Autor Tema: Cárceles, presos y condenas  (Leído 277721 veces)

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1820 en: 19 de Julio de 2019, 06:59:32 am »

Mouad El Khouli, el condenado por violación que sembró el pánico en la Audiencia de Palma.

'El violador de Badoo' la lía en el juzgado: coge unas tijeras e intenta rajar a los funcionarios
El criminal perdió los papeles cuando el juzgado le condenó a siete años de prisión. "¡Me mato, me mato, no quiero ir a la cárcel!", gritó.
18 julio, 2019 14:32

   Enrique Recio

Mouad El Khouli sembró el pánico este miércoles en la Audiencia de Palma. "¡Me mato, me mato, yo no voy a la cárcel!". Fueron las palabras que pronunció este joven, de origen marroquí, mientras los funcionarios leían la sentencia en la que se le condenaba a siete años y medio de cárcel por violar a una joven en 2015. Descontrolado, conforme le detallaban la pena, el individuo fue poniéndose cada vez más nervioso hasta el punto de saltar sobre una mesa, coger unas tijeras y amenazar al personal que había en el despacho judicial.

El joven, gritando, amenazó con autolesionarse e insistía en que no iría a prisión. Poco después, se lanzó a por las tijeras y amenazó a los funcionarios que le rodeaban, que se apartaron rápidamente para que se calmara. Finalmente, los guardia civiles, apoyados por policías nacionales que acudieron en su ayuda, según informa Última Hora, pudieron reducirlo y lo trasladaron a prisión.

El incidente se produjo sobre las 11.00 horas de este miércoles. Si bien, se dio la circunstancia de que en el patio de la Audiencia había un gran dispositivo policial porque iban a ser juzgados un padre y su hijo, por una brutal agresión a un agente, y cuando fueron alertados por el funcionario de lo que estaba ocurriendo, los agentes salieron corriendo en apoyo de sus compañeros.
La amenazó con publicar un video

Cuando llegaron allí, los dos guardias civiles ya habían podido desarmar al joven y lo tenían reducido, aunque seguía muy nervioso. Poco después, al verse rodeado de agentes, el criminal empezó a calmarse y no ofreció resistencia. A continuación, lo esposaron y lo introdujeron en un Seat de color azul que utiliza la Benemérita para trasladar a la cárcel al condenado.
Juanín, el kamikaze muerto que se estrelló en Asturias, dejó de ser camionero por depresión
Enrique RecioCondujo en sentido contrario durante 57 kilómetros, a 200 por hora, en la Autovía del Cantábrico. Provocó una colisión múltiple que dejó a 5 personas heridas.

Mouad El Khouli no soportó la idea de ingresar en prisión y protagonizó una escena alarmante en los juzgados. El marroquí fue condenado a siete años y medio de cárcel por violar a una joven que conoció por Badoo en 2015 y a la que deberá indemnizar con 25.000 euros.

El tribunal considera probado que el condenado creó un perfil en la conocida red de citas con un nombre y una foto falsos. A principios de junio quedó con la víctima en el domicilio de ella, en Palma. La joven siguió sus instrucciones y le esperó en ropa interior y con los ojos vendados.

La perjudicada sospechó que no era el que aparecía en la foto y, tras quitarse la venda, le dijo que se marchara. El acusado se fue, pero horas después la amenazó con publicar un supuesto vídeo del encuentro si no quedaba de nuevo con él. La chica accedió y el hombre la violó.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1821 en: 23 de Julio de 2019, 07:37:18 am »

Denuncian una agresión sexual a una profesora en la cárcel de Aranjuez

La asociación de trabajadores penitenciarios «Tu abandono me puede matar» asegura que la Dirección del centro tardó una semana en trasladar los hechos al Juzgado de Guardia
S. L.
@abc_madrid
MADRIDActualizado:
23/07/2019 01:29h

    Un preso, en estado crítico tras el brutal ataque de su compañero de celda en Alcalá-Meco

Una asociación de trabajadores penitenciarios ha denunciado la presunta agresión sexual que sufrió una docente de la escuela de la prisión Madrid VI, en Aranjuez, aunque Instituciones Penitenciarias asegura que a la profesora se le ofreció la posibilidad de interponer una denuncia y ella declinó hacerlo. El autor de los hechos sería un preso, previamente condenado por violencia de género y con una orden de alejamiento, algo que no fue «advertido a las trabajadoras», según informa Europa Press.

La asociación «Tu abandono me puede matar» asegura que la Dirección del centro tardó una semana en trasladar el incidente al Juzgado de Guardia. Según los denunciantes, el pasado 11 de junio el citado preso aprovechó a quedarse a solas con la docente para asaltarla, tratando de tocarla mientras le pedía que le besara. Ella se negó «reiterada y explícitamente», pero el presunto atacante le bloqueó el paso, aunque la profesora consiguió zafarse de él mediante un empujón. El hombre ha sido trasladado a otro centro penitenciario.

Nuevo ataque

La asociación asegura que no es el primer ataque de este tipo al que han tenido que enfrentarse los trabajadores penitenciarios. En la misma prisión, el pasado 14 de julio, una funcionaria fue presuntamente víctima de un «violento ataque» por parte de un interno que se abalanzó sobre ella por la espalda durante un traslado. El hombre estaba siendo llevado a la sala de curas, donde iba a recibir atención médica, cuando aprovechó que se encontraban en una zona libre de cámaras de videovigilancia para atacar a la mujer, aunque ella consiguió escapar y pedir ayuda.

Según la asociación, este caso aún no ha sido trasladado al Juzgado de Guardia por parte de la Dirección del centro, a pesar de que el interno habría reconocido los hechos, que, según dicen, ha justificado como una «muestra de afecto» hacia la trabajadora. Instituciones Penitenciarias asegura que, también en este caso, la funcionaria en cuestión decidió no presentar denuncia.

Desde la asociación aseguran que este tipo de agresiones verbales y físicas de carácter sexista se producen con frecuencia en las prisiones, y añaden que la «vergonzosa» actuación de los centros en estos casos «desdeña a sus trabajadoras y las abandona».




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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1822 en: 30 de Julio de 2019, 18:16:12 pm »


Un preso mata a golpes a su compañero de celda tras discutir por sus ronquidos en Alicante


El hombre, de 37 años y español, comenzó una discusión de madrugada por los ronquidos de su compañero de celda, argelino y de 57.
30 julio, 2019 10:38

 CÁRCELES  ASESINATOS  ALICANTE (PROVINCIA) PRESOS
Juanma González
Un preso de la cárcel de Fontcalent (Alicante) ha asesinado a golpes a su compañero de celda tras una discusión porque le molestaban sus ronquidos, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación. Los hechos se produjeron sobre la una de la madrugada del 30 de julio en una celda del Módulo 2.

Según los primeros datos recabados por el personal de la prisión y por los investigadores de la Policía que han acudido a la prisión, el recluso agresor, un español de 37 años, ha iniciado una discusión con su compañero de celda, un argelino de 57 años, a causa de los ronquidos de este último.


Como publica el Diario Información, la disputa verbal ha terminado a golpes y el recluso argelino ha fallecido. El agresor ha avisado al personal de vigilancia del módulo, pero ya no se ha podido hacer nada por salvarle la vida. Al parecer presentaba varios golpes en la cabeza que han podido ser la causa del fallecimiento. La autopsia determinará la causa exacta de la muerte.

Una vez se ha confirmado la muerte se han desplazado a la prisión agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Científica, así como la comisión judicial, para realizar la inspección ocular y recabar datos sobre lo sucedido. El recluso agresor ha sido trasladado a dependencias policiales para tomarle declaración y ponerlo a disposición judicial una vez estén instruidas las diligencias.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1823 en: 31 de Julio de 2019, 20:31:24 pm »


Vox pide que los funcionarios de prisiones puedan portar armas eléctricas para protegerse de los reclusos


Ortega Smith subraya que se enfrentan a los presos «con bolis y walkie-talkies»

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Ana I. Sánchez
Ana I. Sánchez
@anaisanchezabc
Madrid
Actualizado:
31/07/2019 13:14h

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Vox ha registrado este miércoles una proposición de ley y otra no de ley para mejorar las condiciones en las que los funcionarios de prisiones desempeñan cada día su labor.

Entre las medidas propuestas se encuentra la de elevar su equipamiento incluyendo el porte de armas eléctricas para que «puedan protegerse primero a sí mismos, para proteger a los demás», según ha argumentado el secretario general de la formación Javier Ortega Smith. «Se enfrentan a los reclusos con bolis y walkie-talkies», ha denunciado.


La proposición de ley presentada plantea el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, «para que cuando actúen sepan que tienen el respaldo de la ley» dado que «son «el último bastión de la justicia en la lucha contra la criminalidad».

Por su parte, la proposición no de ley insta al Gobierno a establecer la presunción de inocencia para que, ante la duda, sus argumentos y pruebas prevalezcan sobre los que puedan presentar los reclusos. También recoge la redacción y aprobación de un estatuto propio, la creación de una academia nacional donde reciban formación en materias como defensa personal, derecho o psicología y el establecimiento de un proporción mínima entre los funcionarios de prisiones y la población reclusa.



En este punto, Ortega Smith ha cifrado entre 3.000 y 4.000 las plazas que necesita este cuerpo, instando a su convocatoria «urgente». Según las cifras que ha aportado, ahora mismo existen dos funcionarios de prisiones por cada 140 reclusos de alta peligrosidad, superando los 50 años un porcentaje muy elevado de este cuerpo. «El nivel hace salta saltar todas las alarmas», ha denunciado.

También apuesta Vox por elevar la retribución de los funcionarios de prisiones y el regreso de la competencia penitenciaria al Estado. Actualmente, Cataluña la tiene transferida.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1824 en: 02 de Agosto de 2019, 07:21:15 am »

Casi 200 miembros policiales cumplen condena en cárceles españolas

El delito más extendido cometidos por policías es el tráfico de drogas

Ana Terradillos
Madrid
01/08/2019 - 07:32 h. CEST

Casi doscientos internos que cumplen actualmente condena en diferentes cárceles españolas pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a agentes de las diferentes policías autonómicas. Exactamente son 188 y de estos 156 están cumpliendo condena y 31 en prisión preventiva. Son los últimos datos actualizados que ha enviado el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados y a cuyo contenido ha tenido acceso la Cadena SER.

De este total casi la mitad son agentes de la Guardia Civil, exactamente 82 guardias civiles en prisión y otros 50 agentes son miembros del Cuerpo Nacional de Policía. El resto se reparte entre policía local, en total 29, otros 12 militares, 11 que pertenecen a Instituciones Penitenciarias y 4 a la policía autonómica vasca porque Catalunya tiene transferida la competencia de Prisiones y lleva su propio recuento en cuanto al número de Mossos d'Esquadra en prisión.

El delito más extendido cometido por agentes policiales es el tráfico de drogas, es decir, un delito contra la salud pública. De esos casi 200 agentes encarcelados 42 cumplen condena condenados por tráfico de drogas. Le sigue en la lista el robo con violencia o intimidación, hay 20 agentes que están en prisión por robar e inmediatamente después están los policías condenados por quebrantamiento de pena o por quebrantamiento de una orden de alejamiento de violencia de género: hay 18 presos agentes que tienen esta pena.

El resto de delitos son homicidio y detención ilegal (14 policías condenados en cada caso), falsificación de documento público oficial o mercantil (11 policías), lesiones (11 agentes), robo con fuerza (10 agentes), atentado contra la autoridad (6 policías) y abusos sexuales (otros 6 agentes condenados).

Los casi 200 agentes están repartidos en 27 centros penitenciarios repartidos por toda España. 31 están en la cárcel de Castellón 2 y 23 en la prisión de Logroño.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1825 en: 03 de Agosto de 2019, 06:36:17 am »
Asociación de Trabajadores Penitenciarios "tu abandono me puede matar"?





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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1827 en: 07 de Agosto de 2019, 07:40:56 am »

Se ahorca el preso brasileño que intentó fugarse haciéndose pasar por su hija. / EFE


En una prisión de Brasil


Hallan ahorcado al 'narco' que intentó fugarse haciéndose pasar por su hija


Las autoridades han explicado que Da Silva ha aparecido sin vida en el interior de su celda, aparentemente ahorcado con una sábana.

El narcotraficante que intentó fugarse el fin de semana pasado de una cárcel de Río de Janeiro haciéndose pasar por su hija, Clauvino da Silva, ha sido hallado ahorcado este martes por la mañana, según la Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria (Seap).

Las autoridades han explicado que Da Silva ha aparecido sin vida en el interior de su celda, aparentemente ahorcado con una sábana. La Seap ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, ha informado la Agencia Brasil.

Clauvino da Silva, traficante en la ciudad de Angra dos Reis, fue interceptado el sábado por los guardias del centro penitenciario de Bangu cuando intentaba salir tras las horas de visita, disfrazado con ropa femenina, peluca y una máscara de silicona. Su plan consistía en fingir que era su hija y que esta se quedase en el interior de la cárcel.


Un narco brasileño aparece ahorcado tras intentar huir
Las autoridades penitenciarias han informado del arresto de la hija y de otras siete personas por su presunta colaboración con este fallido plan.

 
La situación del sistema penitenciario brasileño es motivo recurrente de críticas contra las distintas autoridades, tanto por las condiciones en que se encuentran los reos como por la saturación de las instalaciones. La semana pasada, al menos 57 personas murieron por una pelea entre bandas en el estado de Pará.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1828 en: 16 de Agosto de 2019, 07:23:59 am »

"SEGURAMENTE HAYA MÁS QUE NO ESTÁN"

26 suicidios, 25 sobredosis... Las cárceles de España superan ya los 100 muertos este año


DAVID FERNÁNDEZ
Suicidio
Instituciones Penitenciarias
16/08/2019 05:00
12 de agosto de 2019: muere un interno por enfermedad en la prisión de Estremera (Madrid). 10 de agosto de 2019: un recluso del centro penitenciario de Badajoz se autolesiona. Atendido por los servicios médicos de la propia prisión y tras varios intentos de reanimación, muere. 7 de agosto de 2019: una interna del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent (Alicante) se ahorca con un trozo de sábana en una zona donde no hay cámaras de seguridad. 30 de julio de 2019: dos presos se pelean en su celda de la prisión de Foncalent porque los ronquidos de uno molestan al otro. Uno de ellos muere. 28 de julio: uno de los presos más peligrosos de España (condenado a 138 años y con fugas en su historial) fallecía en el Hospital de León a los 54 años tras no superar una larga enfermedad.

La lista se completa con 103 nombres, 103 historias, las de los reclusos que han muerto este año en las cárceles españolas, una estadística que supera ya la simbólica cifra del centenar. El recuento lo lleva la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, que recalca que "no se trata del número oficial, ya que solo contabilizamos las muertes que nos comunican los compañeros. Seguramente haya más que no están", según Manuel Galisteo, coordinador general de dicha organización. El listado intenta incluir la causa del fallecimiento: 26 suicidios, la mayoría por ahorcamiento, 25 por supuestas sobredosis, varios infartos y otros 25 por causas naturales o enfermedades.

También hay casos sin resolver y sucesos extraños. Como el del pasado 7 de julio en la cárcel de Murcia, cuando un recluso fue encontrado gravemente herido en su celda con cortes en el cuello y en los brazos, al parecer producidos por una de las latas de atún que se venden en el economato de la cárcel. Se investiga si fue un suicidio o no. A finales de mayo, otro recluso fallecía por inhalación de humo en la cárcel de Teixeiro (A Coruña) después de que prendiera fuego dentro de su celda con la intención de agredir a los funcionarios que acudiesen alertados por el fuego.

Desde Instituciones Penitenciarias, que no confirma los datos contabilizados por la asociación de funcionarios, señalan que las cifras no son nada alarmantes, ya que la tasa de muertes en las prisiones se sitúa en tres por cada 1.000 reclusos, muy por debajo de la mortalidad de la población española, que según el INE es de nueve por cada 1.000 habitantes. En 2018 fallecieron 210 presos, cuando en 2017 hubo 147 muertes, según una reciente respuesta parlamentaria al diputado de Bildu Jon Iñarritu.










— NECROLÓGICAS @tu_abandono (@Tampm_NECROLOGI) 
El dato más llamativo de la respuesta parlamentaria es que entre los fallecidos de 2018 había 61 muertos por drogas, algo más de un 29%. En 2017 solo hubo 28 muertos por sobredosis. 2018 también se cerró con 33 suicidios. Donde más, en la cárcel de Badajoz, con cuatro casos. 2017 contabilizó 27 suicidios. En lo que va de año, el 'ranking' lo encabeza la prisión de Navalcarnero, con dos. Ambos por ahorcamiento. Un informe realizado por el sindicato Acaip revela que entre los años 2000 y 2017 se produjeron en las cárceles españolas 470 suicidios. El listado lo lidera el hospital psiquiátrico de Alicante, con 31 casos.

Los sindicatos penitenciarios destacan que la población reclusa asume muchos de los factores de riesgo asociados al suicidio, como el aislamiento social, problemas jurídicos, abuso de alcohol y drogas, trastornos mentales... Galisteo, de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar, señala a El Confidencial que muchas de las muertes que se producen en prisión podrían evitarse si aumentase la plantilla de funcionarios. "Obviamente, no nos referimos a las muertes por causas naturales o enfermedades, sino a los suicidios o las sobredosis".

Exterior de la cárcel de Estremera. (J.C.)
Exterior de la cárcel de Estremera. (J.C.)
"No olvidemos que este trabajo conlleva interactuar con el recluso, y una mejora de la plantilla supondría más personal y medios para controlar a los internos y poder detectar esos casos que terminan en suicidios o problemas con las drogas. Si no hay personal, se reducen los cacheos, la observación y la vigilancia, y eso se traduce en sobredosis, peleas y suicidios", concluye Galisteo. Su asociación contabiliza en 3.400 las vacantes de la plantilla penitenciaria. "Hemos estado cinco años sin oposiciones. Estas se ha producido en 2017, 2018 y 2019, pero son insuficientes". En 2019, por ejemplo, se producirán 654 bajas en el cuerpo de ayudantes, cuando Interior solo ha sacado 831 nuevas plazas. "Así es imposible reducir la brecha".


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1829 en: 22 de Agosto de 2019, 07:44:52 am »



La Manada de Murcia, apaleada brutalmente en la cárcel: acaban los tres hospitalizados


Los tres detenidos volvían del patio, cuando un grupo de internos les sorprendió. Comenzaron golpearles y los funcionarios tuvieron que mediar.
21 agosto, 2019 14:21

 VIOLACIONES  AGRESIONES SEXUALES MURCIA (CIUDAD)
Silvia Gil
Los tres detenidos por violar y golpear a una mujer en Murcia han recibido una brutal paliza en la cárcel de Sangonera. Los jóvenes han tenido que ser atendidos por los especialistas y han sido trasladados al Hospital Virgen de la Arrixaca.

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Los hechos sucedieron el pasado lunes 19 de agosto, al mediodía, en la subida a las celdas cuando los internos volvían del patio. En un espacio sin cámaras. Muchos presos, "en un remolino", dicen los testigos, acorralaron a los presuntos violadores y empezaron a golpearlos. Los funcionarios calmaron la pelea. Los sujetos estaban malheridos y fueron llevados al hospital.


Como informa La Opinión de Murcia, los tres jóvenes ya están de nuevo en la prisión, tras ser curados. Ahora pasan a un régimen especial en el que tienen la categoría de 'refugiados'. Les han cambiado de módulo y están "especialmente protegidos" de los ataques de otros internos.

 
La Manada de Murcia, apaleada brutalmente en la cárcel: acaban los tres hospitalizados

La Policía Nacional arrestaba el pasado sábado a tres hombres acusados de agredir sexualmente y golpear a una mujer en Murcia. Era un viandante el que daba la voz de alarma, al ver a la víctima sola y ensangrentada en la calle. Concretamente, en Cánovas del Castillo, una céntrica vía muy cercana a la Jefatura de Policía.


La chica, de 41 años, presentaba hematomas y tenía sangre en el rostro. Estaba consciente. Según su relato, la habían agredido sexualmente. Habían sido tres hombres los que la retuvieron, y dos los que la penetraron, y el ataque había tenido lugar en la zona de Santa Rita, una zona de Murcia tristemente conocida por el consumo y venta de estupefacientes en sus viviendas. La chica pudo huir cuando sus agresores empezaron a beber cerveza. El examen del médico forense confirmba la agresión sexual.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1830 en: 22 de Agosto de 2019, 23:26:47 pm »
Que pena.....

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1831 en: 23 de Agosto de 2019, 06:44:10 am »


Funcionarios de prisiones piden que se prohíba la venta de latas y lejía en las cárceles


Las últimas agresiones demuestran que los internos utilizan para agredir estos productos disponibles en los economatos

Cárcel de Aranjuez.
photo_cameraCárcel de Aranjuez.
23/08/19 access_time 1:02
Latas de refrescos y de conservas, palos de escoba de madera o aluminio, y lejía: son los productos que funcionarios de prisiones tienen en su punto de mira, por el uso que algunos internos hacen de ellos para agredir a otros presos o a los propios funcionarios de prisiones.

Confidencial Digital ha tenido acceso a la carta que la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, ha enviado a la gerencia de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.


Este organismo público se encarga de gestionar los economatos de las cárceles, donde se vende una variedad de productos de uso cotidiano para los presos.

ACAIP se dirige a la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para pedirle que reconsidere algunos de los productos que vende en los economatos de las prisiones, ya que sirven como “arma” para los presos.

El peligro de las latas
Mencionan concretamente las latas de conservas y de refresco, hechas de aluminio, por ser muy cortantes. En los últimos meses, según ACAIP, se han producido incidentes violentos con estos elementos.


Por ejemplo, una interna provocó cortes en el cuello a un trabajador del centro penitenciario de Topas (Salamanca) con una lata. El agredido tuvo que recibir diez puntos de sutura a pocos centímetros de la arteria carótida.

En la cárcel de Aranjuez (Madrid), un interno se fabricó un pincho carcelario con una lata de conservas, y con el mismo dejó lesionados a varios funcionarios.

Un tercer caso tuvo lugar en Alicante, donde un preso usó la tapa de una lata de conserva para intentar cortar a un funcionario.

Además, el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones destaca que en esa misma prisión de Fontcalent, en Alicante, un preso trató de autolesionarse con la chapa de una lata, y en general al ser convertidos en elementos cortantes son utilizados para autolesionarse y para amenazar y agredir a otros internos.

“Actualmente en el mercado pueden encontrarse conservas de la mayoría de productos que se venden en el economato en envases de plástico, a un precio muy similar que las que vienen en envase de alumnio”, señala ACAIP en su carta, y añade que “asimismo, existe una gran variedad de refrescos en envases no metálicos o de vidrio”, y por ello creen posible sustituir los envases metálicos por otros de plástico que eviten daños graves.

Palos de escoba convertidos en pinchos
Los economatos también venden palos de escoba para que los presos limpien sus celdas y zonas comunes. Dichos palos también son un arma en potencia. “Aún tenemos en la memoria la imagen del interno del centro penitenciario de Estremera con un palo de madera atravesado en el cuello”, destaca el sindicato, que pone de relieve que muchos pinchos carcelarios son elaborados con palos de escoba de madera o de aluminio, y se utilizan contra los funcionarios.

En este caso, la alternativa que plantean es ofrecer sólo palos de escoba de plástico y huecos por dentro, en vez de madera o de aluminio.

Lejía a los ojos
Pero es que hasta la lejía pide ACAIP retirar de los economatos. En este caso, en el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) un interno le echó lejía en los ojos a un funcionario, que sufrió lesiones que precisaron tratamiento hospitalario.

De ahí que pidan que deje de vender lejía en las cárceles y se sustituya por productos de limpieza menos abrasivos, algo que ya han hecho distintas prisiones europeas y también algunas cárceles catalanas, que están gestionadas por la Generalitat y no por el Estado.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1832 en: 27 de Agosto de 2019, 15:12:06 pm »

LA EMPRESA OMBUDS QUE LLEVA LA CONTRATA DE TODAS LAS CÁRCELES DE MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA SE ENCUENTRA EN CONCURSO DE ACREEDORES SIN PAGAR

Escándalo en las cárceles españolas: Interior paga a una empresa privada la vigilancia exterior, pero la hacen guardias civiles


Guardias civiles están realizando las funciones de la empresa privada de seguridad Ombuds
Joel Calero2019-08-27 05:00:00
Desde el año 2013 la empresa Ombuds gestiona la seguridad privada de los exteriores en las siete prisiones de Madrid, la de Cáceres y las seis de Castilla-La Mancha, entre las que se encuentra La Torrecica (Albacete), donde se ha recortado la plantilla un 33 por ciento. Los puestos y las funciones de seguridad a cubrir las están haciendo guardias civiles, que denuncian la situación y piden que se anulen los contratos, así como que estas funciones pase a realizarlas el personal de reserva.

 
 
 
 
 

 
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denuciado como gota que colma el vaso la falta de personal de la seguridad privada en los exteriores del centro penitenciario de La Torrecica, en Albacete. De esta manera, aseguran que la empresa Ombuds, encargada de la vigilancia en los exteriores de la prisión, ha recortado su plantilla en un 33%.

Desde el año 2013, estas funciones de seguridad las realizan empresas privadas tras su externalización por parte del Ministerio del Interior. Así, la empresa Ombuds tiene adjudicadas las siete prisiones de Madrid, las seis de Castilla-La Mancha y la de Cáceres.

Ombuds se encuentra en situación concursal y algunos de sus trabajadores aún no han percibido las nóminas de junio, julio y la extra de verano. Esta situación ha provocado que los empleados afectados decidan no hacer más horas extra desde el pasado 19 de agosto, por lo que los puestos que faltan los están cubriendo guardias civiles.

Por ejemplo, el servicio de seguridad del exterior de La Torrecica lo realizan seis vigilantes normalmente y ahora solo hay cuatro empleados trabajando, con lo que las funciones de esos dos empleados las están llevando a cabo agentes de la Benemérita y se podría estar dando un incumplimiento de contrato de la empresa adjudicataria. 

El Estado está pagando por estos servicios a una empresa de seguridad privada, pero realmente son los guardias civiles quienes están haciendo parte de esas funciones, dándose una situación parecida a la que se produjo en su día con el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde el Gobierno recurrió a los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados.

Los trabajadores de Ombuds hasta ahora realizaban muchas horas extra, con turnos de hasta 12 horas diarias, porque el sueldo que perciben es “ínfimo”, tal y como aseguran desde AUGC, afirmando que algunos trabajadores ya han cubierto todas las horas del mes de agosto y han superado el cupo.

Un contrato con privilegios
El problema no solo afecta a este centro penitenciario, sino que todos los que controla Ombuds se están viendo perjudicados por la situación de la empresa. En este sentido, AUGC lleva seis años reclamando que se anule el contrato con Ombuds.

El pasado 31 de julio, ya denunció la situación precaria de estos trabajadores en un comunicado, donde reclamaban al Gobierno que anulara los contratos de privatización de la seguridad privada de los centros penitenciarios y que estas funciones volvieran a corresponder a guardias civiles y policías.

la-torrecica
Ombuds ha recortado un 33 por ciento de su plantilla en La Torrecica

De esta manera, manifiestan que “la empresa de seguridad privada Ombuds se encuentra en situación concursal y sus trabajadores no han percibido las últimas nóminas, a lo cual debe añadirse la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus puestos de trabajo”.

La AUGC también menciona los privilegios que Ombuds obtiene con el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior, puesto que Ombuds llegó a acumular hasta tres de los cuatro lotes contratados (el 78% del presupuesto total), a pesar de que el propio Gobierno había anunciado que cada lote se adjudicaría a una empresa diferente. AUGC reclamó y el Ejecutivo se limitó a decir que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.

Gasto de 210 millones en seguridad privada
Hasta 210 millones de euros lleva gastados el Ministerio del Interior en estos servicios de seguridad privada, mientras que “los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones exiguas y además sufren situaciones tan preocupantes como la que ahora se está produciendo en Ombuds”, denuncia la asociación.

Además, critican que “pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión”.

Desde el sindicato de guardias civiles solicitan al Gobierno que se rescinda el contrato con la empresa Ombuds y realicen una nueva licitación. Asimismo, proponen como una de las medidas para poner fin a esta problemática que una parte del personal en situación de reserva se reincorpore “en virtud del acuerdo para la equiparación salarial” y sea destinado a esos cometidos que están llevando a cabo las empresas de seguridad privada.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1833 en: 30 de Agosto de 2019, 07:17:17 am »

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1834 en: 31 de Agosto de 2019, 06:50:45 am »

REPORTAJES 'CASO GABRIEL'


Así llega viva Ana Julia al juicio de Gabriel: presas a 30 euros para evitar el suicidio o el asesinato


A una semana de sentarse en el banquillo de los acusados, reclusas 'sombra' protegen la vida de la autora confesa de la muerte de un niño de ocho años.
31 agosto, 2019 02:55

 ANA JULIA QUEZADA  GABRIEL CRUZ PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE  ASESINATOS
Andros Lozano  @AndrosLozano
En mitad del silencio de la madrugada, durante alguna de las rondas nocturnas de supervisión, la funcionaria de la cárcel de Almería suele detenerse a echar un vistazo al interior de la celda de Ana Julia Quezada. Quiere ver si todo está en orden al otro lado de esa pesada plancha de hierro que hace de puerta y que las separa. La empleada de la prisión corre la mirilla que tiene a la altura de los ojos y pregunta: ¿todo bien ahí dentro? Si está despierta porque la ha escuchado llegar, María, la presa ‘sombra’ que en las últimas semanas cuida de la autora confesa de la muerte violenta de Gabriel Cruz, responde: “Todo bien, señora”.

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María (nombre distinto al de la verdadera presa) es una de las varias reclusas que en los últimos 534 días se han relevado para evitar que Ana Julia Quezada, dominicana de 45 años, se quite la vida dentro de la cárcel, como ya pareció intentar al realizarse leves cortes en los brazos con una cuchilla hace ocho meses. Ocurrió la pasada Nochevieja. Había ingresado poco antes en el módulo de aislamiento tras una fuerte discusión con otra reclusa.


“Cuando llegó aquí no fue fácil que otras presas se mostrasen voluntarias a estar con ella. Había mucho miedo y la amenazaban constantemente por lo que había hecho”, explican fuentes internas de la cárcel almeriense. “Ahora no hay problemas, aunque el temor a que le puedan hacer algo continúa latente. En la prisión se le tienen ganas, es evidente”.

No ha de resultar sencillo pasar las 24 horas del día con la mujer que en febrero de 2018 mató a un niño de ocho años y luego enterró su cadáver en una finca de su novio -el padre del menor-. Las presas de apoyo o ‘sombra’ cobran 30 euros por asumir la tarea de “controlar y consolar” a la mujer que el lunes 9 de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Almería. Ese día declarará la acusada.


Los abogados de los padres del niño y la Fiscalía han solicitado para ella la prisión permanente revisable. Un jurado popular compuesto por nueve miembros decidirá si es culpable o no de los delitos que se le imputan,  uno de asesinato y dos de lesiones psíquicas a los padres. El juicio se dividirá en ocho sesiones y será abierto a los medios de comunicación. Quedará visto para sentencia el miércoles 18 de septiembre.

Ana Julia Quezada pasa los días previos al inicio del juicio en una de las 50 celdas de alrededor de 11 metros cuadrados del módulo 1 (el de mujeres) de la prisión El Acebuche. Ella y María duermen en literas. Disponen de un váter, de un lavabo para asearse y de un pequeño televisor. También tienen un escritorio y en una de las paredes hay un ventanal con barrotes para evitar que se escapen. "Está tranquila. No parece nerviosa ante al juicio", dicen quienes han mantenido contacto con ella en las últimas semanas.


 Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz.

Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz.
EFE

María, como las otras presas que han acompañado a Ana Julia Quezada desde el 15 de marzo de 2018, cuando el juez la envió a prisión, recibió un cursillo rápido de apenas unas horas para saber qué ha de hacer y cómo ha de ser su comportamiento con su compañera de celda. Si se percata de algo extraño o preocupante ha de comunicarlo al cuerpo de funcionarias de la prisión para que éstas lo trasladen a la dirección.

“Las presas ‘sombra’, como en los módulos de hombres, reciben una serie de recomendaciones sobre cómo actuar”, explica un funcionario de prisiones con más de 30 años de carrera en distintas penitenciarías del país. “Suelen ser reclusas de confianza que tienen buen comportamiento. Muchas de ellas están al final de sus condenas, por lo que cuando obtienen permisos o salen definitivamente en libertad son sustituidas por otras. En el caso de Ana Julia tienen que estar atentas a sus cambios de actitud, a los comentarios que hace… Su presa ‘sombra’ tiene que estar despierta por si se produce un impulso por suicidarse o se dan señales de ello”.

'Refugiada'
Pese a aquel aparente intento por quitarse la vida, a Ana Julia se le ha dejado de aplicar el protocolo antisuicidios. Sin embargo, en la actualidad vive en el interior de una burbuja dentro del penal, sin contacto con el resto de reclusas, sin cruzarse con ellas en el patio ni compartir mesa en el comedor.

La dirección del penal sabe que ha de protegerla. A la presunta asesina se le ha aplicado el artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario. En el argot de la cárcel se le conoce como ‘régimen de refugio’ y se llama ‘refugiados’ a los presos que se sirven de él.

El objetivo al aplicar esta medida es salvaguardar la vida o integridad física del recluso. Ana Julia no puede participar en talleres ni cursillos y tiene prohibido hacer vida en las zonas comunes cuando están presentes el resto de presas. Vive en una cárcel dentro de otra cárcel.

Como ‘refugiada’, a Ana Julia cada día un funcionario le sube a la celda el desayuno, el almuerzo y la cena. Puede salir al patio de dos a cinco de la tarde, cuando el resto de presas, tras almorzar todas juntas en el comedor, vuelven a sus celdas para descansar. Pero Ana Julia apenas sale de su ‘refugio’. La mayoría de los días se queda en su cama y no baja al patio. Tampoco recibe visitas, salvo la de su abogado, y hace tiempo que no llama por teléfono al exterior.

“Parece recluida en sí misma”, explica una fuente del penal almeriense. Cada cierto tiempo recibe terapia con un psicólogo. “Es educada, tranquila”, dice una funcionaria consultada por EL ESPAÑOL. “Nunca le hemos escuchado una palabra de arrepentimiento por mucho que mandara una carta al padre del niño a través de El Programa de Ana Rosa".

“Lamento todo el daño que he hecho, sobre todo a Gabriel y a Patricia, y a los familiares”, decía en aquella misiva incluida en el sumario del caso. La escribió desde el escritorio de su ‘refugio’ que ahora comparte con María.


 Patricia Ramírez y Ángel Cruz en Almería el día del funeral de su hijo, Gabriel.

Patricia Ramírez y Ángel Cruz en Almería el día del funeral de su hijo, Gabriel.
EFE

Homicidio imprudente frente a asesinato
Gabriel Cruz, al que sus padres llamaban ‘pescaíto’, desapareció la tarde del 27 de febrero de 2018 en Las Hortichuelas, una pedanía de Níjar (Almería) incrustada en pleno Cabo de Gata. Ese día estaba allí con su padre, Ángel Cruz -quien se había separado años antes de la madre del niño, Patricia Ramírez-, con su abuela paterna y con la propia Ana Julia. El niño, después de comer, le dijo a su abuela que iba a jugar con los nietos de una prima hermana de ella que vivían en una casa a 70 metros de la suya.

Ana Julia, según la Guardia Civil y el juez instructor, se encontró con el menor en el camino de tierra que une ambas viviendas. Tras persuadirlo, se lo llevó en coche a Rodalquilar, otra pedanía de Níjar ubicada a 3 kilómetros de Las Hortichuelas y en donde la familia de Ángel Cruz tiene una finca con una pequeña casita. Una vez allí, lo mató. Luego enterró el cadáver a unos metros del inmueble y lo tapó con maderas y otros objetos.

La acusada sostiene que, mientras pintaba la casa, el niño comenzó a jugar con un hacha, que ella se lo reprochó y que entonces, según el escrito de conclusiones de su letrado, Gabriel “entró en la vivienda y le dijo que se callara, que siempre le estaba diciendo lo que tenía que hacer; que quería que su padre estuviera con su madre y no con ella, que era una negra fea; insultándole y negándose a entregarle el hacha".

Ana Julia Quezada contó que intentó quitarle el hacha al niño, que en el intento lo hirió en la cabeza y que le tapó la boca con la intención de que se callara, hasta que murió asfixiado. Pero la autopsia posterior del cadáver determinó que el niño murió estrangulado.

La acusación particular, que ejercen los padres del niño, y la Fiscalía entienden que la acusada se llevó al menor hasta la finca con la intención de matarlo. El juez instructor que la mandó a la cárcel tras su detención, Rafael Serrano, estimó en base a las pruebas aportadas por la Guardia Civil que Ana Julia Quezada cavó la fosa para enterrar el cuerpo con antelación a la muerte, por lo que habría premeditación.

El abogado de la presunta asesina, Esteban Hernández, ha solicitado tres años de prisión para su clienta por un delito de homicidio involuntario, o diez en caso de que se considere doloso. Este periódico se puso en contacto este pasado miércoles con el letrado, quien dijo que se encontraba de vacaciones y que sólo haría declaraciones a partir del 4 de septiembre. La Asociación Clara Campoamor, que se personó como acusación popular, se retiró del caso tras un auto de la Audiencia que revocaba su personación a petición de los padres de la víctima. Ángel Cruz y Patricia Ramírez nunca vieron con buenos ojos la participación de la citada asociación en el juicio.


 Gabriel Cruz, de ocho años, murió el 27 de febrero de 2018 a manos de Ana Julia Quezada, pareja de su padre.

Gabriel Cruz, de ocho años, murió el 27 de febrero de 2018 a manos de Ana Julia Quezada, pareja de su padre.
EFE

"A ver qué hago con este"
Un amplo dispositivo de voluntarios, bomberos, guardias civiles o efectivos de Protección Civil buscaron a Gabriel Cruz por el cabo de Gata durante 13 días. El domingo 11 de marzo, Ana Julia Quezada lo desenterró y lo introdujo envuelto en una manta en el interior del maletero de su coche, un Nissan Pixo de color gris. Mientras lo hacía, insultaba a su víctima.

La Guardia Civil la detuvo cuando intentaba introducir el vehículo en el garaje del edificio en el que su novio tenía una casa en La Puebla de Vícar, a 80 kilómetros de donde mató al menor. Los investigadores habían instalado micros en el coche. Durante el trayecto, en otras frases, dijo: “A ver qué hago ahora con este”

Durante los 13 de días de búsqueda Ana Julia Quezada mostró esa misma frialdad que ahora narran las funcionarias que tratan con ella. Los investigadores de la Guardia Civil piensan que llegó a dejar una camiseta seca de Gabriel en una zona de monte próxima a la casa de un antiguo novio para intentar que las sospechas recayeran sobre él.

Cuando aún no había aparecido el cadáver Ana Julia Quezada participó en una entrevista en la radio pública gallega. Entre sollozos, dijo: “Estamos destrozados. Ya no sabemos qué hacer. Nos estamos volviendo locos”. En aquella entrevista llegó a hablar sobre el menor en pasado, para luego corregir. “Era un niño muy responsable... es un niño muy responsable".

"Sentía celos" del niño
Ana Gutiérrez Salegui, psicóloga forense del Instituto de Probática e Investigación Criminal, ha analizado el perfil psicológico de la acusada. En conversación telefónica con EL ESPAÑOL explica que Ana Julia Quezada “tiene una mente fría y calculadora” y que durante los 13 días de búsqueda del niño “no mostró ni un atisbo de remordimiento”.

“Estamos ante una persona muy narcisista, con necesidad de protagonismo, de ahí esa carta al padre a través de Telecinco y no directamente a él o su intervención en la radio gallega”. Gutiérrez Salegui añade que, a su juicio, “Ana Julia veía a Gabriel como un estorbo en su relación con Ángel” y que “sentía celos” hacia el menor “por robo de atención”.

El lunes 9 de septiembre un furgón de la Guardia Civil recogerá a primera hora de la mañana a Ana Julia Quezada de la cárcel de Almería para trasladarla hasta la Audiencia provincial. Se despedirá de María, su presa ‘sombra’, se vestirá y desayunará. Será la primera en declarar en sede judicial. El martes 10 lo harán Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres de la víctima. Las seis sesiones posteriores servirán para escuchar a guardias civiles, un policía local de Níjar o a los forenses.


 Casa en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) de la abuela paterna de Gabriel Cruz.

Casa en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) de la abuela paterna de Gabriel Cruz.
AL

El juicio estará presidido por la magistrada Alejandra Dodero. La dureza del contenido de algunas de las pruebas que se expondrán en la sala obligarán a la reserva de algunas imágenes y audios. La vista contará con señal institucional que permitirá a los medios de comunicación seguir su desarrollo desde una sala. Es previsible que algunos fragmentos se vean solo a puerta cerrada con la intención de proteger tanto al propio menor fallecido como la intimidad de sus padres.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) hicieron público un comunicado este pasado lunes en el que pedían "un tratamiento informativo responsable".

La noche previa a que dicho furgón de la Guardia Civil conduzca a Ana Julia Quezada hasta el banquillo de los acusados, una funcionaria volverá a hacer de madrugada una ronda de supervisión en la prisión El Acebuche. Quizás esa noche volverá a correr la mirilla de la celda donde en ese momento descansará la acusada, preguntará si todo está bien y esperará la respuesta de María, la presa ‘sombra’ que ha ayudado a que la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz siga con vida a una semana del juicio.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1835 en: 11 de Septiembre de 2019, 06:33:04 am »
   
POLÉMICA POR LAS COMPETENCIAS
Guerra en Interior: la Guardia Civil se harta de custodiar presos en juzgados y hospitales
El defensor del pueblo ha abierto un expediente al ministerio tras la queja de la AUGC. La normativa marca que la custodia en Madrid capital es competencia de la Policía Nacional

Autor
David Fernández
Contacta al autor
@dfernandez1975

11/09/2019 05:00

Es una cuestión de competencias, que el defensor del pueblo quiere aclarar. ¿Quien debe custodiar a los presos que son trasladados desde los centros penitenciarios a un juzgado o a un hospital? La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, lo tiene claro. El traslado desde la cárcel a una sede judicial o a un centro médico es competencia de la Guardia Civil. Pero una vez que un recluso llega al lugar de destino, su custodia es competencia del cuerpo policial que tiene asignada esa demarcación. Y en Madrid capital, ese cuerpo es la Policía Nacional.

La AUGC ha acudido al defensor del pueblo porque asegura que la normativa vigente no se cumple, "lo que conlleva además una conculcación de los derechos fundamentales de ciertas personas internas en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid", señala un portavoz de la AUGC. El pasado mes de julio, el defensor del pueblo admitió a trámite la denuncia de esta asociación, que ha motivado la apertura de un expediente contra el Ministerio del Interior. El defensor del pueblo ya ha solicitado información al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

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La clave, según la AUGC, es la Instrucción 08/09 de la Secretaría de Estado y Seguridad, que regula las conducciones y custodia de los reclusos de centros penitenciarios. Se dictó para mejorar "la eficacia y eficiencia" de estos traslados, ya que "suponen un esfuerzo considerable en cuanto a efectivos, horas de servicio, vehículos y otros medios a emplear, con el consiguiente coste económico y perjuicio para otros servicios, fundamentalmente los de seguridad ciudadana". No hay que olvidar que el traslado de presos conlleva cada día quitar de las calles a un buen número de agentes.

La instrucción establece que "la custodia de los internos fuera de los establecimientos penitenciarios corresponderá al cuerpo policial que tenga asignada la competencia territorial en el lugar de estancia". Esta instrucción es posterior a la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que determina en su artículo 12 que es competencia de la Guardia Civil "la conducción interurbana de presos y detenidos". David Casares, portavoz de AUGC Madrid, pone un ejemplo: "La Guardia Civil es la que tiene que trasladar un preso desde la cárcel del municipio de Soto del Real a los juzgados de plaza de Castilla, en la capital. Pero una vez allí, la custodia es competencia de la Policía Nacional. Algo que ahora no pasa".

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)

Así lo expuso esta asociación en su escrito de queja al defensor del pueblo: "La custodia de los detenidos efectuada por el Cuerpo Nacional de Policía en Madrid capital y la custodia de internos que se trasladan desde los siete centros penitenciarios que hay en la comunidad de Madrid a las sedes judiciales y urgencias hospitalarias, situadas en la capital, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía". Según la AUGC, el Ministerio del Interior "incumple todo el compendio legislativo citado" y ordena "de manera irregular a los guardias civiles asumir la custodia de presos que comparecen ante jueces y magistrados en los juzgados de plaza de Castilla y Julián Camarillo, de Madrid capital".

Según las cifras que maneja la AUGC, solo en 2018 la Guardia Civil ha custodiado en los juzgados de la capital a más de 8.500 personas privadas de libertad, una labor que debería haber hecho la Policía Nacional. "Este trabajo de custodia impide que la Benemérita pueda seguir haciendo más conducciones de presos, en lo que sí tiene competencia, vulnerando así los derechos fundamentales de los internos, que tienen que anular sus citas médicas en hospitales por falta de agentes". En los dos últimos años, 2017 y 2018, "se ha dejado de realizar el traslado interurbano de más de 700 internos recluidos en la Comunidad de Madrid, los cuales quedaron sin recibir asistencia sanitaria en sus consultas programadas".

26 suicidios, 25 sobredosis... Las cárceles de España superan ya los 100 muertos este año
David Fernández
Los sindicatos señalan que muchas de estas muertes se podrían evitar si aumentasen las plantillas. En 2018, hubo 210. Supone una tasa de tres fallecimientos por cada 1.000 internos

En el caso de los hospitales, hay un matiz. Si el preso necesita un ingreso hospitalario porque tiene una urgencia, la custodia del mismo corresponde al cuerpo policial competente territorialmente. Que en la capital es la Policía Nacional. Pero si el interno tiene que asistir a una consulta ambulatoria programada, la custodia pertenece al cuerpo policial que realiza la conducción desde la prisión, es decir, la Guardia Civil. Según la AUGC, se anulan muchas de estas consultas porque los agentes de la Benemérita están haciendo otras consultas que no les corresponden. Esto motivó que en 2017 el defensor del pueblo abriera otro expediente tras la queja de un preso que se había quedado sin su visita médica.

La AUGC también se queja en su escrito de las condiciones laborales "en las que trabajan los guardias civiles en las sedes judiciales de plaza Castilla y Julián Camarillo, que se desarrollan sin disponer de unas instalaciones, vestuarios o aseos dignos, en los que incluso a las agentes femeninas se las puede observar en momentos que precisan intimidad. Al no ser competencia de la Guardia Civil la prestación de los servicios de custodia en las sedes judiciales de la capital, la Dirección General de la Guardia Civil no posee una unidad específica, con puestos de catálogo, para cumplimentar dichos servicios, y cada día se reúnen entre 40 y 60 efectivos detraídos de la Unidad de Protección de Seguridad".

La AUGC denuncia que entre 40 y 60 agentes realizan labores de custodia de presos en plaza Castilla sin tener las instalaciones adecuadas

La ausencia de una unidad específica de la Guardia Civil en estas sedes judiciales, dotada de un catálogo de puestos de trabajo, "supone que los agentes que realizan estas funciones de custodia realicen dichos cometidos sin ser informados de los riesgos laborales a los que se pueden ver sometidos. Esta obligación está incluida en la Ley Orgánica 11/07 de derechos y deberes de la Guardia Civil, que no puede ser cumplimentada por ningún mando", sentencia la AUGC. Desde el Ministerio del Interior, señalan que recibieron la comunicación del defensor del pueblo el pasado 31 de julio y que están "en trámite de respuesta".




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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1836 en: 18 de Septiembre de 2019, 07:39:00 am »
Urdangarin, ¿preso privilegiado o preso común?: otros 263 reos han obtenido este año el permiso para realizar labores de voluntariado

    José Luis Castro, juez central de Vigilancia Penitenciaria, explica a infoLibre que los requisitos para recibir el permiso es ser preso en segundo grado y que no haya ni amenaza de peligrosidad ni de quebrantamiento de la condena
    El exduque de Palma ingresó en la prisión de Brieva (Ávila) hace un año y tres meses, pero la obtención de este tipo de autorizaciones no requiere el cumplimiento mínimo de una parte de la condena
    Realizará los trabajos en Hogar Don Orione, un centro religioso de Pozuelo de Alarcón (Madrid) dedicado a ayudar a personas "con discapacidad intelectual"

Lara Carrasco
lcarrasco@infolibre.es @_CarrascoLara

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1837 en: 18 de Septiembre de 2019, 21:40:32 pm »
Ya sabemos que preso común NO ES.
Le conceden el privilegio de poder salir de la cárcel en coche ,por motivos de seguridad.
Igual que a todos los presos comunes.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1838 en: 21 de Septiembre de 2019, 07:29:45 am »


Debería trasladarse a Soto del Real
El permiso de Urdangarin va en contra de la decisión del fiscal y siete expertos más

La Junta de Tratamiento de la prisión se opuso a su salida para colaborar en una ONG y descartó que tuviera problemas de salud.
Fernando Pastor
viernes, 20 septiembre 2019, 18:35
Actualizado: 20/09/2019, 19:03
      

La Audiencia Provincial de Valladolid tendrá que decidir en breve sobre el recurso que la Fiscalía ha interpuesto contra el permiso que el juez de Vigilancia Penitenciaria de esa jurisdicción concedió a Iñaki Urdangarin para salir de la cárcel y realizar trabajos en una ONG dos días en semana. La fiscal denuncia que no se han cumplido los requisitos legales y, además, fuentes jurídicas conocedoras del caso advierten que se ha actuado en contra de la opinión de los siete profesionales que componen la Junta de Tratamiento de la cárcel, dependiente de Instituciones Penitenciarias.

El juez justificó su decisión en la necesidad de que el exduque de Palma evitara entrar en una situación de aislamiento que estaría afectando a su salud, por estar sólo en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), un argumento terapéutico más que jurídico, que no corroboraron ni el director del centro, el subdirector, el responsable médico, el jefe de servicios, el educador, el psicólogo y el asistente social de la prisión, que son las siete personas expertas que componen la Junta de Tratamiento.

Los asesores jurídicos de Urdangarin recurrieron esa decisión administrativa ante el juez (recurso de queja), que avaló su salida y que ahora se ha encontrado con el recurso de la Fiscalía de Valladolid para que se solvente una situación que puede rozar el privilegio y “que no tiene ningún otro preso similar de segundo grado en España”, explican fuentes jurídica expertas en este tipo de procesos.

Una de las claves que los técnicos y juristas plantean en este caso es la ubicación del centro que ha elegido Urdangarin y que puede ser importante a la hora de resolver el recurso de la fiscal. Las fuentes consultadas advierten que, si se quisiera que Urdangarin hiciera trabajos sociales o con alguna ONG en la localidad madrileña de Pozuelo, a más de cien kilómetros de su cárcel y en una comunidad autónoma distinta, Instituciones Penitenciarias debería ordenar primero su traslado a la prisión más cercana de ese centro, que podría ser perfectamente la de Soto del Real.
Ni una cuarta parte de la pena cumplida

Desde el punto de vista puramente jurídico, el recurso que ha planteado la fiscal contra el permiso de Urdangarían parte de la premisa legal básica de que no se puede dar ningún tipo de beneficio penitenciario a un preso de segundo grado sin que haya cumplido, al menos, la cuarta parte de la pena impuesta, que en este caso fue de cinco años y diez meses de cárcel por el caso Noos. Sin esa condición, la Fiscalía entiende que el juez no puede aplicar el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, en el que basa su decisión.

El cumplimiento de la cuarta parte del tiempo impuesto sí aparece como exigencia para la aplicación de cualquier otro beneficio, tratamiento o actividad dentro de la legislación penitenciaria que implique una salida del interno fuera de la cárcel, aclara la fiscal. En el recurso recuerda, además, que fue el propio preso quien eligió voluntariamente estar en la cárcel de Brieva, con lo que se descarta a priori hablar de un aislamiento forzoso. Frente a ello, la propia fiscal advierte que no consta que haya pedido el traslado a algún otro centro penitenciario.

Al igual que señalaron los expertos de la Junta de Tratamiento, el recurso advierte que, por el momento, no se ven perjuicios en la condición del penado como para tomar medidas al respecto. Al contrario, se advierte que no existe informe médico o psicológico que afirme que cumplir la pena en soledad tal y como se está desarrollando esté causando efectos perjudiciales en el interno o su desocialización.

Urdangarin ha realizado esta semana su primera sesión de trabajo en el Hogar don Orione en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Pero en lo que se refiere a la actividad concreta, el recurso advierte que el centro al que acude acoge trabajos en favor de la Comunidad que algunos condenados deben realizar para purgar su pena, dependiendo normalmente de un Centro de Inserción Social (CIS). Pero en ningún caso se trata de actividades específicas de un interno clasificado en segundo grado en cumplimiento de una pena privativa de libertad.





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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1839 en: 30 de Septiembre de 2019, 14:36:11 pm »