Cárceles, presos y condenas

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Los médicos de prisiones, "muy preocupados" por los rebrotes en los centros

Denuncian que Instituciones Penitenciarias deja en manos de cada centro las medidas a adoptar con los internos. Se sienten "abandonados" y piden pruebas diagnósticas

Nieves Salinas

Publicado 12/07/2020 04:45


Los médicos de los 66 centros penitenciarios españoles están "muy, muy preocupados" por los rebrotes de coronavirus que salpican la geografía. "Los permisos salen a todos los sitios y es muy complicado", señala Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico en el centro penitenciario Ocaña II (Toledo) y representante de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM)-Prisiones. Critica, además, que no existe un protocolo común en la 'nueva normalidad' de las prisiones -cada centros hace lo que puede y considera- y denuncia el "sentimiento de abandono y dejadez" que padecen.

El pasado mes de febrero, justo antes de que estallara la pandemia, CESM y el Sindicato de Enfermería SATSE denunciaban los "graves problemas" a los que se enfrente desde hace muchos años la sanidad penitenciaria. Entonces no descartaban, incluso, llegar a la huelga para revertir una situación que viene de lejos: 17 años de retraso en la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas.

Con el coronavirus todavía como una amenaza en ciernes, los sanitarios ponían sobre la mesa un panorama sangrante: en España, unos 220 médicos y 500 enfermeras atienden a los 66 centros penitenciarios; 11 centros reinserción y dos psiquiátricos para una población de entre 50.000 (la fija) y 70.000 (la que va rotando) internos. El 90 % de los facultativos tiene más de 50 años y el 30 %, podría jubilarse ya. Quedan por cubrir otras 220 plazas.

Descoordinación en la 'nueva normalidad'

La situación provocada por la crisis sanitaria desatada por la covid-19 no les resulta ajena. Los rebrotes les inquietan muchísimo ahora que la 'nueva normalidad' ha llegado a los centros penitenciarios. "El resultado es que hay 66 modelos distintos de medidas adoptadas; si sale bien todo, perfecto y si sale mal, la responsabilidad es de los centros, nunca suya (de Instituciones Penitenciarias) por su incapacidad de establecer medidas uniformes. ¿Alguien se imagina que 60 centros de salud de una misma provincia actúen todos de modo distinto?", se pregunta Pedro Antonio Martínez en conversación con Vozpópuli.

El médico de la prisión de Ocaña II se queja de que no tienen la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas fiables -tipo ELISA y CLIA- a los internos "varias veces en semana para agilizar las cuarentenas y ganar seguridad. Dependemos de la buena disposición de las comunidades autónomas. Si estuviera transferida la sanidad penitenciaria, esto no ocurriría". Critican que se nos asigna funciones lógicas, pero "sin medios diagnósticos adecuados, por ejemplo en el caso de los traslados, ingresos, permisos, que nos llevarán a saturar los módulos con aislamientos sanitarios y correr riesgos innecesarios".

Pedro Antonio Martínez alude a la última instrucción de medidas de 'Nueva normalidad' remitida a los centros penitenciarios por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias el pasado 25 de junio y a la que ha tenido accesoVozpópuli. El documento se refiere a las medidas de contención en el ámbito penitenciario con motivo de la emergencia por la covid-19. En la instrucción se deja en manos de la dirección de cada centro la adopción de las medidas que procedan en función de "los recursos y peculiaridades" de cada establecimiento. "Se mueve una vez más en la ambigüedad; lo deja todo a criterio del médico de cada centro", critica el representante de CESM en prisiones.

"Hace unas indicaciones sanitarias generales. Todo pasa por el médico que lo vea. Al final es como siempre: el ejército de Pancho villa. Cada centro hace una cosa. Si un recluso no tiene fiebre y llega de permiso pasa al módulo porque según esa instrucción no tiene que guardar cuarentena. En otros, sí la hacen. En unos son 14 días; en otros 10; en el mío, hemos decidido que siete para los ingresos de libertad y los permisos. Pensamos no se podía pasar de todo a nada. Por tener alguna precaución, porque mirándole a los ojos (al interno) no sabemos y como no tenemos test...", añade.
Pruebas para los internos ante los rebrotes

Es precisamente una de las reclamaciones de los médicos de las prisiones. Disponer de pruebas serológicas fiables para los internos. Algunas prisiones, explica Martínez, compraron test para los reclusos (la mayoría, test rápidos). Otras no. Cada centro, insiste, adopta las medidas que considera convenientes sin directrices claras por parte de Instituciones Penitenciarias más allá de esa circular.

A mediados del pasado mes de junio, los centros penitenciarios comenzaron su particular proceso de 'desescalada'. Aquellos de las provincias que habían superado la fase 0 del plan diseñado por el Gobierno comenzaron a retomar las comunicaciones de los internos con sus familias (actualmente sólo se permitían llamadas y videollamadas) y los reclusos pudieron volver a disfrutar de los permisos ya concedidos. También se autorizaron de nuevo los traslados ordenados por las autoridades judiciales, por razones médicas y por cuestiones de seguridad.

En la circular remitida a los directores el 25 de junio, se indica, en el apartado de permisos de salida, que con el fin de detectar posibles riesgos de coronavirus "se procurará fijar el regreso de los permisos en día laborable y jornada ordinaria de trabajo con la finalidad de posibilitar que, en caso de detectarse o advertirse indicio o síntoma alguno relacionado con tal enfermedad, pueda la persona ser vista por el personal sanitario del centro".
La transmisión, más fácil en recintos cerrados

Se remite nuevamente a la instrucción de medidas de 'Nueva normalidad' de Instituciones Penitenciarias y al capítulo dedicado a las comunicaciones de los internos y critica lo "ridículo" del planteamiento en el caso de los 'vis a vis'. En la parte que habla de las comunicaciones íntimas, además de que la persona autorizada deberá firmar y entregar una 'declaración responsable', ambos comunicantes 'deberán portar mascarilla tanto para la entrada en la sala donde se celebre la comunicación como a la salida'. "¿Y qué si van a tener relaciones íntimas?. No sé qué ganamos con eso", inquiere el médico.

Es verdad, añade, que en el anexo que se firma tienen que decir que no están enfermos. "Nosotros por ahora, en las comunicaciones, no hemos establecido cuarentena en nuestro centros; pensamos que la persona que va a comunicar, si sabe que está enferma, no querrá transmitirlo a su pareja y si son comunicaciones familiares, tampoco. Luego hay casos muy particulares, si hay alguien que es capaz de meter droga, por desgracia, aunque es minoritario, existe y a lo mejor esa persona, bajo determinados efectos, no es muy consciente del peligro", apunta el facultativo.

    "Los rebrotes nos salpican un montón porque las comunicaciones vienen lógicamente del exterior. Nos preocupan también los permisos", señala el médico de Ocaña II

En Ocaña II, como en todos los centros penitenciarios, subraya el médico de la cárcel y pese a no haber registrado casos positivos de la covid-19, están muy preocupados por los rebrotes. "Hay un montón por todas partes; antes, claro, era más fácil. Pero ahora es más complicado. Son centros cerrados y la transmisión es mucho más fácil. Puede afectar a mucha gente que tenemos delicada. Los rebrotes nos salpican un montón porque las comunicaciones vienen lógicamente del exterior. Nos preocupan también los permisos", incide el médico.
83 aislados en la prisión de Zuera

Pedro Antonio Martínez apunta a la prisión de Estremera (Madrid) como el centro penitenciario que ha tenido más casos de coronavirus. Ha llegado a tener ocho módulos cerrados. Ahora, explica Martínez, la situación ha mejorado y el centro que tiene más casos de aislamiento preventivo, 83, es la prisión de Zuera (Zaragoza). El aislamiento se produce tras el contacto con un interno, trasladado ya a la prisión de Ponet (Lérida), donde se concentra uno de los mayores rebrotes de toda España.

    "Deberíamos tener la misma coordinación que otros centros, por ejemplo residencias de mayores, tienen con su comunidad autónoma", dicen desde CESM-Prisiones

Según informa el 'Heraldo de Aragón' funcionarios de este centro han exigido que les hagan los test para ver si han sufrido contagios. El sindicato Acaip-UGT ha pedido que se hagan las pruebas tras la recuperación de la actividad habitual o la normalización del trabajo en los talleres o salidas al exterior.

"Deberíamos tener la misma coordinación que otros centros, por ejemplo residencias de mayores, tienen con su comunidad autónoma. Con nosotros, no es así. Cada uno adquiere test o toma medidas por su cuenta. Lo suyo sería que este protocolarizado oficialmente, no en función de la relación que tengas con cada servicio sanitario de tu comunidad".

Precisamente en Cataluña, donde al igual que en el País Vasco sí están transferidas las competencias en materia sanitaria, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha suspendido las visitas en el locutorio y las comunicaciones vis a vis en la cárcel de Ponent. Según ha informado el Gobierno, los familiares tampoco podrán llevar paquetes ni hacer transferencias de manera presencial.
SATSE acusa al Gobierno de seguir echando "balones fuera"

Por su parte, el Sindicato de Enfermería SATSE, recibió esta semana respuesta del Defensor del Pueblo a su reclamación sobre el traspaso de la sanidad penitenciaria y asegura que ha constatado que "tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas, siguen echando 'balones fuera' para justificar su claro desinterés por mejorar la atención sanitaria que se presta en los centros penitenciarios y las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios".

Tras la carta remitida el pasado mes de febrero al Defensor del Pueblo, junto a CESM, denunciando "el progresivo deterioro de la sanidad penitenciaria" y demandar su traspaso a las comunidades autónomas, SATSE ha sido informado de los contactos mantenidos entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los gobiernos de distintas comunidades autónomas y "no ha visto ningún avance significativo" a pesar del supuesto interés demostrado públicamente por ambas partes para propiciar el traspaso competencial.

El sindicato cita a Navarra, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias, Andalucía, Asturias y Aragón como las únicas comunidades que hasta el momento han facilitado información y concluye"que ninguna administración quiere responsabilizarse de la falta del acuerdo que permitiría el traspaso de la sanidad penitenciaria al conjunto de autonomías".

SATSE incide en que "siguen coexistiendo dos sistemas sanitarios públicos" que están desarrollando sus funciones de "forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos", y que no mantienen unos canales de "comunicación y coordinación adecuados".

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El preso campeón de muay thai que mató a golpes a otro reo, culpable de asesinato con alevosía
La fiscalía consideraba que fue homicidio, menos grave y con penas inferiores

El País
Madrid - 13 jul 2020 - 13:52 CEST

Un preso murió en 2018 en el centro penitenciario de Madrid V, en la localidad madrileña de Soto del Real, después de que su nuevo compañero de celda, experto luchador de muay thai ―un arte marcial de origen tailandés― y de kikboxing ―deporte de combate de origen japonés―, la emprendiera a golpes con él tras discutir sobre quién iba a dormir en la litera de abajo y quién en la de arriba, según confirmaron entonces a EL PAÍS fuentes penitenciarias. Ahora, un jurado popular de la Audiencia de Madrid lo ha declarado culpable de un delito de asesinato con alevosía.

El juicio se celebró el pasado 29 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras la deliberación, los miembros del jurado han dado por acreditado que el acusado, Jesús M.R.H., acabó con la vida de su compañero de celda y han calificado los hechos de asesinato frente al homicidio que apreció el fiscal. La diferencia entre ambos delitos es que el asesinato es premeditado y es más grave que el homicidio. El homicidio está penado con entre cuatro y 15 años, mientras que la condena por asesinato va de 15 a 25 años. En este caso, es asesinato con alevosía, porque se considera que en el crimen hubo una forma o medio destinado a privar de defensa a la víctima. En su veredicto, el jurado dictamina no obstante que hay una atenuante por trastorno psíquico. El tribunal dictará sentencia próximamente.

La fiscalía había pedido 12 años y cinco meses de prisión para Jesús M. R. H y una indemnización de 456.500 euros para los familiares la víctima. Los hechos tuvieron lugar el 26 de diciembre de 2018, un día después de que Jesús, que entonces tenía 28 años, ingresara en prisión provisional en Soto del Real tras ser detenido por un intento de homicidio en el Metro de Madrid. En una trifulca, la había emprendido a golpes con un vigilante de seguridad. Le asignaron la celda número 18, dentro del Módulo 1, que iba a compartir con otro interno, un preso de confianza puesto por la dirección del centro para ayudar al ahora condenado a adaptarse a su primer paso por prisión.

Tras regresar de la cena, ambos se pelearon por quién dormiría arriba y quién abajo. Tras una breve discusión, la víctima lanzó un puñetazo que impactó al acusado en la frente, según el relato fiscal. Este se abalanzó sobre el fallecido y, con “claro ánimo” de acabar con la vida del otro recluso, comenzó a darle puñetazos y patadas en la cabeza y al cuerpo sin que la víctima tuviera siquiera opción a reaccionar, llegando a caer al suelo, donde el acusado siguió lanzando golpes a la cara y al tórax hasta causarle la muerte.

La fiscalía destacaba en sus conclusiones provisionales la superioridad física, la diferencia de edad y la contundencia y precisión de los golpes lanzados por el acusado que es experto en técnicas de combate ya que tuvo la licencia federativa de kickboxing y muay thai al menos durante 2016 y 2017. El escrito de acusación subraya que Romero fue diagnosticado con trastorno mixto de personalidad y que este tipo de patologías conllevan “una marcada impulsividad” y una “baja tolerancia a las contrariedades”. Esta patología, a juicio de la Fiscalía, no le impedía ser consciente de su acción.

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Un vecino de Tolox (Málaga) se corta un testículo al creer que iba a ir a la cárcel


Asuntos Internos detiene a dos guardias civiles acusados de robar hachís en Almería
Asuntos Internos detiene a dos guardias civiles acusados de robar hachís en Almería

OKDIARIO24/07/2020 15:48
La Guardia Civil ha tenido que intervenir en un desafortunado incidente ocurrido en la localidad de Tolox en la provincia de Málaga. El vecino de dicha localidad fue llamado para ir a firmar una documentación, pero creyó que lo iban a detener y a meter en la cárcel, por eso pensó que lo mejor sería herirse, y sin más se cortó un testículo con un cúter que casi le ocasiona la muerte.



La escena ocurrió a finales de mayo, en los últimas días de confinamiento. La llamada de socorro a la Guardia Civil le salvó la vida, cuando un agente de servicio llegó al domicilió para atender al hombre lesionado. La mujer, en estado de shock, comunicó que su marido se había autolesionado en sus partes íntimas y sangraba abundantemente.



Con un paño limpio de cocina, consiguió taponar la herida, que se encontraba entre los testículos y la pierna, y no pudo realizar un torniquete. Aunque la rápida intervención del guardia civil sirvió para salvar la vida del hombre antes de morir desangrado.

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El juzgado suspende el tercer grado a los líderes soberanistas presos


La Fiscalía había pedido que se revocara el régimen de semilibertad de Junqueras, Cuixart, Sànchez, Forn y Romeva


Junqueras en su pueblo el primer fin de semana que disfrutó del tercer grado
El Tribunal Supremo tumba la semilibertad de Carme Forcadell y advierte de un "fraude de ley" de la Generalitat
Quim Torra abre un nuevo frente contra la Iglesia con ataques al arzobispo de Barcelona
GERMÁN GONZÁLEZ
28/07/2020 15:53
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El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha suspendido el tercer grado concedido por la Generalitat a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Jordi Sànchez. La juez ha estimado el recurso presentado este martes por la Fiscalía en el que solicitaba la suspensión cautetar de esta semilibertad a los presos independentistas. El Ministerio Público también pedía la suspensión del tercer grado a Carme Forcadell pero el juzgado correspondiente aún no se ha pronunciado. En su resolución, el juzgado acuerda "el efecto suspensivo" del tercer grado "así como su tramitación preferente y urgente" lo que se comunica a la prisión de Lledoners. Los internos tienen tres días para apelar.

La decisión judicial responde a la petición de la Fiscalía de Barcelona de este martes, en el que se presentaron varios recursos contra la concesión del tercer grado penitenciario por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat a los ex responsables del Govern, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raül Romeva, a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al líder de Òmnium, Jordi Cuixart y al ex presidente de la ANCJordi Sànchez. Además, Fiscalía estudia presentar el recurso contra la misma situación de los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. Todos fueron condenados por sedición por el Tribunal Supremo y desde hace unas semanas sólo acuden a dormir a la cárcel y pasan el fin de semana en casa gracias a este grado de semilibertad.

Tras la decisión judicial, y a la espera del recurso, los presos no podrán salir durante los días siguientes una vez ingresen en prisión esta noche. Por el momento vuelven a estar catalogados en segundo grado aunque está la duda de si conservan la aplicación del 100.2 del reglamento penitenciario que tenían antes y que cayó con el tercer grado. La única que lo tiene suspendido es Carme Forcadell tras rechazárselo el Tribunal Supremo.


Desde la Fiscalía se indica que se ha optado primero por recurrir ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria primero antes de acudir al Tribunal Supremo, el órgano judicial que emitió la sentencia y quien hace unos días emitió una resolución en la que se declaraba competente para decidir sobre los recursos presentados por los condenados, en ese caso respecto a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario también concedido a los soberanistas presos pero que quedó suspendido por el tercer grado.

En este sentido, el Supremo abría la puerta a determinar su competencia para decidir si mantenía o no el tercer grado a los presos concedido por la Generalitat. Por el momento, la Fiscalía decidió recurrir en primera instancia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y, tras saber la resolución, valorará apelar al Supremo. Además, como medida cautelar, el Ministerio Público ha pedido al juzgado que suspenda la concesión del tercer grado de forma cautelar a estos presos.

POCO TIEMPO EN PRISIÓN
En los informes presentados ante el juzgado, la Fiscalía detalla que la mayoría de los internos, como Junqueras o Forcadell, no han cumplido ni una cuarta parte de la condena, por lo que detalla que no se puede "utilizar la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena, como es el caso, como un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento". Tampoco considera que se han cumplido "los fines de reeducación y resocialización", ya que los presos ya estaban integrados en la sociedad antes de cometer el delito.


Por eso, afea a las juntas de tratamiento que sólo contemple las medidas de "educación y resocialización" para la concesión del tercer grado cuando también es importante "el carácter retributivo de la pena que descansa, por un lado, en la culpabilidad, y por otro, en la experimentación como algo merecido por el penado y por la sociedad, así como la prevención especial y general". En este sentido, el fiscal señala que las juntas de tratamiento conceden este tercer grado ya que los internos han sido capaces "de vivir en sociedad, respetando las normas por el buen uso realizado de las salidas realizadas en virtud del aplicación del régimen flexible del art. 100.2 del Reglamento Penitenciario". "En el fondo, lo que late, en dicha concepción del derecho penitenciario es la convicción de que este debe reservarse para sujetos marginales y desfavorecidos, pues los individuos con formación y recursos personales, sociales y familiares siempre están en disposición de integrarse en la sociedad y vivir respetando las normas, pues pueden tener trabajo", señala el recurso.

"Las prematuras clasificaciones en tercer grado producen el menoscabo de los fines esenciales de la pena, que no sólo se concretan en el de reinserción, al no poderse silenciar el retributivo, acorde a la gravedad de la pena, y en función a la deuda contraída por el delincuente respecto a la sociedad en que vive, además de los fines de prevención especial y general", indica la Fiscalía. Además, detalla que los internos siguen considerando que los hechos de la condena no son delito aunque en los informes de la junta de tratamiento se señala que algunos de ellos, como Junqueras, "continúa pensando que la vía unilateral impuesta por la fuerza para la creación de una república catalana no es viable". Para la Fiscalía este "continúa" supone "que ya antes lo pensaba, sin embargo, y tal como declara probado la sentencia condenatoria, eligió dicha vía para imponer su voluntad en contra del mandato legal y de las advertencias del Tribunal Constitucional, y que considere que dicho camino no es viable no supone en absoluto que no lo considere legítimo, ni mostrando ningún tipo de arrepentimiento por haberlo utilizado".


En el caso de Junqueras, el fiscal considera que "la evolución tratamental del interno ha sido nula, tal y como se deriva de la entrevista concedida a TV3 inmediatamente después de ser progresado a tercer grado" y detalla que en este programa afirmó: "ya he dicho, incluso ante el Supremo, que lo que hicimos era fruto de un mandato democrático, de un programa electoral ", o "mis compromisos los cumplí y estoy orgulloso de lo que hice", para continuar manifestando que "que él siempre pensó que tenía que cumplir con el mandato democrático, con el mandato del Parlament" para finalmente afirmar "que trabajaré para que nunca más ni mis hijos ni los hijos de nadie tengan que ir a prisión por defender el derecho a votar de los ciudadanos".

El fiscal cree que el ex vicepresidente "sigue considerando que los hechos por los que ha sido condenado son mero ejercicio de derechos democráticos, que está orgulloso del delito cometido y que ha ido a prisión por defender el derecho a votar, por lo que él mismo continúa manteniendo todas las distorsiones y déficits que le llevaron a la comisión delictiva". Y añade que "el interno mantiene todos los déficits que le llevaron a delinquir, como la falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlamento de Cataluña por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional así como la creencia de poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular".


Desde la Fiscalía se indica que no les consta más casos de internos que el tribunal sentenciador sea el Supremo y que cumplan pena en prisiones de la provincia de Barcelona.

[Heracles_Pontor]

Es que lo de los políticos presos es una auténtica vergüenza . . .

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David Charlín, uno de los presos más peligrosos, incendia su celda en Soto de Real para que le cambien de módulo
Condenado por asesinato por haber matado a un recluso con una raqueta de ping-pong, ha pasado por media docena de prisiones en España

Fecha
04/08/20access_time 1:02


El preso David Charlín Mondragón, original de Cambados (Galicia), ha incendiado su celda en la cárcel de Soto del Real de Madrid y amenazado a sus compañeros. Este interno, calificado de primer grado -el más restrictivo de todo-, ha pasado por media decena de cárceles y es conocido entre los funcionarios por su peligrosidad. De hecho, estando ya en prisión en 2006 mató a otro preso con una raqueta de ping-pong

Los hechos sucedieron la noche del 31 de agosto, cuando el interno se encontraba en su celda muy alterado y amenazando de muerte al resto de compañeros. Charlín se encuentra en el Departamento de Aislamiento de Soto del Real y es de control directo, es decir, necesita vigilancia continua. No hay más de 25 presos en España con esta calificación. 

Los demás internos del módulo también estaban alterados a causa de los insultos de Charlín y el grado de agitación llegó a estar cerca de que organizaran un motín, según indican fuentes de la prisión madrileña.

El interno llamaba de forma reiterada por el interfono en tono agresivo: “avisad al médico que me traiga la medicación que me ha prometido. Abridme la celda si tenéis cojones, que os vais a enterar de quién soy yo. Que sois unos cobardes”, decía.

Los funcionarios se acercaron para comprobar el estado de agitación de la galería entera. Los internos estaban golpeando con fuerza las puertas y gritando “lo vamos a matar”, por lo que decidieron llamar a la Jefa de Servicios que se personó y entendió que la situación era de extrema agresividad. 

Fue entonces cuando avisó a más funcionarios y, mientras esperaban, observaron que salía humo de la celda a la vez que el interno gritaba “entrad ahora si tenéis cojones que os voy a quemar vivos”. Es frecuente que los presos puedan tener mecheros y tabaco.

Charlín había quemado la almohada y el colchón, lo que provocó una gran tensión y excitación en el módulo, indican fuentes de Soto del Real. En torno a la media noche, los funcionarios tuvieron que intervenir para sofocar el incendio y reducirlo.

Le aplicaron la sujeción mecánica, mientras el hombre no cesaba en sus amenazas. “Pertenezco a la mafia gallega y tengo un jefe que os va a pegar un tiro cuando salgáis a la calle”, decía. Finalmente, al interno le trasladaron al módulo de enfermería porque amenazó con autolesionarse y se quedó en una celda de observación.
Extrema peligrosidad

Los funcionarios de prisiones califican a este tipo de internos como “no adaptados”, ya que pasan años en la cárcel y no consiguen salir del módulo de aislamiento. En este sentido, Instituciones Penitenciarias lo cambia de localización cada cierto tiempo para evitar incidentes, según indican estas fuentes. En concreto, Charlín ha pasado por la prisión de Teixeiro, por Alhaurín de la Torre o por la de Topas en Salamanca.

Hacía algo más de diez días que el interno había vuelto a Soto del Real después de pasar una etapa en la cárcel de Murcia.
Mató a un compañero con una raqueta

Ya en 2006 el interno protagonizó un grave altercado. David Charlín junto a Juan Ignacio Lamas fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por asesinato.

Ambos mataron a otro preso, a Ramón Patricio Asunción Oltrá, en la prisión de Teixeiro. Según declaró en el juicio este había faltado el respeto, supuestamente a su mujer, por lo que los internos le atacaron con una raqueta de ping-pong y un arma blanca de fabricación casera.  A Charlín se le condenó a 16 años y 6 meses de cárcel y en esta sentencia se condenó también a la Administración Penitenciaria porque infringir su obligación de anticipar comportamientos violentos. Y, además, por no haber proporcionado una respuesta inmediata y eficaz ante la agresión.

En este caso, Instituciones Penitenciarias puede abrir un procedimiento disciplinario. Si hubiera delito, se debería poner en conocimiento del Ministerio Fiscal pero, fuentes de la cárcel, explican que esta vía es la última y que se utiliza únicamente con hechos en los que suele haber heridos graves. 

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Diez presos muertos y seis policías heridos graves por un motín en una cárcel de Guayaquil (Ecuador)
Se baraja la posibilidad de que el motín se haya iniciado tras el ataque de una banda a otra por el control de la prisión.
4 agosto, 2020 07:34

Redacción | Agencias

La Fiscalía General de Ecuador ha confirmado que al menos 10 presos han muerto y seis policías están heridos, en estado crítico, tras un motín registrado este lunes en una cárcel ubicada en la ciudad de Guayaquil.

El motín se ha desencadenado en la Penitenciaría del Litoral, ha precisado la Fiscalía en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, donde ha asegurado que ya se ha iniciado la investigación pertinente y que, junto a la Policía de Ecuador, se ha procedido a recabar indicios.

El Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) baraja la posibilidad de que el motín se haya iniciado tras el ataque de una banda a otra por el control de la prisión, según ha informado el diario local 'El Comercio'. Los investigadores tienen constancia de que en la cárcel en cuestión hay dos bandas divididas, 'Los Choneros' y 'Los Lagartos'.

    (Actualización) Nueve reos muertos y seis policías heridos durante incidente en cárcel de Guayaquil. https://t.co/pVfPF8gjN0 pic.twitter.com/c5InVDLMUm
    — El Universo (@eluniversocom) August 4, 2020

    #ATENCION Desde el cárcel de #Guayaquil, los reos grabaron el instante de la balacera registrada este #Lunes. Y culpan a los miembros de #LosChoneros por el incidente donde habría seis internos muertos.@PoliciaEcuador y @Snai realizan procedimientos de control pic.twitter.com/koOyQ3HoM1
    — Gabriela Castillo Albuja (@magacastal) August 3, 2020

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Oleadas de incendios provocados por los presos en las cárceles españolas
Solo en agosto se han registrado seis incidentes originados por convictos conflictivos que buscan llamar la atención. Vea imágenes exclusivas
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/oleadas-incendios-provocadas-presos-carceles/20200828113932157211.html
Fecha
29/08/20access_time 1:05

Irene Dorta Hermoso

El verano es la época del año más complicada en las cárceles. “Si preguntas a los internos te dirán que prefieren el invierno, porque los días se les hacen más cortos y les da la sensación de que cumplen antes la condena”, explica un funcionario de prisiones. Además, el calor no ayuda. Por eso, un método recurrente empleado por los internos más conflictivos para llamar la atención es incendiar su celda. Solo en este mes de agosto se han registrado al menos seis pequeños incendios en cárceles de España.

El pasado 31 de julio, Confidencial Digital contó uno de los primeros incidentes del verano que tuvo lugar en Soto del Real. El preso David Charlín, calificado como uno de los más peligrosos de España, prendió fuego a media noche a su habitáculo después de una discusión con otro interno. La situación durante el mes de agosto ha ido a más.

Los presos tienen acceso a mecheros o cerillas porque les está permitido fumar en determinados lugares de las dependencias. Instituciones Penitenciarias no se plantea limitar el acceso a este tipo de elementos, ya que considera que es como si se tratara de su casa, explican fuentes internas.

El procedimiento que utilizan suele ser parecido: incendian el colchón, que no arde pero que se calienta mucho y suelta un humo muy negro, lo colocan en la puerta metálica de la celda y los gases se esparcen por el resto del módulo. Además, la puerta se dilata y en muchas ocasiones se inutiliza el sistema eléctrico de apertura.

“Eso supone que tenemos que abrir la celda de forma manual, con una llave en forma de L, procediendo al desbloqueo de la puerta”, explica un funcionario. Esta maniobra a veces se vuelve peligrosa porque el preso está muy agitado: “cuando abrimos es cuando el interno nos suele atacar con pinchos caseros. Además, suele mojar el piso de la habitación con agua, aceite o Fairy para que resbale”.
Los incidentes de agosto

Uno de los primeros incidentes del mes ocurrió el día 7 en el centro penitenciario Madrid 2. Allí, un hombre de 21 años prendió fuego al colchón de su celda del módulo de aislamiento. La intensa humareda provocó que los internos tuvieran que ser trasladados de lugar. Un funcionario requirió atención hospitalaria por inhalación de humo.

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El 15 de agosto en la cárcel de Dueñas, oficialmente denominada Centro Penitenciario La Moraleja (Palencia), se produjeron momentos de mucha tensión cuando un interno, clasificado entre los más peligrosos de España, quemó su celda después de la medianoche como resultado de una discusión con otro interno de la misma galería.

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Días más tarde, en el mismo recinto, un joven extranjero también prendió fuego a su estancia provocando una humareda que obligó a evacuar completamente la galería para que el resto de internos no se intoxicaran.

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De nuevo en la capital, el 20 de agosto, un preso de 45 años del Centro Penitenciario Madrid VII, en Estremera, se autolesionó en su celda y luego prendió fuego al cubículo. Esto le produjo importantes quemaduras en la cabeza, así como en el resto del cuerpo. Tuvo que ser evacuado a un centro médico externo en un helicóptero del servicio de emergencias SUMMA por intoxicación de humos.

Un día más tarde, se produjo un incendio en el centro penitenciario de Zuera originado por otro preso del módulo de aislamiento. Ese mismo día, el centro penitenciario de Almería registró otro caso similar. En esta ocasión, en el módulo de cuarentena.
Uniformes vulnerables y falta de medios

En algunas ocasiones los incendios se producen de manera fortuita, cuando los internos se quedan dormidos con un cigarrillo encendido en la mano. En cualquier caso, los funcionarios lamentan la falta de medios para hacer frente a estos incidentes.

Por un lado reclaman más personal para abarcar todos los módulos. Asimismo, una mayor formación para aprender a resolver este tipo de sucesos.

Y, por último, un cambio de uniforme. El atuendo oficial de los funcionarios se compone de un pantalón de pinzas, una camisa y un chaleco de tela. “Nuestro uniforme es de conserje, no es funcional y el calzado se derrite con el calor”, advierte uno de los trabajadores.

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Una mujer ingresada por Covid y 20 funcionarios en cuarentena: el curso que la cárcel de Ocaña no anuló
Denuncian a Inspección de trabajo por permitir un Curso de Defensa Personal en la prisión toledana pese a que el monitor había dado positivo.
1 septiembre, 2020 20:13

Brais Cedeira @BraisCedeira

Los funcionarios de prisiones de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Toledo por permitir la continuación de un curso en la cárcel de Ocaña II pese a que el monitor de las sesiones había dado positivo. Ya hay 20 funcionarios en prácticas en cuarentena. De las veteranas trabajadoras del centro, una ya se encuentra hospitalizada.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el Centro Penitenciario de Ocaña se está celebrando el curso de prácticas para los nuevos funcionarios de prisiones que accedieron a la oferta pública de empleo el pasado año 2019.

La instrucción de estos nuevos funcionarios consta de varios módulos. En uno de ellos se imparte una clase de defensa personal. Las sesiones de esta parte del curso se realizaron en la semana del 20 al 27 de agosto, hace apenas unos días.

A finales de la semana pasada, el monitor que dio esas lecciones empezó a encontrarse mal. "Con síntomas compatibles al Covid-19". En cuanto empezó a sentirse así, se lo contó a sus superiores. Al poco se le hizo el test y se confirmó que había dado positivo en la prueba del coronavirus.

Pese a ello, los alumnos del curso de defensa personal que habían entrado en contacto con él siguieron yendo al mismo y el curso continuó realizándose. Este tiene lugar todas las mañanas de martes a viernes. Allí siguen yendo los veinte funcionarios en prácticas que aprenden cómo eludir o protegerse en una situación complicada con un interno violento.
Cuarentena

Este lunes fue ingresada una de las funcionarias en prácticas en el hospital. Solo ahora han decidido poner en cuarentena a todos los alumnos que habían acudido a esas clases incluso después de conocerse el resultado positivo del test del monitor principal.

Según Tu Abandono Me Puede Matar, en el centro ya hay sospechas de más funcionarios infectados por el SARS-CoV-2 en el centro de trabajo "por contacto estrecho con los casos iniciales".

Según la denuncia de los trabajadores penitenciarios a la Inspección de Trabajo, "no se han llevado a cabo correctamente los protocolos indicados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los Centros Penitenciarios en materia de prevención y salud laboral". Estas directrices están contempladas en el Protocolo de Normas de Actuación para los empleados públicos de las cárceles que trabajen en un centro penitenciario o de inserción social.

No es el primer problema que surge en la prisión toledana. A finales del pasado mes de julio, Instituciones Penitenciarias aisló a 83 internos después de que uno de ellos diese positivo. Seis funcionarios también fueron puestos en cuarentena.

[47ronin]

La segunda ola llega a las cárceles: medio centenar de contagiados y más de 600 personas en cuarentena
Instituciones Penitenciarias ha prohibido las visitas a prisiones de siete comunidades autónomas por el avance del coronavirus
Fecha
05/09/20access_time 1:05

Irene Dorta Hermoso

El coronavirus continúa avanzando… también en las cárceles. Preocupan especialmente, los contagios de asintomáticos. Hay 52 presos que han dado positivo y 50 trabajadores contagiados, además de 440 reclusos en revisión médica y 213 en cuarentena. Son datos de Instituciones Penitenciarias.

Cuando un preso da positivo, todo el módulo en el que reside se pone en cuarentena. Esta es la explicación que ofrecen fuentes del Ministerio de Interior sobre la diferencia entre la cifra de positivos y de personas en cuarentena. El interno puede hacer vida dentro de su propio módulo, a modo ‘burbuja’, pero no salir al patio o ir al comedor como el resto de la prisión.

Los centros donde primero ha llegado el virus en esta segunda ola han sido los de Ocaña, Zuera y El Dueso. En concreto en la prisión de Ocaña esta semana, por ejemplo, se ha tenido que suspender un curso que se estaba celebrando para poner en cuarentena a todos los alumnos: el profesor de defensa personal dio positivo en Covid-19.

En el centro penitenciario de Meco, por otro lado, hay ya 17 internos positivos, en Aranjuez, 11 y en Soto del Real, 7. Todos detectados en las últimas semanas. La mayoría de ellos, según explican fuentes internas, proceden de fuera: estaban en libertad -han cometido algún delito y un juez los envía a prisión- o vuelven de un permiso.

Cuando entran al recinto, pasan 14 días en el módulo de aislamiento y depende de cada comunidad autónoma que se les practique una prueba PCR o no. En general, se están practicando muchas más pruebas que en la primera etapa de la pandemia, según aseguran los trabajadores de las cárceles.
Preocupación por asintomáticos

Entre los positivos hay un número importante de trabajadores contagiados y eso preocupa especialmente a los funcionarios. Se quejan de que están en contacto permanente con los presos y no se les practica la prueba, ni cuando están destinados en el módulo de cuarentena.

“Es descorazonador ver cómo, de manera recurrente, les hacen PCR a los internos, que nos parece bien, pero a nosotros nos lo niegan. La obligación de velar por la salud es tanto para los internos como para los trabajadores”, lamenta un funcionario de una prisión madrileña.
Comunicaciones limitadas


¿Primera consecuencia de esa segunda ola? El pasado 25 de agosto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias prohibió las comunicaciones entre internos y familiares en siete prisiones de comunidades autónomas.

Los centros de Pamplona, Logroño, Zaragoza, Ocaña y Almería, entre otras, tienen las visitas totalmente suspendidas. Los internos sólo pueden contactar con sus familias a través de videollamadas o en el locutorio. Instituciones Penitenciarias insiste en que irá adaptando estas medias a la evolución de la pandemia. Cabe recordar que en la anterior ola, las visitas se suspendieron por completo durante más de dos meses.

[Celestino]

Obligan a una mujer a pagar 40.000 libras al asesino de su hija por intentar evitar su puesta en libertad


20MINUTOS 06.09.2020 - 13:41h
Los jueces han denegado su petición y le obligan a pagar en los próximos días los costes del juicio.
Imagen de archivo de una cárcel.Imagen de archivo de una cárcel.EFE
Una madre ha sido condenada a pagar 40.000 libras al asesino de su hija por emprender acciones legales para evitar su salida de la cárcel, según informa The Sun.


Ian Simms estranguló a Helen, de 22 años, cuando volvía a casa después de trabajar en 1988.

El asesino nunca quiso confesar el lugar donde estaba el cuerpo de la joven.


El pasado año se acordó una ley que impide conceder la libertad condicional a aquellos asesinos que no revelen donde se encuentra el cuerpo. Pero obtuvo Ian obtuvo el permiso un mes antes de que se hiciera oficial esta ley.


Por ello, la madre de la joven decidió llevar su caso al Tribunal Superior para impedir que le pusieran en libertad.

Los jueces han denegado su petición, y le obligan a pagar en los próximos días los costes del juicio, que en total ascienden a 40.000 libras. "No creo que pueda llevar esta lucha legal mucho más lejos. Casi me está matando", ha confesado.

[47ronin]

El etarra que se suicidó amenazó al sector de Otegi: “Puedo publicar todas las miserias”



Igor González Sola escribió varias cartas mostrando su afinidad a la línea dura proetarra y su rechazo a la izquierda abertzale oficial tras sentirse traicionado en un conflicto familiar

 ALEJANDRO REQUEIJO

PUBLICADO 11/09/2020 04:45
El etarra Igor González Sola apareció muerto el viernes en su celda. Según confirmó el Gobierno, se suicidó. Este terrorista, cuya muerte llegó a lamentar el presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Senado, escribió varias cartas a su entorno los últimos años a las que ha tenido acceso Vozpópuli. La suya es la historia de otros muchos presos de ETA enfrentados con la izquierda abertzale oficial que encabeza Arnaldo Otegi. En su caso, el motor de esa ruptura fue sentirse traicionado en un conflicto familiar que le enfrentaba a su ex pareja, la también etarra Nerea Garaizar San Martín.


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“Puedo hacer publicó todas las miserias que están haciendo (...) Voy a escribir a todos los sitios que tenga que escribir, desde el gaztetxe de Trapagaran, Sortu, periódicos, redes sociales… A todo Dios que haga falta y eso sólo lo puedo hacer desde fuera del Colectivo, porque en su día me dijeron que no se metían en problemas de pareja (...) Ahora reculan, nos dan la razón y quieren mediar, un poco tarde, ¿no?”. Así amenazaba el etarra a la izquierda abertzale oficial en una misiva remitida a otra integrante de la banda desde la cárcel de Badajoz en 2017.


En esas fechas comenzó un proceso de desencanto hacia todo lo que representa el Colectivo de Presos. Sus comunicados, aunque muchas veces son redactados por reclusos ya en libertad, son la voz oficial de los etarras en las cárceles. Pertenecer a este colectivo da derecho a asistencia jurídica y facilidades a los familiares para las visitas a prisión. El EPPK (por sus siglas en euskera) secunda la estrategia marcada por los herederos de Batasuna tras su regreso a las instituciones hace una década bajo la marca de Sortu.

Igor González (a la derecha) durante un juicio en la Audiencia Nacional
Igor González (a la derecha) durante un juicio en la Audiencia Nacional

Eso fue acompañado de algunos cambios de discurso que también convulsionaron el mundo de ETA en las prisiones. Con una ETA herida de muerte y ya sin capacidad de atentar, renunciaron a la exigencia de una amnistía total para todos sus presos, una de las reivindicaciones históricas. Los nuevos tiempos abrieron la puerta a que los etarras pudiesen optar a salidas individuales asumiendo la legalidad penitenciaria. Desde las filas más radicales, eso se interpretó como una traición intolerable después de tantos años de lucha.     


Igor González Sola pasó de ser un militante leal a defender la línea dura disidente organizada en torno al movimiento Amnistía Ta Askatasuna (ATA). Es la marca que hace meses retomó la kale borroka y provocó disturbios en Navarra y el País Vasco en respuesta a la huelga de hambre de uno de sus presos. Pero en el caso de Igor González, esta reflexión partió del conflicto personal que le enfrentaba a su expareja -con la que tenía un hijo en común- y la familia de ella. El etarra entendía que fuera de la cárcel, la izquierda abertzale no estaba haciendo nada por ponerse en su piel ni en la de su familia. Consideraba que los galones acumulados durante sus años de militancia terrorista no estaban siendo respetados.


"Dejo el colectivo"
Por eso en 2017 ya trasladó a su entorno su deseo de renunciar a las ventajas de pertenecer a las estructuras oficiales de ETA: “Dejo el Colectivo”. Agradecía los apoyos prestados en el pasado pero argumentaba que no quería que sus problemas personales afectasen a los objetivos de conseguir la independencia. “Por mi situación personal, no puedo poner en ese brete al MNLV (Movimiento Nacional de Liberación Vasco)”.

A finales de marzo de ese año, las autoridades le otorgaron un permiso penitenciario para que visitase a un familiar directo gravemente enfermo. El entorno proetarra es hermético de cara al exterior y no acostumbra a airear sus problemas, pero dentro la información es más fluida. Coincidiendo con la visita, su localidad vizcaína de Ceánuri apareció llena de pintadas del sector más radical dando la bienvenida a Igor González.  En la fachada del polideportivo local aparecieron mensajes en euskera que le jaleaban con un “Bienvenido Igor Amnistía y Libertad”, “Igor soldado, el pueblo contigo no doblegado ni arrepentido, amnistía total”. También desplegaron una pancarta con la leyenda: “Represaliados enfermos a casa amnistía total”.


Me siento bastante triste por la situación que atraviesa el Colectivo. Tenemos que poner orden en nuestras filas

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Ese mismo año, todavía desde la cárcel de Badajoz, le mandó otra carta a un periodista aferrándose a una hipotética libertad fruto de la presión política y que no llegase acompañada de un arrepentimiento: “Me siento bastante triste por la situación que atraviesa el Colectivo, unos exigiendo amnistía y otros salir lo antes posible” (...) Lo importante es salir con dignidad, con amnistía o con las leyes que quieran, pero sin que nosotros tengamos que formular solicitud alguna, sino fruto de la presión movilizadora de la sociedad” (...) tenemos que poner orden en nuestras filas”. Las reflexiones de este etarra ya empezaban a ser más ideológicas que personales.


En otra misiva hacía una reivindicación de las penurias que han tenido que enfrentar los presos de ETA: “Los que sacan de su hoja de ruta ese sufrimiento y lo relegan al olvido serán quienes tendrán que acabar dando cuenta de sus propias conciencias (...) vamos a tener que pelear de forma contundente (poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida)". González censuraba a quienes “han sacado el conflicto de las calles para llevarlo a instituciones sometidas a España”.

“Ahora estamos en el caos, pero en pocos años solo vamos a quedar los que tienen condenas impensables de que, aún con la ley vigente, puedan salir”. Actualmente en el Colectivo de Presos de ETA oficial quedan alrededor de 200 internos en España y algo más de 30 en Francia. Llegaron a ser más de 700 hace diez años. Ahí no se incluyen los que se suman a ATA o los que se arrepienten y rompen con su pasado. En ambos casos son inmediatamente expulsados y rechazados, también sus familias en el exterior.


Mediante el amiguismo institucional sometidos al Estado español, francés, Europa, ONU no va a cambiar nada

Las sentencias impuestas por la Audiencia Nacional en los últimos años de actividad de ETA dieron lugar a condenas muy elevadas que retrasan considerablemente el acceso a beneficios penitenciarios. “Nosotros como siempre a combatir, combatir y combatir hasta el último aliento”, postulaba en una de sus misivas.No obstante, su principal problema seguía siendo su situación fuera de la cárcel, según se desprende de otra de sus conversaciones desde prisión: “Ahora se han metido los abogados de la izquierda abertzale por medio. Porque yo ya lo iba a hacer público’. Porque yo le escribí y les dije: ‘mira, me voy a salir del Colectivo y voy a hacer público todo esto’”.


Al otro lado, su interlocutor se sorprendía de que su situación no se conociera fuera y que él ya había mediado en su favor. “No solo conmigo, también con mis familiares y amigos. Es que esa tipa nos ha quitado la vida”, se quejaba Igor González desde prisión. Su expareja, Nerea Garaizar, fue detenida en Francia y condena por asociación de malhechores. Tras ser entregada a España, fue condenada de nuevo a diez años por planear un atentado en 2001 contra el presidente de la Xunta de Galicia ya fallecido, Manuel Fraga.

Nerea Garaizar
Nerea Garaizar

González Sola no tiene delitos de sangre. Fue detenido en 2005 junto a otros miembros de un comando. Se les incautaron armas, material para fabricar explosivos y numerosos documentos de identidad falsificados. Dos años después, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenó a 21 años de cárcel. Además de la Badajoz, pasó por otras prisiones como la de Soria y este verano el Ministerio del Interior le acercó de forma definitiva a la cárcel de Martutene (San Sebastián). En la nota oficial que difundió Prisiones, aseguraba que este etarra había asumido la legalidad penitenciaria. También apelaba a otras razones amparadas en la Ley de Protección de Datos, que es el recurso que utiliza Interior para no difundir problemas médicos.


Otegi: Un día muy triste otra vez ¿Quién se hace cargo de esta muerte y quién la va a reivindicar y explicar?"

Sin embargo antes había escrito reflexiones en las que abordaba directamente la cuestión de los llamados disidentes de ETA y el movimiento ATA: “Sacan los dientes cada vez que sacas el tema (...) Mediante el amiguismo institucional sometidos al Estado español, francés, Europa, ONU no va a cambiar nada, si no es a peor. En esa nueva carta se solidarizaba con la huelga de hambre que estaba llevando a cabo un duro entre los duros y representante del ala radical como Iñaki Bilbao, alias Txikito. “Se atreven a quitar el socialismo y la Amnistía para entrar en el vocabulario del enemigo”.


Su muerte ha provocado las tradicionales protestas, alguna pintada y manifestaciones, pero expertos en la lucha contra el terrorismo coinciden en que ha sido una respuesta de baja intensidad. Apareció el viernes en su celda, ahorcado con un cordón. En el pasado había estado sometido al protocolo antisuicidios que establece prisiones.

Otegi, líder de la izquierda abertzale oficial que le dio la espalda, reaccionó así a su muerte: “Un día muy triste otra vez. Ayer supimos que un preso político, Igor González Sola, moría en una celda. Desgraciadamente tenemos que decir que es el quinto preso político que muere así desde 2011. ¿Quién se hace cargo de esta muerte y quién la va a reivindicar y explicar?".

[47ronin]

Tenemos en estos días una actuación en Esrepona con varios GC heridos y una incautación de 700 kilos de hachís y el.juez los pone en libertad...sin embargo, por no llevar mascarilla y resistirte le meten en prisión...es más que chocante.



Ingresa en prisión el padre que se enfrentó a la policía por negarse a llevar mascarilla cuando llevaba a su hija al colegio


El juez decretó su ingreso en el centro penitenciario de Teixeiro como investigado por los delitos contra la salud pública, desobediencia y atentado contra la autoridad
Vuelta al cole en Novo Mesoiro, en A Coruña
Vuelta al cole en Novo Mesoiro, en A CoruñaANGEL MANSO
 
ALBERTO MAHÍA
2020/09/12 00:20 h

El hombre que a primeras horas de esta tarde ingresó en el centro penitenciario de Teixeiro se presentó este jueves a primera hora en la puerta del CEIP San Pedro de Visma de A Coruña con su hija de la mano. Iba sin mascarilla y los docentes que se encontraban recibiendo a los pequeños dieron cuenta de ello al director. Este habló con el individuo para decirle que no podía estar con la cara descubierta. Le recordó que estaba rodeado de pequeñas y pequeños con sus respectivos padres y que existe un protocolo. Que estaba poniendo en riesgo la salud de los demás, como la de su propia hija. Pero el hombre se negó a poner la mascarilla.

Con su hija presente, que tuvo que ver como su padre se enfrentaba a los docentes y a los agentes de policía que acudieron al centro, el ahora encarcelado continuó con su actitud agresiva. Llegó a coger una muleta que estaba apoyada en una pared del colegio. «Se la enseñó a los policías como si los quisiera agredir», explicó el director, Juan Manuel Pérez.

El padre no presentó ningún documento que acreditase la exención de la obligatoriedad de la mascarilla. «Es una pena porque todo estaba funcionando muy bien. Tener que llamar a la Policía por culpa de este padre fue muy desagradable», indicó Juan Manuel Pérez.


La policía se lo llevó al cuartel de Lonzas, donde pasó la noche y hoy fue puesto a disposición judicial. El titular del juzgado de guardia decidió decretar su ingreso en prisión como investigado por un delito contra la salud pública, desobediencia y atentado a la autoridad.

[47ronin]

EN MADRID DENUNCIAN LA FALTA DE PCR
Los brotes se extienden por las cárceles con la segunda ola del covid-19: "Esto es un caos"

Hasta 19 prisiones registraron positivos la semana pasada, entre las que destacan Alcalá-Meco II, en Madrid, y Las Palmas II, donde los brotes afectan ya a más de 30 internos

Autor
Pablo Gabilondo
Contacta al autor
@p_gabilondo

15/09/2020 05:00

La segunda ola de covid-19 ha golpeado con fuerza las cárceles españolas. Desde Instituciones Penitenciarias, aseguran que la situación está controlada, pero en centros como Alcalá-Meco II, en Madrid, ya tienen tres módulos confinados y se enfrentan a uno de los mayores brotes que se viven en una cárcel desde que arrancó la pandemia: el pasado miércoles, última fecha en que el ministerio del Interior facilitó datos, el centro sumaba 29 contagiados, pero Juan José Rolanía, que trabaja en la prisión y forma parte del sindicato de prisiones Acaip-UGT, mayoritario en el sector, apunta a El Confidencial que este lunes ya habían alcanzado los 39.

Desde los sindicatos, inciden además en que los presos son una población de riesgo y piden más restricciones. "Hay gran parte de inmunodeprimidos, bien porque son drogodependientes, bien porque tienen enfermedades o bien porque son mayores", sostiene José Ramón López, presidente de Acaip-UGT. Según los últimos datos oficiales, hasta 19 cárceles presentaban positivos la semana pasada, situación que López considera que se ha agravado por la falta de control a nivel estatal: "Hay un problema gravísimo de coordinación, cada comunidad funciona de forma distinta y estamos continuamente discutiendo con consejerías. Esto es un caos".

En el caso de Alcalá-Meco, Rolanía critica la falta de medios que facilitan a los funcionarios: "La sensación de olvido y de inacción es absoluta. A los internos les están haciendo PCR, pero a nosotros no porque dicen que no hay contacto estrecho, cuando sí que lo hay: abrimos con llave, estamos al lado de ellos... No sabemos si estamos contagiados y hay mucha indignación". Preguntada por esta falta de pruebas a los trabajadores, Instituciones Penitenciarias se escuda en que la realización de las mismas depende de cada comunidad autónoma. "Son ellos los competentes a la hora de decidir a qué personas o colectivos se les hace una PCR", argumentan.

Junto a Alcalá-Meco, el centro penitenciario que más preocupa en estos momentos es el de Las Palmas II, en la isla de Gran Canaria. "Tras detectar el positivo de una interna, este fin de semana se puso en marcha un estudio de contactos que ha detectado una treintena de casos, todos asintomáticos, en el módulo en el que reside", informó el Ministerio del Interior este lunes. Para controlar el brote, Instituciones Penitenciarias ha prohibido las comunicaciones ordinarias o especiales, así como las salidas del centro, limitando el acceso a los funcionarios que trabajan en la prisión y al personal externo "cuya labor sea indispensable".

López, sin embargo, considera que, una y otra vez, las medidas llegan tarde. "Parece que en este país tiene que ocurrir algo grave para que la gente se ponga las pilas. Aquí, los sistemas preventivos que deberíamos estar utilizando desaparecen. Tengo la impresión de una absoluta volatilidad, de que no hay una línea común a nivel estatal". Apoyándose en esta idea, el presidente de Acaip-UGT avisa de que otras prisiones pueden vivir brotes similares a los de Alcalá-Meco o Las Palmas II en las próximas semanas, y desde su sindicato apuntan a dos casos concretos: los recientes contagios de Soto del Real, en Madrid, y del centro penitenciario de Melilla.

Ninguno de los dos centros supera por el momento la decena de positivos, pero presentan una serie de características que los diferencian del resto. En el caso de Soto del Real, fuentes que trabajan en la cárcel explican a El Confidencial que la preocupación pasa por que uno de los contagiados vivía en el módulo 1, conocido entre los funcionarios como 'el geriátrico' por la avanzada edad de sus internos. El edificio ya ha sido confinado y se están realizando pruebas al resto de internos, que se enmarcan como población de riesgo, pero una vez más denuncian la falta de PCR para los funcionarios, sobre todo para aquellos que han tenido contacto con el positivo.

En cuanto a Melilla, las críticas se centran en el reciente traslado de migrantes del centro de estancia temporal (CETI) a la prisión. "El 26 de agosto, hubo un motín muy grave en el CETI y el problema es que allí había un brote incontrolado de covid-19", afirma Rubén Cuende, funcionario en la cárcel y miembro del sindicato. "El juez decidió entonces el ingreso en prisión de 33 de ellos, situación que nunca se había vivido en esta cárcel. Esto es un centro de preventivos, con unos 250 internos y, como mucho, entre dos y cuatro ingresos al día. Eso fue un caos organizativo brutal, y más cuando venían sin identificar. Nunca había pasado nada parecido", asegura.

Cuende apunta a que "dispersaron" a los 33 nuevos internos por diferentes departamentos, sin que les realizaran las correspondientes pruebas a su entrada en ningún momento. "Hicieron todo improvisadamente y ahora mismo tenemos nueve contagios: ocho procedentes del CETI y un interno que ya estaba aquí. También se ha confirmado la peor noticia posible, que es que el noveno positivo trabajaba en el departamento de cocina, con el riesgo que ello conlleva...". "Ya han desinfectado el lugar y se están haciendo pruebas, pero deberían haber actuado preventivamente y no lo hicieron. Nos tememos que la transmisión sigue su curso. Ha habido una negligencia".

A la vista de que los brotes se están extendiendo por el sistema penitenciario, Interior ya ha suspendido "las comunicaciones íntimas familiares y de convivencia", lo que incluye los vis a vis, en 42 cárceles, entre ellas las cuatro que se mencionan en este artículo. Pese a ello, desde los sindicatos insisten en aplicar nuevas restricciones y en establecer un plan más claro a nivel estatal para evitar que los contagios se descontrolen entre rejas: "Sin estado de alarma, esto se ha vuelto un caos", critica López.

Las 19 cárceles con positivos*

Andalucía:  Algeciras,  Málaga I y Granada.

Aragón: Zuera.

Baleares: Mallorca.

Canarias:  Lanzarote.

Cantabria: El Dueso.

Castilla La Mancha: Ocaña I y Cuenca.

Galicia: Teixeiro.

Madrid: Madrid II, Madrid III, Madrid IV, Madrid V, Madrid VI.

Melilla: Melilla.

Murcia: Murcia II.

País Vasco: Álava, Bilbao.

*Datos facilitados por Instituciones Penitenciarias el 9 de septiembre.

[47ronin]

Doce años de prisión para el Nene, el campeón de muay thai que asesinó a su compañero de celda

La Audiencia Provincial considera al expero en artes marciales autor de un delito de homicidio cometido con la circunstancia agravante de abuso de superioridad y la atenuante de trastorno psíquico
S. L.
MADRID Actualizado:14/09/2020 17:08h


La Audiencia Provincial ha condenado a doce años de prisión a Jesús María Romero Hernández, alias «el Nene», experto en artes marciales y que ha participado en competiciones de Kickboxing y Muay thai, por matar en la cárcel de Soto del Real a otro recluso durante una discusión el 26 de diciembre de 2018.

Tras el veredicto de culpabilidad del jurado, la Audiencia le impone la pena en una sentencia en la que le considera autor de un delito de homicidio cometido con la circunstancia agravante de abuso de superioridad y la atenuante de trastorno psíquico.

Además de la condena, tendrá la obligación de seguir un tratamiento médico con control periódico durante diez años y de comunicar al tribunal sus cambios de domicilio durante el mismo tiempo.

Igualmente le condena a indemnizar con 150.000 euros a cada una de las dos hijas del fallecido, así como a la compañera sentimental y al padre de la víctima en 160.000 y 75.000 euros, respectivamente, en concepto de daño moral, y absuelve a Instituciones Penitenciarias como responsable civil subsidiario.

De conformidad con el veredicto del jurado la resolución declara probado que el Nene ingresó a últimas horas del 25 de diciembre de 2018 como preso preventivo en el centro penitenciario de Soto del Real por un robo con violencia y lesiones.

Añade que al ingresar en prisión fue reconocido por el médico del centro penitenciario y entrevistado por la trabajadora social, la educadora y la psicóloga, integrantes del equipo técnico, y se le asignó una celda, donde se instaló en la tarde del día siguiente y que compartía con el interno J.J.B.A..

La sentencia relata que después de la cena, en torno a las ocho y media, tras cerrarse las celdas se inició entre ambos una breve discusión sobre el uso de la litera. En el curso de la misma J.J.B.A. agredió al ahora condenado, lo que provocó que éste se abalanzara sobre el primero.

Agrega que el experto en artes marciales comenzó a golpearle cayendo J.J.B.A. al suelo, donde el primero continuó dándole puñetazos y patadas y golpeándole con los codos en la cabeza, el cuello y el tórax «con contundencia y precisión», lo que le causó la muerte aproximadamente dos horas después por asfixia.

La Audiencia comenta que el condenado es experto en técnicas de combate, ha tenido licencia federativa nacional de Kickboxing y Muay thai al menos durante los años 2016 y 2017 y ha participado en diversas competiciones de estos tipos de lucha.

Para el tribunal del jurado, Jesús María R.H. se sirvió de su superioridad física, de su corpulencia y de sus conocimientos de artes marciales en esta agresión.

Explica que por su parte J.J.B.A. acababa de llegar de una cárcel de Venezuela, pesaba 62 kilos, era de estatura inferior y padecía de un proceso diarreico por el que estaba siendo tratado por el médico de la prisión.

La sentencia recoge que el condenado sufre trastorno mixto de personalidad, con predominio de rasgos límites paranoides y narcisistas que conllevan una marcada impulsividad con tendencia a descrontrolarse ante situaciones no deseadas y con distanciamiento emocional, suspicacia, recelo, desconfianza frente a terceros, crítica elevada ante las negativas de los demás y baja tolerancia a las contrariedades.

[47ronin]

La herida perpetrada por el agresor y presidiario. EL ESPAÑOL

El ataque de Pastor, uno de los presos más peligrosos: cuchillos de vidrio para rajar a seis funcionarios
A sus 26 años, José Pastor Fernández es uno de los 10 presos más peligrosos de España. Esta semana perpetró una agresión múltiple.
17 septiembre, 2020 03:29

Brais Cedeira @BraisCedeira

El historial delictivo de José Pastor Fernández en las prisiones de toda España se ha visto incrementado este pasado fin de semana con una brutal agresión en el que hasta seis funcionarios salieron heridos por una ataque con arma blanca. La acometida, una vez más, fue perpetrada tras una de sus habituales emboscadas.

Pastor, 26 años, natural del Puerto de Santa María, un habitual reincidente del sistema penitenciario español, tendió la trampa a los trabajadores de la prisión de Albocàsser en Castellón para agredirles con pinchos elaborados por el mismo, confeccionados con cristales y piezas de metal.

Sucedió a las 20.30 del pasado domingo, en el departamento de aislamiento de la cárcel, donde Pastor pasa largas temporadas debido a su comportamiento extremadamente agresivo. Al joven le informaban en ese momento de los cambios en las comunicaciones debido a los brotes por coronavirus que se están reproduciendo en distintos centros.

Después, comenzó a destrozar la celda. Cuando los trabajadores abrieron la puerta para reducirle, comprobaron que el suelo estaba resbaladizo. Pastor lo había cubierto de agua y de trozos de pan que había conseguido por su cuenta para provocar un accidente a la entrada de los funcionarios.

Para restarles visión, el preso rompió las luces y les atacó en plena oscuridad. Extrajo de un rincón dos cuchillos que había elaborado con cristales rotos y que guardaba para una ocasión como esta. A tres de ellos les hirió con varios cortes de diversa profundidad en los brazos, algunos de ellos de carácter grave. A un cuarto le fracturó la mano a golpes.

Una ventana que él mismo reventó le bastó para fabricar esa navaja casera. También empleó en su elaboración unos cuantos metales punzantes.  Varios funcionarios heridos en el altercado necesitaron de atención sanitaria.
De los más peligrosos de España

Los funcionarios son atendidos en un primer momento por la enfermera del centro, dado que el centro carece de médico durante el fin de semana debido a la falta de personal sanitario, por lo que son derivados al hospital de la capital castellonense ante la gravedad de las heridas.

La agresión múltiple fue denunciada por la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM): "Condenamos una vez mas estos desgraciados incidentes, volvemos a reclamar ser considerados agentes de la autoridad y que estas agresiones sean castigadas como se merece, también es fundamental que tengamos una formación adecuada para estos graves episodios, cosa que no ocurre".

Pastor es uno de los presos más peligrosos de España. Figura en los listados siempre en el top ten de individuos más agresivos en el mundo penitenciario. Entró muy joven en la cárcel y ha ido encadenando nuevas estancias en prisión debido a salvajes agresiones a funcionarios penitenciarios. Su alta peligrosidad provoca que cada cierto tiempo los trabajadores reciban órdenes de trasladarlo a un nuevo presidio.

Está condenado por robos con fuerza, atracos, amenazas y reyertas. Casi siempre permanece encerrado en régimen de primer grado. Pero también casi siempre se busca la vida para arremeter contra los trabajadores de la prisión en la que se encuentra recluido pagando por sus crímenes.

"Ante el abandono que sufrimos por parte de Ministerio de Interior, de la Secretaría General De Instituciones Penitenciarias y del Centro de Albocàsser, no nos queda mas remedio que formarnos por nuestra cuenta, para poder salvar la vida en determinados momentos", dicen desde TAMPM.
Secuestro en Córdoba

El año pasado, en Córdoba, Pastor trató de perpetrar un secuestro. Era la madrugada del día tres de octubre. Sobre la una, el agresivo presidiario le dijo a uno de sus compañeros más cercanos que se preparase con lo que tuviera a mano que iba a "secuestrar a un funcionario".

Despuéss realizan una llamada por el interfono, desafiando a los trabajadores de la cárcel, y después comienzan a destrozar sus respectivas celdas.

Al momento, comenzó a quebrar las ventanas. Unió las astillas de vidrio para elaborar unas sencillas muñequeras y armas cortantes para atacar. Es el mismo método que ahora. Cuando llegan los funcionarios, alertados por el bullicio, las estancias están deshechas por completo.

Después de intentar mediar y razonar con ellos, a los funcionarios no les quedó más remedio que entrar en la celda para detenerles. El resultado fue el de un nuevo trabajador carcelario herido de gravedad en el brazo, pero esta nueva revuelta logró sofocarse sin problema. No era la primera ni sería la última vez que Pastor iba a hacer de las suyas.

[47ronin]

El asesino de la matanza de Atocha huido a Brasil quedará libre la víspera del 20N: la justicia rechaza el recurso de las víctimas

    La Audiencia Provincial de Ciudad Real desestima el recurso de súplica presentado por la defensa de las víctimas contra la liquidación de condena que deja en noviembre en libertad al ultraderechista Carlos García Juliá
    — El asesino de Atocha huido a Brasil, Carlos García Juliá, podrá salir de prisión en noviembre tras recalcularse su pena

Laura Galaup
20 de septiembre de 2020 21:44h
@gallaup

La justicia mantiene para el 19 de noviembre la salida de la cárcel del asesino de la matanza de los abogados Atocha huido a Brasil, Carlos García Juliá, a pesar de los intentos de la defensa de las víctimas en los últimos meses para revocar la liquidación de condena aprobada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real en mayo, que rebajaba de diez años a nueve meses la pena que le quedaba por cumplir desde que fue extraditado a principios de febrero. A comienzos de este mes la justicia ha vuelto a confirmar esta decisión, que permitirá que el ultraderechista quede en libertad un día antes del 20N, una fecha histórica para la extrema derecha española por ser el aniversario de los fallecimientos del dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

40 años de la matanza de Atocha: el régimen que murió matando

La sección número 1 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha emitido una providencia, fechada el 1 de septiembre, en la que "inadmite a trámite el recurso de súplica presentado por la representación de los perjudicados", contra el auto que desestima la impugnación de la liquidación de condena. Esta nueva notificación recoge que contra la resolución impugnada no cabía "interponer recurso alguno", aunque permite a todas las partes presentar un nuevo recurso de réplica contra esta última decisión. La letrada Cristina Almeida, que defiende a las víctimas en este procedimiento y forma parte del Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, ha asegurado a elDiario.es que el pasado miércoles registraron un último recurso, aunque considera que "la única posibilidad" que les queda "después de esto" es acudir al Tribunal Constitucional para defender "la falta de tutela judicial de las víctimas".

García Juliá fue condenado en marzo de 1980, junto a José Fernández Cerrá, por el asesinato de cinco personas en el despacho de abogados laboralistas situado en el número 55 de la calle Atocha en 1977. En la sentencia quedó probado que los pistoleros constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España". Después de más de dos décadas fugado, uno de los condenados por la matanza de Atocha fue extraditado el pasado 6 de febrero desde Brasil para continuar cumpliendo la pena de 30 años impuesta (la máxima que se cumple en España, pese a haber sido condenado a 193 años).
Más de 20 años fugado de país en país

En 1991 consiguió la libertad condicional y tres años después solicitó autorización para salir de España. La justicia permitió que se marchase del país para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay, una vez allí tenía que acudir mensualmente a la Embajada española. Sin embargo, optó por romper las obligaciones de su libertad condicional, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996, según explicó la Policía Nacional al ser localizado 22 años después en Brasil.

La Audiencia Nacional mantuvo abierta una petición de búsqueda, detención e ingreso – tras una fuga, que comenzó en 1994 – para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que estimaban que tenía pendiente de prisión. Sin embargo, tras la extradición, la Audiencia Provincial de Ciudad Real realizó un nuevo cálculo de la pena. Optaron por reducirla a 287 días, teniendo en cuenta el año y dos meses que estuvo preso en Brasil a la espera de extradición y las redenciones ordinarias (2.351 días) y extraordinarias (787 días) facilitadas por los centros penitenciarios antes de la huida.

Almeida explica que solicitaron una "impugnación" de la liquidación de condena y añade que la defensa de García Juliá se acogió al Código Penal de 1973 "que le rebaja los 193 años, y solo puede cumplir 30". "Sin embargo, en las leyes penitenciarias que estaban vigentes, no se podían aplicar las redenciones de pena ni cuando están en preventivo ni si han sido condenados por quebrantamiento de condena", apunta. En el último recurso presentado contra la providencia emitida el 1 de septiembre, la letrada recuerda que la Audiencia de Ciudad Real condenó en noviembre de 1980 al ultraderechista "por un delito de quebrantamiento de condena, junto con otros de detención ilegal, atentado a agente de la autoridad y lesiones". Los hechos juzgados se produjeron, según recogió un reciente comunicado de la Fundación Abogados de Atocha, antes del juicio de la matanza en el despacho de derecho laboral, cuando el condenado intentó "escaparse de la prisión de Ciudad Real", forcejeando "con varios funcionarios, llegando a herir levemente a uno de ellos, y encerrándoles a todos en una celda".

Por su parte, la defensa de García Juliá pide que este último recurso registrado se rechace porque consideran que se ha "presentado fuera del plazo legalmente establecido", también apuntan que el recurso contra una providencia no es "un cauce para modificar resoluciones firmes de otras peticiones".
La defensa cuestiona el recuento de la pena

Ante esta situación, la letrada alega que el condenado "no tenía derecho al beneficio de redención de penas por trabajo porque tanto el Código Penal de 1973, como el reglamento de prisiones de 2 de febrero de 1956 y el Decreto 162/1968, en el articulo 65 determinan que no podrán redimir penas por trabajo quienes quebrantaren la condena o intentaren quebrantarla, aunque no consigan su propósito". El procedimiento se está llevando a cabo en Ciudad Real porque "la última sentencia penal" dictada contra García Juliá fue emitida por la Audiencia Provincial de esa región, explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a elDiario.es.

En julio, la Sección Número 1 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real desestimó la impugnación de la condena. A pesar de que el tribunal planteó en el auto emitido que "comprende y comparte la contradicción y perplejidad que causa que un sujeto que se evadió de la justicia española durante un largo periodo de tiempo condenado a 193 años de prisión", aclararon que su decisión se basa en un "principio de legalidad y de aplicación de la norma vigente en su momento".

En el auto citan jurisprudencia referente al Código Penal de 1973 en la que se plantea que "el beneficio de redención de penas por el trabajo no aparecía legalmente configurado como un beneficio condicional que podía ser revocado en determinados casos, puesto que incluso en los supuestos en los que el penado quedaba inhabilitado para redimir en lo sucesivo, ello no afectaba a los días ya redimidos". Asimismo, insistieron en que al condenado no se le puede privar de "los días redimidos previos al quebrantamiento, porque ya fue aprobado por el juez de vigilancia penitenciaria y en tal sentido devino firme e intangible, y aunque de futuro no podrá obtener estos beneficios no se les priva de los reconocidos en aras de la seguridad jurídica".

El auto emitido también denegó la petición de que no se tuviese en cuenta "el tiempo que estuvo privado de libertad" mientras se tramitaba su llegada a España. El tribunal explicó que tanto el tratado de extradición con Brasil, como el Código Penal de 1973, amparaban que se computase este periodo. El periplo de la huida de García Juliá no se limitó al país desde el que fue extraditado en febrero de 2020. El ultraderechista había conseguido mantenerse oculto durante más de dos décadas, residiendo en Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. García Juliá utilizó una identidad falsa durante más de dos décadas saltando de país en país.
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Interior expedienta a siete funcionarios de prisiones por la paliza al preso de Estremera


El médico descubrió al recluso por la mañana con moratones por todo el cuerpo. La Justicia investiga si los hechos tuvieron lugar de madrugada o la noche anterior, tras un supuesto incidente
ROBERTO R. BALLESTEROS

27/09/2020 05:00
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto expediente disciplinario a siete funcionarios de prisiones de la cárcel de Estremera por haber propinado presuntamente una paliza a un interno el pasado 7 de septiembre, como adelantó El Confidencial. Así lo han confirmado fuentes del departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz, que se han limitado a señalar que esperan aclarar todo lo sucedido gracias a esta investigación interna y a la que puso en marcha, a instancias de Instituciones Penitenciarias, un juzgado de Arganda del Rey, partido judicial al que pertenece la prisión donde tuvieron lugar los hechos.

Otras fuentes consultadas por este diario explican que la investigación comenzó después de que un médico del centro descubriera por la mañana del 8 de septiembre que el preso en cuestión, que había pasado la noche en aislamiento por un supuesto incidente protagonizado la tarde anterior, había amanecido con moratones por todo el cuerpo. El parte firmado por tres funcionarios de prisiones explicaba que el recluso se había rebelado contra la autoridad, que gratuitamente había golpeado la cabina de los vigilantes, que había pegado puñetazos a cristales y había proferidos gritos.


Un juez investiga palizas en el módulo de aislamiento de la prisión de Estremera
ROBERTO R. BALLESTEROS
El mismo documento, que describe la actuación de los funcionarios, relata cómo los empleados públicos, ante la violencia del preso, se abalanzan sobre él, lo llevan a la celda de cacheos, donde no hay cámaras de vídeo, y ahí lo reducen. Un facultativo, de hecho, corroboraría esa versión, dado que tras la sujeción mecánica del reo, lo reconoció y observa que apenas tiene unos arañazos sin importancia. El hecho de que al día siguiente el otro médico descubriera los mencionados cardenales por tronco, piernas, brazos y cabeza hizo pensar a los investigadores de la prisión que el interno fue sacudido por la noche.

Este extremo, sin embargo, no parece estar del todo claro. Los responsables de las diligencias tienen elementos para dudar de esta historia. Los moratones, por un lado, pueden tardar horas en aparecer tras una agresión. Las declaraciones de los tres funcionarios que firmaron el parte, por otra parte, explican las fuentes consultadas, apuntan a la implicación en la agresión de otros cuatro compañeros y a que la somanta de palos pudo ser en la misma celda de los cacheos poco después de que se produjera la detención del interno. La investigación está abierta en este punto y tanto los responsables de las pesquisas por vía administrativa como el juzgado de Arganda barajan todas las posibilidades.


El coronavirus se ceba con la cárcel vip de España: Estremera se blinda 'sine die'
ROBERTO R. BALLESTEROS
El rastreo de las cámaras de videovigilancia podrá arrojar luz sobre estas incógnitas, ya que estas revelarán el recorrido de los funcionarios aquella noche, las horas a las que pasaron por cada sitio y el tiempo que estuvieron en la celda, extremos que permitirán conocer más sobre lo que pasó aquella noche entre los muros del módulo 2 de Estremera. De momento, los siete funcionarios siguen trabajando, ya que al haber un procedimiento judicial abierto la administración penitenciaria tiene que estar a lo que indique el juzgado.

Las mismas fuentes apuntan a que, además de los delitos vinculados directamente con la agresión, los implicados podrían haber incurrido en un ilícito de falsedad documental en el caso de que el juzgado demostrase que el parte de los tres empleados públicos firmantes relata mentiras o esconde a otros implicados. De momento, Instituciones Penitenciarias ha remitido toda la documentación al juzgado, que será quien determine los próximos movimientos. En la prisión, por otro lado, se viven estos días con mucho nerviosismo entre los empleados y los reclusos.


Los funcionarios de prisiones, indignados con la Fiscalía belga: "Aquí no se tortura"
ROBERTO R. BALLESTEROS
Esta pasada semana el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitó Estremera en el marco de un viaje que sus miembros están realizando por un grupo de prisiones y de sedes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por toda España. El director del centro penitenciario dio cuenta a los componentes de la delegación de la paliza que había sufrido el recluso del módulo 2 así como de todos los incidentes regimentales que habían tenido lugar en la instalación en los últimos meses. Estremera es una de las prisiones que registra más incidentes del país.

El propio Defensor del Pueblo recogió en su último informe anual, remitido el pasado mayo a las Cortes Generales, varias de las denuncias por malos tratos protagonizados por funcionarios de esta prisión que le habían llegado al tiempo que pidió a las autoridades acabar con esos "espacios de impunidad" que a su juicio aún quedan en las cárceles españolas. Francisco Fernández Marugán realizó una visita a la instalación denominada técnicamente Madrid VII, donde residen 1.800 internos e internas, junto a representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y se entrevistó con reclusos que aseguraban haber sufrido torturas y vejaciones entre rejas. En 2019 hubo 130 denuncias por malos tratos en el conjunto de las prisiones españolas entre una población reclusa que supera las 50.000 personas. De esas 130, 113 fueron archivadas por vía administrativa o judicial.

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Un preso de Badajoz se mutila las orejas con una cuchilla para luego comérselas

El interno, de 30 años, es andaluz y padecía diversas patologías psiquiátricas, según las fuentes consultadas.
27 septiembre, 2020 12:47


Brais Cedeira @BraisCedeira

Un preso se ha cortado las orejas para luego comérselas en el Centro Penitenciario de Badajoz. El recluso fue hallado desangrándose en su celda con la cuchilla que había utilizado para perpetrar esa autolesión con claros tintes de canibalismo.

Los hechos ocurrieron este pasado sábado, los funcionarios de la prisión tuvieron que reducir al joven, que responde a las iniciales de B.A., cuando se percataron de que se había mutilado los pabellones auditivos. Automáticamente le enviaron al hospital.

El interno, de 30 años, es andaluz y padecía diversas patologías psiquiátricas, según las fuentes consultadas, y no era la primera vez que se autolesionaba en su celda, llegando a ser reducido por los funcionarios.

Aunque ya lo había hecho más veces, explican que nunca había llegado a ese extremo y en estos momentos se encuentra todavía ingresado.

Desde el sindicato APFP recalcan la dificultad del trabajo que se realiza dentro de los centros penitenciarios, por su dureza psicológica, y reiteran la necesidad de "mejorar sus condicones económicas y laborales".

"Reiteramos las necesidades de mejorar nuestras condiciones económicas y laborales, así como modernizar una Institución tan importante para la seguridad de la sociedad. Ante un trabajo tan hostil, peligroso y duro psicológicamente urgen las mejoras que venimos demandando desde hace años, no pueden seguir dejando de lado a unos profesionales cuya retención y custodia de las personas privadas de libertad es tan complicada es tan complicada en casos como el que nos aconteció" indican desde el sindicato.

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Ingresan en prisión el exvicepresidente socialista de la Diputación de Almería y su secretaria por estafar 706.00 euros
Luis Pérez actuó de común acuerdo con María Teresa González para elaborar «facturas ficticias» entre 2009 y 2011 en el Patronato de Turismo
R. P.
Almería Actualizado:02/10/2020 19:45h

Nueve meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena de siete años y diez meses cárcel para el que fuera vicepresidente de la Diputación de Almería y responsable de Turismo durante mandato del PSOE, Luis Pérez Montoya ha ingresado en la cárcel almeriense de El Acebuche. El socialista, que fue condenado por desfalcar las arcas públicas en el caso denominado «Facturas», tenía como fecha tope para ingresar en el centro penitenciario de forma voluntaria hasta el 2 de septiembre.

Ese mismo día, Pérez Montoya se presentó en la prisión y fue alojado en el módulo destino a los internos que tienen que guardar cuarentana. Tras dos semanas de aislamiento y pruebas para descartar un contagio de covid-19, ya ha sido trasladado a un modulo.

La que fuera secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, también está ya en la cárcel para cumplir la misma pena de 7 años y diez meses. Según la sentencia ambos actuaron de común acuerdo y elaboraron un plan para destinar fondos públicos a fines ajenos de los que le eran propios y concertaron con empresarios que contrataban públicamente la elaboración de facturas fraudulentas.

Billetes de avión, reservas de hoteles, comidas o teléfonos móviles son algunos de los conceptos de los importes que defraudaron. El actual equipo de la Diputación de Almería, gobernado por el PP, fue quién presentó la denuncia para que unas facturas correspondientes a viajes de la anterior corporación fueran investigadas tras considerarse sospechosas.

Durante su gestión, entre 2009 y 2011, se detrajeron más de 706.000 euros de dinero público de la Diputación. El plan lo acordaron con empresarios que contrataba el Patronato de Turismo para la prestación de productos y servicios con los que se hacían «facturas ficticias», ya que no se cumplían dichos contratos.

La cuantía estafada representaba una parte importante del presupuesto con el que contaba la entidad para los fines de promoción turística de la provincia y supuso un daño a este servicio público. El exvicepresidente dictó resoluciones, previo informe de su secretaria, acordando la contratación de productos y servicios «con conocimiento de que no se iban a prestar, pero sí pagar».

Resultó también condenado a cinco años de prisión, el empresario Joaquín C.C., administrador de Publifiestas Conde, por participar en la sustracción de 363.000 euros de la cuantía total saqueada con facturas falsas y anticipos. Sin embargo, se ha solicitado la suspensión del ingreso en prisión mientras que se tramita y resuelve el indulto solicitado.

En mayo de 2018, el tribunal ordenó la ejecución de la sentencia con respecto a otros tres condenados que no recurrieron al Tribunal Supremo, entre los que están dos administradores de una agencia de viajes que fueron condenados a 23 meses de prisión. Sus testimonios fueron determinantes para esclarecer la trama y dar cuenta de la facturación por conceptos no reales.