Autor Tema: Ordenanzas municipales y policía administrativa  (Leído 236489 veces)

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1861 en: 12 de Julio de 2019, 17:23:46 pm »


El Defensor del Pueblo pide más control e inspecciones sobre los bares del centro


ISABEL F. LANTIGUA
@iflantigua
Madrid
Viernes, 12 julio 2019 - 02:22

Un camarero recoge varias bebidas en un bar del centro de la ciudad.
JAVIER CUESTA
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Heladerías y locales de comida preparada que, de un día para otro, empiezan a servir menús para comer en su interior; bares y tabernas que, de repente, actúan como restaurantes a pleno rendimiento o establecimientos de restauración que acometen importantes obras de acondicionamiento sin los permisos correspondientes. Es el modus operandi habitual en el que se manejan varios locales de hostelería del centro de Madrid, que entran en una rueda de «infracciones» que va mucho más rápida que la Administración. Un problema que tiene hartos a los vecinos y ante el cual el Defensor del Pueblo ha hecho una llamada de atención a los Gobiernos de la Comunidad y del Ayuntamiento.

En un informe al que ha tenido acceso ELMUNDO, fechado el 23 de mayo, poco antes de las elecciones municipales, el Defensor del Pueblo, tras detallar algunos ejemplos concretos de infracciones de locales situados en las calles Augusto Figueroa, Barbieri, Infantas, Clavel, Regueros o Libertad, entre otras, advierte que «la declaración responsable», la fórmula jurídica a la que se acogen muchos de estos bares y restaurantes para cambiar sus usos -que implica un control a posteriori de la actividad y no previo-, no debería usarse para estos negocios y recomienda al Gobierno de la Comunidad que «estudie la posibilidad de modificar el régimen jurídico de control administrativo de los establecimientos dedicados a espectáculos públicos y acividades recreativas, sometiendo los mismos a licencia administrativa previa».

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La situación es la siguiente. El centro de Madrid está declarada por el Gobierno municipal Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), por lo que «no se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de actividades de espectáculos públicos [...] entre ellos los de hostelería y restauración». En este contexto, es muy difícil que el Ayuntamiento conceda una licencia nueva para estos negocios. Lo que ocurre es que la Comunidad da la posibilidad de abrir un local, hacer una reforma o revisar el aforo del establecimiento con una simple declaración responsable. Mediante este procedimiento el interesado firma que cumplirá la normativa y se pone a funcionar.


Después, una vez ya está en marcha, cuando algún vecino lo denuncia o la Agencia de Actividades municipal lo inspecciona se entra en un proceso administrativo larguísimo. «Y cuando la autoridad está a punto de cerrarles, presentan otra declaración responsable y vuelta a empezar, en un bucle interminable», lamentan en la Asociación de Vecinos de Chueca, que ven este funcionamiento a diario.

«Es alarmante que tengamos una administración incapaz de garantizar el cumplimiento de la legalidad. Algo está fallando en el modelo administrativo para que cientos de negocios infractores vivan en el limbo de la legalidad lucrándose a costa de la salud de miles de personas», señala a este periódico Esteban Benito, presidente de la asociación, para quien «es incomprensible cómo la maquinaria administrativa, que claramente se muestra rotunda y contundente ante cualquier mínima infracción de cualquier ciudadano común, puede llegar a ser tan lenta e incapaz ante estos infractores que depredan nuestros barrios y nuestra convivencia».

Y el Defensor del Pueblo incide en esa indefensión de los vecinos. Su informe explica que «la Comunidad consideró oportuno dejar a voluntad del solicitante el que una actividad calificada como de espectáculos públicos o recreativa se someta bien a licencia previa, bien a declaración responsable». Por lo tanto, aclara, «no es contrario a derecho que el ejercicio de estas actividades se someta únicamente a declaración responsable y no a una licencia previa». Pero hace varias puntualizaciones al respecto.


La primera que «lo que se conoce como espectáculos públicos y actividades recreativas se refiere, básicamente (aunque no de forma exclusiva) al sector de la hostelería-restauración. Se trata de un tipo de actividades muy agresivas con el medio ambiente y, en especial, en lo relativo a la contaminación acústica, con implicaciones para la salud pública». Y, en el caso del centro de Madrid esto es especialmente importante porque está declarada ZPAE.

En segundo lugar indica el Defensor que «el mecanismo de la declaración responsable, que implica control a posteriori de este tipo de actividades, exige para ser eficaz, un reforzamiento de la actividad inspectora municipal, que no se ha producido. La labor de la Agencia de Actividades, desbordada por el elevadísimo número de declaraciones responsables presentadas, no puede garantizar un control de la actividad sometida a declaración».

Además, añade el informe que «estamos hablando de un sector conflictivo, que genera frecuentes intervenciones de la Policía Local -1.622 denuncias y 1.163 actuaciones e inspecciones en julio del año pasado-», unos datos que, a juicio del Defensor del Pueblo, «inciden en que es más que cuestionable el sometimiento de este tipo de actividades a declaración responsable y no a licencia administrativa previa, ya que su control se ha mostrado ineficaz». Y, en tercer lugar destaca que «el hecho de que se deje a la libre elección del solicitante el someterse a un sistema u otro no deja de ser algo cuanto menos extraño y que afecta a la seguridad jurídica». Por eso aconseja al Gobierno regional que cambie el régimen jurídico y exija la licencia administrativa previa para estos negocios.


Benito insiste en que «urge una revisión del modelo, que pasa por la derogación de la declaración responsable para negocios que puedan generar impactos irreversibles en el medio ambiente, el patrimonio o la salud y los derechos de los ciudadanos».


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1863 en: 27 de Julio de 2019, 09:48:25 am »


SANCIÓN PLAYERA

Hasta 300 euros de multa por coger sitio en primera línea de playa


Para recuperar los enseres hay que depositar 30 euros

gabinete [EN DIRECTO]


REDACCIÓN
26/07/2019 19:39
En la playa de Torrox ya no se podrá plantar la sombrilla bien pronto en primera línea de la playa para luego volver a la cama. Los que hagan eso podrían enfrentarse a una sanción de 300 euros. Además, los objetos abandonados durante más de dos horas serán retirados y habrá que pagar 30 euros para recuperarlos.

https://youtu.be/ela0aVdXFBA

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1864 en: 31 de Julio de 2019, 17:35:25 pm »


En Murcia la Policía Local podrá intervenir el dinero a los gorrillas

hace 3 horas


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Se está elaborando un borrador de la nueva normativa por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de Murcia.
Para la elaboración del borrador se ha tomado como referencia las ordenanzas que tienen otras ciudades como Alicante, Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.

Esta medida pretende acabar con los “servicios” que ofrecen los gorrillas a las personas que conducen sus vehículos, como limpieza de parabrisas, venta ambulante como Kleneex o mecheros y la de aparcacoches.

La Concejalía que dirige Eduardo Martínez-Oliva ha confeccionado el borrador de la ordenanza reguladora de actividades o conductas en el espacio público del municipio de Murcia.

Todo ello “en el afán de atender las necesidades que nuestros vecinos nos demandan en el día a día y dotar de las herramientas legales adecuadas para establecer el correcto marco de seguridad jurídica de todas las actuaciones de esta administración, hemos elaborado el texto de esta nueva normativa”.

El objetivo es garantizar el derecho de las personas a poder transitar sin ser molestados o perturbados contra su voluntad y garantizar la libre circulación de personas y la protección de menores.

De esta forma se quiere evitar la coacción y el acoso que impiden la libre circulación de los ciudadanos por espacios públicos.
La Policía Local requerirá en un primer momento que desistan voluntariamente, si no lo hacen, podrán ser sancionados económicamente y como última opción se les podría remitir a la autoridad judicial por desobediencia.

La multa sería desde una sanción leve que va de los 750 euros a la muy grave que podría llegar a alcanzar los 3.000 euros.

Se les podrá intervenir el dinero obtenido de estas prácticas.
Lo novedoso de esta normativa, es que los agentes de Policía Local podrán decomisar los medios empleados para desarrollar sus conductas antijurídicas, así como los beneficios obtenidos, incluido el dinero.

El dinero decomisado se pondrá a disposición de la autoridad policial competente. Tras ser dictada resolución firme y tras dos meses sin que el titular haya recuperado los objetos, se destruirán o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con fines sociales.

El concejal ha explicado que hacía falta una ordenanza específica que ampare la actuación policial y establezca las conductas prohibidas y su régimen sancionador.

El borrador está pendiente del informe de los Servicios Jurídicos y podría entrar en vigor antes de fin de año.

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1865 en: 22 de Agosto de 2019, 07:27:24 am »
Nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana

Getafe multará con 1.500 euros el pícnic en los parques y tirar pipas en el espacio público


RAÚL BARRÓN
Madrid
Jueves, 22 agosto 2019 - 02:02

Mujer circulando en patinete por una de las aceras de Madrid
JAVIER BARBANCHO

Tirar frutos secos o chicles al suelo, insultar, patinar fuera del área permitida, jugar al fútbol molestando a los vecinos o acceder a espacios públicos con vehículos no motorizados como patinetes o bicis. Reservar pistas de deporte públicas o utilizarlas fuera de horario.

Sacudir prendas o alfombras por la ventana o regar las plantas fuera del horario establecido, causando perjuicios a los vecinos. Gritar de forma prolongada o tirar petardos. Aceptar o solicitar servicios sexuales retribuidosen la vía pública. La venta y actividades de los limpiadores en semáforos y de los vendedores en las terrazas. Realizar graffitis o conciertos de más de media hora en zonas no autorizadas previamente. El acoso callejero «con connotaciones sexuales que generen malestar en las personas».

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Estas son algunas de las infracciones recogidas en la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe, cuyo incumplimiento será multado, dependiendo de su gravedad, con hasta 3.000 euros. La nueva ley obliga también a los menores, en cuyo caso la responsabilidad legal será de sus tutores.


Las multas contarán con tres niveles de gravedad y las infracciones muy graves se sancionarán con entre 1.500 y 3.000 euros. Entre ellas se encuentran el consumo de cualquier tipo de comida o bebida por una colectividad indeterminada en zonas públicas -pícnic- , la práctica de juegos en espacio público «que perturben a los vecinos», la negativa o resistencia a las tareas de inspección del Ayuntamiento o solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales en la calle. Getafe quiere, así, «perseguir a los clientes de la prostitución».

Las infracciones graves supondrán el pago de entre 750 y 1.500 euros y abarcan: causar daños a los árboles, conductas vandálicas o la venta ambulante no permitida.

Finalmente, las infracciones leves se sancionan con hasta 750 euros, e incluyen: el insulto intencionado, utilizar los bancos públicos para usos no previstos, gritar de forma prolongada perturbando a los vecinos o lavar fruta o verdura en la vía pública, entre otras.

Según el Ayuntamiento de Getafe, el objetivo principal de la Ordenanza, que entró en vigor ayer martes, es «preservar el espacio público como un lugar de convivencia, la pedagogía y la educación en valores cívicos, al modo de otras ciudades europeas».

En este sentido, para Sara Hernández, alcaldesa socialista del municipio, aseguró que «se trata de una ordenanza que pone a Getafe a la altura de otras grandes ciudades que ya la tienen. El objetivo es ordenar en positivo la convivencia y proteger los diferentes usos de nuestra ciudad para disfrutarla desde el respeto por los demás y por nuestro entorno».


Para hacer cumplir la nueva normativa, la Policía Municipal castigará las infracciones cometidas, pero el Ayuntamiento de Getafe se declara «consciente de que no bastará con el ejercicio de la potestad sancionadora, sino que serán necesarias actividades de fomento y prestación social», por lo que pondrá en marcha un plan de concienciación.


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1866 en: 06 de Septiembre de 2019, 07:04:27 am »

PRIMERA PICA EN ZAMORA
El impuesto al perro llega a España: luces y sombras de una medida polémica
Los dueños de este tipo de animal tendrán que pagar nueve euros al año si viven en Zamora. Una medida que levanta ampollas, pero que tiene una larga tradición en Alemania o Países Bajos

Autor
Héctor G. Barnés


06/09/2019 05:00

Quien tiene un perro, tiene un tesoro. Y, si vive en Zamora, nueve euros menos. Es el montante al que asciende la tasa anual que se habrá de pagar por cada can en la ciudad castellanoleonesa a partir del próximo año, y cuyo objetivo es, según el ayuntamiento de Izquierda Unida, aliviar la carga que supone para el contribuyente los gastos en bienestar animal.
Zamora aprueba un impuesto por tener perro

Según sus cálculos, los entre 50.000 y 90.000 euros que se pretenden recaudar ni siquiera cubrirán los 200.000 euros de gastos directos e indirectos que produce la presencia de perros en la capital. “Sabemos que todo lo que sea pagar enfada, pero de lo que se trata es de cambiar la mentalidad de la gente”, señalaba el concejal de Recaudación y Rentas, Diego Bernardo. “Entendemos que en todos los servicios que ofrece el ayuntamiento participan los ciudadanos que los disfrutan, por lo que es natural que los propietarios de animales participen en la prestación de los servicios para animales”.

Es injusto, las familias ya soportan una gran carga económica por tener animales mientras la Administración se desentiende

“No tiene mucho sentido hacer pagar al propietario de un animal, que ya paga impuestos, porque es algo que debe asumir la Administración”, lamenta Laura Duarte, portavoz de PACMA, que además recuerda que España es uno de los países con un IVA veterinario más alto, una de las reivindicaciones del partido animalista. “Te gastas cientos y cientos de euros al año por tener animales, entendemos que si no pagamos por ser ciudadanos, tampoco lo deberíamos hacer por esto”.

Como ocurre con otros impuestos, muchos consideran que la clave se encuentra en qué se proporciona al contribuyente con perro a cambio. “Es un impuesto que se puede exigir cuando la Administración proporciona un buen servicio”, responde Carmen Méndez, presidenta de la Asociación Defensa Derechos Animal (ADDA). De lo contrario, puede tratarse de una medida recaudatoria, o incluso disuasoria. “¿Qué proporciona exactamente? ¿Hay áreas para perros adecuadas? ¿Facilidades? ¿Se hacen campañas para la adopción? ¿Se promueve la identificación de los animales?”. De la respuesta depende hacia dónde se incline la balanza.

Duarte resalta, además, que en muchos casos las familias son las que soportan el coste económico al recoger a un animal abandonado, “porque la Administración no se hace cargo”. Cada año, se destinan millones de euros a los festejos taurinos, añade, una cantidad de dinero que podría destinarse al cuidado de los perros sin tener que repercutirlo económicamente en el usuario. “Las personas con animales soportan una gran carga, no hay ayudas a las familias con animales y sin recursos. Si le ocurre algo al animal, el coste es siempre privado”.

El del control y registro de los animales es uno de los puntos clave en el ayuntamiento zamorano, la primera capital de provincia que ha implantado una medida así. En este momento, hay 9.800 animales censados en la ciudad, pero la introducción de la tasa probablemente provocará que el número descienda y se obtenga una cifra mucho más acorde con la realidad que permita sufragar el censo telemático, los evacuatorios, los dispensadores de bolsas, las zonas de juego, la limpieza de jardines, campañas de celebración o el Día de la Mascota.

Es un impuesto que se puede exigir cuando la Administración proporciona un buen servicio. Si no, es una medida recaudatoria

Como recuerda Juan Ignacio Grose, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo, es importante matizar que se trata de una tasa y no de un impuesto, es decir, que en este caso el ciudadano “paga por el servicio que está recibiendo”. Otra cuestión es que la relación coste-beneficio de esta medida impopular sea la indicada, ya que la recaudación ni siquiera servirá para costear ni la mitad del presupuesto.

“Puede tener una justificación respecto al coste”, explica. “Pero también habría que tener en cuenta otros factores”. Por ejemplo, posibles exenciones, como los perros que operan profesionalmente (los perros policía o los lazarillo, por ejemplo). O, como ha ocurrido en otros lugares, plantear distintos precios en función del tamaño o la raza del animal. No es lo mismo un caniche que un rottweiler, y ni sus necesidades ni la suciedad que generan son parecidas.

Él no lo haría. (Reuters)
Él no lo haría. (Reuters)

La discusión sobre quién debe pagar ese dinero está abierta en las redes. Desde el “¿para qué recogemos las cacas?” hasta el “ese dinerito rico que se recaude se destinará a los toritos de las fiestas”, pasando por el “otra razón más para abandonar perros” o el “¿pagarán una tasa también niños o jubilados?”, el perfil común es el del contribuyente indignado. Con llamativas excepciones: los vecinos de Países Bajos o Alemania, que se muestran contentos por el tratamiento que sus animales reciben de parte del ayuntamiento.
'Don't tread on my dog!'

La posibilidad de implantar un pequeño impuesto municipal por la posesión de animales se plantea cada vez con más frecuencia. Municipios pioneros fueron Mejorada del Campo, donde desde 2013 se recaudan 10 euros por perro (entre 90 y 180 euros de multa), o Fresnedillas de la Oliva, entre 15 y 40 dependiendo de la raza. En aquella época, la concejalía argumentaba que la carga económica de la limpieza de las calles no debía recaer en la población que no ensuciaba. Un coste insignificante pero justo.

La tasa contemplada en la ley valenciana tiene como objetivo sufragar los costes relacionados con la prohibición de los sacrificios de perros perdidos

Tímidamente, la propuesta ha aflorado con cierta frecuencia en el debate nacional, incluso en forma de inocentada popular. Inca, en Mallorca, es otra de esas localidades donde el propietario del animal abona 10 euros por la inscripción en el censo y cinco adicionales cada año, un montante que incluye también al agente rural que se ocupa del control de perros. La tasa de Zamora, de hecho, no es más que una recuperación de la que se extinguió en 1992.

Donde más predicamento ha tenido esta idea heredada de Alemania y Países Bajos —donde la cantidad es mucho más elevada, y puede llegar a rondar los 300 euros— es en la Comunidad Valenciana, donde la ley sobre bienestar y tenencia de los animales contemplaba una tasa para sufragar la prohibición del sacrificio de animales abandonados. Una vez más, hacía hincapié en la necesidad de la identificación a través del microchip. Como recuerda Grospe, “en el momento en que se establece la obligatoriedad, ya hay un cierto control económico, ya que la multa por no tener chip es de 600 euros”.

Rescate de perros en Sao Paulo. (EFE)
Rescate de perros en Sao Paulo. (EFE)

Duarte, de PACMA, considera que el razonamiento valenciano es “perverso”. “Si es una contrapartida a cambio de mejoras, estoy de acuerdo, pero si es pagar para que no se mate a los perros o para financiar las perreras, que los tienen a veces en condiciones terribles, es injusto”. Otra cuestión sería si la tasa incluyese otros servicios como el veterinario.
Una tasa para dominarlos a todos

Lo que la tasa a los perros demuestra es que, cuando la necesidad aprieta, la inventiva de los ayuntamientos no conoce límites. “Cada municipio puede hacer lo que quiera, otros han perseguido a los que no limpiaban los excrementos, o a los que no tenían censados a los animales”, recuerda Méndez. Son tasas guadiana, que tan pronto aparecen como desaparecen, lo que dificulta realizar un seguimiento exacto de su aplicación.

Para valorar el éxito de la tasa, hay que garantizar que los dueños de los animales disfruten de los beneficios que se les han prometido

Grospe, por ejemplo, recuerda la 'tasa Carmena' a los cajeros, que obligó a los bancos a abonar una tasa de entre 26 y 750 euros por la utilización del espacio público. Un pequeño fracaso —en 2017, se recaudaron 437.000 euros, en comparación con los 745.000 proyectados— que apunta a otro de los hándicaps de esta clase de ordenanzas: garantizar que se cumplan los fines para los que se plantean.

En eso están todos de acuerdo. Si la tasa sirve para ofrecer un buen servicio tanto para los dueños como para sus mascotas que alivie al resto de la población, es razonable, es aceptable. Si no, no se tratará más que de una medida recaudatoria. Y Grospe recuerda una vez más la ley de tasas judiciales que “se aplicó pero no consiguió lo que se pretendía”. O sí.


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1867 en: 06 de Septiembre de 2019, 12:02:02 pm »
Pués a mí me parece una medida muy correcta . . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1868 en: 06 de Octubre de 2019, 07:01:49 am »
Pocas son....


En 2018 se tramitaron 7.788 sanciones
10 multas al día por miccionar en la calle

    FERNANDO MEDINA
    Madrid

Domingo, 6 octubre 2019 - 02:11


Crecen un 66,5% las infracciones por ensuciar la ciudad, principalmente por no reciclar correctamente los residuos

Las infracciones por ensuciar la ciudad de Madrid crecieron exponencialmente en el último año. Los datos del Ayuntamiento indican que en 2017 hubo 4.677 sanciones por esta causa, mientras que en 2018 las estadísticas se elevaron a 7.788. Es decir, hubo un incremento del 66,5%.

Las cifras corresponden a 30 tipos de infracciones que están contempladas en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos. De esa lista, la falta que más se comete en Madrid es orinar en la calle. De media, unas 10 personas son multadas al día por esta causa y los barrios más afectados están localizados en el distrito Centro.

Uno de estos es Malasaña. Los vecinos dicen que cada semana son testigos de cómo decenas de personas realizan sus necesidades fisiológicas en los portales, coches, jardineras, garajes y plazas. Uno de los puntos donde más se registra esta problemática es la Plaza del Dos de Mayo, producto de los constantes botellones nocturnos que se realizan en ese sitio es usual encontrar las paredes manchadas y con mal olor durante las mañanas del fin de semana.
Sanciones limpieza 2019. Número

Así lo relata Gregorio, un hombre que vive a dos manzanas. Indignado, contaba que «la gente mea sin parar en la calle, los hombres son los más sucios, pero también hay mujeres que lo hacen. Por suerte los camiones de limpieza vienen y limpian todo, pero esto es cuestión de cultura».

Las constantes quejas por parte de los vecinos hicieron que en junio pasado el Ayuntamiento identificara este lugar como «un punto negro», como se les conoce a los sitios donde más incidentes de este tipo ocurren. Por eso, las autoridades colocaron señales para enfatizar la prohibición de orinar en la vía pública. Los letreros llevan la frase: Multa también empieza con M. En total, 35 señales se distribuyeron en zonas como Sol, La Latina, el Barrio de Las Letras, Chueca y Lavapiés. En este último barrio, los moradores se quejan por el hedor a orina en las aceras. Luis Quintana vive en la plaza Agustín Lara y cuenta que en las madrugadas la mayoría de jóvenes que salen de los bares se arriman a las paredes y orinan sin control.

Por eso, los operativos de la Policía Municipal se centran en estos sitios. Las multas van desde los 751 hasta los 1.500 euros. De ahí se deduce que, de las 3.531 sanciones por esta causa que se emitieron en 2018, el Ayuntamiento recaudó 2,6 millones de euros. Aunque en total, por todas las sanciones por ensuciar la ciudad, el Consistorio ingresó 4,1 millones.

Otro de los errores que más cometen los madrileños en materia de limpieza es no reciclar correctamente, ni en sus envases ni en su clasificación. De todas las infracciones por ensuciar la ciudad, ésta es la que más creció desde 2017. Ese año, se registraron 240 sanciones, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 1.223, un 400% más.

En Usera y Villaverde este tipo de faltas es usual. En sus calles se puede observar que la gente no coloca la basura en los contenedores correspondientes. Los propios residentes se quejan que hay vecinos que no separan los productos orgánicos de los plásticos o de los vidrios. Rosario Benítez vive en la calle Marcelo Usera y cuenta que los negocios de la zona son los que más incumplen la ordenanza. Por eso eso pide que exista más control para los restaurantes y las tiendas de productos orgánicos.

Además, las estadísticas municipales señalan que el año pasado la gente empezó a cometer faltas que en 2017 no se cometían. En concreto, 10: trasladar o dañar envases que sirven para recoger los residuos, abandonar de forma incontrolada los residuos en la calle, obstruir las labores de inspección, entregar residuos a gestores no autorizados y no realizar los respectivos cerramientos para prevenir ensuciar la ciudad cuando se realiza algún tipo de trabajo en la vía pública. Todas ellas están consideradas como faltas graves.






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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1869 en: 07 de Octubre de 2019, 17:09:43 pm »


La Policía Local de Benalmádena comienza a indentificar las heces de perro en las calles


Los Servicios Operativos recogerán las muestras en compañía de un agente que levantará acta. /SUR


La ordenanza de animales de compañía del municipio contempla sanciones de 750 a 1.500 euros para quienes no recojan las deposiciones
IVÁN GELIBTER
Sábado, 5 octubre 2019, 23:46
La edil recordó que desde junio de 2018 hasta septiembre de 2019 tuvo lugar el periodo voluntario de extracción y registro del ADN canino de las mascotas, gracias a la colaboración del Colegio de Veterinarios de Málaga. «Desde hoy comenzamos con la recogida de muestras, que las realizarán operarios de Servicios Operativos, acompañados por un agente de la Policía Local, que constatará y levantará acta», explicó Laddaga.


«El ADN canino constituye una huella genética imborrable e inalterable, a través de la cual podemos identificar quién es el dueño de la mascota, constituyendo así una herramienta eficaz para combatir el maltrato animal y el abandono, y para sancionar a los propietarios incívicos que no retiran de la vía pública las heces caninas de sus perros» argumentó la concejala de Sanidad durante la demostración.

Laddaga aprovechó para pedir una colaboración de toda la ciudadanía en esta materia, y recordó que con los aproximadamente 7.000 perros que se contabilizan actualmente en Benalmádena, sigue habiendo un porcentaje notable de propietarios que no recogen las heces, lo que al Ayuntamiento le supone un gasto anual aproximado de más de 400.000 euros. «Con esta medida pensamos que podemos reducir de manera significativa ese gasto: apelamos a que todas las personas con mascotas mantengan el civismo y recojan las heces de sus perros, favoreciendo así la convivencia y el buen estado de las calles», insistió la responsable municipal.

En caso de no llevar a cabo esta obligación cívica, serán sancionados por la Policía Local en los términos que recoge la ordenanza de animales de compañía, que contempla sanciones de 750 a 1.500 euros para quien no lo haga, por considerarse una falta grave en la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana.


Laddaga insistió en que tanto en el Ayuntamiento como en la Casa de la Cultura se facilitan de manera gratuita a los propietarios de perros bolsas de plástico para que se puedan utilizar en la recogida de las deposiciones.

Además de esta medida, el gobierno local modificó la ordenanza relativa a los animales domésticos, y ya exige a sus dueños que limpien las micciones con agua y jabón o vinagre. «Había vecinos que nos habían comunicado su malestar por este aspecto: a nadie le agrada que una farola o una esquina próxima a su vivienda se encuentre perpetuamente llena de orines», afirmó el alcalde.

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1870 en: 08 de Octubre de 2019, 15:21:21 pm »
Muchas veces nos quejamos de que un local siga abierto cuando tiene expedientes varios abiertos....

....aquí les dejo por qué ocurre eso.


https://www.elmundo.es/madrid/2019/10/08/5d9c7cd9fc6c833e098b46bc.html




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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1871 en: 08 de Octubre de 2019, 16:32:49 pm »
Esto lo llegan hacer los marqueses y se tienen que ir de España.
Pero a estos individuos todo se les está permitido.
Que razón  se tiene cuando dicen que la justicia en Españistan está echa para los robagallinas.

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1872 en: 14 de Octubre de 2019, 06:47:15 am »
EN TORNO A LA ZONA DE ARGÜELLES
El eje del asco: cinco bares en Madrid que hacen pleno en la inspección de Sanidad

Un cuarto de los establecimientos que reciben la peor calificación de Sanidad se encuentra en cinco calles del barrio de Chamberí


Autor
Alfredo Pascual
Contacta al autor


14/10/2019 05:00

Domingo, tarde calurosa de octubre en Madrid. En la puerta del mesón asturiano La Reguera, en la calle Martín de los Heros, un grupo de parroquianos debate, sin mucho fuste, sobre el legado de los íberos en España: "Fueron clave en lo genético y en lo judicial. Que algunos tengamos los ojos azules y que no te puedan matar por la espalda se lo debemos a ellos", dice una señora mientras sujeta un pequeño perro. "¡Mentira! Antes estuvieron los carpetovetónicos, que ya hacían todo esto", le responde su compañero.

Dentro, Isabel, la dueña, le sirve una Coca-Cola a otro cliente ajena a la discusión. El cliente solo mira la tragaperras, a la que lleva un rato echando monedas, e Isabel, a la telenovela alemana de la televisión. Nos encontramos en el clásico mesón español: baldosas oscuras, la botella de ponche Caballero a la vista, escudo del Atleti entre platos y un mapa de Asturias cuyo trazo se ha disuelto por el paso de los años.

Nadie diría, desde fuera, que en realidad nos encontramos ante un unicornio de la hostelería capitalina. La Reguera pertenece a un selecto grupo, de solo 20 locales en Madrid, que ha suspendido en todas y cada una de las categorías de la inspección de Sanidad. Lo sabemos gracias a las fundaciones Civio https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2019/10/10/consulta-los-locales-de-tu-barrio-que-suspendieron-en-la-ultima-inspeccion-sanitaria/  y Maldita https://maldita.es/malditodato/el-44-de-los-bares-y-restaurantes-madrilenos-inspeccionados-en-2019-tienen-problemas-de-higiene/ , que han conseguido, por primera vez en la historia, que los resultados de las inspecciones sanitarias de MadridSalud sean liberados públicamente.

Más de 3.000 inspecciones del último año y medio que están cambiando la percepción que los madrileños tienen de sus restaurantes. Lleva camino de convertirse en el TripAdvisor de la Sanidad, como sucede en países como Noruega o Estados Unidos, donde estos datos son públicos. Los madrileños ahora saben, por ejemplo, que seis de cada 10 bares en Arganzuela suspenden la inspección o el nombre de los 121 colegios de la ciudad que tienen problemas relacionados con la higiene de los alimentos. Desde la Asociación de Hostelería de Madrid, en lo que promete convertirse en una nueva guerra por el relato, se intenta dar otro contexto a los datos: "Los establecimientos de Madrid reciben 9.000 inspecciones al año, de las cuales solo 182 terminan en un decreto de suspensión. Hablamos de un 2% del total, esto demuestra que la hostelería de Madrid es segura".

Una de esas actas de suspensión se la llevó Isabel, de La Reguera. Así recuerda el 3 de septiembre del año pasado, el día en que les visitó la inspectora de Sanidad: "Vino al mediodía, a la hora de las comidas, con todo el mesón lleno de clientes. Hizo la revisión y nos cerró el bar. Ni se esperó a que acabase la gente de comer, nos mandó a todos a la calle". Según la dueña, la inspectora les pidió que pintasen el almacén, llevasen el agua caliente al baño de trabajadores y limpiasen a fondo la cocina. Sanidad dice que, además, hubo incumplimientos en el estado de los alimentos y descontrol sobre las fechas de caducidad.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16ZuNlrALcLWroOv3IfHkA3-rAUdNhLUI&ll=40.45209628911944%2C-3.7194911000000275&z=12
Una inspectora de Sanidad está causando el pánico entre los hosteleros de Chamberí

"No, no, al menos a nosotros nunca se nos ha quejado ningún cliente de la comida", dice Isabel. "Aquí lo que pasa es que este local tiene 40 años y, por mucho que una limpie, hay grasa y suciedad que ya no se quita", explica. La Reguera estuvo cerrado una semana y volvió a abrir una vez Sanidad comprobó que se habían llevado a cabo las reformas, dice la dueña.

"No te voy a negar que esta inspectora de Sanidad es muy estricta", afirma Isabel, "¿Qué le costaba esperar a que acabase de comer la gente? No sé, si esto estuviera lleno de ratas, pues oye, lo comprendo, pero por un problema de pintar el almacén... ". "En esta zona nos ha pasado a unos cuantos: ha cerrado dos cafeterías y una carnicería, estamos todos los hosteleros asustados con la inspectora. Y lo malo es que siempre está rondando por aquí", dice.
Epicentro, Chamberí

En efecto, un 25% de los locales que hacen pleno en la inspección de Sanidad se encuentra en un eje de 600 metros en pleno Chamberí, un barrio acomodado del centro de Madrid. Tres restaurantes, un mesón y una cafetería a pocos metros que tienen en común haber obtenido la peor calificación que otorga Sanidad. Los datos publicados muestran que es habitual que un local falle en alguno de los controles, si bien la mayoría no acumula más de dos o tres reproches de MadridSalud. Para conseguir un pleno, el 0,6% de todas las inspecciones analizadas, un restaurante tiene que mostrar una higiene general deficiente, no disponer de medidas de autocontrol, no dar formación a su personal sobre manejo de alimentos e higiene, no tener la comida correctamente preservada y mostrar algún problema en la estructura del inmueble, normalmente relacionado con la salida de humos o los baños.

Un mes antes de cerrarle el mesón a Isabel, la 'inspectora cierrabares', como bromean sobre ella los hosteleros de la zona, cerró el bar La Tizona, en el 9 de la calle Quintana, a dos minutos andando desde el mesón asturiano. Fue el 8 de agosto del año pasado y, en efecto, fue otro pleno de incumplimientos. La inspectora regresó en abril de este año y volvió a suspender a la cafetería, aunque esta vez solo por problemas estructurales, por las condiciones higiénicas de los alimentos y por las medidas de autocontrol. Ayer, pese a que su horario dice que abre todos los días de 7 a 21, estaba el cierre echado.

Pero el día grande de la inspectora fue el 4 de septiembre del año pasado, dos días después de visitar a Isabel. Aquella mañana, se pasó por Aderezo 37 y Grill 35, dos locales separados unos pasos, en los números 37 y 39 de Marqués de Urquijo. Dos 'perfects' y todos para casa. Doce incumplimientos de 12 posibles. Grill 35 cerró para siempre después de la inspección. Le sucedió una ciudadana china, que montó allí el japonés Fu, que fracasó y ha cerrado. El dueño del local, que lo tiene en alquiler por 2.000 euros, sostiene que nunca ha tenido problema alguno con Sanidad y está en perfectas condiciones. Por el contrario, Aderezo 37, un restaurante de cocina tradicional con toques vanguardistas, se puso manos a la obra y, para cuando la inspectora regresó, el 23 de marzo de este año, no pudo encontrarle un solo fallo al restaurante.

El último local en llevarse un acta completa fue el japonés Morikaen, en Hilarión Eslava, a un paso de Moncloa. Su caso es curioso: no se detectó ningún problema durante su primera inspección, en mayo de 2018, pero 11 meses después suspendió en todas las categorías. Desde el Morikaen niegan que el restaurante haya sido clausurado y admiten los problemas con Sanidad, si bien se habrían limitado "a unas cuestiones técnicas que se solucionaron en pocas semanas".

Aunque de modo menos ominoso, otros locales de la zona también han obtenido actas desfavorables, como el bar Cratera, también en Marqués de Urquijo, que falló en cinco de las seis categorías, o el restaurante La Figal, en Buen Suceso, que solo aprueba en la formación de sus trabajadores.


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1873 en: 25 de Octubre de 2019, 06:16:09 am »

Detenido el propietario de un restaurante de Valladolid por encerrar a un policía en su establecimiento


El agente pretendía precintar la cocina del establecimiento San Martín, ubicado en la calle Camarín de San Martín
El Norte
EL NORTEValladolid
Jueves, 24 octubre 2019, 14:56

El cocinero del Restaurante San Martín, en la calle Camarín de San Martín, ha sido detenido por agentes de la Policía Local después de amenazar, encerrar y retener durante media hora en su establecimiento a un policía que acudió al local para notificarle el precinto de su cocina por un problema de extracción de humos.

Fuentes de la Policía Local han explicado este jueves a Efe que el cocinero ha pasado la noche en el calabozo y pasará esta mañana a disposición judicial, como supuesto autor de varios delitos, entre otros desobediencia grave, amenazas, coacciones y detención ilegal.

El cocinero ha pasado la noche en el calabozo y pasará esta mañana a disposición judicial

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de ayer miércoles en este establecimiento del centro de Valladolid, cuando un agente se personó en el establecimiento con una notificación de precinto para la cocina.

Al parecer, el propietario se puso nervioso y optó por encerrar al policía en su cocina, lo que alertó al resto de agentes que se personaron en el exterior del establecimiento, quienes avisaron al cocinero de que si no deponía su actitud podía incurrir en una infracción penal.

Sin embargo, el cocinero mantuvo su pulso a los agentes durante media hora con alusiones a que «le daba igual todo», según el relato de la Policía, preocupada por la posibilidad de que pudiera utilizar algún cuchillo durante ese tiempo, aunque finalmente abrió la puerta y fue detenido.

En el momento de la intervención policial ya no había clientes en el establecimiento, por lo que no supuso quebranto para el funcionamiento normal del restaurante.

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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1875 en: 31 de Diciembre de 2019, 07:05:06 am »
Los chinos en cuanto a normativa andan algo escasos....y por cierto, los bomberos no constatan "falta de licencia", la constataría la policía que fue quien requerió a bomberos para que hiciese una valoración técnica sobre la seguridad del edificio tras las obras que se hubiesen realizado, informe preventivo que deberá ser bjeto luego del informe final por parte de los técnicos municipales.


Trabajadores chinos huyen a la carrera durante la inspección de una obra ilegal en Usera
Los Bomberos constataron la falta de liencia de una reforma, con graves deficiencias de seguridad

Aitor Santos Moya
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Madrid Actualizado:31/12/2019 00:37h


Una inspección y una desbandada. Los vecinos de Usera vivieron ayer una escena insólita al observar desde sus ventanas la salida apresurada de un numeroso grupo de trabajadores chinos que, tras advertir la presencia de Policía Municipal y Bomberos en el edificio en obras donde estaban empleados, huyeron a la carrera sin dar más explicaciones. Los hechos ocurrieron poco después del mediodía cuando los profesionales del Ayuntamiento acudieron para comprobar la legalidad de la reforma y si esta se estaba llevando a cabo con las condiciones de seguridad pertinentes.

Fuentes de Emergencias Madrid confirmaron a este periódico que los Bomberos se desplazaron hasta el número 15 de la calle de Salasierra, a requerimiento de la Policía Municipal. Allí, revisaron el estado del bloque y constataron las graves deficiencias de una obra, carente de licencia y con afectación de los elementos estructurales. Después de verificar que el edificio no presentase riesgo de derrumbe, dieron parte al Departamento Técnico de Edificación Deficiente, que comunicó de inmediato a la propiedad la paralización del proyecto hasta que no garantice la seguridad de los peones y el resto de viviendas adyacentes.

Superada la salida en tromba de los obreros y perimetrada la superficie, el miedo de los inquilinos reside ahora en los posibles daños ocasionados en el interior de la zona afectada. «Según nos ha informado un vecino, han tocado vigas, las cuales estaban apoyadas unas encima de otras», incidían ayer desde la Asociación de Vecinos de Usera. Los rumores acerca del uso que los dueños van a otorgar al inmueble también se dispararon. Dada la envergadura de la obra, se sospecha que detrás de la misma estaría la apertura de un hotel.

En chanclas

No es la primera vez que un hecho así ocurre en este distrito, distinguido por acoger a la mayor comunidad china de la región. A finales de julio, sin ir más lejos, la Policía Municipal paralizó otra obra sin licencia en la que cinco operarios asiáticos realizaban trabajos de albañilería sin contrato ni medidas de seguridad. La reforma, en este caso, de una nave ubicada en la calle de Eduardo Barreiros, 3, contemplaba el derribo de tabiquería de ladrillo para unir tres grandes espacios y la recolocación de varios muros.

Tal era el déficit de seguridad que algunos de los trabajadores fueron sorprendidos en chanclas. Las indagaciones de los agentes –que también denunciaron la situación de los contenedores de escombros, al no presentar la autorización para situarlos en la vía pública– señalaron a Palaci Shoping S.L., la empresa dueña de los locales.


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1876 en: 17 de Enero de 2020, 05:43:20 am »

La ordenanza del ruido impide que la banda de la Policía Municipal toque en las calles de Chueca por las fiestas de San Antón

    PABLO R. ROCES
    @Pavlinrodriguez
    Madrid

Viernes, 17 enero 2020 - 01:23

El artículo 19.3 de la OPCAT no permite la actuación por encontrarse a menos de 150 metros de una escuela infantil en horario lectivo

La banda de la Policía Municipal de Madrid no podrá tocar hoy en las fiestas de San Antón, cuyos actos comenzaron este jueves en la capital. No, al menos, en el exterior y en su escenario habitual: las puertas de la Parroquia de San Antón durante la bendición de animales que se lleva a cabo en el templo de la calle Hortaleza. El motivo: no cumplir los parámetros de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) aprobada durante el anterior mandato de Manuela Carmena.

La actuación, que estaba prevista para este viernes a las 11 de la mañana, no se producirá en las puertas de la iglesia ya que no incumple el artículo 19.3 de la ordenanza municipal. Es por ese motivo por el que el Ayuntamiento de la capital está negociando trasladar dicha actuación al interior del recinto. "Es la única opción que ahora mismo sería viable", señalan fuentes municipales consultadas por EL MUNDO.

Dicho artículo recoge que se podrá realizar "la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora" recogidos en la ordenanza por "razones de interés general o de especial significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga". Ahí, se encuadrarían las fiestas de San Antón.

Sin embargo, en el punto 3 del citado artículo, se expone que esa excepción no existirá si "en un radio de 150 metros" hubiera "residencias de mayores, centros sanitarios con hospitalización o con servicios de urgencias, o centros docentes cuyo horario de funcionamiento coincida con el del acto pretendido". Caso que afecta directamente a la parroquia porque a sólo 96 metros de distancia se encuentra la escuela infantil municipal Escuelas de San Antón, que a las 11 de la mañana de un viernes está en horario lectivo.

Fuentes municipales inciden en que la ordenanza "es de obligatorio cumplimiento" y por ese motivo deben cumplir con lo que fija OPCAT y trasladar la actuación de la banda de música policial al interior del templo de San Antón.

Unas fiestas de San Antón de las que un comunicado firmado por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM) y 75 entidades animalistas denuncia que "menos de diez entidades de protección animal estarán presentes" frente a "las 72 del año pasado", según recoge Europa Press, y acusa al Ayuntamiento de Madrid de elegirlas "sin dar explicaciones".



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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1878 en: 12 de Febrero de 2020, 06:33:22 am »

Sanciones y cierres a cinco locales “after” en Madrid
Uno de ellos está en Chamberí y el resto, en el distrito Centro y se enfrentan a multas de entre 21.500 euros y el medio millón de euros

El País

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Madrid 11 FEB 2020 - 16:32 CET   

El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto el cierre y sanciones económicas de entre 21.500 y medio millón de euros a cinco locales de la capital, uno de ellos en el distrito de Chamberí y el resto, en Centro, por ejercer como after hours. Una portavoz municipal recuerda que los after son ilegales en Madrid y explica que estos locales operaban con antiguas licencias de bar, que les permitían poner música de seis de la mañana a las dos y media de la madrugada. Sin embargo, un nuevo decreto del Gobierno regional prohíbe funcionar con música antes de las diez de la mañana. A los cinco locales se les imputan entre todos 215 infracciones, que conllevan, además de las multas, su cierre por periodos que van desde un mes a más de cuatro años.

Según ha adelantado el diario Abc y confirmado el Consistorio, el local de Chamberí se enfrenta a una sanción de 21.500 euros, mientras que los otros cuatro pagarán 61.500 euros, 69.000, 258.500 y 504.500 euros. Estos locales, que se anunciaban como after y ejercían su actividad ilegalmente con licencia de bar, se enfrentan además a órdenes de cierre por los reiterados incumplimientos de la normativa que van desde un mes hasta 58 meses. Es el caso de Astronautas Jaguerground (en la calle de Santa Teresa, 14, zona Alonso Martínez), que acumula 127 infracciones y que es el que se enfrenta a la mayor sanción económica.

Las multas se han aplicado en virtud del decreto 40/2019 del 30 de abril, que entró en vigor el 8 de mayo, por el que se modificó el decreto de 1998 que fija el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones. Entre las modificaciones introducidas "destaca la prohibición de funcionar con música antes de las diez de la mañana", subraya la portavoz. De incumplirse este horario, supone una infracción "grave" y puede sancionarse con multas de entre 4.501 a 60.000 euros y, alternativamente, con la clausura del local hasta seis meses, según el artículo 41. 2 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR).

Este cambio busca permitir al Ayuntamiento que combata los after. Hasta ahora, la Agencia de Actividades no podía hacer nada, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que las actividades se ejercían legalmente conforme a su licencia y no cabía imputarles ninguna infracción de la LEPAR.

Con la nueva normativa asume las competencias de control del funcionamiento del horario de la música la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento, que ha iniciado una campaña con visitas de inspección en la que, entre otras medidas, ha descargado los datos contenidos en los limitadores registradores de los equipos de sonido.

Gracias a dichos datos, se ha obtenido una prueba documental fehaciente del funcionamiento habitual de estas actividades fuera de los horarios autorizados, lo que ha permitido demostrar las infracciones graves en cada fecha de incumplimiento y que se pueda, por tanto, probar la intencionalidad de las actividades, lo que constituye un agravante a la hora de fijar las sanciones.

También se han considerado agravantes la negativa de quitar la música a petición de la Policía, la gravedad de las molestias causadas a los vecinos o la ubicación de estos locales en Zonas de Protección Acústica Especial. En su campaña contra los after hours, el Ayuntamiento visitó un sexto local, en la calle de Guzmán el Bueno, 104 (barrio de Vallehermoso), pero se encontraba ya sin actividad.


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Re: Ordenanzas municipales y policía administrativa
« Respuesta #1879 en: 16 de Febrero de 2020, 07:25:31 am »


Misión imposible en Madrid: cerrar una discoteca ilegal

Una ordenanza en favor de los empresarios permite desde 2014 abrir negocios de modo exprés a costa de los derechos de los vecinos. Las inspecciones tardan años en llegar y son ineficaces


Lucía Ramos Aísa
Madrid 16 FEB 2020 - 00:32 CET   

Enrique Francés perdió la fe en la justicia el día que la discoteca ilegal que tiene debajo de su piso volvió a abrir sus puertas. Este vecino de 45 años de la manzana de Azca, en Madrid, tenía la esperanza de que el Lemon Club permaneciera cerrado tras ganar en noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una larga batalla para que fuera efectiva una orden de cese y clausura del Ayuntamiento. Pero el 12 de enero Francés sintió de nuevo el boom boom boom que impide conciliar el sueño a su familia.

Habían pasado casi cinco años con muchas noches sin dormir desde que el empresario de la noche José Luis Larraga abrió el negocio de copas y baile al que en un principio llamó Kiss Me. En abril de 2015 el Ayuntamiento ya le advirtió de que la discoteca era irregular por incumplir con la normativa medioambiental, pero no hubo cierre inmediato. Los inspectores del Ayuntamiento tardaron tres años y siete meses más en visitar la discoteca para constatar que el local estaba abierto sin permiso, una demora que según muchos expertos consultados no es extraordinaria en una ciudad donde apenas hay personal municipal para examinar las infracciones de los negocios.

Larraga cerró en diciembre el Lemon Club tras su derrota en el TSJ, pero de inmediato hizo planes para reabrir en enero. En redes sociales anunció el retorno con mensajes como “la cuenta atrás para volvernos a ver” y la “#newera2020”. Ante el Ayuntamiento presentó una nueva solicitud de apertura para Lemon Club a nombre de una sociedad distinta. Antes la titular era Nicojose S.L. y ahora New Nicojose S.L.

La solicitud es la conocida como declaración responsable, que autoriza al empresario a abrir un negocio sin necesidad de control previo. Es un sistema que ideó la Unión Europea para agilizar la burocracia y que fue adaptado por la ciudad de Madrid cuando gobernaba Ana Botella, en una ordenanza de 2014.

La policía volvió a Lemon Club el día de la reapertura y se marchó sin hacer nada.

Incrédulo, Francés pidió explicaciones a los funcionarios del Ayuntamiento, de la Agencia de Actividades (AdA). Vio en el Instagram del Lemon Club que el jueves 16 tenían una nueva fiesta.

“Supongo que mañana tendremos que ir a trabajar y al colegio durmiendo lo que podamos......", les escribió ese día. "No puedo entender que nuevas declaraciones responsables, con posibles cambios de cif anulen una sentencia del TSJ del precinto”.

La secretaría de la gerente de la AdA le dio al día siguiente una respuesta kafkiana. No podían ejecutar el precinto porque sobre el papel se trata de un nuevo negocio: “En la actualidad la situación jurídica del local es diferente, toda vez que el título habilitante para el funcionamiento de la actividad es la declaración responsable número 500/2019/13745, por lo que no resulta posible realizar precinto alguno a la actividad. Saludos”.

Parece una tomadura de pelo pero el Lemon Club está amparado por el sistema de la declaración responsable, que supuso una revolución en el funcionamiento de las licencias para negocios. La idea era acabar con el control previo y depositar la confianza en el empresario para que no tuvieran que soportar largas y costosas esperas. Con la declaración responsable podrían abrir un negocio sin esperar la respuesta de los lentos burócratas. Iba a ser la solución también para acabar con los "guateques", el pago a funcionarios municipales para que agilizaran trámites.

Esta reforma pro-empresa ha supuesto un alivio para muchos emprendedores que ya no tienen que pagar un alquiler del local a la espera del OK del Ayuntamiento. Pero mientras que en el caso de zapaterías, mercerías u otras tiendas minoristas no suele haber conflictos, las quejas son frecuentes contra empresarios de bares, restaurantes y discotecas por las molestias que causan los humos, olores o ruidos.

La reforma ha sido una pesadilla para muchos vecinos que se sienten indefensos, según varios abogados consultados. "Nos llegan vecinos desesperados porque ven cómo los propietarios de esos locales se salen con la suya", dice María de los Reyes Rueda, abogada en Madrid y secretaria de la Asociación Española de Abogados Urbanistas.
Madrid, generosa con los bares

Cada Ayuntamiento ha establecido su propio abanico de actividades que pueden ser iniciadas con una declaración responsable. Madrid ha sido más generosa que otras al permitir que también los hosteleros puedan abrir un negocio por esta vía exprés, lo que era una demanda del gremio de los hosteleros madrileños. Otras como guarderías o consultas médicas quedaron fuera y deben someterse al control previo tradicional. Pero hoy los propios hosteleros se quejan de que la declaración responsable les ha perjudicado por la competencia desleal de negocios que se saltan las normas. Hoy piden una reforma pero no desean ser excluidos del sistema rápido.

En esa protesta les acompañan en una extraña alianza los vecinos del centro, que tantas veces han chocado con las asociaciones establecidas de hosteleros. "(El barrio de) Malasaña es la ciudad sin ley. Aquí no se cumple nada", dice Jordi Gordon portavoz de la campaña vecinal SOS Malasaña, vecinos en peligro de extinción.

BacOn, un restaurante de comida de cerdo estilo fast food, le ha amargado la vida a José Luis Pérez, un vecino de la calle San Vicente Ferrer, en Malasaña. El local dice ofrecer "un producto ideal para consumir en las noches de fiesta para los jóvenes que quieren ponerse ON de una forma económica". Usa como salida de humo la puerta interior a la corrala de vecinos. El olor a fritanga impregna el piso de Pérez. “Mi casa era mi refugio”, lamenta.
Los vecinos de la calle San Vicente Ferrer 28, en Madrid, han colocado pancartas en las que piden no consumir en BacON, un restaurante sin salida de humos reglamentaria.
Los vecinos de la calle San Vicente Ferrer 28, en Madrid, han colocado pancartas en las que piden no consumir en BacON, un restaurante sin salida de humos reglamentaria. VICTOR SAINZ

El sistema falla porque la reforma no fue acompañada de un refuerzo de las plantillas de inspectores. En el caso de Madrid esta labor recae en la subdirección de Disciplina Urbanística, que depende de la AdA. "La falta de inspección es un mal endémico de la administración española", critica Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Pompeu Fabra. Betancor cree que la declaración responsable ha sido positiva pero advierte que la nueva cultura liberal no ha asumido la necesidad de perseguir a los infractores. "Si no se hace un ejercicio responsable de la libertad el castigo debe ser contundente", dice Betancor.

Seis años después de la reforma el nuevo gobierno ha anunciado cambios. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, dijo hace dos semanas que prepara una reforma que "revolucionará el ámbito de las licencias. Fuentes, concejal de Ciudadanos en el Gobierno del PP y ese partido, ha dicho que busca entre otros objetivos revisar la disciplina y lograr más celeridad y eficacia ante actuaciones ilegales. La nueva ordenanza se encuentra en trámite de consulta pública previa. Su departamento no respondió a una consulta de este periódico sobre cuántos inspectores integran la subdirección de Disciplina Urbanística.

Las demoras eran largas con el gobierno de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, y lo siguen siendo bajo José Luis Martínez-Almeida. Gorka Villanueva, que dirige el estudio de arquitectura especializado en licencias Madridlicencias.com, dice que sus clientes soportan largas esperas: "Llevamos esperando más de un año para que revisen un gimnasio y más de tres meses para una pequeña cafetería con terraza en el centro".

Una portavoz de Fuentes asegura que desde que éste llegó al cargo en verano se han reducido los trámites. "Uno de los primeros objetivos que se ha marcado es el de dictar las resoluciones de ineficacia en el menor plazo posible, precisamente para contrarrestar la posibilidad que tiene el declarante de ejercer la actividad desde el momento de la presentación de la declaración responsable", dice la portavoz. Con Fuentes, agrega, los plazos ya se ha reducido a un mes y medio, frente a los dos meses que se promediaban en 2017 y los casi cuatro meses en 2016.

Pero casos como el del Lemon Club demuestran que esa primera notificación a los empresarios no necesariamente les para los pies. Solo consiguen ese fin la visita de los inspectores y la orden de cierre, y esa fase sigue tardando mucho. Además, esas órdenes de cierre no sirven de nada si el Ayuntamiento sigue permitiendo que los empresarios las burlen presentando nuevas declaraciones responsables a nombre de otras sociedades o testaferros.
"¿Por qué nos pasa esto?"

Los vecinos afectados se sienten abandonados. En muchos casos sus quejas solo avanzan en Disciplina Urbanística a base de presión. Francés, el vecino de Azca, ha tenido que dejar entrar en su dormitorio de madrugada a policías municipales para que midan los decibelios del Lemon Club. "Se van y te echas a llorar cuando tu hijo pequeño sale del cuarto y te pregunta papá, ¿por qué nos pasa esto?".

Lemon Club está en los bajos de un edificio de 17 plantas. Vecinos del piso décimo dicen sentir en sus dormitorios las vibraciones que emite el club, que no cierra hasta las seis de la mañana. Este viernes y sábado la discoteca con capacidad para 300 personas ha celebrado fiestas universitarias con concurso de solteros y copas toda la noche a dos euros.

El club sigue abierto a pesar de que desde 2015 ha acumulado diez expedientes de la policía municipal por infracciones graves o muy graves al exceder los límites de ruido, por un total de 49.001 euros. Los agentes detectaron en una ocasión que Lemon Club había trucado el limitador de decibelios del reproductor musical y un altavoz activo (autoamplificado) en la cabina del DJ, que hacía que se alcanzaran niveles sonoros superiores a 100 decibelios, equivalente al ruido de una perforadora eléctrica.

Aún así, los responsables de Lemon Club afirman en una entrevista que la sala ha sido multada "cero veces".

El club es uno más de una decena de discotecas en la manzana de Azca, cercana al estadio Bernabéu, donde los vecinos han luchado desde los '80 contra el ruido y la inseguridad. Pero mientras que otras discotecas llevan décadas funcionando, Lemon Club abrió después de que el 27 de enero de 2015 entrara en vigor una norma municipal contra el ruido que prohibía la implantación de nuevas discotecas.

"El Ayuntamiento declaró una zona ambientalmente protegida y pasó de todo, ni controló, ni ejecutó, ni nada", dice el abogado que representa a los vecinos, Jorge Pinedo. "Se ha convertido en una mina para empresarios sin escrúpulos". Tanto Lemon Club como la vecina discoteca Rococó están siendo investigadas por la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal, castigado con penas de hasta dos años.

Francés y sus vecinos dicen que están agotados por esta batalla. En la AdA a Francés le han explicado los funcionarios que un cierre de un negocio no es fácil porque "deben ser garantistas", pero él les responde con otra pregunta: "¿Y las garantías para el ciudadano dónde están?".