La mayoría de los etarras enfermos excarcelados desde 1996 viven aúnA diferencia del ‘caso Uribetxeberria’, en anteriores procesos no se requirió que el reo estuviera terminal
Mayor Oreja fijó en su etapa en Interior los criterios para dar la libertad condicional por razones de salud
MAYKA NAVARRO
MADRID
La excarcelación de presos enfermos es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la ley general penitenciaria y en el reglamento penitenciario por razones humanitarias. Ninguno de esos textos legales determina si el recluso al que se pone en libertad ha de morir en un determinado periodo de tiempo. Desde que el PP accedió por primera vez al poder en1996, han sido excarcelados 23 presos de ETA, y hay otros 11 reclusos de la banda terrorista que se encuentran en régimen de prisión atenuada y cumplen la pena en su domicilio. A este último grupo no se les ha concedido el tercer grado ni la libertad condicional, pero sí se les ha aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a los reos acceder a un régimen de semilibertad y salir de prisión. Algunos de estos reclusos de ETA han muerto, pero la gran mayoría, años después, todavía viven.
A diferencia del resto de procesos de excarcelación, que se realizaron de una manera discreta y siempre con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el caso de Iosu Uribetxeberria Bolinaga se ha convertido en un polémico culebrón veraniego con todos los ingredientes de sainete preelectoral. Solo la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos en el 2007 provocó un similar revuelo mediático y político.
UN PRECEDENTE / Belén González Peñalva, exmiembro del comando Madrid y una de las interlocutoras de la banda con el Gobierno en las conversaciones de Argel de 1989, fue excarcelada en el 2009 por sufrir un cáncer. Cumple prisión atenuada en su domicilio. En su momento, nadie se preguntó cuánto tiempo le podía quedar de vida. Ni si su enfermedad era o no terminal. González Peñalva vive. Y, por lo que se sabe, se ha desvinculado de ETA pero nunca ha manifestado públicamente ningún tipo de arrepentimiento o perdón.
¿Por qué se tiene ahora en cuenta el tiempo de vida que le puede quedar a Uribetxeberria si no se ha hecho en otros casos? Todo el mundo sabía –en la izquierda aberzale, en el Ministerio del Interior, entre las víctimas y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional– que el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, un gallego riguroso, el primero de su promoción y escrupuloso en el cumplimiento de las leyes, se decantaría por exarcelar al hombre que mantuvo secuestrado a José Ortega Lara. ¿Por qué entonces todo este lío?
En el fondo, el PP no ha hecho más que recoger desde el Gobierno lo que sembró en su relación con las víctimas durante sus años de oposición. Y esas víctimas no han hecho más que mantener un discurso –que dice que todo beneficio penitenciario para un etarra supone una traición– que en los últimos años se ha visto alentado por destacados dirigentes del PP, como el exministro Jaime Mayor Oreja. Curiosamente, fue en la etapa de Mayor Oreja como titular de Interior cuando Instituciones Penitenciarias dictó una circular sobre los criterios que debían aplicarse para excarcelar a un preso enfermo; el texto sugería conceder la libertad condicional a reos con un riesgo de muerte superior al 10% en el plazo de una año o superior al 50% en un plazo de cinco años. Según el informe hospitalario, la probabilidad de que Uribetxeberria muera en los próximos 12 meses es del 90%.
Por otra parte, nadie se ha preocupado de comprobar el estado de salud de otros etarras que en su día fueron excarcelados y que siguen vivos. José Luis Elkoro, uno de los fundadores de Herri Batasuna, de 76 años, está en libertad, con pulsera de control telemática, desde octubre del 2010. Y en febrero de ese mismo año también fue excarcelado Juan José Rego Vidal, uno de los etarras que planearon atentar contra el Rey en Palma de Mallorca en el verano de 1995.
El año pasado, Instituciones Penitenciarias, que dirigía Mercedes Gallizo, también puso en libertad a Sagrario Ioldi Múgica, de 55 años, condenada por colaborar en los secuestros del abogado Cosme Delclaux y del empresario José María Aldaya. En prisión desde el 2002, abandonó la cárcel en septiembre del 2011, por enfermedad mental incompatible con su estancia en prisión. También José Ramón Foruria, por un cáncer en la vejiga, y Juan Pablo Diéguez Gómez recuperaron la libertad.
Otros etarras que están en libertad controlada desde el 2008 son María Dolores Gorostiaga, con cáncer de pecho, y Ángel Carlos Figueroa Fernández, aquejado de epilepsia. En el 2009 quedaron en libertad Mikel Gil Cervera, que intentó suicidarse en prisión, y Bautista Barandalla.
En algunos casos, el Gobierno o el juez tuvieron en cuenta el efecto negativo que podía tener la cárcel en la grave enfermedad que padecían los reclusos aunque esta no fuera mortal. Por ejemplo, el exmiembro del comando Bizkaia José Manuel Azkárate Ramos fue excarcelado en 1992 por padecer varices esofágicas. El pasado marzo, 20 años después, fue detenido en Francia por incumplir las comparecencias que le habían sido impuestas desde junio del 2011. Quedó en libertad, con nuevas medidas de control, el mismo día.
Pero otros mueren. Esteban Esteban Nieto, compañero de De Juana Chaos en el comando Madrid y condenado a 3.150 años de prisión por 21 asesinatos, fue excarcelado en abril de 1999 tras serle diagnosticado un cáncer hepático terminal. Murió cinco meses después. Santiago Díaz Uriarte apenas llevaba cuatro años en prisión de los 46 a los que había sido condenado cuando se le detectó un tumor y quedó en libertad. Murió a los pocos meses.
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