Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 370355 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2540 en: 28 de Marzo de 2025, 11:20:43 am »


El coronel Tienda, cesado por Marlaska por el 'caso Cuarteles', pasa a la reserva sin ser imputado y tras dos años cobrando sin trabajar


El coronel afirma en declaraciones a El Independiente que nunca ha recibido la llamada ni de Marlaska ni de la dirección de la Guardia Civil

Coronel José María Tienda, cesado por el 'caso Cuarteles' pasa a la reserva
Coronel José María Tienda, cesado por el 'caso Cuarteles' pasa a la reserva | EFE
Irene Dorta
@irene_dorta
28 / 03 / 2025 - 00: 05Actualizado 28 / 03 / 25 - 08: 31
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El camino del coronel de la Guardia Civil José María Tienda durante los últimos años antes de quitarse el uniforme ha estado ligado irremediablemente a los tribunales. Pero no porque un juez lo llamara o lo citara a declarar como testigo en ninguna investigación, sino porque él acudió a la Justicia para denunciar la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que decidió cesarlo al vincularlo a un caso de corrupción --'el caso Cuarteles'-- en el que nunca se ha visto implicado. Tienda, que ha estado dos años cobrando sin trabajar por la incapacidad de Interior de recolocarlo, reconoce que en todo este tiempo no ha recibido ni una llamada de la Dirección del Instituto Armado para darle explicaciones.


Desde finales de 2012 y hasta marzo de 2023, José María Tienda había sido el coronel jefe de Santa Cruz de Tenerife. En ese periodo, dos investigaciones del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil irrumpieron en la actualidad informativa. En el sumario del 'caso Mediador' apareció el nombre del general Francisco Espinosa Navas, que llegó a estar en prisión provisional, y en el del 'caso Cuarteles', el del teniente general Pedro Vázquez Jarava quien está a punto de sentarse en el banquillo.

En algunas de las conversaciones de estas pesquisas aparecía Tienda como interlocutor, al igual que algunos otros altos mandos de la Benemérita, pero el 'número dos' de Marlaska, Rafael Pérez, acordó únicamente el cese fulminante de este coronel por "pérdida de confianza", lo que provocó que la sobra de la sospecha sobrevolara la cabeza del guardia. Bajo el foco había obras irregulares y contratos amañados por toda España para favorecer a un empresario canario. Una de las comandancias bajo investigación era, precisamente, la de Tenerife. Tienda, sin embargo, nunca ha sido imputado. Tampoco llamado a declarar como testigo en ninguna de las dos investigaciones por parte del juez. Nada.


El 8 de marzo de 2023 el secretario de Estado de Seguridad, junto a la directora General de la Guardia Civil entonces María Gámez acordaron relevarlo del puesto y durante dos años ha permanecido literalmente en su casa. A pesar de que ha pedido ocupar hasta en tres ocasiones un puesto en la Plana Mayor de la Zona de Canarias, según confirma él mismo, nunca le dieron un despacho. Así que, como no estaba suspendido de empleo y sueldo, ha seguido cobrando un salario de unos 2.600 euros mensuales (neto) sin tener que cumplir ninguna labor.

La Guardia Civil repone al exjefe de OCON Oliva en la Comandancia de Málaga


Esta actitud de Interior contrasta con la que ha tenido en otros casos de corrupción en los que se han visto salpicados otros guardias civiles. Por ejemplo, el del que fuera jefe de la Unidad de Élite contra el Narcotráfico (OCON-Sur) David Oliva que está investigado por un presunto delito de revelación de secretos en un juzgado de Madrid, pero que ahora trabaja como 'número tres' de la comandancia de Málaga.

En una situación similar a Tienda está, sin embargo, el comandante de Información Rubén Villalba, que fue detenido el pasado mes de febrero en el marco del 'caso Koldo' y al que acusan de haber estado a sueldo supuestamente del empresario Víctor de Aldama a cambio de proporcionarle métodos de mensajería seguros. Él, aunque inicialmente fue cesado de empleo y sueldo por el plazo de tres meses, ha vuelto a recuperar su salario, pero está sin destino, según confirman fuentes cercanas.


Tienda, a la espera del Supremo
El que fuera jefe de la comandancia tinerfeña acudió a los tribunales para resarcirse de lo que consideraba una destitución ilegal, siguiendo la estela del coronel Diego Pérez de los Cobos a quien el Supremo le había dado ya la razón. Y en efecto, lo consiguió.

Primero en noviembre de 2023 y luego en octubre de 2024. La Audiencia Nacional ha fallado en favor del tricornio en dos ocasiones y ha señalado que Marlaska incurrió en un cese poco motivado al limitarse a exponer una cuestión de "confianza" que no tenía base. Ahora, Interior a través de la Abogacía del Estado ha interpuesto recurso al Tribunal Supremo, si bien fuentes jurídicas explican que lo previsible es que no lo acepten.


De ser así, Tienda tendrá que ser reparado con la diferencia entre lo que ha cobrado y lo que habría cobrado siendo el jefe de la comandancia en estos dos años. Es decir, de unos 2.600 euros a unos 4.300 mensuales. La semana pasada se vistió con el uniforme de despedida y acudió al adiós oficial con sus compañeros.

En conversación con El Independiente, explica que lo que más le ha afectado es el proceder del Ministerio. "A mí lo que más me duele es que toda la información la tenía la Dirección General y nunca me dijeron nada. Habían venido arquitectos de Madrid a mirarme todas las obras y nunca dijeron, en ninguna visita o inspección, que yo estaba haciendo algo mal", dice respecto al 'caso cuarteles'.

Este asunto se ha ido desinflando durante la investigación y la Fiscalía de Madrid anunció el pasado mes de diciembre que solicitaba solo un año de prisión para el teniente general Vázquez Jarava y otro para el empresario favorecido.

A la pregunta sobre si alguna vez le ha llamado Marlaska para darle una explicación, Tienda es tajante: "Nunca. A mí no me ha llamado nadie. Ni cómo estoy, ni cómo no estoy. Ni el director, ni la directora, ni nadie de la Dirección General".


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2541 en: 03 de Abril de 2025, 08:00:56 am »
Juicio por la plaza obtenida por el jefe de la Policía Local de Loeches tras la impugnación de una aspirante: "Le examinaron sus amigos"


La candidata y policía local denuncia que el tribunal estaba formado por amigos del jefe de policía habilitado

Luis F. Durán
Madrid
Actualizado Miércoles, 2 abril 2025 - 13:50

Un juzgado decidirá este mes de abril si la plaza de oficial jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Loeches (Madrid) fue conseguida en un concurso-oposición de forma lícita en 2023 por Juan Manuel Cuevas Sancho, actual responsable de los agentes. La vista se celebrará el próximo 22 de abril en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo tras la impugnación de una candidata, policía local de Loeches y aspirante a esa plaza en la misma oposición. Esta agente denunció una serie de irregularidades y falta de transparencia ante el propio Ayuntamiento y, ahora, en el juzgado vuelve a reclamar que tanto la plaza como el propio concurso-oposición están bajo sospecha. Alega que "el nombramiento es nulo de pleno derecho y lesivo para sus derechos e intereses".

En su día, la demandante pidió la anulación del nombramiento de oficial habilitado, que recayó en el mismo Juan Manuel Cuevas Sancho, y en 2020 el juzgado ya le dio la razón anulando dicha designación. En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, delata que se convocó una única plaza de oficial en promoción interna con la previa predisposición de nombrar al oficial ya habilitado previamente por el alcalde de Loeches. Entiende, por lo tanto, que se han vulnerado todos los principios de igualdad y de libre acceso previstos en la ley.

Además, la denunciante pidió la recusación de los componentes del tribunal por "manifiesta amistad con el candidato opositor Juan Manuel Cuevas Sancho". Le iban a examinar sus amigos: el jefe de Policía Local de Torrejón de Ardoz, Miguel Parra Redondo; el de Arganda del Rey, Ángel Cueva Cobo, y el jefe de Policía Local de San Fernando de Henares, Gabriel Toledano Delfa. El propio aspirante, Juan Manuel Cuevas Sancho, ha participado varias veces en los tribunales de selección de algunos de esos ayuntamientos por ser jefe habilitado y ha tenido una relación de compañerismo con estos mandos que, además, pertenecen a UNIJEPOL (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local). En definitiva, Belén Pérez cree que "tenían que haberse abstenido por razones obvias".

Defiende en su demanda la aspirante una serie de graves hechos: "No se sabe cuándo ni cómo pasó el reconocimiento médico Juan Manuel Cuevas; no fue nombrado oficial en prácticas; falta publicación y notificación; inició el curso obligatorio de ascenso a oficial antes de superar la fase de oposición; faltan actos publicados de una plaza de oficial por promoción interna; aparecen resoluciones del tribunal sin firmar por nadie, ni el presidente ni el secretario y no se han publicado los criterios para la valoración de las pruebas de oposición".

La demandante explica que todo fue denunciado ante la alcaldía de Loeches y ante el tribunal calificador, y que varios responsables municipales conocían el posible amaño. Asimismo, la denunciante pidió revisar su examen y el del oficial aprobado, pero se le negó la documentación requerida y la plantilla correctora. Dice que solo se le permitió copiar el examen o las preguntas que quisiese en un folio en blanco. De igual forma, la opositora denunciante impugnó 13 preguntas del examen y se le denegó. A raíz de eso, uno de los miembros del tribunal, Miguel Parra Redondo, jefe de Policía Local de Torrejón de Ardoz, dejó de pertenecer al tribunal y de firmar documentos, lo que hace pensar a la denunciante que se había abstenido al detectar las irregularidades que se estaban cometiendo.

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Señala en su reclamación que el aspirante Juan Manuel Cuevas tampoco pasó el reconocimiento médico obligatorio, lo que lleva a la demandante a entender que no hubiera resultado apto, por lo que se incumplió la legislación vigente, que obliga a pasar dicha prueba, ya que en la fase de oposición la ley exige "prueba de conocimiento y reconocimiento médico". Continúa la denunciante expresando que, sin ese requisito, no tenía que haber realizado el curso selectivo de formación de ascenso a la categoría de oficial en el IFISE (Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias) de la Comunidad de Madrid, ya que, según manifiesta en su demanda, ella conoce perfectamente que el oficial aprobado "no cumplía con los requerimientos necesarios en relación con la aptitud psicofísica".

También hace constar la demandante que se tenían que haber convocado dos plazas de oficial y no solo una, de acuerdo con la normativa de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. La actual corporación de Loeches asegura que se trata de una decisión tomada por el anterior equipo de gobierno municipal.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2542 en: 03 de Abril de 2025, 19:41:48 pm »
Se van rulando en los tribunales siempre los mismos nombres...

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2543 en: 11 de Abril de 2025, 09:49:29 am »
Expedientar a mandos?

 ;ris;


El Ayuntamiento de València rechaza expedientar a los mandos de Policía investigados por amañar las pruebas de la cúpula


Compromís exige al consistorio que aparte a los responsables policiales inmersos en causas judiciales y suspenda el nuevo proceso para el nombramiento de los comisarios principales
— La policía de Valencia admite que puso las notas antes de recibir los trabajos de los comisarios en las pruebas impugnadas
La alcaldesa de València, María José Catalá y el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, en una imagen de archivo.
La alcaldesa de València, María José Catalá y el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, en una imagen de archivo.
Laura Martínez

10 de abril de 2025 06:01 h
Actualizado el 10/04/2025 11:17 h
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El Ayuntamiento de Valencia no tomará medidas disciplinarias respecto a los mandos de Policía Local investigados en dos juzgados por el amaño de las pruebas de mejora de los comisarios principales. En una respuesta del pleno, la Concejalía de Movilidad y Policía Local que dirige Jesús Carbonell apunta que no se han iniciado acciones contra el jefe de Policía, José Vicente Herrera, ni respecto al otro comisario principal acusado, Rafael Mogro, por estar inmersos en un procedimiento judicial. Dos comisarios les acusan de amañar las pruebas de mejora, una suerte de ascenso con carácter temporal por necesidades operativas del cuerpo, para beneficiar a personal de confianza y situarlos en el primer escalafón policial a la espera de las oposiciones definitivas. La documentación remitida por el Ayuntamiento a la causa, a la que ha tenido acceso elDiario.es, apunta a un trato diferenciado al aspirante que obtuvo mejor calificación, que no presentó un trabajo como el resto, y que las calificaciones se pusieron sin tener todos los trabajos en mano.

La guerra en la cúpula de Policía Local de València se recrudece: tribunales impugnados, multas judiciales y jubilaciones en el aire

Las pruebas fueron impugnadas por uno de los aspirantes y repetidas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia en 2023. Ese mismo año, el nuevo examen fue impugnado por cuatro comisarios por la vía del Contencioso, además de cuestionado por varios sindicatos. Meses después, a raíz de la documentación remitida por el Ayuntamiento a la causa, dos comisarios presentaron una querella contra Herrera, Mogro y un tercer mando —ya jubilado— por prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias, al advertir irregularidades en las pruebas. Los comisarios recurrieron al Contencioso para reclamar la documentación y las actas de valoración de los candidatos, acusando a los tres miembros del tribunal de selección del examen impugnado. En penal, la Fiscalía Anticorrupción sigue de cerca este proceso, que se ha unificado en una querella en el Juzgado de Instrucción 16 de València.

Pese a la doble investigación, el consistorio rechaza apartar a los mandos o abrir algún tipo de expediente a la cúpula policial. En concreto, el Ayuntamiento responde que “no se ha iniciado [el expediente disciplinario] a la espera de pronunciamiento judicial”, ante una pregunta del concejal de Compromís Ferran Puchades. La respuesta data del mes de marzo, después de las publicaciones sobre las investigaciones al jefe de Policía y otros dos mandos en el Juzgado de lo Contencioso y en el Juzgado de Instrucción, pero fuentes municipales apuntan que no ha habido ningún cambio en esta postura. El consistorio rechaza hacer valoraciones sobre un procedimiento judicializado que implica a prácticamente toda la cúpula de la Policía Local, entre denunciantes y denunciados, y que tiene partidos a los mandos en vísperas de la jubilación del jefe.

La decisión choca con la práctica habitual en la Policía, según apunta el sindicato Comisiones Obreras, que señala que cuando un agente tiene una causa judicial, aunque ésta sea al margen de sus acciones en el cuerpo, se le abre expediente informativo o disciplinario, supeditado a la decisión judicial. La sección de Policía del sindicato explica que siempre que se tiene conocimiento de una causa judicial en la que se implica un policía local se procede a incoar expediente, y se sorprende de que no se realice en esta causa en la que sale perjudicada la administración pública.

En paralelo, el consistorio sigue con el procedimiento del proceso selectivo de Comisario Principal, el primer escalón del cuerpo, a apenas tres semanas de la jubilación del jefe. De este tribunal se han apartado tanto Herrera como Mogro precisamente por estar inmersos en una causa judicial en la que los denunciantes son también aspirantes a estas oposiciones, los comisarios Benjamín Lara y Javier Genovés. Comisiones Obreras y uno de los candidatos, Fernando Giménez Oñate, quien se benefició en el proceso de mejora judicializado, han recurrido el acto administrativo de selección del tribunal. El ayuntamiento tumbó el recurso del comisario principal y decidió seguir con el proceso, echando mano de jefes de policía de otras administraciones para el proceso selectivo.

La coalición Compromís ha reclamado la paralización de estas oposiciones y “apartar” a “todas las personas implicadas en procedimientos judiciales abiertos”. Los valencianistas reclaman a la alcaldesa que “ponga fin a la instrumentalización de la Policía Local con fines políticos y garantice un proceso de selección limpio, transparente y libre de sospechas”. El concejal de Compromís Ferrán Puchades recuerda que “desde el inicio del procedimiento para constituir la bolsa de Comisario Principal se han detectado numerosas irregularidades que cuestionan la legalidad y la imparcialidad del proceso”. Puchades ha recordado que el propio tribunal ha reconocido implícitamente, según la información publicada por elDiario.es, que se pusieron notas antes de recibir algunos trabajos, lo que refuerza las denuncias formuladas por aspirantes y sindicatos desde hace meses.

La Jefatura de la Policía Local ha dificultado la colaboración con la justicia, denuncia el concejal, en alusión al hecho de que durante meses se ha remitido documentación incompleta y provocado la apertura de una pieza separada para investigar esta actitud obstruccionista. Como avanzó elDiario.es, el juzgado ha apercibido al Ayuntamiento por no remitir los expedientes completos en meses y abrió una pieza para las multas e identificar al funcionario responsable. La Policía apuntó primero a un miembro del cuerpo y se desdijo pocos días después. Todo ello se interpreta como pasos para dilatar el procedimiento judicial y que el jefe, señalado, se jubile antes de que se complete. No fue hasta este lunes, ya en tiempo de descuento de la jubilación del jefe, que los servicios jurídicos de la Policía Local enviaron al juzgado los documentos que reclamaba la titular. “El gobierno municipal ha actuado con una clara voluntad de controlar políticamente la dirección de la Policía Local. Ante los indicios de manipulación, exigimos a la alcaldesa que suspenda el proceso y colabore plenamente con la justicia”, insiste Puchades.

La policía de Valencia admite que puso las notas antes de recibir los trabajos de los comisarios en las pruebas impugnadas

El jefe de Policía, José Vicente Herrera, cumple 65 años este abril. Aunque ha manifestado su intención de seguir de algún modo en activo, es la edad máxima en la que un policía puede operar, salvo que no llegue al mínimo cotizado. Además del lío judicial, se dan otras circunstancias que pueden complicar su relevo y que mantienen la cúpula agitada. Solo dos comisarios principales tienen su plaza en propiedad, Rafael Mogro y Ángel Albendín, por lo que o bien la alcaldesa echa mano de alguno de ellos, o recurre a un mando de otro municipio en comisión de servicio. Se ha barajado incorporar al jefe de Elche, aunque algunas fuentes apuntan que, habiendo un funcionario de carrera en el municipio con ese rango, no se puede recurrir a un interino. Albendín, que ya le disputó el puesto a Herrera en 2015 y fue defenestrado por el actual jefe, tiene todos los números para ser el máximo mando policial en Valencia en unas semanas.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2544 en: 11 de Abril de 2025, 09:52:44 am »


La policía de Valencia admite que puso las notas antes de recibir los trabajos de los comisarios en las pruebas impugnadas


La Policía Local reconoce un trato de favor al comisario que obtuvo mejor puntuación en los exámenes de mejora que el contencioso y el juzgado de instrucción investigan por amaño
— Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe





La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, visita la Central de la Policía Local junto a José Vicente Herrera.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, visita la Central de la Policía Local junto a José Vicente Herrera. - Rober Solsona - Europa Press
Laura Martínez

València —
8 de abril de 2025 22:11 h
Actualizado el 10/04/2025 12:51 h
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Seguir al autor/a
La Policía Local de Valencia reconoce que las notas para evaluar a la cúpula se pusieron antes de tener en mano los trabajos de todos los aspirantes. Los servicios jurídicos del cuerpo han remitido al juzgado de lo contencioso, que investiga el procedimiento de las pruebas de mejora de los comisarios, en paralelo a un procedimiento penal que aborda el amaño de las mismas, los correos electrónicos por los que la jefatura reclamó los trabajos en los que se apoyaron los comisarios dos días después del examen.


València tumba el recurso de un mando de la Policía Local y sigue con el proceso para elegir la cúpula a días de la jubilación del jefe

El juzgado de lo contencioso arrastra meses de reclamaciones al Ayuntamiento y al responsable del cuerpo, José Vicente Herrera, para que remita los expedientes completos de evaluación de los mandos, incluyendo los trabajos presentados y los registros que acreditan cuándo y cómo se depositaron. Cuatro comisarios denunciaron al jefe y a otros dos mandos, uno de ellos ya jubilado, por beneficiar a personal afín en las pruebas de mejora para optar a comisario principal, el primer escalón del cuerpo, y dos de ellos llevaron la cuestión a la vía penal. Se da la circunstancia de que estos exámenes son la repetición de otros que ya fueron impugnados y anulados por el Tribunal Superior de Justicia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, Jefatura reclamó a los ocho aspirantes las presentaciones en las que apoyaron su exposición, la última fase de la prueba y en la que la mitad quedó suspendida, dos días después de realizar el examen. Las pruebas se efectuaron el 4 de octubre, los trabajos se solicitaron el día 6 y las notas se publicaron en una orden del 11 de octubre, fechada el día 10, sin opción a revisión. Todavía no se habían entregado todos los trabajos que apoyaban las presentaciones evaluadas, según consta en los correos, que acreditan que varios aspirantes no depositaron los trabajos hasta el día 13 y 18 de octubre.

Los comisarios suspendidos reclamaron una revisión de la prueba y el acta de la comisión de valoración -las anotaciones que realizaran los evaluadores en el momento-, ante las dudas sobre el proceso. Al margen de la sentencia que anuló la evaluación anterior, días antes del examen circuló una orden falsa del cuerpo en la que se apuntaba quiénes serían los aprobados y en qué lugar, y el día de la misma prueba se publicó en prensa que Jefatura trabajaba en una renovación de la cúpula con mandos afines.

Una semana después de que se solicitara la revisión, el cuerpo entregó el acta de la comisión de evaluación de las pruebas de mejora, fechada el 4 de octubre, día del examen, con algunas puntuaciones. En el documento consta que se aportan las presentaciones de los comisarios, pese a que no se pidieron por correo hasta dos días después, según acreditan los mails remitidos al juzgado por el propio consistorio, y los ítems con la letra pequeña de la evaluación. Una prueba de metadatos admitida por el juzgado apunta que uno de los comisarios beneficiados, Eladio Barber, elaboró el documento de evaluación el 18 de octubre, 14 días después de la prueba, documento que luego fue modificado por uno de los comisarios principales que los evaluaba. Ambos son de la máxima confianza del jefe de Policía, según apuntan fuentes próximas a la defensa. Barber es el comisario que obtuvo las mejores notas en las dos evaluaciones, tanto la anulada en 2023 como la prueba repetida, ahora investigada en el contencioso y en el juzgado de instrucción.

El jefe de la Policía Local de València, José Vicente Herrera, lleva meses dando largas a los juzgados que le investigan por el presunto amaño de las pruebas de la cúpula del cuerpo. La jueza del contencioso lleva desde diciembre reclamando los expedientes completos de evaluación y ha abierto una pieza separada para sancionar al Ayuntamiento por el bloqueo, además de reclamar la identidad del funcionario responsable de no remitir las pruebas. La documentación completa sobre los exámenes ha llegado al juzgado en el siguiente día hábil en que los comisarios acusen al jefe de un delito de obstrucción a la justicia, y en el mes de su jubilación.

el artículo continúa después del siguiente mensaje
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De los expedientes remitidos se desprende además un trato de favor al comisario que mejor puntuación obtuvo. El jefe de Policía reconoce en un escrito, que firma el mismo Herrera, que Barber no presentó los trabajos en formato PDF como el resto de candidatos, sino que los entregó personalmente, sin mayor detalle. No se acredita en la documentación remitida cuándo entregó su trabajo.

Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe

Las defensas de los comisarios reclamantes consideran que el jefe lleva meses ejerciendo “filibusterismo administrativo” y que su estrategia pasa por dilatar el procedimiento todo lo posible hasta su jubilación. Formalmente, debe ser este mes de abril cuando Herrera deje de ser mando policial, aunque el Ayuntamiento baraja cómo darle otra salida para que siga en activo vinculado a la seguridad del consistorio. Los denunciantes advirtieron en un escrito al juzgado que se va a cerrar el procedimiento administrativo -pendiente de declarar la prejudicialidad para que se asuma por la vía penal- sin que haya aportado los documentos. En paralelo, Instrucción investiga a Herrera y otros dos mandos policiales por prevaricación administrativa, delito continuado de falsedad en documento público, un delito de tráfico de influencias y de un delito de malversación de fondos públicos. El Ayuntamiento de Valencia ha declinado hacer declaraciones alegando que el asunto está judicializado.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2545 en: 11 de Abril de 2025, 14:07:26 pm »
Que buen día se está quedando en Valencia. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2546 en: 05 de Mayo de 2025, 10:14:55 am »

La Guardia Civil investiga el uso particular de vehículos oficiales por parte de varios mandos


Hace un mes, un guardia civil denunció de forma anónima el uso de fondos y de coches por parte de mandos de la Uprose


Enrique Recio
@RecioEN
er@theobjective.com
Publicado: 05/05/2025

04:30
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La Guardia Civil ha abierto una información previa para investigar el uso particular de vehículos oficiales por parte de varios mandos de la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose) del Cuerpo, tras la denuncia que interpuso un agente en un canal anónimo del Ministerio del Interior, según revelan a THE OBJECTIVE fuentes del instituto armado. En el escrito, al que tuvo acceso este diario y que fue registrado el pasado 24 de marzo, el guardia civil denunció una presunta malversación de fondos públicos y el uso de distintos vehículos policiales para fines privados por parte de algunos de sus superiores en la Uprose, encargada de la vigilancia de edificios públicos y de centros penitenciarios, así como de la escolta de personalidades en la Comunidad de Madrid.


En el documento, según desgrana el denunciante, se incluyen extractos de una conversación telefónica en la que un mando de la Uprose le dice al denunciante que «es de conocimiento generalizado en esa comandancia los supuestos usos irregulares de medios oficiales por parte de oficiales» del departamento de protección y seguridad. Además del uso de vehículos para viajes privados o para la realización de mudanzas de familiares, el escrito también revela el engrosamiento de dietas para cubrir gastos en «hoteles de cinco estrellas» o «hacer cursos de buceo» sin autorización alguna de otros superiores, «sino de ellos mismos», es decir, de los mandos del departamento de vigilancias policiales.

Tres vehículos a su disposición
Según indica la denuncia, a finales de 2024, el máximo responsable de la citada unidad se adjudicó presuntamente uno de los «dos vehículos BMW serie X3 que la Fábrica de Moneda y Timbre entregó para servicios que hace la Compañía de Conducciones Especiales de la Uprose para el Banco de España». «Pidió —hace referencia al mando— que uno fuera de color comercial para asignárselo al uso que él estimase y dejó solo el bicolor para que lo usara la Cía de Conducciones Especiales», revela el denunciante, que añade que ambos coches cuentan con «tarjeta de repostaje que abona la Fábrica de Moneda y Timbre».

Denuncian que mandos de la Guardia Civil usan vehículos oficiales para fines privados
Denuncian que mandos de la Guardia Civil usan vehículos oficiales para fines privados
Enrique Recio
En el caso de otro mando, un responsable de «Seguridad Penitenciaria», el denunciante cuenta que tiene tres vehículos oficiales «a su disposición», entre ellos, «un Megane Azul y un Toyota Prius de la Cía de Conducciones Especiales». El guardia civil basa el uso particular de estos vehículos por parte de su superior en el hecho de que constan en algunos de ellos «pagos por peajes con él a bordo domingos, cuando no se hacen servicios ese día». «Eso está registrado y prueba su uso particular», afirma. Al igual que «el sistema VIATEL —para abrir barreras en autopistas— que incluyen los citados vehículos. Una relación de pases que también queda reflejado cuando se emplean estos coches por parte de la Guardia Civil.

La mudanza para la hija de un teniente
El oficial relata también un episodio «a finales de 2024» en el que «un teniente —en la actualidad capitán— utilizó el vehículo oficial para llevar los muebles de la hija» de otro mando desde Barcelona a la Comunidad Valenciana. «Se disimuló como vigilancia de un servicio», explica. Por todo ello, el citado superior «aseguró que le gratificaría con dos medallas en diciembre de 2025, la de El Pilar y 15 días después, la de Instituciones Penitenciarias», señala.

La Guardia Civil entra en el Ayuntamiento de Valencia y pide contratos del exlíder de Vox
THE OBJECTIVE
Fondos del Banco de España para «pinchos»
El escrito, por otro lado, acusa al máximo responsable de la Uprose de desviar los fondos «en efectivo» que destina el Banco de España a la unidad y a la Compañía de Conducciones Especiales para gastos especiales. «A la Compañía, que debería ser la principal receptora, no llega nada, es administrado por un guardia civil. No se sabe donde va todo. El mando lo utiliza como considera; la cantidad pueden ser 10.000 euros mensuales», señala. Además, según la grabación telefónica, que no se aporta en el escrito, parte de los «500 euros que el Banco de España da para incidencias», en realidad, se usan «para pinchos» y lo «tiene guardado en una caja fuerte el citado guardia civil».

Por último, el guardia civil también advierte de que los mandos engordan sus dietas en determinados viajes para que el instituto armado costee gastos «en hoteles de cinco estrellas» bajo el pretexto de estar haciendo vigilancias. «En un viaje en 2024 que hizo el coronel a Canarias, se alojó en un hotel de cinco estrellas y aprovecharon para realizar un curso de buceo; lo justificaron diciendo que iban a vigilar supuestamente al equipo del Banco de España, no de vacaciones». «El mando se llevó al conductor, también a otro teniente coronal y a sus respectivas mujeres», revela. Ahora será la Dirección General de la Guardia Civil la que dictamine la veracidad o no de los hechos denunciados por el agente.





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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2547 en: 16 de Mayo de 2025, 14:53:17 pm »


Detenido de nuevo el subinspector de la Policía Local de Granada por quebrantar una orden de alejamiento


El Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada abrió juicio oral contra este agente por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual
— El Ayuntamiento de Granada nombra jefe de estudios de la escuela de Policía a un agente investigado por violencia machista
Edificio judicial de La Caleta
Edificio judicial de La Caleta EUROPA PRESS / ARCHIVO
elDiarioand

14 de mayo de 2025 19:41 h
Actualizado el 14/05/2025 19:49 h
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El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada, en funciones de guardia, ha acordado hoy la puesta en libertad provisional del mando de la Policía Local detenido por un presunto quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento impuesto por otro juzgado de Violencia de Granada por un presunto caso de violencia de género hacia su pareja.


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Según ha informado el TSJA, la detención del agente por el presunto quebrantamiento ha derivado en la apertura de un proceso judicial por diligencias previas después de que el denunciado no aceptara el acuerdo de conformidad propuesto por la fiscalía y por la necesidad de seguir investigando las circunstancias y motivos por los que se produjo, presuntamente, la infracción de la medida cautelar.


Mientras esto se sustancias, el Juzgado de Guardia impuso al agente la prohibición de acercarse o estar en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la denunciante, medida cautelar que fue aceptada por todas las partes, tanto el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa.

Según la denunciante, el presunto quebrantamiento del agente se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, -que la presunta víctima no atendió en ningún momento-, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja. En este punto, el agente negó que las desconexiones fueran voluntarias y alegó que se debieron siempre a fallos de conexión del aparato.


Frente a las dos versiones, el Juzgado ha encargado al grupo Cometa, encargado de la instalación y seguimiento de las pulseras, la realización de un informe técnico que aclare los motivos y causas de las desconexiones.

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El presunto caso de violencia de género que llevó a la imposición de la medida de alejamiento ahora presuntamente quebrantada será juzgado en el Penal número 5 de Granada.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2548 en: 17 de Mayo de 2025, 08:23:36 am »

El invento bajo secreto de la Policía contra Podemos: Miguel Urbán y 40 kilos de coca en el pub Nueva Visión de Malasaña


La cúpula de la seguridad del Estado recurrió durante el Gobierno del PP a un disparatado montaje que duró seis frenéticos meses y que tenía por objetivo fabricar una supuesta financiación ilegal de Podemos para evitar que el partido alcanzara el poder en las elecciones de 2016
— Cronología de una operación contra Podemos: la Policía fabricó en 17 días el bulo de la cuenta de Iglesias en el Caribe





El comisario Olivera, Miguel Urban y Johnny en fotos de épocas aproximadas al montaje.
El comisario Olivera, Miguel Urban y Johnny en fotos de épocas aproximadas al montaje.
Pedro Águeda

16 de mayo de 2025 22:24 h
Actualizado el 17/05/2025 07:55 h
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Johnny lleva 45 años apoyado en el quicio de la misma puerta. Alto, apartado de los cánones tradicionales de belleza y de pocas palabras, su silueta es una fotografía anclada en la memoria de varias generaciones que hicieron del barrio madrileño de Malasaña su territorio de iniciación al punk, el amor y otros excesos. Johnny regenta desde 1980 un pub con nombre, Nueva Visión, y con subtítulo, Ramones Fan Club. Hace diez años, en secreto, unos comisarios lo colocaron en el centro de una de las mayores patrañas de la guerra sucia contra Podemos durante el último Gobierno del PP. Esta es la historia jamás contada de cómo la cúpula de la seguridad del Estado se las ingenió en 2016 para convertir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, en vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela que financiaría el partido, con el Nueva Visión como escenario y Johnny de intermediario.


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Es 12 de enero de 2016. Dos medios de la derecha publican el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y dan el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito en un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudoinforme PISA coincide con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista.

En esas mismas fechas arranca en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) el bulo de la cocaína y Miguel Urbán. El CITCO es un órgano en el que participan la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y el CNI. Fue creado a raíz de los atentados yihadistas del 11M para que no se repitieran los errores de coordinación que facilitaron la masacre terrorista. No tiene funciones operativas. A principios de 2016 estaba dirigido por el comisario de la Policía Nacional José Luis Olivera, hoy jubilado y a la espera de sentarse en el banquillo por el caso Kitchen.


José Luis Olivera es el comisario que aparece en una grabación junto a su amigo José Villarejo sobre la cuenta falsa de Iglesias en el Caribe. “Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen”, aportaba Olivera a la conversación sobre la manipulación de los documentos.

El 21 de enero de 2016, justo ocho días después de la publicación del informe PISA, José Luis Olivera firma en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tiene como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Con el precio de mercado de la época, Urbán habría salido del bar con 1,2 millones de euros en el bolsillo. O donde cupiera tanto dinero.

El comisario José Luis Olivera, experto en lo que la Policía llama “manipulación [manejo] de fuentes”, atesora una dilatada carrera. Entre otros destinos ha sido jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, en tiempos de los casos Malaya y Gürtel. Olivera considera tan creíble la disparatada historia de su confidente como para informar oficialmente a la Fiscalía Antidroga para que abra una investigación.

La fuente del CITCO relata que Miguel Urbán se había presentado en fecha indeterminada en un pub de la calle Velarde, en el centro de Madrid y, acompañado del dueño del establecimiento, subió al primer piso del portal contiguo. Allí les esperaba un tercero, de unos 40 años, al que Urbán “le entrega 40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero”.

Durante el encuentro en el piso, Miguel Urbán habría comentado que se trataba “de una cocaína muy buena, de buena calidad, procedente de Venezuela y facilitada por sus contactos de aquel país”. La droga, según el confidente policial, tenía como fin “financiar los gastos de campaña del partido Podemos”. Así lo habría manifestado el propio Urbán durante la supuesta transacción, siempre según el relato del confidente.

Antes de continuar cabe una primera recapitulación. Uno de los comisarios más poderosos durante el Gobierno del PP –lo había sido antes también con el PSOE– da crédito a uno de sus confidentes, que asegura que Podemos se financia con cocaína de Venezuela y que uno de sus eurodiputados carga con 40 kilos de droga por el centro de Madrid en el momento de mayor popularidad de la formación.

“Si no llegan al Gobierno, mejor para todos”
Podemos era la tercera fuerza política del país y negociaba un gobierno de izquierdas con el PSOE. Tres meses después del informe del CITCO, muy lejos de la calle Velarde, en Nueva York, otro mando de la brigada política dejaría la frase que resume aquel semestre de furia contra Podemos: “Si Posemos no llega al Gobierno, mejor para todos”.

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago traslada esa afirmación a un exministro del Gobierno de Chávez. Ese 12 de abril, en el Consulado de España en Nueva York, el mando policial dice actuar con “un mandato” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según consta en la grabación publicada del encuentro.

Vuelta a Madrid y regreso al mes de enero de 2016. En el informe que el CITCO elabora para la Fiscalía Antidroga sobre Urbán se explica que uno de los confidentes es un camarero, de nombre Hugo, que trabajaría en el Nueva Visión y que se dice “muy amigo” del eurodiputado y también de Johnny, el dueño del bar. “Hasta el punto de que Hugo lleva una foto de los tres de aquel día en el pub, posiblemente fruto de la celebración de ese intercambio de drogas”, escribe Olivera sin adjuntar la instantánea.

Hugo viajaría después a un pueblo de Toledo para reunirse con un amigo que regenta un mesón. A esa reunión se sumó un tercero. Toman copas y Hugo cuenta la historia de la cocaína. El tercer individuo es el confidente original del CITCO, según consta en un informe policial. A esa función de delator se sumaría el tal Hugo y el otro asistente al encuentro en el mesón.

elDiario.es ha contactado con Miguel Urbán y ha repasado con él los nombres del confidente y sus amigos, así como las fotos en Internet que hay de algunos de ellos. El exdiputado asegura que no conoce a ninguno. Ni siquiera recuerda haber entrado en su vida en el Nueva Visión. “La última vez que salí por Malasaña debió de ser en 2009”, asegura.

Momento para la segunda recopilación: un supuesto confidente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado escucha la historia de Miguel Urbán vendiendo 40 kilos de cocaína en el Ramones Fan Club de Malasaña, se lo cuenta a sus manipuladores (los policías con los que colabora), estos a Olivera –si es que no fuera colaborador directo de éste– y el director del CITCO considera que debe informar de los hechos a la Fiscalía Antidroga.

Esta es la tesis que la propia Policía traslada en sus oficios a la Fiscalía, pero entre los párrafos que componen el montaje emerge otra posibilidad, que fueran los propios policías los que dicen al confidente qué tiene que declarar contra el fundador de Podemos. En esta segunda hipótesis incide que el confidente incluye en su relato un procedimiento de financiación ilegal no apto para legos en la materia: “Miguel [Urbán] dijo que se trata de pagar el máximo número de gastos en cash y luego justificar el dinero con donaciones anónimas”.

Cuatro días después del informe, la Fiscalía Antidroga abre unas diligencias previas de investigación que habían permanecido en secreto hasta hoy. Se trata de un procedimiento habitual en la Fiscalía para determinar si los indicios que le llegan por denuncias o por informaciones policiales deben sustanciarse en una querella al juzgado o si, de lo contrario, no tienen peso y acaban en un decreto de archivo.

El fiscal jefe de Antidroga entonces, José Ramón Noreña, declaró secretas las actuaciones y ordenó a la unidad especializada antidroga de la Policía comprobar la informacion aportada por el confidente.

El comisario Olivera tiene prisa
Al director del CITCO le urgía encontrar algo contra Podemos. El segundo informe que envía a la Fiscalía lleva fecha de 28 de enero de 2016, dos días después de que Antidroga abriera diligencias inducida por el primer oficio policial. Adelanta que puede conseguir un nuevo testigo y sitúa a Johnny como “intermediador” del pase de droga, incluyendo datos sobre la sociedad que administra el bar.

Dos semanas después, Olivera se mueve otra vez. En este caso envía a Antidroga las declaraciones firmadas de Hugo Ch., Antonio S. y Marcos B. Aquí, la historia del confidente se dispara. En su declaración ante la policía, Hugo afirma que Miguel Urbán, tras consumar la transacción en el piso de arriba, regresó al Nueva Visión y celebró el trato tirando “una bolsa de cocaína en la barra e invitando a todo el que quisiera”.

Hugo relata: “Urbán dijo que había hecho un favor a España, que había vendido 40 kilos de cocaína de Venezuela y que era para pagar los gastos del partido”. De ser cierto el relato del confidente, Urbán habría compaginado su tarea como europarlamentario con la venta de droga por las esquinas de Malasaña. Hugo asegura que le ha visto trapichear también en la calle. La Policía escribe sobre los delatores: “No habían denunciado [antes] porque es gente muy poderosa [los de Podemos] y tenían miedo a represalias”.

En el segundo oficio, el Centro de Inteligencia Antiterrorista hace afirmaciones, de nuevo, cuestionables. “El pub Nueva Visión es un local regentado por gente especialmente de extrema izquierda y muy ligada al 15M”, incluía el nuevo atestado.

César Strawberry es el líder del grupo de rap metal Def con Dos y conoce a Johnny desde 1983, del primer día que entró en el Nueva Visión. “Johnny fue un personaje muy importante en la agitación cultural de aquella Malasaña. Viajaba a Londres y traía discos, fue el primero en poner videoclips en televisiones dentro del local, tenía un armario con ropa alucinante… Johnny representaba el punk de entonces, el original, antes de que se vinculara a una ideología de izquierdas”, afirma en conversación con elDiario.es.

¿Y las drogas? “Imposible. En el Nueva ni se traficaba, como sí que pasaba en otros locales, ni siquiera se consumía. Johnny siempre ha sido antidroga total. Si pillaba a alguien metiéndose, le echaba”, cuenta Strawberry al conocer el relato policial.

La Fiscalía Especial Antidroga implica en su investigación preliminar a la unidad de élite de la Policía contra el tráfico de drogas. Agentes de la UDYCO organizan las cuatro vigilancias alrededor del Nueva Visión. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero de 2016, según los informes a los que ha tenido acceso elDiario.es. Los policías no llegan a entrar en el bar.

Después escriben: “Al local suele acudir bastante gente entre la una y las dos de la mañana, siendo habitual el hecho de que muchos de ellos permanecen durante un corte espacio de tiempo en su interior y se marchan del mismo sin llegar a realizar consumición alguna, hecho que induce a pensar que en el mismo se produce la venta al menudo de sustancias estupefacientes (…) Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”.

Mientras los policías “infieren”, el Nueva Visión está a rebosar. A la hora que indican, otros bares han empezado a cerrar y el Nueva está en el corazón de Malasaña. Es un bar de pequeñas dimensiones, asfixiante cuando se llena. Miran los antecedentes de Johnny: una reclamación por un delito contra la seguridad del tráfico. De la circulación del tráfico. Los policías piden autorización para pincharle el teléfono. La Fiscalía no les apoyará.

Ramones Fan Club
Este mayo de 2025 está siendo más lluvioso de lo habitual en Madrid. Después de unos días sin que Johnny asome su particular silueta por la puerta del Nueva Visión, elDiario.es logra dar con él. Está sentado, como tantas tardes, en una banqueta con la puerta del pub entreabierta.

El Nueva Visión está cerrado. No superó la pandemia y el propio Johnny lo hizo a duras penas. Vive de una exigua pensión por los efectos de la Covid permanente, que le ha dejado un 70% de discapacidad. Ofrece con un gesto otra banqueta al reportero y escucha en silencio la historia, de la que nunca había oído hablar. Está atónito.

Johnny no conoce a ningún responsable de Podemos, ni recuerda a ningún camarero en su local que se llamara Hugo. Se enfada. “Aquí intenta meterse coca alguien y pilla”, suelta castizo y con gesto serio. Habla en presente, como si su bar siguiera abierto y no llevara cinco años cerrado. Cuenta que quiere reabrirlo, pero le han dicho que no puede renovar la licencia, que tendrá que conseguir una nueva. Él sigue plantándose cada tarde en su puerta. En el rellano guarda una lata de cerveza y una radio siempre encendida.

El dueño del Nueva, Johnny –Felipe en su DNI– tarda unos minutos en ubicar la dimensión del invento. De lo que le acusaban era de auspiciar una operación de tráfico con 40 kilos de droga. Con una frase desmonta la “inferencia” policial de que los clientes entraban a su local y salían al poco tiempo: “Dábamos chupitos a un pavo”.


Imagen actual de la fachada del Nueva Visión
Regresamos a enero de 2016. Con anterioridad a que los policías obtengan permiso para indagar en las cuentas de Urbán, la Fiscalía recibe otro informe policial basado en una fuente anónima, de la que nunca se sabrá nada más, pero que resulta determinante para dar un impulso al caso. Según esta fuente, Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”, dice el oficio policial.

Las donaciones que especifican son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urban.

Los policías condimentan su oficio: “La fuente que ha aportado estos datos por ahora no ha podido puntualizar el resto de los movimientos de otros miembros [de Podemos], que no obstante señala que conoce que se producen con la misma frecuencia y con origen de integrantes relevantes de este partido”.

Operación Cardenal: un trampolín a Podemos
El relato de los confidentes es solo un trampolín. La Policía se ha movido rápido. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación. 

Como adelantó Infolibre, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Fue en el marco de la causa por la guerra sucia a Podemos que instruye el magistrado Santiago Pedraz. Apareció una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. La respuesta de la Policía confirma la sospecha del partido: el invento de la droga solo era el pretexto para llegar al líder de Podemos y las cuentas de la formación.

Los oficios de la UDEF están firmados por su jefe de entonces, José Manuel García Catalán. El montaje contra Podemos se cuece en la misma cúpula del Cuerpo Nacional de Policía. García Catalán es uno de los mandos que viaja a Nueva York a conseguir pruebas, verdaderas o falsas contra el partido de Iglesias.

Al mes siguiente de regresar de Nueva York, el 24 de mayo de 2016, el jefe de la UDEF rubrica un informe de su unidad sobre los gastos, ingresos y contrataciones de Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos, con la excusa de la venta de droga. Los policías rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas. No encuentran nada, pero especulan.

La Policía insiste en la baza de los delatores. Los lleva ante el fiscal Antidroga del caso el 23 de febrero de 2016. Hugo se ratifica en todo. A Urbán se le cayó la mochila, 40 kilos, y él le ayudo a recogerla. No sabía qué había dentro, pero tras la transacción lo sospechó. Antes de irse, el eurodiputado tiró una bolsa de cocaína sobre la barra para que esnifara el que gustase. Sacó un fajo de billetes y pagó una ronda para todos. Palabra de confidente.

La Policía no va a dejar pasar la oportunidad. En otro informe de la UDEF, firmado por García Catalán el 1 de marzo de 2016, se especula con la salud financiera de Miguel Urbán. Recogen sus donaciones a “proyectos sociales”, a Podemos y encuentran algo que a los policías les da que pensar :“Prácticamente no hay ahorros en sus cuentas bancarias pese a que tiene una hipoteca”. Palabra de comisario del Cuerpo Nacional de Policía.

“Es por ello que puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y por tanto podría tener una fuente de financiación no declarada –continúa el entonces jefe de la UDEF–. Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”.

La afirmación no es gratuita. En base a ella, la UDEF propone a la Fiscalía que se la Agencia Tributaria facilite toda la información que tenga sobre Urbán. El comisario José Manuel García Catalán todavía enviará a la Fiscalía Antidroga un informe el 24 de mayo con todos los gastos de las tarjetas de Urbán, ingresos y contrataciones.

En las diligencias previas de la Fiscalía Antidroga consta un informe de 78 páginas de la Agencia Tributaria sobre Miguel Urbán Crespo. Lo firma la entonces jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Margarita García-Valdecasas. Lleva fecha de 29 de abril de 2016 y es el preludio del fracaso de la Policía. No hay nada.

En junio se celebran elecciones generales. Podemos mantiene su representación parlamentaria pero el sueño del 'sorpasso' al PSOE se esfuma. Durante toda la precampaña y la campaña electoral, la cúpula de la seguridad del Estado, de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Antidroga han investigado a uno de sus fundadores y europarlamentarios. Y lo han intentado con su líder, Pablo Iglesias.

Un mes después de los comicios, el 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, firma el decreto de archivo de las diligencias previas de investigación abiertas a requerimiento policial. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribe.

A día de hoy…
Miguel Urbán. Abandonó Podemos en 2020 por estar en contra de la entrada en el Gobierno. Sigue militando en Anticapitalistas y ha puesto en marcha una cooperativa de gestión cultural, asesoría y comunicación después de un tiempo en el paro.

“Este montaje demuestra la impunidad con la que trabajan las cloacas del Estado, que se pueden inventar algo tan sumamente descabellado y que no tenga consecuencias. Cincuenta años después de la muerte de Franco, toda la estructura de poder y cloacas sigue operando en democracia. No bastaba con exhumar a Franco del Valle de los Caídos... A esto nos referíamos. Soy hijo de luchador antifranquista torturado por Billy el Niño. Los herederos de ese policía son los han montado esta trama contra Podemos. Continúa la impunidad”.

Johnny. El próximo julio cumplirá 65 años. Vive de una pensión por invalidez de 600 euros, sueña con reabrir el Nueva y todavía le quedan 60.000 euros de hipoteca de su piso. “Si fuera un narco la habría pagado ya. Ponlo ahí”. Johnny es historia de una Malasaña, de un Madrid, que languidece. Dos chicos con aspecto de turistas se paran frente al Nueva Visión y señalan su puerta entreabierta. “Cerrado”, les advierte el dueño.

“¿De lo que hice en Alcalá 20 no ponen ahí nada?”, se indigna Johnny. Hace 42 años ayudó a rescatar a una veintena de personas del incendio de la discoteca Alcalá 20, en el que hubo 81 muertos. Él mismo aparece contándolo a la puerta de las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz en el archivo de Televisión Española, un fragmento de los informativos incluido en un capítulo de 'Cuéntame'.

En la charla surgen sus años en el Fondo Sur del Vicente Calderón, que abandonó en los noventa por la invasión de nazis en el Frente Atlético. Johnny no tiene Internet. Por el periodista se entera de que cuatro días antes ha muerto un camarada de la militancia rojiblanca y de Malasaña, Iñaki 'Glutamato'. Aparta la mirada y se queda en silencio. Demasiadas noticias malas para una tarde cualquiera de mayo.


Felipe (Johnny) habla de su participación en el rescate de las víctimas de Alcalá 20 TVE
José Luis Olivera. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Se sentará en el banquillo del caso por el espionaje policial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Anticorrupción no presenta acusación contra él, pero sí la acción popular, que pide una pena de cárcel. Jefe de la UDEF con el PSOE, el Gobierno de Rajoy lo encumbró con la dirección del CITCO y el acceso a toda la información. Estuvo a punto de convertirse en el director operativo de la Policía.

José Manuel García Catalán. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Su nombramiento al frente de la UDEF ya resultó polémico en 2014. Jorge Fernández Díaz situaba al frente de la unidad que investigaba al PP por la caja B a un comisario afín. Por el momento ha declarado como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra Podemos.

Cronología de una operación contra Podemos: la Policía fabricó en 17 días el bulo de la cuenta de Iglesias en el Caribe

Hugo Ch. El confidente que atribuyó delitos penados con muchos años de cárcel a varios inocentes contesta la llamada de elDiario.es a su teléfono. Se niega a hablar su falso testimonio y arremete contra el periodista: “¿Qué trabajo es sacar lo que no se puede sacar? ¿Por qué no sacáis la mierda del Gobierno? Porque sois unos aborregados y unos subvencionados”, contesta él solo antes de advertir que está grabando la llamada y colgar.