“Luchaba por lo que era mío”
Una preferentista octogenaria que usa andador pelea en el juzgado una multa por saltar una vallaVíctor Honorato Pontevedra 7 ABR 2015 - 19:22 CEST
Domitila Vicente, ayer en los juzgados. / LALO R. VILLAR
“Tengo osteoporosis, reumatismo, artrosis en las cervicales... Me acabaron con la vida pero yo luchaba por lo que era mío, y sigo luchando”, relataba ayer a la entrada de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra Domitila Vicente, apoyada en su andador, antes de la vista en la que su abogada trató de probar que una mujer de 81 años con problemas para caminar no puede liderar una carga de afectados por las preferentes para colarse en un consistorio vallado y vigilado por la Guardia Civil, por mucho que diga un atestado.
La denuncia policial que la acusó por su “agresiva” conducta es una de los más de 40 que han servido a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para multar a afectados por las preferentes por recriminar demasiado airadamente a los cargos del PP la gestión de la estafa de las preferentes de las extintas cajas de ahorros gallegas. Los jueces llevan revisando las sanciones una por una desde noviembre y de momento el resultado avala a los recurrentes: 10 sentencias a favor y una en contra. Están en juego algo más de 20.000 euros que los sancionados han tenido que abonar recurriendo a un fondo común. Los perjudicados sienten que las multas respondieron a una maniobra política para acallar las protestas avalada por el subdelegado, Antonio Coello.
De vuelta a Europa
V. H.
Una representación de las plataformas de afectados por las preferentes acudirá la semana que viene a Bruselas para intervenir ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y reclamar que se persiga la comercialización de los derivados financieros tóxicos en Galicia, que atraparon más de 1.800 millones de euros de más 70.000 clientes de las extintas entidades Caixa Galicia y Caixanova. La vía europea es la que queda abierta tras el archivo virtualmente definitivo de la investigación judicial, tras la negativa de la Audiencia Nacional a abordarla el año pasado.
La actividad de las plataformas de afectados, exceptuando la lucha contra las multas y la búsqueda de responsabilidades, se mantiene al ralentí, una vez logrado el objetivo principal de que los ahorradores recuperasen sus fondos. Tras la nacionalización y posterior venta a saldo de Novagalicia Banco, la entidad resultante de la fusión de las cajas, al grupo venezolano Banesco, su presidente, Juan Carlos Escotet, se comprometió a devolver el dinero bloqueado. Lo hizo en su gran mayoría, pero los afectados calculan que todavía quedan bloqueados unos 100 millones de euros, en torno al 6% del montante total, por lo que reclaman una reunión con Escotet para abordar el reintegro.
La autoridad pública consideró que Domitila Vicente debía pagar 100 euros por “alterar la seguridad colectiva y provocar reacciones en el público e intentar penetrar hasta el interior del Concello 'del Rosal' en tres ocasiones para provocar la alteración del normal funcionamiento del citado concello y comportarse de manera agresiva, arengando a los demás participantes de la manifestación a entrar por la fuerza”. También le impuso otros 100 euros por los mismos hechos con la variante añadida de “desobedecer los mandatos de los agentes”.
“Estaba ayudando a un señor a entrar en el coche, arrastrando por él, cuando viene un guardia civil y me da un puñetazo en el pecho”, recordó Domitila ante los medios. “Debí denunciarlo, fui tonta”, lamentó, tras reiterar que necesita ayuda para desplazarse. “Gracias que me traen, llevo dos años con andador pero por lo visto salté una valla”, ironizó. “Fue algo totalmente insignificante, aún si hubiese hecho alguna tontería… Pero solo estábamos fuera, como una familia, tocando la corneta. Y así nos vienen multando. Todos acusados por el PP”, insistió.
La sanción a la octogenaria forma parte de la tanda de julio de 2013, que los preferentistas empezaron a recibir por las protestas diarias del mes previo en la plaza de O Calvario de O Rosal, frente al Ayuntamiento. Los afectados habían sido expulsados recientemente del consistorio tras meses de encierro y unas semanas después comenzaron a recibir multas, también por infracciones de tráfico como tocar la bocina a destiempo o llevar mal puesto el cinturón de seguridad. En ningún caso los agentes pidieron la identificación en el momento a los multados, que se encontraron con la sorpresa semanas después en el buzón de correos.
El de Domitila Vicente era el primero de los cinco juicios previstos para ayer. Otras tres vistas se referían a hechos sucedidos en O Rosal, incluido el de Fernando Asensio, también aquejado de problemas de movilidad, hasta el punto de acudir a las concentraciones provisto de un taburete. Fernando suele recordar que escapó joven de la dictadura y no regresó hasta 23 años después, muerto Franco. “Estamos volviendo atrás”, concluye. Del resto de sancionados, destaca también una supuesta agresión a un vecino en Tui, ratificada en la vista por un agente de policía local, pero sin denuncia ni parte de lesiones.
El más acribillado por las multas es Xulio Vicente, portavoz principal de los afectados de Baixo Miño, que acumula siete, una de ellas ratificada en el juzgado y tres anuladas en resoluciones que en general critican la vaguedad de las denuncias iniciales y la negativa de la Subdelegación a aceptar pruebas durante el procedimiento administrativo. Así pasó con el historial médico de Domitila, al que no se prestó atención.
“Esto no es un país, es un circo”, se queja el portavoz de la agrupación que más beligerante con los gobiernos del PP se mostró en 2012 y 2013, en el apogeo de las protestas. Vicente entiende que si las sentencias contra las multas siguen siendo abrumadoramente favorables a los recurrentes se puede reactivar la investigación que la fiscalía archivó el pasado otoño al no hallar entonces indicios de irregularidades en las sanciones.
