El PSOE recurrirá ante los tribunales la nueva ordenanza aprobada hoy, que multa por hacer ruido en los botellones
También regula el uso de megafonía e instrumentos de percusión en calle y crea una mapa de zonas tranquilas y lugares donde para estos músicos
25 de febrero de 2011
También regula el uso de megafonía e instrumentos de percusión en calle y crea una mapa de zonas tranquilas y lugares donde para estos músicos
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Grupo Municipal Popular en Madrid ha aprobado este viernes en solitario la nueva ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica que sustituye a la normativa de 2004, que multará a los jóvenes que hagan ruido mientras están en un botellón, y contra la que el PSOE ya ha anunciado que presentará un recurso judicial.
El Pleno de la capital ha dado así el último paso para la entrada en vigor de esta nueva norma, que entre sus principales novedades, incluye la posibilidad de multar con entre 300 y 750 euros a las personas que hagan ruido mientras beben alcohol en la vía pública entre las 23 y las 7 horas. En el caso de que las multas se pongan a menores de edad, los padres serán los responsables subsidiarios de las mismas.
También se regulan las alarmas, el uso de megafonía en las calles, las obras, la carga y descarga de mercancías, la recogida de contenedores de residuos o las fiestas particulares; y se incluye un catálogo de locales de música en vivo que tendrán un "tratamiento transitorio" hasta que haya una regulación específica para este "patrimonio cultural".
MÚSICA EN LA CALLE
La regulación de los músicos callejeros ha sido uno de los puntos más polémicos de esta nueva normativa, y ha granjeado el rechazo al texto por parte de los grupos de la oposición. Finalmente, se ha conseguido acordar la regulación de los instrumentos de percusión y de quienes utilicen amplificadores.
Y es que el PP finalmente aceptó algunas de las enmiendas presentadas por IU, de modo que ninguna actuación musical en la calle requerirá de una autoridad administrativa previa, menos la percusión o los aparatos de amplificación o reproducción siempre que no ocasionen molestias a los vecinos; los instrumentos musicales de los infractores no sean requisados, y se podrán autorizar estos instrumentos en zonas especialmente delimitadas.
Por su parte, el PSOE cree que la nueva ordenanza está abierta a la discrecionalidad en su interpretación ya que puede darse el caso de que un acordeón o una trompeta sí estarán permitidos en la calle pero una guitarra eléctrica no.
ESPACIOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Por otra parte, se clarifica la definición de espacios privados y públicos y las normas que se aplican en cada uno. Así, se aplicará la ordenanza a los espacios de propiedad privada que tienen un uso público y que están abiertos --como algunos callejones o jardines de algunas casas-- , pero no a las viviendas particulares y otros locales cerrados, en los que rige una normativa general que obliga a aislar acústicamente dichos espacios.
Por otra parte, se protege especialmente los entornos donde se ubican residencias de mayores o centros sanitarios, prohibiéndose expresamente la instalación a una distancia inferior a 150 metros de todas las actividades recreativas y espectáculos públicos en los que exista música, así como el desarrollo de eventos en la vía pública.
En cuanto a la gestión del ruido ambiental, se contempla la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial y Zonas Acústicamente Saturadas por Ocio, y se incluye un catálogo de medidas concretas como algunas limitaciones a la implantación de nuevos establecimientos de ocio nocturno, horario de cierre anticipado, o mayor insonorización de locales.
El encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y de poner las multas es la Policía Municipal.
RECURSO JUDICIAL
Frente a este texto, el PSOE presentará un recurso judicial, según ha avanzado su portavoz en la materia, Pedro Santín, que ha explicado que la ordenanza es "ilegal en algunos artículos" como el que hace a los padres responsables subsidiarios de sus hijos "en contra de lo que dice el informe de la Asesoría Jurídica".
Así, el edil considera que "técnicamente no se sostiene" ya que muchos artículos no estipulan los límites máximos que no se pueden superar, sino que utiliza términos como 'gritar', 'vociferar' o 'niveles tolerables' sin definir dichos términos. "Las multas se pondrán a ojo... o a oído del funcionario, pero el ruido es medible y, por tanto, objetivo", ha recordado.
A este respecto, Botella ha reconocido que el PSOE está "en su derecho de recurrir" pero ha asegurado que "esta ordenanza tiene en todos los informes que tiene que tener" y que intenta "mejorar la convivencia vecinal".
"La libertad del que hace el ruido termina donde empieza la libertad del vecino que quiere dormir. Hay que hacer compatible el ocio con el descanso de muchos vecinos a los que se les hace muy difícil poder dormir y que cada vez tienen exigencias mayores", ha añadido.
Por otra parte, Santín, ha calificado la ordenanza de "oportunista", porque "intenta enmascarar el fracaso en la lucha contra el ruido" justo antes de las elecciones; "arbitraria", porque "en muchos supuestos las multas dependen de la subjetividad del funcionario municipal"; "fisgona", porque regula actividades dentro de los domicilios particulares; "incoherente", porque "las sanciones no son proporcionales con la gravedad de las infracciones"; y "recaudatoria y permisiva con el ruido". "No aporta nada nuevo", ha concluido.
Y es que, según ha dicho, cada año la Policía Municipal recibe unas 63.000 denuncias por ruido de las que "sólo se tramitan unas 2.000", lo que "significa que la infracción acústica en Madrid goza de la más absoluta impunidad".
ORDENANZA DE "CARENCIAS"
Su homóloga en IU, Raquel López, ha considerado que la nueva ordenanza "no pone fin a la contaminación acústica" porque "no ataja de raíz el principal problema: el de los coches", que son fuente del 90 por ciento del ruido. "Es bastante extraño que en 2004 las multas a los coches llegaban a los 30.000 euros y ahora se rebaja a 600 euros, mientras nos inventamos las multas de convivencia de hasta 3.000 euros", ha reprochado.
Además, ha tachado de "restrictivo y conservador" el nuevo régimen sancionador, ya que se tipifican como sancionables comportamientos de simple convivencia. Así, mientras "tocar el claxon indefinidamente se puede multar con hasta 90 euros, cantar flamenco con un micrófono pueden ser hasta 750 euros".
Otro factor que, a juicio de la edil, no se ha tenido en cuenta es la Ley Antitabaco, que echa a los ciudadanos de los bares a la calle para fumar, exponiéndoles a la posibilidad de ser multados por "hablar con el de al lado", y también ha considerado que se debería "eximir" al movimiento vecinal, partidos políticos y movimientos sociales sin ánimo de lucro de cualquier tipo de limitaciones o permisos a la hora de organizar actos en la calle.
Por último, López ha señalado otros puntos con los que IU no está de acuerdo: no hay medios para hacer cumplir la ordenanza, sólo se han creado cuatro zonas de silencio y no una por barrio, no se tiene en cuenta ni se pide responsabilidades por el ruido de aeropuertos y trenes, y no se modulan las temperaturas de los edificios municipales. "Es una ordenanza de muchas carencias", ha concluido.
