Autor Tema: Ordenanzas municipales y policía administrativa  (Leído 249885 veces)

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1960 en: 07 de Mayo de 2024, 07:53:14 am »

EL ESCÁNDALO DE LAS MUERTES EN RESIDENCIAS

Una lona contra Sánchez es libertad de expresión, contra Ayuso se salta la ley: el doble rasero de la Junta Electoral


 Más Madrid recurrirá la orden de retirada urgente de las lonas denunciando las muertes en residencias y juristas avisan de que está en riesgo el derecho de los partidos a ejercer su labor
 Manuela Bergerot, portavoz de la formación, advierte de que seguirán denunciando los 'Protocolos de la Vergüenza" y que el 7.291 perseguirá a la presidenta "toda su carrera”
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Cartel de protesta por las muertes en residencias en Puente de Vallecas.
Cartel de protesta por las muertes en residencias en Puente de Vallecas. IL
Noelia Acedo

6 de mayo de 2024 20:55h
Actualizado el 07/05/2024 06:00h
@noeliAcedo
La Junta Electoral de Zona de Madrid ha estimado este lunes la reclamación electoral formulada por el PP contra Más Madrid y ha instado a este último partido a retirar las lonas instaladas en recuerdo de las personas que perdieron la vida en las residencias de la comunidad de Madrid durante la pandemia en las que todavía se puede leer: “7291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”.




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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1961 en: 08 de Mayo de 2024, 14:57:51 pm »

Maestre pregunta a Almeida si defiende que agentes "se inventen artículos" de ordenanza para "favorecer intereses de PP"


Lona de Más Madrid recordando a los fallecidos en residencias durante el Covid-19 | Europa Press - EUROPA PRESS

Europa PressMadrid08/05/24 11:22
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La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha preguntado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, si le parece bien que haya «algunos policías» municipales que «se inventen artículos» de una ordenanza para «favorecer los intereses del PP», con las lonas con el número de ancianos muertos en residencias como telón de fondo.


Maestre ha reaccionado así tras el Pleno para elegir a los miembros de las mesas electorales el 9J después de que Almeida la tildara ayer de «antisistema». «Lo que no se puede es que, con una mano, exija moderación en política y, con la otra, ejerza desde la radicalidad al poner en duda constantemente, por ejemplo, a la Policía Municipal o al llamar nazis a los concejales de Vox», trasladaba el alcalde.

«Yo le preguntaría si le parece normal y defiende que policías municipales se inventen artículos de la ordenanza de Publicidad Exterior para amedrentar a comunidades de vecinos y para intentar eliminar mensajes en esta ciudad que habla tanto de libertad pero que la practica tan poco», ha replicado Maestre.

La portavoz de Más Madrid ha preguntado a Almeida si «le parece bien que haya personas con placa de la Policía Municipal que, saltándose la ordenanza, inventándose artículos de ella, pongan de oficio denuncias que claramente no tienen una base jurídica real».

«Si eso le parece bien que lo diga, que sea claro y que explique que efectivamente en Madrid algunos policías pueden saltarse la norma para favorecer los intereses del PP y para tapar los mensajes que no quieren escuchar», le ha retado.

Maestre le ha enviado otro mensaje al alcalde y a su partido. «Pueden intentar quitar esas lonas, pueden intentar denunciarnos ante la Junta Electoral, pueden intentar tergiversar las normas y las leyes pero no nos van a callar. Y la sociedad madrileña ni la española se va a olvidar de las 7.291 personas que murieron en residencias sin poder ser atendidas en hospitales porque la Comunidad de Madrid decidió dejarles fuera de la atención hospitalaria», ha advertido.

La retirada de las lonas
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que confía «plenamente» en la actuación policial al retirar la lona de Más Madrid sobre residencias y que en un Estado de Derecho se pueden hacer las alegaciones que consideren. No obstante, ha criticado que se dude «constantemente» de la labor que realiza la Policía Municipal, algo que hace «habitualmente Más Madrid».

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, recurrirá a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha aseverado que la Policía Municipal denunció «de oficio» la lona en el parque de La Elipa sobre los ancianos fallecidos en las residencias al presuntamente contravenir la ordenanza de Publicidad Exterior, extremo rechazado por el principal grupo de la oposición.

La Junta Electoral de Zona falló a favor del PP obligando a Más Madrid a retirar las lonas en la avenida de La Albufera y el Parque de La Elipa con el número de muertos en residencias de mayores durante la pandemia tras una reclamación presentada por el PP, al considerar que se podría estar vulnerando la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de las elecciones europeas hasta el inicio oficial de la campaña, de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Junta ha resuelto favorablemente a la reclamación del PP, contra la que cabe recurso ante la Junta Electoral Provincial, que Más Madrid ya presentó el pasado lunes.


Fuentes de Más Madrid, por su parte, han trasladado que sus alegaciones a esta decisión de la Junta Electoral se fundamentan en que las lonas «no contienen ningún mensaje referido o que incite al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, ni están firmadas por Más Madrid, ni aluden a ningún partido ni candidato que vaya a concurrir a dicha contienda electoral», por lo que «en coherencia con la interpretación del Tribunal Constitucional de las restricciones aplicables en función de la ley electoral, no se está vulnerando nada
 

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1962 en: 09 de Mayo de 2024, 18:25:38 pm »

La Policía Local de Madrid presionó a los vecinos para quitar la lona del 7.291: “Dijeron que podía traer situaciones incómodas”


Dos agentes del Ayuntamiento denunciaron a la comunidad de propietarios alegando razones que no estaban recogidas en la ordenanza de publicidad exterior municipal. Los vecinos van a recurrir y, de momento, seguirán con la lona que recuerda los fallecidos en las residencias durante la pandemia
— 7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de “cañas y libertad”
Lona denunciada por la Policía Municipal de Madrid
Lona denunciada por la Policía Municipal de Madrid Más Madrid
Diego Casado

Madrid —
9 de mayo de 2024 16:34 h
Actualizado el 09/05/2024 17:00 h
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Ocurrió unos días después de que se hiciera pública la colocación de sendas lonas en las fachadas de Madrid recordando a los fallecidos en las residencias. Dos agentes de la Policía Local de Madrid se presentaron en la comunidad de vecinos cercana al parque de la Elipa donde estaba uno de los anuncios para intentar que se retirara.

El Ayuntamiento de Madrid reconoce dos multas "erróneas" por repartir folletos sobre la marcha de la Sanidad Pública

“Me dijeron que no era legal, que iba en contra del artículo 2.1 de la ordenanza reguladora de publicidad exterior. Y se pusieron a redactar la denuncia”, relata la presidenta de esta comunidad, que fue la que atendió a los agentes en el rellano de la escalera. “Aseguraron que estábamos vulnerando el derecho al honor y a la dignidad de las personas, que no había sentencia sobre los llamados protocolos de la vergüenza”, explica en conversación con Somos Madrid.

La pancarta muestra en grande una cifra que hace alusión a cada una de las personas que murieron en las residencias, sin tener acceso a la atención de los médicos en un hospital, un número utilizado por la oposición para recordar la gestión de la pandemia que hizo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Va acompañado de la frase “No. No se iban a morir igual”. Y a continuación, más pequeño, “1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”.

Los agentes de la Policía Municipal intentaron además presionar a la comunidad para que retirara la pancarta, según los vecinos: “Nos dijeron que era conveniente que la quitáramos porque nos podía traer alguna situación incómoda”, recuerda la presidenta de la comunidad, quien asegura que citaron posibles “denuncias por delitos de odio” o la presencia de medios de comunicación.

De momento, este bloque de viviendas no tiene pensado retirarla. “Además, ya nos han denunciado así que no serviría de nada”, añaden los vecinos, que no salen de su asombro. “Es la primera vez que nos pasa, llevamos años poniendo publicidad y ha habido todo tipo de campañas”, recuerdan. La gestión la lleva una empresa contratada por su administración de fincas y depende del cliente que haya cada momento: la anterior a la del número de la polémica fue precisamente de un evento que apoya el consistorio, el Open de Tenis de Madrid.

“Uso partidista”, “bulo” y una reclamación electoral
Más Madrid ha denunciado “la utilización partidista de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid gobernado por Almeida” por estos hechos. La vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha acusado este jueves a Rita Maestre de emitir un “bulo” por la afirmación, que califica de “mentira total y absoluta”, además de encuadrar la denuncia policial en una actuación “ordinaria”.

“Hay que ser muy sectario para atribuir al alcalde una actuación de oficio de dos policías municipales”, decía la responsable de este cuerpo policial. A preguntas sobre si ha abierto alguna investigación interna al respecto, Sanz ha dicho que el expediente de denuncia “sigue su curso” y que los vecinos podrán hacer las alegaciones que crean convenientes.

El PP también ha hecho una reclamación hecha ante la Junta Electoral de Zona para la retirada de las lonas. Asegura que estos mensajes vulneran la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de las elecciones (europeas, en este caso) hasta el inicio oficial de la campaña. En primera instancia se obligó a la retirada de la publicidad, pero como la decisión está recurrida ante la Junta Electoral Provincial por Más Madrid, de momento el mensaje se mantiene.


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1963 en: 09 de Mayo de 2024, 18:33:58 pm »

Los agentes de la Policía Municipal intentaron además presionar a la comunidad para que retirara la pancarta, según los vecinos: “Nos dijeron que era conveniente que la quitáramos porque nos podía traer alguna situación incómoda”, recuerda la presidenta de la comunidad, quien asegura que citaron posibles[/b]“denuncias por delitos de odio” o la presencia de medios de comunicación.



En fin....

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1964 en: 11 de Mayo de 2024, 09:46:42 am »
Se puede regular por Ordenanza lo que la ley no contempla?


La Policía Local de Zaragoza podrá trasladar al depósito las bicis y patinetes sin seguro obligatorio


CONTENIDO EXCLUSIVO
JORGE LISBONA
NOTICIA11/05/202405:00
La futura ordenanza, pendiente de aprobación, recoge esta posibilidad en su articulado. Los usuarios tendrán que llevar en todo momento una copia de la póliza, ya sea en papel o en soporte digital.
El Ayuntamiento de Zaragoza se abre a cambiar la nueva ordenanza de Movilidad ante la polémica por el seguro obligatorio
Los agentes podrán inmovilizar los vehículos que no cumplan la normativaLos agentes podrán inmovilizar los vehículos que no cumplan la normativaGUILLERMO MESTRE
La Policía Local de Zaragoza podrá trasladar al depósito municipal las bicicletas y patinetes eléctricos que circulen sin seguro de responsabilidad civil. Así viene recogido en el anteproyecto de la nueva ordenanza de Movilidad, abierto aún a alegaciones y a los votos particulares que puedan presentar los partidos políticos del Ayuntamiento.

El documento actual, pactado por PP y Vox, recoge en su artículo 110 la posibilidad de que los agentes inmovilicen este tipo de vehículos si no cumplen la normativa. De hecho, el propio usuario tendría que asumir el coste del traslado de llegarse a este extremo, tal y como sucede ahora con los que, por ejemplo, se encuentran abandonados o mal aparcados.

Según el documento, la inmovilización se levantará “en el momento que cese la causa que la motivó previo pago de la tasa correspondiente si así estuviera establecido en la ordenanza fiscal correspondiente”.

Los gastos, en todo caso, no serán exigibles en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular debidamente acreditadas y justificadas. “En aquellos supuestos en los que se proceda a la retirada y depósito del vehículo motivada por la existencia de accidente, auxilio, o de avería, los gastos originados serán repercutidos al causante de la necesidad de la retirada del vehículo”, expone.

Los usuarios deberán portar en todo momento una copia de la póliza, ya sea en formato papel o en “soporte informático”. No obstante, desde las principales asociaciones del sector se insiste en que el Ayuntamiento “no tiene competencias” para obligar a contratar uno de estos seguros. Sus integrantes aluden tanto a la Ley de Bases de régimen local como a la Ley de tráfico, que excluyen a los ayuntamientos como administración competente para imponer su obligatoriedad.

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Estas, en todo caso, no serán las únicas exigencias que entrarán en vigor con la nueva ordenanza. Las bicicletas, por ejemplo, deberán circular con los dispositivos de iluminación delantera y trasera homologados encendidos a cualquier hora del día o de la noche o en su defecto elementos reflectantes delanteros y traseros. Mientras, para subirse a un patinete habrá que tener más de 16 años y llevar casco obligatoriamente.

« Última modificación: 11 de Mayo de 2024, 10:29:43 am por 47ronin »

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1965 en: 22 de Mayo de 2024, 18:19:09 pm »
https://x.com/miguelmontejo74/status/1793274329267896376?t=VOHOf1h5dZILCwHjP38O2Q&s=19


La Policía Local de Madrid presionó a los vecinos para quitar la lona del 7.291: “Dijeron que podía traer
situaciones incómodas”





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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1966 en: 26 de Junio de 2024, 10:24:02 am »
Pues como si pone 1 millón, menores e insolventes son inejcutables.













Almeida endurecerá las multas por «comportamientos antisociales»


El alcalde de Madrid opone su modelo al de Barcelona en el Debate sobre el estado de la ciudad
Almeida endurecerá las multas por botellón, vandalismo y grafitis por segunda vez
La bancada del PP aplaude al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este martes, durante el Debate sobre el estado de la ciudad
La bancada del PP aplaude al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este martes, durante el Debate sobre el estado de la ciudad EFE
CRIS DE QUIROGA

Madrid


25/06/2024 a las 19:26h.


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Con el palco de invitados más repleto que nunca –de autoridades, vecinos y trabajadores municipales– el Palacio de Cibeles ha celebrado este martes su día grande, una sesión extraordinaria para la que José Luis Martínez-Almeida ha reservado un balance pormenorizado –compareció durante más de una hora– del primer año de «un mandato marcado por la ambición y la consolidación del momento que está viviendo Madrid». El alcalde ensalzó la receta del PP y la capital como modelo de «centralidad y moderación de los valores constitucionales».


El primer edil también cargó contra el resto de grupos municipales: «Qué pena de oposición»; porque Vox «no trabaja», el PSOE «no tiene propuestas» y la «única propuesta» de Más Madrid consiste en que «nadie pueda tener más de una vivienda», criticó. Sin romper la tónica de los plenos anteriores, en el Debate sobre el estado de la ciudad se ha hablado mucho de política y poco de la ciudad. Aun así, este el regidor repasó las principales medidas (y algún anuncio) que llevará a cabo su gobierno en los próximos meses.


VICEALCALDÍA

Nueva ordenanza en tramitación
El alcalde volvió a utilizar el debate anual para anunciar que endurecerá las multas. Ya lo hizo en 2022, cuando triplicó las sanciones por grafitis, botellón y cartones fuera del contenedor, algunas de hasta 6.000 euros por infracción. En esta ocasión, el consistorio prepara una nueva Ordenanza de Convivencia y contra los Comportamientos Antisociales que pretende «normativizar e incluir en un único texto la prevención, la disuasión y la persecución de todos aquellos comportamientos antisociales que afectan al conjunto de la sociedad», explicó Almeida. Por ejemplo: el consumo de alcohol en vía pública –los botellones–, el uso inadecuado del espacio público, las conductas y actuaciones que perjudiquen el patrimonio urbano –vandalismo– o los actos incívicos de los propietarios de perros y otras mascotas.

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El Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias iniciará su tramitación en septiembre, con el periodo de consulta pública, y entrará en vigor «a lo largo de la segunda mitad del mandato», prevén desde la concejalía. Al mismo tiempo, otra ordenanza, la que regula las terrazas, se somete ahora a ese periodo de consulta previa de 15 días. Y este año también se pondrá en marcha, desde el Área de Economía, Innovación y Hacienda, una ordenanza para crear un 'sandbox' (zona de pruebas, en inglés) de innovación urbana en el distrito de Villaverde.


VIVIENDA Y PISOS TURÍSTICOS

La receta opuesta al modelo de Barcelona
Hubo un asunto, entre los rifirrafes y ataques ideológicos habituales, que preocupó a todos: la vivienda. Aunque cada partido difiere en su fórmula para atajarlo, ya sea la propuesta de Más Madrid, prohibir las compras en las zonas tensionadas salvo que la vivienda se destine a primera residencia, o la del PP, aumentar la oferta. «Tienen que asumirlo todos los grupos políticos: es un problema estructural», señaló Almeida. Su hoja de ruta: ayudas a los jóvenes, ahorro fiscal a los promotores y no aplicar la Ley de Vivienda, «que ha expulsado un 15% de las viviendas del mercado de arrendamiento en un año».

El 30% de los viajeros se alojan en pisos turísticos y Almeida se opone a borrarlos del mapa, como anunció la semana pasada el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. «Prohibir una realidad económica nunca es la solución, hay que regular», destacó el regidor, que aseguró que «Madrid no va a caer en el discurso de la turismofobia». Tampoco aplicará la tasa turística de 3 euros propuesta por Más Madrid. De momento, ha congelado las licencias y endurecido las multas. Ya existe un proceso sancionador que alcanza los 60.000 euros.

MEDIO AMBIENTE

Actualización de la estrategia Madrid 360
La ciudad marcó en mayo un mínimo histórico de emisiones de dióxido de nitrógeno, cada vez más lejos de los límites fijados por la Unión Europea, y Almeida celebró «los mejores datos de calidad del aire» desde que empezaron los registros, en 2010. «Madrid 360 es el mejor programa que ha habido, por eso vamos a realizar una actualización para los años 2024-2027», anunció el alcalde sobre la estrategia medioambiental que presentó en 2019 y, entre otras cosas, se adaptará a los futuros requerimientos de Bruselas, más restrictivos.

DESBLOQUEO

Firma de la Operación Campamento
El «desbloqueo definitivo» de la Operación Campamento permitirá levantar unas 10.000 viviendas en los terrenos de unos antiguos cuarteles militares, en el distrito de Latina, y Almeida recordó que el consistorio ya ha remitido el borrador del convenio al Ministerio de Vivienda. «Espero que podamos firmarlo en las próximas semanas y que se ponga en marcha, esperamos que pueda ser en octubre», indicó.

Esta operación está ligada a otro macroproyecto, el soterramiento de la A-5, dividido en dos fases millonarias. El primer tramo, del que nacerá el Paseo Verde del Suroeste, dependerá del ayuntamiento. El segundo, a cargo del ministerio, enterrará la autovía hasta los terrenos de la Operación Campamento. Las primeras máquinas, sin embargo, no se desplegarán hasta finales de 2025 o principios de 2026.

FOMENTO DE LA NATALIDAD

Un 10% más para las becas infantiles
El Gobierno municipal presentará su Plan de Fomento de la Natalidad el próximo septiembre, con el que pretende ayudar a las familias «en el proceso de crianza de los hijos». Al margen de esta nueva estrategia, Almeida precisó que aumentará un 10% la cuantía mensual de las becas para las escuelas infantiles en el curso 2024-2025 y los tramos de renta «para que más familias puedan acceder a ella». También se anticipará el pago de la ayuda, que se abonará cada dos meses.

ECONOMÍA

Nueva rebaja fiscal del IBI y el ICIO
«Ni siquiera ustedes podrán negar que el motor económico de España es Madrid», interpeló Almeida a la oposición. El alcalde aportó algunos datos: el 15% de las nuevas empresas se crean en Madrid, el 70% de la inversión inmobiliaria se concentra en la capital y el PIB (Producto Interior Bruto) crece por encima de la media nacional. No obstante, «hay 139.842 personas sin empleo», dijo, y destacó la estrategia municipal de empleo presentada el día anterior en colaboración con la patronal CEIM y los sindicatos UGT y CC.OO. Aun así, el regidor insistió en la senda fiscal del PP y confirmó que reducirán el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) hasta el mínimo legal y el ICIO (sobre construcciones, instalaciones y obras).

CULTURA

Una muestra previa a la colección Pérez Simón
La llegada a Madrid de la colección Pérez Simón, una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo, se anunció el pasado noviembre. No obstante, antes de su establecimiento definitivo en el espacio Serrería Belga, el propio Palacio de Cibeles (CentroCentro) acogerá este septiembre un preludio, la exposición '70 maestros en la colección Pérez Simón'. Almeida también destacó la transformación del IMAX de Méndez Álvaro en un teatro de última generación.



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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1967 en: 28 de Julio de 2024, 09:23:10 am »
Lo he dicho.muchas veces...era irregular la forma de proceder...pero como vemos, el juzgado no ha impuesto las costas a la administración, con lo cual, ejercer el derecho le ha costado el dinero del abogado contratado al efecto.


No se puede multar a un vecino solo por hallar una caja con su nombre en la calle, le dice una jueza al Ayuntamiento de Almeida


La victoria judicial de una residente, multada con 2.001 euros, pone en cuestión el método que emplean los inspectores municipales para acabar con el problema de basura que generan las compras electrónicas
Una pareja pasa delante de un contenedor con basura y cajas de cartón, en Pueblo Nuevo, en septiembre de 2022.
Una pareja pasa delante de un contenedor con basura y cajas de cartón, en Pueblo Nuevo, en septiembre de 2022.
DAVID EXPÓSITO
Fernando Peinado
FERNANDO PEINADO
Madrid - 27 JUL 2024 - 05:00CEST
Hace dos años, el Ayuntamiento de Madrid causó revuelo por su nueva campaña para solucionar el creciente problema de limpieza generado por las cajas de cartón de las compras online. Este periódico reveló que una vecina de una zona acaudalada, Aravaca, había sido multada con 2.001 euros porque un inspector halló sobre la acera una caja con una pegatina que incluía su nombre y dirección. De aquella noticia llamaban la atención dos cosas: la elevada cuantía de la sanción, superior a cualquier infracción de tráfico; y el método para multar, que se aprovechaba de que este nuevo tipo de basura lleva el nombre del destinatario. Tras la publicación de ese artículo, otra vecina, del barrio humilde de San Cristóbal, escribió a esta redacción para informar de que había sido multada por un motivo idéntico. La historia de estas dos madrileñas se bifurcó ahí: la primera pagó a un abogado para recurrir; la segunda no podía permitirse ese desembolso y abonó la sanción. Ahora, una jueza acaba de darle la razón a la que vive en Aravaca y le ha retirado la multa porque el mero hecho de encontrar en la calle una caja con los datos personales de un vecino no es prueba suficiente de que esa persona la haya “abandonado”.

El abogado de la vecina, Antonio Ramón Rodríguez, explica a este periódico que esto debería suponer el fin de las multas basadas en las pegatinas porque generan inseguridad jurídica. “No puede ser una prueba suficiente que encuentren una caja con mi nombre pegado”, dice. “Es que simplemente puede pasarte que se te cae la caja por accidente o que cualquiera la saca del contenedor tras rebuscar en la basura”.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no ha dado orden para dejar de multar estos supuestos, según responde por escrito una portavoz del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, dirigida por Borja Carabante. Otros vecinos han recurrido multas por este motivo, según la portavoz, y el Ayuntamiento ha recibido sentencias “de todo tipo”. La portavoz no ha precisado cuántas veces se han pronunciado los jueces al respecto ni qué determinaron esas otras sentencias.

“Ninguna dice que las actas de los inspectores de limpieza no sean válidas, sino que, al tratarse de pruebas indiciarias (no pueden filiar al autor, eso solo lo puede hacer policía) requieren de una justificación reforzada”, dice la portavoz de Carabante en su respuesta escrita. “Es decir, en ningún momento se cuestiona la validez del acta de inspección ni las pruebas aportadas”.

La vocera recuerda que el importe de las multas está basado en la ley estatal de economía circular que entró en vigor en 2022 y que habilita a las administraciones a multar con cuantías de entre 2.001 y 100.000 euros por el abandono de residuos dispersos en entornos urbanos. Añade que el Ayuntamiento está multando actualmente en casos de residuo de más de un metro cúbico (un metro de largo, ancho y alto), ya que en esos casos “es imposible decir que se trata de un residuo de escasa entidad”.

Presunción de inocencia
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La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue firmada el 14 de junio por la magistrada titular del juzgado de lo contencioso número 6, María del Tránsito Salazar. La jueza recuerda que, según abundante jurisprudencia, la administración debe respetar a la hora de sancionar a los ciudadanos el principio de presunción de inocencia y otras garantías importadas del Derecho Penal. Cuando no dispone de una prueba directa y recurre a indicios, estos deben ser suficientes para probar la culpa.

“La Administración recurrida parte de dos hechos acreditados: que la caja cuando fue vista por el inspector estaba depositada sin plegar junto a los contenedores y estos tenían capacidad suficiente y, en segundo lugar, que la caja ‘pertenecía’ a la hoy recurrente por tener pegatina con su identidad pegada a la caja. Y llega a la conclusión de que la caja fue abandonada por la hoy recurrente”, dice la sentencia, para añadir: “La resolución sancionadora no contiene el razonamiento en virtud del cual ha establecido la presunción, llegando a concluir que la actora (la vecina) abandonó la caja”.

La sentencia es firme debido a que no cabía posibilidad de recurso al tratarse de una cuantía en disputa menor a 30.000 euros, según el abogado de la vecina de Aravaca. Este letrado lamenta que las administraciones tengan el gatillo fácil a la hora de culpar a los ciudadanos sin prueba. “En general suele pasar que no hacen un esfuerzo suficiente de prueba. Llevamos bastantes casos así”. El problema, añade Rodríguez, es que la gente apenas recurre en caso de multas por importes menores a 5.000 euros.

Es lo que le pasó a la vecina del barrio pobre de San Cristóbal, que pide anonimato para hablar de su caso. Estaba en paro cuidando de su hijo de dos años cuando recibió aquella multa. Habló con diferentes abogados que le advirtieron de que sus honorarios eran de 1.000 euros y de la alta probabilidad de perder. Optó por abonar 1.200 euros, una cuantía rebajada por pronto pago.

En todo caso, el bolsillo de la vecina de Aravaca tampoco ha quedado intacto. Ha tenido que pagar a su abogado una cuantía que él ha preferido no desvelar a este periódico y no va a recuperar ese dinero. Esto se debe a que la jueza no ha impuesto al Ayuntamiento las costas de su abogado. “La ley impone las costas al que pierde, salvo que el juez entienda que el pleito era razonable”, explica el letrado. Y, en este caso, la jueza ha considerado que, aunque el Ayuntamiento no tenga razón, la disputa era comprensible. La conclusión es desalentadora: que la justicia reconozca que has sido víctima de una multa injusta tampoco sirve para librarte de perder dinero.


« Última modificación: 28 de Julio de 2024, 10:04:44 am por 47ronin »

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1968 en: 08 de Agosto de 2024, 08:28:04 am »

299 multas de 2.001 euros desde que Madrid lanzó su plan contra las cajas abandonadas: “¡Atropello a alguien y me cuesta menos!”


Afectados por la campaña de mano dura que el Ayuntamiento inició hace dos años denuncian ser víctimas de sanciones desproporcionadas y un atentado contra su presunción de inocencia
Almudena Arias, que se considera víctima de una multa abusiva del Ayuntamiento de Madrid, el miércoles de la semana pasada en el centro de la capital.
Almudena Arias, que se considera víctima de una multa abusiva del Ayuntamiento de Madrid, el miércoles de la semana pasada en el centro de la capital.
Claudio Álvarez
Fernando Peinado
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Madrid - 07 AGO 2024 - 05:07 CEST
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Almudena Arias compró en Amazon aquellas dos barras de cortina porque pensó que por 46 euros le saldrían más baratas que en una tienda física. La broma le acabó costando 2.151 euros y una rabia que le dura un año después. Fue multada por un inspector municipal que halló las dos cajas de cartón alargadas apoyadas junto al contenedor, con la pegatina que contenía sus datos personales. Luchó contra una multa de 2.001 euros que consideraba infundada, porque no tenían prueba de que ella había dejado ahí lo...



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« Respuesta #1970 en: 05 de Septiembre de 2024, 17:35:41 pm »

Multa de 700 euros a los vecinos de un callejón sin salida del Clot por tener macetas en la acera


El Ayuntamiento ha retirado las plantas de la calle Meridional, un callejón sin salida con único acceso por la Meridiana
Jordi Palmer
Foto: Google Street View
Barcelona. Miércoles, 4 de septiembre de 2024. 16:57
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Multa de 700 euros a los vecinos de un callejón sin salida del Clot por tener macetas en la acera
Aunque la ocupación de las aceras con elementos fijos, como macetas con plantas, no está permitida en Barcelona, hay casos en que los mismos vecinos consideran que debería haber un cierto margen de tolerancia. Es el caso de las calles sin salida, como la calle Meridional, que cuenta con un único acceso por la avenida Meridiana, en el barrio del Clot de Barcelona, cuyos vecinos se han encontrado con la sorpresa de que el Ayuntamiento les ha impuesto dos sanciones, que suman más de 700 euros, y ha retirado los tiestos, considerando que las plantas impedían el paso de los peatones por la acera.




Según ha adelantado Betevé, una denuncia ciudadana ha sido el detonante de la acción del Ayuntamiento, y aunque ciertamente, las macetas estaban situadas sobre la acera, también es cierto que en esta calle, donde el único tránsito rodado es el de los coches que utilizan el aparcamiento situado al final de todo, los vecinos circulan de forma habitual por la calzada, con el añadido que, al ser una calle sin salida, no es un espacio de paso y, por lo tanto, prácticamente no hay circulación de peatones más allá de los mismos vecinos y usuarios del aparcamiento. En todo caso, la alarma lo ha dado al usuario de X @bcnsingular, que ha advertido que una vecina había sido multada "por haber embellecido este callejón sin salida con tiestos".

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Felipe VI se estuvo acostando con la presentadora que se metía en la cama con su padre, Juan Carlos
El Nacional.cat
La última vez que visité la pequeña calle Meridional, en el #Clot, tenía buena pinta. Ahora me he enterado que a Raquel -una vecina- lo han multado con 750 € por haber embellecido este callejón sin salida con tests|tiestos, que la Urbana se ha llevado. ¡750 EUROS! ¿Qué pensáis? pic.twitter.com/BED0rp8qNn

— Barcelona Singular (@Bcnsingular) September 4, 2024
Según ha recogido la televisión barcelonesa, finalmente se trata de dos multas a dos vecinos, una de 375 euros y otra de 350, por ocupación de la vía pública con elementos no autorizados. Los mismos vecinos han lamentado al mencionado medio que se les haya obligado a retirar las macetas cuándo hace al menos tres décadas que embellecen con plantas la calle y han declarado su intención de pedir al consistorio autorización para volver a poner plantas. La situación ha provocado las protestas de los concejales Jordi Coronas (ERC) y Marc Serra (BComú).

A ver... ¿Cuántas faltas de civismo quedan sin sancionar? obviamente no se pueden identificar todas... pero 750 euros para poner plantas con la intención de embellecer un pasaje, que es un callejón sin salida sin tráfico, no sé... me parece que es uno sin sentit.https://t.co/W7M5hdgb1P

— Jordi Coronas (@jordicoronas) September 4, 2024
Vivimos en una ciudad donde tenemos muchas aceras col•lapsades por|para motos mal aparcadas de forma impune, y el gobierno se dedica inspeccionar y sancionar a una vecina que hace 30 años que tiene plantitas con piropos. Alguna cosa falla en el arreglo de Collboni. https://t.co/zI0c4bv6JL
 


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1971 en: 09 de Septiembre de 2024, 06:51:03 am »
Es un simbolo neonazi?

Taxis en Ibiza con pegatinas neonazis: ¿Cómo puede actuar la Policía Local?


Taxis en Ibiza con pegatinas ultras

José López
La reciente aparición de taxis en Ibiza que exhiben emblemas históricos como la Cruz de Borgoña y el águila bicéfala ha desatado un debate sobre los límites de lo que está permitido colocar en los vehículos de servicio público. Y estos símbolos, que están vinculados con ideologías extremistas de ultraderecha, han generado controversia extra debido justamente a sus connotaciones políticas.
En medio de la polémica surge la pregunta: ¿Qué dice la normativa municipal sobre el uso de pegatinas o emblemas en los taxis?

Regulaciones municipales

En el municipio de Vila, la normativa local es clara en cuanto a la regulación de elementos en los taxis. Cualquier distintivo o pegatina, tanto en el exterior como en el interior del vehículo, requiere autorización del Ayuntamiento. La franja con el nombre «Servicio-taxi» y el número de teléfono es la única publicidad permitida, siempre que cumpla con las condiciones de visibilidad establecidas. El reglamento establece que la instalación de cualquier distintivo no autorizado puede conllevar la denegación de la inspección técnica anual del vehículo (ITV) y sanciones administrativas, considerándose estas acciones como faltas graves.

Por su parte, en Sant Antoni, las normativas también exigen que cualquier distintivo en el interior o exterior del vehículo debe estar autorizado por el Ayuntamiento, limitando la publicidad permitida a una franja en la parte superior del vidrio trasero del taxi. Al igual que en Vila, la normativa incluye sanciones severas para quienes no cumplan con estos requisitos. La publicidad no autorizada en las puertas traseras o cualquier otra parte del vehículo será sancionada como falta grave, con consecuencias similares a las de Vila.

En Sant Josep de sa Talaia, las reglas son igualmente estrictas. El Ayuntamiento permite la colocación de publicidad bajo ciertas condiciones, tanto en el interior como en el exterior del vehículo, pero siempre requiere de autorización previa. La publicidad exterior debe cumplir con las dimensiones establecidas y respetar la visibilidad del vehículo. Cualquier infracción de estas normas también se considera una falta grave, tal como en los otros municipios de la isla.

Faltas graves: sanciones y marco legal

En los tres municipios, la colocación de pegatinas o distintivos no autorizados en los taxis es considerada una falta grave. Esto se debe a que las ordenanzas municipales se basan en la Ley 4/2020 de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears, la cual, en su artículo 90, establece que «incumplir las prescripciones sobre la exhibición de publicidad en los vehículos» constituye una infracción grave.

Asimismo, el artículo 89 tipifica las infracciones muy graves, indicando que cometer una infracción grave dentro de los veinticuatro meses siguientes a una sanción anterior por el mismo motivo eleva la falta a muy grave.

En cuanto a las penalizaciones económicas, las infracciones graves están sancionadas con multas que oscilan entre 401 y 1.000 euros, mientras que las infracciones muy graves pueden acarrear multas de 1.001 a 6.000 euros. Este marco legal busca garantizar que los taxis en Ibiza mantengan una estética uniforme y no se utilicen para exhibir elementos que no estén debidamente autorizados.

En conclusión, el uso de pegatinas o emblemas históricos no autorizados en los taxis de Ibiza está prohibido por las ordenanzas de Vila, Sant Antoni y Sant Josep. Las infracciones a estas normativas se consideran faltas graves y están sancionadas con multas significativas, garantizando que los vehículos de transporte público mantengan una imagen profesional y adecuada en la isla.

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1972 en: 29 de Noviembre de 2024, 08:03:26 am »

La Justicia tumba la ordenanza de PP y Vox en Valladolid para desmantelar carriles bici y carriles bus-taxi


La sentencia del TSJ de Castilla y León reprocha al equipo de gobierno que “no cumpla con la normativa vigente” y deje “en manos de otras actuaciones el establecimiento de restricciones de paso”
— El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba definitivamente su Zona de Bajas Emisiones





Obras para desmantelar el carril bici del paseo Isabel la Católica de Valladolid.
Obras para desmantelar el carril bici del paseo Isabel la Católica de Valladolid. elDiariocyl
Javier Ayuso Santamaría

Valladolid —
28 de noviembre de 2024 13:32 h
Actualizado el 28/11/2024 14:58 h
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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Valladolid para la regulación de carriles de uso restringido, al considerar que “no cumple con la normativa vigente” y carece de una regulación adecuada de los elementos esenciales. Además, han apuntado, que se deja “en manos de otras actuaciones el establecimiento de restricciones de paso.”


La sentencia, que podrá ser recurrida, recoge que “la normativa objeto de esta resolución no es conforme a derecho”, ya que la ordenanza no define con suficiente claridad a quién afecta la restricción, cómo se implementará ni bajo qué condiciones, lo que deja aspectos clave en manos de normativas o decisiones posteriores, contraviniendo el marco legal aplicable.

La medida de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid fue presentada como uno de los grandes ejes del nuevo equipo de gobierno para acabar con los cambios en movilidad urbana destinados a favorecer el uso de la bici en la ciudad. Desde noviembre de 2023 se comenzó a cambiar el uso de quince carriles bus taxi bici, que ahora se laman ''de uso restringido“. Además, el plan era desmantelar los carriles bici de Isabel La Católica y la Avenida de Gijón y ampliar el Puente de Poniente. La ordenanza tenía un coste total de 6,4 millones de euros y estaba previsto que termine a mediados de 2025. De los cambios propuestos, se han realizado una parte de ellos salvo la ampliación del Puente de Poniente y el carril bici de Isabel La Católica, actualmente en obras de desmantelación.


El fallo del TSJCyL recuerda a PP y Vox que su ordenanza incumple normativas como el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que exige que medidas que afecten significativamente al uso de vías urbanas sean reguladas de manera explícita mediante ordenanzas. Estas normativas, al impactar en áreas de alta movilidad urbana, precisan de que haya un marco normativo más exhaustivo y garantista.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal considera que la falta de una regulación adecuada afecta de forma sustancial al derecho general de los ciudadanos a utilizar las vías urbanas. Además, se imponen las costas procesales al Ayuntamiento de Valladolid como consecuencia de la estimación total de la demanda presentada por Ecologistas en Acción Valladolid.

El TSJ de Castilla y León ha empleado una sentencia de 2022 contra el anterior plan de regulación del tráfico del Ayuntamiento de Valladolid, cuando el ministro de Transportes Óscar Puente era alcalde, como base para anular el decreto de PP y Vox. El Partido Popular, entonces en la oposición, fue el impulsor de la demanda.

La ordenanza ahora impugnada deriva de la necesidad de corregir las deficiencias señaladas en la sentencia de 2022. Ese fallo del TSJ estableció que cualquier regulación de uso de las vías urbanas que suponga restricciones sustanciales a los derechos de los ciudadanos debe realizarse mediante ordenanzas municipales, garantizando mayor transparencia y claridad normativa. Con la normativa de 2023, el tribunal ha considerado que todavía se carece de una regulación adecuada y deja aspectos esenciales sin definir, lo que lleva a que también sea declarada nula.

Según el TSJ de Castilla y León “la ordenanza se convierte, en realidad, en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista”, por lo que “la exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando”.

Entre los reproches a la ordenanza, el TSJ de Castilla y León ha criticado al Ayuntamiento que cuando remitan un “tipo concreto de norma para disciplinar una materia”, esta debe “regular los elementos esenciales que la afecten”.

El texto aprobado por PP y Vox tiene un impacto en los ciudadanos, ya que, como ha reflejado el fallo, las medidas “las medidas contempladas en la ordenanza afectan general e intensamente a los derechos de los vallisoletanos”.

El Ayuntamiento recurrirá y no modificará la movilidad de la ciudad
Al no ser una sentencia firme, el Ayuntamiento de Valladolid ha adelantado que presentará un recurso de casación. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca (PP), ha indicado que la sentencia “no altera para nada ningunas de las modificaciones de movilidad”. El edil ha afirmado que “las principales modificaciones” se van a mantener “tal y como están”.

El concejal 'popular' ha señalado que la sentencia, en sus fundamentos de derecho, recoge sus argumentos en la sentencia de 2022 contra el decreto de PSOE y VTLP. “Lo que el magistrado viene a decir es que la ordenanza el 2022 no estaba exactamente bien regulada, ya que las restricciones ”tenían que haber sido especificadas de una forma más prolija“, ha defendido Gutiérrez Alberca.

Además del recurso, el equipo de gobierno va a incorporar en una nueva modificación de la ordenanza los aspectos que recoge la sentencia para ser “más aclaratorios” e incorporar las cuestiones relacionadas con la ley y el reglamento de tráfico y seguridad vial.

Gutiérrez Alberca ha defendido su trabajado al hacer una tramitación “absolutamente garantista” . Para el concejal “todos los ciudadanos han entendido que estas modificaciones han sido extraordinariamente positivas para la movilidad a las horas punta”.

El responsable de Tráfico y Movilidad ha indicado que el Ayuntamiento “no ha eliminado carriles bici”, puesto que han realizado una “sustitución del itinerario”. “Nuestras normas han sido unas normas claramente liberatorias, claramente en favor de una mejora en los medios de circulación para todo tipo de movimientos, para los peatones, para los ciclistas, para los vehículos privados y también para los autobuses”, ha agregado.

Ecologistas en Acción exige parar las obras de Isabel la Católica
Ecologista en Acción, impulsora de la demanda, ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid la paralización inmediata del desmantelamiento en curso del carril bici del Paseo de Isabel la Católica y su restitución para posibilitar la movilidad ciclista en ese eje principal de la ciudad. Sin perjuicio de la recuperación del carril bici de la Avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de gobierno popular contra la jurisprudencia que él mismo provocó.

Según han recordado, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Salud Global, la contaminación atmosférica provocada por el tráfico causa en la ciudad de Valladolid más de doscientas muertes prematuras, cada año. Sin embargo, la Ordenanza Municipal anti Carriles Bus y Bici nunca evaluó su impacto sobre la calidad del aire y el ruido, evaluación obligada de acuerdo a los propios reglamentos municipales de Medio Ambiente Atmosférico y de Ruido, han reprochado en un comunicado.

En opinión de Ecologistas en Acción, la ciudad no necesita suprimir carriles bus ni carriles bici, sino todo lo contrario: aumentar sustancialmente los espacios reservados a la circulación de peatones, ciclistas, patinetes y transporte público. Los derechos a la salud y a un medio ambiente adecuado son esenciales para la vida, y así aparecen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española, prevaleciendo sobre cualquier ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión.

“Vaparalo sin paliativos” para PP y Vox
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha calificado la sentencia como “un varapalo sin paliativos” para el equipo de gobierno de PP y Vox. El líder socialista ha indicado que el fallo del TSJ es “la consecuencia que se vive cuando uno hace las cosas por destruir y yendo en contra de todo”. Entre ellos, en contra “de los criterios de los técnicos municipales, de las directrices de la Unión Europea y de los ciudadanos”.

Herrero ha recordado al alcalde que hubo más de 1.600 sugerencias presentadas para la ordenanza, de las cuales el 90% no se tuvieron en cuenta. El representante del PSOE ha reclamado a Carnero que “sea sensato” y “no haga perder el tiempo a la ciudadanía”.

El PSOE ha exigido a Carnero que restaure los carriles buses que ha quitado en el Puente de Poniente, en Isabel la Católica, y también en López Gómez, con la Plaza de la Universidad y que pare la destrucción del carril bici de Isabel la Católica que es “completamente legal y que está levantando ilegalmente”.

Para Herrero, aunque la sentencia no recoge que una obligación para revertir los cambios o paralizar la obra, Carnero puede decir que se pare la destrucción del carril bici de Isabel La Católica al ser una decisión política. Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, es “voluntad política” el rectificar.

VTLP pide la reversión urgente de todas las medidas
Por su parte, el concejal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Jonathan Racionero, ha remitido un audio en el que ha exigido la reversión urgente de todas las medidas derivadas de esta ordenanza y ha criticado “las prisas y la falta de planificación” de la coalición de PP y Vox, ya que ha recordado que desde que anunciaran la modificación de uso de estos carriles su formación ha denunciado “lagunas y defectos de estas decisiones apresuradas”, informa EFE

“Creemos que el Ayuntamiento de Valladolid ha cogido un mal camino, ahora vemos que totalmente estaban equivocados y esperamos que cuanto antes paralicen lo que estaban haciendo, porque Valladolid se merece una ciudad muchísimo mejor y este gobierno no está a la altura”, ha afirmado.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha pedido “la paralización inmediata” de las obras en el paseo de Isabel la Católica y su restitución para la movilidad de los ciclistas en una de las arterias de la ciudad.

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba definitivamente su Zona de Bajas Emisiones

 A su juicio, Valladolid “no necesita suprimir carriles bici ni carriles bus” sino que requiere de aumentar estos espacios de circulación para proteger los derechos a la salud y al medio ambiente sobre “cualquier ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión”.


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1973 en: 29 de Noviembre de 2024, 12:53:03 pm »
¿De verdad no se dan cuenta que van contracorriente?. . .

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