Cinco personas procesadas
La juez impone una fianza de 1,6 millones a la UGT de Asturias por saquear los cursos de formación
La magistrada abre juicio oral y señala al sindicato como responsable subsidiario del desvío de casi 1,5 millones de euros
Agentes de la UCO de la Guardia Civil registran la sede de la UGT de Asturias, en 2017, en Oviedo.
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ESTEBAN URREIZTIETA | MADRID
06/06/2020 13:30
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El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha abierto juicio oral por un delito de fraude de subvenciones a la UGT de Asturias y le impone una fianza de 1,6 millones de euros. La decisión la acaba de adoptar después de que la Audiencia Provincial de Oviedo haya rechazado todos los recursos de la organización sindical y de cinco ex dirigentes, entre ellos el ex secretario general, Justo Rodríguez Braga, a los que la Fiscalía atribuye el desvío de 1,4 millones entre los años 2010 y 2014 procedentes de cursos de formación.
El auto de la juez María Luisa Llaneza, al que ha tenido acceso EL MUNDO, contra el que no cabe recurso, ha fijado la citada fianza para todos los acusados, considerando a la UGT como responsable subsidiario. La instructora advierte a todos ellos de que si no depositan esa cantidad, embargará automáticamente todos sus bienes.
La investigación sobre el desvío de fondos de los cursos de formación por parte de la UGT asturiana comenzó en 2014 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras descubrir una operativa similar en la delegación de Andalucía de la organización sindical.
El Ministerio Público ha pedido que Rodríguez Braga sea condenado a una pena de 10 años de prisión por haber acometido un "desvío sistemático" de fondos a través de un entramado societario vinculado a él con el que teóricamente se dedicada a organizar cursos formativos.
DINERO DEFRAUDADO, 1,2 MILLONES DE EUROS
A juicio de la Fiscalía, "se llevó a cabo una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical".
El dinero distraído fue empleado, según ha acreditado la investigación, al pago de gastos estructurales de la UGT asturiana, fundamentalmente para cubrir los costes de su personal laboral. Pero también para capitalizar una sociedad denominada Infastur, con la que se cubrieron las pérdidas de una promoción inmobiliaria desarrollada por la cooperativa de vivienda del sindicato.
El Ministerio Público estableció que la distracción de fondos se instrumentó "mediante diversos subterfugios con lo que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoge en que incurrían".
La Intervención General del Estado cuantificó en 1.462.666 euros el dinero desviado durante cuatro años, ocasionando un fraude que eleva a 1.176.443,41 euros.
