Matoses, «puede tener una connotación más política».

La central sindical considera que este tipo de prueba “da la impresión de que pretende que solo pueda superarla un mínimo número de opositores de los 800 que optaban, de manera que se reduzca mucho la cifra de quienes pasan a las siguientes pruebas y acorten los plazos”. Del mismo modo, recalca que “algunas preguntas resultan tan complejas y alejadas del temario que posiblemente solo pueda responderlas con exactitud un número muy reducido de personas que conozca ese tema”.


El sindicato considera que quien ocupará una plaza de Policía Local debe tener la cualificación adecuada y ha de superar las pruebas necesarias. No obstante, también hace hincapié en que en un examen las preguntas y las respuestas deben estar claras y tienen que tratar sobre cuestiones que afrontará el futuro agente y no sobre temas que se alejan de su cometido.

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #268 en: 06 de Marzo de 2019, 06:30:43 am »
El controvertido examen de las oposiciones a Policía Local de Valencia con un 90% de suspensos
El sindicato CSIF denuncia la dificultad de una prueba con preguntas sobre el aborto o el Estatuto de Navarra

@ABC_CValenciana
Alberto Caparrós
Alberto Caparrós
@AlbertoCaparrs
VALENCIA
Actualizado:
05/03/2019 17:07h

El 90 por ciento ha suspendido. El sindicato CSIF lamenta que únicamente 86 de los más de 800 aspirantes que se presentaron a la primera prueba para acceder a la Policía Local de Valencia han logrado superarla. La central sindical ya advirtió el pasado mes de febrero de la especial dificultad de las preguntas y denuncia que parecían redactadas “para eliminar aspirantes”. Los resultados publicados han confirmado aquellas apreciaciones.


Del total de aprobados, once son mujeres. La convocatoria tiene reservadas ocho plazas para este colectivo. En el caso de que no superan las pruebas físicas o el psicotécnico no se cubriría el cupo mínimo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció públicamente el malestar existente entre opositores por el primer ejercicio del examen en turno libre para la provisión de 40 plazas de policía local de Valencia. Además de la dificultad en algunas cuestiones, en otras la contestación podía ser interpretable, e incluso «había errores en la planilla de respuestas».

El sindicato explica que la divulgación de las notas ha demostrado la dificultad. Apenas ha superado esta primera prueba el 10% de aspirantes. De los 86, únicamente cuatro han sacado más de siete puntos, “cuando en anteriores exámenes con una media de siete te quedabas fuera”. Ahora estos 86 supervivientes de la primera prueba deberán afrontar el test psicotécnico.


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[Vea aquí las preguntas del examen (PDF)]

CSIF lamenta que, después de años estudiando y preparándose el examen, las personas aspirantes a estas plazas se encontraron con preguntas de redacción u opciones de contestación ambiguas, o que requieren respuestas tan precisas que se trata del número de un apartado de un artículo. También había cuestiones sobre tramitación de DNI, que compete a Policía Nacional, o sobre el Estatuto de Autonomía de Navarra en lugar de cuestionar por el valenciano. Incluso sobre el consentimiento del padre en caso de aborto que puede tener una connotación más política.

[Del aborto al Estatuto de Navarra: ¿Aprobarías el examen de las oposiciones a la Policía Local de Valencia?]

La central sindical ya avisó que este tipo de prueba “da la impresión de que pretende que solo pueda superarla un mínimo número de opositores de los 800 que optaban, de manera que se reduzca mucho la cifra de quienes pasan a las siguientes pruebas y acorten los plazos”. Del mismo modo, recalcaba en la denuncia pública que hizo en febrero que “algunas preguntas resultan tan complejas y alejadas del temario que posiblemente solo pueda responderlas con exactitud un número muy reducido de personas que conozca ese tema”.


El sindicato considera que quien ocupará una plaza de Policía Local debe tener la cualificación adecuada y ha de superar las pruebas necesarias. No obstante, también hace hincapié en que en un examen las preguntas deben estar claras y tienen que tratar sobre cuestiones que afrontará el futuro agente y no sobre temas que se alejan de su cometido. :Burlan

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #269 en: 14 de Marzo de 2019, 18:08:29 pm »

SENTENCIA POR EL AMAÑO DE LAS OPOSICIONES EN LA POLICÍA LOCAL

El juez absuelve a los 45 procesados por el fraude en las oposiciones de la Policía Local


El magistrado considera que no ha quedado acreditado que los miembros del tribunal tuvieran un "concierto previo en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla a determinados opositores para que éstos aprobaran el proceso selectivo".
"No hay una sola prueba directa, lo suficientemente consistente" de que se produjo esa filtración por parte del tribunal de las oposiciones, asevera el magistrado David Candilejo, que argumenta que no se puede plantear que "como no se sabe quién ha sido, han debido de ser todos"
Uno de los sindicalistas acusados recibe el abrazo de un compañero de uniforme, tras conocer la sentencia absolutoriaUno de los sindicalistas acusados recibe el abrazo de un compañero de uniforme, tras conocer la sentencia absolutoria
Uno de los sindicalistas acusados recibe el abrazo de un compañero de uniforme, tras conocer la sentencia absolutoria / JUAN CARLOS MUÑOZ

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JORGE MUÑOZ
13 Marzo, 2019 - 12:05h

Absolución total. El juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo, ha notificado este miércoles la sentencia por el presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local, en la que ha acordado la absolución de los 45 acusados -37 de ellos policías locales-, que se enfrentaban a penas de inhabilitación y al pago de multas por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación y cohecho.


En la sentencia, que tiene una extensión de 238 folios, el juez no niega la filtración del examen de las oposiciones, sino que considera que no ha quedado acreditado que los miembros del tribunal tuvieran "un concierto previo en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla [de corrección] a determinados opositores para que éstos aprobaran el proceso selectivo". El magistrado reconoce que es cierto que algunos de los procesados sí han podido tener dicha plantilla con carácter previo al examen.


El juez considera que “aunque algunos de los exámenes de los acusados presentan similitud con la plantilla de corrección y dentro de ellos” el de dos acusados “práctica identidad en muchas preguntas, no queda acreditado el modo en que dichos acusados pudieran haber obtenido, en su caso, dicha plantilla con anterioridad al examen”.
 
La sentencia considera probado que, mediante Boletín Oficial de la Provincial (BOP) de fecha 11 de septiembre de 2008, se convocó un proceso de selección de aspirantes para cubrir 56 vacantes existentes en la Policía Local de Sevilla, mientras que por BOP de 1 de abril de 2011 se convocó un nuevo proceso de selección de aspirantes para cubrir 47 vacantes, de manera que, “pese a la distancia temporal entre la publicación de las convocatorias, ambas se desarrollaron en el tiempo de un modo casi consecutivo, comenzando por la de 47 plazas”.
 
A ambas oposiciones “concurrían aspirantes algunos de los cuales tenían ya familiares o amigos relacionados bien con la Policía Local o Nacional, bien con el sindicato profesional de policías municipales de España, careciendo otros muchos opositores aspirantes de dichos vínculos o incluso teniendo otros opositores vínculos ajenos al cuerpo policial en sí”.
 
También hubo opositores que eran "hijos, hermanos o sobrinos de Policía u opositores igualmente relacionados con el sindicato profesional de policías municipales de España (Sppme), que no han superado los procesos selectivos”. De igual modo, y según las bases de la convocatoria, “el tribunal tiene la última palabra en la calificación de las pruebas deportivas y médicas (incluyendo en estas las psicológicas), sin que se pueda considerar acreditado que el tribunal haya hecho uso de esta facultad para modificar el criterio del examinador deportivo o del evaluador médico o psicológico”.
 
El juez afirma, asimismo, que “no es algo ajeno a cualquier oposición en las que interviene un tribunal colegiado el hecho de que se elabore específicamente una plantilla de corrección, porque eso ayuda a unificar criterios a la hora de efectuar correcciones”, a lo que se suma que, durante el desarrollo de las pruebas escritas, “la posibilidad de copiado entre los opositores, por la distancia entre ellos, por la vigilancia y por la competitividad existente se considera algo poco probable”, mientras que, durante el periodo de preparación, “es común en las academias o por los preparadores particulares que se ofrezcan a los opositores unas pautas básicas que hacen que todos puedan llegar a abordar los casos prácticos abiertos de manera idéntica o muy similar”.
 
Seguidamente, el magistrado analiza aspectos como la composición del tribunal o las pruebas de las que constaba la oposición de 47 plazas y subraya que “no queda acreditado que los miembros del tribunal tuvieran un concierto previo en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla y su complemento a determinados opositores para que éstos aprobaran el proceso selectivo”, mientras que tampoco “queda acreditado” el modo en que los opositores acusados “pudieran haber obtenido, en su caso, dichas plantillas con anterioridad al examen”, misma conclusión a la que llega en relación a la oposición de 56 plazas.
El fallo concluye que "sin ese concierto y sin la acreditación por tanto de cómo llega la plantilla de corrección a manos de alguno o alguno de los acusados, el pronunciamiento ha de ser absolutorio para los miembros del tribunal por falta de acreditación del concierto previo y por ello igualmente de la autoría directa de la filtración; y para los opositores por el principio de tipicidad, al desconocer cómo y de qué forma , en su caso, han podido recibir la plantilla de corrección y sobre todo y fundamentalmente de quién la han podido recibir", explica el juez Candilejo.
Respecto a la oposición de 56 plazas, el magistrado resalta que “la principal novedad para esta convocatoria –a diferencia de la otra- era la entrada entre los miembros del tribunal de dos funcionarias de la Junta de Andalucía”, mientras que “otra de las novedades que por sugerencia de las nuevas vocales se introdujo fue la lectura del caso práctico por el opositor aspirante en audiencia pública y no a puerta cerrada, como era el caso de la convocatoria de 47 plazas”, lo que “dotaba al proceso de mayor transparencia, al tener el tribunal una composición más plural por la intervención en el mismo de miembros ajenos a la Policía Local, unido a las garantías que ofrece la lectura pública de las respuestas al caso práctico”.
 
Centrándose en el proceso selectivo de las 47 plazas, el juez sostiene que, “en el ámbito en el que nos encontramos, derecho penal, se necesita acreditar los extremos en los que se basa fácticamente cualquier acusación, y en este concreto caso la primera duda que surge es la acreditación del concierto previo, es decir la afirmación que se realiza por las acusaciones de que todos los miembros del tribunal”, con la excepción de uno de ellos, “con la intención de favorecer a los opositores... filtraron, de modo selectivo e intencionado, la plantilla de corrección”.
 
EL JUEZ CONSIDERA QUE "NO HAY UNA SOLA PRUEBA DIRECTA" DE QUE EL TRIBUNAL FILTRARA LA PLANTILLA DE CORRECCIÓN

El juez considera que en este sentido “no hay una sola prueba directa, es decir, no hay ni una sola prueba lo suficientemente consistente que haya podido ser aportada por las acusaciones”, e incide en que “no es penalmente admisible que sin alguna prueba o evidencia del concierto previo, podamos concluir que todos y cada uno de los miembros del tribunal son responsables del delito de revelación de secretos, porque la conclusión debe ser precisamente la contraria”, ya que, “si desconozco qué miembro del tribunal ha filtrado la plantilla de corrección (dando por hecho que se hubiera filtrado a los meros efectos dialécticos para resolver esta concreta cuestión), no puedo atribuírsela a todos, al menos no a título directo como hacen las acusaciones”.
 
Según argumenta el magistrado, “no hay elementos de cargo suficientes como para individualizar la conducta de la cual se acusa a los miembros del tribunal y por tanto atribuírsela a algunos de ellos en concreto (...), no aguantando la aplicación del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo el silogismo planteado de entender que, como no se sabe quién ha sido, han debido de ser todos, y ello tanto para el delito de revelación de secretos como para el delito de prevaricación, pues éste se anuda fácticamente a aquel”.
 
Algunos de los acusados sí han podido tener la plantilla antes del examen
En relación a los opositores de la oposición de 47 plazas, asevera que “se puede concluir que algunos de los acusados ciertamente han podido tener la plantilla de corrección a su disposición con carácter previo al examen, pero en este punto también entra en juego el principio de tipicidad en lo atinente al hecho de que la obtención la deben de haber obtenido de un funcionario público”.
 
“En este caso concreto, no consta acreditado el concierto previo por parte del tribunal para la filtración del examen ni la actividad particular de cada miembro del tribunal al respecto”, insiste el juez, que agrega que “es imposible determinar el modo y manera en el que la filtración haya podido en su caso tener lugar”.
 
En relación al proceso selectivo de 56 plazas, el magistrado incide que “el principio de intervención mínima del derecho penal y el principio in dubio pro reo, unidos al sacrosanto principio de presunción de inocencia, hacen que no podamos tener por acreditado el concierto del que se acusa a los miembros del tribunal”, y “sin ese concierto y sin la acreditación por tanto de cómo llega la plantilla de corrección a manos de alguno o algunos de los acusados, el pronunciamiento, al igual que ocurrió con la oposición de 47 plazas, ha de ser absolutorio para los miembros del tribunal por falta de acreditación del concierto previo y por ello igualmente de la autoría directa de la filtración; y para los opositores por el principio de tipicidad, al desconocer cómo y de qué forma, en su caso, han podido recibir la plantilla de corrección y sobre todo y fundamentalmente de quién la han podido recibir”.
 
El juez agrega que, “por supuesto, la absolución ha de abarcar necesariamente también el delito de prevaricación”.
37 policías juzgados entre los 45 procesados
 MÁS INFORMACIÓN
Archivo: Oposiciones Policía Local de Sevilla (Pdf)
Concluye el juicio del amaño de las oposiciones de la Policía Local
El tribunal niega irregularidades en las oposiciones de la Policía Local
La Fiscalía pide investigar la filtración de datos médicos en el juicio de los policías locales
Entre los 45 acusados hay 37 policías locales que eran sospechosos de tener acceso a los exámenes antes de las pruebas. El resto son los miembros del tribunal, cuyo presidente era el superintendente de la Policía Local Juan José García, y en el que había otros agentes veteranos y componentes del sindicato mayoritario, el Sppme. También hay dos funcionarios investigados, así como el delegado de la empresa que surte de material a la Policía Local, cuyo hijo accedió al cuerpo en las oposiciones.

La Fiscalía de Sevilla había solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos para el superintendente de la Policía Local Juan José García por el fraude de las oposiciones, en el que están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. El Ministerio Público reclamaba para estos agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.

El Ministerio Público pedía además que se declarasen nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados, dado que las resoluciones dictadas por el tribunal dimanan de delitos de prevaricación y de delito de descubrimiento y revelación de secretos, y reclamaba que de las “consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad" respondieran todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, que según la Fiscalía debía ser declarado responsable civil subsidiario.

El juez de lo Penal 10, David Candilejo, que ha dictado la sentencia.El juez de lo Penal 10, David Candilejo, que ha dictado la sentencia.
El juez de lo Penal 10, David Candilejo, que ha dictado la sentencia. / BELÉN VARGAS

El Ministerio Público solicitaba la misma pena de multa de 5.400 euros y de 13 años de inhabilitación para otros miembros del tribunal y un funcionario del Ayuntamiento –que no intervino en la filtración de la plantilla pero “tuvo suficientes elementos para sospecharla, pero no formuló objeción alguna” que han sido procesados.

La Fiscalía explica en su escrito de acusación, que al final del juicio elevó a definitivo, que entre las personas que aprobaron se encontraban el hermano de la “compañera sentimental” del superintendente y un sobrino suyo, pese a lo cual “no se abstuvo de participar” en el proceso de las oposiciones, en el que actuó como presidente del tribunal calificador. Según la Fiscalía, la misma causa de abstención concurría en un vocal suplente, que es miembro de la junta de personal del Ayuntamiento de Sevilla y había compartido “muchos años” de labores sindicales con el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), cuyo hijo figuraba entre los opositores.

Para este sindicalista procesado, la Fiscalía exigió además dos años de prisión por un delito de cohecho, después de que en febrero de 2014 fuese invitado al Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) por el empresario que suministraba el vestuario de la Policía Local de Sevilla entre 2007 y 2013, y cuyo hijo también fue uno de los aspirantes supuestamente beneficiarios de la filtración. La misma pena de dos años de cárcel se solicitaba para el empresario que suministraba la ropa a los policías locales.

Decía la Fiscalía que Juan José García y varios miembros del tribunal, incluido el vocal suplente, “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a 19 aspirantes al cuerpo de la Policía Local para un proceso de 47 plazas convocado en abril de 2011 y otro de 51 plazas que había sido convocado en 2008.

Una imagen de la primera sesión del juicio, que arrancó en septiembre de 2018.Una imagen de la primera sesión del juicio, que arrancó en septiembre de 2018.
Una imagen de la primera sesión del juicio, que arrancó en septiembre de 2018. / BELÉN VARGAS

 

Según el Ministerio Público, para “garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada”.

Con respecto a las oposiciones de 56 plazas, la Fiscalía señala que a la misma concurrían determinados aspirantes a los que, “por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y de aprobar [por parte del superintendente y otro acusado], con independencia de sus méritos y aun cuando dicha resolución fuera injusta”.

El Ministerio Público explica que el papel en este caso de dos funcionarios del Ayuntamiento procesados consistía en “hacer la vista gorda a las irregularidades que cometieran y consentir no sólo con su silencio pasivo las mismas, sino incluso colaborar con ellas de modo activo, facilitando a los acusados, con anticipación suficiente, las preguntas y respuestas que ambos iban a formular en el cuestionario tipo test”.


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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #270 en: 07 de Abril de 2019, 20:52:30 pm »


EL GOBIERNO LOCAL LAS PARALIZÓ

Fiscalía investiga las pruebas para 15 plazas de policía local bajo sospecha en Benidorm


Alba Mercader
BENIDORM
 
 Foto: PEPE OLIVARES.
5/04/2019 -
BENIDORM. La Fiscalía ha abierto diligencias de Investigación Penal por las pruebas a policía local en Benidorm, tal y como trasladó el PSOE en una rueda de prensa este jueves. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, suspendió el procedimiento tras conocer que el acta del tribunal calificador, donde acordaba anular y dejar sin efecto la prueba escrita tipo test sobre las que se había sembrado la duda por las supuestas ilegalidades que se dieron durante el examen.

Según indicó el portavoz de los socialistas, Rubén Martínez, la Agencia Valenciana Antifraude mandó este procedimiento a Fiscalía, con la consecuente apertura de diligencias. Así, investigará la posible filtración de las respuestas del examen, pudiendo dichos hechos ser constitutivos del delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Al mismo tiempo, recoge que el Consistorio remitió la información de forma parcial y sesgada a la Agencia Antifraude.

En relación a esta información, el portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, José Ramón González de Zárate, recordó que el pasado mes de diciembre pidieron a la Agencia Valenciana Antifraude “colaboración” para investigar lo sucedido en torno al concurso-oposición para la cobertura de plazas de Policía Local, a raíz de la denuncia de supuestas filtraciones hecha por un aspirante. Asimismo, incidió en que en enero el Ayuntamiento remitió a la Fiscalía documentación relativa al proceso selectivo.


Benidorm anula las pruebas realizadas para 15 plazas de policía ante las dudas de su legalidad
ALBA MERCADER
Los populares apuntan a que antes de que se pronunciara la Agencia Valenciana Antifraude, ya lo habría hecho el Ayuntamiento el pasado 4 de diciembre, cuando trasladaron toda la documentación a este organismo valenciano, y se reclama la colaboración de dicha Agencia para investigar lo sucedido. Concretamente, se apunta que “sería muy útil que mediante el instrumento más urgente formalicemos esa colaboración”, y se pide al organismo que “envíe equipo para labor de investigación ‘in situ’ en el Ayuntamiento de Benidorm”.

Todo ello viene en relación a la memoria publicada por Antifraude, donde dedican parte de este documento a las actuaciones realizadas en la ciudad de los rascacielos en el último año. Un anuario que según Martínez, ha sacado “los colores” al gobierno del PP por incumplir las resoluciones de protección de personas denunciantes.

Al margen de lo ocurrido con las oposiciones a la Policía Local, el mayor espacio se lo dedican al caso del funcionario que protegió precisamente este organismo, el criminólogo de Benidorm, que sigue en litigios con el Ayuntamiento después de haber sido sancionado por tres años suspendiéndole de empleo y sueldo.

En la citada Memoria, se señala que en el caso del funcionario de carrera el alcalde cuestionara, tanto la competencia de la Agencia, en aras “a la autonomía municipal”, como el contenido de la resolución de protección emitida.

De igual forma, la Agencia cuestiona que ante la protección que concedió al funcionario, el alcalde solicitase que se revisara la condición de estatuto de persona denunciante “al no apreciar ni constar la causa de corrupción o fraude” y que se iniciase un procedimiento para comprobar la falsedad de la denuncia efectuada por el funcionario. Además “sin motivar en qué sustentaba dicha solicitud ni siquiera aludiendo a que circunstancias concurrían, según su entender, para considerar que la denuncia se hubiera formulado o hubiera proporcionado información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita”.

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #271 en: 11 de Abril de 2019, 13:55:11 pm »


Impugnan un examen para ampliar la plantilla de la Policía Local de Arahal por considerarse «ambiguo»


El supuesto práctico «no se pregunta nada concreto, es una exposición cuya respuesta no se adapta a la aplicación de ninguna normativa»

C. González
Arahal
Actualizado:
05/04/2019 08:24h
NOTICIAS RELACIONADAS
El Ayuntamiento de Arahal convoca 10 plazas de agentes de policía
Uno de los exámenes para cubrir cuatro plazas de la Policía Local de Arahal, realizado este pasado miércoles por 289 aspirantes, será impugnado por considerar que en el segundo apartado «no se pregunta nada concreto, es una exposición ambigua cuya respuesta no se adapta a la aplicación de ninguna normativa».


El examen de dicha convocatoria se desarrolló en el IES La Campiña de Arahal. Se trata de un caso práctico dividido en dos puntos. En el primero de ellos (apartado A) exponían tres accidentes de tráfico para su resolución. Y, en el segundo (apartado B), una exposición que decía lo siguiente: «A consecuencia del elevado número de accidentes de circulación existen numerosas quejas de vecinos al respecto».

Según el presidente de la Asociación Andaluza de Defensa del Opositor, Pedro Meléndez, el apartado B «no es una pregunta, está basado en una suposición que da lugar a multitud de interpretaciones sin base para valorarlas».



Meléndez asegura que los alumnos asociados van a impugnar el examen y que desde el miércoles no paran de llegar quejas en este sentido por parte de los opositores que se han presentado.

Meléndez explicó a ABC que ya, durante la celebración del examen, algunos alumnos preguntaron sobre el apartado B a la secretaria del Ayuntamiento de Arahal. «Pidieron que dijera cuál era exactamente la pregunta», apuntó.

Para los opositores, es «tan ambigua que cada uno la ha interpretado de una manera diferente; unos por la Ley de Seguridad Vial; otros por el derecho administrativo, y otros simplemente no la han respondido».


La pregunta polémica del examen
La pregunta polémica del examen - C. G.
Y lo que es «peor» todavía para Pedro Meléndez es que esta pregunta vale 5 puntos, es decir, es la mitad del examen y «una de dos, o haces la primera parte perfecta, o no aprueba nadie porque en la segunda parte muchos la han dejado sin contestar y los que lo han hecho no tienen base normativa para saber si la han respondido bien o mal».

Además, para el presidente de esta asociación, la convocatoria era para cuatro plazas de Policía Local y la persona que ha realizado el examen es agente de la Policía Nacional, por elección de la secretaria municipal.


Meléndez considera que «no tiene sentido que elabore un examen con supuestos prácticos de tráfico un policía nacional que no tiene competencias en la materia y menos que no haya ningún representante de la Policía Local en el tribunal».

Es más, recrimina a la secretaria que haya elegido «a trabajadores municipales para estar en el tribunal y vigilar en el examen y no hay ni un solo representante de los agentes locales».

Pedro Meléndez señala otra anomalía en el examen y es que en uno de los supuestos prácticos, el primero, se habla de un vehículo «de gran cilindrada», sin concretar cuál es, «por lo que se deja a la libre interpretación de los opositores».

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #272 en: 16 de Julio de 2019, 06:49:47 am »

Polémica en el examen de acceso a la Guardia Civil: una asociación denuncia supuestas filtraciones
La AUGC ha presentado un escrito ante la Jefatura de Enseñanza por posibles errores en las pruebas de ortografía y de idiomas.
15 julio, 2019 13:55

Gonzalo Araluce @GonzaloAraluce

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha enviado un escrito a la Jefatura de Enseñanza del Instituto Armado en el que denuncia supuestas irregularidades en el examen de acceso al cuerpo. En concreto, apuntan a supuestas filtraciones en las pruebas de ortografía y de idiomas.

La AUGC habla de "indignación" entre los opositores que aspiraban a entrar en la Guardia Civil. Durante el fin de semana, casi 30.000 personas se presentaron a las pruebas de acceso, en una convocatoria con 2.210 plazas.

Según la asociación de la Guardia Civil, "existe entre los opositores un gran malestar debido a la supuesta filtración de las plantillas de los exámenes de ortografía, con las respuestas correctas y sus correspondientes preguntas": "Al parecer, estas filtraciones podrían haberse producido en redes sociales incluso durante la realización del ejercicio".

También consideran que hubo "dificultad de los exámenes de ortografía entre uno y otro día": "Por parte de los opositores del sábado se recalca la sencillez del ejercicio del día siguiente en relación al suyo, así como la repetición de algunas preguntas en esta pregunta, rebajando aún más el nivel de dificultad, y la consiguiente eliminación del principio de igualdad entre opositores a la mismas plazas de funcionario público".

La polémica no se centraría sólo en el examen de ortografía. AUGC denuncia que el examen de idiomas que se hizo el sábado "fue fotografiado y difundido". Y que esas preguntas se repitieron el segundo día, con las consecuentes facilidades que encontraron los opositores que se presentaron el domingo.

La asociación lamenta que no se dispongan de recursos suficientes para realizar el examen a todos los opositores al mismo tiempo, en lugar de celebrarlo en dos días consecutivos: "Hemos presentado ya un escrito en la Dirección General remitido a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil en el que se requiere una respuesta ante estas acusaciones, así como las posibles medidas correctoras a adoptar en el caso de que se verifiquen las mismas".



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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #273 en: 17 de Julio de 2019, 07:32:33 am »

denuncian una presunta filtración
'Hazquirente' o 'javaque': las polémicas palabras del examen de la Guardia Civil
Casi 4.000 aspirantes a ingresar en la Guardia Civil piden impugnar la prueba de ortografía porque creen que era de nivel superior a la siguiente y contenía palabras en desuso o inexistentes

Paola Bruni
16/07/2019 12:04 - Actualizado: 16/07/2019 12:49

'Javaque', 'halodio', 'hazquirente', 'sallal', 'avate', 'franjeó', 'frange', 'embanecido', 'Quincaya'...: esas son algunas de las palabras que contenía el examen al que se sometieron el sábado los aspirantes a ingresar en la Guardia Civil.

Por eso, casi 4.000 de ellos han pedido impugnar la prueba de ortografía al constatar "la poca equidad existente entre el examen del día 13 y el del 14, desfavoreciendo sustancialmente a los opositores del primer día de pruebas".

En una petición en Change.org dirigidida a la Jefatura de enseñananza de la Guardia Civil que han firmado por ahora más de 4.100 personas, consideran comprobado que la prueba del sábado 13 utilizaba palabra en "desuso y de difícil comprensión", mientras que las del día 14 eran "todas de fácil entendimiento y del nivel que realmente exige la convocatoria".

Un vehículo de la Guardia Civil. (EFE)
Un vehículo de la Guardia Civil. (EFE)

Además, denuncian la presunta filtración de la prueba por parte de algunas academias durante la realización del mismo, informando de las palabras correctas y erróneas, lo que supondría "un grave perjurio a la transparencia e igualdad" del proceso. Los opositores debían marcar de un listado de 40 palabras cuáles estaban correctamente escritas y cuáles no.

Según explican, estas pruebas atentan contra la igualdad de oportunidades al no tratase de una convocatoria única en toda España, sino de un proceso selectivo en dos días al que se han presentado 27.300 aspirantes para 2.000 plazas de la escala de cabos y guardias del cuerpo, la mayor convocatoria en los últimos diez años.

Tanto el sábado como el domingo, los candidatos tuvieron que enfrentarse a las pruebas de conocimientos, lengua extranjera y ortografía.

Frente a las palabras del sábado, los afectados contraponen algunas de las que aparecieron en el examen del domingo: 'horchata', 'exuberante', 'hevento', 'agaya', 'esplendoroso', 'alcornoque', 'hapoteosis', 'infeccion', 'excursión', 'deanvular'...

Desde la Dirección General de la Guardia Civil rechazan las acusaciones y recuerdan a Efe que los dos modelos de examen se sortean delante de los opositores y que tienen un nivel de dificultad similar. Además el insituto armado insiste en que todos los aspirantes se examinan simultáneamente en las 16 sedes habilitadas y que ninguna puede salir hasta que termine la prueba, a la que se prohíbe la entrada con dispositivos electrónicos.

La Asociación de Guardias Civiles (AUGC) explica en un comunicado que "la Guardia Civil debería mejorar en su funcionamiento interno para acabar con las muestras de improvisación y falta de rigor que viene mostrando en los procesos de selección" y ha presentado también un escrito ante la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil en el que solicita "medidas correctoras" de confirmarse las acusaciones

Según AUGC, el examen de idiomas realizado el sábado fue fotografiado y difundido, siendo esas preguntas repetidas en el examen del domingo y "facilitando así la citada prueba a quienes participaron el segundo día". Por eso, la asociación considera que el malestar "podría haberse evitado fácilmente de haberse realizado el examen simultáneamente a todos los aspirantes, en lugar de llevarse a cabo en días distintos".

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #274 en: 12 de Agosto de 2019, 09:38:06 am »

 El guardia civil Javier Correa muestra el recurso de alzada contra el test de ortografía.


La "jugada maestra" del guardia civil 'Fleki' para 'salvar' a su hijo del polémico test de ortografía


Este agente jubilado va a por todas. Ha presentado un recurso para anular el examen y advierte: "Todavía tengo un as bajo la manga". 
12 agosto, 2019 02:46

 GUARDIA CIVIL  OPOSICIONES  ORTOGRAFÍA EXÁMENES
Enrique Recio  @RecioEN
"¡Esto es una injusticia, y no voy a parar hasta que nos den la razón porque la tenemos!". Javier Correa trata de contenerse, pero cesa en su intento. Este guardia civil retirado lleva casi un mes inmerso en una batalla administrativa contra el Cuerpo al que pertenece únicamente por E., su hijo pequeño. Un aspirante a guardia civil que, al igual que otros 10.000 compañeros, suspendió el polémico examen de ortografía en las oposiciones el pasado 13 de julio. 

Su caso, si cabe, es incluso más abusivo que el del resto de opositores suspensos. No solo se trata de que le tocase la prueba del sábado, mucho más difícil que la del domingo, en la que suspendieron seis de cada diez aspirantes que se presentaron, frente al 70% de aprobados que hubo en el segundo test. El hijo de Javier marcó como incorrecta la palabra "javaque", la única que el tribunal anuló días después, ante las quejas masivas.

Había acertado sí, pero la palabra no existía y la Guardia Civil la eliminó del examen. ¿Que ocurría? E. pasó de tener 10 fallos, es decir, estar aprobado, a tener 11 y, por tanto, quedarse fuera. Rozó con los dedos pasar a la siguiente fase. "Mi hijo está hundido; algo lógico después de haber estado un año preparándose en la academia, haber puesto todos sus esfuerzos en ello y además lograr una buena posición allí. Pero cuidado, no todo está perdido", alerta este agente de 53 años.

¿Se filtró el examen?
Javier Correa, más conocido por sus colegas de oficio como Fleki, cita a EL ESPAÑOL en el centro de Madrid para desentrañar una parte de su jugada maestra de cara a que se anule el examen de ortografía. Ese primer paso se trata de un recurso de alzada. Una suerte de demanda que, en este caso, envió a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil hace unas semanas. En ella, este guardia civil, lejos de quedarse en la comparativa de los dos exámenes, se apoya en sentencias de los tribunales, en el incumplimiento de normativas y hasta incluso en la posible filtración de la polémica prueba.


 El recurso de alzada de 'Fleki' para impugnar el examen de ortografía 10 fotos
El recurso de alzada de 'Fleki' para impugnar el examen de ortografía
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Fleki va a por todas. "Tengo a mis espaldas años de servicio, de dirigir investigaciones, cinco atentados de ETA, él último me pilló y por eso me retiraron —tiene un 68% de discapacidad—, ¿se creen que me voy a quedar de brazos cruzados? La respuesta es no", dice convencido Javier, que también ostenta el cargo de coordinador nacional de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE).

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, consta de varias alegaciones. Una de las primeras es la del quebrantamiento del principio de igualdad en el acceso a la función pública, en relación a los principios de mérito y capacidad establecidos en la Constitución. Javier Correa es tajante. Su hijo señaló bien el error en la palabra anulada, y el tribunal jamás lo tuvo en cuenta.

"Es una clara desventaja dejar la prueba del sábado 13 de julio solo con 39 palabras, cuando en la Convocatoria se indica que son 40", dice el escrito. Y además, este guardia civil incide en que, por supuesto, no es "proporcional la diferencia de dificultad entre las pruebas de ortografía realizada los días 13 y 14 de julio". Y más teniendo en cuenta que la prueba tiene que ser "inherente a la titulación académica de la titulación exigida". El requisito es tener la Educación Secundaría Obligatoria (ESO), al menos hasta 2020, cuando se exigirá estudios superiores.

Las grabaciones
Javier estalla. "Entonces, ¿cómo se les ocurre poner en la prueba palabras que se utilizaban en la conquista de América?", crítica. La cuestión de méritos además no es un problema para el hijo del guardia civil, pues "es trilingüe y tiene el Bachillerato", según cuenta su padre a este periódico. Aunque eso le da lo mismo, "lo importante es que haya justicia para todos".

En el recurso de alzada, también se hace mención al incumplimiento de normativas en el examen. Entre ellas, que la convocatoria de las oposiciones jamás señaló que "se pudiesen anular palabras ni que no hubiese palabras de sustitución" en su caso.  Tampoco por qué no se anularon también otras palabras como "Embanecido", "Franje", "Quincaya" y "Avalorio", pues el examen hablaba de detectar fallos ortográficos, no palabras ortográficamente bien o mal escritas. Correa advierte, sin apenas gesticular, sobre la mesa de la cafetería en la que conversa con este diario, "no olviden que las normas son la Ley", así que la prueba podría ser "perfectamente anulable".

Las sospechas sobre la filtración de los exámenes de ortografía es una de las partes fuertes. El documento, en el punto cinco y seis, relata cómo antes de producirse la salida de los aspirantes del lugar donde se celebraban las pruebas escritas, "la Academia Level 112, ubicada en Murcia, enviaba por medios electrónicos la plantilla correctora provisional del examen, sin ningún fallo en las palabras y en el resultado de la corrección". También ocurrió en el examen del domingo. ¿Coincidencia? Tal vez sea complicado creerlo.

 El polémico test de ortografía de las oposiciones a la Guardia Civil.
El polémico test de ortografía de las oposiciones a la Guardia Civil.

Y no solo eso, este guardia civil especializado en terrorismo también incluye el testimonio de una aspirante que denuncia textualmente cómo se filtraron los test. "...y me dijo la pregunta con las cuatro respuestas, y justo en el examen salieron... salió esa pregunta con esas respuestas", expone el documento. Javier, incrédulo, se pregunta: "¿Lo está investigando alguien?". "Puedes imaginártelo...", se responde.

Antecedentes
En el noveno punto, Javier Correa indice en que existen antecedentes en la anulación de la prueba ortográfica en unas oposiciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fue en las del Cuerpo Nacional de Policía en 2015. "Por los múltiples errores en la confección de la prueba ortográfica, se decidió la anulación de doce palabras de ortografía. Y no solo fue ese año, también en 2017. En ese caso, se anuló toda prueba de ortografía por los "múltiples errores en la confección de la prueba y ante la sospecha de la posible filtración del examen".

"¿Por que no ocurre esto último también en el examen de la Guardia Civil y sí en la Policía? ¿No es lo mismo?", se pregunta Fleki. "Ya no estamos en el siglo XX, el Cuerpo debería dar ejemplo y ser democrático", responde el agente.

Para el final, deja su baza más fuerte. Diversas sentencias de diferentes Salas de lo contencioso-administrativo. Entre ellas, la que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha el 3 de marzo de 2015, en la que se indica como prueba concluyente "la diferencia de porcentaje entre unos aprobados y suspensos en una prueba realizada en dos llamamientos".

Se trataba también de una prueba de ortografía, como en el caso de la Guardia Civil, para lograr una plaza como auxiliar administrativo. En este caso, el porcentaje entre aprobados y suspensos era todavía más notorio. En el turno de la mañana aprobó el 28%, mientras que en el de la tarde aumentó el número hasta el 72%. 

Hasta el momento, estas son las cartas con la que esta jugando Javier su partida. La Jefatura de Enseñanza tiene de plazo un mes para contestar a su recurso, pero este guardia civil cuenta con que no van a mover un dedo hasta septiembre, cuando ya se haya celebrado la segunda parte de las oposiciones: las pruebas médicas, físicas y psicotécnicas. Tampoco le preocupa y es que, si todo sigue así, sin movimiento por parte de nadie, tiene un as bajo la manga que nadie espera, y que haría historia en el Cuerpo de la Guardia Civil. Es la segunda parte de su jugada maestra, y de la que todavía, dice, no puede hablar.   

Eso sí, tiene algo muy claro. Aunque goza de muchos contactos, tras haber luchado media vida contra el terrorismo en el País Vasco, nunca aceptaría que en la Jefatura hicieran la vista gorda y aprobase solo a su hijo. "Yo quiero que se impugne la prueba y que todos la vuelvan a repetir; creo que hay posibilidades y si no que se preparen porque iremos a los juzgados", sentencia. 

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #275 en: 18 de Agosto de 2019, 06:40:14 am »
 

SERGIO RÍOS

El juez investiga irregularidades en la oposición a policía del chófer de Bárcenas


Barajan la hipótesis de que su inusual entrada en el Cuerpo pudo responder a una compensación por los servicios prestados, complementaria a los pagos en efectivo que también percibió
JOSÉ MARÍA OLMO
BEATRIZ PARERA
Luis Bárcenas
Audiencia Nacional
Jorge Fernández Díaz
Ministerio del Interior
Espionaje
18/08/2019 05:00
Nuevo frente en la pieza del caso Villarejo sobre el supuesto espionaje a Luis Bárcenas a cargo de los fondos reservados durante la última etapa del Ejecutivo del PP. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga irregularidades en el acceso a la Policía del que fuera chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos, la persona que se encargó de suministrar información desde su núcleo íntimo familiar.

 
Los investigadores barajan la hipótesis de que su inusual entrada en el Cuerpo pudo responder a una compensación por los servicios prestados, complementaria a los pagos en efectivo que también percibió en la etapa en la que el Ministerio del Interior se encontraba bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz. Ríos se encuentra imputado en la séptima pieza separada del caso Tándem, bautizada como Kitchen y que ya salpica a varios mandos policiales a las órdenes de Interior entre los años 2013 y 2015, acusados de promover un control extrajudicial de Bárcenas y el robo de pruebas contra el PP que pudiera tener en su poder.

El chófer del extesorero aprobó las oposiciones en el año 2014 con una trayectoria profesional a sus espaldas cuanto menos rocambolesca

 
El chófer aprobó las oposiciones en 2014 con una trayectoria profesional a sus espaldas cuanto menos rocambolesca. Fue militar, portero de discoteca, vigilante de seguridad y conductor de cargos 'populares', entre ellos el ahora imputado en Púnica, Francisco Granados. En 2014, cuando contaba con 40 años, dio el salto a la Policía tras superar una oposición que requiere habitualmente de una amplia preparación.

Aprobó las pruebas y superó el curso en la Academia de Policía de Ávila. Juró el cargo en mayo de 2017 y consiguió, tras pasar por destinos en distintos puntos de España, ser ubicado en Madrid en las cercanías de su domicilio familiar, apuntan las fuentes consultadas. Las sospechas sobre si pudo recibir 'ayuda externa' para obtener tanto su actual condición de agente como su actual puesto han conducido a analizar todo el proceso.


El chófer de Bárcenas asegura que un policía cercano a Cospedal le pidió unirse a Kitchen
PABLO GABILONDO
 
En una última declaración ante el instructor prestada de forma voluntaria, Ríos se decantó, tras negarse en un inicio a declarar, por reconocer la mayor parte de los hechos. Tras ser captado con la presunta colaboración del inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, el chófer del extesorero pasó presuntamente a estar a las órdenes del comisario de la Policía Nacional ya jubilado, Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y sus hombres. El Gordo y sus colaboradores le garantizaron un sueldo mensual de 2.000 euros que saldría de los fondos reservados. También le ayudaron con una licencia de arma corta y le prometieron que, cuando la operación Kitchen terminara, le meterían en el cuerpo, como así ocurrió años más tarde. La ayuda del chófer acabó siendo determinante para que Interior pudiera acceder a los papeles que guardaba Bárcenas.

 
El tribunal de oposición
Entre los aspectos que revisa la Audiencia Nacional se encuentra la composición del tribunal ante el que opositó Ríos en 2015. Para el acceso es necesario superar pruebas físicas, teóricas y de ortografía, un reconocimiento médico, entrevista personal y test psicotécnicos. El temario incluye una cuarentena de temas centrados en las ciencias jurídicas, sociales y técnico-científicas.

La calificación final, que determina el acceso o el rechazo, depende de esos tribunales, cuya composición se publica en el Boletín Oficial del Estado. Para cada convocatoria se conforman hasta cuatro de ellos y uno de suplencia, compuestos por seis miembros cada uno con la participación de inspectores jefe de la Policía y subinspectores

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Re:Nulidad de los procesos selectivos
« Respuesta #276 en: 30 de Agosto de 2019, 07:31:28 am »

Opositores a policía denuncian represalias por recurrir una prueba en los juzgados


Presentaron alegaciones a un suspenso en la entrevista, el TSJ de Madrid les dio la razón y han sido rechazados en el psicotécnico

Policía nacional.
photo_cameraPolicía nacional.
30/08/19 access_time 1:04
Entre 40.000 y 50.000 personas se presentan cada año a las oposiciones a Policía Nacional. Sin embargo, la mayoría se queda fuera debido al escaso número de plazas por cubrir. En 2018, sin ir más lejos, la oferta pública de empleo se realizó para  2.900 nuevos agentes.

Uno de los años en los que las plazas estaban más 'caras' fue el 2015. Con cerca de 60.000 opositores presentados, solo había 1.299 vacantes por cubrir, lo que significa que, por cada plaza en liza, aspiraban 44 personas.

Ese año, una vez concluida esa prueba de acceso, 29 opositores decidieron acudir a la justicia madrileña para recurrir su suspenso en la penúltima prueba de acceso: la entrevista. Consideraban que su evaluación no había sido justa y que se les debía aprobar y dejarles pasar a la última fase, el examen psicotécnico.

Estos aspirantes a policías ya habían superado la prueba física y la de conocimientos, y vieron truncadas sus aspiraciones justo a la mitad del proceso.

Antes de llevar el caso a los tribunales, decidieron presentar un recurso de alzada en la Dirección General de la Policía Nacional por haberles suspendido la prueba. Los examinadores, sin embargo, se ratificaron en su calificación.


El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2015, pero la resolución se hizo esperar tres años. En 2018, el juzgado falló a favor de los demandantes.

Así las cosas, el Tribunal Calificador de la Dirección General de Policía debía dar la entrevista por apta y permitir a los opositores realizar la prueba psicotécnica, la última que tenían que pasar para aprobar y entrar en el Cuerpo de Policía.

En la sentencia, a la que ha podido acceder Confidencial Digital, se especifica que “la estimación del presente recurso debe comportar reconocer el derecho de la recurrente a ser declarada "apta" en la "entrevista personal" que realizó”.

“La entrevista personal tiene naturaleza de prueba de exclusión”
En las bases de la convocatoria está establecido que, previo a la entrevista personal, se realiza un test de personalidad y un test de información biográfica.

“A partir del resultado obtenido y teniendo en cuenta el referido cuestionario, se investigarán en el aspirante los factores de socialización, comunicación, motivación, rasgos de personalidad, rasgos clínicos y cualidades profesionales”, señalan las bases.

La sentencia del TSJ de Madrid establece que, en consecuencia, “la entrevista personal, igual que la prueba médica o de ortografía, tiene naturaleza de prueba de exclusión”.

En la misma, “no es preciso eliminar aspirantes según sus méritos y capacidad. Es ésta una prueba similar a la prueba de reconocimiento médico, en la que corresponde no admitir a los aspirantes que presenten modos de ser no idóneos para la función policial”.

A la hora de asistir al juicio, la Dirección General de la Policía no aportó los test de personalidad, en los que se basa la entrevista, de ninguno de los aspirantes como prueba.

Paso a la prueba psicotécnica
La sentencia señalaba, además, que al darse por apta la entrevista personal, se debía proceder a realizar a estos aspirantes “nuevos test psicotécnicos, con los mismos parámetros y criterios seguidos en la convocatoria recurrida”.

Los opositores debían ser valorados “en los mismos criterios” y, en caso de obtener una puntuación igual o superior al último seleccionado, debían ser “admitidos en el curso del proceso selectivo para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía”.

“El psicotécnico fue más difícil”
Algunos de los 29 opositores que recurrieron y ganaron el juicio explican al Confidencial Digital que, cuando les tocó hacer el psicotécnico como se había establecido por sentencia judicial, el Área de Procesos Selectivos de la Policía Nacional no cumplió con los requisitos indicados por el juez.

La prueba, que se realizó el 27 de junio de este año, fue “más difícil y en menos tiempo” que la que les habían realizado a sus compañeros en la promoción de 2015, cuando a ellos les hubiese correspondido llevarla a cabo.

Ninguno de los aspirantes que había recurrido pasó la prueba, ya que no superaron la puntuación de 4,67 la establecida en el 2015, año de su promoción.

Los opositores decidieron volver a recurrir alegando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se había incumplido al realizarles una prueba distinta a la que les correspondía y “más complicada”. Este segundo recurso todavía se encuentra en trámite.

Sin relojes
Una de los aspirantes ha declarado a ECD que, antes del examen, uno de los miembros del Tribunal les hizo quitarse y dejar a un lado todos los relojes. Además, les revisaron los teléfonos móviles: “Tocaban todos los botones, yo creo que para ver si estábamos grabando. Además no había relojes en la sala”.

“Esto solo es una prueba más de la falta de transparencia en las oposiciones”, señala la aspirante.

Aprobados tiempo después
De las 29 personas que realizaron el examen psicotécnico ese día, tan solo 28 hicieron el test en la misma estancia, ya que uno de ellos fue conducido a otra sala.

Confidencial Digital ha podido conocer que, poco después, este mes de julio, se publicó en el BOE la admisión de dos de los 29. Uno ellos fue el aspirante que realizó el examen separado del resto de compañeros.

Según otros opositores, ninguno de los dos había pasado la nota de corte y tampoco eran los integrantes del grupo que habían sacado la nota más alta.

El opositor aprobado que sí hizo el examen en la sala fue llamado el pasado julio, poco después de su admisión en el BOE, y se le avisó de que su admisión había sido finalmente revocada.

Del aspirante al que miembros del Tribunal sacaron de la sala y que posteriormente fue aprobado, ni sus propios compañeros, ni este medio de comunicación, han podido conocer su situación actual.

“No tendrías que haber recurrido”
La promoción de 2015 fue la primera en la que un grupo tan grande decidió llevar su caso a juicio, pero no la última. ECD ha podido contactar con un opositor de la promoción de 2017 que también tuvo problemas con su entrevista personal.

Este aspirante se presentó dos veces a las pruebas, y en ambas suspendió la entrevista personal. Tras la segunda negativa, decidió recurrir.

Mientras su recurso aún estaba en trámite, decidió volver a presentarse a las oposiciones. Él mismo ha contado a Confidencial Digital que en esa entrevista fue amenazado por uno de los miembros del tribunal e inspector jefe, A.P.J.

Sostiene que, al entrar en la sala, el vocal le dijo que “no tendrías que haber recurrido, pero como lo has hecho te traerá consecuencias”. El aspirante suspendió la entrevista personal por tercera vez y aún está a la espera de conocer la sentencia de su caso.

“Es puro amiguismo”
Al preguntar a los aspirantes afectados por qué creen que esto está sucediendo, sostienen que la finalidad es dejar pasar “a los que les gustan”.

“En vez de cortar por nota en las pruebas y que sean aptos solo los mejores, echan para atrás a gente en pruebas subjetivas. De esta forma solo pasan quienes ellos quieren, a conocidos y amigos”, sostiene uno de los opositores.

Cambios en los criterios de la convocatoria
Tras numerosos recursos recibidos por la Policía Nacional desde 2015, en 2019 han hecho ligeros cambios en las bases de las convocatorias.

Así, hasta 2018 estaba establecido que la entrevista personal se haría en base al test de personalidad, como señalaba la sentencia del TSJ de Madrid. Este era uno de los motivos por los que el tribunal fallaba a favor de los demandantes, ya que la Dirección General de Policía no aportaba como pruebas dichos test de personalidad, según la sentencia.

Sin embargo, en las nuevas bases para la convocatoria de 2019, se explica que “a efectos de lograr la mayor utilidad de la misma, se pueda realizar tanto un cuestionario de información biográfica como pruebas de exploración del perfil de personalidad del opositor, de modo que sirvan como información complementaria”.

Asimismo, se establece que “en ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a dichas pruebas complementarias, ya que constituyen un elemento previo para que el Tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de la misma”.

Por otro lado, se ha incluido como novedad que “previa puesta en conocimiento del aspirante, el desarrollo de la entrevista podrá ser objeto de grabación”.

Los aspirantes, al conocer estos cambios, sostienen que la medida tiene doble filo: “Pone que "podrá ser" objeto de grabación, es decir, que deciden ellos si grabarte o no”.

“Si además les pides que graben la entrevista, igual se lo toman como una cuestión personal y después de eso ya van a por ti”, señala otra aspirante, que concluye: “Grabar la entrevista debería ser obligatorio”.

Este medio de comunicación ha tratado de contactar en numerosas ocasiones con la Policía Nacional pero no han querido dar declaraciones.

Acto reivindicativo
Algunos de los opositores que denuncian este caso, tanto los de la promoción del 2015 como los de otros años han constituido una Asociación denominada La Voz del Opositor.

A través de ella han intentado hacer eco de esta situación y para ello han convocado un acto reivindicativo el próximo domingo 8 de septiembre a las 12 horas frente a la Escuela Nacional de Policía de Ávila. La asociación de JUPOL ha declarado su apoyo a este acto y al colectivo en una carta.

Además, la Voz del Opositor ha remitido una carta al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de que tenga conocimiento de lo sucedido y solicitándole que tome cartas en el adjunto