Sancionar a mendigos y prostitutas es una medida genial, de un premio nobel.
Alicante sancionará a mendigos y prostitutas con multas de hasta 3.000 euros tras aprobar una ordenanza pactada por PP y Vox
El equipo de Gobierno de populares y Ciudadanos saca adelante la normativa a cambio de los recortes sociales en los presupuestos que exige la ultraderecha
JOAQUÍN DE HARO
RAFA BURGOS
Alicante - 15 FEB 2022 - 17:50 CET
Llevar a cabo prácticas sexuales y ofrecer, solicitar, negociar y aceptar directa o indirectamente servicios sexuales en Alicante conllevará a partir de ahora una multa de 750 a 1.500 euros. La realización de conductas que, bajo apariencia de mendicidad, representen actitudes coactivas o de acoso, también. Si la mendicidad se practica con menores o de personas con discapacidad, la sanción subirá hasta los 3.000 euros. Prostitutas, mendigos y personas sin hogar podrán ser multadas por la Policía Local alicantina, tras la aprobación de una ordenanza municipal de convivencia cívica pactada por el equipo de Gobierno del Consistorio (PP y Cs) con Vox. A cambio, el partido de ultraderecha apoyará los próximos presupuestos municipales, que padecerán un considerable recorte de ayudas sociales.
La nueva normativa sale adelante después de un pleno realizado por vía telemática en el que PP, Cs y Vox han sumado 16 votos a favor frente a los 13 en contra de PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Entrará en vigor 15 días después de su publicación en los boletines oficiales. Además del ejercicio de la prostitución y de la mendicidad, regula como infracciones, entre otras actividades, ir sin camiseta por la calle, escuchar música en el coche a un volumen demasiado alto, hacer pintadas, practicar acrobacias con patines y monopatines en zonas no habilitadas e incluso jugar al balón en horas impropias.
El principal valedor de la ordenanza, el concejal de Seguridad, José Ramón González, asegura que es la misma que promulgaron “ciudades como Barcelona o Valencia”, en las que no gobiernan los populares, y responde a una “petición unánime de los alicantinos” para que la ciudad vuelva a tener “un orden”. En el ámbito más polémico de la normativa, el referido a la mendicidad y la prostitución, sostiene que “no va contra las personas, sino contra las mafias y la gente que prostituye a las mujeres” y afirma que no todo se soluciona con una multa, sino que se ofrece a los más vulnerables “ayuda de los servicios sociales”.
Es precisamente ahí donde parece entrar la letra pequeña del acuerdo. La ordenanza incluye varios artículos en los que se menciona que quienes ejerzan la mendicidad, las personas sin hogar y las que se encuentren en situación de prostitución recibirán el apoyo social necesario. En otro apartado, la ley indica que los infractores “podrán solicitar” que algunas de las infracciones contempladas “puedan sustituirse” por charlas, cursos, programas de formación o realización de actuaciones sociales comunitarias. Sin embargo, la contrapartida que saca Vox por validar la ordenanza es un recorte en materia de igualdad, LGTBI, cooperación internacional e inmigración, según ha avanzado el propio partido dirigido por Abascal. Su portavoz en Alicante, Mario Ortolá, se congratula de que los presupuestos, que se debatirán en el pleno de mañana, miércoles, reducen “una carga ideológica que, a pesar de estar bajo mínimos por nuestras exigencias en años anteriores, sigue presente por el capricho de Partido Popular y Ciudadanos”.
La izquierda en bloque, que ya ha adelantado que si llega al poder en las próximas elecciones derogará la normativa, rebate todos estos argumentos. En primer lugar, porque la unanimidad a la que alude González no casa bien con las alegaciones presentadas por más de cuarenta asociaciones distintas, entre ellas Cáritas, Médicos sin Fronteras y los principales sindicatos, que prácticamente han sido rechazadas en su totalidad, a excepción de las presentadas por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs). “La ordenanza nace de espaldas a la ciudadanía y sin consenso”, asegura Xavier López, portavoz municipal de Podem. “No cuenta con un diálogo con las principales entidades sociales ni se ha negociado con la oposición”, añade Natxo Bellido, su homólogo de Compromís. Todos ponen de manifiesto que la normativa nace del acuerdo entre PP y Vox para sacar adelante los presupuestos y que incide en el aspecto punitivo más que en el de ayuda social. “El PP ha vendido sus presupuestos por 30 monedas de plata en contra de los colectivos más vulnerables y de quienes trabajan con ellos a pie de calle”, manifiesta Francesc Sanguino, portavoz socialista.
En cuanto a la similitud con normativas similares implantadas en Valencia o Barcelona, Sanguino explica que todas estas legislaciones “se apoyan en el borrador enviado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”. Aunque con una diferencia, a su juicio: “El equipo de Gobierno de Alicante ha vaciado de contenido” esta propuesta, “eliminando el acompañamiento social” defiende la corporación de municipios españoles. “Alicante será una ciudad más insegura para mujeres, personas sin hogar, migrantes y colectivo LGTBI”, representado fundamentalmente por las prostitutas transexuales, dice López. “Lo que hay detrás de esta ordenanza es la escenificación de una alianza terrible” del PP con la ultraderecha, “que sitúa a Alicante en el mapa de la vergüenza”, zanja Bellido.
