ETA !!!ULTIMA HORA !!!

[Celestino]

Está claro que sin Democracia a lo largo de la Historia,  Gobernaba el que mejor se le daba matar al prójimo,  después lavaban su imagen con el rollo de la Nobleza y demás gilipolleces.

[47ronin]

https://twitter.com/r_flautin/status/1472089299155927042?t=1K5UFWe75y9UmjPBxXjx5A&s=19

Este es otro ejemplo de los que sin ETA no saben vivir....y convivir.

[Heracles_Pontor]

Ésto es un ejemplo de cómo el odio inunda las redes. . .

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

[47ronin]

Guardias civiles intentan sabotear el reconocimiento a víctimas estatales con 300 solicitudes

La llamada «ley de abusos policiales» de la CAV se ha topado con un obstáculo imprevisto y denigrante: cientos de agentes de las FSE, especialmente guardias civiles, se han registrado para ser aceptados como víctimas, intentando colarse en el apartado de «incontrolados», en una campaña orquestada.


¿Guardias civiles víctimas de «abusos policiales»? Suena a sarcasmo pero está pasando con la ley 12/2016 de la CAV, que tiene como objetivo paliar la histórica falta de reconocimiento y reparación a quienes han padecido ataques de aparatos estatales o paraestatales, miles y miles de personas en Euskal Herria entre fallecidas, torturadas... Dos semanas después de cerrarse el nuevo plazo de presentación de solicitudes, no hay datos todavía sobre inscripciones, pero NAIZ ha podido saber que entre ellas hay muchas decenas, en torno a 300, presentadas por agentes de las FSE, sobre todo guardias civiles.

¿Cómo puede haberse llegado a esta situación? Técnicamente, aprovechando el resquicio abierto por una redacción algo ambigua de la norma, aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 2016 y retocada luego en 2019 para salvar la amenaza del Tribunal Constitucional. En ella se amparan los hechos de «vulneraciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la CAV». Y ello se concreta en tres apartados. El a) es una obviedad: «Que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política». También el c): «Que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física». Es en el b) donde han visto un «coladero»: «Que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada».
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Políticamente, el objetivo de desacreditar esta ley ya quedó de manifiesto el día en que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz la versión final, acotada para remarcar que no habría persecución penal de estos casos. Lejos de conformarse con ello, desde la tribuna miembros de Jusapol invitados por el PP se enzarzaron con el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga e insistieron en hacer ante las cámaras un gesto de doble sentido: lo que generalizadamente se entendió como la escenificación amenazante de empuñar una pistola fue justificado por estos policías como una simple J, de Jusapol. En la tribuna hubo también miembros de Jucil y de SIPE, esta última formada por ertzainas.

Hasta ese momento la posición policial ante la norma se basó en el negacionismo de la violencia estatal y paraestatal. Pero una vez validada la ley y abierta la ventanilla de reclamaciones, han optado por una nueva línea de acción: tratar de dinamitarla, o al menos torpedearla, desde dentro. Han pasado, por tanto, del rechazo al sabotaje activo.

La avalancha de solicitudes lógicamente no es casual. Forma parte de una campaña orquestada de la que puntualmente han dejado huella en medios de la derecha española o redes sociales. Así, ‘La Razón’ publicó el año pasado que la Asociación Pro Guardia Civil (APROG) «ha remitido a los agentes un dossier en el que se explican pormenorizadamente los pasos a seguir para formular las solicitudes». Auguraba la opción de trasladar «miles» de peticiones.

En una revista del instituto militar, por esas mismas fechas se recogía también la invitación de ASESGC (Asociación de Escala Suboficiales de la Guardia Civil) a concurrir al proceso abierto por Lakua, con oferta de asesoramiento jurídico para ello. En la nota se incluye este apunte, reconocimiento explícito del fraude de ley que se pretende: «Esta Ley, comúnmente conocida como ‘Ley de abusos policiales’, no está pensada para resarcir a los funcionarios públicos ante estas vulneraciones de derechos humanos, aunque la generalidad de su redacción permite encontrar acomodo para su aplicación a todo tipo de víctimas que cumplan los requisitos establecidos».

El colapso

De lo anterior se desprende que quienes han acudido a la ventanilla de Lakua saben perfectamente que su solicitud no va a ser aceptada, más aún cuando para las vulneraciones de derechos que puedan haber sufrido hay normas –tanto estatales como vascas– muy anteriores en lo que atañe al reconocimiento como víctimas y con mayores dotaciones económicas en lo que toca a la reparación. Pero la maniobra ya tiene su resultado práctico al acarrear dos distorsiones de entrada; por un lado, enmarañar el objetivo ya algo difuso de la ley en su definición (su título oficial es ‘Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política’); y junto a ello, complicar el trabajo de la comisión de valoración, abocándola a analizar también estos expedientes.

En este sentido, hay que recordar lo que apuntaban en estas páginas el pasado domingo Ainara Esteran y Tasio Arrizabalaga, en nombre de la fundación Egiari Zor, que agrupa a víctimas de violencia estatal: los medios con que cuenta esa comisión se están revelando muy escasos. «El proceso de reconocimiento va muy lento. Solo se han reconocido 35 casos y algunos de ellos estaban aceptados ya antes de que esta ley fuera recurrida ante el Constitucional. Vemos que no arranca. Hay gente que presentó solicitud y ha muerto posteriormente». Otro dato revelador: «La ley contemplaba un plazo tope de seis meses para resolver y algunos de los casos que se han aceptado en este 2021 se registraron ya en 2017».

¿Hasta qué punto está trabando este sabotaje policial el proceso de reconocimiento de las víctimas a las que realmente se destinaba esta ley? La comisión de valoración tendrá que decirlo. Por el momento no se ha facilitado el dato de cuántas solicitudes se han presentado tras concluir este nuevo plazo, el pasado 11 de diciembre. Pero en primavera se avanzó que eran ya en torno a un millar, por lo que las cerca de 300 presentadas por agentes de las FSE no suponen precisamente una anécdota menor.

Nueva «zancadilla»

Este vergonzoso capítulo se suma todas las carencias de esta ley y de la aprobada posteriormente en Nafarroa, que todavía no ha abierto el plazo de solicitudes. Unas insuficiencias remarcadas no solo por Egiari Zor, sino también por el miembro de la comisión de valoración de la CAV, catedrático de la UPV-EHU y exdirector de Derechos Humanos de Lakua en el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, en un artículo reciente en ‘Berria’: «En estas leyes, de entrada se ha rebajado el estándar de justicia: no habrá responsabilidades individuales, dejando de lado la justicia penal. Por lo tanto, desaparece de raíz el tratamiento igualitario y justo a las víctimas, puesto que solo se podrá proceder a la reparación y la verdad, de modo parcial».

(Jon Mirena Landa, con la presidenta de la comisión de valoración, Juana Balmaseda, y otros miembros, en el Parlamento de Gasteiz. Foto: IREKIA)

«Además –continúa Landa–, las leyes en Nafarroa y Euskadi ya de por sí limitadas están llenas de obstáculos. Las zancadillas en el camino han sido incesantes incluso antes de nacer. Se han interpuesto y se interpondrán recursos contra ellas, para parar su desarrollo; la información para completar los expedientes no llega, porque continúan ocultos, porque no se quieren sacar de las tinieblas. A menudo, y además desde la perspectiva de muchos ciudadanos, con razones fundadas no parece que al aplicar estas leyes se esté haciendo política de país, sino que impere el partidismo; no parece que se estén poniendo recursos suficientes; no parece que una noticia tan amplia se esté poniendo en en el centro público; no parece, por tanto, que se esté gestionando esto con total seriedad y con máxima prioridad».

[47ronin]

[47ronin]

https://youtu.be/KE1yl3hc-jk

Inoportunas declaraciones para un político que ha de enfrentarse a unas elecciones en unas horas.

[47ronin]

Condenada a 24 años de cárcel la acusada por el doble atentado de ETA en Gijón en 1996


23/02/2022

La Audiencia Nacional ha condenado a la miembro de ETA Iratxe S. a 24 años y seis meses de prisión por su participación en el doble atentado cometido por la banda terrorista el 2 de noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y contra el Palacio de Justicia.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera imponen a la acusada una pena de 17 años de cárcel por un delito de estragos terroristas en grado de consumación por el atentado contra el nuevo Palacio de Justicia (que aún no estaba en funcionamiento), que causó numerosos daños materiales, mientras que le impone una pena de siete años y seis meses por el mismo delito en grado de tentativa en relación con la acción contra la farmacia, puesto que no causó daños.

La Sala la absuelve del delito de pertenencia a organización terrorista al haber retirado la acusación por este delito tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Abogacía del Estado y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

La Sala considera que la participación de la acusada viene acreditada especialmente por unas manifestaciones que realizó de forma espontánea, libre y voluntariamente a la cúpula de la banda terrorista ETA  en una carta manuscrita, que en el argot se denomina “cantada”, y que se define como las comunicaciones que efectúa un miembro de ETA cuando es detenido por las fuerzas de seguridad con la finalidad de que la cúpula conozca los datos acerca de los atentados cometidos, en qué han consistido, que efectos han producido, que información se ha aportado a los agentes y, en general, los datos relevantes que pudieran interesar a la organización para adoptar las medidas oportunas.

Dicha comunicación, explica la Sala, proviene de una comisión rogatoria enviada por Francia, y se atribuye a Iratxe S. porque viene firmado por ella y porque en el mismo se describen personas integrantes del comando, acciones que llevó a cabo, etc. y cantidad de detalles y circunstancias relativas a acciones terroristas, que coinciden íntegramente  con lo que declaró en la Guardia Civil e, incluso hace referencia -dicen los agentes de la Guardia Civil en el informe elaborado sobre dicha comunicación- a una acción del año 1993 (sucursal de Mapfre) que no describe en su declaración previa ante la Benemérita.

“La validez probatoria de este documento es que contiene un relato detallado de las distintas acciones realizadas por la procesada entre las que se encuentra el hecho de reconocer que participó en la colocación y explosión de los dos atentados de Gijón (farmacia y Palacio de Justicia).

Y decimos que tiene pleno valor probatorio por cuanto que ese documento no es una mera transcripción o relato más o menos pormenorizado de lo que la procesada dijo en dependencias de la Guardia Civil cuando previamente fue detenida, sino que en dicho documento se amplían detalles de otras acciones, o bien se relata también acciones nuevas, encuentros de personas, etc… que son absolutamente novedosos y que, a juicio de los testigos que elaboran el informe, solamente los podía conocer la persona que lo relata por haberlos vivido en persona”, concluye la sentencia. 

Según los magistrados, ambos artefactos explosivos fueron colocados con la finalidad de causar el máximo daño posible a las personas y al patrimonio público y privado. En el caso del artefacto del Palacio de Justicia, que explosionó sobre las 6.30 horas en una zona urbana, existió un claro peligro para las personas, ya que es muy posible que pudiera pasar gente por ese lugar.

[47ronin]

El Supremo cierra definitivamente la investigación por el asesinato de un guardia civil a manos de ETA en 1979


Desestima el recurso del fiscal y confirma la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa por haber prescrito el delito. Es uno de los atentados sin resolver

FECHA
08/03/22access_time 1:02
Blanca Valdés Mañas

El asesinato del guardia civil Manuel Fuentes Fontán a manos de la banda terrorista ETA el 31 de octubre de 1979 en Portugalete, Vizcaya, no se investigará más. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, el cual ha confirmado la decisión de la Audiencia Nacional, al considerar que el delito ha prescrito y que, además, nunca se llegó a identificar al autor o autores del crimen.

El guardia civil, Manuel Fuentes Fontán, de 29 años, se encontraba en el domicilio de su novia situado en la calle Cristóbal Mello en Portugalete el día 31 de octubre de 1979. Tras comer con ella, sobre las 15:30 horas abandonó el domicilio para acudir al cuartel de Santurce, donde estaba destinado. Cuando se subió al vehículo y giró la llave para arrancarlo, una o varias personas le dispararon a menos de cinco metros con una pistola y un subfusil.

Al escuchar los disparos, su novia se asomó por la ventana y vio a uno de los autores del atentado huir. Ésta bajó corriendo para ver qué había ocurrido y el guardia civil apenas podía articular palabra porque había recibido una docena de disparos. Finalmente falleció en el hospital San Juan de Dios al poco tiempo de ingresar. En atentado fue reivindicado por la banda terrorista ETA.

Al día siguiente, tal y como explica el libro “Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA”, se produjo una manifestación en Portugalete bajo el lema “Con el Estatuto, por la paz y por el derecho a la vida”. En dicha concentración, un millar de personas recorrieron las calles de la localidad en protesta por el crimen.

La Audiencia Nacional declaró en un auto publicado el 17 de febrero de 2020 que el delito había prescrito y que, por tanto, se debía archivar la causa. Pero el Ministerio Fiscal no estaba conforme con la decisión e interpuso un recurso de súplica ante este tribunal que fue desestimado en un auto del 21 de abril de 2020.

Posteriormente, el Ministerio Fiscal decidió agotar todas las vías y acudió al Tribunal Supremo e interpuso un recurso de casación por infracción constitucional. La Fiscalía argumentó que el delito de integración en organización terrorista tiene carácter permanente y que, por tanto, la fecha de prescripción para ese delito no puede ser la de la fecha en que se produjo el asesinato, sino el día en el que cesó la actividad de ETA, el 3 de mayo de 2018, por lo que prescribiría el 3 de mayo de 2038.

Además, el Ministerio Público argumentó que, a pesar de que se desconoce la identidad del asesino, también se habría podido cometer un delito de tenencia ilícita de armas ya que el crimen se produjo con pistolas y, según la sentencia, “la experiencia nos lleva a concluir que los pistoleros de ETA usaban armas sin cumplir los requisitos legales”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional señaló que, aunque se utilizaron armas de fuego, no puede afirmarse que necesariamente existiera un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, como tampoco de pertenencia a organización ilícita de carácter delictivo por parte de su autor o autores, ya que nunca se les ha podido juzgar. Por ello, el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Nacional.

Más de 300 atentados sin resolver

El pasado mes de diciembre, según publicó El País, el Gobierno vaso manifestó que se comprometía a ayudar a aquellas víctimas de los asesinatos de ETA sin resolver. “No podemos devolveros la vida, pero sí restituiros la dignidad”, señaló la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal a las familias de asesinados por ETA entre 1968 y 1979, cuyos crímenes están por resolver.

La cifra de asesinatos sin resolver es, según la contabilidad de la asociación Dignidad y Justicia, de 377. La Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorismo la reducen a 314 debido a que no cuentan los atentados cometidos antes de la Ley de Amnistía entre 1969 y 1976.

[47ronin]

La Audiencia Nacional reabre la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco


Alberto Órfão
14/03/PM
Europa Press
Manuel García Castellón reabre el caso para tratar de determinar quiénes fueron los dirigentes de ETA que se encargaron de planear y ordenar el atentado.
Asociación Dignidad y Justicia pone el foco en históricos de ETA como 'Anboto', 'Kantauri' o 'Antza'.

EUROPA PRESS/MADRID
La Audiencia Nacional ha acordado reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco para tratar de determinar quienes fueron los dirigentes de la organización terrorista ETA que se encargaron de planear y ordenar el atentado perpetrado el 12 de julio de 1997.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y ya ha encargado informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, según las fuentes jurídicas consultadas por 'Europa Press'.


En ese escrito, de 138 páginas, la asociación dirige la acusación contra los nueve jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección --el ZUBA-- en el momento del asesinato de Miguel Ángel Blanco al considerarlos "penal y civilmente responsables" de su muerte.

Entre los mismos se encuentran históricos dirigentes como Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri'; María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; y Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'. Además, DyJ solicita que se prohíba la salida de España y se retire el pasaporte a cuatro de los querellados que se encuentran en libertad ante el "claro riesgo de fuga". Entre los mismos se encuentran el propio 'Iñaki de Rentería' y también Vicente Goicoechea, alias 'Willy', Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren, alias 'Nervios'.

En el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia' como autores materiales.

[47ronin]

https://twitter.com/Absolutexe/status/1503456202612789248

https://twitter.com/Absolutexe/status/1503456338029985795

[47ronin]

Supongo que la señora Olona y Vox correrán con el gasto de letrados y costas.



El Gobierno vasco rechaza la petición de 460 guardias y policías de ser víctimas de la "violencia política" de ETA
JOSEAN IZARRA
Vitoria
Actualizado Jueves, 3 febrero 2022 - 13:36

El Ejecutivo de Urkullu da por hecho 563 abusos policiales sin sentencias jurídicas al aplicar una ley que Rajoy recurrió en el Constitucional

Paulino OribeARABA PRESS
La consejera de Justicia Beatriz Artolazabal ha rechazado la petición de 460 guardias y policías nacionales de ser consideradas "víctimas de violencia política" en Euskadi tras sufrir el terrorismo de ETA. La Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política de Euskadi entre 1978 y 1999 reconoce en su artículo 2 como víctimas a quienes hayan sufrido esta violencia política ejercida por funcionarios públicos y por "particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada". Asociaciones como JUCIL ya han animado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a recurrir por vía administrativa y judicial esta exclusión de un reconocimiento moral y económico.

La Ley vasca ostenta un título y detalla un ámbito de aplicación que, según el Gobierno de Urkullu, dejaría fuera a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) que hayan visto sus derechos vulnerados. La norma se denomina coloquialmente como "ley de abusos policiales" y fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 pero con Pedro Sánchez ya en La Moncloa se alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo vasco para retocarla. En septiembre de 2020, el Tribunal Constitucional garantizó su legalidad y permitió que una comisión técnica constituida en 2018 se reactivara para valorar las peticiones de las presuntas víctimas de "violencia política" en Euskadi en esas dos décadas.

El PNV situó a la abogada vizcaína y especialista en violencia contra las mujeres Juana Balmaseda al frente de la comisión que ha analizado 1.220 peticiones, de las que ha aceptado 598 y rechazado 510. La mayoría de las negativas es contra peticiones cursadas por guardias civiles y policías nacionales que interpretaron que la literalidad de norma también les incluía en este reconocimiento. La consejera Balmaseda ha negado hoy esta posibilidad, ratificando el primer dictamen del grupo de expertos propuesto por el Parlamento Vasco.

"No son vulneraciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe un nexo, ni inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos del Estado", ha asegurado Artolazabal que no ha querido valorar si la norma adolece de lagunas sobre quién tiene derecho a estos reconocimientos que incluyen indemnizaciones que van desde los 135.000 euros por fallecimiento a los 35.000 por incapacidad laboral permanente.

La negativa a reconocer como víctimas de "violencia política" a guardias civiles y policías se hace pública tan sólo dos semanas después de que la propia consejera Artolazabal presentara un informe que 357 policías y guardias civiles fueron asesinados por ETA y otros 711 resultaron heridos, casi la mitad con secuelas que les impidieron continuar trabajando. Con estos datos presentes, el portavoz de JUCIL Agustín Leal ha denunciado "esta demostración más de la discriminación a la que se quiere someter a quienes sufrieron, durante años y aún soportan, un ambiente de segregación y de humillación constante por parte de quienes, por mandato legal, tienen la obligación de la defensa de sus derechos".

[47ronin]

Una sentencia de Estrasburgo puede provocar la salida masiva de etarras de prisión


Alberto Órfão
06/04/PM
Rafa Rivas / AFP / Getty Images

La Asociación Víctimas del Terrorismo ha alertado ante una "posible excarcelación masiva" de presos de ETA si el Gobierno no recurre una sentencia del Tribunal Europeo.
El fallo da la razón al etarra Xabier Aristain Gorosabel por el régimen de incomunicación al que fue sometido en 2010.

EUROPA PRESS/MADRID
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha alertado este miércoles ante una "posible excarcelación masiva" de presos de ETA, con el correspondiente pago de indemnizaciones, si el Gobierno de España no recurre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el régimen de incomunicación tras el fallo favorable al etarra Xabier Atristain Gorosabel.

La AVT ecuerda que el Ejecutivo tiene de plazo hasta el 18 de abril y que, en caso de desistir, "se puede producir una sangría de excarcelaciones comparables a la de la derogación de la Doctrina Parot". En su opinión, la Abogacía del Estado debe defender ante dicho tribunal que el régimen de incomunicación aplicado a los presos de la banda terrorista "no necesariamente implica vulneración de derechos".


La asociación se refiere a la condena a España del tribunal con sede de Estrasburgo, que se conoció el pasado 18 de enero y que dio la razón al etarra Xabier Atristain Gorosabel por no poder acceder a un abogado de su elección y consultar a su letrado mientras permanecía en detención incomunicada en 2010. Por este motivo debe ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales, más 8.000 euros por costas y gastos procesales.

Atristain interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de su condena a 17 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos y armas, fijada por la Audiencia Nacional en 2013. El 17 de febrero de 2022, como consecuencia de dicho recurso, fue puesto en libertad condicional a la espera de la resolución.

Según recuerda la AVT, el 22 de marzo de 2022 la Sala Segunda del Supremo preguntó al Ministerio de Justicia si la Abogacía del Estado había formalizado recurso o tenía intención de hacerlo. "En respuesta a dicho Oficio se ha tenido conocimiento de que el Gobierno valora recurrir el fallo y ha alegado que dispone hasta el 18 de abril para hacerlo", añade la asociación. Además alertan de que, en caso de que la Abogacía del Estado no presente este recurso, "se corre el riesgo de que se consolide esta jurisprudencia del TEDH", lo que supondría la excarcelación de numerosos presos etarras que aleguen que se les tomó declaración en régimen de incomunicación.

[47ronin]

Accede por que esa sentencia significa que otros más podrían plantear la extensión de efectos y al Estado le costaría dinero...y la administración nunca paga de "buena fe" hasta que agota todos los recursos.



Justicia recurrirá el fallo del TEDH que condenó a España por el caso del etarra Atristain


La Abogacía General del Estado recurrirá la sentencia de Estrasburgo que condenó a España a indemnizar con 12.000 euros a Atristain al considerar que se vulneraron sus derechos a un juicio justo


GEMA HUESCA
 

PUBLICADO 12/04/2022 16:23
ACTUALIZADO 12/04/2022 17:38

El Ministerio de Justicia terminará recurriendo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por vulnerar los derechos del etarra Javier Atristain. Según confirman a Vozpópuli fuentes gubernamentales, la Abogacía General del Estado recurrirá ante Estrasburgo la condena a España, a quien le impuso el pago de una indemnización de 12.000 euros "por el daño moral sufrido" por el miembro de ETA.

De esta forma el Gobierno accede a las peticiones de las asociaciones de víctimas del terrorismo pese a que la ministra de Justicia, Pilar Llop, no aclarase cuál iba a ser el movimiento de los Servicios Jurídicos del Estado en esta materia. Según ha precisado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una sentencia "muy grave" y un asunto "muy complejo" que requería dejar trabajar con tranquilidad a la Abogacía General del Estado.

El Gobierno defenderá los intereses del Estado en Europa después de que asociaciones de víctimas como la AVT avisaran de que, de no hacerlo, este fallo sentaría precedente y abriría la puerta a la excarcelación masiva de otros presos de la banda terrorista que podrían alegar vulneración de derechos, como ocurre con el caso de Atristain.

Consulta del Supremo
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, requirió el pasado 22 de marzo a Justicia que informase de si su intención era llevar este asunto ante la Gran Sala para que se revisase el fallo condenatorio a España o, por contra, no lo recurriría. En la misiva Marchena manifestó que se tenía que pronunciar antes del 18 de abril; fecha en la que expira el plazo para recurrir.


La Abogacía General del Estado, órgano integrado en el Ministerio de Justicia, no se ha pronunciado hasta el momento, si bien la titular de este departamento ha confirmado que recurrirán el fallo del pasado mes de enero. El mismo condena al Estado a indemnizar a este preso de ETA por impedir que accediera a consultar a un abogado mientras permaneció en detención incomunicada en 2010.

Condena de 17 años
El Tribunal Supremo expuso en el oficio dirigido a la ministra de Justicia que la postura que acordase la Abogacía en este asunto es de especial interés ya que en función de ello depende el desenlace del procedimiento incoado en el alto tribunal tras el recurso de revisión interpuesto por la defensa del etarra contra la sentencia de este mismo órgano de 2014. El fallo confirmó el emitido un año antes por la Audiencia Nacional que le condenó a 17 años de cárcel por delitos de pertenencia a banda armada y tenencia-depósito de armas y municiones.

El presidente de la Sala de lo Penal explicó en su escrito dirigido al Ministerio de Justicia que Atristain interesó autorización para interponer recurso de revisión amparándose precisamente en la condena del TEDH. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) permite abrir esta vía cuando Estrasburgo dictamine que la resolución condenatoria fue dictada en violación de algunos de los derechos recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos, como ocurre en este caso.

Atristain fue detenido en Francia en marzo de 2010 y entregado a España para cumplir prisión provisional por delitos de terrorismo. En abril de ese año la Audiencia Nacional le dejó en libertad por falta de pruebas de sus vínculos con un comando de ETA. No obstante, en septiembre fue detenido de nuevo en el marco de una operación de la Guardia Civil. Atristain denunció que se le negó el acceso a un abogado en ese tiempo y que por ese motivo se inculpó durante el interrogatorio policial.

La sentencia de Europa admite que la operación policial confirmó la sospecha sobre tenencia de explosivos pero que no se puede obviar que se le negó el acceso a un abogado, lo que vulneró sus derechos. El fallo concluye que no hubo igualdad de armas y que España debía indemnizar con 12.000 euros al etarra por el daño moral ocasionado.

[47ronin]

Estrasburgo se reafirma: España tendrá que indemnizar al etarra Atristain


Otros terroristas podrán seguir el mismo camino judicial, aunque el Gobierno insiste en que la sentencia del Tribunal Europeo solo afecta a este recluso

Jorge Navas
Jorge Navas
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MADRID
Actualizado:09/05/2022 19:32h
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha confirmado este lunes lo que ya sentenció a principios de año: que la Justicia española debe revisar la condena que impuso al etarra Xabier Atristain y el Estado tiene que indemnizarle con 20.000 euros porque, según este tribunal con sede en Estrasburgo, no tuvo un juicio justo cuando fue condenado a 17 años de cárcel en nuestro país tras entregarse en 2010.


Así había fallado ya el 18 de enero el TEDH, al que este preso de ETA acudió para anular su condena española con el argumento de que, en sus primeras declaraciones ante las fuerzas de seguridad, no pudo contar con un abogado de confianza, sino que se le asignó uno de oficio, como prevé la legislación vigente, con el que además tuvo dificultades durante esas horas en las que permaneció incomunicado antes de pasar a disposición judicial.


Un precedente que, aunque el Gobierno se afana en aclarar que sólo afecta a este etarra, abre más todavía la puerta para que otros miembros de ETA con causas pendientes se agarren a esa sentencia europea ante los tribunales españoles, que tendrán más difícil a partir de ahora juzgar y condenar a los etarras basándose en lo que confesaron a las fuerzas del orden nada más ser detenidos.

Ante la inminencia de la decisión de del TEDH, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, se reunió la semana pasada con la Asociación Víctimas del Terrorismo para explicarles el informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre el posible recorrido de este recurso. Ese informe advertía ya en su primer punto de la dificultad de que el recurso llegara incluso a la Gran Sala del propio TEDH, recordando que el Gobierno español ha presentado una veintena de iniciativas similares y apenas dos de ellas han prosperado. Con estadísticas en la mano, los servicios jurídicos del Estado calculaban ya la semana pasada que las probabilidades de que este recurso superara el primer filtro eran inferiores al 10%.


La parte menos mala es que la Abogacía del Estado también entiende que la sentencia del TEDH no cuestiona el todavía vigente régimen de incomunicación en nuestro país. La legislación española prevé los detenidos por graves delitos como los de terrorismo puedan permanecer hasta cinco días incomunicados para ser interrogados por las fuerzas del orden. Y asistidos por un abogado de oficio, no el que ellos elijan, toda vez que ello podría dificultar la propia investigación. El mejor ejemplo de ello era precisamente ETA, cuyos abogados eran también miembros de la propia banda.

Por ello, el Ministerio de Justicia ya trasladó a la AVT que el Gobierno y la Abogacía del Estado están convencidos de que esta sentencia del TEDH ya firme sólo afecta al etarra Atristain, al que habrá que indemnizar con 12.000 euros por daños morales y otros 8.000 por gastos judiciales, además de revisar su condena por parte del Tribunal Supremo, que deberá decidir si la anula o repite todo el proceso sin contar con su declaración policial, lo que se antoja más complicado.

Perdido ya el caso de Atristain, este el punto clave por lo que pueda implicar su precedente en el TEDH para otros presos y miembros de la banda con condenas o causas pendientes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal se modificó en 2015 para regular el recurso de revisión de sentencias firmes cuestionadas por la Justicia europea, como ocurrió con la doctrina a la que dio nombre el también etarra Parot y que se tuvo que aplicar de forma automática no sólo a los etarras, sino a otros condenados por graves delitos. Tras esa modificación, los presos y miembros de ETA que quieran acogerse a este precedente europeo tendrán que agotar antes todos los recursos en España, acudir después al propio TEDH y, si éste les da la razón como a Atristain, exigir la revisión al Supremo. Es decir, esta sentencia europea no les afecta ya y de forma automática a todos los etarras que se consideren en la misma situación, sino que que tendrán que acudir a Estrasburgo, que debería resolver caso por caso. Además, para los que ya hubieran agotado esa vía en España, el plazo para acudir al TEDH es de cuatro meses, por lo que casi todos estarían fuera de ese margen.

Cosa distintita es cómo puede y va a afectar este asunto «para todo lo que venga a partir de ahora», como explica a ABC la responsable jurídica de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara. Recuerda que, tras la sentencia europea de Atristain el pasado 18 de enero, se han celebrado en la Audiencia Nacional hasta cuatro juicios contra miembros de ETA, en la tres de los cuales las defensas de los etarras han blandido esa resolución del TEDH para tumbar el procedimiento judicial. Por ejemplo en los casos de Iratxe Sorzabal o Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', por el crimen de un guardia civil en Bilbao en 1991, uno de los más de 300 asesinatos de ETA que todavía no se han resuelto. Es más, hay jueces de la Audiencia Nacional que ya se han inspirado en esa sentencia de Estrasburgo para absolver a otro etarra, como hizo el magistrado José Ricardo de Prada hace dos meses con Gorka Palacios por el atentado de una entidad bancaria en la madrileña calle Goya hace 21 años, en el que resultó herida una veintena de personas. «Tenemos que analizar qué alcance va a tener el precedente de Atristain, pero está claro que las defensas de los acusados de ETA ya lo están utilizando y lo van a utilizar», resume la abogada de la AVT. Por no hablar de que el entorno proetarra exhibirá política y mediáticamente como una gran victoria esta pequeña batalla ganada en Europa contra España en general y la Justicia y las fuerzas de seguridad españolas en particular. Aunque no les beneficie tanto como les gustaría.

[47ronin]

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20220513/audiencia-nacional-reciente-doctrina-tedh-eta-gadafi/671933328_0.amp.html


La Audiencia Nacional aplica la reciente doctrina del TEDH y absuelve al exjefe de ETA 'Gadafi'


La Justicia española comienza así a aplicar la reciente jurisprudencia del TEDH para los presos de ETA iniciada con el 'caso Atristrain'.

[47ronin]

El Gobierno filtra ahora su recurso fallido contra la doctrina europea que beneficia ya a varios etarras


ABC lleva varias semanas solicitando esa misma información al Ministerio de Justicia, que se ha negado a facilitarla
El Ejecutivo no aclara si ha utilizado más jurisprudencia que un par de casos antiguos para evitar el fallo del TEDH
Jorge Navas
Jorge Navas
@JorgeNavasGarci
Madrid
Actualizado:
22/05/2022 04:20h

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El Gobierno intentó ayer disipar las sospechas y malestar de algunas asociaciones de víctimas y miembros de las fuerzas seguridad por su fracaso ante la Justicia europea para evitar que una sentencia a favor de un preso de ETA se convierta en una nueva doctrina de la que ya se están beneficiando otros etarras.


Y lo hizo filtrando a una agencia de noticias los escritos y recursos que la Abogacía del Estado ha presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que no diera la razón al etarra Xabier Atristain, lo que obliga a España a anular la condena a 17 años de cárcel que le impuso en 2013 y a indemnizarle con 20.000 euros.

Desde que la Abogacía del Estado presentó el 13 de abril su último recurso contra ese fallo europeo, ABC ha solicitado reiteradamente al Ministerio de Justicia ese documento o, al menos, referencias de la jurisprudencia utilizada para rebatir a Atristain. Pero se ha negado una y otra vez. Incluso después de que colectivos de víctimas como Dignidad y Justicia mostraran su «gran preocupación» ante la posibilidad de que el Gobierno hubiera utilizado poca jurisprudencia europea para defenderse, apenas un par de ejemplos, y además del siglo pasado, como informaba ABC este viernes.

Al día siguiente y a través de Ep, ayer sábado se conocieron algunos detalles de esos documentos, aunque la mayoría de ellos tan obvios como insuficientes. El resumen es que la Abogacía del Estado insistió al TEDH en que, de fallar a favor de Atristain –como ha hecho–, esa nueva doctrina europea pondría en peligro la lucha antiterrorista y afectaría a otras causas judiciales.

De hecho, la Audiencia Nacional ya ha absuelto a otros dos etarras aplicando esa misma doctrina y una exjefa de ETA ya la ha utilizado para recurrir su condena de 24,5 años de cárcel ante el Tribunal Supremo. Los recursos del Gobierno también insistían en que, gracias a la detención incomunicada de Atristain por la que el TEDH condena a España, se evitaron atentados.

Ya se sabía
Ambos argumentos ya se daban por descontados, como explicó este periódico en sendas informaciones la semana pasada. La primera, sobre el breve informe con el que el Gobierno resumió a la Asociación Víctimas del Terrorismo ese último recurso, pero sin facilitárselo, justo antes de que el TEDH ni siquiera lo admitiera. Por ese informe ya se sabía que el Gobierno era consciente de la gravedad de este precedente.

Y ABC detallaba también hace una semana que la Guardia Civil evitó varios atentados por la gran cantidad de explosivos y planes para asesinar que encontró en casa de Atristain tras interrogarle. Lo que sigue ocultando el Gobierno es con qué y cuánta jurisprudencia europea defendió España su postura. La única que se conoce por el fallo del propio TEDH son dos ejemplos de 1979 y 1992. No parece mucha ni muy actualizada. Y, visto el resultado, desde luego no ha sido suficiente.

[47ronin]

Cuatro de cada diez españoles cree que la banda terrorista ETA no ha sido derrotada


Un sondeo de Hamalgama Métrica para 'Vozpópuli' revela que el 41,7% de los españoles cree que la organización vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria sigue presente

Cuatro de cada diez españoles cree que la banda terrorista ETA no ha sido derrotada
MARINA ALÍAS
 

PUBLICADO 10/07/2022 04:45
ACTUALIZADO 10/07/2022 04:47
Cuatro de cada diez españoles cree que la banda terrorista ETA no ha sido derrotada. En concreto, el 41,7% considera que la organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria sigue estando presente. Así lo refleja una encuesta realizada por Hamalgama Métrica para Vozpópuli entre los días 5 y 8 de julio, justo antes de que se cumplan 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Fue el 10 de julio de 1997 cuando ETA secuestró al concejal 'popular' de Ermua y, dos días después, le disparaba dos tiros para acabar con su vida. Su muerte inició el llamado 'Espíritu de Ermua', un gran movimiento cívico de rechazo a la banda. En octubre de 2011, ETA realizó el anuncio del "cese definitivo de su actividad armada" a través de un comunicado emitido tres días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián.

En el texto, la banda afirmaba un "compromiso claro, firme y definitivo" de "superar la confrontación armada", al tiempo que pidió a los Gobiernos español y francés un "diálogo directo" con el objetivo de llegar a una solución de "las consecuencias del conflicto"​. Seis años y medio después, el 3 de mayo de 2018, ETA anunciaba su autodisolución.

Sin embargo, la población está dividida con respecto a la existencia e influencia de la banda en la actualidad. Si el 41,7% de los españoles opina que no está derrotada, un 43,2% la da por desaparecida. Según el sondeo de Hamalgama Métrica, un 15,1% de los encuestados no sabe/no contesta.

Votantes de izquierda vs derecha
Son los votantes de derecha y centro-derecha los que mayoritariamente piensan que ETA continúa existiendo. El grueso de los electores de izquierdas, en cambio, dicen que la organización está disuelta. Los mayores defensores de su desaparición son los votantes de Unidas Podemos. Un 78,6% considera que ETA está derrotada. Esta misma posición es compartida por un 53,8% de los votantes del PSOE, mientras que el porcentaje baja al 33,8% en el caso del electorado del PP; al 13,1% en el de Vox y al 35,6% en Ciudadanos.

Un 60% de los votantes de la formación naranja creen que la banda terrorista sigue viva y esta cifra se eleva al 61,2% en el caso del electorado del PP y al 69,7% en el de Vox. En el otro extremo, solo el 13,1% de los españoles que votan a Unidas Podemos piensa que no está derrotada, al igual que un 38% de los simpatizantes del PSOE.

El grupo de encuestados que respondió que no sabía o no contestaba si ETA estaba o no derrotada se concentra en su mayoría en los votantes de Vox (17,2%) y después en los de Unidas Podemos (8,3%), seguidos de los del PSOE (8,2%), PP (5%) y Ciudadanos (4,4%).

Respuestas por grupo de edad

La idea de que ETA persiste cala más en los adultos a partir de 45 años, mientras que los más jóvenes creen en gran parte que la organización terrorista está derrotada. En concreto, el 38,9% lo las personas encuestadas entre 18 y 29 años cree que la banda ha desaparecido, al igual que un 48,2% de los que tienen entre 30 y 44 años. El 43% de quienes tienen entre 45 y 64 años piensa que está derrotada, una postura que comparte el 41% de la población de 65 años en adelante.

Ese mismo grupo de edad, el de los más mayores, concibe que ETA sigue presente en un 51% de los casos. El 43,9% de los adultos entre 45 y 64 años tampoco cree que la banda esté derrotada, mientras que la cifra se reduce al 39,8% en quienes tienen entre 30 y 44 años y al 23,6% entre las personas de 18 a 29 años. Es ese mismo colectivo, el de los más jóvenes, el que en su mayoría no sabe responder a la pregunta. Un 37,5% de los menores de 30 años encuestados no sabe o no contesta si ETA estaría o no derrotada.

En este contexto, el Gobierno ha conseguido salvar la ley de Memoria Democrática tras pactar varias enmiendas con EH Bildu
A tenor de la encuesta, la sociedad se encuentra dividida con respecto al peso de ETA en la actualidad. En este contexto, el Gobierno ha conseguido salvar la ley de Memoria Democrática en el Congreso tras pactar varias enmiendas con EH Bildu, entre ellas una que amplía su aplicación temporal de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de los GAL.

En concreto, la enmienda acordada entre el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Más País plantea designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".

Pactos de Sánchez y EH Bildu

Así las cosas, este domingo se celebrará en Ermua un homenaje a Miguel Ángel Blanco a los 25 años de su secuestro y asesinato por parte de ETA. Tal y como contó este diario, será un acto de estado, presidido por Felipe VI y con la presencia confirmada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, entre otros muchos. Sin embargo, el acto estará marcado por la controversia que emana de los pactos entre el Gobierno y Bildu en materia de Memoria Democrática y por varias ausencias, como la del expresidente del Gobierno José María Aznar.

El exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, también secuestrado por ETA, leyó el viernes junto a la expresidenta del PP Vasco María San Gil, un manifiesto frente al Congreso de los Diputados en el que cargó contra esa misma ley y el pacto de Sánchez con Bildu asegurando que "los asesinos gobiernan España de una manera cada vez menos disimulada" y ha apelado a "recuperar" el Espíritu de Ermua.

"Nuestros representantes políticos del Gobierno de España y del País Vasco son cómplices de la estrategia de los asesinos que gobiernan España de una manera cada vez menos disimulada y se preparan para el asalto al Gobierno del País Vasco a plena luz del día", proclamó Ortega Lara, ahora desde las filas de Vox.

[Heracles_Pontor]

Y a quiénes votan esos 4 de cada 10?. . . qué discurso mantienen esos partidos políticos frente a ETA?. . . al final va a resultar que mantener viva ETA es rentable políticamente. . . y si es realmente ahora, que la banda está disuelta, qué no era antes de su desaparición?. . . que reflexionen esos partidos sobre su representación en el País Vasco, quizás lo que les da votos en la España vaciada. . . se los quita en Euskadi. . .

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[47ronin]

Y a quiénes votan esos 4 de cada 10?. . . qué discurso mantienen esos partidos políticos frente a ETA?. . . al final va a resultar que mantener viva ETA es rentable políticamente. . . y si es realmente ahora, que la banda está disuelta, qué no era antes de su desaparición?. . . que reflexionen esos partidos sobre su representación en el País Vasco, quizás lo que les da votos en la España vaciada. . . se los quita en Euskadi. . .

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Yo me pregunto si alguno de los asistentes hoy al homenaje de Miguel Angel Blanco llegará a preguntarse alguna vez si se ludo salvar su vida accediendo al reagrupamiento de oresos.

[47ronin]

https://youtu.be/IwyC7VmA34M