Autor Tema: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...  (Leído 228776 veces)

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #1940 en: 30 de Mayo de 2018, 11:28:50 am »
El malagueño condenado a cinco años de cárcel por 'Rodea el Congreso' se entregará este miércoles

Francisco Molero se entregará en la nueva prisión de Archidona por atentado a la autoridad y lesiones a tres policías

Le identificaron porque "vestía de oscuro" y se subía y bajaba un pañuelo palestino. "Lo siento mucho, pero yo no fui", dice

Su abogada de oficio no presentó prueba alguna ni realizó alegaciones. No llegó a estar designada formalmente hasta que concluyó la instrucción

Néstor Cenizo   
29/05/2018 - 14:07h

Francisco Molero, el joven que fue condenado a cinco años de prisión por los disturbios que siguieron a las manifestaciones del 25 de septiembre de 2012 (Rodea el Congreso), se entregará este miércoles por la mañana en la prisión de Archidona (Málaga), la más cercana a su pueblo, Cuevas de San Marcos. La entrega de Molero, que mantiene que es inocente y fue condenado tras un juicio sin defensa, se produce más de un año después de que  se decretara su ingreso en prisión y se rechazase el indulto. El Sindicato Andaluz de Trabajadores acompañará a Molero, militante del colectivo.

El joven, que tiene ahora 29 años, está afectado, "hundido", según explica Óscar Reina, secretario general del SAT. "He sido víctima de un juicio falso, me han condenado sin prueba ninguna más allá de los testimonios policiales, totalmente contradictorios", asegura en una nota difundida por el SAT. "Lo siento mucho por los agentes lesionados pero yo no fui", añade.

Desde que a mediados de abril de 2017 se emitió la orden de ingreso en prisión ha estado en paradero desconocido, "exiliado", según Reina, que no desvela dónde. Molero dio de baja su móvil y no recibió los mensajes. Ahora ha decidido entregarse. "Para familia, compañeros y demás viene bien", asume Reina: "No se ve diez años fuera, menos aún siendo inocente". Permaneció fuera de España, pero eso implicaba también un desarraigo familiar y social por el que no quería seguir pasando. "Esto ha podido con la salud de Fran, que ha preferido venirse más que nada por los padres", comenta Reina.

Según Jesús Díaz Formoso, su abogado, a Molero nunca le notificaron personalmente la orden de ingreso en prisión, por lo que entiende que con su entrega cumple con el ingreso voluntario en prisión. Durante este tiempo ha trabajado como temporero, según el abogado.

Un juicio sin defensa

Molero fue condenado a cinco años y un día de prisión y una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones a tres policías. Que se sepa, es el único que ha sido juzgado y condenado entre los detenidos en los altercados que siguieron a la protesta Rodea el Congreso, el 25 de abril de 2012.

La sentencia concluyó que él fue el autor de tres pedradas que provocaron las lesiones a tres policías pertenecientes, los tres, a la Unidad de Intervención Policial de Vigo desplazados a Madrid. Le identificaron, según consta en la sentencia, porque "vestía de oscuro" y se subía y bajaba un pañuelo palestino mientras tiraba piedras, que antes había recogido, roto y apilado. Según la resolución que le condenó, era él "sin margen de duda alguna ni de error".

Él siempre ha defendido que es inocente. Su defensa durante el juicio al que fue sometido en el juzgado de lo penal número 25 de Madrid (luego confirmada por la Audiencia Provincial) fue inexistente. No se defendió durante la fase de instrucción y en el juicio no aportó ninguna prueba. Tampoco recurrió el auto judicial que transformó la instrucción por desórdenes en una instrucción por "atentado a la autoridad" y delito de lesiones a tres agentes. Mientras que la mayoría del resto de detenidos mayores de edad fueron defendidos por sus actuales abogados, Molero aceptó en principio una abogada de oficio, que durante la instrucción no presentó ningún escrito.

Como  explicó eldiario.es/Andalucía partiendo del examen de los documentos del sumario, formalmente ni siquiera era su abogada porque el escrito de designación es de 14 de enero de 2014, ya concluida la instrucción, y sólo 24 días antes de que se abriera la fase de juicio oral. En algunos de los documentos incorporados al sumario consta la mención "sin profesional asignado" y el juzgado le comunicó el auto de apertura de juicio oral de viva voz en su pueblo, "haciéndole saber que es firme". El primer escrito con el que se defendió fue el escrito de defensa, y se limitaba a proponer dos pruebas: la declaración de Molero y un folio del sumario sin ningún valor exculpatorio.

Durante el juicio, la abogada fue sustituida por una compañera y, según denunciaron los letrados actuales, presentó un incidente de nulidad ante el órgano equivocado. Después, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron valorar el caso.

La tramitación del indulto fue el último eslabón de una cadena de situaciones anómalas. Aunque constaba denegado en una diligencia del 17 de abril de 2017, el expediente del Ministerio de Justicia (incluyendo el informe del tribunal sentenciador) se extravió y los abogados nunca llegaron a verlo.

Posible querella contra el Tribunal Constitucional

Óscar Reina y Díaz Formoso avanzan que están estudiando la posibilidad de interponer una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional que rechazaron admitir a trámite el recurso de amparo. "Están obligados a velar por nuestros derechos humanos y no lo hacen", opina el abogado, que asegura que ha recibido peticiones de información de integrantes del Consejo de Europa, del que depende el TEDH. También avanza que podrían presentar una nueva solicitud de indulto.

Para Reina, la entrada en prisión de Molero es el resultado de una serie de "irregularidades". "Él y sus abogados aceptan que podría ser condenado, pero queremos un proceso limpio. No ha sido posible por una tutela judicial inefectiva, inoperante y llena de fallos. Hay una tutela para quien conviene, los ricos, y para quien lucha por los derechos no la hay".


https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/malagueno-condenado-Rodea-Congreso-miercoles_0_776572783.html

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« Respuesta #1941 en: 01 de Junio de 2018, 07:19:47 am »

La juez absuelve los miembros de España 2000 acusados de amenazar a Oltra en la puerta de su casa al no ver delito

    Para la magistrada, esta conducta tendría cabida únicamente en el delito de acoso "si tuviera una reiteración en el tiempo", lo que no sucede en este caso
    La fiscal pedía 900 euros de multa por un delito leve de amenazas y la prohibición de acercarse a 300 metros de Oltra

infoLibre Publicada 31/05/2018 a las 17:26 Actualizada 31/05/2018 a las 17:27
 
La magistrada juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Llíria (València) absolvió a los cuatro miembros de España 2000 acusados de amenazar y coaccionar a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a las puertas de su vivienda, al considerar que la acción desarrollada era "innecesaria" desde el punto de vista de la libertad de expresión pero no constituye ilícito penal, informa Europa Press.

Para la magistrada, esta conducta tendría cabida únicamente en el delito de acoso "pero sólo si tuviera una reiteración en el tiempo", lo que no sucede en este caso, según se señala en la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El acoso sucede en supuestos donde, sin llegar a producirse necesariamente el "anuncio explícito o no la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas y otros actos continuos de hostigamiento".

Por ello, absuelve al asesor jurídico de España 2000 y expresidente de esta formación, José Luis Roberto, y a otros dos hombres y una mujer miembros de este partido, para quienes la fiscal pedía, para cada uno de ellos, 900 euros de multa por un delito leve de amenazas y la prohibición de acercarse a 300 metros de Oltra o, subsidiariamente, la misma condena por coacciones leves. La Abogacía de la Generalitat reclamaba la misma pena pero elevaba la multa a Roberto a los 1.800 euros.

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2017, sobre las 21.00 horas, cuando un grupo de personas, algunas de las cuales llevaban la cara tapada con caretas de la película Scream, llegó en coche ante la casa de Oltra, desplegaron una bandera española sobre la que se podía leer "Viva la Unidad de España" y pusieron la canción de Manolo Escobar Que viva España al tiempo que emitían consignas como "Mira, esta es tu bandera" y grababan un vídeo.

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« Respuesta #1942 en: 08 de Junio de 2018, 15:25:59 pm »

Condenados a 1 año y medio de prisión los jóvenes que ocuparon la aldea de Fraguas


Además tendrán que pagar multas que suman 2.700 euros cada uno y abonar el coste de la demolición de las construcciones realizadas
Condenados a 1 año y medio de prisión los jóvenes que ocuparon la aldea de Fraguas
Pobladores de Fraguas / Foto SER GUADALAJARA
JESÚS BLANCO OROZCO GUADALAJARA / MONASTERIO 08/06/2018 - 14:01 CET
   
Ya hay sentencia en el caso Fraguas, la ocupación de este pueblo abandonado de la Sierra Norte por parte de 6 jóvenes de la Asociación de Repobladores Rurales.

El Juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara les condena por los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio a la pena de 1 año y medio de prisión y a multas que suman en total 2.700 euros a cada uno.


Además tendrán que abonar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones que han realizado y de la retirada de los residuos y restos de la finca ocupada.


fotos del proyecto de repoblación en Fraguas/SER GU
Por el tiempo de la pena impuesta, si no tienen antecedentes penales, no entrarían en prisión.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara. e

Además tendrán que pagar multas que suman 2.700 euros cada uno y abonar el coste de la demolición de las construcciones realizadas
Condenados a 1 año y medio de prisión los jóvenes que ocuparon la aldea de Fraguas
Pobladores de Fraguas / Foto SER GUADALAJARA
JESÚS BLANCO OROZCO GUADALAJARA / MONASTERIO 08/06/2018 - 14:01 CET
   
Ya hay sentencia en el caso Fraguas, la ocupación de este pueblo abandonado de la Sierra Norte por parte de 6 jóvenes de la Asociación de Repobladores Rurales.

El Juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara les condena por los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio a la pena de 1 año y medio de prisión y a multas que suman en total 2.700 euros a cada uno.


Además tendrán que abonar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones que han realizado y de la retirada de los residuos y restos de la finca ocupada.


fotos del proyecto de repoblación en Fraguas/SER GU
Por el tiempo de la pena impuesta, si no tienen antecedentes penales, no entrarían en prisión.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara.

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« Respuesta #1943 en: 30 de Junio de 2018, 06:55:26 am »
Así reconquistó su casa okupada en Carabanchel
MADRID

        LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN
        Madrid
   
    29 jun. 2018 02:10

La Policía le recomendó no denunciar y que recuperara la casa por sus propios medios

Volvía Alberto (nombre ficticio) de vacaciones cargado como los coches que atraviesan nuestro país camino del Estrecho. «Era un 28 o un 29 de agosto», no se acuerda muy bien del día aunque fue el año pasado. Dejó su coche aparcado en segunda fila a la puerta de su casa del distrito de Carabanchel y subió con su maleta a toda prisa para irse a aparcarlo correctamente. Cuál sería su sorpresa cuando, al ir a meter la llave, no entró. «Al darme cuenta que me habían cambiado la cerradura me empezaron temblar las piernas», explica a EL MUNDO el damnificado.

Alberto llamó a la Policía para denunciar lo ocurrido y le pidieron que se acercara a una comisaría, algo que hizo. Una vez allí, le explicó el caso a los agentes y su recomendación, según el damnificado, fue esta: «Es mejor que trate de recuperar su casa como pueda, si denuncia y luego lo intenta, los okupas le pueden denunciar por allanamiento de morada».
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Casi en pánico, Alberto hizo dos llamadas. La primera, a unos amigos para poder dormir esa noche. La segunda, a un vecino del barrio que, aunque estaba de vacaciones en Castellón, le aseguró que le ayudaría en su problema. Al poco rato, le puso en contacto con un 'manitas' que se presentó con su equipo dispuesto a solucionar la okupación. «Me voy a meter por la ventana y, si hay alguien, los sacamos a golpes entre tú y yo», le espetó a un aterrorizado Alberto.

Tras forzar una ventana corredera, accedió a la vivienda que estaba vacía. «Seguro que la okupó una mafia para realquilarla a inmigrantes sin papeles, lo hacen mucho por mi barrio», revela Alberto. Faltaba la televisión y un portátil pero el resto del contenido estaba intacto. «Así dan mejor impresión cuando la enseñen a los posibles inquilinos», explica el propietario.

Como estaba todo cerrado ya que, además de agosto este hecho se produjo a la hora de comer, Alberto debió permanecer de 'guardia' hasta que el manitas pudo volver con una cerradura nueva y un cerrojo adicional para poder asegurar mejor la puerta de acceso a la vivienda. En dos horas, Alberto había reconquistado su casa. «Después de una enfermedad grave y la muerte de un familiar, esto es lo peor que te puede pasar en la vida», dice el protagonista.

Cuenta Alberto que hace pública esta historia para que haya una mayor «sensibilización» sobre este tipo de prácticas. Unos hechos que él cree que pudieron ocurrirle antes ya que en una anterior ocasión se encontró «una marca con pintura blanca en el pomo de la puerta» y que eso, según él, «es una señal inequívoca de que la mafia ha señalado esa casa como 'okupable'».

Alberto compró su casa en 2005, en plena burbuja inmobiliaria, aún le restan 83.000 euros de hipoteca y paga una cuota mensual de 410 euros. Él recalca que es su única opción de vivienda y critica a la clase política que respeta la okupación con el argumento de que son «viviendas vacías que pertenecen a bancos». «Es muy fácil defender a los okupas desde tu chalé de Galapagar», comenta Alberto en clara alusión al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Alberto se dedica a la enseñanza y, por su trabajo, pasa casi cuatro meses al año fuera de su casa. Dice que durante meses estuvo con el miedo en el cuerpo «por si volvían». «Cada vez que pensaba en mi casa cuando estaba fuera se me encogía el corazón», apunta. Ahora quiere abandonar esos 44 metros de un primer piso de Carabanchel a los que se mudó porque el barrio lo habitaba «gente mayor entrañable». «Todos los jóvenes de este barrio se han ido al PAU de Carabanchel pero yo estoy aquí atado, ¿quién va a querer venir a un barrio infestado de okupas?», lamenta Alberto que, además, tiene a otros okupas viviendo en el piso de arriba desde hace mucho tiempo.

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« Respuesta #1944 en: 02 de Julio de 2018, 14:00:45 pm »

La Policía desaloja a la tercera a los neonazis de Hogar Social Madrid que okupaban un edificio en Colón


Los agentes irrumpen a las 6.30 horas en el antiguo Banco Madrid. El operativo se ha producido sin incidencias ni detenidos

M. R. D./C.H.
@ABC_Madrid
MADRID
Actualizado:
02/07/2018 10:42

La Policía ha desalojado esta madrugada a la organización neonazi autodenominadaHogar Social, que okupaban un edificio en la plaza de Colóndesde abril del año pasado. Tras dos intentos fallidos, en abril y mayo pasado, los agentes han irrumpido en la que fue sede del Banco Madrid en torno a las 6.30 horas. El operativo, según han confirmado a ABC fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se ha producido «sin incidentes ni detenidos». El edificio ha quedado precintado.


Desde Hogar Social Madrid están reclamando que les deje sacar los kilos de alimentos que hay en el interior para evitar que se caduquen. Su abogado, Ignacio Menéndez, ha señalado que no les había llegado la citación del desalojo, que se ha producido con niños en el interior, y ha pedido que se les permita acceder para recoger los suministros con los que, según señalan, alimentan a 300 familias.

Se trata de la sexta okupación de este colectivo en menos de cuatro años. El primero que ocuparon, en el barrio de Tetuán, fue un bloque de oficinas abandonado. Después hicieron lo propio con dos nuevas ubicaciones: la antigua sede del Ministerio de Trabajo, en Bretón de los Herreros, y un inmueble de Fórum Filatélico, en José Abascal. Su cuarta ubicación fue la antigua sede del No-Do, ubicada en Joaquín Costa, seguida de la del antiguo palacete militar en Velázquez.

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« Respuesta #1945 en: 03 de Julio de 2018, 11:34:48 am »
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Entra en vigor el 'desahucio exprés' de los okupas: las claves de la ley


Esta medida quiere garantizar que el dueño recupere "de inmediato la posesión ocupada ilegalmente" por la vía civil.

Casa okupa en Navarra | Alamy
Beatriz García Seguir a beagarciagom 2018-07-02
El calvario que supone intentar recuperar una vivienda que está en manos de los okupas podría terminar para los propietarios. Este lunes entra en vigor la ley del desahucio exprés que agiliza el desalojo de estos enemigos de la propiedad privada.

La norma ha supuesto una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que curiosamente entró en el BOE el pasado 12 de junio con la firma de Pedro Sánchez. A pesar de la rúbrica del nuevo presidente socialista, cuando el Congreso aprobó esta proposición de ley en abril, gracias al apoyo de PDeCAT, PNV, PP y Ciudadanos, el PSOE la rechazó junto a Podemos y Compromís. Por tanto, es la famosa "herencia recibida" lo que va a hacer que los dueños de los pisos estén más protegidos a partir de ahora.


La medida tiene como objetivo garantizar que el dueño recupera "de inmediato la posesión ocupada ilegalmente" por la vía civil. Para ello, el afectado solo tiene que "presentar una demanda en los juzgados acreditando que se trata de su propiedad. Normalmente, vale con la escritura del inmueble", explica la abogada de Legálitas, Nuria López, a Libre Mercado.

Desalojo en 5 días
Después, le tocaría el turno a la otra parte demostrar que reside en esa vivienda legalmente. Para ello, los okupas sólo tienen cinco días, que es uno de los plazos clave de la ley. "Desde que el juzgado tramita la demanda, los okupas tienen cinco días hábiles para demostrar el justo título de esa vivienda con, por ejemplo, un contrato de alquiler", cuenta la experta.


La única duda que le asalta a López es el tiempo que puede transcurrir desde que el propietario pone la demanda hasta que se la tramitan. "La idea es que fuera al instante, pero dependerá de la prioridad que le dé cada juzgado y de los medios que tengan", matiza. "La ley está muy bien, pero hay que esperar a ver cómo se lleva a la práctica. Lo mejor es que descongestiona la vía penal, que hasta ahora alargaba el proceso de desahucio unos 2 meses, y reduce mucho los plazos de la vía civil, que eran de entre 4 y 6 meses", añade. A continuación, una de las partes más importantes del texto del BOE:

Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

"Mucho interés" entre los propietarios
Así, si los okupas no pueden demostrar su derecho sobre esa vivienda no podrán recurrir. Además, otro punto a tener en cuenta es que la ley solicitará el desalojo de "cualquiera de los ocupantes" que se encuentren dentro de la vivienda, por lo que no será necesaria su identificación.

La abogada celebra también que la ley contemple la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en el caso de que alguno de los okupas se encuentre en una situación vulnerable "si procediera su actuación". Eso sí, no se hará de oficio, es necesario el consentimiento de "los interesados".

A la abogada de Legálitas le consta que "hay mucho interés" entre los propietarios por acogerse a esta norma. "Esta misma tarde me ha llamado un cliente que tiene el juicio el día 4 para ver si se podía beneficiar", relata. "Hemos recibido muchísimas llamadas" preguntando por esta nueva ley "porque es un asunto que nos puede afectar a todos", cuenta López.

Las sombras
La principal sombra de la ley es que sólo contempla el desahucio exprés cuando se trata de particulares, discriminando a los bancos, las inmobiliarias, los fondos de inversión y las sociedades patrimoniales. Precisamente estas figuras "son las que más sufren la okupación de las mafias", asegura López, quien cree que el nuevo cambio normativo lo que va a hacer es "potenciar más" los atentados contra las viviendas de estas entidades.

Otro asunto a tener en cuenta es que, para llevar a cabo el proceso de desalojo, sigue siendo necesario contar con un abogado y con un procurador. "Y eso supone un coste para el dueño de unos 1.000 euros", avisa López. Así que, preparen el bolsillo.

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« Respuesta #1946 en: 10 de Julio de 2018, 10:48:51 am »

ABC, EN UN DESALOJO EXPRÉS


Pesadilla en «casa» del okupa: «Al final, todos se acaban marchando»

Un «comando» logra deshabitar en solo siete horas un piso usurpado en Ciempozuelos


Aitor Santos Moya
@asmoya10
Seguir
Madrid
Actualizado:
10/07/2018 09:43h


Ejecutar un desalojo exprés no siempre resulta sencillo. Menos aún, si uno de los okupas ha utilizado un arma para amedrentar a los propietarios de la vivienda usurpada. Son las nueve de la mañana y una cuadrilla de hombres «cuatro por cuatro» espera la orden para iniciar su jornada. Otra más dentro de un negocio que cada semana les traslada a cualquier punto de la geografía española; pero catalogada, esta vez, de una peligrosidad extrema. Tanta, que un Bull Terrier llamado Ares es el último integrante en sumarse al equipo de Desokupación Legal desplazado hasta Ciempozuelos.


Sobre el papel, las instrucciones son claras: sorprender a los moradores ilegales y persuadirles de que deben recoger sus pertenencias y abandonar el inmueble a la mayor brevedad posible. Para ello, el tanteo del tiempo es clave. «Primero intentaremos llegar a un acuerdo. Si no quieren hablar, montaremos un control de acceso en el portal», explica el dueño de la empresa, Jaime Sanz. Llegar a un acuerdo no significa ofrecer dinero. «No, porque lo único que conseguiríamos sería un efecto llamada; prefiero pagar más a mis vigilantes que dárselo a unos caraduras», prosigue en tono relajado.


Los miembros de Desokupación Legal se preparan con chalecos antibalas
Él, junto a tres tipos musculados y un guardia de seguridad -encargado del perro en todo momento-, suben hasta el cuarto piso de un bloque de la avenida de la Ilustración. El primer contacto es infructuoso. Al otro lado de la puerta, una mujer con acento calé pide a sus interlocutores que se marchen. No lo harán. «Ahora toca esperar», señala Sanz. Pasan dos horas y nada hace pensar que haya alguien más en el interior del piso. «He llegado a las 7 y no he visto a nadie salir», afirma, sin embargo, el portero. Hace referencia al joven, de origen marroquí, que reside allí junto a la mujer desde hace poco más de un mes.



Los okupas, que viven con la luz enganchada después de reventar el cierre metálico de los contadores, se niegan a salir porque aseguran que han pagado mil euros a los que, supuestamente, forzaron la puerta. El propietario, Santiago González, les ofreció primero 500 euros por abandonar su casa. Pero lejos de recibir con agrado la propuesta, afirma que fue amenazado con una pistola. Contactó entonces con Desokupación Legal y dio comienzo a un proceso que ahora contempla a pocos metros del portal. Para montar el citado control de acceso, en el que cualquier persona -sea residente o no- debe justificar el motivo de su visita, es necesario el permiso por escrito de la comunidad de vecinos.


El «comando» accede al interior del portal de Ciempozuelos
A macetazo limpio
Aunque la situación parece tranquila, basta una simple sorpresa para que todo salte por los aires. «Quiero hablar, quiero hablar», se escucha en el rellano del inmueble. La puerta se abre y asoma un machete. El golpe es rápido. Por suerte, la hoja solo provoca una herida superficial en la muñeca de uno de estos «agentes». Los usurpadores están descontrolados. Desde la terraza lanzan macetas, algunas de las cuales impactan en el coche del propio Sanz. «Tened mucho cuidado y no os asoméis», advierte el afectado, quien, minutos antes, se ha visto obligado a salir a la carrera sin poder cerrar el maletero de su vehículo.



Uno de los okupas, tapado con un pasamontañas
Una patrulla de la Guardia Civil y varios agentes de la Policía Local se personan en el lugar. Tras observar parte de la lluvia de objetos, acceden al interior del piso. «La culpa es suya, han venido a echarnos y encima está aquí la niña», grita la okupa en un claro estado de nerviosismo. Después de escuchar su testimonio, los agentes se marchan sin que nadie resulte detenido. La indignación entre los miembros del «comando» es más que evidente: «No hay derecho, parece que somos nosotros los delincuentes». El dueño del Bull Terrier, raza catalogada en España como «especialmente peligrosa», debe presentar los permisos requeridos. El resto del grupo también es identificado.

Los okupas aprovechan el tumulto para salir a hurtadillas. El hombre se tapa la cara y la mujer -desalojada por la misma empresa hasta en dos ocasiones anteriores- camina de la mano de la niña. Mano, que no duda en soltar para agredir al fotógrafo de ABC e increpar al resto de periodistas desplazados. Regresan pasadas las cuatro de la tarde. Pero no por mucho tiempo. «Una vez que salen, saben perfectamente que no van a volver a entrar», confirma el jefe del «operativo». Dicho y hecho. Firman un documento en el que se comprometen a abandonar la casa el jueves al mediodía. Siete horas después, el desalojo ha concluido: «Al final, todos se acaban marchando». El método nunca falla.

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« Respuesta #1947 en: 11 de Julio de 2018, 07:01:39 am »
La Policía desaloja a las 110 personas que vivían en la antigua discoteca Attica para demoler el edificio
MADRID

        LUIS F. DURÁN
        Madrid

    10 jul. 2018 12:22

La Policía Nacional ha desalojado hoy a primera hora de la mañana a 110 personas de nacionalidad rumana que habitaban en la antigua discoteca Attica, un emblématico after de los años 90 situado a la altura del kilómetro 15 de la A-2, junto al Puente de San Fernando que formó parte de la Ruta del Bakalao. En el edificio vivían unas 20 familias a las que se les ha dado tiempo a que sacasen sus pertenencias. Una vez vaciado el bloque será demolido debido a su mal estado y a que se trata de una construcción ilegal.

Diez de los desalojados fueron detenidos ya que pesaban sobre ellos órdenes de búsqueda y captura.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han explicado a Europa Press que los agentes han iniciado el dispositivo de desalojo sobre las 08.00 horas de este martes por requerimiento judicial, en concreto, del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid.

En el interior de esta antigua discoteca, que en su día fue uno de los templos de Madrid de la música electrónica, vivían desde hacia tiempo las familias de origen rumano, sumando alrededor de 70 personas, incluido menores. En la zona se han desplegado también miembros del Samur Social que han ofrecido alternativa habitacional a los desalojados. Todos han rechazado esa opción.

Las familias desalojadas han asegurado que se marcharán a vivir con parientes y amigos en otras zonas de la capital. "No robamos y ahí estábamos muy bien", señaló un hombre que vivía junto a sus cinco hijos y su mujer en una de las alas de la antigua discoteca desde hace seis años. Sin embargo, varios vecinos señalaron ayer que la zona era muy insegura y que detrás de muchos de los robos estaban los moradores de la antigua discoteca. Muchos de los desalojados acudieron luego a desayunar a una cafetería de Coslada.

El 6 de agosto de 1995 la discoteca Attica celebró su última fiesta después de que la Junta de Barajas ordenase su clausura ya que no tenía ningún tipo de licencia.

El local abrió como restaurante en los años 80. Luego en 1987 lo compraron unos socios que lo transformaron en un after pese a que no tenían permiso. El local se convirtió en un templo de la música bakalao y en uno de los puntos emblemáticos de la famosa ruta del bakalao. El Ayuntamiento, sin embargo, nunca dio autorización para su funcionamiento como discoteca y en 1994 se ordenó su clausura además de abrir un expediente de demolición del chalet al estar ubicado en terreno declarado rústico. A lo largo de los años que estuvo funcionando como discoteca se realizaron varias redadas en la sala por parte de la Policía Local de Coslada, con su jefe Ginés Jiménez, a la cabeza.

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« Respuesta #1948 en: 19 de Julio de 2018, 06:56:02 am »


Hogar Social okupa un nuevo edificio en el barrio de Salamanca

El colectivo ultraderechista fue desalojado a principios de mes de un palacete en la plaza de Colón

Fran Serrato


Madrid 18 JUL 2018 - 23:34 CEST   


El grupo ultraderechista Hogar Social Madrid ha okupado un nuevo edificio, el séptimo desde que nació la organización en 2014. El inmueble elegido se localiza en el número 38 de la calle de Juan Bravo, en pleno barrio de Salamanca. El Edificio Aguilar alojó en su día a la Librería Crisol, que cerró en abril de 2009. El colectivo ultra legitima su decisión en que la vivienda lleva nueve años cerrada y necesitaban dar una solución habitacional a las 20 personas que acogían en el anterior palacete, en la Plaza de Colón, de donde fueron desalojados a principios de este mes.

La okupación se produjo hace una semana, aunque no ha trascendido hasta este miércoles porque la organización ha debido “acondicionar” el lugar para vivir. El edificio cuenta con siete plantas, electricidad y agua corriente. En él van a residir 20 personas, entre ellos tres familias y varios menores, que ya dormían en el inmueble de la plaza de Colón desde abril del año pasado. Fueron desalojadas el 3 de julio, al tercer intento. Antes, en abril y mayo, se sucedieron otros dos frustrados. Tras ser expulsados de la antigua sede de la Banca Privada de Andorra (BPA), algunos de los inquilinos acamparon en la plaza de Cibeles, sede del Ayuntamiento, para protestar.

La bandera y el emblema de Hogar Social presiden ya en una de las ventanas del segundo piso del nuevo inmueble okupado, del que también cuelga una lona en la que reza: “Edificio en alquiler”. El colectivo se caracteriza por prestar ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, pero solo si son de nacionalidad española. También realizan un reparto de comida semanal a la que acuden más de 300 familias madrileñas. Los productos no perecederos también han sido almacenados en las dependencias de Juan Bravo, 38.

Séptima okupación

Melisa D. Ruiz, portavoz de la organización ultra, afirma que, tras el desalojo, se antojaba vital okupar un nuevo edificio para “evitar que muchas familias tuvieran que dormir en la calle”. En su opinión, la respuesta que ofrecen las Administraciones “no son válidas” porque “estas personas deben compartir el albergue que les ofrecen con drogadictos en muchas ocasiones”. Y añade, sin precisar: “Los políticos están más preocupados de beneficiar con el Estado de bienestar a los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país que a los españoles”.

Con la okupación del edificio en el barrio de Salamanca, uno de los que cuenta con mayor renta per cápita en Madrid, Hogar Social ha pasado ya por siete edificios de la capital. El primero estaba en el barrio de Tetuán. De ahí pasaron a la vieja sede del Ministerio de Trabajo, en la calle de Bretón de los Herreros, y a continuación al edificio del Fórum Filatélico. A finales de 2015 se trasladaron a la sede del Noticiario Documental (No Do), en la calle de Joaquín Costa. En diciembre de 2016 pasaron al edificio de Velázquez, a un inmueble es propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos que anteriormente había pertenecido al Ministerio de Defensa. Y de ahí, en abril del año pasado, llegaron al de la Plaza de Colón. De todos ellos han sido desalojados


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #1949 en: 25 de Julio de 2018, 05:31:32 am »

Un «comando» echa al hombre que okupó el piso de una anciana de 98 años ingresada en el hospital


El usurpador desposita las llaves en la Comisaría de Policía Local de Navacerrada tras la mediación de la empresa Desokupa
S. L.
@abc_madrid
Madrid
Actualizado:
25/07/2018 01:26h
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Okupan la casa de una anciana en Navacerrada mientras estaba ingresada en el hospital
Ocho meses después de que okuparan el piso de Eulalia en Navacerrada, la anciana, de 98 años, ha podido por fin regresar a su casa. La empresa Desokupa -especializada en desalojos exprés- ha intermediado para que el usurpador, un conocido de la familia que había cambiado la cerradura, entregue las llaves y abandone el domicilio.


Todo comenzó hace ocho meses cuando Eulalia recibió el alta tras estar ingresada en el hospital. Al regresar descubrió que un exnovio de la sobrina de una de sus hijas había instalado una cerradura nueva y le impedía la entrada a su propia casa, situada en la Plaza del Gargantón de la localidad.

En un primer momento, la persona que okupó la vivienda no respondía a las llamadas ni abría la puerta. Eulalia solo había podido recoger unas cuantas cosas antes de que el nuevo «inquilino» cambiara la cerradura, pero el resto de sus pertenencias aún continuaban en el interior.

Hace dos años, la sobrina de una de las hijas de Eulalia denunció al usurpador por malos tratos, que fue detenido y pasó en el cuartel 48 horas. «Cuando le soltaron, mi madre estaba viviendo sola y él le pidió entrar una noche», relataba una hija hace días. El hombre engañó a la anciana y se empadronó en el municipio. «La Guardia Civil nos ha dicho que si intentamos entrar, nos llevan detenidas a nosotras porque la casa le pertenece ahora a él», añadía a Telemadrid otra de las hijas.

Según informa este medio, el okupa, de nombre Mohamed, despositó las llaves en la Comisaría de Policía Local de Navacerrada en la noche del lunes. Ayer por la mañana, la anciana regresaba a casa con ayuda de familiares y miembros de la empresa de desokupación. «Su vivienda está recuperada y ya está terminado el asunto», explicaba a la anciana Daniel Estévez, responsable de Desokupa: «Lo hemos hecho por humanidad».

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #1950 en: 08 de Agosto de 2018, 12:32:58 pm »

 
Desalojado el local que el grupo ultra Hogar Social okupó hace 20 días


Tras ser expulsados de la antigua sede del Banco Madrid, la organización había entrado en la vieja sede de la librería Crisol, en la calle de Juan Bravo
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F. JAVIER BARROSO
Madrid 8 AGO 2018 - 11:09   CEST

Edificio okupado por Hogar Social Madrid, en la calle de Juan Bravo.
A las siete de la mañana, una decena de furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios) desalojaban el último edificio okupado por la asociación ultraderechista Hogar Social Madrid. Este colectivo había okupado el pasado 19 de julio un local situado en el número 38 de la calle de Juan Bravo (distrito de Salamanca). El desalojo ha empezado a las 6.45, tras recibir una orden del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, y no ha habido detenidos durante el mismo.



La presidenta de Hogar Social Madrid, Melissa Ruiz, ha explicado a EL PAÍS que en ese momento estaban durmiendo siete personas. "De hecho estábamos limpiando todavía el local y colocando las cosas para que pudiera venir más gente", ha afirmado Ruiz.

El desalojo se ha producido sin incidentes y sin que los okupas pudieran recoger los alimentos que tenían almacenados para entregar a personas necesitadas de nacionalidad española. Ruiz se ha quejado de que no se les ha dado traslado del proceso judicial abierto, por lo que su abogado tiene previsto denunciar a la juez que ha ordenado el lanzamiento por prevaricación.

El letrado se ha marchado ya a los Juzgados de la Plaza de Castilla para iniciar el procedimiento. "No ha habido ni previo aviso ni nos han dejado defendernos en el procedimiento. Queremos saber si esto va a ser ahora así, con el nuevo gobierno", se ha quejado la presidenta, que ha afirmado que estaba en estado de choque.

Este es el octavo edificio que ha okupado Hogar Social Madrid en los últimos cuatro años. Iniciaron su andadura en un local de Tetuán y después han ido recorriendo antiguos inmuebles pertenecientes a las Administraciones Públicas. Melissa Ruiz no sabía esta mañana cuál va a ser su futuro y dónde van a a dormir las personas a las que atienden.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #1951 en: 08 de Agosto de 2018, 13:24:44 pm »
Que curioso, los okupas de extrema derecha son desalojados en 20 días, en mi distrito llevan años los okupas de extrema izquierda con un CSO y a día de hoy ahí siguen, a pesar de las quejas vecinales, y sin visos de que los vayan a desalojar a corto o medio plazo, de que pensar, eh?

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« Respuesta #1952 en: 13 de Agosto de 2018, 15:07:04 pm »

Hogar Social Madrid vuelve a okupar un nuevo edificio en Madrid tras su desalojo del pasado miércoles

ESPAÑA

Okupas en el edificio de la calle Aguilar, de donde fueron desalojados. Sergio Gonzalez Valero MUNDO

La Policía desalojó al colectivo neonazi Hogar Social Madrid el pasado miércoles

EUROPA PRESS
12 AGO. 2018 16:33
El colectivo neonazi Hogar Social Madrid ha okupado el edificio que acogía el antiguo registro de la propiedad ubicado en el número 72 de la calle Príncipe de Vergara tras su desalojo del pasado miércoles del inmueble de la calle Juan Bravo.

Así lo ha señalado en las redes sociales su portavoz, Melisa Domínguez, que ha difundido un vídeo en el que se aprecia a miembros de Hogar Social Madrid que acompañan a varias personas al interior del inmueble, donde luce una bandera del colectivo ultraderechista.



Domínguez ha afirmado que tras la última desokupación, Hogar Social Madrid ya tiene nuevo emplazamiento con un edificio de 8.000 metros cuadrados en "estado de abandono" y "sin ninguna funcionalidad".

En este sentido, ha reivindicado que con esta "liberación" de un inmueble de propiedad estatal en desuso (las dependencias fueron trasladadas a otro inmueble de la calle Alcalá), el colectivo hace un ejercicio de "justicia social" en la que dará alojamiento y comida a personas "españolas en situación de calle".

En concreto, Domínguez ha cargado su desalojo del antiguo edificio Aguilar del pasado miércoles y ha acusado al Gobierno central de tener como "prioridad echar a españoles sin nada a la calle sin prestarles ayuda", algo "injusto" en un contexto de "inmigración masiva".

Hace cinco días, efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional desalojaron a los miembros de Hogar Social Madrid del antiguo Edificio Aguilar, actuación que se produjo a las 6.45 horas sin incidentes ni heridos. La intervención fue decretada por el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #1954 en: 22 de Agosto de 2018, 08:15:04 am »

Un bloque Villaverde estalla: «Los okupas y las chinches nos van a matar»


Los vecinos de esta zona del sur Madrid denuncian cómo viven desde que una familia usurpó su edificio

Carlota Barcala
@CarlotaBarcala
MADRID
Actualizado:
22/08/2018 00:56h

María Luisa y Miguel Ángel tienen su habitación clausurada con cinta aislante. Hace una semana que duermen en dos colchones hinchables que han puesto en el salón de su vivienda, situado en el distrito de Villaverde. El matrimonio denuncia que las chinches han invadido su casa desde hace un mes. «No sabíamos que se trataba de estos insectos, pensábamos que eran picaduras de mosquito», cuenta María Luisa: «De hecho, el médico me decía que era alergia al sol».


La situación cambió hace siete días, cuando en el centro de salud del barrio admitieron que había una plaga y que, tal y como se recoge en el informe médico, el matrimonio presenta «lesiones en brazos, piernas y alguna en abdomen que son compatibles con picaduras de chinches». Ellos tienen claro cuál es el motivo de la infestación: los okupas que viven en el sótano del edificio. «Ellos y las chinches nos van a matar, nos terminarán comiendo», asegura Miguel Ángel.


Heridas producidas por las picaduras
Una familia okupó este habitáculo del número 36 de la calle de Tordegrillos en enero. Siete personas más un perro conviven en un local insalubre. «Son unos quinquis a los que les gusta vivir así. ¿Por qué no alquilan un piso si están cobrando del Estado?», se pregunta el hombre: «Yo solo quiero vivir con dignidad, pero ellos nos han impuesto su modo de vida. Esto está sucio, es un zafarrancho, los olores son insoportables», dice al tiempo que muestra las heridas por las picaduras, que todavía perduran en su piel.


«No tenemos miedo, solo estamos en tensión. Muchas noches lloro por la ansiedad. Pienso: “¿Qué hago, cómo lo puedo solucionar?”», continúa este vecino, que afirma que, «por precaución», evita bajar a la calle para no encontrarse a los nuevos moradores. Su mujer añade: «Han puesto nuestra vida patas arriba y todo el mundo mira hacia otro lado», dice sobre la nula respuesta que han tenido de la Junta de Distrito. «Saben lo que está pasando, pero Ahora Madrid ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros», explica. Juntos claman mientras Miguel Ángel fumiga «de forma casera» el colchón infectado y el olor a insecticida impregna toda la estancia. La situación se ha vuelto insostenible y necesitan ayuda.


Miguel Ángel fumiga el colchón de su habitación, invadido por las chinches - Jaime García
El gato de la pareja se ha convertido en su mejor aliado. «Caza con nosotros», cuenta el hombre. «Ayer estaban discutiendo entre ellos, rodeados de basura, decían unas palabras que no quiero ni repetir», dice otra de las vecinas del inmueble, Vicenta.


El matrimonio ha presentado varias quejas a asuntos sociales por la situación que se vive bajo su suelo y también dos denuncias en la comisaría de Villaverde: una en enero, por usurpación, y otra en agosto, por amenazas hacia otros vecinos. Con fecha del día 17 de este mes se recoge que los usurpadores dijeron a una vecina del segundo: «Voy a subir y te voy a dar fuego».

Dos pisos más abajo, tras una pequeña puerta de metal, malviven los nuevos «inquilinos». Se encuentran en una situación total de precariedad. El mal olor se siente desde que se pone un pie en las escaleras que conducen al habitáculo que han convertido en su hogar. Los okupas niegan que esas fuesen sus palabras. «Lo entendieron mal. La señora nos estaba escupiendo. Nunca la amenazamos», asegura, cigarrillo en mano, el patriarca del clan, Juan Carlos.


Chatarra y platos sucios
La entrada al piso está cubierta por una bicicleta y varios carros de la compra con chatarra. «Es de lo que saco dinero para vivir cada día», dice Manuel, otro de los okupas. Sobre una repisa, la familia tiene un hornillo negro conectado a una bombona de butano y platos sin fregar. Al lado, una estantería con paquetes de galletas, pasta y una cafetera. Esa es toda la decoración que tiene el salón de la infravivienda, invadido por una mesa de madera, dos viejos sofás y una cama. La parte de atrás se divide en tres habitaciones, separadas entre sí por unas cortinas de tela. Los colchones están mugrientos, hay basura en el suelo y ropa sucia acumulada en un estante. La familia tampoco tiene baño. Se duchan con un cubo, defecan en el patio y orinan en la calle.

«Somos okupas, sí, pero aquí no hay chinches», dice Érika mientras limpia. La joven, de 18 años, está embarazada de dos meses. Su hijo mayor, que tuvo con 15, está tutelado por la Comunidad de Madrid. «Yo estaba en un centro de menores y me escapaba con el padre de mi hijo, un gitano que me amenazaba, por eso me quitaron al niño, pero nunca he dejado de verlo», relata, sobre su historia. «Hemos pedido una vivienda social, pero no nos la han dado. De los siete, solo mi prima cobra 380 euros», termina la joven, que asegura no tener «otra salida» para poder vivir bajo un techo.

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« Respuesta #1955 en: 22 de Agosto de 2018, 14:16:45 pm »


Detenidos cinco miembros de Hogar Social por acosar a agentes de la Policía en Toledo


Los detenidos seguían a los agentes física y virtualmente como un rito de iniciación al grupo neonazi


EUROPA PRESS

22.08.2018 - 12:02
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas -dos de ellas menores de edad-, vinculadas al grupo neonazi Hogar Social, como presuntas autoras de delitos de daños, coacciones, amenazas, delito de odio y pertenencia a grupo criminal, ya que llevaban meses realizando acciones de acoso e intimidación contra la vida familiar de varios agentes de la Policía Nacional de Toledo, atacados únicamente por su condición de agentes de la autoridad.


Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los policías eran objeto de seguimientos, físicos y virtuales a través de las redes sociales, que constituían "misiones" o ritos de iniciación habituales para pasar a formar parte de grupos violentos. Esas acciones eran realizadas con nocturnidad y portando prendas que dificultaran su identificación.

Los investigadores también pudieron encontrar un chat de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp en el que los miembros del grupo se jactaban de sus acciones delictivas.

La fase final de la operación ha culminado con la realización de tres registros domiciliarios en Toledo, uno de ellos en la sede de la asociación 'Hogar Social', y a la detención de cinco personas entre las que se encuentra uno de los líderes que cuenta con un largo historial delictivo.

Entre los objetos intervenidos por los policías se encuentran dos armas cortas, dos machetes, una navaja de grandes dimensiones, así como caretas, teléfonos móviles y varios soportes de almacenamiento informático.

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« Respuesta #1956 en: 24 de Agosto de 2018, 08:12:50 am »

Una ONG pide a la Audiencia Nacional que ilegalice a los neonazis del Hogar Social


La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado una investigación tras la detención de cinco de sus miembros en Toledo

EFE
Madrid
Actualizado:
24/08/2018 00:08h

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La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado ante los juzgados de plaza de Castilla que las investigaciones sobre el colectivo de ideología neonazi Hogar Social se eleven mediante una pieza separada a la Audiencia Nacional para proceder a ilegalizar al grupo de extrema derecha en todo el país.


Tras la detención en Toledo de cinco personas vinculadas a Hogar Social, como presuntos autores de delitos de daños, coacciones, amenazas, delito de odio y pertenencia a grupo criminal, la ONG considera que existen motivos para iniciar un único proceso contra el colectivo, según indican en el escrito que envían al juez. La Red ya denunció ante la Fiscalía al grupo por un ataque en marzo de 2016 a la mezquita de la M-30, junto a la que lanzaron bengalas y botes de humo para protestar por los atentados terroristas de Bruselas.

A raíz de esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid decretó la apertura de diligencias contra 12 personas por su presunta participación en el ataque a la mezquita, pero solo procesó a la líder del grupo, Melissa Domínguez, por un delito de incitación al odio, en concreto por islamofobia.


Según la Policía Nacional, las personas detenidas en Toledo están vinculadas a Hogar Social, por lo que la ONG solicita que, al ser el mismo colectivo que la policía considera «organización criminal», utilice sus atentados en la causa abierta en el juzgado y lo eleve a la Audiencia Nacional. Hogar Social se ha desvinculado de los arrestados por acosar y amenazar a agentes, pero la Red argumenta que son el mismo grupo adjuntando las fotos del logo que comparten como miembros del mismo colectivo en sus diferentes sedes.

El grupo ultraderechista okupó ilegalmente el 12 de agosto un nuevo edificio en la ciudad de Madrid, el octavo desde que nació la organización en 2014. El inmueble está en el número 72 de la calle de Príncipe de Vergara, en el barrio de Salamanca, un local que sirvió como Registro de la Propiedad hasta 2010 y pertenece al Estado. Se ubica a escasos 200 metros del Edificio Aguilar, el inmueble de la calle de Juan Bravo del que fueron desalojados días antes.

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« Respuesta #1957 en: 02 de Septiembre de 2018, 16:25:45 pm »

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« Respuesta #1958 en: 08 de Septiembre de 2018, 08:03:05 am »





BARRIO DE SANT JOAN BAPTISTA
La ocupación de tres bloques de pisos expulsa a familias y asusta a los vecinos de Sant Adrià de Besòs
Los residentes ilegales pegaron a un hombre y han sembrado el miedo en los bares y el colegio de enfrente
El ayuntamiento acusa al banco propietario de las fincas de facilitar con su inacción una situación "angustiosa"

Guillem Sànchez
Sant Adrià de Besòs - Lunes, 03/09/2018 | Actualizado el 04/09/2018 a las 08:58 CEST   

La ocupación ilegal de tres bloques del barrio de Sant Joan Baptista ha expulsado a varias familias con contrato de alquiler y mantiene contra las cuerdas a buena parte de este vecindario de Sant Adrià de Besòs. Los primeros ocupas llegaron hace varios meses, pero tras su desembarco han aparecido muchos más. Actualmente la proporción entre residentes legales e ilegales -en las 60 viviendas en conflicto de las fincas 8, 10 y 12 de la calle de Sant Pere, junto a la 'plaza del parchís'- se ha invertido a favor de los segundos. El problema, según relatan en el barrio, no es únicamente que los ocupas, procedentes del barrio de la Mina y del de Sant Roc (Badalona), hayan provocado el éxodo de las familias con contrato, sino que también han hecho saltar por los aires la convivencia a su alrededor.

El incidente más grave sucedió hace pocos días, cuando fue agredido un vecino que caminaba frente a los pisos. Según personas cercanas a la víctima -que, como todas las que han hablado con este diario, exigen anonimato-, una quincena de ocupas bajaron a por él al creer que estaba tomando fotografías con el teléfono móvil. "Uno de ellos le propinó un puñetazo en el ojo", explican. También le quitaron el teléfono y se lo estamparon contra el suelo. El episodio acabó cuando la víctima, que ha denunciado los hechos, tuvo que huir "corriendo".
Reggeaton y huevos contra el colegio

Frente a los tres bloques ocupados, exactamente en la acera de enfrente, se ubica el colegio Amor de Déu, un centro concertado de primaria y secundaria. Durante los últimos días del curso escolar, la tensión fue constante debido sobre todo a que "ponían música a reggeaton" tan alta que resultaba complicado impartir la lección. En agosto, cuando únicamente las monjas de la residencia han permanecido en el centro, las molestias han sido de menor envergadura. Pero han incluido el lanzamiento de objetos, como huevos, contra la fachada. La comunidad de padres de los alumnos espera que la solución llegue antes de que arranque nuevamente el curso, el 12 de septiembre.

El bar Núria y el colmado situados a escasos metros, y regentados por empleados chinos y pakistanís, respectivamente, también se han llevado lo suyo. La terraza del bar ha tenido que retirarse porque robaban sillas y ceniceros. También porque ocupaban las mesas desde primera hora y hasta las tantas y, en numerosas ocasiones, se negaban a pagar la cuenta. O se marchaban con un "luego te pago" del que nunca más volvía a saberse. Este lunes la máquina de tabaco estaba desconectada y empotrada del revés contra la pared porque los menores acudían a comprar tabaco y cogían el mando a distancia para desbloquearla sin la presencia de ningún adulto. En el colmado, el episodio más problemático sucedió este viernes poco antes de la hora del cierre. Varios jóvenes se presentaron allí, cerraron la puerta del negocio, arrancaron la máquina de golosinas de la entrada y la tiraron a la basura.
Solvia sube el alquiler

La empresa Solvia (Banc Sabadell), propietaria de los tres bloques, quiso subir el alquiler a las familias que residían aquí hace casi un año, explica Joan Callau, alcalde de Sant Adrià, quien califica el incremento de "legal pero excesivo". El aumento no llegó a producirse, pero "la amenaza" del nuevo alquiler, conjugada con la presión de la ola de ocupaciones, ha conducido a una fuga de familias que ha puesto la alfombra a los ocupas: al no pagar ningún alguiler son invulnerables a cualquier encarecimiento. 

Solvia, según el ayuntamiento, explicó en la última reunión que mantuvo con el consistorio que ya no era la propietaria de los bloques, pero se negó a facilitar el nombre del nuevo dueño, "un fondo buitre". En un comunicado, el ayuntamiento acusa a Solvia de inacción ante una situación "angustiosa" para los vecinos. La reunión del equipo de Callau con el propietario actual será finalmente esta semana.

Los vecinos posiblemente lleven a cabo una segunda cacerolada de protesta a finales de semana, cuando empiece la fiesta mayor en Sant Adrià, y los feriantes tienen previsto colocarse junto a las fincas ocupadas. Más madera para un vecindario que no está para muchas celebraciones.
Vigilancia las 24 horas en La Llagosta

Los Mossos d'Esquadra vigilarán durante las 24 horas del día la zona de La Llagosta (Barcelona) donde en los últimos días se ha producido otra disputa vecinal por la presencia de una familia conflictiva, que ya ha abandonado el lugar, para evitar que haya más incidentes.

Así lo ha anunciado el director de la policía catalana, Andreu Joan Martínez, tras la trifulca ocurrida el pasado sábado en la localidad, donde tuvieron que detener a tres vecinos por una batalla campal en las inmediaciones de la familia conflictiva.
El juzgado de instrucción 1 de Mollet del Vallès, en funciones de guardia, ha dejado en libertad provisional a los tres detenidos con relación a los altercados producidos este fin de semana en La Llagosta. El enfrentamiento entre familia y vecinos se desencadenó durante una protesta convocada por el barrio al final de la cual algunos miembros del clan, desde un balcón, y los concentrados intercambiaron una lluvia de objetos durante varios minutos.

Este lunes, alrededor de un centenar de vecinos se han concentrado frente al inmueble para evitar que la familia regresara, tal como la madre -que comparte el piso con 6 hijos- había anunciado en declaraciones a Atlas, informa Arnau Soto.

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« Respuesta #1959 en: 12 de Septiembre de 2018, 17:37:39 pm »

 
La policía desaloja a los ultras de Hogar Social tras 28 días en otro edificio del Barrio de Salamanca


El colectivo ultraderechista había ocupado el antiguo edificio del Registro de la Propiedad tras ser expulsados de un local en la calle Juan Bravo
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Desalojo del Hogar Social en la calle Príncipe de Vergara.
Desalojo del Hogar Social en la calle Príncipe de Vergara. VÍCTOR SAINZ
FRAN SERRATO
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12 SEP 2018 - 14:19   CEST
El colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid ha sido expulsado este miércoles del edificio público que okupó hace un mes en el número 72 de la calle de Príncipe de Vergara, en el barrio de Salamanca. El grupo había irrumpido en el antiguo edificio del Registro de la Propiedad tras ser expulsado de un local en la calle de Juan Bravo. Hogar Social ha sido desalojado ya de ocho inmuebles de la capital desde que se creó la organización hace cuatro años.


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Eran poco más de las siete de la mañana cuando han llegado al inmueble varias furgonetas con agentes de la Policía Nacional para llevar a cabo el desalojo. Los funcionarios de la Brigada Provincial de Información han estado asistidos por Unidades de Intervención Policial. La operación se ha completado sin incidentes ni detenidos. Los agentes han certificado que en el interior del inmueble dormían cinco personas, una de ellas, menor. Hogar Social sostiene que en sus dependencias residen habitualmente 15 personas, pero que estaban siendo reubicadas en otros espacios y que por eso no se encontraban allí.
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El inmueble desalojado se encuentra a escasos 200 metros del Edificio Aguilar, el local de la calle de Juan Bravo del que fue expulsado Hogar Social el 8 de agosto, después de tres semanas de okupación. En el interior del local permanecen unos 500 kilos de alimentos perecederos que Hogar Social reparte cada domingo a personas vulnerables de nacionalidad española exclusivamente. Podrán recuperarlos en los próximos días. Melisa D. Ruiz, portavoz de Hogar Social, sostiene que “las últimas dos okupaciones han sido de 21 y 28 días” y que los desalojos se han efectuado “por procedimientos completamente irregulares”. Sin embargo, existe una orden de lanzamiento emitida por el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid.

“Edificios públicos vacíos”

Para entrar al edificio de la calle Príncipe de Vergara, los miembros de Hogar Social debieron reventar el bombín de la cerradura del garaje. Lo hicieron el 8 de agosto, el mismo día que fueron expulsados del anterior edificio okupado en la calle de Juan Bravo. Melisa D. Ruiz ha calificado el desalojo como “indignante”, ya que “a los españoles sin casa les echan de edificios públicos y abandonados mientras las Administraciones crean centros para inmigrantes”.


El último edificio en el que Hogar Social irrumpió por la fuerza, y del que acaba de ser expulsado, tiene 12 plantas y 8.300 metros cuadrados, siendo el más espacioso de los que se han apropiado hasta la fecha. Sin embargo, solo hacían uso de los primeros pisos. En una de las tres plantas subterráneas habían creado un almacen para comida y una antigua biblioteca. Algunos vecinos del barrio de Salamanca, uno de los que cuenta con mayor renta per cápita en Madrid, se habían quejado de la permisividad de las autoridades con el colectivo y les pedían actuar “cuanto antes” para acabar con “los mensajes xenófobos que lanzan”.

Hogar Social ha pasado ya por ocho edificios de la capital. De todos ellos ha sido desalojado. El primero estaba en el barrio de Tetuán. De ahí pasaron a la vieja sede del Ministerio de Trabajo, en la calle de Bretón de los Herreros, y a continuación al edificio del Fórum Filatélico. A finales de 2015 se trasladaron a la sede del Noticiario Documental (No Do), en la calle de Joaquín Costa. En diciembre de 2016 pasaron al edificio de Velázquez, a un inmueble es propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos que anteriormente había pertenecido al Ministerio de Defensa. En abril del año pasado llegaron al de la Plaza de Colón y de ahí pasaron a la calle de Juan Bravo.