Agotadas las vías judiciales para salvar las 94 plazas de Policía Local declaradas ilegales porque el Ayuntamiento de Málaga permitió que se celebraran unas oposiciones adulteradas
El Tribunal Supremo rechaza un recurso del Consistorio contra la sentencia del TSJA que anuló las pruebas de selección por las que accedieron los agentes en 2003
30/03/11. Silencio, temor y tensión. Los sindicatos policiales SIP-AN, UGT y UPLB consultados por EL OBSERVADOR /
www.revistaelobservador.com rechazan hacer declaraciones cuando se les pregunta por este delicado asunto. Lo mismo pasa con la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Málaga y con sus servicios de prensa. Están en juego 94 puestos de trabajo, aproximadamente el 10% de la plantilla de la Policía Local, y las vías judiciales para resolver este asunto se han agotado. El alcalde, Francisco de la Torre (PP), tampoco parece dispuesto a buscar una solución política a este problema ya que se viene negando durante meses a recibir al representante legal de las personas que advirtieron, con razón tal y como ha demostrado la Justicia, de que las oposiciones convocadas por el Consistorio malagueño de 2003 estaban adulteradas.
EL Tribunal Supremo emitió el pasado 2 de febrero un auto, al que ha tenido acceso EL OBSERVADOR, que da por inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Málaga y el sindicato Unión de Policías Locales y Bomberos (UPLB) de Málaga contra la sentencia que en noviembre de 2009 dictó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la cual se anulan unas oposiciones municipales en las que 94 personas entraron a formar parte de la Policía Local de Málaga.
ESTE auto desbarata uno de los últimos ‘cartuchos’ judiciales que le quedaban a la corporación local regida por Francisco de la Torre para solventar un serio contratiempo que arrastra desde 2003, y que deja en vilo los puestos de trabajo del 10% de la plantilla de la Policía Local. A pesar de que aún se puede recurrir al Tribunal Constitucional como última instancia, esta medida no resolvería el problema de fondo y sería poco menos que “una huida hacia delante para ganar tiempo”, señala una fuente de la abogacía.
FUE en 2003 cuando una denuncia previa de un representante de la junta de personal del Ayuntamiento de Málaga advirtió de que algunas de las preguntas de las oposiciones a la Policía Local de Málaga habían sido filtradas el día anterior por una academia que preparaba a una parte significativa de los aspirantes. Este aviso se remitió por escrito a los responsables políticos, en este caso al concejal Antonio Cordero. Pero pese a ello, la prueba se realizó. Arranca a partir de entonces un proceso judicial que en sucesivas sentencias determina que se ha quebrantado el principio de igualdad mérito y capacidad en el acceso a la función pública, y por tanto, anula estas oposiciones y deja sin sus responsabilidades como policías a las 93 personas admitidas en esta prueba. De ejecutarse finalmente la sentencia, al drama personal de estas familias se uniría al descrédito de la actual corporación, y aún más, a un problema de seguridad pública.
ESTA revista contactó ayer con los sindicatos de la Policía Local SIP-AN, UPLB y UGT. Los tres declinaron hacer comentario alguno sobre este asunto. Tampoco desde la asesoría legal del Consistorio ni en el departamento de prensa aclaran nada al respecto. Es un tema tabú que el Ayuntamiento malagueño trata de mantener alejado de la opinión pública.
NO obstante, agotada como se perfila ya la vía de solución judicial a este conflicto, tampoco parece que el alcalde Francisco de la Torre haya realizado ningún movimiento para tratar de consensuar una salida política al problema. El regidor se ha negado en varias ocasiones a recibir al representante legal de las personas que interpusieron el contencioso-administrativo. Es precisamente la inacción y la posición de enrocamiento del mandatario local y su equipo lo que más censuran las tres personas que impugnaron la convocatoria de estas oposiciones. Por su parte, el abogado de los recurrentes se muestra convencido de que es posible alcanzar una solución política que, respetando la Ley, satisfaga a sus clientes y no perjudique a los 93 afectados por la sentencia del TSJA.
AYER Francisco de la Torre admitía en un encuentro con la UPLB en su condición de candidato por el PP que la siguiente legislatura empieza “muy condicionada” por la actual situación económica, que deja en un 10 por ciento el número de plazas que se pueden cubrir por vacantes, y ello impide aumentar el número de efectivos “todo lo que sería deseable
