Cárceles, presos y condenas

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Inhabilitar al juez Manuel Piñar

    En España nos asiste un armazón jurídico y endogámico en el que los jueces pueden actuar con impunidad sin que se tomen medidas contra ellos por actuar según preceptos ideológicos y arruinando la vida de gente no afín a sus marcos morales

Antonio Maestre
@AntonioMaestre

11 de diciembre de 2021 22:35h



Todas las líneas rojas ya se han cruzado en la judicatura. El auto del juez Manuel Piñar Ruiz negando la libertad a Juana Rivas utilizando una información desestimada por la Guardia Civil por falta de indicios como hecho probado es el último escándalo de un sistema putrefacto. En España nos asiste un armazón jurídico y endogámico en el que los jueces pueden actuar con impunidad sin que se tomen medidas disciplinarias contra ellos por actuar únicamente siguiendo preceptos ideológicos y arruinando la vida de gente que no se ajusta a sus marcos morales. ¿Qué hace falta en este país para inhabilitar a un juez?

Los hechos no importan para quien solo se mueve por motivaciones políticas y bastardas. La reacción de la derecha al inefable auto del juez Piñar es el último ejemplo. No hay ningún abuso sexual al menor o, lo es que más preciso, no hay ninguna prueba ni indicio de que se produjera, según consta en el informe de la Guardia Civil que investigó el hecho y concluyó de forma tajante que no hay ningún indicio. Eso es un hecho, tanto que el juez en el auto que lo menciona reconoce que no ha habido condena alguna. Pero Manuel Piñar tiene una concepción de la justicia muy peculiar en la que los hechos tienen que adaptarse a su moral, y no al revés.

"Primero resuelve con sentido común y luego busca adaptarlo a la ley" es un extracto literal de una publicación del juez que ha sentenciado contra Juana Rivas y que por sí solo tendría que servir para apartarlo del cargo para el resto de su vida, porque muestra una concepción de la justicia basada únicamente en sus prejuicios. Pero no es solo eso. El perfil personal de Facebook del magistrado Manuel Piñar es como asomarse a un pozo donde anidan todos los detritus de la extrema derecha, del racismo, del machismo y del nulo respeto a los derechos humanos y a la justicia como algo diferente a la venganza contra todo aquello que representa su antagonista ideológico.

Estos son solo algunos ejemplos de las deposiciones de sus redes sociales en las que tiene un especial odio hacia las mujeres y el feminismo. Comentando un meme sobre Afganistán e Irene Montero el juez se explaya: "El feminismo está cada vez más metido en la estupidez. Tenían que mandarla con semejantes animales y que viera lo que prefiere. Vaya una chusma feminazi". No es la única vez que se acuerda de la lucha por la igualdad para despreciarla: "Peor que una feminazi es una comunista tonta". El feminismo y la violencia machista (aunque según el juez no tiene género) son su diana preferida. También sitúa en ella a los musulmanes, a quienes se refiere de manera habitual en sus publicaciones como "moros", llegando incluso a expresar que convendría expulsarlos de Europa o ejecutarlos, casi siempre compartiendo noticias falsas: "Otro moro que tenía que estar fuera de Europa o ejecutado. Con esta chusma mora no puede ir con el manual de derechos humanos por delante porque los derechos humanos no están pensados para semejantes animales".

El juez Manuel Piñar Ruiz ha podido juzgar, condenar y faltar a la verdad en un auto sobre Juana Rivas para  negarle la libertad sin que ningún resorte de control judicial, denuncia de compañeros o actuación del Consejo general de Poder Judicial haya parado la maquinaria. Un juez con opiniones integristas que se permite expresarse con impunidad de esa forma entra de manera frontal en conflicto, no solo con el caso de Juana Rivas, sino con cualquier causa de otro tipo, pero especialmente con un caso como el de Juana Rivas, que además ha sido munición política para la extrema derecha en contra de las leyes de protección de las mujeres y contra la violencia machista. Es una urgencia democrática depurar las instituciones judiciales de magistrados como Manuel Piñar Ruiz no solo para que haya personas que al verse frente a él tengan la posibilidad de un juicio justo, sino para que las mujeres en particular y quienes se ven alejados de una ideología intolerante y tóxica como la que profesa este juez, puedan tener algún tipo de confianza en la justicia.

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https://twitter.com/JoaquimBoschGra/status/1469990734690410496?t=E-JLZ4kqhOxfUSId9fItGA&s=19

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«La maté, 68 puñaladas. No sé por qué. Esta es mi condena»: la confesión del nuevo investigado en el crimen de Meco

ABC accede a los mensajes inculpatorios del nuevo imputado por el crimen de Meco

Carlos Hidalgo
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MADRID Actualizado:17/12/2021 00:01h


«No sabes lo que he hecho. No tenéis ni idea. Te dije una vez que no podía dormir por las noches. La maté, no sé por qué. Lo hice. Esta es mi condena y no sé por qué estoy tan enfermo. Ahora debes ir a la Policía. La maté. 68 puñaladas». Esta es parte de la confesión de Alberto B. L., el nuevo investigado por el crimen de Meco, un delincuente toxicómano y alcohólico, de 29 años y español. Son los cuatro WhatsApp que envió a uno de los terapeutas que le había tratado en Remar, en San Martín de la Vega, por su politoxicomanía. Lo hizo a las 2.30 de la madrugada del 29 de diciembre de 2020. Ahora,

 ABC ha tenido acceso a ellos, tras remitir un informe nueve meses después los investigadores a la juez del caso, en Alcalá de Henares, que, como adelantó este diario, ha ordenado su toma de declaración como imputado y de su ADN.

Vecino de Azuqueca de Henares (Guadalajara), se encuentra de nuevo en prisión desde el 4 de enero por otros hechos. Su historial delictivo abarca desde amenazas a desobediencia, daños, violencia de género y doméstica, quebrantamiento de condena y una orden de ingreso en prisión. Incluso acudió al cuartel de la Guardia Civil de su pueblo el 28 de febrero de 2019, mes y medio después del crimen del que ahora se autoinculpa (el de Miriam Pulido Vallejo, de 25 años, cosida a 89 puñaladas), a denunciar que su madre había participado en el asesinato de su padre, diez años antes. Algo que, según la Guardia Civil, no se ha podido demostrar. El relato de los hechos, sin embargo, así como otros datos periciales sí que arrojan cierta certidumbre sobre su relato.

A finales de verano de 2020, Alberto ingresó de manera voluntaria en Remar (justo después de una de sus salidas de prisión) para desintoxicarse del consumo de cocaína, heroína y alcohol. No permaneció ni un mes. Se marchó, según él, porque le había salido un trabajo como «mecánico de máquinas». Al poco, regresó a la terapia y dijo que había encontrado novia, una mujer casada. El día de Nochebuena llamó a uno de los voluntarios y le dijo, sobre esa chica, que «la iba a matar». El 29 de diciembre fue cuando le mandó los mensajes autoinculpándose de asesinar a Mimi. Y los pusieron en conocimiento de la Guardia Civil de San Martín.
«Llama a la Policía. El nombre: Míriam Vallejo»

A otro terapeuta, que declaró que Alberto se mostraba en ocasiones agresivo (le llegó a amenazar a él y su familia por una tarjeta que había perdido), le dijo que abandonaba el tratamiento porque «tenía muchas deudas». Y a un tercero le comentó, sin explicitar sobre el crimen de Meco: «No puedo dormir por las noches porque el pasado me atormenta. Hice algo que me impide conciliar el sueño». A la misma hora que a su compañero y el mismo día de finales de diciembre, el segundo monitor recibe estos WhatsApp de Alberto: «¿Quieres hacer algo bueno por mí? Nunca duermo, nunca sé por qué. Pero me voy a comer todo. Llama a la Policía... Mira el nombre: Móriam Vallejo».

A otro testigo de Remar le confesó que «había estrellado su coche contra la casa de su madre, que había apuñalado a una persona» y que se había peleado con otro interno. Lo más interesante fue cuando hablaron de asesinatos aparecidos en los medios. Alberto le dijo que «era un caso injusto para el acusado, que era imposible que la hubiera matado por el fragmento de tiempo (sic), dio datos de ese tiempo y que conocía la zona». Aportó el nombre del parque y sostuvo que conocía a Miriam«porque era de su pueblo», así como al «acusado, porque había coincidido con él en prisión» (entre el 16 de agosto y el 20 de diciembre de 2019). Se refiere a Sergio S. M., de 29 años, el novio por entonces de Celia, la mejor amiga de la víctima, con las que vivía en una casa en Villanueva de la Torre (Guadalajara), cuando ocurrió el crimen, en un paraje colindante de Meco. Habían hablado cinco minutos del caso, y Sergio le dijo que estaba entre rejas injustamente.
Inverosímil para Homicidios

El posicionamiento del móvil de Alberto la noche de autos revela: a las 20.26 se encontraba en Azuqueca, en su casa; a las 20.51, salta el repetidor de Meco (a Mimi la asesinaron entre las 20.40 y 20.50, y el aviso al 112 entró a las 20.53), y a las 21.31 ya vuelve a ser captado en Meco.

Los investigadores de la Comandancia de Madrid concluyen que «es altamente improbable que sea veraz» la autoinculpación: envió los mensajes a altas horas de la madrugada, «supuestamente» bajo la influencia de las drogas; coincidió con la publicación de noticias del casoMeco, y no lo confesó cuando fue detenido el 4 de enero de 2021. Además, dicen que el crimen no fue en el parque referido, sino en un descampado alejado del pueblo.

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Interior tiene 3 meses sin sueldo a dos funcionarios de prisiones tras la falsa acusación de una superior
El departamento de Marlaska dice ahora que la sanción es por el presunto maltrato a un preso, en contra de lo que dicen sus propios documentos.
25 diciembre, 2021 02:43

Brais Cedeira @BraisCedeira

Casi tres meses después, el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias siguen manteniendo suspendidos de empleo y sueldo a los dos funcionarios a los que la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) señaló falsamente como los autores de la supuesta agresión de la que dijo ser víctima a las puertas de su casa.

Sin embargo, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska sostiene ahora en el Congreso de los Diputados que la sanción a ambos trabajadores se produjo por el presunto maltrato a un preso, en contra de lo que rezan y sostienen los propios documentos de Interior.

Ha sido en una respuesta parlamentaria a una pregunta planteada por Pablo Cambronero, diputado de Ciudadanos, donde Interior se ha desmarcado de la polémica decisión. En ella, el Ministerio niega que la sanción a los funcionarios se tomara en respuesta a la falsa agresión, tras la cual la subdirectora de la prisión fue denunciada por la Guardia Civil por simulación de delito. "Los hechos objeto de los expedientes disciplinarios nada tienen que ver con la denuncia interpuesta por la subdirectora", asegura ahora la respuesta del Gobierno.

Sin embargo, tal y como publicó EL ESPAÑOL, Prisiones llegó a asegurar que la falsa agresión denunciada por la subdirectora de la cárcel de Villena -dejando entrever que la habían cometido varios de sus subordinados- constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable". Y así constaba en el oficio con el que se suspendió provisionalmente de sus funciones a dos trabajadores de la prisión alicantina.

Interior creyó sin reservas la denuncia de la responsable de la seguridad en la prisión y sus acusaciones a los trabajadores, a los que apuntaba como autores del ataque presuntamente sufrido a las puertas de su casa. Incluso el propio Marlaska salió a respaldarla públicamente sin esperar a los resultados de la investigación de la Guardia Civil, transmitiéndole todo su apoyo en una entrevista y definiéndola como "una verdadera funcionaria".
Desde el 21 de septiembre

El documento de la suspensión está fechado el pasado 21 de septiembre. Fue emitido por la Subdirección General de Análisis e Inspección. En él se da por buena la denuncia de la funcionaria que a la postre se está investigando por su falsedad. Por ello, Interior decidió incoar un expediente disciplinario a ambos funcionarios, que quedaban ahí marcados como responsables de un hecho que, según la Guardia Civil, nunca llegó a producirse, puesto que la supuesta víctima se lo había inventado.

"La gravedad de los hechos denunciados por la subdirectora de Seguridad es incuestionable", rezaba literalmente el oficio. Sin esperar a las investigaciones de la Guardia Civil, en Interior aseguraban que "las amenazas y agresiones sobre una directiva del establecimiento penitenciario en su propio domicilio, por varias personas, de manera sorpresiva y agresiva" eran inequívocas.

Desde entonces, la situación de los trabajadores de la cárcel a los que se acusó de ese episodio continúa siendo la misma que el pasado mes de septiembre. No han regresado a su puesto de trabajo y siguen sin cobrar desde entonces. "No hay ninguna causa penal contra ellos. Ninguna", aseguran fuentes próximas a los afectados.

Fue entonces cuando la que era la número tres de la prisión -ya cesada de su cargo por Interior- interpuso una denuncia en la que señalaba tanto a sus subordinados como a la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Ahora se sabe que todo apunta a una gran mentira, y por eso la Guardia Civil la investiga tras denunciar que cinco encapuchados la atacaron a la puerta de su casa en Benidorm. 

En el telón de fondo del caso están las tensiones internas que venían registrándose en la prisión alicantina a raíz de una investigación abierta a varios funcionarios después de que estos tuvieran que recurrir a la fuerza para reducir a un preso violento.
"Gravedad incuestionable"

El incidente con el recluso ocurrió el pasado 16 de agosto, y se abrió una investigación interna. En vísperas de la declaración judicial por la reducción del interno, la subdirectora aseguró haber sido atacada a primera hora de la mañana a la entrada de su casa.

En la denuncia señaló claramente a TAMPM, un colectivo de funcionarios de prisiones muy crítico con la actual filosofía penitenciaria impuesta por Fernando Grande-Marlaska.

La subdirectora declaró que dos varones se dirigieron de frente hacia ella en el portal de su edificio. Al mismo tiempo, notó cómo alguien, que le agarraba por detrás, le decía: "Mañana calladita". Al instante, dijo, le propinaron un puñetazo en la cara.

Más tarde, en la denuncia, la subdirectora aseguró que en realidad la había abordado un grupo de 4 o 5 personas. Incluía además una secuencia de supuestos mensajes de WhatsApp repletos de amenazas que habría recibido: "Ya vemos que te has posicionado y de qué lado estás, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra".

Tal y como relató, estos habrían sido enviados por "algún miembro" de la citada asociación. Todo era falso.

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Marlaska cesa al jefe de Prisiones que suspendió a los dos funcionarios por la falsa agresión de Villena


Prisiones llegó justificar los ceses argumentando que "la gravedad" de aquellos hechos -que nunca llegaron a ocurrir- era "incuestionable".
30 diciembre, 2021 15:58

Brais Cedeira  @BraisCedeira

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, acaba de cesar al mando a cargo del área que suspendió de empleo y sueldo a los dos funcionarios acusados sin pruebas de la falsa agresión a la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante).

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de diversas fuentes penitenciarias, se trata de José María Pérez Peña, hasta ahora subdirector general de Análisis e Inspección en el ámbito penitenciario. Un hombre de amplia y prolongada experiencia en el sector. Fue su departamento el que, el pasado 21 de septiembre, suspendió de empleo y sueldo a dos trabajadores a los que la subdirectora acusó de haberla agredido a las puertas de su casa. Como demostró después la Guardia Civil, tal agresión nunca llegó a existir.


Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Prisiones llegó a asegurar que la falsa agresión denunciada en Villena -dejando entrever que la habían cometido varios de sus subordinados- constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable". Y así constaba en el oficio con el que se suspendió provisionalmente de sus funciones a dos trabajadores de la prisión alicantina. Y que iba firmado por ese departamento al que ahora se ha relevado de su cargo.


Interior creyó sin reservas la denuncia de la responsable de la seguridad en la prisión y sus acusaciones a los trabajadores, a los que apuntaba como autores del ataque presuntamente sufrido a las puertas de su casa. Incluso el propio ministro, Fernando Grande-Marlaska salió a respaldarla públicamente sin esperar a los resultados de la investigación de la Guardia Civil, transmitiéndole todo su apoyo en una entrevista y definiéndola como "una verdadera funcionaria". Al destaparse todo, acabó siendo cesada de su puesto.

"La gravedad de los hechos denunciados por la Subdirectora de Seguridad es incuestionable", rezaba literalmente aquel oficio. Sin esperar a las investigaciones de la Benemérita, en Interior aseguraban que "las amenazas y agresiones sobre una directiva del establecimiento penitenciario en su propio domicilio, por varias personas, de manera sorpresiva y agresiva" eran inequívocas.

Y así, debido a que la finalidad no era otra que "intimidarla y evitar su declaración en una investigación abierta por el centro directivo sobre el incidente con el interno", Instituciones Penitenciarias sentenciaba que se volvía "imprescindible la suspensión del Sr. M.". Todo ello mientras los agentes recababan las pruebas que demuestran que la subdirectora estaba mintiendo.

A este cese se le une la noticia del la jubilación forzosa del director de la cárcel de Villena. Tras el episodio con su subdirectora, las fuentes consultadas aseguran que al responsable de la cárcel le autorizaron a continuar, reenganchándose al servicio después de cumplir 70 años. Sin embargo, este jueves le han comunicado finalmente que debe abandonar el puesto.

Larga trayectoria
Interior tomaba esta medida de manera provisional, pero ya le apunta como autor de los hechos. Pese a ello, terminan matizando que la suspensión se prolongará "hasta que se produzca la identificación de los autores y la eventual relación o no, de los mismos con el inculpado". Tres meses después, después de que se descubriera que no existió tal agresión, los dos trabajadores continúan esperando a que les restituyan en sus funciones.

Algunas fuentes consultadas apuntan a que se trata de un mando que, pese a su larga experiencia, no gozaba del beneplácito ni era "de la cuerda" del ministro y de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Pérez Peña es funcionario del cuerpo técnico de especialidad de jurista. Lleva más de 40 años en la institución y goza, aseguran quienes le conocen en el sector, de "gran prestigio". Algunas fuentes apuntan a que es el funcionario, a día de hoy, que más tiempo lleva en la gestión de las cárceles. Ha sido director de prisiones como Herrera de la Mancha o Carabanchel. Ha ocupado el puesto de inspector general durante más de 10 años. Estuvo durante las 2 etapas de gobierno del PP, y ahora con el PSOE y Grande-Marlaska en Interior.

¿Cabeza de turco?
Algunas de las fuentes consultadas ven este cese como el de la elección obligada de una "cabeza de turco". Pero fueron ellos, a la postre, los que encabezaron las manifestaciones de apoyo a la subdirectora de Villena cuando denunció aquella falsa agresión a la pueta de su casa, perpetrada por varios encapuchados, y también los mensajes en forma de amenazas que recibió en su teléfono. "Este ministro actúa así para eludir sus responsabilidades", aseguran estas fuentes de alta categoría en el mundo penitenciario.

El nuevo subdirector general de Análisis e Inspección es Máximo Martínez Bernal, 49 años, actual subdirector de tratamiento en el CIS de Granada. Jurista de Prisiones desde los 35 años, las fuentes consultadas le sitúan como una persona "muy cercana" al secretario general y "defensor a ultranza" de sus políticas.

Ha desarrollado, a lo largo de su carrera, el cargo de subdirector de tratamiento en centros de inserción en Ceuta y Granada. Es decir, centros con internos en tercer grado o de escasa peligrosidad. Nunca ha ostentado el cargo de director de una cárcel.

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LOS EXPEDIENTES SE ATASCAN EN JUSTICIA
Absueltos tras pasar por la cárcel: más de 2.000 reclamaciones al Estado desde 2010


"Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre", señaló el Constitucional en 2019
 

Por Pablo Gabilondo Darío Ojeda
01/01/2022 - 05:00
En las cárceles también hay inocentes. Ese es uno de los efectos de la prisión preventiva, una figura por la que los jueces pueden encerrar a un sospechoso si consideran que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. La medida no exige condena previa y solo se aplica de manera excepcional cuando existen indicios sólidos, pero abre la puerta a mantener a una persona entre rejas hasta cuatro años. En algunos casos, a personas que terminan por ser absueltas. Desde 2010, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia ha recibido más de 2.000 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por "prisión preventiva seguida de absolución". El Confidencial ha obtenido estos datos mediante una solicitud de acceso a la información pública. Pese a un breve bajón en 2020, cuando se iniciaron 62 expedientes, en 2021 se ha ido recuperando el ritmo y, a finales de septiembre, ya habían abierto 161.

Pero la comparación entre unos años y otros puede resultar engañosa. Sobre todo en lo que se refiere a los expedientes iniciados antes de 2019, pues en junio de ese año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que marcó un antes y un después a la hora de analizar estos casos. “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”, sostiene la misma. De esta manera, el tribunal declaraba inconstitucional el inciso de la ley que limitaba estas posibles indemnizaciones a aquellas personas que demostraran la "inexistencia del hecho imputado". Con estas cuatro palabras, el Estado apenas concedía indemnizaciones, agarrándose para ello a una fórmula que suponía una "diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto de los inocentes absueltos por no ser autores del hecho" y, al mismo tiempo, menoscababa "la presunción de inocencia".
Foto: Montaje: R. C.
"Estuve 579 días presa por error": la Justicia rechaza el 90% de reclamaciones por sus fallos
Alejandro Mata
La sentencia allanó el camino para atender estas reclamaciones: ya no cabe otorgarla únicamente cuando se declare probado que no han existido los hechos imputados, sino que basta con resultar absuelto de los mismos. Pero, desde entonces, el problema se centra en que, como avanzó 'Infolibre' el pasado septiembre, Justicia acumula más de 350 reclamaciones en las que sigue sin acordarse cuantía alguna. Esa es una de las tareas pendientes para 2022: responder a personas como el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, que pasó 22 meses en prisión preventiva y exige una indemnización millonaria tras haber sido absuelto. Para desatascar esta situación, el proceso pasa a su vez por el Consejo de Estado, entre cuyas funciones se encuentra la de ser consultado ante "reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Administración General del Estado". El Confidencial se puso este jueves en contacto con la institución para conocer si ha emitido algún dictamen en las últimas semanas, pero no fue posible aclarar esta cuestión antes de la publicación del artículo.

En cualquier caso, la ley ya establece la fórmula que debe emplearse a la hora de calcular el pago ante este tipo de reclamaciones: "La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido". Desde la sentencia del Constitucional, otros tribunales también se han pronunciado al respecto y han incidido en la misma idea, como cuando el Supremo condenó en octubre de 2019 a Justicia a abonar 3.000 euros a un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional tras ser denunciado por un delito de violación y un delito de lesiones de los que finalmente resultó absuelto. Entre las sentencias más recientes, destaca a su vez la emitida por el Constitucional en enero de 2021 sobre un ciudadano que fue absuelto de un delito contra la salud pública tras estar en prisión preventiva. Su caso se diferencia del resto porque aplica los criterios establecidos en 2019 ante unos hechos ocurridos hace nueve años: anuló la negativa del secretario de Estado de Justicia a pagar la indemnización y ordenó retrotraer las actuaciones a 2012. A la vista de esta resolución, queda por ver si Justicia reabre alguna de las miles de reclamaciones que ha denegado en la última década: 2022 será un año clave para aquellos que fueron absueltos tras pasar por la cárcel.

[47ronin]

Un juez va a ingresar en la cárcel....notición del siglo.



La justicia da diez días al juez Salvador Alba para ingresar en prisión


El TSJ de Canarias inicia la ejecución de sentencia que lo condenó a seis años y medio de prisión y a 18 de inhabilitación. Le ordena que ingrese 12.150 euros de multa y que su compañía de seguros pague a la magistrada Victoria Rosell 60.000 de indemnización
— La condena al juez Salvador Alba ya es firme: seis años y medio de cárcel por conspirar contra Victoria Rosell

Canarias Ahora

12 de enero de 2022 23:39h

Actualizado el 12/01/2022 23:41h

@Cahora
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretó este miércoles la ejecución de la sentencia que en septiembre de 2019 condenó al juez Salvador Alba Mesa a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, entre otras penas, por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La decisión se produce después de que el pasado 25 de noviembre el Tribunal Supremo ratificara esa sentencia en todos sus extremos.

Como primera medida para ejecutar esta condena, la Sala de lo Civil y Penal ha decidido requerir al condenado para que ingrese voluntariamente en prisión en un plazo de diez días, “bajo apercibimiento de acordarse su busca y captura” en caso de desobediencia. Igualmente le insta a que ingrese en una cuenta bancaria del TSJC la cantidad de 12.150 euros, correspondientes a la multa a la que también ha sido condenado, y que su compañía aseguradora, Allianz, ingrese otros 85.000 de fianza que se decretó en las diligencias penales, para que de esa cantidad se abonen 60.000 a la magistrada Victoria Rosell en concepto de indemnización, como se fijó en la sentencia de ese tribunal ratificada hace 50 días por el Supremo.


Del mismo modo se decreta en el mismo auto la devolución de las fianzas de 3.000 euros depositadas por Podemos y por Carlos Sosa para ejercer la acción popular en la causa que ahora termina.

A pesar de estar condenado en firme y de que en la sentencia se contenga una condena a 18 años de inhabilitación como juez con la pérdida de los honores anejos, Salvador Alba sigue siendo juez oficialmente a día de hoy. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto acordar este jueves la apertura de un expediente para su expulsión, dándole al interesado trámite de audiencia y escuchando a la Fiscalía. En realidad, el expediente de expulsión de Alba había quedado en suspenso cuando se decretó la apertura de juicio oral en 2018 y se decidió asimismo suspenderlo en sus funciones como juez. Sin embargo, durante todo el tiempo transcurrido desde entonces ha venido cobrando un sueldo base, de en torno a 1.800 euros netos al mes, conforme al reglamento de la carrera judicial. Cuando el CGPJ decida su expulsión -si la decide- deberá devolver todo ese dinero al Ministerio de Justicia, que es el que paga las nóminas de jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia.

[47ronin]

Piden 4 años para un funcionario de Alcalá Meco por tener sexo con la pareja de un preso a cambio de favores


EUROPA PRESS NOTICIA 28.01.2022 - 13:06h
Se le imputa un delito continuado de abusos en el ejercicio de su función.
La prisión de Alcalá Meco, en una imagen de archivo.La prisión de Alcalá Meco, en una imagen de archivo.Jorge París

La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión para un funcionario de Prisiones del Centro Penitenciario Madrid II Alcalá Meco que concedió una serie de favores a un recluso durante su estancia en la cárcel a cambio de mantener relaciones sexuales con su pareja.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito continuado de abusos en el ejercicio de su función. El juicio se celebrará el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Madrid.

Juzgados de Santiago de Compostela EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 18/7/2019
La Audiencia de A Coruña condena a un hombre a seis años de cárcel por abusar sexualmente de la nieta de su pareja
Según el fiscal, el acusado es un funcionario perteneciente al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, con destino en el Centro Penitenciario Madrid II Alcalá Meco, en concreto en el Departamento de Comunicaciones entre presos y familiares.

Desde el mes de agosto de 2013 hasta finales del año 2015 mantuvo unas dos veces al mes relaciones sexuales con la pareja de un recluso a cambio de que disfrutara de favores durante su estancia en prisión. De tal forma el funcionario autorizó comunicaciones con su pareja por un tiempo superior al establecido reglamentariamente.

Además, facilitó que la pareja disfrutara de "asiduas" comunicaciones vis a vis, e incluso pasó paquetes con comida, ropa y otros efectos al interno "con contenido no autorizado por el Centro Penitenciario".

[47ronin]

La Justicia obliga al Estado a indemnizar a un preso de Murcia por dejarle sin trabajo en la cárcel


El Supremo rechaza el recurso de la entidad estatal Trabajo Penitenciario, que tendrá que pagar a un preso de la cárcel murciana de Campos del Río por haberle apartado de su puesto por una infracción que no cometió

Alberto Pozas

15 de febrero de 2022 22:32h

Actualizado el 16/02/2022 05:30h

El Estado tendrá que indemnizar con casi 2.800 euros a un preso de la cárcel murciana de Campos del Río. El motivo es que, según la Justicia, la dirección de la cárcel le apartó injustamente de su puesto de trabajo en la biblioteca de la prisión y le deben pagar todo el dinero que no cobró desde su 'despido' hasta que los tribunales le dieron la razón. El Tribunal Supremo, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, acaba de dar firmeza a esta decisión al rechazar el último recurso interpuesto la entidad pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, adscrita al Ministerio del Interior.

El interno que ha ganado este pleito se encuentra en régimen de tercer grado pero cumplía condena en ese momento en la cárcel de Murcia-II y desde abril de 2014 trabajaba como "responsable de la comisión de ayuda legal del Módulo 6" en la biblioteca. Un trabajo por el que cobraba algo más de 250 euros todos los meses. La Ley de 2001 que regula este asunto recoge que los internos de las cárceles tienen derecho a optar a un puesto de trabajo en la prisión, cobrar por ello y cotizar a la Seguridad Social. El trabajo en la prisión es otorgado en función de factores como la aptitud laboral del interno, su conducta en la cárcel, el tiempo que lleve allí o si tiene cargas familiares, entre otros.


La norma también recoge que un preso puede perder su trabajo en la cárcel por razones de seguridad o por tener que cumplir una sanción disciplinaria. Eso es lo que sucedió en este caso cuando, tres años después de empezar a trabajar, el interno se encontró con un parte disciplinario por una falta grave de desobediencia. El preso, que se expuso a una sanción de hasta un mes sin paseos ni actos recreativos, supuestamente había realizado sus funciones fuera del módulo 6 de la cárcel. El caso adelgazó a una falta leve y finalmente fue anulado por el juez de vigilancia penitenciaria: no sólo no había cometido ninguna infracción sino que "había cumplido con su obligación y no merecía reproche sino apreciación", dijo el magistrado.

El recluso empezó entonces una batalla legal poco habitual ante la jurisdicción social: reclamó el dinero que había dejado de cobrar en esos 11 meses por un despido basado en un expediente disciplinario que había quedado en nada. Lo que en el caso de una relación laboral habitual se conoce como "salario de tramitación". La cantidad que reclamaba rozaba los 2.800 euros y los jueces de lo social le dieron la razón: el juzgado 1 de Murcia anuló la decisión de Trabajo Penitenciario, el Tribunal Superior de Justicia de la región rechazó el recurso de la empresa pública y ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha certificado la firmeza de su indemnización.

La sala de lo social, con Concepción Ureste como ponente, ha estudiado el recurso de Trabajo Penitenciario, que pedía unificar doctrina y comparaba el caso de este preso de Murcia-II con el caso de otro preso de una cárcel andaluza. Los jueces, en contra del criterio de la Fiscalía que pedía estimar el recurso de la Abogacía del Estado, entienden que no son dos casos asimilables y desestima las alegaciones, lo que da firmeza a las distintas sentencias de los tribunales murcianos sobre el caso de este preso.

Una indemnización
La posibilidad de que un preso trabaje viene reconocida en los primeros artículos del Estatuto de los Trabajadores y desarrollada en un Real Decreto de 2001. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dejó claro que, aunque estos asuntos fueran estudiados por los magistrados de lo social, no se trataba de una relación laboral normal sino "especial" y que, por tanto, no se podía anular el despido o declarar improcedente como sucedería con cualquier otro tipo de empresa y trabajador. Aquí, en todo caso, procede "restituir al trabajador en su puesto de trabajo" siempre que siga preso y sea posible.

En este caso la reclamación del recluso iba más allá y exigía cobrar el dinero que le tendría que haber pagado la cárcel de Murcia-II desde que fue apartado de su puesto hasta cuando, 11 meses después, un juzgado de lo social de Murcia le dio la razón. Esta cantidad, dijo el TSJ de la Región de Murcia, "no se realiza a título de salarios de tramitación ni en razón al tiempo de prestación de servicios (...) sino como consecuencia de los daños y perjuicios causados" por la decisión de la cárcel de dejarle sin trabajo por un expediente que acabó sin sanción.

Los jueces murcianos explicaron también en su momento que esta indemnización de casi 2.800 euros no venía ni por el Estatuto de los Trabajadores ni por las leyes penitenciarias. Venía por el artículo 106 de la Constitución Española que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a "ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Este artículo de la Constitución, unido a lo que dice la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, desemboca para los jueces en la obligación de indemnizar a este recluso.

La empresa pública no ha tenido mejor suerte con su recurso ante el Tribunal Supremo, en el que esgrimía una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía para alegar una contradicción doctrinal que, según los magistrados, no existe. "Aunque concurren puntos de conexión entre las resoluciones objeto de contraste, sin embargo, no puede afirmarse la existencia de una identidad esencial", dice el Supremo. En la sentencia del tribunal andaluz, añade el Supremo, "no se examina en modo alguno eventuales daños y perjuicios que pudieran en su caso provocar una petición de resarcimiento" como sí planteó el preso de la cárcel murciana.

Este no es el primer caso de un preso que se queda sin trabajo y que llega hasta la sala de lo social del Tribunal Supremo. En 2012 la sala dictó su sentencia de referencia sobre este tipo de casos y dio la razón a un interno de la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca, despedido después de un tiempo en el taller de cableados porque, supuestamente, había fabricado piezas defectuosas por no seguir las indicaciones de su supervisor. En ese caso los tribunales entendieron que la administración penitenciaria estaba obligada a justificar este 'despido' y que no lo hizo, pero limitaron su fallo a ordenar que volviera a obtener un puesto de trabajo sin entrar a valorar una indemnización como en el caso de Murcia.

En ambos casos el Tribunal Supremo ha estudiado las alegaciones laborales de los presos y la administración penitenciaria a través de un canal que limita bastante los argumentos que pronuncia sobre el fondo del asunto: los recursos de unificación de doctrina. Esto ciñe el debate a si la sentencia que estudian se contradice con la que ha aportado la parte que recurre.

[47ronin]

Prisión permanente revisable y 39 años más de cárcel para el alemán que mató a su mujer y a su hijo en Tenerife


19/02/2022


Poder Judicial  •

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a prisión permanente revisable y a dos penas más que suman 39 años de cárcel al ciudadano alemán que en la semana santa de 2019 mató a su mujer y a uno de sus hijos con una piedra e intentó acabar con la vida de su segundo hijo, sin lograrlo porque éste logró huir y sobrevivir a su caminata por un paraje lejano y deshabitado.

La Sección Quinta de la Audiencia ha hecho pública hoy la sentencia que da forma jurídica al veredicto de culpabilidad emitido por el jurado el pasado 4 de febrero. El tribunal popular declaró al acusado culpable de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y parentesco en referencia a su hijo (por el que ahora la autoridad judicial le impone la pena de prisión permanente revisable), de otro delito de asesinato con la agravante de parentesco en referencia a su esposa (por el que se le condena a 23 años) y de un tercero de tentativa de asesinato con las agravantes de alevosía y parentesco en referencia a su segundo hijo, por el que se le cargan 16 años más de prisión.

El magistrado presidente del jurado impone al acusado la pena de prisión permanente revisable por el primero de los delitos, 23 años de prisión por el segundo y 16 años de prisión por el tercero.

La sentencia declara probado que en horas de la mañana del 23 de abril de 2019,en un paraje aislado del término municipal de Adeje (Tenerife) cercano al camino de Ilfonche a la Quinta, el acusado agredió a su esposa, y con intención de causarle la muerte “la golpeó repetidamente con fuerza empleando tanto sus manos como alguna piedra hasta qle consiguió que cayera al suelo en el interior de una cueva, momento en el que la golpeó con una piedra de unos ocho kilogramos y medio de peso hasta aplastarle el cráneo y provocar finalmente su muerte”.

Añade que el acusado, con el fin de ejecutar tal hecho, había conducido a su esposa y a sus dos hijos, de diez y siete años de edad, intencionadamente a un lugar aislado donde no podían recibir ayuda alguna, “sin que tuvieran posibilidad de defensa efectiva”.

Según la Sala, cuando el hijo mayor del acusado salió en defensa de su madre, fue “violenta y reiteradamente golpeado por su padre con las manos y utilizando piedras hasta que el mismo cayó al suelo en el interior de una cueva”. Allí el hoy condenado le dio muerte de la misma manera que a su madre.

Agrega el fallo que, tras presenciar que su padre agredía a su madre y su hermano, el hijo menor de alemán “decidió huir del lugar, dejándolo el acusado, en la creencia de que no sobreviviría, dado su desconocimiento de un terreno angosto y solitario”.

Además de las condenas penales, la sentencia impone al acusado diversas penas accesorias y le obliga a abonar indemnizaciones por valor de decenas de miles de euros.

El fallo es susceptible de recurso.

[47ronin]

Detenidos cuatro funcionarios por introducir droga en la cárcel de Brians 2


Los Mossos desmantelan una red de tráfico de sustancias en la prisión catalana en la que está implicado un responsable de la empresa pública CIRE

[47ronin]

Iñaki Urdangarin ya es oficialmente un hombre libre


Pedro J. Gallardo
03/03/AM
Foto: Europa Press
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha concedido a Urdangarin la libertad condicional, suspendiendo de manera definitiva su condena tras haber cumplido dos terceras partes de su pena.
Desde el 1 de marzo de 2021, cumplía condena en régimen abierto en la cárcel de Zaballa (Álava).

EUROPA PRESS / BILBAO
La juez de Vigilancia Petinenciaria de Bilbao ha concedido la libertad condicional a Iñaki Urdangarin, por lo que este dejará de estar sometido al control presencial de la cárcel alavesa de Zaballa. Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, la magistrada ha concedido la libertad condicional al todavía marido de la infanta Cristina con fecha de ayer miércoles.

Hasta ese día Urdangarin, condenado por malversación, prevaricación y fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como 'caso Nóos', estaba sometido a un "control presencial, con citas telefónicas", que no le obligaba a dormir en el centro penitenciario de Zaballa. A partir de ayer, disfruta de la libertad condicional.


Iñaki Urdangarin ingresó el 1 de marzo de 2021 en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava, para cumplir el resto de su condena en régimen abierto, con obligación de dormir de lunes a jueves en la cárcel alavesa. Además, tuvo que someterse a un programa de reinserción para condenados por delitos económicos.

El marido de la infanta Cristina ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva en junio de 2018 condenado por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como 'caso Nóos'.

A Iñaki Urdangarin se le concedió el tercer grado penitenciario o régimen abierto en enero de 2021, e Instituciones Penitenciarias autorizó su traslado a la cárcel de Zaballa, una vez que el recluso acreditó que tenía una oferta de trabajo en Vitoria, donde tiene arraigo social, ya que en esta ciudad residen su madre y hermanos.

[47ronin]

Presos transformados en ‘libros humanos’ que relatan las historias tras los barrotes


Cinco reclusos de la cárcel de Soto del Real (Madrid) participan en una actividad penitenciaria innovadora en España parar combatir estereotipos

Katalina y Jason, dos de los presos que han participado en la iniciativa, en la localidad de Soto del Real. Detrás, de espaldas, los otros tres reclusos.

SANTI BURGOS
Óscar López-Fonseca
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
09 MAR 2022 - 05:00 CET

David está nervioso. Lo reflejan el ligero temblor de sus manos y ese gesto de recolocarse cada pocos segundos la mascarilla, pese a que esta no se ha movido de su sitio. Sentado ante una mesa de la biblioteca pública de Soto del Real (Madrid), frente a él hay un par de sillas vacías que en unos minutos ocuparán dos desconocidos a los que empezará a contar cómo ha sido su vida hasta acabar en la cárcel, donde lleva tres años y medio condenado por robo con intimidación. David, nombre supuesto, es uno de los cinco presos que el pasado viernes participó en una actividad penitenciaria innovadora en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior en la que los internos se convierten en “libros vivos”.

El objetivo: que trasmitan de viva voz sus historias ante grupos muy reducidos de ciudadanos para acabar con los estereotipos y prejuicios que inevitablemente recaen sobre las personas que terminan en la cárcel. Frente a él se sientan, poco después, dos mujeres jóvenes, Noelia y Lidia. No serán las únicas. A lo largo de las siguientes dos horas lo harán por parejas otras seis personas que han respondido al llamamiento de convertirse en “personas lectoras” de su relato y del de otros cuatro reclusos. “Si os parece, os cuento cómo ha sido mi vida y si queréis me vais preguntando”, les dice en un tono tímido. “Yo tenía una vida más o menos normal...”, comienza para luego detallar como la droga lo estropeó todo.


El promotor de la iniciativa es Juan Sobrino, director de la biblioteca pública donde se celebra el encuentro, en Soto del Real, una localidad de 9.000 habitantes situada a 50 kilómetros al norte de Madrid y muy cerca del Centro Penitenciario Madrid V, que en la actualidad acoge un millar de reclusos. Sobrino, que ya en 2018 inició un programa para incentivar la lectura entre los presos, asegura que para la iniciativa se fijó en Human library (la biblioteca humana), un proyecto iniciado en Dinamarca en el año 2000 para dar voz a colectivos marginados. “Aunque esta organización no contempla la figura del recluso, pensé que se podía hacer con ellos y, de este modo, que la gente pueda conocer de primera mano la realidad de los presos y ponerse en su lugar”. Las normas son claras: los presos tienen derecho a ser tratados con respeto, a dejar sin contestar las preguntas que quieran e, incluso, a dar por finalizada la conversación antes de tiempo. Los lectores no pueden tomar notas. Nada de eso ocurrirá. Sobrino aspira a repetir la experiencia e, incluso, a que en el futuro algunos internos acudan a centros de enseñanza para que los estudiantes conozcan en esos encuentros reducidos la realidad de los que están tras de los muros de las prisiones.

Jason, condenado por tráfico de drogas, habla el pasado viernes con dos de las personas que han participado en la iniciativa en la biblioteca pública de Soto del Real (Madrid).
Jason, condenado por tráfico de drogas, habla el pasado viernes con dos de las personas que han participado en la iniciativa en la biblioteca pública de Soto del Real (Madrid).
En otro extremo de la biblioteca está Pedro, también nombre supuesto, quien a sus 43 años afronta una condena de seis por traficar con drogas de diseño. Frente a él han tomado asiento Elena y Carolina, dos jubiladas que admiten que es la primera vez que están ante un recluso. Pedro tiene delante el guion escrito que se ha preparado. “Soy hijo único y, podría decirse, deseado de una familia perfectamente estructurada”, se arranca. A lo largo de los próximos 20 minutos, les contará cómo su vida está muy alejada del estereotipo que libros, películas y series de televisión dan habitualmente a las personas que delinquen. Ingeniero informático, con dos másteres, éxito profesional y altos ingresos, admite que sus coqueteos con las drogas se iniciaron en la adolescencia para, con altibajos, acabar por ocupar cada vez más espacio. “Tras perder un trabajo, tuve la brillante idea de traficar [con drogas]”, recuerda con sarcasmo. El relato es duro, pero hay momentos para las sonrisas. “A mí me podía haber pasado lo mismo”, le reconoce Elena. “Lo más duro es estar separado de la gente que te quiere. Ellos sufren las consecuencias de nuestros delitos”, añade Pedro.

Lourdes Gil, una de las personas que desde su puesto de coordinadora general de Tratamiento y Gestión de Instituciones Penitenciarias ha impulsado el proyecto, asegura que un encuentro de estas características “es para los internos un ejercicio tan difícil como beneficioso”. Gil destaca que ser un libro humano, aunque sea por un día, ayuda a los internos a “sentirse integrados, a entrar en contacto con el otro y ser parte de la comunidad”. “Me decían al terminar [el encuentro del viernes] que no se han visto juzgados, que han detectado más miradas de interés, de curiosidad, de ganas de entender dónde se produce el punto de quiebra en sus vidas, que de juicio. Es muy rehabilitador”, destaca esta alto cargo de Instituciones Penitenciarias. Para Gil, este tipo de experiencia es un camino de doble sentido: “También el ciudadano que está fuera de la prisión descubre que tras los muros hay personas con historias”.

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Daniel y Leticia escuchan el relato de Rubio, uno de los reclusos participantes en la iniciativa desarrollada el viernes en la biblioteca de Soto del Real (Madrid).
Daniel y Leticia escuchan el relato de Rubio, uno de los reclusos participantes en la iniciativa desarrollada el viernes en la biblioteca de Soto del Real (Madrid).
A sus 37 años, a Rubio aún le queda por cumplir cinco de los ocho años que un tribunal le impuso por dar una brutal paliza a una persona que le debía dinero. No era el primer problema con la justicia que tenía en su vida, marcada por el alcohol y los malos tratos que sufrió en su infancia. Ahora, cuenta los días para el próximo permiso y aspira, más adelante, a obtener la semilibertad y poder rehacer su vida con su pareja y sus dos hijos. “Ellos no saben que estoy en la cárcel. Les digo que su padre está castigado en un colegio de mayores por portarse mal y hacer daño a un hombre”, le cuenta a Sebastián y Alejandro. El primero se muestra muy interesado en saber cómo es la vida dentro de prisión, y Rubio le explica que los presos están separados en módulos y que, entre estos, hay unos más conflictivos que otros. El suyo, el número 14, donde el Proyecto Hombre ayuda a los internos a superar adicciones como la suya, es “superrespetuoso”. Sebastián se despide con un apretón de manos. “Es difícil venir aquí y contar lo que te ha pasado. Te deseo lo mejor”, le dice.

Miguel Ángel y Rafael escuchan el relato de Katalina, una presa transgénero de origen colombiano, que antes de empezar los encuentros se ha puesto una camiseta con la bandera del arcoíris. Katalina o Kata, como le llaman todos, habla apresurada intentando no dejar fuera de su relato de pocos minutos nada de su azarosa vida: su infancia y juventud en su país natal, su paso cuando aún era un crío por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su lucha porque se respetase su identidad sexual, pero también la llegada a España y cómo se vio abocada a prostituirse y trapichear con drogas para sobrevivir. “Quiero que la gente conozca por lo que he pasado”, les dice a los dos hombres que se sientan frente a ella, a los que muestra la cicatriz que un machetazo le dejó en el brazo izquierdo. Cuando Miguel Ángel le plantea si tiene miedo a lo que encontrará en la calle cuando recupere la libertad, dice que no: “Cuando entré en la cárcel me sentí morir, no me respetaba a mí mismo, pero ahora pienso en positivo y tengo planes”. ¿Cuáles? “He aprendido a leer y escribir y me gustaría dedicarme al estilismo”, añade.



Katalina, reclusa trans, cuenta a dos de los participantes en la iniciativa su vida en Colombia y España hasta acabar en la cárcel de Soto del Real.
Katalina, reclusa trans, cuenta a dos de los participantes en la iniciativa su vida en Colombia y España hasta acabar en la cárcel de Soto del Real.
Luis Carlos Antón, director de la cárcel de Soto del Real, conoce la historia de todos y cómo ha sido su evolución, no siempre fácil, dentro. Asegura que algunos le manifestaron, antes de participar, su miedo ante este “ejercicio de exposición”. Sin embargo, está convencido de que “ha sido una experiencia muy gratificante para todos. Para los internos tiene un valor inmenso saberse parte de la comunidad, que este tiempo de privación de libertad no anula su lugar en la sociedad. Esto es la reinserción, por lo que trabajamos”, añade antes de mostrar su disposición a que se sigan celebrando estos encuentros.

Jason llegó a España con siete años desde la República Dominicana junto a su familia. Ahora, con 32, cumple siete años de condena por tráfico de drogas. Antes del comenzar los encuentros, se muestra intranquilo: “Voy a estar con personas a las que no conozco y no sé qué me van a preguntar”. Él, que admite que estuvo a punto de suicidarse por los problemas de ludopatía que le arrastraron a traficar, les asegura a Leticia y Daniel que lo que más le duele es ver como ha estado “jodiendo la vida” a su familia. Al término del encuentro, la pareja reconoce haberse sorprendido de la sinceridad del recluso. “Se ha mostrado muy vulnerable”, destaca Leticia. Jason ha acabado la jornada sonriendo, satisfecho de haber retrasado el permiso penitenciario que tenía que haber comenzado a disfrutar para poder participar en el encuentro. “Me siento vivo como nunca”, asegura. ¿Repetirías como libro humano? “Sin duda”. Poco después, él y sus cuatro compañeros regresan a sus celda.

[47ronin]

Así es la vida de ‘El Pollo Carvajal’ en prisión: cuidar de un huerto, limpiar el office y servir la comida


El ex jefe de la inteligencia venezolana sigue a la espera de una fecha para su extradición a Estados Unidos. Vive en un modulo de protección en una celda individual
FECHA
13/03/22access_time 1:05

Blanca Valdés Mañas
Ya son 186 los días que lleva el ex jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Carvajal, ‘El Pollo Carvajal’, en la cárcel madrileña de Estremera, y sigue sin haber fecha para su extradición a Estados Unidos.

Tras pasar casi dos años huido de la justicia porque estaba siendo buscado por orden de la Audiencia Nacional, Carvajal fue detenido en Madrid el 9 de septiembre, y ahora el tribunal tramita su extradición a Estados Unidos, pendiente desde 2019, por supuestos delitos de narcotráfico.

‘El Pollo Carvajal’, un apodo heredado de la época en que se crió bajo la instrucción militar de Hugo Chávez. Alcanzó el grado de mayor general del Ejército Bolivariano de Venezuela y obtuvo un cargo como diputado en la Asamblea Nacional por el estado Monagas para el período 2016-2021.

En 2011 fue reclamado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de conspiración narcoterrorista contra Estados Unidos.

El Cártel de los Soles
Según los fiscales neoyorkinos, Carvajal pertenecía al Cártel de los Soles, fundado en 1990, e intentó introducir cocaína en el país.

Los narcos colombianos dirigían el negocio de la droga en Venezuela y pagaban a la guardia encargada de cuidar la frontera para que se les permitiera el paso de la mercancía. Presuntamente, ‘El Pollo’ perteneció a este clan y su papel era ayudar a proteger los embarques de droga y evitar que las autoridades incautaran los cargamentos.

Intentos de extradición

El exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela se libró de un primer intento de extradición en julio de 2014, en la isla holandesa de Aruba, situada al noroeste de Venezuela. Se encontraba en busca y captura por parte de EEUU, fue detenido durante tres días, pero las gestiones de Nicolás Maduro le permitieron volver a Caracas.

Tras ser detenido en España, la Policía Nacional confirmó que Carvajal no había salido de la capital española durante los casi dos años de fuga. Cambiaba de domicilio continuamente, no salía de casa y estaba protegido por personas de confianza.

Según adelantó el pasado mes de diciembre Confidencial Digital, utilizaba pelucas y disfraces para pasar desapercibido, tomaba aire en la terraza de la casa, y se escondía entre muchas plantas para ocultar el rostro.

Proteger su integridad

Carvajal se encuentra desde el 9 de septiembre en la prisión de Estremera y por el momento, no hay ninguna previsión de que se le traslade de cárcel, según su abogado y según fuentes penitenciarias.

Actualmente se halla en un módulo protegido del resto de los presos para así evitar agresiones y peleas. El módulo recibe el nombre de FIES IV, y en él se encuentran policías nacionales, policías autonómicos y funcionarios de prisiones. Es decir, todo aquel que haya pertenecido a cualquiera de estos colectivos profesionales y que sea necesario proteger su integridad física y mantener su seguridad.

Carvajal ha sido internado en él por su condición de militar, pero sobre todo por “ser quien es”.

Más controles

Las siglas FIES significan Fichero de Internos de Especial Seguimiento, y se trata de un área donde se vigila y se observa más al preso. Entre los controles figuran, por ejemplo, la grabación de todas las llamadas telefónicas del exterior, anotaciones diarias por parte de los funcionarios de las actividades que realiza, control de las comunicaciones con su abogado, cacheos continuos en la celda...

Según ha podido conocer ECD, Carvajal duerme en una celda individual, lo que es común en un módulo en el que se encuentra. Su trato con el resto de los internos y con los funcionarios es correcto.

Las actividades que realiza son las que permite este módulo: limpiar el Office, repartir la comida y cuidar de un pequeño huerto que tienen en las instalaciones. En eso ocupa el tiempo “El Pollo Carvajal”, mientras sigue en suspenso la orden de extradición a Estados Unidos.

Durante su estancia en dependencias policiales y judiciales, ha ofrecido informaciones de diverso tipo, que están siendo valoradas por los jueces.

[47ronin]

A prisión el detenido por agredir brutalmente a un policía local de Chiclana que acabó en la UCI


El agente se recupera del fuerte impacto en la cabeza que sufrió y en las próximas horas se espera que pase a planta
Para el arrestado, Antonio L. B., con un amplio historial delictivo, se ha decretado el ingreso en la cárcel por los delitos de violencia en el ámbito familiar, atentado a agente de la autoridad y lesiones
M. Almagro
Actualizado:09/03/2022 13:34h

El detenido por agredir a varios agentes en Chiclana cuando intentaban mediar con él en un episodio de violencia doméstica ha sido finalmente enviado a prisión tras pasar a disposición judicial. Según ha podido saber este periódico, tras tomarle declaración, se le acusa de los delitos de violencia en el ámbito familiar y también de atentado a agentes de la autoridad y lesiones, ya que hubo varios heridos de diferente consideración. El amplio historial delictivo del encartado y la gravedad del ataque y las lesiones sufridas por el policía local ha sido tomado en cuenta por el juzgado y la Fiscalía a la hora de adoptar esta medida cautelar de prisión preventiva.

Como se recordará los hechos ocurrían este pasado domingo pasadas las nueve de la noche cuando la Policía Local del municipio era requerida por la Guardia Civil que les pedía colaboración ante el cariz que estaba tomando la situación ante un episodio de violencia doméstica en la calle Gustavo Adolfo Bécquer.


Antonio L. B., de 42 años, se encontraba atrincherado y muy alterado en el interior de la vivienda tras haber mantenido un desencuentro con algunos de sus familiares.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar e intentaron desde fuera calmar durante un largo tiempo a esta persona para que depusiera en su actitud. Sin embargo no se pudo lograr debido a que estaba fuera de sí. Entonces, temiendo que hiciera daño a alguien o a él mismo, los policías y guardias civiles decidieron entrar en el domicilio. Cuando accedieron, Antonio estaba parapetado en el salón y con un palo de madera en la mano amenazaba de muerte a quien se acercara a él.

Poco a poco fueron aproximándose para reducirlo y de forma extremadamente violenta este individuo empezó a acometer contra todos a puñetazos y patadas. Uno de los más afectados fue un policía local de 55 años que debido a uno de estos impactos cayó al suelo y quedó inconsciente. Los servicios sanitarios lo trasladaron de urgencia al hospital de Puerto Real donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por su parte el individuo que provocó este capítulo fue finalmente detenido y llevado hasta los calabozos hasta que pasó a disposición judicial, siendo enviado a prisión por los hechos descritos.

Como ha informado a este periódico Juan Carlos Castro, el jefe de la Policía Local de Chiclana, el agente agredido se recupera y aunque sigue «algo aturdido» se espera que pueda salir de la UCI y pasar a planta en las próximas horas. Las pruebas que les han realizado no han diagnosticado de momento ninguna lesión.

Además, Castro agradece la labor de este policía y del resto de la Jefatura y valora de manera positiva la «estrecha colaboración y cohesión» que existe entre este Cuerpo y la Guardia Civil en el municipio chiclanero.

[47ronin]

Los funcionarios de prisiones denuncian que se enfrentan a los motines sin suficiente protección
El incidente de Las Palmas de Gran Canaria reactiva las criticas contra los trajes para emergencias: tardan 20 minutos en ponérselo y necesitan la ayuda de otras dos personas

FECHA
15/03/22access_time 1:02

Blanca Valdés Mañas
El intento de motín del pasado viernes en el módulo de aislamiento del Centro Penitenciario de Las Palmas II ha reactivado las críticas sobre la protección y seguridad a la que se enfrentan los funcionarios de prisiones. Los trabajadores consideran que están “muy desprotegidos”.

Este suceso tuvo lugar cuando los funcionarios iban a trasladar por motivos regimentales a un interno de una celda de aislamiento a otra situada en el mismo departamento. El funcionario le ordenó que recogiese sus pertenencias y, tras desobedecerle, tanto él como los demás reclusos comenzaron a golpear las puertas de las celdas mientras insultaban y amenazaban a los trabajadores.

Tras esta situación, empezaron a romper cristales de las celdas, muros y grifos, e intentaron agredir a los funcionarios que se encontraban presentes. A pesar de que ningún trabajador resultó herido físicamente, según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), este tipo de situaciones deja secuelas psicológicas.

Los trajes de intervención dejan los laterales descubiertos

Para situaciones de emergencia, los funcionarios de prisiones disponen de unos trajes de intervención. Según han señalado desde la APFP a Confidencial Digital, el problema de este vestuario es que tardan 20 minutos en ponérselo porque su mecanismo “es muy difícil”, e incluso se necesita la ayuda de dos funcionarios para enfundarlo. Además, han añadido que han tenido que aprender ellos mismos a colocárselo ya que no han recibido ningún tipo de formación.

Otro hándicap de esta vestimenta de emergencia es que tan sólo está preparada para personas que miden 1,80 puesto que es talla única. Además, una mujer no podría utilizarlo ya que está preparado para el cuerpo masculino.

Los funcionarios han argumentado que el origen de la dificultad para ponérselo es porque está compuesto por varias piezas y se ata con velcros y correas, quedando los laterales completamente desprotegidos. Por ello, han solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que les implanten un traje similar al que utilizan las Unidades de Intervención Policial (UIP), ya que son rápidos de poner y seguros.

A pesar de que tardan 20 minutos en ponérselo, tienen que utilizarlo de forma obligatoria ante una emergencia, ya que si no se lo enfundan y “pasa algo, es motivo de expediente”, han manifestado. Además de esta vestimenta, también disponen de escudo, casco, defensa de goma y esposas.

Protocolo de desescalada para estas situaciones
El protocolo que se utiliza para controlar estas situaciones se denomina “desescalada”, según fuentes de APFP. En un primero lugar, el encargado del departamento de aislamiento intenta mantener una conversación con el interno para que deponga su actitud, pero, si no lo consigue, es necesario avisar al Jefe de Servicios para que evalúe la situación.

Si el Jefe de Servicios no consigue a través del diálogo que el interno cambie de comportamiento, ordena a los funcionarios de servicio que hay en el centro que acudan al lugar del incidente. El número de profesionales que asisten al lugar varía en función de la gravedad del caso y del número de presos implicados, aunque, según han explicado, suelen ser entre cinco o diez.

Posteriormente, se trata de entrar a la celda, quitarle los objetos peligrosos, esposarlo y llevarlo a otra celda. Una vez retenido, se le realiza un cacheo para verificar que no lleva ningún objeto que pueda utilizar para autolesionarse o incendiar la celda, como, por ejemplo, un mechero o cordones del pantalón o las zapatillas.

El siguiente paso es trasladarle a un aislamiento provisional en el que puede permanecer 24 horas y se puede prorrogar si sigue en estado de agresividad o si lo determina el servicio médico.

Una vez controlada la situación, según han destacado, se realiza un informe de lo ocurrido, que se eleva a Dirección, a Inspección Penitenciaria y al Juzgado de Vigilancia si se han usado medios coercitivos. Los servicios médicos se encargan de ejecutar un parte de lesiones al interno, independientemente de que las tenga o no, que se eleva al Juzgado de Guardia.

Consecuencias disciplinarias

Para los presos, esta situación conlleva una sanción que consiste en el aislamiento en celda, con una salida al patio de dos horas y la privación de paseos, han recalcado desde APFP.

Legalmente, “al interno le sale gratis al ser insolventes”. Por agresión a un funcionario o daños en las instalaciones, al no tener condición de agente de autoridad el Ministerio “suele poner una multa” que paga el Estado.

[47ronin]

El Supremo rebaja a 18 años la condena de Rodrigo Lanza por asesinato al rechazar el crimen ideológico


El Supremo confirma que Rodrigo Lanza cometió un asesinato con alevosía y ánimo de matar pero rechaza que lo hiciera por motivos ideológicos, lo que en un primer momento motivó que el caso fuera bautizado como el de “los tirantes”
Archivo — El jurado considera a Rodrigo Lanza culpable del asesinato de Víctor Laínez y aprecia motivos ideológicos en el crimen
Rodrigo Lanza (d) y su abogado Endika Zulueta (i) durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza
Rodrigo Lanza (d) y su abogado Endika Zulueta (i) durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza EFE/Javier Cebollada
Alberto Pozas

15 de marzo de 2022 11:16 h
Actualizado el 15/03/2022 18:29 h
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El Tribunal Supremo ha decidido condenar a 18 años y medio de prisión a Rodrigo Lanza por asesinar a Víctor Laínez en un bar de Zaragoza en diciembre de 2017. Los jueces mantienen que Lanza, ya condenado hace más de una década por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, asesinó a Laínez tras discutir con él pero rebaja ligeramente su condena al eliminar la agravante de haber actuado por motivos ideológicos. El hecho de que la víctima llevara o hubiera llevado en el pasado unos tirantes con la bandera de España, según se alegó durante la causa, motivó que, en un primer momento, el caso fuese bautizado como 'crimen de los tirantes'.


El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirma la sentencia de 20 años de cárcel para Rodrigo Lanza por el 'crimen de los tirantes'

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Los jueces del Supremo no niegan que Lanza tuviera un “comportamiento discriminatorio” hacia la víctima, al llamarle “facha” y “fascista”, pero destaca que la discusión posterior en la que se produjo el asesinato es de contenido desconocido. Aplicar esta agravante por discriminación al asesinato, explica el Supremo, sería actuar en contra del reo.


Rodrigo Lanza asesinó a Víctor Laínez en el bar Tocadiscos de Zaragoza en diciembre de 2017. Los dos coincidieron en el local y un amigo de Lanza le dijo que la víctima “era de extrema derecha o neonazi y que en ocasiones llevaba tirantes con los colores de la bandera española”. En una primera discusión Lanza le acusó de ser “facha y fascista” y le reprochó haberle llamado “sudaca”, afirmando también que “este es un barrio antifascista y no queremos nazis en el barrio”. Al rato, víctima y asesino mantuvieron un nuevo encuentro fuera del bar y fue entonces cuando Rodrigo Lanza le dio un puñetazo en la cabeza y por la espalda para seguir pateándole la cabeza cuando estaba en el suelo inerte. El acusado se marchó de allí y Víctor Laínez murió días después en el Hospital Clínico de Zaragoza.

El caso ha dado varias vueltas por los tribunales antes de ser sentenciado en firme por el Tribunal Supremo. Rodrigo Lanza se sentó en el banquillo ante un jurado popular que le consideró culpable de homicidio pero la Justicia ordenó repetir el proceso con un jurado nuevo. En esa segunda ocasión fue condenado a dos décadas de prisión pero por un delito de asesinato con la atenuante de embriaguez por ir borracho y la agravante de discriminación ideológica.


El Tribunal Supremo ha confirmado la mayor parte de su condena pero rebaja a 18 años y medio su condena al entender que no hay pruebas suficientes para entender que el crimen tuvo una motivación ideológica. La segunda discusión entre ambos, inmediatamente anterior a la paliza mortal, es de contenido desconocido y por tanto no se puede imponer una condena basada en unas palabras que no han sido esclarecida.

Los insultos previos de Lanza, reconoce el Supremo, tuvieron una “carga ideológica clara” y que muestran “la prepotencia de quien insulta y veja por la ideología del otro”. Pero la discusión que precedió a los golpes es desconocida: “No se sabe de qué hablaron y de qué discutieron en el exterior, solo que fue posterior a los insultos con un contenido no precisado”, dice el Supremo al entender que ese cruce de palabras desconocido “pudo ser el acto determinante de la posterior reacción agresiva que produjo el resultado de muerte”.


Los jueces sí confirman que Rodrigo Lanza debe indemnizar a la familia de la víctima en los mismos términos que establecieron los tribunales aragoneses: un total de 200.000 euros para la madre, los dos hijos y los tres hermanos de la Víctor Laínez.

Segunda condena de Rodrigo Lanza
Esta sentencia es la segunda que dicta el Tribunal Supremo para condenar en firme a Rodrigo Lanza. En 2009 los jueces de la sala de lo penal aumentaron hasta los cinco años de prisión su condena por agredir a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en febrero de 2006. Según declararon probado en firme los magistrados, Lanza formaba parte de una fiesta en una casa ocupada de la capital catalana y arrojó una piedra a la cabeza de uno de los agentes. El agredido, según la Justicia, quedó en “estado vegetativo persistente”.

Lanza cumplió condena y su nombre volvió a los titulares cuando en 2014 el documental 'Ciutat morta' cuestionó la actuación policial en la investigación del caso y denunciaba el suicidio de Patricia Heras en 2011, una de las personas que cumplían condena junto con Lanza por los altercados de 2006 en Barcelona. En ese documental Rodrigo Lanza también denunciaba un montaje policial contra él y el resto de acusados.

[Ragnar]

Que se pudra en la cárcel el podemita ese.

[47ronin]

Si creen que por alcanzar el status de AA se acabarán las agresiones van de culo.

[47ronin]

Investigado el expresidente panameño Ricardo Martinelli por contratar a cuatro guardias civiles para espiar a una mujer


La jueza manda a prisión a dos de los seis detenidos en Mallorca por los seguimientos ilegales a una empresaria con la que el exmandatario mantenía “una relación sentimental”
LUCÍA BOHÓRQUEZ
Palma - 16 MAR 2022 - 15:44
Actualizado:16 MAR 2022 - 21:23 CET

CATI CLADERA (EFE)
Seguimientos en jornadas náuticas, vigilancia en restaurantes, fotografías y hasta un geolocalizador en el coche. Cuatro agentes de la Guardia Civil, un militar y un empresario fueron detenidos este lunes por la unidad de Asuntos Internos del instituto armado acusados de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos y coacciones por su presunta implicación en un operativo de seguimiento ilegal a una mujer de nacionalidad canadiense en Mallorca. De ellos, se ha dictado prisión para dos y el resto está ya en libertad. Las pesquisas policiales apuntan al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli como la persona que habría encargado y pagado por el operativo de espionaje durante la estancia de la mujer en la isla en julio de 2020, según informes de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exmandatario centroamericano figura como investigado en la causa, según confirman fuentes policiales. Además de los detenidos, hay otras cinco personas investigadas.


A última hora de este miércoles, la jueza de guardia del Juzgado de Instrucción Número 2 de Palma ha ordenado prisión comunicada y sin fianza para dos de los detenidos, entre ellos uno de los guardias civiles. Los otros cuatro han quedado en libertad, pero se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer periódicamente ante el juzgado. Los seis implicados fueron detenidos el pasado lunes por agentes desplazados desde Madrid y desde entonces permanecieron permanecido en los calabozos de la Guardia Civil de Palma, hasta ser puestos, este miércoles por la mañana, a disposición judicial. Los cuatro agentes de la Guardia Civil de la zona de Baleares arrestados prestaban servicio en lugares como el Palacio de Marivent, el aeropuerto de Son Sant Joan y el municipio de Calvià. Los otros dos detenidos son un militar y el propietario de una empresa de seguridad privada.


Según la documentación incorporada al sumario, los hechos investigados se produjeron entre el 8 y el 14 de julio de 2020. Los agentes, de forma coordinada, realizaron vigilancias de control y seguimiento sobre una empresaria que vive entre Miami y Mallorca. Los investigadores han documentado el uso por parte de los implicados de dispositivos de geolocalización y de toma de imágenes durante las vigilancias, de las que supuestamente mantenían informado a Martinelli, que quería conocer las relaciones personales e íntimas que tenía esta mujer con la que “mantendría una relación sentimental” según consta en uno de los informes policiales incorporados a la causa.

Siempre según esta documentación, los guardias civiles detenidos crearon un grupo en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp denominado Operación Cacatúa para coordinarse durante los seguimientos. En el mismo, se identificaban con nombres en clave como “Puma I” o “Puma II”, en el caso de los agentes, y como “Zeus”, en el del exmandatario centroamericano. En esta aplicación de mensajes, los investigadores han documentado un intercambio de mensajes entre Martinelli y uno de los agentes de los que se deduce que las actividades de seguimiento que posteriormente se realizaron sobre la mujer fueron previamente negociadas y acordadas entre los participantes. “Dame una cuenta para transferir una parte” dice Martinelli, a lo que uno de los detenidos le responde “te la mandé por WhatsApp”.

Los seguimientos a la mujer se desplegaron durante varios días por distintas localizaciones de Mallorca. El primer servicio se hizo “de forma gratuita” y tuvo lugar en Port Adriano “como extra de regalo” a Martinelli, según consta en las actuaciones. Al día siguiente, los agentes se situaron en la salida de la casa en la que había dormido la mujer e intercambiaron impresiones en el grupo de mensajería sobre la necesidad de saber cuál era su coche porque “de tenerlo confirmado ya podríamos ponerle al vehículo el localizador y así poder hacer los seguimientos a más distancia”, aseguraron. Finalmente, uno de los agentes compartió varias ubicaciones del trayecto hecho por el coche y facilitó su matrícula. Después, otro de ellos confirmó que se ha instalado un localizador: “con dos comandos de seguimiento en vez de uno y baliza en el carro [automóvil] ya no hace falta más”.

Los seguimientos se intentaron ejecutar mientras la mujer montaba en moto acuática, cuando estaba en un restaurante, en un bar de copas y en una jornada a bordo de un barco. En uno de los episodios intentaron el contacto físico con ella, según se deduce de las conversaciones incluidas en la causa. Martinelli envió supuestamente un mensaje al grupo en el que autorizaba a uno de los agentes “a entrar en el avispero” y ordenó que “el chaval, que es su tipo, que proceda”. Otro de los implicados le contestó que no había problema en hacerlo, a lo que el expresidente de Panamá le replicó que “la mujer del César no solo tiene que serlo, sino echar pa [sic] atrás los ataques”. Una expresión que, para los investigadores, vuelve a evidenciar la posible relación de Martinelli con la mujer.

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En el grupo de mensajería, los participantes en el dispositivo de seguimiento comparten continuamente las ubicaciones de la mujer y fotografías de las personas que le acompañan, para que Martinelli pueda identificarlas. Sin embargo, los continuos seguimientos a la mujer levantaron sus sospechas, por lo que decidió denunciar ante la Guardia Civil y la Policía Nacional que estaba siendo víctima de una vigilancia ilegal.

En la operación para desarticular el grupo, bautizada como Operación Pantera, se han registrado los domicilios de los seis detenidos, donde los agentes se han incautado de tecnología para realizar las vigilancias y de documentación manuscrita relativa a la organización y planificación de estas actividades.


Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014. En 2017 fue detenido en Estados Unidos por un caso de presuntas escuchas ilegales durante su mandato a centenares de personas, entre ellos, periodistas y empresarios. Tras ser extraditado a su país, fue juzgado y absuelto el pasado mes de noviembre. Está inmerso en otras causas judiciales, como el caso Odebrecht por supuesto lavado de dinero y otro que investiga una operación para comprar un conglomerado de medios de comunicación. El pasado mes de diciembre declaró por videoconferencia ante la Audiencia Nacional por un presunto cobro de comisiones por la adjudicación de una serie de obras públicas a un consorcio encabezado por la constructora brasileña Odebrecht del que formaba parte la española Fomento de Construcciones y Contratas