Autor Tema: Grabaciones, fotografías y protección de datos  (Leído 257828 veces)

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1820 en: 23 de Octubre de 2019, 15:27:14 pm »

Duras críticas a Irene Montero por difundir el nombre de una mujer que ha subido el alquiler a una pareja


La portavoz en el Congreso de Unidas Podemos ha desvelado el nombre de la supuesta propietaria de un piso cuyos inquilinos puede ser deshuaciados.
 
La Agencia de Protección de Datos ya advierte: lo que ha hecho Montero es ilegal

La portavoz de Unidas Podemos podría recibir ahora una sanción económica
Antena 3 Noticias
 Madrid
Publicado: 23.10.2019 13:35
Actualizado: 23.10.2019 13:35

   
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La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha sido duramente criticada en redes sociales tras desvelar el nombre de la supuesta propietaria de un piso cuyos inquilinos puede ser deshuaciados.

Ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter para mandar un mensaje a "la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de doce años viviendo con sus tres hijos". "Llevan doce años pagando 1.000 euros y ahora se les impone una subida abusiva del alquiler de 300 euros que no pueden pagar", señala.

Al final del vídeo, Montero pide a la propietaria "que negocie un alquiler justo para que puedan seguir viviendo en el barrio y en la casa que llevan viviendo 12 años".

Además de las críticas, la Agencia de Protección de Datos ya ha advertido a Irene Montero de que lo que ha hecho es ilegal. La portavoz de Unidas Podemos podría recibir ahora una sanción económica.


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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1821 en: 07 de Noviembre de 2019, 10:22:08 am »
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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1822 en: 16 de Noviembre de 2019, 06:24:21 am »

Todo lo que conseguí saber por Internet en cinco minutos con el nombre de una azafata

Gustos, estado civil, el número de móvil y hasta fotografías en bañador. Todo está en Internet

Marcos Sierra


Publicado 16.11.2019 - 05:15
1 horas

Tenemos una vida real, tangible, material, pero desde hace un tiempo todos, queramos o no, tenemos otra en paralelo. Es la virtual, y en ocasiones está al alcance de terceros. Da igual que no se esté en red social alguna o no se disponga de teléfono móvil u ordenador.

Cuando compramos un piso, alquilamos un coche o nos abrimos una cuenta bancaria, parte de nuestra información personal pasa a estar integrada en bases de datos que no se encuentran clasificados en armarios, si no ordenados en servidores conectados a la nube, a Internet.

Es el caso, por ejemplo, de mi padre. No tiene presencia en redes sociales, correo electrónico. Tampoco utiliza Internet para nada. De hecho, su primer móvil lo estrenó hace un par de años. Sin embargo, al utilizar el servicio de búsqueda de Googlee introducir su nombre y dos apellidos aparecen tres enlaces en los que aparece su relación con la empresa que fundó junto a otros dos socios hace casi medio siglo.

El perfil de mi progenitor es contrario al de la mayoría de las personas que sí tienen una relación más o menos estrecha con el mundo digital. Con esa premisa, nos propusimos ver qué se podía conocer sabiendo de forma 'accidental' el nombre de una persona.

Hace un par de semanas tuve que volar por trabajo a Alemania. Una de las azafatas del avión que nos traía de vuelta a España me preguntó si quería algo del servicio de comida a bordo. Sin querer me fijé en la chapa que lucía en la pechera y memoricé su credencial.

Al día siguiente, con el nombre aún en la cabeza, programé un reloj para que la alarma sonase en cinco minutos. Me propuse conseguir toda la información posible de ella en ese tiempo. Lo único que utilizaría sería un ordenador y una conexión a Internet. Cambiaré algunos datos descubiertos para preservar la privacidad de C.C., siglas a las que corresponde nuestra 'investigada'.

Lo primero que hice fue lo que haría cualquiera. Entrar en Google y escribir su nombre. Automáticamente aparecieron, entre otros enlaces, su nombre asociado al de la aerolínea en la que trabajaba, un perfil de LinkedIn y otro de Facebook.
Facebook

Empecé por Facebook. No la tenía la cuenta blindada con privacidad, por lo cual cualquiera puede acceder a ver parte de su perfil. Analizando posts y viendo sus fotografías descubrí que C.C. nació un 27 de julio y tiene novio. De hecho estuvo con él en una boda el pasado mes de agosto.

Hasta llegué a descargar varias fotos de ella. En una de ellas lucía frente a un mural con un grafity con varias amigas y en otras en la playa también con amigas. Tras consultar su perfil de LinkedIn, descubrí que es sobrecargo en la aerolínea que me trajo de vuelta de Alemania.

Las redes sociales también nos permitieron saber que le encanta la comida china y que es una amante de la ropa. Los establecimientos y comercios que sigue también me hacen pensar en los locales -con dirección física- que podría frecuentar en sus ratos libres. Comenzamos a buscarla en Instagram pero en ese omento sonó la alarma. Ya habían pasado cinco minutos.

En 600 segundos hemos conseguido fotos y un trazado bastante aproximado de sus gustos, preferencias, inquietudes e incluso de los sitios que podría frecuentar C.C. Nuestra recomendación, si no quieres estar tan expuesto en Internet, es cerrar al máximo los perfiles en redes sociales, evitar subir fotografías y realizar rastreos de ti mismo en Google para saber lo que estás compartiendo, y dónde. Es casi seguro que siempre estarás en algún repositorio, pero el conocimiento de lo que se puede encontrar sobre ti en Google te dará cierto poder de maniobra.


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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1823 en: 21 de Noviembre de 2019, 06:31:05 am »

El Tribunal de Cuentas arremete contra la Agencia de Protección de Datos

Cuestiona la formación de sus empleados, la gestión de sus finanzas y los métodos manuales que utiliza en el trabajo y generan "errores humanos"

Alejandra Olcese


El Tribunal de Cuentas ha puesto en duda la fiabilidad de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo público que se encarga de proteger la privacidad de nuestros datos, ya que ha denunciado que sus trabajadores no tienen formación suficiente, su método de financiación no es eficiente, no utiliza sistemas digitales para anonimizar los datos (y al hacerlo manualmente hay riesgo de errores humanos), y no se ha adaptado a los métodos tecnológicos.

"La Relación de Puestos de Trabajo de la AEPD, tanto para el ejercicio 2016 como para el ejercicio 2017, no cumplía todas las exigencias relativas a su contenido establecidas en la Orden de 2 de diciembre de 1988, sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración General del Estado. La Relación de Puestos de Trabajo de la AEPD, publicada en su página web, no refleja la formación específica ni la titulación específica para cada puesto de funcionario".

"Tampoco para los puestos de trabajo de los laborales se señalaba la titulación académica, los méritos específicos ni los cometidos de cada puesto. La organización formal de la Agencia, descrita de manera tan general, no refleja la organización real ni el contenido y requisitos de los puestos de trabajo concretos desarrollados por muchas personas durante el periodo fiscalizado", explica en el informe.

La Agencia, un organismo público que se creó en el año 1993 para velar por la privacidad y protección de los datos de todos los ciudadanos, cuenta con 157 trabajadores, a cierre de 2017, de los que seis son laborales y 149 son funcionarios de distintos subgrupos. Tiene una directora, Mar España Martí; un Consejo Consultivo formado por diez trabajadores que asesoran a la presidenta y se reúnen una vez cada seis meses al menos; una Inspección de Datos; un Registro General de Protección de Datos; una Secretaría General y un Gabinete Jurídico.

Además de que la Agencia no cuenta con profesionales con la titulación requerida, dos de sus trabajadores llevan once y seis años, respectivamente, con un contrato de interinidad, por lo que el Tribunal entiende que "no respondían a la situación de temporalidad prevista para este tipo de contratos". Denuncia también que en los nombramientos realizados por libre designación "no se ha elaborado documentación justificativa de la selección de los nombrados".
Errores manuales

También se detectan problemas en su forma de trabajar; por ejemplo, para anonimizar los datos utiliza un sistema manual, "bastante susceptible de error humano, y no ha incorporado procesos automáticos de revisión".

Este organismo se financia con los ingresos que obtiene de las sanciones que impone, pero éstos son mucho más elevados que sus gastos, con lo que, en 2017 por ejemplo, acabó el ejercicio con un excedente de más de 66 millones de euros que "apenas generan rentabilidades", lamenta el Tribunal de Cuentas, a pesar de que su normativa le permitiría aprovechar mejor esos recursos.

Para mejorar esta situación, el Tribunal de Cuentas recomienda que esta Agencia pase a financiarse con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado y que sea el Tesoro Público el que se encargue de cobrar las sanciones impuestas por la AEPD y gestionar su excedente. "Debería gestionar adecuadamente su tesorería y rentabilizar sus saldos", apunta.
Otros atrasos

Otro de los problemas que detecta esta institución es que aunque el nombramiento de la presidenta expiró en julio de 2019, a cierre de octubre de este año no se ha producido el nombramiento de su sucesor, "pese a que la ley exige que esta publicación en el BOE se efectúe dos meses antes de producirse la expiración del mandato".

El Consejo Consultivo no se ha adaptado a algunas novedades, como la posibilidad de celebrar las sesiones a distancia o enviar las convocatorias por medios electrónicos, y tampoco cumple con el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.


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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1824 en: 22 de Noviembre de 2019, 08:43:11 am »
Todo sistema que no tenga un reconocimiento facial y unacomprobación de placas de marículas, ambas conectdas con las bases de datos, no es más que "ojos" donde ver...sin más...y sin esos ojos la cámara no es más que una recopilación de imágenes que podrán o no podrán servir.


Marbella, el mayor laboratorio de videovigilancia de España
Las cámaras urbanas flirtean con la ley para usar inteligencia artificial sin llegar al empleo de software de reconocimiento facial


El jefe de la policia local de Marbella, Javier Martín (izq.), y el responsable de Informática del Ayuntamiento, José Alonso, explican a varios agentes el nuevo sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que utiliza la ciudad. García-Santos
Jordi Pérez Colomé
Marbella 22 NOV 2019 - 08:35 CET   

Hay un robo en una tienda de Puerto Banús (Marbella). Las cámaras de videovigilancia captan la imagen del atracador. Al día siguiente, el mismo tipo pasea por una calle cercana. Gracias a sus andares, ropa, género, color del pelo y las "características únicas del rostro", las cámaras detectarán su presencia y la policía podrá detenerle. Esas imágenes serán un indicio más en el futuro juicio.

El software de inteligencia artificial flirtea con los límites del reconocimiento facial con su "búsqueda por apariencia"

Marbella usa desde hace un año el sistema más sofisticado de cámaras de videovigilancia urbana de España. Las 85 cámaras de su primera fase no representan el mayor número de dispositivos instalados en España, pero la ciudad malagueña es la que tiene más de cámaras de ultra alta definición, según Avigilon, la empresa estadounidense fabricante del software. Solo la frontera de Ceuta tiene aparatos más perfeccionados y los estadios de primera y segunda división manejan objetivos similares. El municipio alicantino de La Nucía tiene 220, la mayoría de menor resolución, mientras que Las Rozas o Rivas Vaciamadrid, entre otras, han lanzado proyectos similares.

La ley europea prohíbe el reconocimiento facial y el uso de otros datos biométricos sin consentimiento. Para identificar la cara de un sospechoso, las cámaras deberían analizar los rostros de todos los transeúntes marbellíes. Marbella no incumple esa legislación. Pero el software de inteligencia artificial flirtea con los límites con su "búsqueda por apariencia", que incluye rasgos "únicos del rostro", color de ropa superior e inferior, edad, género, color del pelo y aspecto. Toda esta información no es biométrica, es lo mismo que vería un agente por la calle, pero la inteligencia artificial es capaz de observar miles de horas de vídeo para acelerar o concentrar las búsquedas. Además de personas, el sistema es capaz de encontrar cualquier modelo y color de vehículo, aunque no sepa la matrícula.

Junto a la búsqueda por apariencia, el software de Avigilon incluye otra función especial de inteligencia artificial: la detección de movimiento inusual. "Para prevenir las pintadas podemos calcular el tiempo de paso de una persona por una fachada. Si tarda más de 10 segundos la cámara se activa para ver si está haciendo una pintada. No lo tenemos activado por ahora", explica Javier Martín, jefe de la policía local de Marbella. Si alguien corre, merodea, hay una estampida o movimiento imprevisto, en el puesto de mando se activa la cámara pertinente. Estos análisis se pueden hacer en tiempo real y sobre imágenes grabadas.
Una nitidez extraordinaria

La nitidez de las cámaras de 16 megapíxeles de Marbella que se puede ver desde su puesto de mando es espectacular. Ya no son cámaras pixeladas en blanco y negro. Es como ver la calle con una televisión de alta definición. El zoom permite leer la pizarra con el menú de un restaurante a decenas de metros.

Marbella pretendía instalar cámaras de vigilancia en las calles desde 2005, pero tras varias peticiones, solo les fue concedido en 2017. El inspector Javier Martín mapeó todas las incidencias de su ciudad de 27 kilómetros de costa y una población real de unos 250.000 habitantes. Así escogieron las zonas más indicadas para colocar los dispositivos según su riesgo. El Tribunal Superior de Justicia andaluz revisó la colocación y el tipo de cámara y pidió retirar cuatro y poner pantallas virtuales en algunos planos para ocultar balcones.


Cámaras en el puerto deportivo de Puerto Banús. Las dos inferiores son las del Ayuntamiento de Marbella. La cámara en el centro es de 16 megapíxeles, la versión con más definición de las instaladas en el municipio. García-Santos

"No encontramos ningún referente en otro municipio y no pudimos copiar el pliego de prescripciones técnicas", dice José Alonso, técnico responsable de informática. En octubre de 2018 empezó a funcionar esta primera fase. En verano de 2020 esperan añadir otras 105 en una segunda fase y más adelante una tercera. La cuarta será delimitar el término municipal con una tecnología más sencilla: lectores de matrículas. El robo de coches caros es uno de los delitos preferidos en Marbella.

"El proyecto de Marbella es el de más potencial de España en cuanto a la definición de las cámaras y el diseño de las coberturas", dice Cristóbal Martín, responsable de negocio de Avigilon para el sur de España. El software de reconocimiento facial no está instalado en las cámaras marbellíes. Además la ley no permitiría seguir el rostro de un sospechoso por las calles, buscarlo para ver si está en Marbella o comparar la cara de alguien con una base de datos del Gobierno. Tampoco está claro que un software con esa capacidad esté aún disponible: "Existen muchas dudas aún en la actualidad sobre la eficacia del reconocimiento facial", dice Fernando Miró, director de Crímina, centro de investigación criminológica de la Universidad Miguel Hernández (Elche). Con los coches es distinto. El software sí puede seguir el movimiento de un vehículo.

Avigilon acaba precisamente esta semana de desplegar su software de reconocimiento facial. En España no deberían instalarlo en cámaras municipales. "Tenemos instalaciones de carácter privado que estaban esperando para implantarlo", dice Cristóbal Martín. Pero no es algo de momento para todos: "Solo es para aquellas instalaciones y usos que cumplan el RGPD, en la mayoría de casos privados. Para ciudades e instituciones públicas será solo cuando esté amparado por la ley o autorizado por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estatales", añade Martín.

"¿Podrá la policía  justificar judicialmente y activar la búsqueda indiscriminada de la cara de un sospechoso? Parece que sí"

Eso abre un gris importante que será difícil de saber cuándo puede ser explotado, pero pueden imaginarse huecos: por ejemplo, por la investigación de un delito concreto cuando exista un riesgo real, siempre que respete la proporcionalidad y como una excepción a la prohibición de uso de datos biométricos que establece el RGPD, explica Fernando Miró, director de Crímina, centro de investigación criminológica de la Universidad Miguel Hernández (Elche). El día en que haya miles de cámaras desplegadas por España con software como el de Avigilon, ¿podrá la policía española justificar judicialmente y activar la búsqueda indiscriminada de la cara de un sospechoso? Parece que sí.

En los últimos meses en Europa ha habido dos polémicas notables: dos cámaras en la zona de King's Cross de Londres usaro durante dos años esta tecnología y un colegio sueco recibió una multa europea por el empleo del reconocimiento facial, pese a tener el consentimiento de los alumnos.

El problema de la búsqueda indiscriminada es que para detectar a un sospechoso el software debe analizar a todo quien pase por allí. Eso pasa a una base de datos que podría tener un estatuto especial. "El problema es recopilar información o crear métricas con esos datos. Dejaríamos de tener control de nuestra seguridad biométrica. Siempre pienso que esas bases de datos se quedan", dice Paula de la Hoz, consultora de ciberseguridad en Capgemini Invent.
¿Menos delitos?

¿Han bajado los delitos en Marbella en el último año? "Se han resulto denuncias falsas. Alguien nos contaba que le habían robado en tal calle, mirábamos las grabaciones y ni había pasado por allí", explica el inspector Martín. Si el juez no lo pide, todas las cintas se borran un mes después de haber sido tomadas. "En las últimas cuatro ferias hemos tenido el sistema activado y parece que la gente se controla más", explica Martín. "Había una tendencia al alza y ahora no hemos empeorado. El hurto de hecho ha bajado en zonas vigiladas", añade. Las cámaras parecen tener un efecto disuasorio.

La seguridad en Marbella ha sido siempre un tema prioritario. "Uno de los pilares de Marbella es la seguridad. La gente siempre dice que es el sol, pero no. "SOL" es Seguridad, Ornato y Limpieza. Tres temas fundamentales para una ciudad turística", dice Baldomero León, asesor de innovación del Ayuntamiento.






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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1825 en: 26 de Noviembre de 2019, 07:01:14 am »

LA AUDIENCIA LE OBLIGA A REVISAR UN CASO
Revés a Protección de Datos por un usuario de móvil que acabó en las listas de morosos

Denunció que Telefónica Móviles España había permitido un alta irregular y fraudulenta de una línea telefónica móvil a su nombre, sin haber verificado ni comprobado la identidad de quien lo hacía

Beatriz Parera

26/11/2019 05:00 - Actualizado: 26/11/2019 06:34


La Audiencia Nacional ha dado un toque de atención a la Agencia de Protección de Datos por desoír una denuncia de suplantación de identidad. En una sentencia del 14 de noviembre a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Sala de lo Contencioso Administrativo echa por tierra la resolución con la que el organismo se opuso a la reclamación de un consumidor que terminó en las listas de morosos: "El actor denunció la utilización de sus datos de carácter personal sin su consentimiento [...]. Así las cosas, en las resoluciones recurridas, no se contesta a dicha denuncia", critican los magistrados, que obligan a la agencia a estudiar de nuevo el caso.

La situación se remonta a 2011, año en que el consumidor asegura que se suplantó su identidad para contratar una línea telefónica. "El demandante denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos que Telefónica Móviles España había permitido un alta irregular y fraudulenta de una línea telefónica móvil a su nombre, sin haber verificado ni comprobado la identidad de quien lo hacía", explica la sentencia. Según el consumidor, esta falta de control permitió que "un tercero suplantara la identidad", situación de la que no tuvo conocimiento hasta que contrató una nueva línea y se "le indicó que aparecía en una lista de morosos con una deuda superior a 400 euros".

El consumidor presentó entonces una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos en julio de 2017, pero fue ignorada. Lejos de darse por vencido, volvió a la carga en mayo de 2018 con un nuevo escrito que también fue archivado. Tras casi dos años de denuncias, la agencia dio carpetazo al caso en febrero de 2019, rechazando así sus argumentos de que se habían "incumplido los requisitos exigidos en la normativa para el tratamiento de datos personales, como el consentimiento expreso del titular y el requerimiento de pago previo de la deuda antes de la cesión de los datos del reclamante a terceros por parte del operador, por lo que la agencia debía haber investigado los hechos denunciados".

El recurrente apunta a la vulneración de los derechos ARCO: acceso a la información, rectificación, cancelación y oposición. La sentencia, sin embargo, matiza que en la demanda solo se profundizaba en el derecho de acceso y, en concreto, en "la solicitud de la petición de grabación de la contratación de la línea telefónica del año 2011". En lo que se refiere a esta petición, los magistrados sostienen que nunca llegó a producirse de manera clara y que "la reclamación fue debidamente atendida", por lo que "procede desestimar esta pretensión". Pese a ello, la Audiencia Nacional sí da la razón al consumidor, representado por el abogado José Miguel Castillo Calvín, en cuanto a la utilización de sus datos personales sin consentimiento, obligando a la agencia a revisar el caso.

El PSOE pide a Protección de Datos investigar los mensajes telefónicos de Casado
EFE
En concreto, piden que se aclare si los datos personales que se han utilizado para el envío han sido obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público

La sentencia apunta a la posible vulneración de los artículos 4.3 y 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. "Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado", señala el primero. "El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa", establece el segundo.

El tribunal, por tanto, estima en parte el recurso contra la resolución del 6 de febrero de la directora de la Agencia de Protección de Datos, con la que el organismo confirmaba la inadmisión de la demanda frente a Telefónica Móviles España. "Declarar la nulidad de la citada resolución, por no ser conforme a derecho, solamente en relación con la denuncia presentada respecto a la infracción de los artículos 4.3 y 6.1 de la LOPD, acordando en su lugar que por la Agencia Española de Protección de Datos se pronuncie sobre la misma, sin hacer expresa imposición de las costas procesales", subrayan los magistrados. Una vez notificada la sentencia, el organismo tiene ahora 30 días para recurrir la misma.


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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1826 en: 27 de Noviembre de 2019, 06:28:09 am »
Ya lo dije, una cámara sin reconocimiento facial y de placas de matrícula no es más que un ojo por donde ver si es que al otro lado hay alguno.



Las cámaras que leen la cara se extienden por Madrid

Ifema se sumará a estaciones de transporte o casinos, donde ya hay vigilancia capaz de identificar a personas


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Madrid 27 NOV 2019 - 00:20 CET   

El recinto ferial de Ifema, uno de los lugares más concurridos de Madrid, por donde pasan cuatro millones de personas al año, está instalando cámaras de reconocimiento facial. Es la última adición a un listado creciente de edificios de la capital y su entorno que ya cuentan con cámaras inteligentes capaces de identificar a personas comparando la imagen de la cámara con las incluidas en una base de datos. Las de Ifema fueron licitadas en marzo, pero según una portavoz del recinto ferial aún no están listas, por lo que no serán usadas durante la Cumbre del Clima de la semana que viene.

Centros comerciales, estaciones de transporte y casinos son algunos lugares de Madrid donde ya están funcionando cámaras con algún tipo de inteligencia artificial, según fuentes del sector de la videovigilancia que indican que la tecnología se ha extendido rápidamente en 2019. Los sistemas más sofisticados pueden leer caras de delincuentes, desaparecidos o ludópatas que tienen prohibido el juego. Los estadios de fútbol y el aeropuerto de Barajas piensan introducirlas pronto, según esas fuentes. Ni LaLiga ni la Policía Nacional o Aena confirmaron esta información.

Según las fuentes del sector, muchos clientes no quieren desvelar que usan las cámaras porque esta es una tecnología que inquieta y evoca a un control totalitario, aunque añaden que es un miedo irracional. Los críticos señalan que las cámaras, en manos de líderes autoritarios, podrían ser una tecnología perfecta para que perpetren sus abusos de poder, como por ejemplo controlar a los asistentes a protestas.

San Francisco, cuna de la revolución tecnológica, ha sido en mayo de este año la primera gran ciudad de EEUU en prohibir estas cámaras. Sus autoridades locales, familiarizadas con la tecnología y sus posibles excesos, advirtieron que la medida debía ser vista como un mensaje de alerta al resto del mundo.

Una de las pocas empresas madrileñas que ha revelado por iniciativa propia que usa cámaras con reconocimiento facial es la gestora de la Estación Sur de Autobuses. Sus responsables han sido hasta ahora los portavoces más entusiastas en Madrid de este tipo de tecnología porque dicen que ha servido para espantar a carteristas y otros delincuentes. En 2010, la estación tenía cinco incidentes al día. En todo 2019 hasta julio solo había tenido siete.

“Fue un antes y un después”, dice Miguel Ángel García, que fue durante todo ese período su director de seguridad. Recuerda que cuando desapareció Diana Quer, en 2016, aún no tenían la tecnología completamente instalada en la estación. Su equipo invirtió dos jornadas de trabajo en revisar algunas grabaciones de pasajeros que llegaban en autobuses procedentes de Galicia en los que se pensó que la joven podía haber regresado a Madrid. Con cámaras y programas de reconocimiento facial la comprobación habría durado unos minutos. “Fue un tiempo que los agentes se podían haber ahorrado cerrando esa línea de investigación”, dice García.
Cazar a los “malos”

Los defensores de las cámaras capaces de reconocer el rostro creen que muchos temores se deben a la falta de información. Las cámaras por sí solas son incapaces de identificar a los 20 millones de personas que pasan cada año por la estación. El anonimato solo se acaba cuando alguien cruza en un ordenador la grabación de la estación con otra imagen de una persona en búsqueda, por ejemplo la foto policial de un sospechoso de un crimen.
Pagar con un 'selfie'

Además de para vigilar, los expertos predicen que el reconocimiento facial será una forma común de pago en comercios. La empresa de autobuses municipal, la EMT, anunció en septiembre un proyecto piloto por el que cien pasajeros estarán pagando con el rostro durante seis meses en una de sus líneas de bus. BBVA también ha desarrollado su propio sistema. Desde el año pasado, sus empleados lo están usando en el restaurante de su sede madrileña. La tecnología está también en los móviles de última generación y muchos ya ven como algo normal desbloquear el teléfono con la cara.

“En la base de datos están los malos; no estás tú”, dice Fernando Domínguez, director de ventas de Herta Security, una empresa con sede en Barcelona que ha desarrollado un software de lectura de rostros.

García, que hace una semana dejó su empleo en la Estación Sur para trabajar en Renfe, dice que en los últimos meses ha pasado por su sala de control “la flor y nata de la seguridad en Madrid, todos ávidos de saber cómo funciona una tecnología que, agrega García, va a ser nuestro futuro.

La Policía Municipal dice que no emplea esta tecnología en las cámaras callejeras de videovigilancia que tiene por lugares de mucho tránsito. Se encuentran en Gran Vía, Azca, Plaza Mayor, Puerta del Sol y la Castellana, y pronto serán instaladas otras en Tetuán y Vallecas. Otras fuerzas de seguridad del Estado, clientes de Herta Security, no han revelado dónde ejercen videovigilancia.

En Madrid hay otro tipo de cámaras conectadas a programas de inteligencia artificial que no llegan a leer los rostros pero aportan información útil. Varios centros comerciales tienen programas de este tipo que les permite identificar ciertos parámetros de sus clientes como la edad o el género. Estos datos permiten al centro comercial orientar de forma más precisa su oferta.

El paso siguiente, que veremos pronto, será la instalación de un tótem en cada entrada que mostrará anuncios en función del perfil del cliente que pase por la puerta, según Óscar Díez Quijano, portavoz de VisionIPnet, una empresa madrileña de videovigilancia que ha instalado estos sistemas en dos centros de la región. La empresa ve un futuro rosado. “Esta tecnología va a multiplicarse”, dice Díez Quijano.
Un arresto para la historia de la delincuencia en Las Rozas

Dos atracadores en el municipio madrileño de Las Rozas han sido los primeros en ser detenidos con el uso de sus 61 nuevas cámaras callejeras con inteligencia artificial. Dos jóvenes de 21 y 31 años estaban causando estragos desde finales de octubre, tras perpetrar en las calles del centro tres robos con violencia a mujeres de la localidad de 95.550 habitantes, al oeste de la ciudad de Madrid. Según un portavoz municipal, a la Guardia Civil les vino al dedillo el nuevo sistema de cámaras inteligentes, uno de los más extensos de la región.

Su software no lee caras pero sí rastrea a sospechosos introduciendo características como el color de la ropa. También da alarmas si los agentes programan el sistema para que se active cuando observe movimientos sospechosos, como una persona que cae al suelo y otra que sale corriendo, el patrón típico del robo de un bolso. “Esto es un aviso a delincuentes. Si vienes a Las Rozas te vamos a cazar”, dice el portavoz.

Cualquier municipio que ya tenga cámaras, siempre que sean digitales y de alta definición, podría usar este sistema, según los expertos. Solo tendrían que volcar la grabación en un ordenador con el software capaz de leer esa información. De hecho podría ser un programa de reconocimiento facial, algo que por ahora Las Rozas ha descartado. Marbella también tiene un sistema de 85 cámaras con las mismas características que Las Rozas. Este municipio aspira a ser líder en videovigilancia en España cuando amplíe su red con 230 cámaras de tráfico.


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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1827 en: 06 de Diciembre de 2019, 07:02:28 am »

Épila y Los Fayos, primeros municipios de España sin Policía Local que instalarán cámaras de videovigilancia
20M EP05.12.2019 - 14:33h

Los municipios zaragozanos de Épila y Los Fayos van a ser los primeros de España que no cuentan con Policía Local y que van a poder instalar cámaras de videovigilancia, tras haber recibido este miércoles, 4 de diciembre, el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez, con motivo del discurso que ha dado en el acto de celebración del Día de la Constitución.

Allí ha explicado que se ha iniciado un nuevo procedimiento para implantar estas cámaras con el objetivo de "mejorar las condiciones de seguridad" de estas localidades ya que "para luchar contra la despoblación, tan importante como garantizar la educación, la sanidad o las políticas sociales es que los ciudadanos se sientan y estén seguros".

La delegada ha precisado que el proceso administrativo ha culminado "y esperamos poder hacerlo extensivo muy pronto a las provincias de Huesca y Teruel".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha aclarado que desde hace un año la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha estado trabajando para encontrar un marco "jurídico y legal" que permita secundar la petición de algunos municipios que, trasladando las propuestas de sus ciudadanos, solicitaban poder instalar estas cámaras de videovigilancia, a pesar de no contar con Policía Local.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

La delegada del Gobierno en Aragón ha señalado que estas cámaras no van a enfocar a ninguna puerta, ni vivienda, sino a los viales y las calles. Además, ha indicado que la Comisión de Garantías de la Videovigilancia ha conocido los lugares concretos donde van a colocadas "para que en ningún momento se incumpla la ley de protección de datos".

También ha dicho que las imágenes se almacenarán sin que nadie las visione, salvo que se cometa un delito, momento en el que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitarán la autorización para poder visionarlas.

Carmen Sánchez ha informado, igualmente, de que las imágenes se irán almacenando y cada mes se destruirán automáticamente. En ese tiempo, estarán custodiadas por el Subdelegado del Gobierno en Zaragoza. La compra e instalación de las cámaras correrá a cargo de cada ayuntamiento.

La delegada ha comentado que es una iniciativa "pionera" ya que hasta ahora solo se autorizada esta videovigilancia en municipios con Policía Local, para apuntar que anteriormente se han instalado algunas cámaras en los que no la tienen, pero "para el control de tráfico", no con esta finalidad.

"Estamos muy satisfechos de haber encontrado de esa fórmula jurídica" y de poder aplicarla en una Comunidad autónoma como la aragonesa, donde hay "muchos municipios dispersos, envejecidos, con poca población". Esta va a ser "una herramienta más que va a ayudar al control y, sobre todo, a la persecución de los delitos", ha agregado.

A su entender, la "sensación de seguridad es algo subjetivo y desde muchos municipios nos habían trasladado que instalar cámaras de videovigilancia era una herramienta para estar y sentirse más seguros en los pequeños municipios, sobre todo en aquellos más pequeños y dispersos".

TODAS LAS GARANTÍAS

Carmen Sánchez ha manifestado que los dos expedientes aprobados en la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, el de Los Fayos y el de Ricla, han recibido el visto bueno porque cuentan "con todas las garantías y con todos los criterios para que se pudiera hacer".

Ahora, ha continuado, "queremos ir poco a poco" ya que "no todos los ayuntamientos lo solicitarán porque habrá algunos que no lo consideren oportuno o no tengan esa necesidad", pero otros que sí lo harán, para considerar que habrán de cumplirse una serie de criterios y quizá no todos los que lo pidan podrán acceder.

La delegada del Gobierno ha agradecido la "buena disposición" que han mostrado con este proyecto, en todo momento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, el Fiscal Superior de Aragón, José María Rivera, y la Abogacía del Estado, en su condición de miembros de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, así como a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "por su apoyo y colaboración".



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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1828 en: 13 de Diciembre de 2019, 06:50:37 am »

'Hackean' Bicimad y acceden a datos personales de los usuarios

    PABLO R. ROCES
    @Pavlinrodriguez
    Madrid

Viernes, 13 diciembre 2019 - 03:22

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional por el ataque a 13 estaciones y afirma que "en ningún caso" se ha accedido a datos bancarios

Los hackers también han llegado a Bicimad. Trece estaciones del servicio de bicicletas público de la ciudad de Madrid sufrieron un ataque informático el pasado lunes que permitieron a quienes perpetraron la acción acceder al nombre, apellido e información del saldo disponible en las tarjetas de los usuarios.

Fuentes del Área de Medio Ambiente y Movilidad señalan a EL MUNDO que ya se ha impuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y que "en ningún caso" se ha accedido a las cuentas bancarias de los afectados.

Desde el equipo del delegado Borja Carabante apuntan que se ha tenido que "apagar el sistema" y achacan a este hecho "las incidencias en el servicio" que los usuarios están experimentando desde la mañana del pasado miércoles. "Hasta que finalice este procedimiento, que durará aproximadamente una semana, los usuarios podrán seguir utilizando Bicimad pero no se realizarán recargas de saldo, ni se podrá actualizar el mismo ni se podrán crear altas nuevas", aseguran las fuentes consultadas.

Según se vayan produciendo novedades, la Empresa Municipal de Transportes, de quien depende Bicimad, "actualizará puntualmente" dicha información "a través de sus diferentes canales de comunicación".

Desde el Ayuntamiento acusan al equipo de Manuela Carmena de facilitar estos ataques, que ya sucedieron en junio de 2014 y septiembre de 2017, por "no auditar los contratos ni los sistemas" durante la municipalización del servicio. De haberlo hecho, "este fallo se hubiera podido detectar y no se hubieran puesto en serio riesgo los datos de los usuarios ni la seguridad del propio sistema", señalan, al tiempo que apuntan que "la prioridad" de la actual corporación ha sido "garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios".



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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1829 en: 15 de Diciembre de 2019, 07:45:19 am »
Se subió la edad de 13 a 16 para proteger a los menores, se reclamó una contundencia para con los casos de violación en grupo...y ahora cargamos contra la menor filtrando sus conversaciones.



Los audios de la menor del caso Arandina: «Si se van de la lengua, incluyo cosas inventadas»

Uno de los jugadores condenados a 38 años de prisión por agresión sexual ya advirtió al recibir la sentencia que se conocerían. La defensa utiliza este recurso para la revisión del caso, aunque los jueces no les otorgaron valor probatorio
ABC
Valladolid Actualizado:14/12/2019 21:06h

Dicho y hecho. Con el veredicto aún caliente –como muchos ánimos también lo estaban– de condena a 38 años de prisión a tres exjugadores de la Arandina –Carlos Cuadrado «Lucho», Víctor Víctor Rodríguez «Viti» y Raúl Calvo– por un delito de agresión sexual sobre una menor –de 15 años de edad en el momento de los hechos denunciados, el 24 de noviembre de 2017– se ha cumplido. Ya se han filtrado algunos audios (a los que ha tenido acceso ABC) que ponen voz a declaraciones de la menor sobre lo sucedido, como los penados –todos mayores de edad ya en aquel momento y que siempre han mantenido su inocencia– avanzaron que se haría tras conocer el fallo. En esos mensajes –que al parecer ella envía a alguien por un servicio de mensajería de móvil–, la adolescente advierte de que «como cuenten algo», ella también hablará de «todo, todo, todo y inventando».

«Como cuenten algo, te juro que temblarán», añade en un primer audio, mientras en un segundo habla de cómo en clase se le atribuye un presunto embarazo, que ella misma niega. «Como saquen algo, se lía aquí padre», comenta la joven que hoy tiene 17 años.

Por último, en un tercer mensaje grabado, se le escucha: «He sido muy clarita y sincera. Como se vayan de la lengua, mecagüendiez, yo sí que me voy de la lengua e incluyo cosas inventadas», amenaza, ella también lo hará. Apostilla en otro de los audios, en los que afirma que ellos –parece referirse a los entonces jugadores de la Arandina, pues en otro sí cita expresamente el nombre del club– están «advertidos» y «saben las consecuencias». Unas palabras que están en la línea de lo que ya el jueves, nada más escuchar la condena, «Lucho» anunció que ocurriría. «Ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas: los mensajes de ella a sus amigas en los que reconoce que nadie la ha violado, que estos “se van a cagar”, “voy a empezar a mentir más de la cuenta ...”; ahora es cuando se va a empezar a filtrar porque voy a ser siempre luchador de la igualdad para las mujeres, pero creo que a nosotros en este mismo momento nos están jodiendo por todas partes y hay que cambiar esto», afirmó entonces Carlos Cuadrado.

A esas conversaciones ya se hizo referencia durante el juicio –que se celebró a puerta cerrada– y en la fase de instrucción. Los jueces no les dieron valor probatorio y los atribuyeron a la «inmadurez» de la joven. Aunque estos mensajes, a los que ha tenido acceso este diario, son la pieza clave para la defensa en su estrategia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Salen a la luz a cuatro días de que el próximo miércoles, a partir de las 10.00 horas, se celebre la «vistilla» en la que la Audiencia deberá decidir si los tres penados entran en prisión de forma inmediata –como piden la Fiscalía y la acusación particular– o no –las defensas de los jugadores recurrirán el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León–.
Denuncias falsas

La filtración hoy sábado de los audios se suma a la concentración que ha tenido lugar por la tarde en Aranda de Duero. En la localidad ribereña –donde los jugadores llevaban tres meses cuando sucedieron los hechos denunciados– unas 350 personas acudieron a la llamada realizada el viernes a través de las redes sociales para mostrar su apoyo a los condenados y expresar su rechazo a la elevada pena impuesta. #YoSíoscreo, el hashtag utilizado y la expresión coreada en la concentración, a la que además de vecinos acudieron algunos familiares y allegados de los futbolistas, pese a no ser de la localidad burgalesa. «Presunción de inocencia»y «Jueces sometidos por la mafia hembrista» eran dos de los lemas que podían leerse en algunas de las pancartas que portaban, además de pedir que las «denuncias falsas también tengan penas ejemplarizantes».

Y así lo recalcaron también en los manifiestos que se leyeron durante la concentración, en los que gritaron «no estáis solos» y mostraron tanto su apoyo a los penados como su rechazo a la condena. «Es muy duro para nosotros lo que estamos viviendo. Nunca pensé que tendría que estar aquí y así», comentó una prima de Raúl Calvo, tras la lectura del manifiesto, para a continuación agradecer el apoyo que están recibiendo y que ha dicho que les «da fuerza para seguir luchando», informa Efe. También intervino la novia de Carlos Cuadrado para leer en nombre del padre una carta calificando la resolución judicial de «incongruente» y «para contentar a la presión mediática».

Han sido «dos años horrorosos, tanto nuestros hijos como nuestras familias y allegados, emocional y económicamente, afectando a nuestra salud», agregó.

Lo cierto es que la condena ha dividido al pueblo y generado piniones dispares: quienes consideran elevados 38 años y quienes censuran el apoyo a unos «violadores».


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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1830 en: 16 de Diciembre de 2019, 14:44:44 pm »


Cristina Seguí, fundadora de VOX, y Alfonso Ussía difunden datos personales de la víctima del Arandina


Cristina Seguí y el periodista se posicionan en contra de la víctima y su unen a la moción de las más de 350 que se manifestaron en Aranda de Duero.

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Cristina Seguí, fundadora de VOX, y Alfonso Ussía difunden datos personales de la víctima del Arandina
Adrián Valiente MagánAdrián Valiente Magán

16 Diciembre 2019 10:28 (hace 4 horas)

El fallo de la justicia española que condena a Raúl Calvo, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado, exjugadores del equipo La Arandina, a 38 años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor en diciembre de 2017 no ha gustado nada a cierto sector de la población, especialmente a los ultraderechistas. Tanto es así, que más de 300 personas se congregaron en Aranda De Duero el pasado sábado 14 de diciembre, localidad de la joven, en apoyo a los futbolistas y cuestionando a la víctima.

Por otro lado, con el objetivo de desacreditar a la menor, se han empezado a filtrar en redes sociales unas notas de voz enviadas por la víctima a través de WhatsApp. Cuadrado ya adelantó en el juicio que saldrían a la luz con casi total seguridad tras la publicación del fallo. De hecho, la defensa de los tres jugadores contaba con ellos entre manos, como medida probatoria de lo ocurrido, algo que el tribunal desestimó y achacó a la "inmadurez" de la joven para "aparentar experiencia sexual". Los letrados de los jugadores recurrirán a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon y ahora esperan a la vista que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de diciembre, donde la Audiencia nacional decidirá si los condenados entran o no en prisión de forma inmediata. Ellos siempre mantuvieron su inocencia.

Los audios filtrados fueron difundidos, entre otros, por dos personalidades de relevancia en el panorama político y de los medios de comunicación, quienes se posicionan en contra de la víctima. Entre las personas que apoyan la moción de la manifestación convocada en Aranda de Duero y han difundido insensatamente los audios están la cofundadora de VOX, Cristina Seguí, y el periodista Alfonso Ussía, quien no ha dudado en describir a la joven como "manipuladora", quitándole su papel de víctima. Seguí, por su parte, calificó el contenido como "una puñetera vergüenza" ante sus más de 190.000 seguidores. Desde hace meses, este rostro afín a la extrema derecha ha pedido a los ciudadanos reiteradamente que otorguen el perdón social a los tres jóvenes condenados.

Raúl Calvo, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado recurrirán al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
"Raúl Calvo, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado recurrirán al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León"

Manifestación a favor de los condenados
Está ocurriendo de la misma forma que con la víctima de 'La Manada' de Pamplona, pues comienzan a conocerse más datos de ella y lo que ocurrió. La polémica se desató en Twitter cuando se conoció esta información sensible. Cuando los hechos ocurrieron la víctima tenía 15 años y los tres jugadores del equipo de fútbol de la localidad, que llevaban tan solo tres meses en la ciduad, abusaron de ella. Un cuarto también se encontraba en la vivienda, pero la víctima declaro a su favor y defendió su inocencia en su denuncia. No se sabe a ciencia cierta la naturaleza real y el propósito con el que estos mensajes fueron enviados, lo cierto es que la defensa los usará para recurrir el auto impuesto por el magistrado, tras el veredicto del jurado popular.


Mario Pelogato
@mariopelogato
Mujeres de Aranda, no estáis a salvo.#Arandina

 

Video insertado
40
20:11 - 14 dic. 2019
Información y privacidad de Twitter Ads
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Los audios filtrados en Internet se suman a la defensa de los jugadores de La Arandina por parte de cientos de usuarios de las redes sociales y las más de 300 personas que acudieron en la tarde del sábado 14 de diciembre al centro de Aranda de Duero para posicionarse en contra de la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una llamada que se produjo a través de la red a lo largo del viernes 13 de diciembre, con el hashtag #YoSíOsCreo, que cobró relevancia a la hora de prestar apoyo a los penados durante toda la jornada. Pese a que no viven en la localidad, también quisieron desplazarse hasta allí algunos familiares y conocidos de los futbolistas. Quisieron hacer acto de presencia para defender la inocencia de sus allegados. Asimismo, procedieron con la lectura de un manifiesto que apelaba a que la justicia reconsiderara su decisión en cuanto a la pena otorgada a los chicos.

A estos cientos de ciudadanos se le suman aquellas personas que aprovechan cualquier pequeño detalle para hacer leña del árbol caído, prender fuego a la sentencia y difamar lo defendido por la joven, incluso difundiendo sus propios datos personales.

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1831 en: 16 de Diciembre de 2019, 14:45:14 pm »
El padre de la menor ya ha anunciado que denunciará la filtración.

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1832 en: 16 de Diciembre de 2019, 16:59:32 pm »
ANUNCIA QUE EMPRENDERÁ ACCIONES LEGALES



El padre de la víctima del caso Arandina: "Me avergüenza el apoyo del Ayuntamiento a quien se manifiesta en favor de unos violadores"


El padre de la menor agredida por los tres exjugadores de la Arandina defiende que "la Justicia ha dado razón a la verdad" y anuncia que emprenderá acciones legales contra aquellas personas que filtren los audios de la niña.


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laSexta.com

  Madrid | 16/12/2019
 
Espejo Público ha hablado con el padre de la menor agredida sexualmente por los tres exjugadores de la Arandina, condenados a penas que suman 114 años de prisión. "La Justicia ha hablado y se ha dado razón a la verdad. Las pruebas están ahí", señala el padre de la víctima.

"La verdad es lo que vale y no las mentiras que ha contado la abogada de ellos. Por eso creo en la Justicia", añade, al tiempo que anuncia que emprenderá acciones legales contra aquellas personas que filtren los audios de la niña.

Afirma que la familia está atravesando momentos duros y que están necesitando de la ayuda de psicólogos para salir adelante. "Estamos muy lastimados, estamos tristes y rotos pero somos una familia unida y así seguimos... Estamos muy unidos".

Tacha de "absoluta vergüenza" las concentraciones en apoyo a los tres condenados: "Siento mucha vergüenza por el apoyo que el Ayuntamiento de Aranda muestra a los que han salido a manifestarse en favor de unos violadores en vez de hacer lo que debía hacer, que es estar defendiendo a quien es del pueblo".

Los tres exjugadores de La Arandina CF han sido condenados a penas que suman 114 años como autores de la agresión sexual sobre una menor de 16 años. En concreto, a cada uno de ellos la Audiencia de Burgos les impone una pena de 38 años de privación de libertad.

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1833 en: 17 de Diciembre de 2019, 16:52:08 pm »


Multa de hasta 20 millones y 5 años de cárcel por difundir los audios de la víctima de la Arandina


Cuentas de Twitter están distribuyendo mensajes de Whatsaap de la menor con el fin de desprestigiar su testimonio
ABC
Madrid
Actualizado:
17/12/2019 12:29h
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¿Por qué la Manada se libró de 80 años de prisión y a los jugadores de la Arandina les condenan a 38?
La distribución de los audios de la víctima de la Arandina por redes sociales puede acarrear un multa de hasta 20 millones y cinco años de cárcel. Y es que, desde que se conoció la sentencia, el pasado día 12, diversas cuentas de Twitter están difundiendo los mensajes de Whatsaap enviados por la menor de 15 años en el momento de ser violada a su entorno. Así lo ha adelantado Público.


Como es sabido, los tres exjugadores, fueron condenados a 38 años de cárcel cada uno.

Dichos audios, que fueron tenidos en cuenta por la Audiencia Provincial de Burgos y su contenido figura en la sentencia, si bien no se tuvieron en cuenta como pruebas que desmerecieran el relato de la menor en relación a la agresión sexual.

Sin embargo ahora, con la publicación de dichos mensajes, se pretende m enoscabar el testimonio de la víctima y ponerlo en tela de juicio. No obstante, una abogada ha explicado a dicho diario que la distribución de los audios sí constituye un delito que pude conllevar elevadas sanciones económicas y penas de prisión, no solo para quienes los hacen públicos, sino para cualquiera que los distribuya o difunda.


En este sentido, las mismas fuentes indican que la voz es por sí misma un dato personal identificativo y no hace falta que vaya asociada a ningún nombre ni imagen. Además, vulnera el derecho a la intimidad y el honor, así como el derecho a la protección de datos. Por ello, es preciso el consentimiento de la persona para divulgar su voz, recalca la abogada

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1835 en: 18 de Diciembre de 2019, 14:04:04 pm »

La víctima de la Arandina pedirá a la Fiscalía que denuncie la difusión de sus audios en redes sociales


La Agencia Española de Protección de Datos denuncia a Twitter a varios usuarios que habían difundido los audios y se plantea abrir sanciones. Algunos tuiteros avisan a la menor que han certificado los mensajes borrados para que puedan ser utilizados como pruebas en un proceso judicial

SOCIEDAD 18.12.2019 08:30 MARISA KOHAN
Este miércoles la acusación particular, es decir, la menor y sus representantes legales, pedirá al Ministerio Fiscal que denuncie la difusión de los audios de la víctima de la Arandina que se han distribuido masivamente sin su consentimiento en redes sociales desde que el pasado 12 de diciembre se conociera el resultado de la sentencia.


Así lo ha afirmado a Público Luis Antonio Calvo, abogado de la organización Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en este caso. Tal como afirma este letrado, esta decisión se tomará este miércoles cuando se reúnan con la Ficalía en una vista que tendrá lugar en la Audiencia de Burgos, y aclaró que se trata de una denuncia que sólo el Ministerio Fiscal o la menor y sus representates estarían legitimados jurídicamente para tomar.

Con la difusión de los audios, varios usuarios de redes sociales (especialmente de Twitter), entre los que se encuentran políticos y periodistas, han intentado desprestigiar la declaración de la menor en sede judicial que acabó con la condena a 38 años de cárcel para cada uno de los tres acusados.

Hasta el momento la Fiscalía no ha actuado de oficio en este asunto, aunque por tratarse de una menor de edad, tendría competencias para ello. Fuentes de la Fiscalía General del Estado ha afirmado a Público que no lo han hecho porque la menor tiene edad suficiente para decidir dar un paso como este, porque la víctima tiene representantes legales y un letrado que la representa. En estos casos, afirma la Fiscalía, prefieren que sea la propia víctima la que decida de qué forma actuar. Distinto sería, afirman desde esta institución, que la menor estuviera en desamparo, sin representación legal o letrado que la represente. En ese caso, afirman, la actuación de oficio es obligatoria.
 
Este lunes los representantes legales de la menor han denunciado ante la Policía a un tuitero que había desvelado el nombre, la dirección y el correo electrolítico de la menor
.

Denuncia de la Agencia de Protección de Datos
No ha sido la única denuncia. Tal como ha confirmado a Público la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), este lunes esta institución pública denunció a Twitter diversas cuentas que habían distribuido los audios de la víctima. No lo hizo de oficio, sino tras una denuncia recibida por esta agencia. Tal como explican fuentes de la AEPD, si bien la denuncia recibida no se realizó utilizando el canal prioritario que esta institución puso en marcha el pasado mes de septiembre para comunicar la difusión de contenido sensible, la agencia lo trató de forma urgente. "Hemos remitido a Twitter unas medidas cautelares previstas en la ley española de protección de datos para evitar la continuidad del tratamiento", explican fuentes de la institución, que afirman que la respuesta de la red social fue casi inmediata, puesto que en menos de 24 horas se habían eliminado varias de los mensajes denunciados.

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Según afirman abogados expertos en protección de datos, es difícil distinguir cuándo un tuit ha sido eliminado por el propio usuario y cuándo es la red social la que lo hace por denuncia.

Este lunes un artículo publicado en este diario alertó que la difusión de los audios constituían un delito que podía ser penado con hasta dos millones de euros de sanción y hasta cinco años de cárcel. Desde entonces muchos usuarios borraron su mensaje.

 
 El Supremo cae sobre la manada del Arandina: condenados por cooperación necesaria e intimidación ambiental
Entre la denuncia de la AEPD y el temor a exponerse a una demanda, mensajes como el retuiteado del periodista Alfonso Ussia, desaparecieron de la red. También se borró el de una de las cuentas más activas en la difusión de los audios, un usuario que se presenta en Twitter como Mister Kalimotxo y al que había retuiteado la periodista y fundadora de Vox, Cristina Seguí.  Quién no ha eliminado su mensaje distribuyendo los audios es Bertrand Ndongo, diputado por Vox en el Congreso y popularmente conocido como "el negro de Vox", que al cierre de esta información seguía manteniendo un tuit con los mensajes de voz de Whatsapp de la menor, acompañados por un texto de Ndongo  que dice: "Lo ha conseguido, les han condenado a 38 años. Bravooooooooo. LA JUSTICIA! Vaya tela con 'menor' ?".

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Todos ellos, se enfrentan ahora a una posible denuncia por delito de revelación de secreto, contenido en el código penal, o a sanciones por parte de la Agencia de proteccion de datos.

La AEPD explicó a este diario que se está evaluando "la apertura de un procedimiento sancionador contra el o los usuarios responsables de haber realizado el tratamiento de los datos sin consentimiento".

¿Borrar o no borrar? Esa es la pregunta
Si bien acabar con la difusión de datos que constituyen un delito es uno de los objetivos principales de la AEPD, el borrado de los mensajes compartidos en redes sociales puede ser también un problema, tal como explica Verónica Alarcón, abogada y socia de ePrivacidad.

 
"El contundente mensaje que lanza la sentencia de la Arandina servirá para prevenir violaciones grupales"
 "El contundente mensaje que lanza la sentencia de la Arandina servirá para prevenir violaciones grupales"
"Si la agencia lo que pide son medidas cautelares a la red social, como hizo en este caso, y Twitter elimina esos contenidos, la prueba desaparece y a los abogados y la víctima nos dejan sin pruebas para poder acudir a un procedimiento judicial y aportar pruebas al juez", afirma Alarcón.

 
Los exjugadores de La Arandina, condenados a 38 años de cárcel por violar a una menor
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Según esta experta, sería importante que antes de emprender una acción de borrado de los mensajes, la Agencia de Protección de Datos se pusiera en contacto con la víctima de alguna manera para que ésta pueda certificar los mensajes de las redes sociales, y que puedan servir como pruebas.

"Entiendo el tema de evitar la difusión, pero cuando ya se ha producido el hecho, tal vez es más recomendable esperar a que la denuncia la presente la víctima o dar un tiempo prudencial o contactar de algún modo con la víctima para certificar ese contenido".

La certificación es un procedimiento cada vez más utilizado. Consiste en certificar notarialmente el contenido de un mensaje de una red social. Tal como explica Alarcón, se puede hacer de varias formas. Una de ellas es mediante un notario, al que se le da una determinada URL (una dirección web) y éste levanta un acta, que es como una escritura y en ella da fe de que efectivamente un usuario ha difundido un contenido concreto. Esto suele ir acompañado de imágenes. "Da fe de que efectivamente en tal día y tal hora ese conetnido estaba publicado por esa persona", afirma Alarcón.

Otro mecanismo, tal como explica esta experta, es hacerlo con lo que se conoce como "terceros de confianza": páginas web que son servicios de pago, donde copias una dirección web, la pegas en ese esa página web y te devuelve un documento en que certifica el contenido. Da fe de que ese contenido estaba en esa fecha de esa determinada manera.

Exactamente esto es lo que hicieron algunos tuiteros este martes. Desde varias cuentas anunciaron que habían certificado varios de los mensajes de twitter que habían sido borrado y los ponían a disposición de las autoridades o las propia víctima para que le sirviera de prueba si decidía denunciar los hechos o ponerlos en manos de la Fiscalía.

Tuits como el de Mister Kalimotxo, que fue borrado este martes o de Bertand Ndongo, así como otros que retuitearon los audios, pueden ser presentados como pruebas en caso de ser necesario.

"Una vez borrado el mensaje no sabes quién lo ha hecho: si ha sido el propio usuario o la red social por una denuncia. Y esto es importante en los procedimientos judiciales, porque si es el usuario quien lo borra, podría entenderse que intenta resarcir el daño o al menos parar esa difusión, lo que podría hacer disminuir la pena o la indemnización que se le imponga. Podría considerarse una forma de atenuante", concluye Alarcón.

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1836 en: 19 de Diciembre de 2019, 07:14:50 am »

La víctima de la Arandina pedirá a la Fiscalía que denuncie la difusión de sus audios en redes sociales


La Agencia Española de Protección de Datos denuncia a Twitter a varios usuarios que habían difundido los audios y se plantea abrir sanciones. Algunos tuiteros avisan a la menor que han certificado los mensajes borrados para que puedan ser utilizados como pruebas en un proceso judicial

SOCIEDAD 18.12.2019 08:30 MARISA KOHAN
Este miércoles la acusación particular, es decir, la menor y sus representantes legales, pedirá al Ministerio Fiscal que denuncie la difusión de los audios de la víctima de la Arandina que se han distribuido masivamente sin su consentimiento en redes sociales desde que el pasado 12 de diciembre se conociera el resultado de la sentencia.


Así lo ha afirmado a Público Luis Antonio Calvo, abogado de la organización Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en este caso. Tal como afirma este letrado, esta decisión se tomará este miércoles cuando se reúnan con la Ficalía en una vista que tendrá lugar en la Audiencia de Burgos, y aclaró que se trata de una denuncia que sólo el Ministerio Fiscal o la menor y sus representates estarían legitimados jurídicamente para tomar.

Con la difusión de los audios, varios usuarios de redes sociales (especialmente de Twitter), entre los que se encuentran políticos y periodistas, han intentado desprestigiar la declaración de la menor en sede judicial que acabó con la condena a 38 años de cárcel para cada uno de los tres acusados.

Hasta el momento la Fiscalía no ha actuado de oficio en este asunto, aunque por tratarse de una menor de edad, tendría competencias para ello. Fuentes de la Fiscalía General del Estado ha afirmado a Público que no lo han hecho porque la menor tiene edad suficiente para decidir dar un paso como este, porque la víctima tiene representantes legales y un letrado que la representa. En estos casos, afirma la Fiscalía, prefieren que sea la propia víctima la que decida de qué forma actuar. Distinto sería, afirman desde esta institución, que la menor estuviera en desamparo, sin representación legal o letrado que la represente. En ese caso, afirman, la actuación de oficio es obligatoria.
 
Este lunes los representantes legales de la menor han denunciado ante la Policía a un tuitero que había desvelado el nombre, la dirección y el correo electrolítico de la menor
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Denuncia de la Agencia de Protección de Datos
No ha sido la única denuncia. Tal como ha confirmado a Público la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), este lunes esta institución pública denunció a Twitter diversas cuentas que habían distribuido los audios de la víctima. No lo hizo de oficio, sino tras una denuncia recibida por esta agencia. Tal como explican fuentes de la AEPD, si bien la denuncia recibida no se realizó utilizando el canal prioritario que esta institución puso en marcha el pasado mes de septiembre para comunicar la difusión de contenido sensible, la agencia lo trató de forma urgente. "Hemos remitido a Twitter unas medidas cautelares previstas en la ley española de protección de datos para evitar la continuidad del tratamiento", explican fuentes de la institución, que afirman que la respuesta de la red social fue casi inmediata, puesto que en menos de 24 horas se habían eliminado varias de los mensajes denunciados.

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Según afirman abogados expertos en protección de datos, es difícil distinguir cuándo un tuit ha sido eliminado por el propio usuario y cuándo es la red social la que lo hace por denuncia.

Este lunes un artículo publicado en este diario alertó que la difusión de los audios constituían un delito que podía ser penado con hasta dos millones de euros de sanción y hasta cinco años de cárcel. Desde entonces muchos usuarios borraron su mensaje.

 
 El Supremo cae sobre la manada del Arandina: condenados por cooperación necesaria e intimidación ambiental
Entre la denuncia de la AEPD y el temor a exponerse a una demanda, mensajes como el retuiteado del periodista Alfonso Ussia, desaparecieron de la red. También se borró el de una de las cuentas más activas en la difusión de los audios, un usuario que se presenta en Twitter como Mister Kalimotxo y al que había retuiteado la periodista y fundadora de Vox, Cristina Seguí.  Quién no ha eliminado su mensaje distribuyendo los audios es Bertrand Ndongo, diputado por Vox en el Congreso y popularmente conocido como "el negro de Vox", que al cierre de esta información seguía manteniendo un tuit con los mensajes de voz de Whatsapp de la menor, acompañados por un texto de Ndongo  que dice: "Lo ha conseguido, les han condenado a 38 años. Bravooooooooo. LA JUSTICIA! Vaya tela con 'menor' ?".

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Todos ellos, se enfrentan ahora a una posible denuncia por delito de revelación de secreto, contenido en el código penal, o a sanciones por parte de la Agencia de proteccion de datos.

La AEPD explicó a este diario que se está evaluando "la apertura de un procedimiento sancionador contra el o los usuarios responsables de haber realizado el tratamiento de los datos sin consentimiento".

¿Borrar o no borrar? Esa es la pregunta
Si bien acabar con la difusión de datos que constituyen un delito es uno de los objetivos principales de la AEPD, el borrado de los mensajes compartidos en redes sociales puede ser también un problema, tal como explica Verónica Alarcón, abogada y socia de ePrivacidad.

 
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"Si la agencia lo que pide son medidas cautelares a la red social, como hizo en este caso, y Twitter elimina esos contenidos, la prueba desaparece y a los abogados y la víctima nos dejan sin pruebas para poder acudir a un procedimiento judicial y aportar pruebas al juez", afirma Alarcón.

 
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Según esta experta, sería importante que antes de emprender una acción de borrado de los mensajes, la Agencia de Protección de Datos se pusiera en contacto con la víctima de alguna manera para que ésta pueda certificar los mensajes de las redes sociales, y que puedan servir como pruebas.

"Entiendo el tema de evitar la difusión, pero cuando ya se ha producido el hecho, tal vez es más recomendable esperar a que la denuncia la presente la víctima o dar un tiempo prudencial o contactar de algún modo con la víctima para certificar ese contenido".

La certificación es un procedimiento cada vez más utilizado. Consiste en certificar notarialmente el contenido de un mensaje de una red social. Tal como explica Alarcón, se puede hacer de varias formas. Una de ellas es mediante un notario, al que se le da una determinada URL (una dirección web) y éste levanta un acta, que es como una escritura y en ella da fe de que efectivamente un usuario ha difundido un contenido concreto. Esto suele ir acompañado de imágenes. "Da fe de que efectivamente en tal día y tal hora ese conetnido estaba publicado por esa persona", afirma Alarcón.

Otro mecanismo, tal como explica esta experta, es hacerlo con lo que se conoce como "terceros de confianza": páginas web que son servicios de pago, donde copias una dirección web, la pegas en ese esa página web y te devuelve un documento en que certifica el contenido. Da fe de que ese contenido estaba en esa fecha de esa determinada manera.

Exactamente esto es lo que hicieron algunos tuiteros este martes. Desde varias cuentas anunciaron que habían certificado varios de los mensajes de twitter que habían sido borrado y los ponían a disposición de las autoridades o las propia víctima para que le sirviera de prueba si decidía denunciar los hechos o ponerlos en manos de la Fiscalía.

Tuits como el de Mister Kalimotxo, que fue borrado este martes o de Bertand Ndongo, así como otros que retuitearon los audios, pueden ser presentados como pruebas en caso de ser necesario.

"Una vez borrado el mensaje no sabes quién lo ha hecho: si ha sido el propio usuario o la red social por una denuncia. Y esto es importante en los procedimientos judiciales, porque si es el usuario quien lo borra, podría entenderse que intenta resarcir el daño o al menos parar esa difusión, lo que podría hacer disminuir la pena o la indemnización que se le imponga. Podría considerarse una forma de atenuante", concluye Alarcón.

ESPERE SENTADA



Esperando a la Fiscalía


Espero a ver qué hace la Fiscalía con respecto a la difusión de los audios de la menor víctima de una violación grupal en Aranda

Estoy esperando porque tiene indicios de la comisión de varios delitos, tiene el nombre de los posibles autores, existen las pruebas para reafirmarlo y, sobre todo, porque no puede dejar de proteger a esa niña
Elisa Beni
18/12/2019 - 22:02h

Estoy a la espera. Espero a ver qué hace la Fiscalía con respecto a la difusión de los audios de la menor víctima de una violación grupal en Aranda. Estoy esperando hace un rato largo porque esta es la crónica, de la humillación y vejación de una menor víctima, que fue anunciada. Justo tras la comunicación de la sentencia, con una mezcla de indignación  y chulería, uno de los condenados lo dejó claro: "ahora es cuando se van a filtrar los mensajes de ella a sus amigas". Anunciado y con origen claro. Las amenazas se cumplen y los victimarios la han cumplido.

Estoy esperando a la Fiscalía porque entre sus atribuciones, así recogidas en la Ley de Protección de Víctimas, está la de proteger a los menores víctimas de delitos como sucede en este caso. Protegerles del linchamiento, de la humillación, de la revictimización. Aquí los que desde determinadas posiciones políticas claman en defensa de las víctimas de ETA, los que se posicionan como paladines de sus derechos, los que arremeten contra todo homenaje a un etarra, contra todo chiste, han sido los que no han tenido el menor rebozo en hacer virales unos audios con escarnio para esta víctima que, según parece, cae en el lado contrario de su batalla política. Los audios aparecieron en una cuenta desconocida que fue inmediatamente retuiteada por Cristina Seguí -socia fundadora de Vox- por Bertrand Ndongo -ya saben, el hombre de color de Vox- y por el periodista Alfonso Ussia. Estas cuentas con miles de seguidores convirtieron en viral la estigmatización de la víctima. Existen las capturas de la URL de esos tuits, lo que permite recuperarlos una vez borrados por los autores. Hay peritos que tienen monitorizado el movimiento de esos tuits y sus retuits, así que tampoco se trata de buscar estelas en la mar. Por eso estoy esperando a la Fiscalía.

Esa Fiscalía que no tuvo ningún prurito en intentar llevarse por delante a la tuitera Cassandra por unos chistes malos sobre Carrero Blanco, que acabó convertido en sus escritos de acusación en una víctima del terrorismo más, y para la que pidieron dos años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta. De facto, la Audiencia Nacional se la pulió y en el recurso al Tribunal Supremo, la Fiscalía volvió con toda la carga de artillería. Finalmente el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la AN. Me dirán que esa era la Fiscalía de los tiempos de Mariano Rajoy, y les doy la razón pero en el cambio de dirección, no espero que se pase de la represión a la inacción cuando sí es necesario ejercer las funciones. Entre otras cosas porque fue la Fiscalía, la de ahora, la de Segarra, la que pidió 38 años de prisión asumiendo las consideraciones del Tribunal Supremo así que si están machacando a la víctima por una condena que pediste y que crees justa ¿a qué esperas para poner pies en pared y acabar con este linchamiento vergonzante? Máxime cuando es una guerra ideológica en la que está cayendo como víctima propiciatoria una menor ya vejada y violentada y una familia que debe estar dolorida hasta sus últimas costuras.

Hay tres mujeres en la Fiscalía que podrían hacer algo al respecto. Tres mujeres. Supongo que con especial sensibilidad hacia este tipo de delitos y victimizaciones secundarias. ¿Qué hacen? ¿A qué esperan? La primera es la fiscal jefe de Castilla-León, Lourdes Rodríguez Rey que, según me dicen, está esperando a ver qué hace y qué dice la familia. Como si esto fuera un tema civil de protección del honor o como si esos pobres padres tuvieran que echarse sobre las espaldas todo o como si esto no les afectara más que a ellos y no a la sociedad y también a la Administración de Justicia que está siendo vejada y retada, a unos magistrados a los que se está gritando que prevarican. Es que los fachas cuando se lanzan no distinguen.

La segunda es Elvira Tejada de la Fuente, la fiscal jefe de Criminalidad Informática, que sí que al parecer está estudiando, eso sí con calma, las circunstancias del caso a ver si hay algo que desde su negociado se pudiera hacer. Seguro que sí y a eso vamos luego.

La tercera, y la más importante, es María José Segarra, la fiscal general del Estado, la jefa de todas ellas y la que tiene en su mano, legalmente, la posibilidad de dar instrucciones para que se abran inmediatamente unas diligencias informativas. Segarra es una mujer que se dijo sensible con estas cuestiones. Sólo tiene que decir "¡Abran...!" y lo puede perfectamente ordenar por escrito si fuera preciso, como recoge el Estatuto Fiscal.

La Fiscalía no tiene que dictar sentencias. Sólo tienen que detectar los indicios de criminalidad, reunir las pruebas y presentar la acusación. ¿Por qué no le preguntan a la letrada Olga Navarro a qué se refería cuando dijo que la víctima se iba a tener que ir de España? ¿Y al condenado que afirmó que los audios se iban a hacer públicos? Sólo tienen que acudir al artículo 169.2 del Código Penal, el de las amenazas.

¿Pueden buscar indicios del incumplimiento del artículo 173.1, el que se refiere a la integridad moral y al trato degradante que está sufriendo esa menor con publicidad en las redes? Cuentas con casi 200.000 seguidores y todos los diarios que han repicado después la cuestión. ¿Qué me dicen del artículo 197.1 referido a la revelación de secretos de conversaciones? Conversaciones que han sido extraídas de un procedimiento penal. ¿Investigamos si por alguna parte de las que tienen obligación de guardar consideración a las otras partes y, sobre todo, a las víctimas?

¿Releemos el artículo 22 de la Ley de Protección a las Víctimas? Sí, ese que dice que los tribunales y la Fiscalía, y todos los demás que de alguna manera participen en el proceso "adoptarán las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas (...) y, en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad". Oigan, señoras fiscalas, yo me subo en un taxi y nada más decir la dirección muchos taxistas saben sin mirar que soy Elisa Beni. Por la voz, ya saben. El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa un asunto en el que debe dilucidar si la voz constituye un dato personal pero es que, si incluso no lo fuera, la voz permite identificar a la víctima. Cualquier persona que oiga los audios y haya tratado con la menor, por cualquier circunstancia, sabrá que ella es la víctima. Ahora y en el futuro. ¿Van a hacer eliminar esos audios de donde estén colgados en la web?

No es que pretenda agotar las posibilidades ni es mi papel escribir escritos de acusación. Yo sólo estoy esperando a la Fiscalía. Estoy esperando porque tiene indicios de la comisión de varios delitos, tiene el nombre de los posibles autores, existen las pruebas para reafirmarlo y, sobre todo, porque no puede dejar de proteger a esa niña para que sus esperanzas de recuperar su vida no se pierdan definitivamente en una virulenta batalla política en la que existen individuos dispuestos a pasar incluso sobre una menor víctima de un gravísimo delito para lograr sus objetivos políticos o ideológicos.

Se que no estoy sola esperando a la Fiscalía.

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1837 en: 19 de Diciembre de 2019, 07:26:23 am »
Descerebrados en las redes ha habido unos cuantos estos días que sin analizar las consecuencias han subido a sus cuentas de tuitter los audios de la menor, a esa subida se sumaron otros descerebrados con comentarios alusivos a ell...pero este caso es especialmente llamativo, el de un Policía Local que cuenta con múltiples seguidores y que por tres veces subió esos audios a la vez que ponía en tela de juicio que eso constituyese delito...hoy nos encontramos quizás con un esfinter costreñido a la espera de que el juez y la Agencia de Protección de Datos se interesen por él.

https://twitter.com/alto_policia?lang=es


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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1838 en: 19 de Diciembre de 2019, 18:17:58 pm »


¿Por qué no se han eliminado los audios de la víctima de la Arandina si su difusión es un delito?


Dificultades técnicas y restricciones por no vulnerar la libertad de expresión, según afirman los expertos, hace lenta y complicada su desaparición de las redes sociales. Algunos apuntan, además, a la necesidad de que no se eliminen antes de que puedan ser certificados como pruebas en un juicio.

SOCIEDAD 19.12.2019 08:01 MARISA KOHAN
Las cosas en palacio van despacio. Tal vez esta frase podría aplicarse en este caso. Desde hace varios días diversos usuarios de redes sociales están difundiendo a diestro y siniestro algunos audios que la víctima de la Arandina compartió con algunas amigas tras la violación. Su contenido fue oído durante el juicio y transcrito en la sentencia que condenó a los tres agresores a penas que suman los 114 años de prisión (38 para casa acusado), pero la Audiencia de Burgos no consideró que dicho material desmereciera el relato de la menor en relación a la violación en grupo.


Igual que ocurriera con la víctima de La Manada de Pamplona, diversos usuarios, e incluso medios de comunicación, se han lanzado a hacer públicos mensajes, fotos y hasta datos personales que ningunean a la víctima, desprestigian su testimonio o juzgan sus acciones anteriores y posteriores a la violación. Una acción que pone el foco en las mujeres agredidas y no en los agresores.


La difusión de estos audios es un delito que puede ser penado con elevadas multas (hasta un tope de dos millones de euros) e incluso pena de cárcel (hasta cinco años), tal como adelantó Público.

​A pesar de esta aclaración sobre el hecho de que distribuir los audios es delito y de que la Agencia Española de Protección de Datos haya denunciado varias de esos mensajes a Twitter, los audios siguen campando a sus anchas en las redes. Especialmente en la de pájaro azul. ¿Pero por qué no han sido eliminado si su distribución es un delito?

 
La víctima de la Arandina pedirá a la Fiscalía que denuncie la difusión de sus audios en redes sociales
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La primera explicación es que no se pueden borrar contenidos de redes sociales a mansalva. De hecho sólo se pueden borrar mensajes concretos de cuentas concretas. Para ello es necesario que alguien denuncie un mensaje, tanto a la propia red social, ante la Policía o que lo haga a través de la Agencia Española de Protección de Datos.

Tal como explican desde ese organismo, desde el pasado mes de septiembre se ha habilitado un canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada. Temas que atañen a víctimas de violencia de género, a población LGTB, violencias sexuales, entre otras, tienen un tratamiento prioritario y urgente.


Sin embargo, tal como explican a Público fuentes de dicha agencia, las medidas cautelares urgentes que envían a las plataformas digitales, sólo pueden hacerse sobre URLs  (direcciones web) concretas, pero no sobre un contenido, es decir, sobre los audios en este caso. En esto, tal como explican algunas fuentes consultadas, existen restricciones técnicas, pero sobre todo a la libertad de expresión. Borrar masivamente contenidos es prácticamente imposible sin vulnerar este derecho fundamental.

Es decir es un borrado que se "hace caso a caso, mensaje a mensaje. No sobre los audios. Es  preciso identificar las URLs. No se puede pedir que se elimine de la red social el contenido, sino que se elimine un mensaje específico que lo contiene", explican fuentes de la AEPD.

 

Sí hay que tener en cuenta que, si bien todos los mensajes no se puedan eliminar o los usuarios decidan no eliminarlos, la AEPD sí podría abrir expediente sancionador mediante denuncia de un tercero, o actuando de oficio, sobre cualquier usuario que haya o esté distribuyendo un material que, como estos audios, supongan una infracción sobre la normativa de protección de datos.


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Su distribución es delito a través de cualquier plataforma
Tal como explica la experta Verónica Alarcón, abogada de ePrivacidad, la distribución de este contenido es tan delito cuando se hace en plataformas abiertas, como cuando se distribuye por grupos más acotados como pueden ser los chats de Whatsapp. En este caso, detectar su circulación es más complicado y requeriría la denuncia de alguno se sus integrantes, por lo que frenar la distribución por estas vías se hace, si cabe, más difícil.

Por último, esta experta advierte también sobre el peligro de eliminar los mensajes que contengan los audios sin antes realizar un proceso de certificación. Si bien es deseable que no circulen o que nunca hubieran sido distribuidos, una vez que se ha hecho, borrarlos elimina también pruebas clave que podrían se utilizadas en un juicio o en un juzgado si la víctima de los delitos decide denunciar por la vía penal o civil.

Por ello, pide cautela a la hora de denunciar y borrar los mensajes. Las acciones de certificación de URLs son cada vez más frecuentes. Se trata de que un notario o alguna web que se conoce como "terceros de confianza" certifique el contenido de una URL y emita un documento que sirve de prueba en los procesos judiciales. Así, si el usuario borra el mensaje o éste es eliminado por la red social, existe una prueba del delito. En el caso de los audios de la víctima de la Arandina, varios usuarios de redes sociales han realizado la certificación de varias de los mensajes que han sido borrados y los están poniendo a disposición de la víctima si decide denunciar.

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Re: Grabaciones, fotografías y protección de datos
« Respuesta #1839 en: 20 de Diciembre de 2019, 16:29:12 pm »


Unidas Podemos lleva a la Fiscalía la difusión en Twitter de los audios de la víctima del 'caso Arandina'



El grupo confederal presenta un escrito ante "la pasividad" de la Fiscalía General y pide que se proteja a la menor tras la sentencia condenatoria a sus violadoresEntre los denunciados, Cristina Seguí, Alfonso Ussía, Bertrand Ndongo o el policía nacional Alfredo PerdigueroUnidas Podemos reclama que el nuevo Gobierno recupere la reforma para que "solo sí sea sí" que el Congreso comenzó a tramitar en febrero


Uno de los condenados del 'caso Arandina'. EFE / BURGOS
Por Aitor Riveiro
20 dic 2019 12:09

Unidas Podemos ha denunciado este viernes ante la Fiscalía General del Estado la difusión de unos audios de la menor de edad violada por tres futbolistas del equipo de la Arandina que han sido condenados a hasta 38 años de cárcel por estos hechos. Tras conocerse la sentencia, se difundieron en redes sociales, especialmente en Twitter, unas grabaciones en las que se escucha la voz de la mujer, hoy todavía menor de edad y que han sido utilizadas para desacreditar su testimonio, clave en el juicio.


Ante estos hechos, el grupo confederal ha reclamado a la Fiscalía General que investigue si se ha cometido un delito de revelación de secretos que recoge el artículo 197 del Código Penal, según han explicado en una rueda de prensa los diputados Enrique Santiago y Sofía Castañón. En el escrito, los denunciantes citan expresamente a la cofundadora y exdirigente de Vox Cristina Seguí; al periodista Alfonso Ussía; al inspector de Policía Alfredo Perdiguero, al "activista" Bertrand Ndongo y al titular de la cuenta de Twitter @MrKalimotxo, como primer emisor de los audios.


"Con esta conducta los autores de la difusión están intentando desprestigiar el testimonio de una menor de edad y sembrar dudas acerca de la fiabilidad de su declaración", apunta el escrito. Y añade: "Pese a las insidias, los audios ya fueron valorados desde un punto de vista probatorio por la sala de la Audiencia Provincial de Burgos encargada de enjuiciar los hechos".

El escrito recuerda que "los audios defendidos forman parte del expediente judicial al que solo han tenido acceso las parstes del proceso".

Los hechos denunciados podrían acarrear una pena de hasta cinco años para quienes se apoderaron de los audios y de hasta tres para quienes los difundieron. El escrito recuerda que el Código Penal hace especial hincapié en las revelaciones de secretos de carácter sexual.


Recuperar la ley del "solo sí es sí"
"Nos habría gustado que la Fiscalía hubiera actuado de oficio", se ha lamentado Santiago ante los periodistas en el Congreso. "La víctima tenía 15 años cuando se cometieron los hechos y ahora sigue siendo menor", ha recordado el también abogado y secretario general del PCE.

Santiago ha criticado la "pasividad" de la Fiscalía y ha explicado que el escrito de denuncia menciona expresamente a estas personas "por tener un alto seguimiento en redes sociales y por la difusión que consiguen", pero ha señalado que "deben ser denunciadas todas las personas" que difundieron los audios. Santiago se ha referido expresamente al caso del funcionario y ha recordado que existen procesos disciplinarios internos que el Cuerpo Nacional de Policía debería estudiar poner en marcha.

La diputada Sofía Castañón ha señalado por su parte que la denuncia busca también hacer llegar a la víctima que "no está sola" y extender esa idea a todas las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia machista. Con los hechos denunciados se produce una "revictimización" de la menor, ha explicad la también secretaria de Feminismos de Podemos. "Se les pone en duda", ha añadido. "Por eso las mujeres no quieren denunciar, porque hay una culpabilización y una criminalización", ha indicado.

Castañón ha reclamado un "despliegue de medidas públicas" para evitar hechos similares y ha confiado en que se pongan en marcha las medidas legislativas para que se haga realidad el "solo sí es sí". La diputada ha recordado que el Congreso ya admitió a trámite el pasado mes de febrero una proposición de su grupo parlamentario para iniciar las modificaciones legales en este sentido, pero la legislatura decayó y el bloqueo político ha imposibilitado volver a poner en marcha el proceso.

Castañón no ha querido desvelar si el acuerdo de Gobierno Castañón no ha querido desvelar si el acuerdo de Gobierno que Unidas Podemos negocia con el PSOE incluye recuperar esta medida y se ha limitado a señalar que "es un consenso que cabe siempre poner sobre la mesa".