Un juzgado de Madrid investigará la existencia de bases de datos sobre manifestantes
Los movimientos sociales madrileños han conseguido una pequeña victoria. El Juzgado de Instrucción nº33 de Madrid ha citado a un agente de policía nacional en calidad de imputado para que explique los hechos ocurridos en septiembre de 2012, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en una asamblea en el Retiro y realizaron una identificación colectiva de los presentes.
Según indica el auto de la Audiencia Provincial (AP), que ha ordenado reabrir el caso, el sobreseimiento y archivo de las diligencias fue “precipitado”, ya que no se realizaron “las mínimas diligencias indispensables para tomar cabal conocimiento de la forma exacta en la que ocurrieron los hechos”.
De este modo, los tres jueces de la AP firmantes estiman que no están “suficientemente esclarecidos” los motivos de las identificaciones y señala que, “lo más relevante”, es que la Policía, tal y como denuncian los activistas, podría haber disuelto la reunión, un delito que se traduciría en la inhabilitación de los mandos responsables y una sanción económica.
Por otro lado, los magistrados han pedido que se esclarezca también “el uso que haya podido hacerse de las identidades de los manifestantes, es decir, si sus nombres quedaron registrados en una Base de Datos constituida al efecto”. Si se hubiera producido, según el auto, puede constituir “una importante forma de controlar a las personas que ejercitan el derecho de reunión”.
Este tema ha sido públicamente denunciado por activistas y organizaciones sociales, potenciado por las palabras de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que provocó revuelo al afirmar que tiene localizado a un grupo de “entre 800 y mil y pico personas que están en todo y son los que provocan los incidentes”.
Denuncia colectiva
Medio centenar de personas se encontraba reunido en el Retiro, junto al Palacio de Cristal, en una asamblea preparatoria para la primera convocatoria ‘Rodea el Congreso’, cuando, según el testimonio de los presentes, llegaron de forma repentina dos furgones. Los agentes obligaron a los activistas a levantarse, a colocarse junto a la pared y a identificarse. Un día después, los manifestantes se organizaron para interponer una denuncia colectiva.
El juzgado de instrucción nº 33 archivó rápidamente la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el caso. “En este caso hay dos cuestiones: por un lado, la vulneración fundamental de reunión y, por el otro, qué se está haciendo con los datos de los manifestantes”, explica Juan Moreno, el abogado de los activistas denunciantes. “Se abre una vía para investigar de forma efectiva cuáles han sido los motivos por los que los disidentes políticos han sido perseguidos, vigilados, hostigados y sancionados a lo largo de los últimos dos años”, añade.
Además de las denuncias constantes por parte del 15-M, o por colectivos de abogados como ALA, el tema de las identificaciones políticas también fue incluida en la querella presentada por IU contra Cifuentes. Para este letrado, es claro que existe un “plan sistemático de vigilancia y control” de manifestantes.
Moreno se encuentra satisfecho por el auto, aunque admite que le gustaría que hubiera ido algo más allá. “La actuación de la policía siempre es considerada intachable y la acción del ciudadano siempre merece sospecha. Por eso aquí ha vuelto a pasar que un juez vulnera el derecho a la tutela efectiva que tenemos los ciudadanos”, asevera. “Los presentes en la asamblea estaban haciendo política. La política no sólo la hacen los partidos”, reivindica.
‘La lista de Cifu’
Tras las palabras de Cifuentes, en las que afirmaba que la Policía tenía controlada la identidad de cientos de manifestantes, el hashtag #LaListadeCifu llegó a ser el tema más comentado del día en Twitter. Aquel mes también fueron detenidos cuatro activistas por desplegar un pancarta llamando a la acción ‘Rodea el Congreso’ del 25-S y algunos dirigentes políticos pidieron explicaciones por este supuesto seguimiento. La polémica estaba servida. Desde Acampada Sol recordaban que “los archivos de activistas son ilegales” y que “todo el mundo tiene derecho a consultar su ficha policial”.
La Delegación del Gobierno salió a la palestra para negar la existencia de dicha lista, y alegó que la declaración de Cifuentes fue “una manera de hablar”. “Es cierto que la policía tiene localizado a un grupo que sabe que es siempre el mismo, porque acude a todas las manifestaciones, pero no quiere decir que se les tenga registrados con nombres y apellidos, ni tan siquiera identificados”, aseguró un portavoz de la institución.
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