Autor Tema: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado  (Leído 113489 veces)

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #940 en: 04 de Marzo de 2021, 10:00:24 am »


Un sindicato pide al juez que anule la "lista negra" en la Policía con los que no quieren vacunarse


ASP pide la suspensión cautelarísima de la circular por la que la dirección obliga a los agentes que rechazan inmunizarse a dejar constancia por escrito / El sindicato reclama también que se administre una vacuna “de más eficacia” que la de Astrazeneca
ANTONIO SALVADOR 
26/02/21 - 17: 43
 
   
Un grupo de policías nacionales, de servicio en la Puerta del Sol de Madrid.
Un grupo de policías nacionales, de servicio en la Puerta del Sol de Madrid. EP

Un sindicato ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que suspenda de forma cautelar el proceso de vacunación en la Policía Nacional al entender que la orden de la Dirección General que obliga a los agentes que no quieran vacunarse a rellenar un formulario para dejar constancia por escrito conculca el derecho a la intimidad de esos funcionarios.


Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha interpuesto este jueves un recurso en el que solicita que, mientras se entra en el fondo y se resuelve el pleito, la Sala de lo Contencioso-Administrativo decrete la suspensión cautelarísima de la circular dictada el pasado lunes por la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación en la que se daba órdenes para crear una «lista negra». El Cuerpo ha dejado claro que no adoptará medidas disciplinarias contra los funcionarios que renuncien a inmunizarse.

«Conocido es que la vacunación es un acto voluntario en todo el territorio nacional y, por ello, con la finalidad de facilitar la gestión del proceso, todas aquellas personas que no deseen hacerlo han de manifestarlo previamente mediante la presentación de minuta en las secretarías de las unidades territoriales de las que dependen. Con este gesto se tratará de utilizar las dosis exactas evitando su desaprovechamiento», detalla la citada instrucción.



Circular impugnada por ASP en la jurisdicción contencioso-administrativa.
En su recurso, al que ha tenido acceso El Independiente, ASP defiende que la obligación de «plasmar por escrito» la renuncia a inocularse no encuentra amparo «en norma de rango legal» alguno y por el contrario supone una vulneración tanto del derecho a la intimidad como de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En su artículo 7, esta norma establece que «toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley».

El sindicato, que en el mandato anterior tenía representación en el Consejo de Policía, aprecia que concurre en el caso el requisito de la «especial urgencia» que exige la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa por cuanto el plan de vacunación ya se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. «A la meritada circular se le está dando cumplimiento de forma inmediata, estando sometidos los destinatarios de dicha circular a una relación de especial sujeción para con la Administración y ello, además, en un Cuerpo especialmente jerarquizado como lo es el de la Policía Nacional», argumenta.


ASP reclama también que se administre a los policías una vacuna «de más eficacia» que la de Astrazeneca

ASP plantea que, mientras se sustancia el recurso, la Dirección General continúe con el plan normal de vacunación conforme a los protocolos correspondientes pero invirtiendo el sistema: que sean los agentes que sí deseen inmunizarse los que dejen constancia por escrito, nunca al revés. Así es como se detallaba en el oficio que la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco emitió el pasado 19 de febrero: «(…) se hace necesario que todas las dependencias policiales de esta Jefatura Superior del País Vasco elaboren una relación en la que figuren todos aquellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía menores de 56 años que manifiesten su deseo de recibir las correspondientes dosis de la precitada vacuna».

Como viene informando este diario, los policías nacionales destinados en Madrid -comunidad que cuenta con unos 21.500 efectivos disponibles de los 25.000 que prevé el catálogo de puestos de trabajo- han empezado este viernes a recibir la primera dosis, como ha informado la Dirección General en un vídeo publicado en su perfil oficial en Twitter que sorpresivamente ha retirado con posterioridad. En dichas imágenes se veía a los funcionarios en el polideportivo del complejo policial de Carabanchel, uno de los dos puntos que se han habilitado para este fin.

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #941 en: 03 de Mayo de 2021, 13:38:21 pm »

Crisis en el sindicato de Policía: el líder intenta relegar a su 'número dos' con la oposición de Jusapol


José María García trata de evitar que el actual Secretario de Organización sea su sucesor cuando se materialice la sanción de 14 meses y medio que le va a imponer la Dirección de la Policía / Jusapol también rechaza la creación de nuevas secretarías
ANTONIO SALVADOR 
02/05/21 - 00: 06
   

El secretario general de Jupol, José María García, en una concentración.
El secretario general de Jupol, José María García, en una concentración organizada por el sindicato. EP

El secretario general del sindicato Justicia Policial (Jupol), José María García, intenta imponer una nueva dirección relegando a su actual número dos y creando nuevas secretarías en vísperas de que la Dirección General de la Policía confirme la sanción de 14 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo que le ha propuesto por la comisión de sendas faltas. El plan es rechazado de plano por Jusapol, la asociación constituida en 2017 para exigir la equiparación salarial y de la que ha nacido el sindicato.


Según ha podido conocer El Independiente, José María García quiere remover a Aarón Rivero de la Secretaría de Organización y colocar en su lugar a otro integrante del comité ejecutivo nacional de su máxima confianza. Sobre el papel, esta persona sería la encargada de sucederle si, como todo hace indicar, la Dirección de la Policía materializa en los próximos días la doble sanción.

Lejos de respaldar la propuesta, Jusapol no autoriza la modificación de la estructura de dirección de su sindicato en el Cuerpo Nacional al no considerar necesario en este momento ni cambiar de responsabilidad a Aarón Rivero ni crear nuevas secretarías. En las conversaciones que vienen manteniendo en las últimas semanas ya le han transmitido a García que esa medida sólo contaría con su aprobación si las bases o los comités provinciales se pronuncian de manera mayoritaria a favor de reforzar el organigrama para fortalecer el trabajo que realiza la organización.


Jusapol rechaza el plan del secretario general de su sindicato y le insta a que convoque una asamblea extraordinaria

Las fuentes han indicado que Jusapol le ha pedido al secretario general de Jupol que convoque una asamblea extraordinaria para que pueda explicar la situación en la que se encuentra por las dos propuestas de sanción que tiene sobre la mesa e informe tanto de las cuentas del sindicato como del estado en que se encuentra la auditoría externa que el código ético obliga a realizar cada dos años. La intención es que en esa reunión se apruebe la celebración de elecciones anticipadas -ordinariamente no correspondería hasta febrero de 2024- para elegir a una nueva dirección debido a la situación sobrevenida por la suspensión del actual líder.


El pasado 14 de abril, la Comisión de Personal y Proyectos Normativos analizó las dos propuestas de sanción que el instructor ha planteado para el subinspector José María García, con plaza en la Jefatura Superior de Asturias pero liberado para tareas sindicales. El castigo está tan sólo a la espera de que firme la resolución la Dirección de la Policía.

Uno de los expedientes sancionadores tiene que ver con la condición de administrador único de Excavaciones y Asfaltos Avilés SL que el hoy secretario general de Jupol mantuvo desde noviembre de 2015 -fecha en que esta empresa asturiana dedicada a la construcción y reparación de carreteras inició sus operaciones- hasta finales de abril de 2018, semanas después de la constitución del sindicato y su nombramiento como secretario general.


García compaginó su trabajo como funcionario policial con dicha responsabilidad mercantil sin que previamente lo hubiera autorizado el Ministerio del Interior, como es preceptivo. El instructor considera este hecho como una falta «muy grave» y ha propuesto que se le sancione con un año de suspensión de funciones.

«Nos informaron mal»
«[La] abrí con mi primo cuando falleció mi padre y a los cuatro meses mi tío, que era hermano de mi madre. El hombre me pidió el favor, miramos en su momento el tema de la incompatibilidad y nos informaron mal. Yo me puse como administrador único. Esa empresa que nunca dio beneficios», ha justificado García. Éste justifica los expedientes como reacción por las querellas interpuestas contra el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

El segundo expediente ha sido por una falta grave, derivada de una «desconsideración» hacia un superior. El episodio tuvo lugar el pasado 16 de septiembre a las puertas del Congreso de los Diputados, donde Jusapol desarrolló una concentración con ataúdes simulados para denunciar la falta de un protocolo antisuicidios mientras el presidente del Gobierno lamentaba profundamente la muerte del preso de ETA Igor González.

«[El secretario general de Jupol] se dirigió a los asistentes, micrófono en mano, haciendo comentarios contra el jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) al mando, por no dejar pasar un camión, del tenor literal siguiente: ‘(…) No tiene usted ni ética, ni honor, ni dignidad ninguna’, volviendo a repetir más tarde ‘No tiene ni ética ni moral’, comenzando los manifestantes a gritar ‘Fuera, fuera, fuera…’. La grabación de estos hechos ha sido publicitada en Youtube y otras redes sociales», describe la propuesta de sanción, de dos meses y 15 días de suspensión de funciones.

Un afiliado pide al juez que obligue al líder de Jupol a detallar sus gastos sindicales
ESPAÑA
Un afiliado pide al juez que obligue al líder de Jupol a detallar sus gastos sindicales
No es el único frente que tiene abierto en este momento José María García. Como informó este diario, un afiliado de Jupol ha interpuesto una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y a su secretario general a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados por él desde 2019.

«Dispendio en viajes y comidas»
El demandante acude a los tribunales después de pedir sin éxito la documentación económica al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité de Garantías, Derechos y Finanzas de Jupol, órgano éste que le respondió que no había observado «ninguna incidencia» que justificara su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas -como «dispendios en viajes y comidas» y compra de cuentas bots para «silenciar las críticas y quejas de los afiliados»- al no aportarse ningún indicio que demostrara los hechos relatados.

En el recurso se acusa a José María García de propiciar un cambio de los estatutos para «suprimir los controles económicos y financieros» de la organización y tomar el control de las funciones atribuidas hasta ese momento a la Secretaría de Finanzas. «Desde ese momento es el único que tiene las claves de las cuentas, dispone de los fondos y autoriza los pagos y gastos del sindicato», expone.

A la espera de que se conozcan los resultados de la auditoría que Jupol asegura estar ya realizando, el último ejercicio sobre el que el sindicato ha ofrecido datos económicos es el correspondiente a 2019. Entonces los «gastos de desplazamiento y representación» fueron la tercera partida más gravosa de la organización al suponer el 14,79 % del total (sólo superado por la contratación del seguro de cobertura para sus afiliados y el coste en abogados y asesoría). El sindicato no detalló entonces a cuánto ascendieron sus gastos, tan sólo sus ingresos: 1.322.687,72 euros.

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #942 en: 03 de Mayo de 2021, 13:39:18 pm »

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #943 en: 03 de Mayo de 2021, 13:40:58 pm »
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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #944 en: 04 de Mayo de 2021, 20:17:29 pm »
Los sindicatos policiales profesionales...no me voy a pronunciar porque me meten un delito de injurias.

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #945 en: 07 de Mayo de 2021, 06:24:18 am »

Dirigentes de Jupol se rebelan contra el líder y fuerzan una reunión para echarlo
Cinco de los seis integrantes del actual comité ejecutivo dan el primer paso para descabalgar a José María García y convocar elecciones para renovar la dirección / La ruptura tiene lugar tras la demanda con la que un afiliado exige conocer las cuentas
Antonio Salvador
05/05/21 - 16: 48   



El secretario general de Jupol, José María García (tercero por la izquierda), y otros miembros del comité ejecutivo. @JUPOLNACIONAL

El secretario general del sindicato Justicia Policial (Jupol), José María García, se queda solo. El resto de integrantes del comité ejecutivo nacional ha solicitado una reunión de la junta directiva para aprobar la celebración de una asamblea extraordinaria en la que se lleve a cabo la destitución del líder y se convoquen elecciones para elegir a la nueva dirección de la organización.

La petición se detalla en un escrito firmado por cinco de los seis componentes de la junta directiva de Jupol -Aarón Rivero, Pablo Pérez, Laura Mª González, Fernando Guillermo Calleja y José Ignacio Valverde; todos menos García- y registrado este miércoles ante la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, según ha podido confirmar este diario. En su artículo 36, los estatutos de la organización -mayoritaria en el Cuerpo tras las elecciones celebradas en junio de 2018- establecen que la reunión tendrá que celebrarse «en el plazo de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud».

Las fuentes consultadas por El Independiente aseguran que los firmantes del documento han dado este paso después de haber fracaso el diálogo que se ha venido manteniendo en las últimas semanas para tratar de «reconducir la situación» y ante el temor de que el secretario general les destituyera de sus cargos y no pudiera convocarse la asamblea extraordinaria. El motivo exclusivo que alegan para justificar la decisión de apartar a José María García es la «gestión» realizada por éste y el modo «autoritario» en que ha tratado de imponer cambios en la estructura del comité ejecutivo

La ruptura en el seno del comité ejecutivo nacional de Jupol ha estallado a raíz de que un afiliado, Jandro Lion, interpusiera una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y a su todavía secretario general a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados por él desde 2019. Otras fuentes niegan que este procedimiento civil haya influido en la decisión de forzar la reunión de la junta directiva para convocar la asamblea extraordinaria.

El demandante acudía a los tribunales después de pedir sin éxito la documentación económica al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité de Garantías, Derechos y Finanzas de Jupol, órgano éste que le respondió que no había observado «ninguna incidencia» que justificara su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas -como «dispendios en viajes y comidas», alquiler de un coche de alta gama y compra de cuentas bots para «silenciar las críticas y quejas de los afiliados»- al no aportarse ningún indicio que demostrara los hechos relatados.

    La ruptura se produce tras la demanda con la que un afiliado exige conocer los gastos realizados por el líder del sindicato

En el recurso se acusa a José María García de propiciar un cambio de los estatutos para «suprimir los controles económicos y financieros» de la organización y tomar el control de las funciones atribuidas hasta ese momento a la Secretaría de Finanzas. «Desde ese momento es el único que tiene las claves de las cuentas, dispone de los fondos y autoriza los pagos y gastos del sindicato», expone.

Como viene informando este diario, el secretario general de Jupol ha intentado en las últimas semana modificar la estructura del comité ejecutivo nacional relegando al Secretario de Organización, Aarón Rivero, y ampliando el número de secretarías. Ese plan ha encontrado el rechazo de la matriz (Jusapol), partidaria de que se convocara una asamblea extraordinaria para que García diera explicaciones sobre los gastos y la situación personal en la que se encuentra por los expedientes que le ha abierto la Dirección General y se convocaran elecciones.

Al superar los firmantes del escrito la mitad más uno de los integrantes del comité ejecutivo, como exigen los estatutos, la junta directiva de Jupol tendrá ahora que reunirse -antes del 20 de mayo- para poner fecha a la asamblea en la que se propondrá a las bases convocar elecciones anticipadas para renovar la dirección con la elección de un nuevo secretario general y de las personas que ocuparán las secretarías. Como prevén los estatutos en su artículo 38, al máximo responsable sólo lo puede remover de su puesto la asamblea que lo eligió.

El secretario general del sindicato Justicia Policial (Jupol), José María García, se enfrenta a una propuesta de sanción de un año de suspensión de funciones como presunto autor de una […]

El movimiento de sus compañeros del comité ejecutivo para descabalgarlo se produce en vísperas de que la Dirección General de la Policía materialice la sanción de 14 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo a José María García como autor de dos faltas, una grave y una muy grave. Esta última ha sido por ejercer como socio y administrador único de una empresa familiar durante dos años y medio sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad.

Constituido en abril de 2018, el sindicato no ha presentado aún los resultados de la auditoría externa que debe realizar cada dos años, como exige su código ético. Esta falta de transparencia es una de las principales críticas a la gestión de José María García, al que se reprocha también que se haya desentendido de la reivindicación de la equiparación salarial «total y absoluta» cuando fue ése el objetivo que alumbró el nacimiento de Jusapol y la posterior creación de sus brazos en la Policía (Jupol) y la Guardia Civil (Jucil).


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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #946 en: 05 de Junio de 2021, 06:12:52 am »

El principal sindicato de la Policía Nacional estalla en una guerra interna por su control


Los afiliados de Jupol aprueban en asamblea por mayoría el cese de su secretario general

Jesús Hierro

BARCELONA
Actualizado:04/06/2021 09:11h


La crisis interna es de tal calibre que amenaza con reventar el sindicato. Jupol irrumpió en 2018 con el ánimo de reivindicar los derechos de los policías nacionales con unas maneras, en el fondo y en la forma, mucho más contundentes que los sindicatos tradicionales. Su espíritu encandiló rápidamente a buena parte de los agentes del Cuerpo, convirtiéndose en el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Ahora, las guerras desatadas en su seno han acabado por apear de su puesto al secretario general

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #947 en: 05 de Julio de 2021, 07:13:41 am »

Revuelo en la Policía por el “evento familiar” de la líder del SUP en dependencias del cuerpo
Los asistentes entraron en varios coches un sábado por la noche en el complejo de la División de Formación y Perfeccionamiento en Carabanchel
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Las cámaras de seguridad de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional recogieron la entrada inusual de unos cinco vehículos que ingresaron el pasado sábado 29 de junio alrededor de las 10 de la noche en el complejo policial, según varias fuentes del cuerpo. La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica García, entró con parte de su familia y esto ha generado cierto revuelo entre los sindicatos.

Esta sede de la Policía es un gran complejo ubicado en la Plaza de Carabanchel de Madrid compuesto por lo que se conocía como Finca de Vista Alegre, un parque público en el que se encuentran un palacio del siglo XIX, el Real Conservatorio de Danza (donde antes estuvo el Orfanato Nacional del Pardo) y varios edificios históricos de la Policía.

Ahora en el complejo se ubican el Centro de Altos Estudios Policiales y la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de la Policía, y también allí tienen sus oficinas centrales, en un espacio cedido por el Ministerio del Interior, la mayoría de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía: JUPOL -mayoritario-, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de la Policía (UFP).

Según el relato recabado de varias fuentes internas, la entrada de esos vehículos al edificio se explica porque esa noche del sábado 29 de junio la secretaria general del SUP, Mónica García, ingresó con parte de su familia para terminar de celebrar un “evento familiar” en este recinto de la División de Formación y Perfeccionamiento.

Al día siguiente de la “celebración” comenzó a correr la información de que la secretaria general del SUP había trasladado allí a varias personas de su entorno, que alargaron su estancia en el interior hasta cerca de las dos de la mañana como registraron las cámaras de acceso. Los hechos llegaron a conocimiento de personas de distintos ámbitos dentro de la Policía Nacional, donde ha causado estupor que una representante sindical entrara en dependencias oficiales, con familiares, para realizar una actividad privada.

Varias fuentes consultadas también se muestran extrañadas de que se permitiera acceder al complejo policial de Carabanchel a los acompañantes de García ya que no son policías ni tienen relación con el cuerpo. Señalan que para entrar en las instalaciones hace falta acreditarse en la puerta. Sin embargo, en este caso y según el relato de estas fuentes, ninguna de las personas que acompañaban a la líder del SUP se tuvo que acreditar individualmente.
Las explicaciones del SUP

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con la secretaria general del sindicato que reconoce que acudió con varios familiares ese día al complejo policial, aunque niega que se tratara de una celebración de un evento familiar.

García indica que fue con un “número reducido de personas”, sin especificar cuántas, y añade que solamente entró para enseñarles el recinto donde tiene sus oficinas el sindicato y que “se alargó un poco hablando”. García afirma que no se movió de las dependencias que ocupa el SUP e indica que no sabe especificar a qué hora ella y sus acompañantes se marcharon del complejo de Carabanchel.
Interior evita responsabilidades

Lo que ha generado más indignación dentro del cuerpo es la utilización de un espacio público para un evento privado. En este sentido, ECD también ha tratado de preguntar tanto al comisario principal de la División de Formación y Perfeccionamiento y responsable del complejo, Cirilo Durán, como al Ministerio del Interior, propietario del mismo, si este tipo de actividades está permitido o si había algún permiso específico.

La única respuesta ofrecida por Interior al respecto es que el espacio está "cedido al sindicato" y que, por tanto, la responsabilidad la tiene éste.


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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #948 en: 28 de Octubre de 2021, 06:22:41 am »

Jusapol gana las elecciones al Consejo de la Guardia Civil dos años después de arrasar en las de la Policía


Su asociación profesional Jucil ha sido la más votada en la Escala de Cabos y Guardias y la que más vocales tendrá, 6 de 16
Toma de posesión de María Gámez como directora de la Guardia Civil.
photo_cameraToma de posesión de María Gámez como directora de la Guardia Civil.
Aurelio Ruiz Enebral   chevron_right 28/10/21 access_time 1:02
El movimiento Jusapol, fundado para presionar a favor de la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los policías autonómicos, irrumpe con fuerza en el Consejo de la Guardia Civil.

El órgano de representación de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil ha celebrado elecciones entre el 26 y 27 de octubre. En las elecciones de 2017 se eligieron 15 vocales, pero en estas elecciones se incrementó el número de vocales a 16, al aumentarse una plaza para la Escala de Cabos y Guardias ( de 11 a 12).

Jucil, la asociación profesional de Jusapol en la Guardia Civil, ha sido la más votada en estas elecciones al Consejo, y la que más vocales ha conseguido, gracias sobre todo al haber ganado en la Escala de Cabos y Guardias.

De los 12 vocales de esa escala, a Jucil le corresponden 5. Además, suma otro vocal, 1 de los 2 que eligen los miembros de la Escala de Suboficiales. El otro será de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civiles (ASESGC).

A Jucil, con 6 vocales en total, le sigue en segundo lugar la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha logrado 4 vocales, todos en la Escala de Cabos y Guardias. Hasta ahora, AUGC era la asociación más representativa, ya que tenía 7 de los 15 puestos del Consejo de la Guardia Civil.

Ha perdido 3 vocales por la entrada de Jucil, que rivalizó con AUGC en ser la asociación más combativa frente a la Dirección General de la Guardia Civil.

Los oficiales eligen 2 vocales en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil: uno, los de la Escala de Oficiales, y otro, los que pertenecen a las Escalas de Oficiales prevista en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

En estas elecciones, la Unión de Oficiales (UO) ha conseguido esos dos vocales. Hace cuatro años, el vocal de la Escala de Oficiales lo ganó la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), y el otro, la Unión de Oficiales.

La Asociación Profesional de Cabos (APC-GC), y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) e Independientes de la Guardia Civil (IGC) logran cada una un vocal en la Escala de Cabos y Guardias. Pierden su representación en el Consejo dos asociaciones: la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) y la Unión de Guardias Civiles (UniónGC).

 



Ver más
En junio de 2019 se celebraron las elecciones al Consejo de la Policía. Jusapol se estrenó en estas elecciones, con el sindicato Jupol, que arrasó: consiguió 8 de los 14 asientos del órgano de representación, con más del 60% de los votos entre los policías nacionales de la Escala Básica.

Jucil celebró su triunfo con un mensaje a sus seguidores: “Hemos luchado sin dar un paso atrás, con trabajo, lealtad, esfuerzo y unión, y por fin, hemos llegado, con un objetivo, lograr la equiparación salarial total y absoluta. No se puede vencer a quien no se rinde. Avanzamos por la #EquiparacionYa”.

Esta asociación considera que la subida de sueldos que ejecutó el Ministerio del Interior en tres años no ha sido suficiente para considerar que se haya alcanzado la equiparación salarial real entre la Guardia Civil (y la Policía Nacional) con los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y otros cuerpos policiales autonómicos. Por eso siguen haciendo campaña a favor de la equiparación salarial.



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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #950 en: 06 de Noviembre de 2021, 21:56:06 pm »
 Jupol

25000 afiliados

Votan 2600 y de ellos 1600 a esta candidatura.

Elegido.

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/aaron-rivero-suerte-20211106143117-nt.html

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« Respuesta #951 en: 07 de Noviembre de 2021, 00:40:23 am »
Menuda participación

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #952 en: 07 de Noviembre de 2021, 10:28:15 am »
Menuda participación

No sé qué es peor, que haya sido elegido por un 6 por ciento del total de afiliados, su cara o su comentario.

Aarón Rivero: «La suerte de los ciudadanos es la Policía y la Guardia Civil que tienen»

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« Respuesta #954 en: 18 de Diciembre de 2021, 07:59:02 am »


El fundador de Jusapol ultima la creación de un nuevo sindicato en la Policía


Natán Espinosa asegura que impulsa un nuevo proyecto para "cumplir lo prometido" por Jupol y que no ha realizado, como el conflicto colectivo permanente | Lograr la jubilación a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, principal reivindicación
ANTONIO SALVADOR 
18/12/21 - 00: 10
   
El fundador de Jusapol ultima la creación de un nuevo sindicato en la Policía
Natán Espinosa, fundador y primer presidente de la asociación Jusapol.


Natán Espinosa, fundador y primer presidente de la asociación Jusapol, ultima la constitución de un nuevo sindicato en la Policía con vistas a las elecciones que se celebrarán en el Cuerpo Nacional a mediados de 2023 y cuyos principales objetivos serán presionar a la Administración para que cualquier agente pueda jubilarse a los 59 años sin perder poder adquisitivo y conseguir la equiparación salarial total.


Este policía vallisoletano fue el promotor de Jusapol -la plataforma creada en 2017 para reclamar la igualdad retributiva de policías nacionales y guardias civiles con los cuerpos autonómicos- durante la etapa en que estuvo destinado en Palencia, llevando las riendas de la organización hasta septiembre de 2019. Meses después, en mayo de 2020, se dio de baja como afiliado de Jupol al entender que el sindicato se había desentendido de las promesas con las que había logrado convertirse en la fuerza mayoritaria en las elecciones al Consejo de Policía celebradas en junio de 2019 al conseguir 8 de los 14 vocales en liza.

«Jupol se ha convertido en un sindicato al uso. Están a veinte mil cosas y se han olvidado de a qué vinieron. Es por eso por lo que queremos volver, para terminar el trabajo que ellos nunca empezaron. Muchísimos compañeros me dicen que quieren el sindicato de Jusapol, porque Jupol nunca ha sido el sindicato de Jusapol», comenta a este diario Espinosa, hoy destinado a labores de seguridad de edificios policiales en la Jefatura Superior del País Vasco. Su intención es registrar los estatutos de la nueva organización tras las fiestas navideñas.


La Audiencia Nacional avala el proceso electoral en Jupol con el voto en contra de una juez
La creación de un sindicato inspirado en el espíritu fundacional de Jusapol es el ‘plan B’ de Natán Espinosa tras haber intentado sin éxito acceder a la secretaría general de Jupol en las elecciones celebradas el pasado 21 de octubre. Su candidatura no llegó a ser proclamada por la comisión organizadora por no llevar un año ininterrumpido de afiliación -se reincorporó en abril pasado- y por no reunir el mínimo del 2 % de avales en cada provincia que se exigían.

El primer requisito lo ha declarado nulo la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en una sentencia dictada el pasado 2 de diciembre, si bien carece de efecto práctico al haberse avalado el segundo. Espinosa interpreta que los argumentos jurídicos contenidos en el voto particular emitido por uno de los tres magistrados (Emilia Ruiz-Jarabo), en el que defiende la «nulidad íntegra» del procedimiento electoral por haberse quebrado el «principio de igualdad», les «abre la puerta» para recurrir el fallo en el Tribunal Supremo y les da esperanzas de que pueda prosperar.


Jupol se ha convertido en un sindicato al uso y se ha olvidado de a qué vino, por eso queremos volver»

Esas elecciones, en las que se impuso el candidato oficialista (Aaron Rivero, secretario de Organización en el anterior mandato) al ser el único que reunió los apoyos exigidos, fueron un termómetro para calibrar el respaldo que Natán Espinosa aún mantiene entre la militancia del sindicato policial nacido de Jusapol. En nueve provincias obtuvo más avales que el hoy líder de Jupol y en tres lograron el mismo porcentaje.


Comoquiera que el alto tribunal tardará meses en resolver el recurso sobre los recientes comicios en Jupol y de que las elecciones al Consejo de Policía se celebrarán no más allá de junio de 2023, el ex presidente de Jusapol ha optado por impulsar un nuevo proyecto -en el que le acompañan policías que están con él desde el inicio y que le ayudaron a recoger avales en distintas provincias- con el reto de alcanzar cinco vocales para tratar de bloquear el órgano colegiado paritario de participación de los funcionarios del Cuerpo Nacional y de la Administración. «Nuestro objetivo es hacer lo que Jupol no ha hecho: cumplir lo prometido», proclama.

Uno de los incumplimientos que afea a la dirección de Jupol -en la etapa del defenestrado José María García- es «no haber planteado un conflicto colectivo de forma permanente» para presionar a la Administración a fin de que pudiera salir adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la equiparación salarial, apoyada con 550.000 firmas y vetada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados en marzo de 2020. También les echa en cara que hayan seguido asistiendo «a todas las reuniones del Consejo de Policía», a las que no han renunciado -sostiene- para «ser partícipes de lo que allí se trata y poder vender después sus logros sindicales a los afiliados».

Modificación del código ético
De igual manera, Espinosa reprocha que la cúpula de Jupol promoviera una modificación del código ético apenas seis meses después de entrar en el Consejo de Policía, suavizando algunas de las restricciones que se habían previsto inicialmente. Así, se redujo de cinco a dos años después del mandato el plazo en el que los representantes sindicales no podían aceptar puestos que elevaran su retribución salarial -como agregado de Interior en embajadas- o que supusieran una mejora de sus funciones.

Con el cambio acordado, asimismo, los representantes de este sindicato dejaban de tener impedimento para cobrar el plus de turnicidad -complemento económico con el que se busca resarcir las molestias que supone trabajar en turnos rotatorios- mientras estuvieran exentos de servicio a tiempo completo para ejercer labores sindicales y se eliminó la prohibición de mantener la liberación de funciones a tiempo completo en el caso de ascenso de categoría.


Natán Espinosa, en el Parlamento europeo en noviembre de 2018.
En este sentido, Natán Espinosa asegura que los estatutos de la nueva organización serán los mismos con los que echó a andar Jusapol, del que emanaba el primer código ético con que se dotó Jupol. A esos estatutos aplicarán algunas modificaciones, como la eliminación de la obligación de llevar al menos un año para poder optar a la secretaría general -será suficiente con estar al día en el abono de las cuotas- y la creación de una secretaría de segunda actividad y jubilación.

«¿Por qué queremos volver? Para continuar un trabajo que se dejaron en julio de 2019. Vamos a demostrar que sí se puede cumplir el código ético y mantener de manera permanente el conflicto colectivo. En definitiva, hacer lo que se prometió y continuar el camino que marcó Jusapol por la equiparación salarial. Y eso ellos nos lo han robado», sostiene.

«Herramienta» para presionar
Espinosa dice que la organización que liderará no pretende ser competencia del resto de sindicatos, sino ser la «herramienta» para ejercer presión en el Consejo de Policía con la equiparación salarial total y la jubilación a los 59 años en igualdad de condiciones que el resto de policías de España como principales reivindicaciones. Una vez logrado el objetivo, apunta, serían los afiliados los que tendrían que decidir si el sindicato debe continuar y, en caso afirmativo, con qué fin.

«Vamos a dar un servicio de asistencia jurídica y penal y un seguro de suspensión de empleo y sueldo. Nosotros no vamos a vender descuentos en cines o teatros, no vamos a vender cursos o libretas… No queremos que se afilien al sindicato, sino que nos voten en las elecciones de 2023 para ser mayoritarios y plantear esa presión. Desde luego, el que se quiera afiliar, bienvenido será», expone. Y añade: «Somos conscientes de que se ha engañado a 140.000 compañeros y va a ser muy difícil repetir los resultados logrados por Jupol. Lo que sí tenemos claro es que, o en este año y medio cumple lo prometido, o va a quedar como un sindicato minoritario».

Desde junio de 2019, Jupol es la fuerza mayoritaria en el Consejo de Policía, con 8 de los 14 vocales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) tienen dos cada uno, mientras que la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) se reparten los dos representantes restantes.


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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #955 en: 01 de Febrero de 2022, 07:24:21 am »
Escisionando...


La salarial y la jubilación a los 59 años, objetivos del nuevo sindicato policial EYA


El fundador de Jusapol dice que la nueva organización nace por la "inacción" de Jupol, a la que acusa de incumplir sus promesas electorales | Su objetivo es lograr cinco vocales en las elecciones al Consejo de Policía que se celebrarán a mediados de 2023

EL INDEPENDIENTE

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #956 en: 01 de Febrero de 2022, 16:32:01 pm »

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #957 en: 28 de Marzo de 2022, 09:21:47 am »
La voz «castigada» del sindicalismo crítico de la policía española en Alicante

Luismi Lorente, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, ejerció durante años como coordinador general de la Agrupación Reformista de la Policía (ARP), un sindicato que se ha mostrado crítico con las conexiones y actuaciones polémicas de altos mandos policiales y, a su vez, ha luchado en los tribunales por los derechos laborales de los agentes. Coincidiendo con su labor sindical, Lorente fue objeto de expedientes y denuncias judiciales por parte de la anterior cúpula policial alicantina, hasta el punto de dejar su actividad en ARP por las consecuencias en su bienestar psicológico. Hace unas semanas, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante anuló la sanción que había recibido por distribuir un artículo de opinión contra los comportamientos y las actitudes de los «malos mandos policiales».
Por Moisés Pérez




Como coordinador general de la Agrupación Reformista de la Policía, el agente Luismi Lorente actuó de conciencia crítica en el cuerpo de seguridad estatal. Desde el sindicato, que tenía su núcleo dirigente en las comarcas de Alicante, denunciaron las sombras y las actuaciones controvertidas del anterior comisario principal de Alicante Alfonso Cid; criticaron nombramientos de altos mandos policiales de estricta confianza de jerarcas del PP; se desmontó la manipulación en Valencia de la adjudicación de las plazas de la policía española; e involucraron en la batalla legal para destapar las cloacas policiales y los comportamientos bajo sospecha de José Manuel Villarejo.

Una postura fiscalizadora de las decisiones de la cúpula policial que se complementó, entre otras acciones, en la difusión de artículos que mostraban el perfil de las altas instancias policiales en el territorio valenciano y en toda la geografía estatal. Para radiografiar este talante, el entonces representante de la Agrupación Reformista de la Policía escribió al rotativo digital Diario 16 que «hay un perfil dentro de la policía de mandos autoritarios, de antigua sarcóspo militarista, que no casa con la concepción de una policía civil y moderna, de una policía de acuerdo con la nueva época que vivimos». «Entre este grupo de jefes, nos encontramos con los mandos de cortijo, que dirigen los designios de su competencia, siempre rodeados de aquellos aliados que nunca los cuestionan, ya sea para poder recoger los insanos frutos de su "prostituida" dignidad o para poder campar a lleno bajo el ala protectora del mal jefe», agregaba.

En aquel escrito, afirmaba que «estos mandos se aprovechan y se alimentan siempre de la dejadez de aquellos "cómplices indirectos" que miren hacia otro lado, pero que a la hora del café tiran pestes sobre su incompetente gestión». «Presionan a aquellos que les hacen frente ya siga a través de sus terminales, de campañas de desprestigio interno, de repugnantes listas negras y de falsedades camufladas en el odio que les despierta el no saberse intocables cuando la verdad y los hechos contrastados los ponen en la palestra de su propia ignominia. Presionan a través de la utilización del miedo porque no tienen la capacidad de seducir con su liderazgo más allá del poder que les dan sus propios cargos, que les vienen grandes», redactaba.

«Se hacen investir de la aurora de defensores de las esencias de la función policial cuando son el ejemplo más grande de lo que hay que cambiar y prescindir para realmente ofrecer un servicio a la ciudadanía de auténtica calidad. Junto a sus acomodados "correligionarios", forman una clase de "dictadura de los clanes afectos", proselitista de un corporativismo mal entendido que pretende solucionar los problemas internos de la policía a través de la ley del silencio y que acusan de "cáncer del cuerpo" a quien ponen luz y taquígrafos como terapia sanadora de las críticas situaciones que provocan», remataba el dirigente sindical. Aquella columna firmada en 2018 corrió como la pólvora por las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía. El propio Lorente se encargó de distribuir el artículo en formato físico a los compañeros que no eran asiduos a las redes sociales y el ecosistema comunicativo digital.

La redacción de aquel artículo provocó el empuje de la entonces cúpula policial. Acusó al sindicalista policial, según denunció en su momento, de haber empleado tiempo del trabajo para distribuir la columna de opinión, de haber utilizado material de oficina del cuerpo estatal, de haber molestado a los compañeros. Con el comisario Cid al frente de la comisaria, lo expedientaron en septiembre del 2019 con tres días de sanción. El mando policial alegaba que Lorente se había ausentado de su puesto de trabajo entre las 15:38 y las 16:13 horas, y entre las 21:08 y las 22 horas. También se le castigaba por realizar un descanso más largo de la media hora asignada de manera reglamentaria. La sanción fue validada por la Dirección General de Policía en marzo del 2020. Todo estaba supuestamente sustentado con las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia.

El entonces líder sindical acudió a los tribunales para intentar desmontar esas acusaciones y el pasado febrero el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante le ha otorgado la razón, aunque hay posibilidad de recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La resolución es favorable a Lorente porque deniega las grabaciones como pruebas válidas: «La falta de cumplimiento por parte de la Administración de informar a los afectados (entre los que se encontraba el hoy recurrente) del completo alcance del tratamiento de los datos obtenidos por las imágenes de las cámaras de videovigilancia, por lo que afecta a la exigencia de responsabilidades disciplinarias, impide dar a las mismas tal fin y, en consecuencia, no pueden ser tomadas en consideración en el presente proceso».

El auto, además, señala que las testificales de cinco agentes y de un inspector contradecían las motivaciones del comisario Cid para interponer la sanción. En ningún caso, habían observado que se estuviera abandonando su labor policial, ni tampoco que empleara más tiempo del establecido para su descanso, ni de buen trago que había alterado el funcionamiento habitual de las dependencias policiales. «Más allá de dejar sin efecto las dos sanciones que voy a sufrir, tendrán que devolver el dinero que me detrajeron y se ordena eliminarlas de mi expediente personal. Esta sentencia es muy relevante para los policías porque supone un fuerte revés en la Dirección General de Policía y, en especial, en la comisaría alicantina», afirmó en las redes sociales el antiguo líder sindical.


Protesta de la Agrupación Reformista de Policías contra el comisario Alfonso Cid| ARP

«La Agrupación Reformista de Policías se dirigirá al presidente del Consejo de Policía, al ministro del Interior y otras organizaciones presentes en el Consejo de Policía, aportando la resolución judicial que hoy señalamos, fundamental para la integridad jurídica de todos los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional, en este caso de manera injustificada contra la labor sindical de un representante», indicaron desde la organización sindical, que agregaban: «Sólo queda por agradecer al titular del juzgado citado, la claridad de los hechos probados y fundamentos jurídicos, el resarcimiento económico al afectado, quedando en estos momentos pendiente una decisión interna de los actuales dirigentes policiales de esta Comisaría y de la Jefatura Superior de Policía en la Comunitat Valenciana, de restituir profesionalmente al afectado, Luis Miguel Lorente, absueltos de otras tantas acusaciones, cuyos resultados muestran un deliberado comportamiento de lesionar a esta organización sindical y a sus representantes legítimos desde posiciones y órdenes unilaterales».

Lorente, de hecho, había sido objeto de otras denuncias y expedientes por su labor de sindicalismo crítico y progresista dentro del Cuerpo Nacional de la Policía. «Está siendo víctima de lo que consideramos una estrategia de desprestigio y defenestración profesional, en represalia por sus críticas a la gestión del anterior jefe provincial de Alicante, el comisario principal Alfonso Cid», censuraron desde ARP en febrero del año 2021, cuando apuntaron a la existencia de una «trama patrocinada por mandos policiales que no aceptan voces propias y diferentes como la nuestra en el Cuerpo Nacional de Policía». «Esta campaña se ha instrumentado mediante la apertura contra nuestro coordinador general de hasta cuatro procedimientos disciplinarios», indicaron, para denunciar que «se ha pretendido causar el daño personal y profesional mayor posible a nuestro coordinador general, implicándole una supuesta responsabilidad penal por graves delitos fundamentados en unos hechos que se han demostrado inexistentes».

«El primero estuvo relacionado con un operativo internacional conjunto de Italia, Albania y España, cooperando la policía nacional y la Guardia Civil, que tuvo como exitoso resultado la detención del máximo responsable de la más peligrosa y relevante organización criminal albanesa», exponían, para relatar que dentro de esta operación policial «se imputó de manera falsa a nuestro coordinador general la presunta comisión de los delitos de coacciones, tortura o contra la integridad moral, detención ilegal y falsificación documental». «También se acusó abiertamente a los miembros de la policía nacional y de la Guardia Civil que intervinieron en el operativo de haber falseado el atestado, incluso cuestionando la actuación del letrado de la administración de justicia», completan.

Aquellas acusaciones se trasladaron a la Fiscalía Provincial de Alicante, que decidió archivar la investigación, porque, según afirmó ARP, «las imputaciones procedentes de la comisaría provincial de Alicante no se sostenían». Cerrada la vía penal, quedó abierta la disciplinaria. «Todos los testigos desmontaron una por una las mentiras vetadas desde la comisaría provincial de Alicante contra nuestro coordinador general. La consecuencia fue la propuesta inmediata del instructor de archivar el procedimiento disciplinario por no ser cierto ninguno de los hechos imputados», resaltaron.

«El segundo de los procedimientos disciplinarios abiertos contra nuestro coordinador general desde Alicante se inició por una denuncia de Cid, quien no contento en abrir el cuarto expediente a nuestro coordinador general, interpuso una querella contra él en los juzgados de instrucción de Alicante, implicándole los presuntos delitos de injurias, calumnias y revelación de secretos», narraron, para anotar que esta querella se archivó poco después. «Más allá del deterioro de la salud de nuestro coordinador, se nos ha sometido a base falacias a un escarnio dentro y fuera del cuerpo nacional de policía, cuyas consecuencias son irreparables, influyendo en los resultados de las pasadas elecciones al Consejo de la Policía», recriminaban.

Tras aquellos comicios, precisamente, la cara visible de ARP fue castigada con un traslado de su puesto de trabajo. De la policía judicial, en la que había sido parte activa en operaciones contra pederastas, homicidios o contra la corrupción, pasó a ser detenido, según informó a través de sus redes sociales en noviembre del 2021. La cúpula policial alegaba para emprender la decisión que creaba mal ambiente entre los compañeros, así como argumentó que era una figura polémica, de acuerdo con la versión que expresó un policía que había estado durante tiempo de baja por problemas psicológicos. Todo ese desgaste supuso que aparcara su labor sindical y, en consecuencia, que dejara de ser una de las voces críticas dentro de la policía española. Pese a apartarse de la primera línea, presentó una denuncia por «acoso laboral» dentro de la policía española. Es única lucha en los tribunales que aún libra. Los efectos del desgaste al que ha sido sometido para levantar la voz contra las actitudes controvertidas de la cúpula policial española.


Desconectado Ragnar

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #958 en: 29 de Marzo de 2022, 01:26:41 am »
Son tan buenos que no tienen ni un vocal en el Consejo de la Policía...

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Re: Sindicatos y Asociaciones de los Cuerpos policiales del Estado
« Respuesta #959 en: 29 de Marzo de 2022, 08:36:33 am »
Son tan buenos que no tienen ni un vocal en el Consejo de la Policía...



Ustedes, nosotros, no son un colectivo que quiera cambiar nada, son conservadores por naturaleza, aceptan los sistema a dedo, aún cuando luego se quejen de ello, aceptan el servilismo, aún cuando se quejen de ello, aceptan muchas de las cosas que este tipo de sindicatos quieren cambiar, y haciendo lo mismo, como dijo Einstein, nunca se cambia nada.