Servicios y unidades de inteligencia

[47ronin]

Se rasgan las vestiduras porque cuentas señalas a agentes infiltrados pero desde alguna cuenta se citan fotografías de presuntos.


https://twitter.com/PerdigueroASP/status/1792474268011282697?t=BxzxVIXM8QJ0v6MobR4CtQ&s=19


Pero aún no.acaban ahí, todavía se permiten el lujo de que? ....

https://twitter.com/PoliciaASP/status/1790818019691597940?t=Ny_KUdE9IWCuIxAFac0NOw&s=19





Creo yo que tanto es denunciable lo uno calle lo otro pues las 2 infringen la ley de protección de datos.

[47ronin]

Los cinco policías encubiertos con motes de ríos a los que el Constitucional acaba de avalar


El Independiente accede a la sentencia completa del Tribunal en la que avalan que la Fiscalía pueda dar luz verdes a policías con identidad oculta durante meses sin dar cuenta al juez

Agentes encubiertos de la Policía Nacional
Agentes encubiertos de la Policía Nacional
Irene Dorta
@irene_dorta
10 / 06 / 24 - 00: 06
Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Comentarios
FISCALÍA
POLICÍA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional solicitó a la Fiscalía Antidroga el 22 de enero de 2019 la actuación de tres agentes encubiertos. Alertaban de una importante organización criminal de ciudadanos venezolanos que se dedicaban a traer droga a España en grandes cantidades a través del aeropuerto de Barajas (Madrid).


Uno de los principales dirigentes era un tal 'Rafa' encargado de coordinar la estructura de mercancía ilícita en España por medio de "maleteros". Hubo una primera aproximación de la Policía en la que comprobaron que pretendían hacer un envío a modo de prueba de unos 50 kilos de cocaína. El precio del rescate por cada kilogramo era de 26.000 euros.



El fiscal antidroga autorizó el 22 de enero de ese año a tres agentes encubiertos inicialmente cuyas identidades verdaderas se consignaron en un sobre cerrado, firmado y sellado en el que constaban sus motes: Cenia, Piloña y Quipar. Se acercaron a 'Rafa' haciéndole ver que querían colaborar en el transporte. Él les preguntó si tenían algún medio de comunicación encriptado ya que él tenía un terminal Encrochat (un sistema de mensajería seguro que la Europol desmanteló en toda Europa porque se utilizaba para actividades ilegales).

Durante las vigilancias se observó que los sujetos "adoptaban numerosas medidas de seguridad" como cambios repentinos del sentido de la marcha cuando iban condiciendo. Todo parecía indicar que tenían capacidad de distribución por todo el territorio nacional.

La Fiscalía Antidroga fue autorizando mes a mes la ampliación del plazo para que los agentes encubiertos siguieran investigando. En marzo, concretaron que se iba a hacer un envío desde Bolivia y el Ministerio Público autorizó entonces otros dos policías con identidad tapada: Ebro y Duero.

Iberia-6674 con destino Madrid
La causa no terminó siendo tan espectacular. Se remitió Fiscalía de Madrid y se judicializó en un juzgado ordinario, pero los agentes encubiertos estuvieron trabajando desde enero hasta julio con la autorización única del fiscal. Un año más tarde, el 17 de julio de 2020 la Audiencia de Madrid condenó a Alirio Ramón León a ocho años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por un delito de tráfico de drogas.



Los hechos probados de la sentencia explican que tras varias operaciones frustradas, el 30 de junio de 2019 se introdujo en el avión IB6674 entre Caracas y Madrid un contenedor con tres paquetes de cocaína cuyo peso aproximado eran esos 50 kilogramos. El nombre con el que se ocultaba Alirio Ramón León era 'Rafa'.

A partir de su condena, él inició su periplo en los tribunales alegando que había sufrido una merma de sus derechos con la actuación de cinco agentes encubiertos durante seis meses de su vida.

Desmontando al agente encubierto
Su intención era que se anulara la habilitación del agente encubierto y, para ello, señalaba varios motivos. Primero, que a pesar de que la ley dice que hay que dar "inmediata cuenta al juez" cuando la Fiscalía autoriza uno de estos policías, no fue hasta meses más tarde cuando se hizo y se judicializó la investigación.

Segundo, la falta de proporcionalidad de las medidas: cinco agentes para una persona. Tercero, la falta de control judicial, la carencia de motivación del decreto habilitante; y, por último, la concurrencia del agente provocador y del delito provocado. Es decir, fueron ellos los que provocaron que 'Rafa' cometiera el hecho delictivo y los delitos instigados no están permitidos en España.

Para la defensa de Alirio Ramón León el tiempo que se prolongó la presencia de la Policía en su vida sin él saberlo provocó una "injerencia en la intimidad" tanto de él como de su familia porque, incluso, llegó a presentarles a su pareja sentimental.

Este recurso tenía muy pendientes a los responsables de UDYCO y de la Fiscalía Anticorrupción. El hecho de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el amparo ya les supuso un respingo porque podía condicionar la forma de trabajar hasta ahora, como explicó este medio.

La sentencia del Constitucional
Nada de lo que había alegado 'Rafa' al Tribunal ha sido apoyado por los magistrados, pero el Constitucional ha aprovechado para explayarse en la idea de cómo tienen que actuar estos agentes. La sentencia crea jurisprudencia y supone un nuevo paraguas legal para la actuación tanto de la Policía como del Ministerio Público.

El documento -- al que ha tenido acceso en exclusiva El Independiente-- da luz verde a que sean los fiscales los que primero autoricen sin dar cuenta al juez de forma automática, aunque transcurran meses de investigación. "El Ministerio Fiscal incoará diligencias preprocesales cuando alcancen la finalidad pretendida por su incoación y en todo caso transcurrido el plazo de duración legalmente previsto (artículo 5 EOMF) deberán ser comunicadas sin demora, de modo inmediato, al órgano judicial. Ese es el momento al que debe referirse la exigencia legal 'dando cuenta inmediata al juez' y no al instante de dictarse el decreto de habilitación del agente encubierto. En caso contrario, de interpretarse que el precepto exige la inmediata dación de cuenta al juez del decreto inicial perdería sentido la propia previsión legal que habilita al fiscal a servirse de agentes encubiertos", reza.

La ponencia del magistrado César Tolosa recalca que el fiscal es también un elemento más del engranaje jurídico y, por tanto, están perfectamente habilitados para comisionar a los agentes. La sentencia dice también que estos infiltrados quedan habilitados para actuar "no solo frente al investigado sino también frente a terceros" y al hilo señalan que haber llegado hasta la familia del narco no implica una vulneración de sus derechos. "La actuación del infiltrado se caracteriza por obrar con ocultación o engaño a fin de que la persona que es objeto de la investigación decida depositar su confianza en tales agentes", refleja.

Además, el abogado se quejaba de que el relato de los Policías había sido base prácticamente única para sustentar la condena. Los magistrados dan su visto bueno: "Las declaraciones de los agentes tienen consideración de prueba testifical, pudiendo por ello lícitamente los tribunales penales valorarlas".

[47ronin]

La última excusa de Interior para ocultar cuántos policías ha infiltrado en los movimientos sociales


El Ministerio del Interior asegura ahora ocultar esta información para proteger a los ciudadanos porque publicarla ocasionaría "cazas de brujas" y "persecuciones injustas y desmedidas" dentro de organizaciones sociales.

 
PUBLICIDAD


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto de la Policía en Ceuta. — Antonio Sempere / EUROPA PRESS
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto de la Policía en Ceuta. — Antonio Sempere / EUROPA PRESS

MADRID, 23/07/2024 20:58 SERGIO SANGIAO
El pasado mes de septiembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que el número de policías que se han infiltrado en movimientos sociales debe ser público. El organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, asegura que el Ministerio del Interior debe revelar ese dato desglosado anualmente. Casi un año después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sigue dando excusas para ocultar la información.

PUBLICIDAD


Después de la resolución del CTBG, Interior aseguró que no sabía qué se puede considerar y qué no movimientos sociales para defender que no podía dar el dato solicitado. Así, a pesar del posicionamiento claro del Consejo tras una reclamación de Público, que había solicitado la información, Interior siguió ocultando los datos.

Tras esa afirmación del ministerio, Público realizó otra solicitud de información. En esta nueva petición, hecha también en base a la ley de transparencia, este medio solicitaba el número de policías infiltrados cada año, pero "en movimientos, grupos, bandas u organizaciones de cualquier tipo o índole", no solo en movimientos u organizaciones sociales. Así, el ministerio no debería tener problema para discernir cuántos policías se han infiltrado en movimientos sociales y cuántos, en otro tipo de organizaciones, ya que no sería necesaria esa labor.

Interior ignora al Consejo de Transparencia y oculta cuántos policías ha infiltrado en movimientos sociales
A pesar de ello, Interior ha vuelto a denegar la solicitud y asegura que entregar la información podría desembocar en "cazas de brujas" y "persecuciones injustas y desmedidas" dentro de las organizaciones sociales que pudieran sospechar haber sido víctima de infiltraciones de policías. Así lo ha defendido el propio ministerio ante el Consejo de Transparencia, después de que Público haya reclamado también la negativa de Interior a entregar la información ante esta última solicitud.

PUBLICIDAD

Fragmento de las alegaciones del Ministerio del Interior ante el Consejo de Transparencia.

Publicar los datos podría perjudicar "gravemente a los ciudadanos que libremente se organizan", según Interior

El ministerio asegura, en sus alegaciones ante el Consejo de Transparencia, en las que defiende su negativa a entregar la información, que estas "cazas de brujas" y "persecuciones" tendrían consecuencias "en muchas ocasiones" para los miembros de "las organizaciones sociales que se considerasen pudieran ser objeto de investigación". Todo ello, según Interior, podría perjudicar "gravemente a los ciudadanos que libremente se organizan en cualquier ámbito de la vida social, llegando incluso a sufrir consecuencias legales o laborales sin motivo justificado".

PUBLICIDAD

Cuando descubres que tu pareja durante cuatro años es un policía infiltrado
Casi un año de incumplimiento
De todos modos, la negativa de Interior a entregar esta información no es nueva. Todo viene de una primera solicitud de información realizada por Público en febrero de 2023. En aquel momento, Interior ya se negó a hacer públicos estos datos. Este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia y el organismo resolvió a favor de Público ya en septiembre del año pasado.

Aún así, este organismo deberá volver a posicionarse en los próximos meses después de que este medio haya vuelto a reclamar, porque Interior se niega también a desvelar el total de policías infiltrados. La anterior petición solicitaba únicamente el número de agentes infiltrados en movimientos sociales.

PUBLICIDAD

A pesar de la ocultación por parte de Interior, es público que en los últimos años ha habido al menos ocho policías que se han infiltrado en movimientos sociales. Este recuento se puede realizar gracias a los casos que han ido destapando varios medios de comunicación, como El Salto, La Directa o elDiario.es.

Marlaska, inmune a la polémica: bate el récord de permanencia de un ministro al frente de Interior
El ministerio también se negó a hacer públicos los datos ante preguntas parlamentarias

PUBLICIDAD

Interior impide a la ciudadanía conocer si esos ocho casos están cerca del total o si son solo la punta del iceberg. Tras la resolución del Consejo de Transparencia que estimaba la reclamación de Público, Izquierda Unida preguntó en el Congreso por qué no se había cumplido con la misma y, de nuevo, por cuántos policías se habían infiltrado en este tipo de organizaciones. Interior se negó a revelar la información también ante estas preguntas parlamentarias.

Las primeras excusas
En aquella ocasión, igual que tras la primera solicitud de Público, Interior se basó en distintos acuerdos del Consejo de Ministros que declaran determinada información de la Policía como clasificada. Esos acuerdos se toman en base a la ley franquista de secretos oficiales, vigente aún a día de hoy.

PUBLICIDAD

Rufián vuelve a exigir a Sánchez que explique el motivo del espionaje policial a anarquistas e independentistas
Uno de los citados por el ministerio es el de 16 de febrero de 1996, decretado por el Gobierno de Felipe González, que otorga la clasificación genérica de secreto a "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes". También se basan en otro de 2014, ya del Gobierno de Mariano Rajoy, que hace lo propio con la misma información pero sobre la lucha contra la delincuencia organizada.

Ante la solicitud de este medio, el departamento de Fernando Grande-Marlaska también argumentó que entregar la información perjudicaría en el futuro la prevención, investigación y sanción de delitos. Este es uno de los límites que establece la ley de transparencia. Estos se pueden aplicar para denegar una solicitud cuando entregar la información puede suponer un perjuicio sobre alguno de estos límites. Aún así, no se aplican de forma directa, sino que la Administración debe argumentar que realmente se generaría un perjuicio y que el daño que este causaría sería más importante que el bien que supondría el interés público en la información revelada.

PUBLICIDAD

El Consejo de Transparencia ya tumbó ambos argumentos del Ministerio del Interior, asegurando que esos acuerdos del Consejo de Ministros no aplicarían en un caso como este y que conocer el total de policías infiltrados anualmente sin un mayor desglose no puede considerarse que "pueda perjudicar el desarrollo de las labores de prevención y persecución de delitos".

A pesar de ello, Interior ha vuelto a reafirmarse en estos argumentos para denegar la nueva solicitud de Público y para defender ante el Consejo que no debe entregar esta información. Además, el ministerio añade ahora su nueva excusa: las "cazas de brujas"; que, asegura, se podrían dar dentro de las organizaciones y movimientos sociales.

 

[47ronin]

La justicia rechaza por tercera vez investigar posibles abusos sexuales en un caso de infiltración policial


La Audiencia Provincial de Barcelona descarta que una operación de infiltración en los movimientos sociales de Barcelona durante tres años, en la que el agente tuvo relaciones sexoafectivas con cinco mujeres, suponga un delito. La sentencia será recurrida al Supremo.
A la izquierda, el agente D.H.P. durante su paso por la escuela de policía de Ávila. En la imagen de la derecha se pueden apreciar los tatuajes que se realizó entre 2020 y 2021.
A la izquierda, el agente D.H.P. durante su paso por la escuela de policía de Ávila. En la imagen de la derecha se pueden apreciar los tatuajes que se realizó entre 2020 y 2021. LA DIRECTA
Redacción El Salto
29 JUL 2024 10:36
Este verano, refresca tu espíritu crítico con El Salto. Bajamos el precio de nuestra suscripción completa a la mitad para animarte a que camines con nosotras. En estos tiempos inciertos y difíciles, nos necesitamos juntas. ¡Hazte socio/a por la mitad de precio!
Primero la Fiscalía, luego el Juzgado 21 de Barcelona y ahora la Audiencia Provincial de Barcelona. Por tercera vez la justicia ordinaria resuelve no investigar los casos de infiltraciones policiales en movimientos sociales de la capital catalana.

La organización de derechos humanos Iridia anuncia que recurrirá al Tribunal Supremo y agotará todas las vías judiciales para unos “hechos tan graves”.

El jueves pasado se conocía la decisión de la Sección Quinta de la Audiencia Nacional de Barcelona, que confirmaba que rechazaba la querella criminal por el caso de D.H.P., un policía infiltrado en colectivos sociales del barrio de Sant Andreu. En la resolución, en sintonía con la postura de la Fiscalía y el Juzgado 21 de Barcelona, la Audiencia vuelve a rechazar que se hayan cometido delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, de revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

Los abogados de la acusación, pertenecientes a Irídia y al sindicato CGT, anuncian que recurrirán ante el Tribunal Supremo, ya que consideran que resultaría “especialmente grave que una denuncia por delitos de tortura y contra la integridad moral quedara sin investigar”.

Los abogados de Irídia y CGT, anuncian que recurrirán antes el Tribunal Supremo: “Es especialmente grave que una denuncia por delitos de tortura y contra la integridad moral quedara sin investigar”
El agente D.H.P., según destapó la Directa, estuvo infiltrado desde mayo de 2020 hasta fines de octubre de 2022 y tuvo relaciones sexuales y afectivas con diferentes personas de los colectivos en los que participaba. Según Irídia, se trataba de un “mecanismo para iniciar y consolidar el vínculo de confianza” para obtener información con el “aval y la cobertura del resto de la estructura policial”.

El 23 de mayo de 2023, ocho personas afectadas por la actividad de este agente encubierto interpusieron una querella contra el agente, contra sus superiores en el cuerpo y contra el Ministerio de Interior, que hasta ahora, dicen desde Irídia, “no ha dado explicaciones claras sobre este tipo de operaciones injustificadas”.

Entre las acusaciones, cinco mujeres acusaron a D.H.P. ante la justicia de “abusos sexuales”, ya que, según argumentan, nunca hubieran tenido relaciones con esa persona si hubieran sabido que era un agente. Según el texto de la querella, la conducta del policía infiltrado “no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración” de los cuerpos policiales, sino que “traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de estas mujeres y de su autonomía sexual”. Una vez más, y ya es la tercera, la justicia se ha negado a investigar.

[Heracles_Pontor]

Si Mata Hari levantara la cabeza. . .

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

[47ronin]

https://www.google.com/amp/s/www.huffingtonpost.es/global/detectan-globos-marruecos-espiando-espana.html%3foutputType=amp

[47ronin]

Dicen que los globos no son de Marruecos sino de EE.UU.

[47ronin]

Los "muerden" a todos?

Denuncian un nuevo caso de una policía infiltrada en movimientos sociales de Madrid


Historia de Público • 18 h • 2 minutos de lectura

Los periódicos El Saltoy La Directa han destapado un nuevo caso de una policía infiltrada en movimientos sociales de Madrid. La agente se hacía llamar Marta, pero su nombre real era María Ángeles G.A. La funcionaria del Ministerio del Interior tiene 62 años y estuvo infiltrada durante las dos últimas décadas en distintas plataformas y colectivos de la capital. Este es el noveno caso que sale a la luz desde 2022.

La agente se licenció hace 40 años, cuando la actual sede de la Escuela de Policía de Ávila –donde se forman casi todos los policías infiltrados– ni siquiera se había terminado de construir. María Ángeles G.A. es la funcionaria de más avanzada edad de las nueve que destaparon en los últimos tres años los citados medios. Este también es el período más largo de infiltración.
Marta acumula una larga trayectoria como agente infiltrada en distintos espacios políticos de Madrid, que van desde locales autogestionados, como el centro social El Laboratorio, hasta colectivos de apoyo a presos de los GRAPO y del independentismo vasco. La policía también pasó por la Coordinadora Antifascista de Madrid y otros movimientos antirrepresivos.

El último colectivo en el que participó, Madres Contra la Represión, tomó la decisión de expulsarla cuando sus compañeras tuvieron los suficientes indicios como para sospechar de su identidad. La funcionaria, que se hacía llamar Marta de Aranjuez, llevaba más de siete años participando y haciendo vida con gente de la plataforma.

María Ángeles G.A. se puso en contacto con sus compañeras de Madres Contra la Represión en una manifestación, diciendo que venía de militar en la Coordinadora Antifascista de Madrid, pero que habían decidido no admitir la participación de personas a título individual.

La policía llegó a solicitar los permisos para distintas concentraciones en la Delegación del Gobierno, con su DNI falso, según prueba la investigación de El Salto y La Directa. El Ministerio del Interior ha rechazado en repetidas ocasiones hacer pública la relación total de policías infiltrados en los colectivos sociales de todo el país.

[47ronin]

[47ronin]

https://x.com/guillermoTM1959/status/1830685074368475249?t=Tv3X-e5iRx60llaivE0tmA&s=19

[Heracles_Pontor]

Los "muerden" a todos?

Denuncian un nuevo caso de una policía infiltrada en movimientos sociales de Madrid


Historia de Público • 18 h • 2 minutos de lectura

Los periódicos El Saltoy La Directa han destapado un nuevo caso de una policía infiltrada en movimientos sociales de Madrid. La agente se hacía llamar Marta, pero su nombre real era María Ángeles G.A. La funcionaria del Ministerio del Interior tiene 62 años y estuvo infiltrada durante las dos últimas décadas en distintas plataformas y colectivos de la capital. Este es el noveno caso que sale a la luz desde 2022.

La agente se licenció hace 40 años, cuando la actual sede de la Escuela de Policía de Ávila –donde se forman casi todos los policías infiltrados– ni siquiera se había terminado de construir. María Ángeles G.A. es la funcionaria de más avanzada edad de las nueve que destaparon en los últimos tres años los citados medios. Este también es el período más largo de infiltración.
Marta acumula una larga trayectoria como agente infiltrada en distintos espacios políticos de Madrid, que van desde locales autogestionados, como el centro social El Laboratorio, hasta colectivos de apoyo a presos de los GRAPO y del independentismo vasco. La policía también pasó por la Coordinadora Antifascista de Madrid y otros movimientos antirrepresivos.

El último colectivo en el que participó, Madres Contra la Represión, tomó la decisión de expulsarla cuando sus compañeras tuvieron los suficientes indicios como para sospechar de su identidad. La funcionaria, que se hacía llamar Marta de Aranjuez, llevaba más de siete años participando y haciendo vida con gente de la plataforma.

María Ángeles G.A. se puso en contacto con sus compañeras de Madres Contra la Represión en una manifestación, diciendo que venía de militar en la Coordinadora Antifascista de Madrid, pero que habían decidido no admitir la participación de personas a título individual.

La policía llegó a solicitar los permisos para distintas concentraciones en la Delegación del Gobierno, con su DNI falso, según prueba la investigación de El Salto y La Directa. El Ministerio del Interior ha rechazado en repetidas ocasiones hacer pública la relación total de policías infiltrados en los colectivos sociales de todo el país.

Y ésta también ha tenido relaciones sexo afectivas para obtener información?. . .

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

[47ronin]

Creo que nadie ha debido ver la película Infiltrados.

https://youtu.be/oIXPjFGJUBg?si=jaa7NwArpvvBI2Ix

[47ronin]

La Policía revela al  la identidad del agente israelí que sacó una pistola durante una protesta en la Complutense


El magistrado pregunta a la Fiscalía si debe archivar la querella por la actuación del servicio de seguridad de la Embajada de Israel el año pasado mientras los manifestantes acusan a la Policía de haber protegido al “pistolero”
— La Policía identifica como un agente israelí al hombre que sacó una pistola en la Complutense






Extracto del vídeo grabado por los manifestantes en el que se al agente israelí empuñar su pistola
Pedro Águeda

22 de septiembre de 2024 22:38h
Actualizado el 23/09/2024 05:30h
54

SEGUIR AL AUTOR/A
Un juzgado de Madrid tiene en su poder la identidad del agente de los servicios de seguridad israelíes que empuñó su pistola el 8 de febrero del año pasado durante la protesta de un grupo de estudiantes en el interior de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Con el atestado policial en su poder, el magistrado Carlos Valle ha preguntado a la Fiscalía si procede archivar las diligencias previas abiertas a raíz de la querella presentada por tres manifestantes.


La Policía investiga si un agente israelí sacó una pistola frente a manifestantes en la Universidad Complutense

En el oficio policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Brigada Provincial de Información explica que el individuo que sacó su arma –al que identifica con nombre, apellido y número de tarjeta de residente extranjero– tiene pasaporte diplomático del Estado de Israel y nació en Rusia. “Es una persona acreditada legalmente como personal diplomático en funciones de protección de la Excma. Sra. Embajadora del Estado de Israel”, añade la Policía española.

El paraninfo de la Facultad de Filología de la Complutense acogió los pasados 7 y 8 de febrero un ciclo denominado ‘Acuerdos de Oslo: una conmemoración’. La primera jornada contó con la participación del embajador palestino en España. Al siguiente día estaba anunciada la intervención de la jefa de la delegación diplomática israelí en Madrid, Rodica Radian-Gordon. Grupos estudiantiles y propalestinos habían anunciado una protesta que derivó en enfrentamientos entre estos y el personal de seguridad de la universidad a los que se sumaron agentes israelíes, según el testimonio de los manifestantes.

El choque provocó la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que acabó con el arresto de dos mujeres, una de ellas de 22 años y otra de 44, que a día de hoy siguen imputadas en otro juzgado por resistencia a la autoridad. A un total de 44 manifestantes se les notificó la apertura de un proceso administrativo por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En su atestado, los agentes de Información, desplegados de paisano en la Facultad, aseguran que no vieron al agente israelí sacar la pistola, tal y como acredita un vídeo grabado por los manifestantes. Pero añaden que una vez se planteó esa posibilidad han identificado al individuo y la pistola que portó: “marca Glock, calibre 9mm parabellum, con número de identificación (…) debidamente guiada por las autoridades de intervención de armas del cuerpo de la Guardia Civil y asignada para el cumplimiento de sus funciones de protección a la persona identificada”.

Los policías aseguran no haber visto nada
Los policías españoles aseguran no haber visto empuñar el arma al agente israelí pero sí hacen un relato detallado de la actuación de los manifestantes. “La masa de personas irrumpió de forma violenta en el interior del edificio arrollando al personal de servicios auxiliares y seguridad que se encontraba realizando funciones de control de acceso en la entrada de la facultad y provocando diversos daños en las puertas de acceso”, recoge el oficio policial.

“Acto seguido –continúa– se dirigieron rápidamente a la entrada del salón donde tenía lugar la actividad, con la evidente intención de acceder al mismo y boicotearlo”. La Policía sí reconoció la intervención de agentes israelíes que, junto a otros españoles de paisano y miembros de la seguridad privada de la Universidad “interceptaron” a los manifestantes. “Se produjeron forcejeos con esta masa que pretendía violentar el acceso y que finalmente logró impedirse”, añade el atestado.

En el parte de intervención, igualmente incorporado al juzgado, la Policía dice que las dos mujeres detenidas son las que en ese momento “ejercen la violencia física principalmente de una manera más extrema, provocando lesiones en un agente de la Policía Nacional y en el jefe de seguridad de la Universidad, teniendo que ser atendidos por el SAMUR en el lugar de los hechos”. Ellas fueron detenidas y los otros 44 manifestantes identificados para ser sancionados.

Los manifestantes propalestinos aseguran que la versión policial, cuando asegura que no vio al agente israelí sacar el arma, “se contradice con los propios hechos, por los gritos de las activistas al ser encañonadas, sus exigencias a los agentes [españoles] de que detuvieran al individuo y el ocultamiento tras una puerta que la Policía hizo del pistolero”.

“La contradicción de la versión policial muestra el difícil lugar en el que la embajada israelí ha puesto al Cuerpo Nacional de Policía, puesto que no sólo quedó grabado cómo el pistolero amenazó de muerte a las estudiantes, sino que en el vídeo aparecen agentes secretos de policía ocultándolo y, por tanto, evadiendo su deber de detenerlo”, añaden.

[Heracles_Pontor]

Los Servicios Israelíes no se cortan ni dentro ni fuera de su país, juegan en otra liga y saben que tienen el apoyo sin condiciones de su Gobierno hagan lo que hagan. . .

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

[Vikingo83]

Los Servicios Israelíes no se cortan ni dentro ni fuera de su país, juegan en otra liga y saben que tienen en apoyo sin condiciones de su Gobierno hagan lo que hagan. . .

Y de Estados Unidos...

[47ronin]

https://youtube.com/shorts/wyv7hwGVric?si=hs5gbjZEXQoiN4F2

[47ronin]

Un ex miembro del CNI con problemas psiquiátricos se queda sin ayuda por incapacidad


El Instituto Social de las Fuerzas Armadas le denegó una prestación porque él mismo renunció a la condición de personal estatutario del servicio de inteligencia

Aurelio Ruiz Enebral
08/10/24 | 0:00
Actualizado: 08/10/24 | 0:23
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso contencioso-administrativo de un antiguo empleado de la Administración General del Estado, que reclamó una prestación o subsidio por incapacidad temporal.

El protagonista del caso, según la sentencia consultada por ECD, recibió primero una resolución de la Subdirección de Prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que el 1 de diciembre de 2020 inadmitió a trámite la solicitud de subsidio por incapacidad temporal.

Interpuso un recurso de alzada, que fue desestimado por la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

Así que abrió la vía judicial, con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Reclamó un subsidio por incapacidad temporal

En los antecedentes de hecho de la sentencia se define al recurre como “funcionario civil del Cuerpo General Administrativo”, que solicitó una prestación de subsidio por incapacidad temporal, “alegando hallarse en esa situación desde abril de 2019 y no haber recibido retribución alguna desde junio de 2019”.

En la sentencia se revela por qué un funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado -que desempeña tareas administrativas de trámite y colaboración- tramitó esa prestación en el ISFAS, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Defensa que tiene a su cargo la gestión del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI y el personal civil de cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa con excepción de las pensiones de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia que corresponden al Régimen de Clases Pasivas.

Entró en el CNI en 2008

Se indica en un punto de la sentencia que este hombre fue “nombrado en fecha 11 de febrero de 2008 funcionario civil de la Administración General del Estado (personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia)”.

Por tanto, este hombre ingresó en 2008 en el CNI, con la categoría de funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.

Patología psiquiátrica

Un agente del CNI en Mali pierde la batalla judicial contra el centro, al que acusó de coacción para presentar la renuncia
También en esta sentencia del TSJ de Cataluña se recoge el relato resumido del recurrente:

-- “En abril de 2019 causó baja laboral por patología psiquiátrica, iniciando baja laboral por patología psiquiátrica, iniciando baja laboral por enfermedad, sufriendo a causa de guión [sic] 08 de junio de 2019, una caída desde su domicilio, por la que permaneció ingresado en el hospital durante dos meses por múltiples fracturas, y que durante su ingreso, en el mes de julio de 2019, causó baja en el organismo para que trabajaba, dejando de percibir cualquier tipo de ayuda económica, hallándose en la actualidad aún en tratamiento por su patología psiquiátrica”.

El escrito con ese relato lo presentó en noviembre de 2020, acompañado de “un total de cuarenta y tres informes médicos de enfermedad, fechados entre el 24 de abril de 2019 y el 16 de noviembre de 2020, constando en ellos patología psiquiátrica -trastorno adaptativo mixto-, excepto los informes núm. NUM001 a NUM002 en los que constan el diagnóstico de fracturas múltiples”.

“Accidente de gravedad”, ingresado en la UCI...

El ISFAS, el Ministerio de Defensa y en último lugar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideraron que no se le debía conceder la prestación por incapacidad temporal del ISFAS, porque por petición propia este hombre cesó como funcionario civil del Cuerpo General Administrativo.

Como se ha indicado, el TSJ de Cataluña desestimó el recurso.

En la sentencia se recogen algunos otros datos dispersos, que no revelan qué le ocurrió a este funcionario del CNI, pero que arrojan algo de información sobre las pretensiones del recurrente.

Un agente del CNI gana en los tribunales que el centro le permita volver a espiar en Melilla
Alegó que “antes de su cese en dicho Instituto [el ISFAS, por dejar de ser funcionario], el actor ya se encontraba en situación de baja médica y este hecho era conocido por la administración. Y no es lógico que una persona en esa situación extrema, ingresado en la UCI, a los dos días de un accidente de gravedad solicite su baja, renunciando a todos los derechos, quedando en una situación de vulnerabilidad, y este cese sea el argumento de la administración para denegarle la prestación”.

Argumentó por tanto un “accidente de gravedad”, y vino a dar a entender que su petición de baja no había sido del todo voluntaria.

Reclamó además que el suyo era “un caso de baja médica por enfermedad grave con más de dos meses de hospitalización, varias intervenciones quirúrgicas y unas secuelas importantes”, y por todo ello reclamó al ISFAS que le pagara “un importe total de 54.631,54 euros”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le reprochó que “incurre en actor en desviación procesal al tratar en conclusiones finales la controversia como una reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración pública”, y desestimó el recurso.

[47ronin]

El juez archiva el caso del agente israelí que empuñó su pistola en la Complutense porque no tuvo “ánimo intimidatorio”


El magistrado Carlos Valle despacha el asunto con un párrafo en el que asume la postura de la Fiscalía, que a su vez justifica el uso del arma “en cumplimiento de las labores de escolta” de la Embajadora israelí durante una protesta contra su presencia en la Universidad
— La Policía revela al juez la identidad del agente israelí que sacó una pistola durante una protesta en la Complutense






Extracto del vídeo grabado por los manifestantes en el que se al agente israelí empuñar su pistola
Pedro Águeda

25 de octubre de 2024 18:55 h
Actualizado el 25/10/2024 18:57 h
42

SEGUIR AL AUTOR/A
El juez Carlos Valle ha archivado la querella contra un agente israelí que empuñó su pistola durante una protesta contra la participación de la Embajadora de ese país en un acto que se celebraba en la Universidad Complutense. En un escrito de un solo párrafo, el magistrado dice asumir el razonamiento de la Fiscalía, cuyo representante informó previamente a avor del archivo porque el “escolta” de la embajadora no tuvo “ánimo intimidatorio” al apuntar a los manifestantes con su arma reglamentaria.

La conclusión del archivo es que el informe de la Policía ha bastado para convencer al fiscal y al juez. “Visto el informe presentado entendemos que no existió un ánimo amenazatorio en el agente de seguridad si no que se limitaba al cumplimiento de las funciones de escolta que le eran encomendadas”, reza el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los querellantes, tres activistas propalestinos que participaron en la protesta, han adelantado que recurrirán la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid “para no permitir que nuestro país sea una vez más responsable directo de la larga lista de crímenes que Israel comete impunemente”.

En el oficio policial, la Brigada Provincial de Información explica que el individuo que sacó su arma –al que identifica con nombre, apellido y número de tarjeta de residente extranjero– tiene pasaporte diplomático del Estado de Israel y nació en Rusia. “Es una persona acreditada legalmente como personal diplomático en funciones de protección de la Excma. Sra. Embajadora del Estado de Israel”, añade la Policía española.

El paraninfo de la Facultad de Filología de la Complutense acogió los pasados 7 y 8 de febrero un ciclo denominado ‘Acuerdos de Oslo: una conmemoración’. La primera jornada contó con la participación del embajador palestino en España. Al siguiente día estaba anunciada la intervención de la jefa de la delegación diplomática israelí en Madrid, Rodica Radian-Gordon. Grupos estudiantiles y propalestinos habían anunciado una protesta que derivó en enfrentamientos entre estos y el personal de seguridad de la universidad a los que se sumaron agentes israelíes, según el testimonio de los manifestantes.

El choque provocó la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que acabó con el arresto de dos mujeres, una de ellas de 22 años y otra de 44, que a día de hoy siguen imputadas en otro juzgado por resistencia a la autoridad. A un total de 44 manifestantes se les notificó la apertura de un proceso administrativo por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En su atestado, los agentes de Información, desplegados de paisano en la Facultad, aseguran que no vieron al agente israelí sacar la pistola, tal y como acredita un vídeo grabado por los manifestantes. Pero añaden que una vez se planteó esa posibilidad han identificado al individuo y la pistola que portó: “marca Glock, calibre 9mm parabellum, con número de identificación (…) debidamente guiada por las autoridades de intervención de armas del cuerpo de la Guardia Civil y asignada para el cumplimiento de sus funciones de protección a la persona identificada”.

[47ronin]

El Supremo deniega revelar las órdenes de entrada y registro a los miembros del CNI acusados de traición



Irene Dorta
@irene_dorta
07 / 12 / 2024 - 00: 06ACTUALIZADO 08 / 12 / 24 - 12: 26


El magistrado del Tribunal Supremo que actúa como enlace entre un órgano jurisdiccional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) autorizó supuestamente por parte de miembros de la brigada policial adscrita al centro la entrada y registro de las viviendas de los espías que están acusados de traición y revelación de secretos por pasar información de las entrañas del Estado español a personal de inteligencia de Estados Unidos. Ambos acusados niegan estas acusaciones con rotundidad, por lo que están tratando de desmontar la legalidad de la investigación. Habían solicitado así que el alto tribunal diera copia de cómo se motivó la entrada en sus casas, pero han recibido una negativa: "No se remitirá documentación".


El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid mantiene imputados al agente 7691 y al 7887, uno era el responsable del área de Rusia dentro del CNI y tenía 24 analistas a su cargo, y el otro era su subordinado. Ambos han sido expulsados de la institución y uno de ellos, el de rango superior, continúa encarcelado de forma provisional en una prisión militar. En los documentos de las pesquisas, a los que ha tenido acceso El Independiente, el Supremo da un portazo a las pretensiones de los acusados sin motivar del todo el porqué.


Ellos tratan de demostrar que la investigación que se cierne sobre los dos se ha realizado de forma irregular, laminando sus derechos, hasta el punto de que sospechan que en sus móviles y en el de sus familias se introdujo el virus israelí de Pegasus. Por ello, el pasado 7 de agosto la magistrada de instrucción accedió a pedir al Supremo el auto en el que se autorizó la entrada y registro de sus inmuebles donde encontraron, por ejemplo, capturas de los programas internos del Centro que los espías no pueden tener en sus casa, así como avaló pedir el auto de "intervención de comunicaciones telefónicas por actividades delictivas contrarias a la Seguridad Nacional que dieron lugar a la incoación de la presente causa".

Cabe recordar que fue el Centro de los espías que depende directamente de Margarita Robes, ministra de Defensa, el que interpuso la denuncia en la Fiscalía. En esta denuncia inicial que rubricaba la directora del Centro, Esperanza Casteleiro, decía que "el magistrado del Tribunal Supremo competente para ejercer el control judicial previo del CNI, ha autorizado al CNI a practicar entradas en domicilio en distintas ocasiones y ha autorizado la intervención de las comunicaciones del principal denunciado".


¿Colon irritable? Ponga a prueba este sencillo consejo (es genial)
Asesor de salud
Pero la Sala Penal del alto tribunal ha sido clara: "Se pone en su conocimiento que no se remitirá documentación alguna referente a la causa solicitada toda vez que este Tribunal no es competente para tramitar su exhorto". La magistrada instructora Susana Trujillano, sin embargo, no ha cesado en su empeño de tratar de conseguir esta autorización judicial así que ahora ha decidido requerirla a través del CNI y le ha dado un plazo de diez días al departamento de Robles para que lo envíe a la causa.

Lo que había en las viviendas
Como ha venido desgranando El Independiente, la investigación ha revelado que el alto mando que permanece en prisión provisional tuvo tres encuentros "casuales" con espías extranjeros que pudieron poner en jaque los secretos del Estado. El alcance de la fuga --que se presupone que ha terminado en manos de Washington-- ha podido ser tan alto como el rango del mando que era el número ocho en el escalafón del CNI.

Las entradas y registros en la investigación han revelado que almacenaba numerosa información clasificada como secreta en su casa entre lo que se han encontrado nombres de fuentes humanas, nombres en clave de operaciones y de personal así como datos de la estructura y del despliegue español en el exterior. En su domicilio se encontraron también aplicaciones, programas, dispositivos y sistemas electrónicos securizados "muy sofisticados" que los investigadores creen que pudieron serle facilitados por sus contactos en los servicios de inteligencia del extranjero.

Por eso, para las defensas es vital poder conocer si esa incursión en su domicilio se hizo con arreglo a la ley o si se saltaron todas las líneas rojas que puedan hurtar a estos dos acusados de un juicio justo.


Las pesquisas han constatado que guardaban notas informativas sobre Turquía, Arabia Saudí y herramientas propias del CNI. Además, en uno de los dispositivos del militar se localizaron fotografías de vacantes del órgano con nombres, claves y siglas, así como una fotografía de la pantalla de un ordenador del Centro que dirige Esperanza Casteleiro con localizaciones, nombres pseudónimos de agentes y otros datos personales de los integrantes.