Policía y Guardia Civil exigen un plan del Gobierno contra la delincuencia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
ha colocado el crimen organizado en la primera página de su agenda política. Ayer, en el Senado por la ma?ana, y ya por la tarde en el Congreso, anunció medidas para combatir este fenómeno delincuencial, el segundo que más le preocupa después del terrorismo.
Sabe el jefe del Ejecutivo que la inseguridad ciudadana es uno de los aspectos más sensibles de cualquier acción de gobierno y precisamente por ello, tras la última oleada de asaltos a chálés en Catalu?a, precedida de episodios similares en otras zonas de Espa?a en los que incluso hubo víctimas mortales -Canals (Valencia)- decidió ayer tomar la iniciativa. El otro punto para la inquietud es que la incidencia de este tipo de criminalidad en las estadísticas delincuenciales es demoledora. El presidente primero reiteró la puesta en marcha de un Centro Nacional contra el Crimen Organizado y luego anunció el envío de más de 350 guardias civiles a las localidades catalanas donde se han producido los últimos episodios violentos.
Sensación de inseguridad
El Gobierno está particularmente preocupado con el aumento de los asaltos a chalés y así se lo ha hecho saber a los mandos de la Guardia Civil y la Policía. Se trata de una prioridad absoluta y, por tanto, presiona para poder presentar cuanto antes ante la opinión pública resultados contundentes. Hasta tal punto hay prisas que se han dado órdenes tácitas en el sentido de que si hay que ?abandonar? otros temas se abandonen porque ?lo primero es lo primero?. Al margen de los datos, en Interior se es consciente de que la sensación de inseguridad ciudadana es cada vez mayor.
En el caso concreto de Catalu?a, los investigadores tienen claro por el modo de actuar, los horarios, y los botines que detrás de los chalés, pisos, naves industriales y bares desvalijados están bandas del Este, mayoritariamente y también de suramericanos. Sobre las primeras precisan que están integradas por rumanos, albanokosovares y búlgaros y que ?no son primera fila?, aunque si tienen que recurrir a métodos violentos no dudan.
Se ha detectado, asimismo, por las denuncias presentadas en los últimos meses el intenso ?trabajo? de los llamados ?murciélagos? o ?silenciosos?. Son grupos que actúan de noche sin despertar a los moradores y sin tirar de armas o amenazas.
Fuentes de la lucha contra el crimen organizado admiten que la situación es muy delicada; que Espa?a ya es una de las principales bases de este tipo de delincuencia; que existe un ?efecto llamada? según el cual organizaciones delictivas ya asentadas animan a otras de sus países de origen a ?trabajar? aquí y que incluso exportamos ?chorizos? a otros países, como Japón. No obstante, precisan que Francia, Italia y en menor medida Portugal están sufriendo una oleada similar.
Sin embargo, recuerdan que ?asaltos en viviendas ha habido siempre; lo que ha cambiado ahora es que se trata de delincuentes violentos que no dudan en enfrentarse a los due?os si son descubiertos, aunque no sea esa su idea inicial?. Algunos expertos, incluso, abogan por la puesta en marcha cuanto antes de un plan nacional contra la delincuencia mafiosa, a semejanza del que se hizo contra las drogas. ?De lo contrario -afirman estas fuentes- el fenómeno no parará de crecer porque se dan todos los ingredientes?.
En cualquier caso, la coincidencia es absoluta en que es necesario abordar un cambio legislativo. ?Hay que regular correctamente la asociación ilícita si es que queremos combatir eficazmente a las bandas organizadas?, aseguran. La receta pasa por implicar a fiscales y jueces, en la misma proporción que asuntos como el terrorismo. En países de nuestro entorno la asociación de malhechores está penada hasta con cinco a?os de cárcel, sin concurrencia de delitos. En Espa?a se ha aplicado en contadísimas ocasiones. ?En muchos casos cuando detenemos a grupos dedicados a robar en viviendas los delincuentes salen en libertad porque ni siquiera el fiscal pide prisión para ellos atendiendo a lo leve de la pena?, a?aden. Y afirman con contundencia que hay una evidente desproporción entre el esfuerzo policial para poder desmantelar estas bandas -entre tres y seis meses de trabajo de un grupo formado por entre cuatro y seis agentes- y la respuesta judicial cuando son detenidos estos individuos. Aun así, el trabajo de las Fuerzas de Seguridad sigue a buen ritmo y hay en marcha una quincena de operaciones sólo de los servicios centrales.
