Radiografía de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil: ¿defensa de los derechos laborales o altavoz ultra?
Jupol y Jucil convocaron una manifestación el 18 de abril que contó con la participación del portavoz nacional de Seguridad de Vox y del diputado popular Pedro Muñoz Abrines.
La extrema derecha también convocó una rueda de prensa en Catalunya de la mano de siete asociaciones y sindicatos, donde se acusó al ministro Marlaska de "trocear nuestra soberanía" para "seguir en la Moncloa".
El SUP firmó hace dos años acuerdos para entrenar a sus agentes con Desokupa, pero rechaza enmarcar esta alianza en un patrón ideológico. "Las colaboraciones no implican asumir su identidad ni su posicionamiento", argumentan a Público.
Manifestación de policías y guardias civiles convocada por Jupol y Jucil, hace una semana en Madrid.
Manifestación de policías y guardias civiles convocada por Jupol y Jucil, hace una semana en Madrid.Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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Víctor López
Madrid
02/05/2026 20:40
Actualizado a02/05/2026 20:47
"No puede haber policías de primera y [policías] de segunda: nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro riesgo valen lo mismo y exigimos el mismo trato". Este fue uno de los puntos estrella del manifiesto que congregó a 4.500 policías y guardias civiles -según datos de la Delegación del Gobierno- el sábado 18 de abril en el centro de Madrid. "Se acabaron las excusas (...). Si el Gobierno no cumple, nos va a tener en la calle todas las veces que haga falta", reivindicó el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, frente al Congreso de los Diputados. El sindicato lleva desde su fundación orbitando entre la derecha y la extrema derecha. La última manifestación que convocaron contó con la participación del portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. Y también se dejó ver entre pancartas y banderas rojigualdas el diputado popular Pedro Muñoz Abrines.
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Vox en Catalunya se reunió tres días después con los sindicatos y asociaciones que operan en la comunidad: SUP, AEGC, AUGC, APC, CEP, Jupol y Jucil -su homóloga en la Benemérita-. El diputado de la formación ultra en el Parlament Sergio Macián de Greef convocó una rueda de prensa tras el encuentro en la que estuvo acompañado por los representantes de las distintas organizaciones, una comparecencia que sirvió para criticar "el maltrato sistemático" que sufren los policías y guardias civiles en la comunidad y rechazar los acuerdos del PSOE con ERC o Junts: "Marlaska se presenta como un patriota y defensor de nuestra soberanía pero la está troceando y vendiendo con tal de seguir en la Moncloa". Los delegados sindicales asintieron, cada uno con su carpeta, cada uno luciendo sus siglas. ¿Las asociaciones policiales están ahora más escoradas a la derecha que hace unos años? ¿Por qué se definen como "apolíticas" si se posicionan generalmente contra las iniciativas y formaciones de izquierdas? ¿Cómo de habitual es este sesgo en sus comunicados y publicaciones?
Los sindicatos de la Policía Nacional
Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre los sindicatos policiales y las asociaciones -que no sindicatos- presentes en la Benemérita. Y dentro de los sindicatos, poner el foco en los que tienen representación en el Consejo de la Policía, órgano paritario de representación entre el Ministerio del Interior y los funcionarios del Cuerpo. Las seis organizaciones con asientos en esta mesa son las que se supone que tienen más fuerza y número de militantes. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ganó las últimas elecciones y dispone ahora de cuatro vocales en el Consejo. Jupol tiene el mismo número de representantes. El Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Confederación Española de Policía (CEP) tienen, respectivamente, dos vocales. Y completan la lista la Unión Federal de Policía (UFP) y Equiparación Ya, cada una con un miembro.
El SUP y Jupol posiblemente sean los dos sindicatos más politizados del Cuerpo, una máxima que, sin embargo, niegan fuentes de ambas organizaciones en declaraciones a Público. El primero tiene un recorrido histórico en la Policía Nacional, nació hace cinco décadas en los albores de la democracia y representa desde hace dos años a "un tercio" de los agentes. El secretario general es desde el pasado mes de diciembre Carlos Prieto, que terminó con los casi doce años de liderazgo de Mónica Gracia. "La junta directiva es con todo bastante continuista", reconocen a este diario fuentes de la Policía.
La última polémica que salpicó al sindicato se remonta a dos años atrás. El SUP firmó una serie de acuerdos para entrenar a sus agentes con Desokupa, una empresa ampliamente conocida por desalojar viviendas con prácticas que rozan los límites de la legalidad. La iniciativa provocó una estampida de afiliados de esta organización a otros sindicatos, tal y como avanzó en su momento Público. El SUP rechaza enmarcar esta alianza en un patrón ideológico y argumenta: "Las colaboraciones con Desokupa no implican asumir su identidad ni su posicionamiento. El criterio del sindicato es siempre el beneficio concreto para los policías, no la etiqueta de quien colabora". La organización también agradeció públicamente a la empresa ultra la "donación de chalecos antibalas" y el "apoyo" brindado a sus reivindicaciones "históricas".
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En lo que va de legislatura, las críticas han sido habituales contra todo lo que gira en torno al Gobierno. El SUP se refirió a los representantes de EH Bildu como "cobardes y ruines" y cargó contra la ley de amnistía que más tarde avaló el Tribunal Constitucional. "Se está convirtiendo en una barra libre para todos los delincuentes de baja calaña", tuiteó el sindicato en noviembre de 2023. Los comunicados que tiene colgados en su página web tampoco dejan lugar a dudas. El SUP anunció en los últimos dos años varias "querellas" contra Ione Belarra por "calumnias" o "delito de odio" y mostró su "absoluta indignación" por la manera en la que se sucedieron las masivas protestas durante La Vuelta 2025 contra el genocidio en Palestina. La dirección del sindicato también rechazó "frontalmente" la reforma de la Justicia que planteó en verano Félix Bolaños y pidió explicaciones por "la utilización de recursos para la protección personal" de Sarah Santaolalla, que denunció repetidamente el "acoso" del agitador ultra Vito Quiles. "Las críticas no responden a ninguna ideología, sino a decisiones concretas que afectan al trabajo policial. Y se harían exactamente igual con cualquier otro Ejecutivo", insisten desde el SUP.
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Jupol nació casi cuatro décadas más tarde, durante los primeros meses de Pedro Sánchez en La Moncloa. El sindicato empató en las últimas elecciones con el SUP, perdiendo así la hegemonía que había tenido desde 2019. Aarón Rivero es el secretario general de la organización, un rostro que concede con frecuencia entrevistas a medios conservadores. Jupol se manifestó en contra de la regularización extraordinaria de migrantes y salió en defensa del portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, tras hacerse pública la sentencia que lo inhabilita durante diez meses para el ejercicio de su cargo -como policía- por un delito electoral cometido al haber participado en un acto de Vox siendo policía en activo en las municipales de 2023. "Es un policía ejemplar que ha demostrado a lo largo de su trayectoria un compromiso incuestionable", reza el comunicado emitido al respecto. El sindicato también ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y difundió en sus redes el bulo de que el Gobierno había pactado la salida de ETA de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, pese a que salieron a desmentirlo tanto el ministro de Exteriores como La Moncloa.
"No somos un partido político ni aspiramos a serlo, somos un sindicato profesional de la Policía Nacional. (...) Nuestra acción no se guía por coordenadas ideológicas", defienden desde Jupol en una conversación con Público. El sindicato, preguntado por sus frecuentes apariciones públicas de la mano de Vox, responde de la siguiente manera: "Jupol se reúne y habla con todos los partidos políticos que quieran escuchar las reivindicaciones de los policías". El hecho de que la organización decida entrar a unos debates políticos y guardar silencio ante otros no tiene que ver -insisten- con un "sesgo ideológico", sino que se trata de una "delimitación" de su "ámbito de actuación". Las dudas no terminan aquí. Santiago Abascal lució durante el nacimiento del sindicato una pulsera de Jusapol, matriz tanto de Jupol como de Jucil. El sindicato se lo agradeció a través de X, entonces Twitter. "El hecho de que un dirigente político haya mostrado públicamente apoyo a una reivindicación concreta, como la equiparación salarial, no implica que exista una relación orgánica o ideológica", matizan ahora desde la asociación.
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El Sindicato Profesional de Policía (SPP) tiene un perfil más técnico y centrado en cuestiones generalmente profesionales. La Confederación Española de Policía (CEP), por su parte, intensificó sus críticas contra el Gobierno y el Consejo de Ministros desde las elecciones generales de 2023. El sindicato que dirige Antonio Labrado Manzano anunció que le iba a retirar un premio a Marlaska en marzo del año pasado por los "reiterados desprecios" que venían recibiendo los agentes. La distinción le había sido concedida en 2010. La CEP también acusó al PSOE de intentar "boicotear" la directiva para declarar a los policías "profesión de riesgo" y tachó de "provocación" la postura al respecto del Ministerio del Interior. Las críticas hacia la derecha o la extrema derecha son prácticamente invisibles. El sindicato no ha respondido a las preguntas de Público.
La Unión Federal de Policía (UFP) es el quinto de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía. La asociación acumula denuncias por supuesta malversación y estuvo en el centro de la polémica por la difusión de un bulo xenófobo sobre las violaciones grupales. UFP protagonizó además decenas de titulares en 2019, cuando salió en defensa de Ciudadanos y criticó un informe policial que negaba las agresiones y la "violencia" que habían denunciado los de Albert Rivera durante la marcha del Orgullo. En lo que va de legislatura, la asociación ha presentado denuncias contra Ione Belarra y contra el "podemita" Fonsi Loaiza, pero también ha exigido a Vox y Javier Ortega-Smith que dejaran de "coaccionar" a las unidades policiales desplegadas durante las manifestaciones contra la amnistía en noviembre de 2023.
"Nosotros nos reunimos con cualquier actor político o institucional que esté dispuesto a escuchar nuestras demandas y trabajar en beneficio del colectivo. A finales de 2024 y principios de 2025, mantuvimos encuentros con PSOE y Sumar. La reiteración de promesas incumplidas y determinadas decisiones que consideramos una falta de respeto hacia los profesionales han impedido dar continuidad a esas reuniones", señalan desde la UFP. "El PP o Vox tienen contacto habitual con las organizaciones sindicales policiales. En algunos casos, han trasladado a las sedes parlamentarias iniciativas previamente planteadas por la UFP. (...) La postura es clara: nos reunimos con quien escucha y atiende nuestras reivindicaciones", insisten las mismas fuentes.
Equiparación Ya (EYA) es el último sindicato con asiento en el Consejo, una marca minoritaria que tiene como "único fin" la "equiparación salarial" con las policías autonómicas y locales.
Los sindicatos de la Guardia Civil
La Guardia Civil no tiene sindicatos como tal por su naturaleza militar y su carácter de fuerza armada, una condición que lleva asociadas una serie de restricciones constitucionales. La Benemérita funciona en base a organizaciones y reparte igualmente un número de asientos en el Consejo de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) recuperó el liderazgo tras las últimas votaciones al conseguir cinco vocales, dos más que Jucil (3). La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), la Unión de Oficiales (UO) y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) obtuvieron todas ellas dos vocales. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la lista de Independientes de la Guardia Civil (IGC) lograron un asiento cada una.
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La AUGC tiene sus orígenes en la Transición, es por tanto una organización histórica dentro de la Guardia Civil. Esta plataforma es ahora mismo mayoritaria en el Consejo y "también en términos de afiliación", subrayan desde el colectivo, reuniendo en sus filas a cerca de 27.000 agentes de la Benemérita. "La AUGC tiene delegaciones en todas las provincias. Esto es básico para tener un trato cercano", señala Olaya Salardón, portavoz nacional de la asociación. La AUGC se define como "apolítica", pero los comunicados y la hemeroteca denotan cierta inclinación hacia posturas progresistas, siendo una suerte de excepción en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Lo que podemos decir es que somos por encima de todo democráticos, nos reunimos con todos los partidos políticos e intentamos sacar beneficios laborales para nuestros trabajadores, sin entrar en debates que no afecten a los derechos profesionales de la Guardia Civil", precisan desde la AUGC. La Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (LODD), les prohíbe expresamente posicionarse y actuar al margen de la "neutralidad política" en el Cuerpo.
Jucil es la siguiente asociación en número de vocales y afiliados. La filial de Jusapol en la Guardia Civil tiene posturas más próximas a las de la derecha y la extrema derecha, una tendencia similar a la de Jupol. "La corrupción ya alcanza siete ministerios. ¿Tenemos suficiente UCO para tanto corrupto? #VivaLaUCO", publicaron hace un año y medio en Twitter. "IMPRESIONANTE despliegue policial por la declaración de Begoña Gómez. Para LUCHAR contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, ¿dónde están los efectivos y medios necesarios?", reivindicaron a través de la misma red social. La Guardia Civil abrió en su día expedientes contra los agentes de la plataforma que habían participado en las manifestaciones contra la amnistía. Y sancionó también al portavoz Agustín Leal, autor de un mensaje en el que acusaba al presidente del Gobierno de cometer "la mayor felonía" por su pacto con los partidos independentistas.
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"Jucil no tiene ideología ni posicionamiento político alguno: somos una asociación estrictamente apolítica", argumentan desde el colectivo en conversación con Público. La organización dice reunirse con "todos los partidos y grupos parlamentarios que nos quieren recibir", exceptuando a los diputados, senadores y concejales de EH Bildu, "los herederos de ETA, por razones obvias", insisten desde la plataforma. Y como "clara muestra" de que no están "ideologizados", explican que recientemente se han reunido y han presentado iniciativas en un foro integrado "principalmente" por Junts y ERC, ambas formaciones independentistas. "No se nos puede etiquetar basándose en publicaciones que, simplemente, reflejan la realidad de nuestra labor reivindicativa. (...) No pedimos la dimisión de representantes del PP o de Vox porque no están en el poder", terminan de argumentar. La asociación se ha reunido con la derecha y con la extrema derecha en los últimos dos años en comunidades y territorios gobernados precisamente por los populares.
La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), la Unión de Oficiales (UO) y la lista de Independientes de la Guardia Civil son mucho más minoritarias y centran sus comunicados en aspectos técnicos y peticiones profesionales, además de utilizarlos para publicitar "cursos y formaciones". Lo mismo ocurre con la Asociación de la Escala de Suboficiales (ASES-GC), también "más técnica" y con menos incidencia política, señalan fuentes de la Benemérita. "Lo normal, de hecho, es reunirse con todos los grupos políticos y buscar acuerdos. El problema es que Vox, por ejemplo, aprovecha estas reuniones y las hace públicas [mediante comparecencias, imágenes, vídeos] para hacer creer que quienes representan el orden están de su lado", señalan fuentes conocedoras de esas reuniones.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) es una de las últimas -también minoritaria- en completar el actual Consejo de la Benemérita. Esta organización nació en 2008, fruto de la unión de tres plataformas anteriores. Los comunicados vuelven a ser fundamentalmente relativos a cuestiones técnicas, incidencias o resoluciones. Las redes sociales son -ligeramente- más tendenciosas. La AEGC comparte a menudo noticias de The Objective, El Mundo o El Debate. Y pone en valor el papel de la UCO en investigaciones como las que cercan al hermano de Pedro Sánchez o llevaron a la condena del fiscal general del Estado. "La UCO sufrió una falta de apoyo importante pese a estar dando unos tan buenos resultados con sus pesquisas. (...) Lo que queremos es defender su trabajo y que no se ponga en duda, pero no es una cuestión de sesgos, porque ahora está investigando a este Gobierno, pero antes hizo lo mismo con otros del PP", defienden desde la AEGC. La asociación sitúa su única "línea roja" en EH Bildu, como hace también Jucil. "Y no es por un veto ideológico, sino porque no nos reunimos con partidos políticos que no condenan el terrorismo. Los demás, todos tienen las puertas abiertas para escuchar nuestras propuestas", aseguran desde la AEGC
