Rajoy dará más poder a las mutuas para reducir el absentismo laboral
Once claves para entender la nueva legislación laboral
La reforma posibilita que las bajas justificadas sean motivo de despido objetivo
JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO / MADRID
Día 15/02/2012
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido hacer frente de una vez por todas al absentismo laboral, una lacra que tuvo un coste en nuestro país de 64.000 millones de euros en 2010, según fuentes empresariales. Para ello, está actuando en dos frentes: por un lado, ha modificado, a través de la recientemente aprobada reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores para vincular las faltas de asistencia al trabajo al ámbito individual de cada empleado, eliminando la referencia a la media de la plantilla; por otro, modificará la ley de las mutuas de accidentes de trabajo para darles más poder en el control de las bajas, e incluso se está planteando que puedan llegar a dar las altas médicas.
Esta facultad ha sido y es motivo de un grave desencuentro entre los empresarios y los sindicatos. Los primeros entienden que si las mutuas controlaran las bajas de los trabajadores, desde su inicio y hasta el final, se acabaría con el absentismo injustificado, que supone entre el 20 y el 30% del total, lo que equivale aproximadamente al 1,5% del PIB. Hay que subrayar que en 2010 faltaron cada día a su puesto de trabajo un millón de personas por enfermedades comunes y accidentes no laborales. Además, afirman que los procesos gestionados por las mutuas son un 35% más cortos en el tiempo que los que lleva la Seguridad Social. Los sindicatos, sin embargo, entienden que la intención del Gobierno supone una «persecución» hacia los empleados y que «pagarían justos por pecadores».
El PSOE no se atrevió
En los últimos dos años este tema ha sido discutido entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno socialista, el cual, siempre frenó las peticiones de los empresarios en esta materia. Sobre todo, su último ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afiliado a UGT.
Esas propuestas se referían a que se diera cumplimiento al mandato legal que faculta a las mutuas a gestionar la prestación de contingencia común para poder dar el alta en los mismos términos que las entidades gestoras de la Seguridad Social, facilitar que las mutuas puedan hacer un control y seguimiento efectivo de los procesos de baja por contingencia común desde el primer día de la baja y que las mutuas puedan adelantar las pruebas médicas prescritas a los trabajadores, respecto a los plazos habituales de los servicios públicos de salud, con el fin de su más inmediata curación y reincorporación al puesto de trabajo.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dijo tras el último Consejo de Ministros que la nueva ley de mutuas podría estar a finales del primer trimestre del año.
De momento, lo que ha causado una gran consternación entre los sindicatos y entre muchos expertos ha sido la modificación recogida por la reforma laboral, según la cual, el absentismo puede ser causa de despido objetivo, es decir, con una indemnización de solo 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
El texto hace referencia a que puede ser motivo de despido «las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontínuos en un periodo de doce meses». Entre esas faltas están las bajas por enfermedad o accidente no laboral inferiores a 20 días consecutivos. Los sindicatos ponen un ejemplo: un trabajador con una jornada de lunes a viernes (45 jornadas en dos meses) que acumule dos bajas que sumen 9 días en esos dos meses, puede ser despedido con una indemnización de 20 días al año.
Por su parte, algunos expertos en derecho laboral han manifestado sus dudas sobre la constitucionalidad de ese cambio legislativo pues sería «una discriminación grave» el hecho de que un trabajador enfermo fuera despedido con una indemnización inferior a otro compañero suyo, «por el simple hecho de estar enfermo». Otros expertos apuntan a que se violaría el derecho a la protección de la salud.
