Zapatero apela al derecho de reunión para no impedir la asamblea de la ilegalizada Batasuna
Mantiene que la Constitución consagra el derecho de cualquier ciudadano a reunirse El PP insta al Gobierno a que prohíba la celebración del acto en Baracaldo y denuncia que el anagrama de ETA se exhibe en el cartel de la convocatoria
J. Arias Borque
San Gil denunció ayer la presencia del anagrama de ETA en la convocatoria de Batasuna
Vitoria- Mientras los tribunales aún no han dicho su última palabra sobre la asamblea que ha convocado Batasuna para el próximo día 21 en Baracaldo (Vizcaya), el presidente del Gobierno dejó entrever ayer su posición respecto al acto que pretende celebrar la formación ilegalizada. José Luis Rodríguez Zapatero dejó claro, de antemano, su respeto a la decisión que puedan adoptar los jueces, pero insistió en que la Constitución consagra el derecho de cualquier ciudadano a reunirse. El jefe del Ejecutivo explicó que hay una línea muy fina entre las restricciones a los derechos fundamentales que se derivan de una ley como la de partidos, que tiene una aplicación muy delicada, y los derechos que reconoce la Carta Magna, entre ellos el de reunión. Mientras, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega subrayó que Batasuna es un ?partido ilegalizado? que ?no tiene ni capacidad jurídica ni posibilidad de hacer ningún tipo de convocatoria?.
?Decencia democrática?. Pese a las palabras de Zapatero, el PP sigue insistiendo en que el Gobierno debe impedir la celebración del acto. El secretario general de los populares, Ángel Acebes, instó ayer al Ejecutivo a mostrar una ?mínima decencia democrática? ante las víctimas del terrorismo y poner en marcha los mecanismos que eviten que ?una organización terrorista? celebre una asamblea política con total impunidad. Su compa?era de partido, y presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, denunciaba precisamente ayer que los carteles que convocan al acto de Batasuna incluyen un anagrama de ETA. Para San Gil es una ?chulería? y ?provocación?, que achacó a la ?falta de firmeza del presidente del Gobierno?. Por ello, reiteró al consejero vasco de Interior, Javier Balza, y al delegado del Gobierno, Paulino Luesma, su exigencia de que impidan la celebración del acto. Idéntica petición ha realizado al Gobierno vasco el Foro de Ermua, que en un comunicado avisó de que si la asamblea se celebra, acudirá a los tribunales para denunciar a ?todos los responsables?. También se sumó a las peticiones de prohibición del acto el vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco, Juan Pablo González, para quien supone ?una burla inaceptable? al Estado de Derecho, informa Efe.
Quienes también se mantienen firmes, pero éstos en su intención de llevar a cabo la asamblea, son los miembros del brazo político de ETA. El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, aseguró que su formación tiene ?la firme voluntad? de celebrar su congreso. Del mismo modo, a?adió que ?el riesgo para unos sectores del Estado es que el acto abre posibilidades ciertas para construir un proceso de paz, y parece ser que es un proceso que algunos no quieren?. Pero el Gobierno vasco no parece estar por la labor de impedir la celebración de la asamblea. Su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, cree que se cometería ?un grave error político y democrático al impedir la consolidación de un proceso de pacificación?.
?Cumbre? fiscal en San Sebastián. A la vista de la actitud del Gobierno, la decisión de no permitir que la asamblea tenga lugar depende de los tribunales. Tres son las vías abiertas para conseguirlo. La primera, la denuncia presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que acusa de colaboración con banda armada a los convocantes de la asamblea. De momento, el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairi?o, acordó ayer remitir la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al considerar que los hechos no son constitutivos de un delito de colaboración, sino de desobediencia. Hoy mismo, el fiscal general del Estado se desplazará a San Sebastián para celebrar una ?cumbre? con los tres fiscales del País Vasco, con el objetivo de ?ser informado detalladamente? acerca de la asamblea de Batasuna. Conde-Pumpido ya ha deslizado que la ilegalización da la formación abertzale ?no suspende los derechos fundamentales de sus ex integrantes aunque no puedan realizar actos orgánicos de partido?.
Pero la vía más seria para abortar la celebración de la asamblea es la que ha puesto en marcha el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que está a la espera de recibir los informes policiales sobre la actividad política de Batasuna para dar traslado a la Fiscalía de los mismos y tomar una decisión al respecto. Por último, la sala especial del 61 del Tribunal Supremo rechazará el próximo lunes la petición de prohibición del acto instada por Manos Limpias, al no estar legitimado el sindicato para plantearla.
El juicio contra el presunto entramado de ETA ha sufrido un nuevo aplazamiento. A la suspensión del proceso durante una semana (decretada el pasado lunes) hay que a?adirle ahora otras dos, una decisión acordada ayer por el tribunal ?con el fin de evitar cualquier atisbo de indefensión? y facilitar que los abogados de los 56 acusados puedan consultar los 100.000 folios de las diligencias previas incorporadas al sumario, un contratiempo que provocó la amenaza de los letrados de no comparecer.
El tribunal, sin embargo, rechaza que exista causa de nulidad. El juicio se reanudará el próximo día 30 y se celebrarán sesiones de lunes a jueves hasta el 13 de febrero para recuperar jornadas.perudenteres tam det forem sim ponsigiliam am te no. Viverbit
Vitoria- Mientras los tribunales aún no han dicho su última palabra sobre la asamblea que ha convocado Batasuna para el próximo día 21 en Baracaldo (Vizcaya), el presidente del Gobierno dejó entrever ayer su posición respecto al acto que pretende celebrar la formación ilegalizada. José Luis Rodríguez Zapatero dejó claro, de antemano, su respeto a la decisión que puedan adoptar los jueces, pero insistió en que la Constitución consagra el derecho de cualquier ciudadano a reunirse. El jefe del Ejecutivo explicó que hay una línea muy fina entre las restricciones a los derechos fundamentales que se derivan de una ley como la de partidos, que tiene una aplicación muy delicada, y los derechos que reconoce la Carta Magna, entre ellos el de reunión. Mientras, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega subrayó que Batasuna es un ?partido ilegalizado? que ?no tiene ni capacidad jurídica ni posibilidad de hacer ningún tipo de convocatoria?.
?Decencia democrática?. Pese a las palabras de Zapatero, el PP sigue insistiendo en que el Gobierno debe impedir la celebración del acto. El secretario general de los populares, Ángel Acebes, instó ayer al Ejecutivo a mostrar una ?mínima decencia democrática? ante las víctimas del terrorismo y poner en marcha los mecanismos que eviten que ?una organización terrorista? celebre una asamblea política con total impunidad. Su compa?era de partido, y presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, denunciaba precisamente ayer que los carteles que convocan al acto de Batasuna incluyen un anagrama de ETA. Para San Gil es una ?chulería? y ?provocación?, que achacó a la ?falta de firmeza del presidente del Gobierno?. Por ello, reiteró al consejero vasco de Interior, Javier Balza, y al delegado del Gobierno, Paulino Luesma, su exigencia de que impidan la celebración del acto. Idéntica petición ha realizado al Gobierno vasco el Foro de Ermua, que en un comunicado avisó de que si la asamblea se celebra, acudirá a los tribunales para denunciar a ?todos los responsables?. También se sumó a las peticiones de prohibición del acto el vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco, Juan Pablo González, para quien supone ?una burla inaceptable? al Estado de Derecho, informa Efe.
Quienes también se mantienen firmes, pero éstos en su intención de llevar a cabo la asamblea, son los miembros del brazo político de ETA. El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, aseguró que su formación tiene ?la firme voluntad? de celebrar su congreso. Del mismo modo, a?adió que ?el riesgo para unos sectores del Estado es que el acto abre posibilidades ciertas para construir un proceso de paz, y parece ser que es un proceso que algunos no quieren?. Pero el Gobierno vasco no parece estar por la labor de impedir la celebración de la asamblea. Su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, cree que se cometería ?un grave error político y democrático al impedir la consolidación de un proceso de pacificación?.
?Cumbre? fiscal en San Sebastián. A la vista de la actitud del Gobierno, la decisión de no permitir que la asamblea tenga lugar depende de los tribunales. Tres son las vías abiertas para conseguirlo. La primera, la denuncia presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que acusa de colaboración con banda armada a los convocantes de la asamblea. De momento, el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairi?o, acordó ayer remitir la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al considerar que los hechos no son constitutivos de un delito de colaboración, sino de desobediencia. Hoy mismo, el fiscal general del Estado se desplazará a San Sebastián para celebrar una ?cumbre? con los tres fiscales del País Vasco, con el objetivo de ?ser informado detalladamente? acerca de la asamblea de Batasuna. Conde-Pumpido ya ha deslizado que la ilegalización da la formación abertzale ?no suspende los derechos fundamentales de sus ex integrantes aunque no puedan realizar actos orgánicos de partido?.
Pero la vía más seria para abortar la celebración de la asamblea es la que ha puesto en marcha el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que está a la espera de recibir los informes policiales sobre la actividad política de Batasuna para dar traslado a la Fiscalía de los mismos y tomar una decisión al respecto. Por último, la sala especial del 61 del Tribunal Supremo rechazará el próximo lunes la petición de prohibición del acto instada por Manos Limpias, al no estar legitimado el sindicato para plantearla.
salu2
