Autor Tema: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...  (Leído 253301 veces)

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2240 en: 27 de Diciembre de 2020, 19:20:29 pm »
Como han leído la "campaña" no ha sido financiada, ni orquestada desde las instituciones catalanes sino que ha sido producto de un movimiento okupa que se lo ha currado y ha originado docenas y docenas de comentarios en la red, de eso se trataba y lo han conseguido ....pero mas allá de ello, que les garantiza un vecino policía?

Miren he conocido docenas de casos, desde el que se oponía a poner el gas ciudad en el edificio y serraba por las noches las tuberías y mantenia en jaque a toda la comunidad, a quienes vivían en la absoluta indigencia y no pagaban ni los recibos de la comunidad ..por no mencionar, en tiempos pasados, al agente "Bujanda", tres empleos,  600 millones de pesetas en el banco y arrastraba deudas comunitarias, todo un "pieza" de museo.

Así que dentro del concepto genérico de policía, garante de la ley ...a veces puede salirte una rana y no el príncipe que esperabas.


Evidentemente hay todo, pero es más probable tener un vecino okupa conflictivo que un vecino policía conflictivo.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2241 en: 30 de Diciembre de 2020, 06:28:58 am »

Clamor vecinal en Pozuelo por un 'narcochalé' okupado por tercera vez tras la muerte de sus dueños



LUIS F. DURÁN
Madrid
Miércoles, 30 diciembre 2020 - 01:29
Los vecinos se manifiestan a diario y el Ayuntamiento celebra hoy una reunión con los residentes afectados que están muy indignados por la impunidad de los okupas

Sucesos. Radiografía de la okupación en Madrid: casi cuatro usurpaciones al día y el 15%, asaltos violentos
Decenas de vecinos de Pozuelo de Alarcón se manifiestan todas las tardes desde el pasado día de Navidad delante de un chalé adosado de una urbanización de la calle de la Virgen de Fátima que ha sido okupado tres veces en los últimos meses por presuntos traficantes de droga. La casa era propiedad de un matrimonio que murió hace tres años. No tenían hijos y un sobrino que cuidó de ellos es el que está tramitando la herencia. El pasado noviembre ya okuparon la casa un grupo de personas que se d

edican al menudeo de droga en la localidad, según Paqui, una de las vecinas. El pariente denunció los hechos y se celebró un juicio que obligó a desalojar la casa. Sin embargo, los mismos okupas volvieron a invadir la casa el pasado 24 de diciembre. Al ver que volvían a entrar,los vecinos se movilizaron y empezaron a hostigar a los moradores a golpe de cacerola.
«Se marcharon el fin de semana y el lunes volvieron otros okupas», explica otra vecina. «Ahora han entrado tres personas con un menor de edad y lo peor es que desde las ventanas se ríen de nosotros.Nos hacen burla y señales de desprecio», describe Carmen, que asegura que ya pasaron varios días de inseguridad cuando se produjo la primera okupación por parte de unos traficantes. La Policía se presentó el lunes en la casa y pidió la documentación a los inquilinos. Éstos aseguraron a los agentes que llevaban más de un día en el interior y que nadie les podía echar. «Al no ser la casa la morada habitual de una familia se considera usurpacióny tienen que volver a pleitear los dueños», según señaló uno de los residentes. «Las leyes no nos protegen a los vecinos y sí a ellos», se lamenta Javier, un jubilado que vive en la misma calle. «El otro día, cuando nos manifestábamos la Policía nos dijo que nos iba a denunciar por no tener permiso de la Delegación de Gobierno, ser más de 25 personas y no respetar la distancia social», añade este hombre.Los vecinos aseguran que se sienten abandonados por las instituciones.«Para hacer fuerza sólo nos queda la protesta y hacerles la vida imposible», señala Carmen, que asegura que además se han enganchado a la luz de forma ilegal. Entre los asistentes a las caceroladas estaba el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ignacio Fernández, que indicó que es «una delas consecuencias del desastre de gestión socialcomunistay el resultado de medidas como el último decretazo del Gobierno contra los desahucios, que legitima la ocupación ilegal».Reunión con la alcaldesaLa alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, mostró ayer su apoyo a los vecinos afectados por la okupación e indicó que «la Policía Municipal tiene orden de atender y proteger a los vecinos afectados por esta okupación». La regidora, que comparte «la lógica preocupación de los vecinos afectados», declaró que se

está trabajando «de forma incansable desde el sábado para conseguir que el propietario de la casa ponga la denuncia correspondiente,
algo que aún no se ha producido». Asimismo, la alcaldesa explicó que la Policía Municipal ya ha trasladado todas las actuaciones que se han realizado a la Policía Nacional, pero es imprescindible que los propietarios interpongan la correspondiente denuncia en el juzgado. Por último, Pérez Quislant destacó «la ejemplaridad que muestran en cualquier circunstancia los vecinos de Pozuelo de Alarcón» y, por ello, pidió a los vecinos afectados «calma, porque el Ayuntamiento está a su lado». «

No vamos a parar de trabajar hasta que podamos solucionar esta situación que se ha creado
», agregó. Hoy la regidora se reunirá con los vecinos afectados para trasladarles toda la información del caso que el Ayuntamiento ha recabado en los últimos días y explicarles las actuaciones emprendidas.

Pozuelo es el municipio de más de 20.000 habitantes más rico de Madrid y de toda España,con una renta neta media anual por habitante de 25.903 euros, según datos del INE.

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« Respuesta #2242 en: 30 de Diciembre de 2020, 11:44:39 am »


Detenido un okupa al manipular unos cables y causar un incendio en Moratalaz que ha dejado 19 intoxicados leves y uno grave


La Policía le ha detenido en el lugar del incendio tras ser identificado por los vecinos del inmueble

Vivienda donde se ha originado el incendio
Vivienda donde se ha originado el incendio
LUIS F. DURÁN | MADRID
29/12/2020 16:16
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Un hombre de 29 años que pretendía okupar un piso de Moratalaz ha sido detenido por la Policía Nacional por causar un incendio al manipular unos cables para dar luz a la vivienda que iba a invadir. El fuego además ha originado 19 intoxicados leves y una persona ha resultado herida al precipitarse desde un cuarto piso por miedo al incendio declarado en la planta baja del bloque situado en la calle Corregidor Rodrigo Rodríguez, en el distrito madrileño de Moratalaz.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid, el incendio se ha declarado hoy martes 29 de diciembre a las 11.45 horas y hasta el lugar se ha desplazado el cuerpo de Bomberos y Samur Protección Civil.

Cuando han llegado, el fuego estaba generalizado por toda la vivienda y el hueco de la escalera era inaccesible. Los Bomberos lo han extinguido y han ventilado la instalación, además de rescatar a los vecinos de los pisos superiores que amenazaban con precipitarse desde los balcones de sus viviendas como ya había hecho uno de ellos.



Por su parte, Samur ha atendido a diecinueve personas, una de ellas, el vecino que se había tirado desde la cuarta planta, en estado grave, ya que presentaba fracturas en brazos y piernas. Este ha sido trasladado al Hospital junto a otra mujer con intoxicación leve. El resto ha sido atendido en el lugar de los hechos y no serán trasladados a centros sanitarios.

Los vecinos han señalado a la Policía que un hombre había okupado la casa de la planta baja y estaba manipulando los cables de electricidad en la escalera. Esta persona de nacionalidad española ha sido detenida por los agentes y trasladada a la comisaría para prestar declaración.

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« Respuesta #2243 en: 03 de Enero de 2021, 01:56:35 am »

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« Respuesta #2244 en: 16 de Enero de 2021, 13:43:04 pm »


La Policía identifica a Miguel Ricart, condenado por el crimen de Alcàsser, en una casa okupa de Madrid


Ricart fue identificado este viernes por la tarde en un edificio okupado del distrito de Carabanchel.

Sábado,
16 enero, 2021
10:12
Miguel Ricart Tárrega, condenado por el triple crimen de Alcàsser (Valencia) y en libertad desde el año 2013, fue identificado por la Policía este viernes por la tarde en un edifico okupado de la calle José Garrido, en el madrileño barrio de Carabanchel.

Ricart, el único condenado por los asesinatos de Toñi, Miriam y Desiré, estaba en compañía de otro individuo cuando la Policía irrumpió en el inmueble, un lugar conflictivo que ha sido denunciado varias veces por los vecinos y al que acuden pequeños vendedores de droga y toxicómanos.


La Policía acude allí con frecuencia para efectuar controles rutinarios, en busca de individuos reclamados por la Justicia, aunque no es el caso de Ricart, que desde 2013 es un hombre libre, sin cuentas pendientes. De hecho, entregó su Documento Nacional de Identidad a los agentes que le solicitaron que se identificase y estos se lo devolvieron tras comprobar que no tenía ninguna reclamación.

Miguel Ricart, 'El Rubio', fue condenado a 170 años de prisión por los asesinatos de Miriam, Toñi y Desiré, cometidos, según la sentencia de la Audiencia de Valencia, junto a Antonio Anglés Martins, fugado desde el momento en el que se hallaron los cuerpos de las víctimas, en enero de 1993.

Ricart cumplió 20 años y diez meses de cárcel y en 2013 salió en libertad, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogase la doctrina Parot. Desde entonces, no se ha sabido prácticamente nada de él. Se le situó en Francia, en Cataluña, pero nada firme hasta que este viernes, cuando la Policía lo encontró casualmente en Madrid.

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« Respuesta #2245 en: 20 de Enero de 2021, 17:26:35 pm »

El Gobierno cambia la norma antidesahucios para dar amparo a los «okupas» que cometan un delito


El Ejecutivo modifica por sorpresa la norma antidesahucios en el decreto que regula la creación del consumidor vulnerable
Guillermo Ginés
Guillermo Ginés
@ggines
Madrid
Actualizado:
20/01/2021 13:05h

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Iglesias presenta el decreto antidesahucios en Twitter y crispa al PSOE: «No es la panacea»
Los desahucios y la «okupación» se han convertido en un campo de batalla político dentro del Gobierno en el que Unidas Podemos le ha tomado la delantera al Partido Socialista. Tras unas duras negociaciones para sacar adelante la norma antidesahucios , ambas partes se preparan para mantener el enésimo enfrentamiento en la redacción de la futura ley de vivienda.


Pero hasta que llega ese momento, el Ejecutivo sigue dando pequeños pasos para legitimar la okupación ilegal. El último se ha producido en la redacción del decreto que regula la creación del consumidor vulnerable, que fue anunciado este martes por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras el Consejo de Ministros.


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« Respuesta #2246 en: 21 de Enero de 2021, 23:38:06 pm »
Cosas de podemitas...

Citar
Condenadas a seis años de prisión cuatro personas por los disturbios ocasionados contra un mitin de Vox en Zaragoza

https://www.elmundo.es/espana/2021/01/20/60084b4cfc6c83b11b8b45dc.html

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« Respuesta #2247 en: 30 de Enero de 2021, 17:09:35 pm »

La Fiscalía de Barcelona archiva la investigación por el manual de okupación de Arran



En el documento la organización antisistema juvenil catalana detalla los pasos que se deben seguir para acceder de forma ilegal a una vivienda

La Fiscalía de Barcelona archiva la investigación por el manual de okupación de Arran
La Fiscalía de Barcelona archiva la investigación por el manual de okupación de Arran
‌ EUROPA PRESS
PUBLICADO
La Fiscalía de Barcelona ha archivado este viernes la investigación sobre el manual de okupación de Arran, que abrió a raíz de una denuncia de Vox, han explicado fuentes fiscales a Europa Press.


El Ministerio Público abrió diligencias de investigación hace una semana tras recibir una denuncia de Vox el viernes 22 de enero.

La denuncia no incluía la petición de ninguna medida cautelar, y se refería a la publicación de un manual sobre cómo ocupar un piso que la organización juvenil anunció como respuesta a la crisis de la vivienda entre los jóvenes.

"Herramienta para la emancipación juvenil"
Al anunciar la publicación, Arran defendió "la ocupación como herramienta para la emancipación juvenil en un momento donde el aumento del paro juvenil y los trabajos precarios hace que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda digna".

Por su parte, Vox tachó el manual de "una clara instigación a delinquir y apología del delito", y pidió identificar a los responsables de la publicación y de la organización juvenil.

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« Respuesta #2249 en: 07 de Febrero de 2021, 06:36:29 am »

Detenido un okupa por apuñalar a otro durante una pelea en un bloque de Puente de Vallecas
La trifulca ocurrió a las 5 de la madrugada en el número 56 de la calle de Quijada de Pandiellos

Aitor Santos Moya
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Madrid Actualizado:07/02/2021 00:11h


Una reyerta entre dos okupas desatada en los trasteros del bloque que mantienen usurpado estuvo a punto de acabar de la peor manera posible. Uno de ellos, de 22 años y natural de Guinea Ecuatorial, resultó herido de gravedad tras recibir una puñalada en el costado. El agresor, un joven marroquí de 23 años, fue detenido acusado de un delito de tentativa de homicidio. La pelea se produjo alrededor de las 5 de la madrugada en el número 56 de la calle de Quijada de Pandiellos (distrito de Puente de Vallecas).

A su llegada, los efectivos del Samur-Protección Civil comprobaron que la víctima presentaba una herida por arma blanca en el hemitórax derecho, por lo que tuvieron que estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Gregorio Marañón, donde fue ingresado en estado grave. El autor de la cuchillada también tuvo que ser atendido por varios cortes en la mano. Tras ello, fue dado de alta y conducido a dependencias policiales.

Este ataque es el segundo por arma blanca que se ha registrado durante la semana en Madrid. El pasado martes, un menor de 13 años recibía varias puñaladas a manos de un grupo de jóvenes que se abalanzaron sobre él y su hermano mellizo en un parque de Carabanchel con intención de robarles.

Los hechos sucedieron sobre las 21 horas en una zona ajardinada ubicada en la confluencia de las calle Belmonte de Tajo y Agustín Rodríguez Bonar. Los agresores dejaron al adolescente tirado en el suelo después de provocarle la semiamputación de un dedo de la mano izquierda. Además, le propinaron fuertes golpes en la cabeza, motivo por el cual tuvo que ser intervenido de urgencia. Tras apoderarse de la cadena de oro que portaba, huyeron a la carrera. Según declaró el afectado, los atacantes podrían pertenecer a la banda latina Dominican Don’t Play (DDP).




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« Respuesta #2250 en: 08 de Febrero de 2021, 06:28:05 am »

El asalto okupa a dos bloques abandonados de Collado Villalba

Más de un centenar de personas sin recursos forzaron los edificios de noche y en plena Navidad para resguardarse de ‘Filomena’
Miguel Ezquiaga Fernández
Madrid - 08 feb 2021 - 00:30 CET

Los años de bonanza dejaron tras de sí un reguero de cadáveres inmobiliarios. Uno de ellos, abandonado bajo la montaña de deudas que contrajo su promotor, persistía en Collado Villalba (63.000 habitantes), la vertiente sur de la sierra madrileña de Guadarrama. Sin embargo, las 86 viviendas divididas en dos bloques de cuatro alturas acaban de estrenarse tras un espectacular ataque, activado en plenas Navidades. Envueltos en la noche, medio centenar de asaltantes forzaron con taladros las cerraduras de la propiedad.

La finca se ha convertido en el hogar de unas 120 personas sin recursos. Lidia, con 49 años a sus anchas espaldas, recuerda que en diciembre falleció una persona sin hogar mientras dormía en la Plaza de los Belgas: “Si no hubiésemos entrado aquí, habría muerto mucha gente de la calle a causa del temporal Filomena”. Su apartamento consta de una única estancia, más el baño, con una flamante ducha hidromasaje, pero sin agua corriente. Un infiernillo metálico calienta estos escasos 30 metros cuadrados que tan bien simbolizan la burbuja del ladrillo. Construido en 2008 por el grupo cántabro ya desaparecido ECC Vivienda, el inmueble pasó a formar parte un trienio después de la cartera de activos tóxicos de la Sareb, el banco malo.

La entidad es dueña de 28 de estos pisos —el resto pertenecen todavía a la promotora— y financiadora de todos ellos, vía préstamo hipotecario. Los garajes están inundados, lo que ha ocasionado humedades y goteras a las fincas limítrofes, confirma Sareb. Lidia relata que se “encontraron todo en un estado ruinoso”. Acumulación de basura, presencia de ratas, destrozos en las bajantes y robo de las placas solares. “Han sido unas semanas de mudanzas, limpieza y reparaciones”, cuenta, sentada en el ajado sofá de su nuevo domicilio. Unos labios cortados delatan las duras condiciones que ha soportado esta parada de larga duración, antes camarera y cocinera durante casi tres décadas: “Hasta que pinchamos la luz, esto era una nevera. Por suerte conseguimos hacerlo antes de que llegara la nieve”.

La crisis inmobiliaria marcó este edificio tanto como a la carrera de Lidia. En 2010 ella perdió su último empleo y nunca más ha encontrado un hueco en el mercado laboral. Desde entonces, subsiste “gracias a la ayuda familiar y al banco de alimentos”. Viste pantalones color verde caqui y sudadera a juego, como si la Asamblea de Vivienda de Villalba, en la que se enroló al perder su casa, impusiera un uniforme de batalla. Ante la avalancha de personas que carecían de una alternativa habitacional tras el desahucio, esta organización —similar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)— creó una subcomisión okupa “conformada solo por afectados”, explica Tamara Macías, portavoz.

El grupo indagó durante un año en el catálogo inmobiliario de grandes tenedores villalbinos. Preparativos que transcurrieron entre planos, dilatadas reuniones y muchas solicitudes de notas simples en el registro de la propiedad. “Tuvimos mucho miedo”, apostilla Lidia. “Porque esto no se hace por gusto, sino que la necesidad te empuja”. Tras acceder al recinto, los ocupantes encontraron pronto un armarito de llaves que les permitió abrir todos los pisos uno por uno. La acción no se hizo pública hasta dos semanas después, el 2 de enero, con todas las familias ya instaladas. Hasta su entrada, el edificio tuvo otros colonos: hoy todavía pueden apreciarse los agujeros en los techos que debieron dar cobijo a un sinfín de palomas, cuyos excrementos permanecen.

Macías comenta que intentarán negociar con Sareb un alquiler social, “pues esto estaba abandonado y se rescató con dinero público”. Una intención que la tormenta Filomena solo ha podido reforzar: los 45 centímetros de nieve que cubrieron las aceras del municipio evidenciaron las deficiencias del enganche eléctrico, intermitente y solo instalado en algunos pisos. En previsión del temporal, los ocupantes hicieron un llamamiento a la donación de mantas, ropa infantil y grupos electrógenos que ayudaran a aplacar el frío. El supermercado de enfrente abasteció de víveres, pues permanecía abierto pese al caos de los primeros días. Las familias cuyos pisos sí cuentan con luz acogieron en sus casas a quienes lo necesitaron.

—Yo no quiero vivir gratis, sino pagar las facturas y un alquiler acorde con mi situación.

Joana, tiene 24 años y usa un ajustado plumífero amarillo. Camarera desde la mayoría de edad, se quedó sin trabajo en marzo, cuando comenzó la crisis del coronavirus y su correlato económico. Entonces el piso de alquiler en el que residía se volvió demasiado costoso. “Busqué otro más barato, pero fue imposible. En todos pedían nómina o aval familiar y yo no contaba con ninguno, por lo que me quedé un tiempo en casa de mi tía”, relata, rodeada de sus enseres todavía empaquetados en maletas y bolsas de rafia. Ropa, mantas y menaje del hogar que se acumulan en una esquina. Su ventana da a un patio interior de cemento, donde la nieve ha perdido todo su aspecto solemne, absorbiendo la contaminación y adquiriendo un tono grisáceo.

Como en un albergue en mitad de la campaña de frío, aquí también hay lista de espera. Dos decenas de personas ya han solicitado un hueco en esta torre de Babel, refugio de inmigrantes sin papeles, personas en situación de calle y parados. Los candidatos se postulan llamando a la puerta del inmueble o contactando por medio de las redes sociales. Su nombre se apunta por si hubiera bajas o expulsiones. Con rotundidad, Joana precisa que “no están permitidos los comportamientos conflictivos”. Y agrega: “Aquí tenemos a 10 menores y tres mujeres embarazadas. Si cometes delitos o eres agresivo, te invitaremos a marcharte”. Un código parecido al de cualquier otra comunidad, si bien aquí parece aplicarse con mayor rigor.

En el pasillo gélido, que carece de iluminación, cuelga un cartel manuscrito: “Propón tus propias normas”. Bajo esa máxima, también traducida al árabe, los vecinos han anotado distintas aportaciones: “Mantener limpias las cosas”, “no fumar en las zonas comunes”, “respetarnos todos sin peleas” o “ser responsables con nuestros animales”. Isra, un marroquí de 32 primaveras, padre y sin permiso de residencia, suscribe lo anotado con un gesto afirmativo. Viste chándal negro, rematado con sandalias y calcetines que contrastan con su preciso corte de pelo estilo degradado. La propietaria de la casa en la que vivía necesitó hacer uso de la misma y él se vio en la calle con su esposa e hija, “encima en pleno invierno”.

“Me busco la vida descargando camiones”, prosigue el hombre. Cuando va a salir del edificio, la Guardia Civil lo intercepta en el portal. Desde el instituto armado se quiere filiar a todos los ocupantes y apuntan sus datos junto a la puerta en la que se alojan. Manuel, de 34 años, es conductor de VTC en paro; Sara, de 58 años, friega suelos en una oficina; Mohamed, de 53 años, vivía en la calle. Todos los inquilinos que van topándose con el dispositivo obedecen sin rechistar. Un agente explica que se trata de “trabajo rutinario”. A su espalda la nieve impone a la ciudad un silencio sepulcral. El mismo que hasta hace poco imperaba en este inmueble abandonado.
Año negro para el banco malo

La pandemia ha ralentizado el mercado inmobiliario y se ha convertido en una pesadilla para la Sareb, que debe deshacerse antes de 2027 del ladrillo tóxico que las entidades financieras le transfirieron para liberar sus balances. En su último informe de gestión, relativo al primer trimestre de 2020, el banco malo publica que, a la mitad de su vida teórica, se ha deshecho de menos de un tercio de la deuda adquirida. El año pasado, tres de esas ventas —un total de 95 pisos— se realizaron a la administración autonómica. Canarias, Euskadi y la Comunitat Valenciana adquirieron estos inmuebles a fin de ensanchar su parque público protegido. Aunque también hubo contactos con la Agencia de Vivienda Social, en Madrid nunca llegó a cerrarse un acuerdo similar.



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« Respuesta #2251 en: 17 de Febrero de 2021, 07:27:41 am »


Elvira trabajaba en la ONCE y cobra una pensión mientras 'okupa' la casa de Susana.

La okupa Elvira, ex vendedora de la ONCE: no paga alquiler en 8 años aunque cobra pensión
Tras mudarse a Asturias, Susana y su familia decidieron alquilar su casa. Ahora, casi no pueden pagar el alquiler, el banco les ha embargado la vivienda y los okupas siguen allí.
16 febrero, 2021 18:58

Enrique Recio @RecioEN

Después de tanto tiempo sufriendo la misma tortura, hay días, la mayoría, en los que Susana Tolino (47) no tiene ni siquiera ganas de levantarse de la cama. "Te ves tan sola que llega un momento en el que se junta todo y no puedes dejar de llorar y llorar", dice.

Aún así, hay otros en los que saca fuerza de donde ni sabe e intenta seguir hacia delante. Por sus dos hijos, por su marido, por ella misma. Uno de esos días es hoy. Está cansada de sentirse ninguneada, olvidada y desprotegida por todos. Y por eso ha decidido contar su historia, capítulo tras capítulo.

A lo largo de la entrevista con este periódico, esta murciana relatará cómo un día decidió dejar su casa, en Cartagena (Murcia), y mudarse a Asturias por un problema personal. Alquilar su propiedad a una familia amable y que solo le puso facilidades. Y cómo, poco después, pudo comprobar que le habían engañado. Tanto que ocho años después de aquel día, sus inquilinos siguen viviendo en el chalet, en el Barrio Peral, sin haber pagado el alquiler prácticamente nunca.

Y lo peor no es eso, claro. Es que, mientras han ido pasando los años, Susana y su marido se han quedado sin empleo. Apenas pueden pagar el alquiler de su piso asturiano y su casa en Cartagena, en la que viven los okupas, ha sido embargada ante su imposibilidad de pagar la hipoteca. Así que sobreviven entre deudas y llamadas del banco día sí y día también, mientras los okupas viven tranquilamente en el hogar que tantos años les costó conseguir y que ahora cada vez ven más lejos de recuperar.

Todo comenzó en 2013. De pronto, un problema familiar puso del revés la vida de Susana y junto a su marido y sus hijos decidió marcharse a vivir a 1.200 kilómetros de su ciudad natal. Antes, no obstante, quería dejarlo todo zanjado en Cartagena. Intentó vender la propiedad, pero finalmente decidió alquilársela a una familia que, según ella, le había dado buenas sensaciones. "Ella había trabajado en la ONCE como vendedora, cobraba una buena pensión, y su marido y su hija también tenían trabajo. Así que se la alquilé, pero por desgracia no sabía dónde me estaba metiendo", cuenta esta murciana a EL ESPAÑOL.

A los cinco meses de estar instalados en la vivienda, los supuestos inquilinos dejaron de pagar algunas cuotas. "Les llamábamos y ella me decía que tenía una minusvalía, que estaba mal... Y, nosotros, siendo buenas personas, les dijimos que no se preocupasen, que nos hacíamos cargo de la hipoteca. Por aquel entonces nosotros podíamos pagar esos 375 euros más los gastos", relata Susana Tolino.

Esa excusa la llegaron a utilizar hasta en seis ocasiones hasta que un día dejaron de pagar indefinidamente. Pensando siempre en que realmente los inquilinos tenían problemas, Susana les seguía dando facilidades. "Ella siempre nos cogía el teléfono y cuando le decíamos que nos tenía que pagar, ella nos decía lo mismo: que no podía".

Sin embargo, llegó un día en el que las cosas se torcieron todavía más para esta familia murciana. El marido de Susana enfermó y ella perdió su trabajo. Ya no podían hacerse cargo de la hipoteca de una casa y del alquiler de la otra. Así que intentaron llegar a un acuerdo con Elvira, la okupa. Le dijeron que se tenía que marchar, pero que aún así le daban tiempo para buscarse algo más barato. Incluso le ofrecieron la ayuda de una asesora inmobiliaria. No sirvió de nada.
"Es mejor ser okupa"

Al poco tiempo, recibieron la llamada de su amiga. "Oye, que me dice que no quiere buscar pisos, que quiere un chalet", les comentó la asesora inmobiliaria sobre la (falsa) petición de la okupa. Susana y su marido se quedaron sorprendidos, pero la puntilla final estaba por llegar. Días después, fue Elvira la que les llamó directamente a ellos. "Hola, mira, es que me he dado cuenta de que puedo estar como okupa. Así que si tenéis cojones, venís y me echáis", sentenció.

Susana ni siquiera supo qué responder. "¡Imagínate cómo se nos quedó la sangre, estábamos a 1.200 kilómetros!", exclama. Por aquel entonces, los acuerdos amistosos no entraban ya en los planes de esta familia murciana. Así que decidieron iniciar la batalla legal. Reclamaron a un abogado de oficio, ya que su situación económica no les permitía contratar a otro letrado, e interpusieron una demanda de desahucio contra sus indeseados inquilinos en 2017.
Susana: Esto nos ha afectado a nivel familiar, emocional y económico.

Susana: "Esto nos ha afectado a nivel familiar, emocional y económico".

¿Cuál fue la táctica de los okupas? Ignorar las notificaciones judiciales. El juicio se suspendió hasta en dos ocasiones y fue pospuesto finalmente para abril de 2020, una vez las fuerzas de seguridad le entregaron a la okupa personalmente la citación del juzgado murciano. Sin embargo, llegó la pandemia y todo, de nuevo, quedaba en el aire.

Mientras tanto, Elvira movía sus fichas. "Yo, es cierto, la seguía llamando porque quería que me pagase, pero ¿qué iba a hacer, si no? Bueno, pues ella se iba a la comisaría y me denunciaba por acoso", explica Susana. Así que un noche a las 23:00 horas, de buenas a primeras, la Policía tocó la puerta del piso de esta murciana, en Asturias.

"Yo lo primero que pensé es que le había pasado algo a mi madre, ella vive sola en Murcia, pero no. La okupa nos denunció hasta en tres ocasiones. Imagínate, a estas horas, ir a prestar declaración a la Policía... No te imaginas las consecuencias que esta situación nos ha traído a nivel familiar, emocional y económico. Nos ha cambiado la vida. En mi caso, llegó un momento que tuve que cortar. Yo no comía, no dormía, estaba obsesionada. Leía todo el tiempo artículos de abogados hasta que tuve que parar porque iba a caer enferma", relata esta afectada.
Juicio

Pese a todo contratiempo, el juicio se celebró finalmente en noviembre de 2020. Y Susana y su marido ganaron la primera batalla. "Yo no pude acudir al juicio porque Asturias estaba cerrado perimetralmente, pero el abogado me dijo que incluso declaró que nos pagaba el alquiler en mano; no paró de decir mentiras". El fallo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, dicta la resolución del contrato de arrendamiento entre ambas partes, el desalojo de los okupas y el pago de estos últimas de todas las rentas pendientes a los propietarios (aproximadamente unos 18.000 euros), además de las costas del juicio.

No obstante, pese haber vendido, esta murciana todavía no está tranquila. Y es que, en los 20 días posteriores a la publicación de la sentencia, como establece la legislación, la okupa interpuso un recurso de apelación esgrimiendo su situación de "extrema vulnerabilidad". En dicho requerimiento, según ha podido comprobar este diario, la okupa argumenta que "se encuentra sin alternativa habitacional y en situación de extrema vulnerabilidad", junto con las personas que conviven con ella, su hija y su nieta.

Además, hacen referencia a declaraciones del Gobierno, en concreto a las del presidente, Pedro Sánchez, en las que afirmó que no se iban a producir desahucios en el país hasta el 31 de enero de 2021. Y al inminente, según expresa la letrada de la parte demandada, Real Decreto-Ley que publicará el Ejecutivo acordando "la suspensión de todos los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, como en el presente caso, que si bien es cierto no se ha producido todavía, casi con absoluta seguridad, lo será en los próximos días".

Ante esto, claro está, Susana y su familia ven otro gran obstáculo para recuperar su casa. "Ha sido capaz de presentar el recurso de vulnerabilidad, teniendo una pensión de 1.800 euros desde que se retiró de la ONCE y con su hija trabajando. No paga porque no le da la gana. Me da mucha rabia. No quise decir nunca que trabajaba en la ONCE porque hacen una gran labor, y por uno que hace algo mal pagan todos pero no puedo callarme más... Yo sí que estoy en una situación de vulnerabilidad, cobrando 451 euros y recibiendo ayuda de la Cruz Roja", denuncia.

La situación de esta familia es tan delicada que incluso ha solicitado la ayuda del alquiler, pero se le ha denegado por tener una propiedad, no solo okupada sino también embargada. En realidad, no tienen nada. "A mi me parece muy bien que no dejen que nadie viva en la calle, pero a mí no me pueden dejar sin mi casa, no hay derecho", critica Susana.

Ahora, solo le queda esperar de nuevo para que, si todo va bien, el juez ratifique la sentencia. Aunque, según dice, ni siquiera reconocerá su propia casa. "Mi hermano fue un par de veces a ver la casa y a intentar hablar con ella, me dijo que estaba completamente destrozada". En una de esas ocasiones, la okupa también demandó por acoso al hermano de esta afectada. Por el momento, tiene una orden de alejamiento y no puede acercarse ni a ella ni al domicilio.



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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2252 en: 21 de Febrero de 2021, 07:30:20 am »

Un juez autoriza una novedosa vía exprés para que un propietario recupere su piso okupado

El Periódico

    El denunciante tuvo que entregar una fianza de 50 euros

Marta Fontán
Vigo 18 de febrero del 2021. 11:04

La okupación de viviendas está a la orden del día. Y uno de los grandes problemas asociados es la lentitud con la que en la mayoría de las ocasiones actúan los juzgados para desesperación de los propietarios. De ahí la importancia del auto judicial que acaba de dictar un magistrado instructor de Vigo, que autorizó una novedosa vía exprés para que el dueño de un piso del Casco Vello pudiese recuperar el inmueble. Concretamente, lo que hizo fue estimar la medida cautelar instada por el abogado de este hombre y permitirle tomar posesión de su casa. De hecho, ya pudo hacerlo hace unos días. Dado que en el momento en el que fue allí no se encontró a nadie en su interior, todo se desarrolló de la mejor manera: sin contratiempos. Rompió el candado que habían puesto los okupas en la puerta principal e instaló un cierre de seguridad para evitar que accedan de nuevo, un robusto mecanismo similar a los que por seguridad utilizan los comercios ubicados a pie de calle.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2253 en: 28 de Febrero de 2021, 00:54:56 am »
Del rodea el Congreso a la alerta antifascista: radiografía de una década de violencia ultraizquierdista

https://gaceta.es/actualidad/del-rodea-el-congreso-a-la-alerta-antifascista-radiografia-de-una-decada-de-violencia-ultraizquierdista-20210227-0851/

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2254 en: 28 de Febrero de 2021, 06:41:17 am »
La ultra izquierda...la ultra derecha...ambos solo conocen de un medio para manifestarse.

Incidentes y un detenido tras sumarse un grupo neonazi a una manifestación de la Sanidad pública

https://www.youtube.com/watch?v=HibVcO1zEDM&feature=emb_title

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2255 en: 28 de Febrero de 2021, 11:58:02 am »
Partiendo de la base de que ambos son energúmenos, los cachorros de Podemos llevan a cabo muchos más actos totalitarios y queman y revientan mucho más las calles.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2256 en: 01 de Marzo de 2021, 06:59:18 am »

https://static4.abc.es/media/espana/2021/03/01/bastion-kSmF--620x349@abc.jpg
Reunión de Bastión Frontal este verano - ABC
Bastión Frontal: el grupo fuerte de neonazis investigado por la Fiscalía y que recluta a menores
Inspirados en los antisionistas franceses, han desbancado durante la pandemia al Hogar Social como la facción de la ultraderecha con mayor presencia a raíz de las protestas contra los menas

Carlos Hidalgo

MADRID Actualizado:01/03/2021 00:42h


El movimiento de extrema derecha en Madrid andaba de capa caída en los últimos tiempos hasta que, desde aproximadamente este verano, un nuevo grupo neonazi ha venido haciéndose un hueco en el panorama hasta ponerse a la cabeza, explican fuentes policiales de toda solvencia. «Bastión Frontal es actualmente el grupo más importante ultra de los que tienen presencia en las calles de Madrid. Se declaran antisionistas y empezaron a dar guerra aprovechando el malestar vecinal por los menores no acompañados (menas) en San Blas-Canillejas», explica.

Efectivamente, el pasado octubre azuzaron el barrio con la falsa acusación de que una menor de 13 años había sido violada por estos inmigrantes.El atestado número 60/20 está en manos del área de Ciberodio



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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2259 en: 17 de Marzo de 2021, 16:11:14 pm »
https://twitter.com/albertmercade/status/1184929424388562944?s=19


El fiscal pide cinco años de prisión a cuatro neonazis por agredir "despiadadamente" a un independentista

El Ministerio Público presenta acusación contra cuatro ultras por la paliza con palos y tubos metálicos que propinaron a un joven en las protestas por la sentencia del procés de 2019

Oriol Solé Altimira

17 de marzo de 2021 12:28h

@urisole

Una de las agresiones más brutales de la ultraderecha de los últimos tiempos no quedará impune. La Fiscalía ha presentado este miércoles su escrito de acusación contra cuatro neonazis por agredir "despiadadamente" a un joven independentista en las protestas contra la sentencia del procés de 2019 en Barcelona. El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, solicita para los cuatro acusados cinco años de cárcel por un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad, disfraz –actuaron con la cara tapada– y la de discriminación ideológica.


Los hechos se remontan al 17 de octubre de 2019. Varios grupos de ultraderecha se reunieron en la plaza Artós, en la zona alta de Barcelona, y decidieron marchar hacia el centro de la ciudad, donde se habían reunido grupos independentistas. Los Mossos d'Esquadra permitieron a los ultraderechistas marchar por Barcelona hasta llegar a la calle Balmes, donde los neonazis intentaron romper el cordón policial para enfrentarse con los independentistas.


Pasadas las 22:00h. de la noche, expone el fiscal, los cuatro acusados, armados con palos, tubos metálicos, piedras y banderas con mango de madera, "abatieron de forma rápida y conjunta" a un joven al que consideraron "enemigo" por vincularlo con la ideología independentista. Señala el fiscal Aguilar que los cuatro acusados, más un menor que también participó en la agresión, actuaron como "una auténtica masa de acoso", haciendo perder el equilibrio a la víctima tras recibir un golpe de uno de los acusados con el tubo metálico que llevaba. Ya con la víctima en el suelo, continúa el fiscal, los neonazis continuaron agrediéndole "despiadadamente" con los objetos que llevaban y le propinaron patadas y puñetazos. Solo cesaron la agresión cuando otras personas acudieron en auxilio de la víctima.


Dos de los cuatro acusados llegaron a pasar tres meses en prisión provisional por la agresión. El escrito del fiscal contiene el historial de relación con la ultraderecha de los acusados: dos de ellos han estado implicado en diversos incidentes relacionados con enfrentamientos contra independentistas, además de seguir a colectivos neonazis en redes sociales y a grupos violentos como Ultra Sur. Dos de los acusados han consignado ya en el juzgado 2.600 euros en concepto de indemnización por las graves lesiones físicas y psicológicas que sufrió la víctima.


Además de la pena de prisión, el fiscal solicita que los cuatro acusados indemnicen conjuntamente a la víctima con 16.800 euros y que no puedan acudir a manifestaciones durante cinco años. También reclama que no puedan acercarse a 1.000 metros de la víctima ni comunicarse con ella.