Grabaciones, fotografías y protección de datos

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Multan con 5.040 euros y 13 años de prisión a un funcionario en Extremadura por cotillear el expediente médico de su familia política

Historia de Redacción HuffPost • 10 h •

Un funcionario vinculado al Servicio Extremeño de Salud llamado Teodoro ha sido condenado a 13 años de prisión, a pagar una multa de 5.040 euros y a abonar una indemnización de 6.000 euros por haber cotilleado el expediente médico de su familia política.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictaminado que el individuo ha cometido cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos.

Tal y como informa el medio de comunicación especializado en información jurídica Confilegal, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha impuesto al funcionario una pena de tres años y tres meses de prisión por cada uno de esos delitos, por lo que pena total es de 13 años de cárcel.

El empleado público, que trabajaba como auxiliar administrativo en el servicio de admisión de urgencias del Hospital Universitario de Badajoz, se sirvió de su posición para acceder a las agendas médicas de cuatro personas. Todas ellas eran familiares directos de su esposa, unos sujetos con los que había roto relaciones en 2017 como consecuencia de una disputa.

Cientos de accesos no permitidos a datos médicos
Teodoro, a lo largo de seis años, entre 2017 y 2022, accedió de manera reiterada a una aplicación destinada a la gestión y administración de expedientes médicos en la región extremeña denominada 'Jara Asistencial'.

Desde esa plataforma interna del Servicio Extremeño de Salud pueden consultarse datos médicos como citaciones, agendas o informes clínicos, una información que obviamente goza de especial protección y a la que no puede accederse sin autorización.

En concreto, el funcionario extremeño, aprovechándose del puesto de trabajo que desempeñaba, entró en la agenda de su cuñado en 105 ocasiones; en la de la esposa de su cuñado en 150 ocasiones; en la de la hija de la pareja en 171 ocasiones y en la del hijo en 72 ocasiones.

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[Heracles_Pontor]

Por  cotillear 13 años de prisión y por un homicidio 12. . . da qué pensar, eh?. . .

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Humo...las camaraas no identifican quien y para cuando llegue la PL el infractor ya no estará ali.




Un municipio madrileño pone cámaras para multar a quienes no tiran bien la basura: hasta 2.000 € de sanción


El Ayuntamiento de Parla quiere controlar el problema con las bolsas de basuras en algunos puntos de la ciudad y pondrá cámaras de vigilancia.

Elena Francés Elena Francés - Redactora • enero 31, 2026

Un municipio madrileño pone cámaras para multar a quienes no tiran bien la basura: hasta 2.000 € de sanción
El Ayuntamiento de Parla ha decidido ponerse serio con quienes siguen dejando bolsas de basura fuera del contenedor o depositando residuos donde no toca. Según ha explicado la concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, Gema Isabel, el nuevo contrato de limpieza incluye la instalación de cámaras de videovigilancia en los llamados “puntos negros” de suciedad del municipio, con sanciones que pueden llegar hasta los 2.000 euros para las conductas más graves.


El objetivo, insisten desde el Consistorio y desde el servicio de limpieza, no es “cazar” vecinos, sino acabar con un problema que genera unas 2.000 incidencias a la semana en forma de bolsas tiradas en la calle, contenedores rodeados de residuos y zonas degradadas.

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20 puntos bajo vigilancia y hasta 2.000 € de multa


El plan municipal se centrará en 20 puntos concretos repartidos por la ciudad, identificados como las zonas donde más se incumplen las ordenanzas de residuos: vecinos que dejan las bolsas en el suelo, colchones o muebles abandonados junto a los contenedores o escombros en plena vía pública. En estos enclaves se instalarán cámaras que funcionarán en coordinación con la Policía Local para poder identificar a los infractores y aplicar las sanciones previstas en la normativa, que en los casos más graves pueden alcanzar los 2.000 euros. La concejala subraya que el refuerzo sancionador se apoyará en campañas informativas y en la propia presencia de los dispositivos, confiando en que el simple hecho de saber que hay cámaras reduzca los comportamientos incívicos.

Thank you for watching

La videovigilancia es solo una de las patas del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, que entra en vigor el 1 de febrero y estará vigente durante 11 años con un importe global de 207 millones de euros. El servicio lo prestará una UTE formada por Urbaser y FCC y supondrá un aumento de plantilla de 250 a 280 trabajadores, contratados con criterios sociales, además de la incorporación de nueva maquinaria específica: máquinas quita‑chicles, fregadoras y lava‑aceras, hidrolimpiadoras, barredoras con vapor y vehículos más modernos para la recogida.

Reciclaje, app de avisos y puntos limpios
El Ayuntamiento destaca además otras novedades asociadas al contrato, como la puesta en marcha de vehículos itinerantes en los que los vecinos podrán reciclar envases y recibir a cambio descuentos para comprar en el comercio local. Se implantará una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda comunicar incidencias de limpieza o solicitar la recogida de enseres, así como medidores de llenado en papeleras para optimizar las rutas y el trabajo diario de los operarios. El servicio de puntos limpios combinará instalaciones fijas con un punto limpio móvil que funcionará todos los días de la semana, reforzando la recogida separada de residuos especiales.


Tanto el equipo de gobierno como los responsables técnicos repiten la misma idea: el esfuerzo económico y de medios no sirve de nada si no va acompañado de un cambio de hábitos. Por eso, el Ayuntamiento de Parla vincula el despliegue de cámaras a una apuesta más amplia por la educación ambiental, las campañas de concienciación y los incentivos al reciclaje, pero dejando claro que las ordenanzas se van a aplicar con firmeza. En palabras de la concejala Gema Isabel, el reto es que “las calles reflejen el esfuerzo que se hace en limpieza” y que quienes cumplen no paguen las consecuencias del comportamiento de una minoría.

[Heracles_Pontor]

Pero el miedo guarda la viña. . .

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Incidente de ciberseguridad: el Gobierno apaga la plataforma de la sede electrónica


La brecha afecta a Acceda1. El aviso llegó después de una alerta por la supuesta venta de datos de Hacienda de los 47 millones de españoles

Alertas de ciberseguridad en la Administración General del Estado. Después de que circularan mensajes sobre la supuesta venta de datos de los 47 millones de euros que custodia el Ministerio de Hacienda, funcionarios de ministerios han recibido un aviso.
Salta la alarma: supuesta venta de datos de 47,3 millones

La cuenta en X «H4ckmanac» agitó este lunes el sector de la ciberseguridad. Publicó que un grupo de hackers denominado «HaciendaSec» estaba ofreciendo en la ‘dark web’ la venta de “una base de datos actualizada que abarca 47,3 millones de ciudadanos, incluidos números DNI/NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios IBAN e información financiera relacionada con impuestos”.

El mensaje lo lanzó a las 11:28 de este lunes 2 de febrero.


El Instituto de Ciberseguridad instala un sistema de alerta que detecta ataques contra empresas
Confidencial Digital ha podido saber que horas después funcionarios y empleados de la Administración General del Estado recibieron un aviso. ¿El motivo? Un incidente en la plataforma de Sede Electrónica.

En el mensaje, se avisó a los miembros de la administración de que la Agencia Estatal de Administración Digital, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública (que dirige Óscar López), había dado un aviso por un “incidente de ciberseguridad”.

Ese incidente afectó a “Acceda1”, lo que según fuentes de la administración significa la plataforma de Sede Electrónica de la Administración General del Estado.

Acceda1, en el foco: qué es y para qué se usa
Allí los ciudadanos pueden registrar trámites que tienen que realizar con ministerios y organismos públicos del Estado.

Por esto también los funcionarios trabajan en Acceda 1.

A los funcionarios les informaron del aviso de la Agencia Estatal de Administración Digital sobre el incidente de ciberseguridad.

Decisión inmediata: apagan Acceda1 hasta delimitar el impacto
La decisión de los responsables de la Administración General del Estado ante el “incidente” fue apagar la plataforma Acceda1, “hasta que se delimite” el impacto del agujero de ciberseguridad.

Consejos urgentes de ciberseguridad: máxima precaución
El mensaje que recibieron este lunes miembros de algunos ministerios y organismos públicos del Estado incluye unos consejos de ciberseguridad:

-- “Desconfíe de las llamadas telefónicas sospechosas o inusuales pidiendo información de usuario u ordenador. Puede estar sufriendo un ciberataque”.

[47ronin]

https://x.com/i/status/2018602210800574710

[Heracles_Pontor]

Menuda rata. . .

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Absuelto un funcionario vasco que accedió e imprimió sin permiso el padrón de una persona para un caso de divorcio


El TSJPV le revoca la condena de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a dos años y medio de cárcel, multa de 3.240 años e inhabilitación absoluta durante seis años

L. Gil

Jueves, 5 de febrero 2026, 11:53


La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha absuelto a un funcionario vasco del delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que fue condenado por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a dos años y medio de cárcel, multa de 3.240 años e inhabilitación absoluta durante seis años.


El tribunal de instancia consideró probado que el acusado accedió el 14 de febrero de 2023 a través del sistema informático de su puesto de trabajo en la Diputación de Gipuzkoa y sin estar autorizado para ello a un expediente donde figuraba el empadronamiento del denunciante.

Según el relato de hechos probados, el acusado imprimió el documento e hizo uso del mismo con ese dato sobre el domicilio en un proceso de modificación de medidas acordadas en sentencia de divorcio. El objetivo era acreditar documentalmente que ese varón convivía con su exesposa.

El hombre fue condenado por la Audiencia de Gipuzkoa como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos previsto y penado en el artículo 197.2 y 198 del Código Penal. Tras el fallo, recurrió ante el TSJPV argumentado que el dato relativo al domicilio carecía de carácter secreto al ser conocido por él desde hacía años y haber sido previamente divulgado por su propio titular, al figurar su nombre en el buzón de la vivienda junto con el de su exesposa.


En su recurso mantenía también que no se había acreditado la existencia de perjuicio, exigencia típica del precepto penal aplicado en la sentencia impugnada.

Ahora el Superior vasco le da la razón. Considera que el dato controvertido, el domicilio del denunciante, no tenía carácter «secreto u oculto» tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para aplicar el tipo penal del artículo 197.2 del Código Penal.

Desde la perspectiva jurídico-penal, argumenta, resulta especialmente relevante que cuando una persona hace visible su nombre en el buzón del domicilio, exterioriza de forma voluntaria la vinculación entre su identidad personal y ese lugar, situando dicha información en un espacio objetivamente accesible a terceros indeterminados, tales como carteros, vecinos, repartidores o visitantes.

El TSJPV indica asimismo que el hecho de haber impreso el documento y haberlo aportado en un procedimiento judicial no lesiona el bien jurídico protegido de la intimidad. También que el dato no fue divulgado a terceros ajenos al procedimiento judicial, siendo además una información que era ya conocida por todas las partes.

Faltas disciplinarias
En consecuencia, «ni por la naturaleza del dato, ni por las circunstancias de su previo conocimiento y divulgación voluntaria, ni por el uso estrictamente procesal que se hizo del mismo puede entenderse que concurran los elementos tipos necesarios para integrar el delito previsto en el artículo 197.2 del Código Penal», afirma el TSJPV. El tribunal estima así el recurso del acusado, revoca la sentencia de instancia y le absuelve.

El Superior vasco mantiene, sin embargo que, si concurriesen los requisitos, se podría plantear una eventual responsabilidad del acusado en el ámbito administrativo y cita el artículo 95 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público sobre faltas disciplinarias de los funcionarios públicos.

Esta sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

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A juicio una enfermera acusada de consultar 80 veces el historial médico de la ex de su marido


La Fiscalía pide para ella cinco años de cárcel y diez años de inhabilitación para su profesión sanitaria por un presunto delito continuado de revelación de secreto


Fernando Barroso Vargas


11/02/2026 a las 06:39h.

La Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar el próximo día 18 de este mes un llamativo juicio, contra una enfermera acusada de consultar hasta 80 veces el historial clínico de la ex pareja de su marido, para revelar a continuación a este último los ...

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Alfonso Serrano, número tres de Ayuso, declarará como testigo por una filtración policial que criminalizaba la inmigración

El secretario general del PP de Madrid recibe la citación por haber publicado un documento de la policía local de Alcalá de Henares que en teoría era confidencial

Juan Diego Quesada
Madrid - 12 FEB 2026 - 13:46 CET

Alfonso Serrano, uno de los asesores clave de Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado para declarar en el caso abierto contra una alcaldesa del PP, la de Alcalá de Henares, por la filtración de un documento policial. En su día, enero de 2024, el asunto levantó un enorme revuelo. El secretario general del PP de Madrid usó en sus redes sociales una fotografía de un parte de la policía local para relacionar un delito de agresión sexual con la llegada de migrantes procedentes de Canarias. La sospecha es que ese pantallazo se lo envió la edil, Judith Piquet.

El asunto vuelve a la actualidad en un momento en el que Serrano ha sido cuestionado por dilatar y aconsejar a una presunta víctima de acoso sexual en su partido que no acudiese a la justicia. El dirigente popular defiende que Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles, es inocente pese a que la persona de confianza y tres del partido en Madrid, Ana Millán, dijo en una de las conversaciones con la víctima que se trataba de un caso de acoso “de manual”. Además, el PP de Madrid ha sido muy beligerante a la hora de criticar las filtraciones del fiscal general, Álvaro García Ortiz, a la prensa por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, según considera probado el Tribunal Supremo.

Ahora enfrenta un asunto similar, aunque a escala más local. Serrano acudirá como testigo a los juzgados de Alcalá de Henares el 15 de abril. La investigación se centra en Judith Piquet y en cómo llegó a manos del secretario general del partido ese documento que, en teoría, debía ser secreto. Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebró, de forma excepcional, en Alcalá de Henares.

Pocos meses antes, el Gobierno de Pedro Sánchez había llevado al municipio a 1.200 migrantes procedentes de Canarias. Ayuso dijo que aquello había generado el caos y aseguró que había un brote de sarna y casos de agresiones sexuales y los relacionó con la llegada de los extranjeros. El Gobierno central entonces desmintió que hubiese ninguna investigación y acusó al Ejecutivo regional de “alentar el racismo”.

Varios medios, entre ellos eldiario.es, se hicieron eco de esta información, que lo tuiteó en su cuenta de X (antiguo Twitter). Serrano citó este tuit, al que acompañó de una imagen de un documento policial interno del cuerpo local para evidenciar, desde su punto de vista, que sí había pruebas de estas presuntas agresiones.

En este documento se describía un aviso anónimo sobre la atención a una mujer que denunciaba haber sido atacada cuando caminaba cerca del cementerio. En el parte se identificaba al atacante como un hombre negro y joven. Piquet lo retuiteó.

Un mes después, el PSOE presentó una denuncia porque estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, el cometido cuando una autoridad o funcionario público hace un uso inadecuado de un material del que debe preservar el secreto. La causa también incluye al jefe de prensa de la regidora, que también es presidenta de la Federación Madrileña de Municipios. Piquet acudió a declarar en enero de 2025 al juzgado que instruye la causa y negó ser la autora de la filtración.

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Juicio mañana contra un guardia civil por fisgar en el fichero INTPOL la situación de su arrendatario


Fiscalía solicita para el agente una condena de tres años y medio de prisión y su inhabilitación para el ejercicio de la profesión por espacio de nueve años

- EUROPA PRESS - ARCHIVO

Europa Press Castilla y León
Miércoles, 11 febrero 2026
Publicado: 10:26
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p> VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo este jueves, 12 de febrero, a un agente de la Guardia Civil al que se acusa de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos por, supuestamente, fisgar en el fichero INTPOL la situación de la persona a la que había arrendado un piso, tanto antes de firmar el contrato con su arrendatario como a posteriori cuando se demoró en el pago del alquiler.


Fiscalía solicita para el agente M.V.M. una condena de tres años y medio de cárcel, multa de 7.200 euros y su inhabilitación para el ejercicio de la profesión por espacio de nueve años, según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

El acusado, de 35 años y natural de Palencia, es propietario de una vivienda en el barrio de La Rondilla que alquiló desde el día 20 de julio de 2021 a una persona mediante la formalización del correspondiente contrato en el que el arrendatario contó con un tío como avalista.

El presunto delito se habría producido, según sostiene la acusación pública, cuando el guardia civil, al objeto de realizar comprobaciones previas de su futuro arrendatario y el avalista, prevaliéndose de su posición y en el ejercicio de su condición profesional, consultó en el fichero INTPOL los datos de ambas personas, sin que mediara causa legal alguna por delito y a sabiendas de que carecía de la correspondiente autorización.

Tal actuación, en la que utilizó su número de identificación profesional, volvió a realizarla cuando su arrendatario se retrasó en el pago de las mensualidades, tratando de obtener información que le permitiera ejercer presión para lograr el abono de las cantidades pendientes.

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https://youtu.be/EDiaFiBXxBU?si=nmGipVlqPMX5Ko_i

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https://x.com/i/status/2023736879892382204

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Una vecina de Jerez tendrá que pagar 1.200 euros a un policía por insultarlo en el hospital y publicar el vídeo en redes


Los hechos se produjeron tras la detención de su hijo en un macrobotellón celebrado en la plaza Jesús María

Emilio Cabrera
23 de febrero de 2026 a las 14:04h

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez ha dictado sentencia condenatoria contra una mujer residente en la ciudad por difundir en redes sociales y aplicaciones de mensajería un vídeo en el que increpaba, insultaba y difamaba a un agente de la Policía Nacional. La grabación fue realizada por la propia autora dentro del recinto del Hospital Universitario del Servicio Andaluz de Salud, donde el policía se encontraba en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos se originaron tras la detención del hijo de la condenada durante un operativo policial destinado a disolver un macrobotellón que se celebraba en la plaza Jesús María. La intervención se llevó a cabo después de las reiteradas quejas vecinales por ruidos, suciedad y daños en el mobiliario urbano. Durante la actuación, el joven fue arrestado por presuntamente acometer e intentar agredir físicamente a los agentes cuando estos ordenaban a los congregados cesar su conducta.

El detenido fue acusado de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y, debido al estado de alteración que presentaba, fue trasladado al área de urgencias del hospital para su evaluación médica. Fue en ese contexto cuando su madre accedió a los boxes de urgencias y comenzó a increpar a los policías presentes, centrando su actitud en uno de los agentes.

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Amenazas e injurias
Según recoge la sentencia, la mujer grabó al funcionario con su teléfono móvil mientras profería insultos, amenazas e injurias. Posteriormente difundió las imágenes junto con afirmaciones falsas en diversas redes sociales y servicios de mensajería instantánea, realizando manifestaciones ofensivas y alentando un señalamiento público injustificado contra el agente, lo que supuso un menoscabo de su dignidad profesional y personal.

El fallo judicial considera acreditados estos hechos y condena a la autora por un delito contra las instituciones del Estado, previsto en el artículo 504.2 del Código Penal, en relación con los artículos 205, 208, 211 y 215.1 del mismo texto legal. La sentencia impone una multa de 2.295 euros, de los cuales 1.200 euros corresponden a la indemnización directa al agente por los daños morales sufridos.

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Piden 7 años de cárcel para un guardia civil que se dejó sobornar por su excuñado y filtró datos reservados

Historia de Miguel Triviño • 14 h •

Un agente de la Guardia Civil se enfrenta a una petición de siete años de cárcel por parte de la Fiscalía, que lo acusa de haber facilitado a su excuñado datos de tráfico reservados de varios vehículos a cambio de dinero. Según el Ministerio Público, su antiguo familiar, al que le unía una relación de amistad, trabajaba para una agencia de investigación y necesitaba acceder a datos como titulares, matrículas o ITV, por lo que recurrió al agente, que tenía acceso a bases policiales restringidas.

Así consta en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que se atribuye al guardia civil un delito de cohecho pasivo y otro de descubrimiento y revelación de secretos. El fiscal solicita para él cuatro años de prisión por el primero y tres por el segundo, además de una multa de 3.600 euros por cada delito y seis años de inhabilitación absoluta. Su excuñado se enfrenta a cuatro años por cohecho activo.

El Ministerio Público relata que ambos "mantienen una relación de amistad desde hace años" y que el segundo de los investigados estuvo casado con la hermana del agente hasta 2005. Esa relación hacía que supiera que el guardia civil, "por razón de su cargo de agente de la autoridad, tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico".

Se trata de sistemas a los que los agentes "sólo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Además, antes de utilizarlas los usuarios son advertidos de que "está accediendo a una aplicación informática que contiene bienes jurídicos protegidos por la normativa sobre protección de datos".

[47ronin]

Detenido un empresario en Zafra por instalar una cámara oculta en el baño de su empresa y difundir imágenes íntimas


La Guardia Civil ha detenido a un empresario de Zafra (Badajoz) como presunto autor de delitos contra la intimidad y revelación de secretos tras supuestamente instalar una cámara oculta en los aseos unisex de su empresa para grabar imágenes de contenido íntimo de sus empleados, que posteriormente habría compartido por WhatsApp

elDiarioex

27 de febrero de 2026 12:17 h 0
La investigación se inició después de que una trabajadora denunciara ante la Guardia Civil de Zafra que sospechaba que estaba siendo grabada en el interior del cuarto de baño unisex existente en la empresa donde presta servicio.

Tras la inspección del establecimiento, los agentes localizaron un dispositivo de grabación audiovisual oculto de forma estratégica en la mampara de la ducha. Según han detallado fuentes de la Benemérita, la cámara se activaba mediante un sensor de movimiento, lo que permitía captar imágenes en el interior del aseo durante las veinticuatro horas del día mientras las personas hacían uso de las instalaciones.


Las pesquisas permitieron determinar que el presunto responsable sería el titular de la empresa, quien habría instalado el dispositivo y recibido las grabaciones en tiempo real en su teléfono móvil. Además, según la investigación, habría difundido al menos parte del material a uno de sus contactos a través de WhatsApp.

El análisis del contenido almacenado en la tarjeta de memoria del dispositivo ha permitido constatar la existencia de más víctimas. Hasta el momento, otras dos mujeres han presentado denuncia.

Dos detenidos, uno en Soria, por grabar y difundir imágenes íntimas de 50 mujeres, algunas de ellas amigas, familia y parejas
La investigación continúa abierta para determinar desde cuándo habría estado instalada la cámara, identificar a posibles nuevas víctimas y esclarecer con qué personas pudo haberse compartido el material íntimo y el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra, que se hará cargo del procedimiento judicial.

[47ronin]

Vox quiere cámaras de videovigilancia en la calle Carlos Martín Álvarez (Puente de Vallecas) y más patrullaje nocturno


Europa Press Madrid
Lunes, 2 marzo 2026
Publicado: 10:33

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox plantea que el Ayuntamiento de Madrid instale cámaras de videovigilancia en la calles Martín Álvarez, Santa Alicia y sus inmediaciones, en Puente de Vallecas, como medida disuasoria a la que unir que haya más patrullaje policial nocturno y durante los fines de semana.


Es una proposición que elevarán al Pleno del distrito que se celebra este miércoles, una demanda que la califican de "prioritaria" y que pasaría por un estudio técnico de viabilidad e idoneidad previo. También piden un refuerzo de los agentes de Policía Nacional. Con esto buscan "prevenir altercados y combatir el consumo y tráfico de drogas en vía pública".

Aproximadamente el 30% de las cámaras municipales de videovigilancia están dotadas de tecnología de inteligencia artificial (IA), un porcentaje que se prevé que seguirá creciendo.

Con la puesta en funcionamiento de las últimas, las cámaras del parque de El Calero (Ciudad Lineal) y Pradolongo (Usera), la Policía Municipal opera ya más de 400 dispositivos de videovigilancia en Madrid.

Los sistemas de videovigilancia también han llegado a la plaza del Dos de Mayo (Centro, 16), Plaza Elíptica (Carabanchel/Usera, 15), Puerta del Sol (4 nuevas cámaras) y la calle Cullera (Latina, 18). El Ayuntamiento prevé nuevos proyectos en las plazas de Oporto (Carabanchel) y Jacinto Benavente (Centro), además de mejoras en Tirso de Molina (Centro) y AZCA (Tetuán).

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Obvio...deja la patata en el.tejado judicial.


La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas


La investigación sobre las supuestas filtraciones de datos de periodistas, que implicaban a Miguel Ángel Rodríguez, fue archivada administrativamente, pero continúa su curso en la vía judicial

Sara Fernández
Javier Niño González

Madrid05 MAR 2026 12:57
Actualizada 06 MAR 2026 12:12

La Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por las presuntas filtraciones de datos de dos periodistas. Se trata de una medida administrativa y la causa aún sigue su curso por la vía judicial.


Según explica el informe, la AEPD archiva el expediente por "no constatar indicios de una infracción de la norma sobre el tratamiento de datos personales que ha sido objeto de la reclamación". Sí reconoce que Rodríguez habría realizado comunicaciones de datos personales "en el marco de una comunidad limitada de profesionales de la información, aproximadamente dieciocho personas". "Dichas comunicaciones se produjeron en un contexto acotado, dentro de relaciones que pueden desarrollarse de manera ordinaria entre un profesional vinculado a la comunicación pública y profesionales de medios de comunicación", señala el escrito.

El texto expone que la comunicación de nombres de periodistas o imágenes puede valorarse "en el ámbito de la libertad de información, siempre circunscrita a ese entorno concreto y con finalidad de trasladar una información con apariencia de veracidad". Además, añade que en contextos cerrados entre profesionales de información puede resultar "admisible el tratamiento de datos identificativos en medida en que operen como referencia de fuente o elemento de contraste de información transmitida".

"Desde la perspectiva del principio de minimización, adecuación y proporcionalidad, podría sostenerse que no resultaba necesario transmitir los nombres o, en su caso, las imágenes de las personas afectadas. No obstante, al tratarse de una comunicación no dirigida al público en general sino a una comunidad concreta y delimitada de profesionales de la información, la inclusión de tales datos personales puede operar razonablemente como elemento de contraste o aval de la información trasladada", explican.

En la resolución no se valora si la información que el reclamado añadió a la comunicación de estos datos personales "constituía o no información veraz ni, en consecuencia, si pudiera quedar amparada por libertad de información". Asimismo, tampoco se enjuicia si las valoraciones efectuadas respecto de las personas mencionadas podrían quedar amparadas por la libertad de expresión ni si tales contenidos "pudieran dar lugar a eventuales responsabilidades civiles o penales", expone en el documento el organismo.

Pese a que la Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la denuncia en el ámbito administrativo, la causa sigue su curso por la vía judicial, donde la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias para esclarecer los hechos.

La Comunidad defiende a MAR: "No hay absolutamente nada"
A ello se ha referido también el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha asegurado que a la izquierda "no le molesta" el jefe de gabinete de la presidente sino la propia Ayuso a la que intenta "desgastar en lo personal".

Además, ha reivindicado que sea la propia Agencia Estatal la que no ha visto "absolutamente nada" en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, y no es un organismo que sea "dudoso" porque pertenece al Gobierno central.

"Ha dicho que no hay absolutamente nada, que no se ha vulnerado absolutamente nada, con lo cual no hay ningún tipo de dato que se haya filtrado según la propia agencia", ha subrayado, a la vez que ha incidido en que Rodríguez es "una persona honrada, ética e íntegra".