La voz «castigada» del sindicalismo crítico de la policía española en Alicante
Luismi Lorente, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, ejerció durante años como coordinador general de la Agrupación Reformista de la Policía (ARP), un sindicato que se ha mostrado crítico con las conexiones y actuaciones polémicas de altos mandos policiales y, a su vez, ha luchado en los tribunales por los derechos laborales de los agentes. Coincidiendo con su labor sindical, Lorente fue objeto de expedientes y denuncias judiciales por parte de la anterior cúpula policial alicantina, hasta el punto de dejar su actividad en ARP por las consecuencias en su bienestar psicológico. Hace unas semanas, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante anuló la sanción que había recibido por distribuir un artículo de opinión contra los comportamientos y las actitudes de los «malos mandos policiales».
Por Moisés Pérez
Como coordinador general de la Agrupación Reformista de la Policía, el agente Luismi Lorente actuó de conciencia crítica en el cuerpo de seguridad estatal. Desde el sindicato, que tenía su núcleo dirigente en las comarcas de Alicante, denunciaron las sombras y las actuaciones controvertidas del anterior comisario principal de Alicante Alfonso Cid; criticaron nombramientos de altos mandos policiales de estricta confianza de jerarcas del PP; se desmontó la manipulación en Valencia de la adjudicación de las plazas de la policía española; e involucraron en la batalla legal para destapar las cloacas policiales y los comportamientos bajo sospecha de José Manuel Villarejo.
Una postura fiscalizadora de las decisiones de la cúpula policial que se complementó, entre otras acciones, en la difusión de artículos que mostraban el perfil de las altas instancias policiales en el territorio valenciano y en toda la geografía estatal. Para radiografiar este talante, el entonces representante de la Agrupación Reformista de la Policía escribió al rotativo digital Diario 16 que «hay un perfil dentro de la policía de mandos autoritarios, de antigua sarcóspo militarista, que no casa con la concepción de una policía civil y moderna, de una policía de acuerdo con la nueva época que vivimos». «Entre este grupo de jefes, nos encontramos con los mandos de cortijo, que dirigen los designios de su competencia, siempre rodeados de aquellos aliados que nunca los cuestionan, ya sea para poder recoger los insanos frutos de su "prostituida" dignidad o para poder campar a lleno bajo el ala protectora del mal jefe», agregaba.
En aquel escrito, afirmaba que «estos mandos se aprovechan y se alimentan siempre de la dejadez de aquellos "cómplices indirectos" que miren hacia otro lado, pero que a la hora del café tiran pestes sobre su incompetente gestión». «Presionan a aquellos que les hacen frente ya siga a través de sus terminales, de campañas de desprestigio interno, de repugnantes listas negras y de falsedades camufladas en el odio que les despierta el no saberse intocables cuando la verdad y los hechos contrastados los ponen en la palestra de su propia ignominia. Presionan a través de la utilización del miedo porque no tienen la capacidad de seducir con su liderazgo más allá del poder que les dan sus propios cargos, que les vienen grandes», redactaba.
«Se hacen investir de la aurora de defensores de las esencias de la función policial cuando son el ejemplo más grande de lo que hay que cambiar y prescindir para realmente ofrecer un servicio a la ciudadanía de auténtica calidad. Junto a sus acomodados "correligionarios", forman una clase de "dictadura de los clanes afectos", proselitista de un corporativismo mal entendido que pretende solucionar los problemas internos de la policía a través de la ley del silencio y que acusan de "cáncer del cuerpo" a quien ponen luz y taquígrafos como terapia sanadora de las críticas situaciones que provocan», remataba el dirigente sindical. Aquella columna firmada en 2018 corrió como la pólvora por las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía. El propio Lorente se encargó de distribuir el artículo en formato físico a los compañeros que no eran asiduos a las redes sociales y el ecosistema comunicativo digital.
La redacción de aquel artículo provocó el empuje de la entonces cúpula policial. Acusó al sindicalista policial, según denunció en su momento, de haber empleado tiempo del trabajo para distribuir la columna de opinión, de haber utilizado material de oficina del cuerpo estatal, de haber molestado a los compañeros. Con el comisario Cid al frente de la comisaria, lo expedientaron en septiembre del 2019 con tres días de sanción. El mando policial alegaba que Lorente se había ausentado de su puesto de trabajo entre las 15:38 y las 16:13 horas, y entre las 21:08 y las 22 horas. También se le castigaba por realizar un descanso más largo de la media hora asignada de manera reglamentaria. La sanción fue validada por la Dirección General de Policía en marzo del 2020. Todo estaba supuestamente sustentado con las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia.
El entonces líder sindical acudió a los tribunales para intentar desmontar esas acusaciones y el pasado febrero el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante le ha otorgado la razón, aunque hay posibilidad de recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La resolución es favorable a Lorente porque deniega las grabaciones como pruebas válidas: «La falta de cumplimiento por parte de la Administración de informar a los afectados (entre los que se encontraba el hoy recurrente) del completo alcance del tratamiento de los datos obtenidos por las imágenes de las cámaras de videovigilancia, por lo que afecta a la exigencia de responsabilidades disciplinarias, impide dar a las mismas tal fin y, en consecuencia, no pueden ser tomadas en consideración en el presente proceso».
El auto, además, señala que las testificales de cinco agentes y de un inspector contradecían las motivaciones del comisario Cid para interponer la sanción. En ningún caso, habían observado que se estuviera abandonando su labor policial, ni tampoco que empleara más tiempo del establecido para su descanso, ni de buen trago que había alterado el funcionamiento habitual de las dependencias policiales. «Más allá de dejar sin efecto las dos sanciones que voy a sufrir, tendrán que devolver el dinero que me detrajeron y se ordena eliminarlas de mi expediente personal. Esta sentencia es muy relevante para los policías porque supone un fuerte revés en la Dirección General de Policía y, en especial, en la comisaría alicantina», afirmó en las redes sociales el antiguo líder sindical.
Protesta de la Agrupación Reformista de Policías contra el comisario Alfonso Cid| ARP
«La Agrupación Reformista de Policías se dirigirá al presidente del Consejo de Policía, al ministro del Interior y otras organizaciones presentes en el Consejo de Policía, aportando la resolución judicial que hoy señalamos, fundamental para la integridad jurídica de todos los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional, en este caso de manera injustificada contra la labor sindical de un representante», indicaron desde la organización sindical, que agregaban: «Sólo queda por agradecer al titular del juzgado citado, la claridad de los hechos probados y fundamentos jurídicos, el resarcimiento económico al afectado, quedando en estos momentos pendiente una decisión interna de los actuales dirigentes policiales de esta Comisaría y de la Jefatura Superior de Policía en la Comunitat Valenciana, de restituir profesionalmente al afectado, Luis Miguel Lorente, absueltos de otras tantas acusaciones, cuyos resultados muestran un deliberado comportamiento de lesionar a esta organización sindical y a sus representantes legítimos desde posiciones y órdenes unilaterales».
Lorente, de hecho, había sido objeto de otras denuncias y expedientes por su labor de sindicalismo crítico y progresista dentro del Cuerpo Nacional de la Policía. «Está siendo víctima de lo que consideramos una estrategia de desprestigio y defenestración profesional, en represalia por sus críticas a la gestión del anterior jefe provincial de Alicante, el comisario principal Alfonso Cid», censuraron desde ARP en febrero del año 2021, cuando apuntaron a la existencia de una «trama patrocinada por mandos policiales que no aceptan voces propias y diferentes como la nuestra en el Cuerpo Nacional de Policía». «Esta campaña se ha instrumentado mediante la apertura contra nuestro coordinador general de hasta cuatro procedimientos disciplinarios», indicaron, para denunciar que «se ha pretendido causar el daño personal y profesional mayor posible a nuestro coordinador general, implicándole una supuesta responsabilidad penal por graves delitos fundamentados en unos hechos que se han demostrado inexistentes».
«El primero estuvo relacionado con un operativo internacional conjunto de Italia, Albania y España, cooperando la policía nacional y la Guardia Civil, que tuvo como exitoso resultado la detención del máximo responsable de la más peligrosa y relevante organización criminal albanesa», exponían, para relatar que dentro de esta operación policial «se imputó de manera falsa a nuestro coordinador general la presunta comisión de los delitos de coacciones, tortura o contra la integridad moral, detención ilegal y falsificación documental». «También se acusó abiertamente a los miembros de la policía nacional y de la Guardia Civil que intervinieron en el operativo de haber falseado el atestado, incluso cuestionando la actuación del letrado de la administración de justicia», completan.
Aquellas acusaciones se trasladaron a la Fiscalía Provincial de Alicante, que decidió archivar la investigación, porque, según afirmó ARP, «las imputaciones procedentes de la comisaría provincial de Alicante no se sostenían». Cerrada la vía penal, quedó abierta la disciplinaria. «Todos los testigos desmontaron una por una las mentiras vetadas desde la comisaría provincial de Alicante contra nuestro coordinador general. La consecuencia fue la propuesta inmediata del instructor de archivar el procedimiento disciplinario por no ser cierto ninguno de los hechos imputados», resaltaron.
«El segundo de los procedimientos disciplinarios abiertos contra nuestro coordinador general desde Alicante se inició por una denuncia de Cid, quien no contento en abrir el cuarto expediente a nuestro coordinador general, interpuso una querella contra él en los juzgados de instrucción de Alicante, implicándole los presuntos delitos de injurias, calumnias y revelación de secretos», narraron, para anotar que esta querella se archivó poco después. «Más allá del deterioro de la salud de nuestro coordinador, se nos ha sometido a base falacias a un escarnio dentro y fuera del cuerpo nacional de policía, cuyas consecuencias son irreparables, influyendo en los resultados de las pasadas elecciones al Consejo de la Policía», recriminaban.
Tras aquellos comicios, precisamente, la cara visible de ARP fue castigada con un traslado de su puesto de trabajo. De la policía judicial, en la que había sido parte activa en operaciones contra pederastas, homicidios o contra la corrupción, pasó a ser detenido, según informó a través de sus redes sociales en noviembre del 2021. La cúpula policial alegaba para emprender la decisión que creaba mal ambiente entre los compañeros, así como argumentó que era una figura polémica, de acuerdo con la versión que expresó un policía que había estado durante tiempo de baja por problemas psicológicos. Todo ese desgaste supuso que aparcara su labor sindical y, en consecuencia, que dejara de ser una de las voces críticas dentro de la policía española. Pese a apartarse de la primera línea, presentó una denuncia por «acoso laboral» dentro de la policía española. Es única lucha en los tribunales que aún libra. Los efectos del desgaste al que ha sido sometido para levantar la voz contra las actitudes controvertidas de la cúpula policial española.