Puigdemont queda libre tras recibir la orden de detención y negarse a ser entregado a España
El Tribunal Supremo aclara a Bélgica que el 'expresident' carece de inmunidad porque no es europarlamentario
Puigdemont sale de la Fiscalía de Bruselas acompañado de su abogado Gonzalo Boye, Josep María Matamala y un miembro de su equipo de seguridad. En vídeo, sus declaraciones a los medios. FOTO: DELMI ÁLVAREZ | VÍDEO: EFE
ÁLVARO SÁNCHEZ
Bruselas 18 OCT 2019 - 12:54 CEST
Carles Puigdemont regresa a la rueda judicial belga casi dos años después de su huida a ese país. El expresidente de la Generalitat ha recogido este viernes en Bruselas la euroorden de detención cursada por el Tribunal Supremo tras dictar la sentencia del procés. Después de recibir la notificación en presencia de sus abogados, Puigdemont se ha opuesto a su entrega a España y a la espera de volver a ser convocado, ha quedado en libertad sin fianza, pero con varias medidas cautelares: está obligado a comunicar su domicilio, informar de sus actividades, estar siempre a disposición de las autoridades judiciales y pedir permiso en caso de que desee abandonar el país, las mismas condiciones que ya se le impusieron en la primera euroorden.
El expresidente catalán ha salido del edificio de la Fiscalía de Bruselas poco después de las once de la mañana junto al abogado Gonzalo Boye, el empresario, senador y amigo personal Josep María Matamala y un miembro de su seguridad personal, con los que subió a un vehículo particular. La Fiscalía todavía no le ha comunicado cuándo volverá a citarle, pero el proceso durará meses. "Me puse ayer por la mañana [por el jueves] a disposición de las autoridades belgas, la policía me condujo a comparecer ante el juez, que ha estado tomándome declaración y acaba de dictar las condiciones de mi libertad”, informó Puigdemont a la salida del juzgado. “Desde ayer por la mañana no he estado conectado. Acabo de salir”, ha dicho el expresident dando a entender así que pasó la noche en dependencias judiciales.
Esta madrugada, antes de que Puigdemont se presentara en la Fiscalía, Bélgica ha preguntado a España si el expresidente catalán goza de inmunidad tras haber sido elegido eurodiputado en las elecciones del 26 de mayo. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Supremo, va a responder esta misma mañana a las autoridades belgas que Puigdemont no tiene inmunidad porque no es miembro del Parlamento Europeo, informa Reyes Rincón.
En su escrito, Llarena va a recordar que el expresident carece de dos requisitos imprescindibles para haber adquirido la condición de eurodiputado: no ha acatado la Constitución Española ante la Junta Electoral Central como exige el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y no ha tomado posesión del escaño. Llarena invitará a las autoridades belgas a confirmar esa situación preguntando directamente a la Eurocámara.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado a las autoridades belgas que esta vez, con una sentencia ya dictada por los jueces del Supremo, no entorpezcan la entrega de Puigdemont. "Espero que lo acabe extraditando. Estamos en la UE y hemos mamado los mismos valores que nos hacen sociedades democráticas: el Estado de derecho, la libertad y la igualdad. Significa que la resolución que dicta un juez de Marsella o de Barcelona tiene el mismo valor, porque todos partimos de los mismos valores. El señor Puigdemont puede y debe ser entregado a España", informa Ana Pantaleoni.
Con fuertes altercados en las calles de Cataluña, Puigdemont ha negado que conozca quién está detrás del movimiento Tsunami Democràtic, cuyas convocatorias ha difundido en redes sociales asiduamente. Y ha insistido en que condena la violencia, pero sin hacer autocrítica expresa sobre la que proviene de independentistas radicales. "Me he expresado siempre así porque es un compromiso ético desde que tengo uso de razón, en contra de la violencia. Llevo años denunciándola. El verano del año pasado empecé a denunciar la violencia, pero nadie hizo caso. Había comandos de encapuchados con armas blancas arrancando lazos amarillos. Me han informado de que hay grupos neonazis que estaban pegando a gente, pero no tengo datos y tengo que conocerlo más en detalle", ha afirmado.
El trámite judicial no es ajeno para el político huido desde octubre de 2017. Esta es la segunda euroorden que se presenta en su contra en Bélgica, y la tercera sumando la que provocó su detención en Alemania. Cuando España le reclamó poco después de escapar de Cataluña, también se presentó ante la Fiscalía belga voluntariamente, como ahora, después de acudir por su propio pie a una comisaría de policía. De este modo, Puigdemont pretende transmitir que está dispuesto a colaborar con los jueces belgas, a los que a diferencia de los españoles considera independientes. "Confiamos en que esta vez permitan que las autoridades belgas terminen dictando una sentencia sobre el fondo del asunto", reclamó su abogado, Gonzalo Boye, en referencia a la retirada de la euroorden por el juez Llarena el año pasado.
La Fiscalía belga informó esta semana de que había recibido de España la euroorden, pero decidió congelar su puesta en marcha hasta que el Supremo se la enviara traducida a una de sus tres lenguas oficiales (neerlandés, francés y alemán) o al inglés. Pese a todo, las primeras consecuencias de la orden de detención ya se han dejado notar: el Parlamento Europeo ya ha prohibido la entrada de Puigdemont a sus instalaciones al reiniciarse el proceso en su contra.
Hace casi año y medio, Bélgica rechazó la entrega a España de los cuatro independentistas huidos (Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) por supuestos defectos de forma en la euroorden cursada en su contra. La resistencia de las autoridades belgas a aceptar la euroorden y las numerosas declaraciones políticas de respaldo al expresident provocaron un choque diplomático con España y generaron una crisis interna entre las fuerzas políticas belgas, donde Puigdemont cuenta con el respaldo del partido más votado del país, los nacionalistas flamencos de la N-VA. La sentencia ha resucitado esas voces de apoyo desde Flandes: esta semana el Parlamento flamenco aprobó por unanimidad una resolución de rechazo a la sentencia e incluso pidió al Gobierno belga que llamara a consultas al embajador español.