Autor Tema: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...  (Leído 322304 veces)

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2560 en: 31 de Octubre de 2022, 18:45:57 pm »
 
La realidad ‘okupa’ en España: 48 casos al día y un proceso sin fin para el propietario


Las okupaciones se han disparado un 63% en los últimos cinco años. 17.274 casos frente a los 10.619 contabilizados en 2017, según datos del Ministerio del Interior


Enrique Recio
@RecioEN
er@theobjective.com
Publicado: 30/10/2022  •  03:30

Los okupas de Helena subarrendaron su propia vivienda en el barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife. Así, de un día para otro, se encontró con que los inquilinos celebraban fiestas privadas en la piscina de la azotea del edificio, hasta el punto de repartir flyers por la calle para captar a nuevos asistentes. Cuando esta canaria intentó echarlos, los okupas le dijeron que «era rica y debía mantenerlos». Poco después, la denunciaron a ella y a su madre y a su hermano por agresiones y amenazas.

Gemma decidió arreglar un problema de humedades en su piso en el barrio barcelonés de Congreso después de que sus últimos arrendatarios finalizasen el contrato. El albañil comenzó a ir varios días hasta allí hasta que, semana después, no pudo entrar en la vivienda. Habían cambiado la cerradura. Los okupas se acababan de instalar. Esta catalana llamó a los Mossos d’Esquadra pero, para su sorpresa, no los desalojaron porque llevaban asentados más de 48 horas.

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Los casos de estas mujeres son solo dos casos de los cientos que se registran cada año en España. Un problema que, aunque no afecta a una gran parte de la población, supone un proceso largo y costoso en la mayoría de ocasiones para las víctimas, según explican los expertos. El modus operandi siempre es el mismo. Los okupas tratan de pasar inadvertidos durante los primeros días, con el objetivo de que pasen 72 horas y puedan demostrar que ya están establecidos. En paralelo, los dueños del inmueble se encuentran con las puertas de la justicia cerradas.

La ley impide desahuciar a familias con menores, algo a lo que suelen recurrir siempre estos criminales. Si todo lo anterior se cumple, los propietarios solo podrán deshacerse de los okupas mediante una orden judicial. Es entonces cuando todo se complica. Se obliga al propietario a entrar en un proceso civil o penal, que puede alargarse años, mientras que los usurpadores disfrutarán, sin problemas, de la casa, de justicia gratuita y, en último termino, no perderán nada.


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Los datos
Aunque, durante los primeros siete meses de 2022, okupación de viviendas han descendido respecto al mismo periódico del año pasado, los datos siguen siendo preocupantes. España ha registrado 10.220 delitos de este tipo, según los últimos datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.  Lo que se traduce en que, cada 24 horas, 48 viviendas se okupan en algún punto del país.

La estadística sitúa a esta Cataluña como la más afectada por este delito, seguida de Andalucía (1.498 casos), Comunidad Valenciana (1.270) y Madrid (912). En datos generales, las okupaciones han descendido un 5,43% respecto al año pasado (10.220 casos frente a 10.807, hasta julio), pero siguen disparadas un 63% respecto a 2017, cuando se registraron 10.619. 2021 registró la cifra de okupaciones (17.274) más alta de los últimos cinco años.

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Enrique Recio
El balance del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no diferencia la casuística entre delitos de usurpación o allanamiento. Principalmente, porque los agentes no especifican la falta, quien lo hace es el juzgado posteriormente. El primer caso se trata de okupaciones de viviendas vacías, propiedad de bancos o grandes empresas. En segundo, de viviendas habituales particulares.

Más agilidad judicial
Fuentes expertas en este ámbito evitan llevar este problema al extremo, y matizan que la mayoría de casos corresponde a usurpaciones. Pero también advierten del coste, tanto a nivel económico como psicológico, que puede conllevar el proceso para el propietario de una vivienda. Consciente de esta lacra, incluso el PSOE ha propuesto una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas desde que lo pide el propietario o se recibe el atestado policial, tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación.


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El PP propone que los desalojos de 'okupas' se hagan en 24 horas, frente a las 48 del PSOE
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R.T.O.
Una medida que llega después de que las que supuestamente aprobó, en septiembre de 2020, el departamento de Grande-Marlaska, pero que finalmente, según avanzó este diario, han quedado en agua de borrajas. Tras el primer verano de la pandemia, y con él, el aumento de okupaciones, tanto la Fiscalía General del Estado como Interior, anunciaron una serie de normas para agilizar la expulsión de los okupas.

En el primer caso, su entonces titular, Dolores Delgado, reclamó a los fiscales reforzar su intervención en defensa de los derechos de las víctimas por los delitos de allanamiento y usurpación de bienes inmuebles y recurrir con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en el ordenamiento jurídico. Delgado quería evitar que se retrasase la salida de los delincuentes de las casas okupadas y poder restablecer el legítimo derecho del denunciante que, mientras se tramita su procedimiento judicial, se ve desprovisto de su vivienda durante largo tiempo.

Sin protocolo policial
Por su parte, el Ministerio del Interior puso en marcha un nuevo protocolo de actuación policial que eliminaba el plazo de 48 horas para proceder a echar a los okupas de la vivienda por parte de los agentes, solo en los casos en que el delito fuese reciente y sin importar el tipo de vivienda, tanto primera como segunda residencia. La realidad, dos años después, es que ese supuesto plan no ha llegado a ninguna parte. Mejor dicho, no se emplea en ninguna jefatura ni comisaría provincial de Policía, según aseguran las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE.

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Nuria Usero Gómez
«Fue un bulo. Nunca existió ese protocolo. Se intentó maquillar la situación ante la que nos encontrábamos siempre, pero siguen existiendo las mismas dudas. Así que se hace como se hacía antes», sostiene un inspector de Seguridad Ciudadana a este periódico. El protocolo de Grande-Marlaska apunta que si el inmueble okupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez. Y ahí es donde radica la principal incertidumbre de los agentes.


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«¿Cómo podemos saber si se trata de morada o no? El protocolo de 48 horas es más una interpretación de reconocer o no la vivienda como morada legalmente reconocida por los okupas. No podemos arriesgarnos a desalojarlos y que un juez después diga lo contrario. Al policía se le deja en un limbo legal en el que tiene que decidir…», sostienen las mismas fuentes.

En definitiva, todo sigue igual. Ni se desaloja en un primer momento, ni en 48 horas. Las fuerzas de seguridad trasladan a la autoridad judicial las denuncias, y es el juez el que decide desalojar o no el inmueble okupado como medida cautelar una vez se inicia el proceso. En ningún caso, según insisten las fuentes policiales, los agentes desalojan a los okupas sin haber trasladado el caso al juzgado.

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« Respuesta #2561 en: 01 de Noviembre de 2022, 10:40:40 am »

Veteranos de la Guardia Civil muestran su apoyo al antiguo agente desahuciado de su vivienda junto a su mujer



Redacción Cordópolis

1 de noviembre de 2022 06:00h

@cordopolis_es
La Asociación Cultural de Veteranos de la Guardia Civil de Córdoba ha mostrado su solidaridad con Manuel Aranda, el ex agente que junto a su mujer -ahora octogenarios ambos-, han sido desahuciados de su vivienda, víctimas de un engaño pese a que la pagaron.

En 2009, el matrimonio compró una casa en el barrio de La Magdalena. Manuel entregó un cheque por la cuantía de la casa y firmó las escrituras junto a la promotora, quien se comprometió por escrito a cancelar la hipoteca que recaía sobre el inmueble. La promotora finalmente no cumplió esta parte del contrato y en 2017, él y su mujer recibieron un requerimiento de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el banco malo, notificándoles el impago y el posterior desahucio. Fue entonces cuando empezó su pesadilla.

Desde la asociación de veteranos de la Guardia Civil, han mostrado su “repulsa, apoyo y solidaridad con nuestro compañero Manuel Aranda, un guardia civil en situación de retirado engañado por gente sin escrúpulos. Se trata de una 'estafa' que no puede quedar impune”, argumentan en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico.

“Un matrimonio octogenario va a ser desalojado de su vivienda después de haberla pagado oportunamente. Este guardia civil retirado fue engañado por un vendedor desalmado que, necesariamente, tuvo que tener la complicidad de algún desaprensivo gestor. Cuando compró la vivienda pagó el importe de la misma mediante un cheque bancario. La vivienda estaba gravada con una hipoteca que debía liquidar el vendedor antes de vendérsela a los compradores. Sin embargo, según la información que maneja esta Asociación de Veteranos de la Guardia Civil de Córdoba, esa hipoteca preexistente nunca se liquidó”.

Y señalan que “al cabo de cierto tiempo, la entidad financiera reclama el importe de la hipoteca a los nuevos propietarios, un matrimonio que vive de su pensión y que, habiendo actuado de buena fe en la compraventa del inmueble, no cuenta con recursos económicos para hacer frente al importe de la hipoteca que desconocían que existiera”.

El largo trayecto que lleva el matrimonio desde hace trece años está lleno de “juicios, recursos y reclamaciones” y, finalmente, “aún después de haber sido condenado el vendedor por el delito que cometió, la entidad financiera ha decidido desahuciar a las víctimas. Pretende dejar en la calle a dos personas sin otros recursos que su pensión, sin posibilidades de rehacer su vida y, para colmo, sufriendo el marido una grave enfermedad que podría haber tenido su origen en los sufrimientos que le ocasionó la situación”.

Por eso, sus antiguos compañeros guardias civiles señalan que “una sociedad como esta que no castiga convenientemente al delincuente, que convierte el delito en un modo de vida aceptable mientras los poderes públicos se encogen de hombros, y que permite que las víctimas sufran el peor de los castigos, permaneciendo en el olvido colectivo, sufriendo la penuria, la desprotección y la indiferencia de las administraciones públicas, es una sociedad que no puede tener mucho futuro”.

“Debemos cambiar el proyecto social, hemos de proteger a los inocentes, a las víctimas, y castigar al delincuente. Ante tal injusticia social, nos manifestamos a favor de la reversión de este proceso injusto en apoyo a nuestro compañero”, concluyen el comunicado, firmado por el presidente del colectivo, José Cabello Carmona.

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« Respuesta #2562 en: 04 de Noviembre de 2022, 08:01:45 am »


Imputan a una mujer por liarse a palos con unos inquilinos y coaccionar a una familia con una empresa de desokupación


Según denuncia el afectado, cuando la propietaria se enteró de que el hombre había vuelto a acceder a la vivienda, la mujer acudió al edificio en el que creía que vivía él, con la intención de agredirle, pero se equivocó de piso y pegó a dos personas que no tenían nada que ver
— La Justicia sanciona los métodos de las empresas 'desokupas': “Solo puede calificarse como actuación intimidatoria”





Vistas de casas en Palma.
Vistas de casas en Palma. Cati Cladera / EFE
Esther Ballesteros

Mallorca —
3 de noviembre de 2022 14:01h

Actualizado el 04/11/2022 00:10h
6

Coacciones, robos, denuncias cruzadas y hasta supuestas agresiones con palos de por medio. Un Juzgado de Palma ha imputado a la propietaria de una vivienda y a los integrantes de una empresa de desokupación por presuntamente coaccionar a un hombre que había entrado a vivir en el inmueble, previo pago de 15.000 euros, y quien tres años después se vio abocado a abandonarla junto a sus dos hijas pequeñas y su madre.


Hablemos de okupas

SABER MÁS
Los integrantes de la empresa de desokupación, quienes, según el denunciante y varios testigos, formaron un despliegue “brutal” a las puertas de su casa para evitar que volviera a acceder, también se encuentran bajo el foco judicial y han sido citados a declarar en sede judicial como investigados a finales de noviembre.

Las pesquisas fueron incoadas después de que el afectado interpusiera en dependencias de la Guardia Civil una denuncia en la que relata la presión a la que aseguraba haber sido sometido y cómo finalmente se vio obligado a buscar otro lugar para vivir.


Entre medias, la propietaria también decidió denunciarle, acusándole de quedarse en el piso sin su autorización y sin tan siquiera haberse efectuado la compraventa del mismo, a pesar de que el hombre había realizado la reserva de la vivienda para adquirirla.


En concreto, el hombre se interesó por la compra del apartamento, ubicado en Palmanova (Calvià), a principios de 2018, firmando un contrato de arras por el que abonó 15.000 euros. Sin embargo, tal como puso de manifiesto ante el Juzgado, la venta definitiva no llegó a formalizarse al manifestarle la propietaria que sus hijos no querían firmar.

Según su versión, la mujer le autorizó a vivir en el piso “hasta que se solucionara todo”. El denunciante aportó a la causa, además, los mensajes de WhatsApp que le envió la propietaria para demostrar que ésta le había dado supuestamente su permiso para que entrase a vivir en la casa, llevara a cabo las reformas oportunas y modificase la titularidad del suministro de la luz.

Uniformados y con chalecos
Desde entonces, asegura el hombre, la dueña no volvió a decirle nada hasta que el pasado mes de marzo, casi tres años después, llegó a la vivienda y se encontró en la puerta, sin previa notificación, a varios trabajadores de la empresa 'antiokupas', quienes, uniformados y con chalecos, comenzaron a “amenazarle y coaccionarle” mientras le presionaban para que firmase un documento por el que se comprometía a entregar la casa.


El dispositivo lo mantuvieron las 24 horas durante varios días. El hombre denuncia que otras personas habían comenzado a interesarse por la vivienda, lo que motivó que la mujer, a través de un intermediario inmobiliario, contratase los servicios de esta empresa con el objetivo de tener la casa cuando antes disponible para enseñarla y venderla.

De acuerdo a la denuncia, los integrantes de la empresa aprovecharon también para cambiar la cerradura del inmueble, acceder al mismo, instalar un sistema de alarma y enseñarlo a los interesados en él.

El denunciante, defendido por el abogado Antonio Lázaro, logró días después acceder al piso saltando por el balcón de una vecina y comprobó que le faltaba mobiliario y que le habían robado 12.000 euros en efectivo así como diversas joyas que había heredado de su abuela. El hombre, finalmente, acabó abandonando la casa “por miedo” ya que al tener hijos menores “no quería más problemas”, por lo que se trasladó a una vivienda en un edificio aledaño.


Según denuncia el afectado, cuando la propietaria se enteró de que había vuelto a acceder a la vivienda, la mujer acudió junto a otra persona al edificio en el que creía que vivía el hombre, con cascos y armados con palos, con la intención de agredirle, con tal mala fortuna que se equivocaron de piso y, al llamar a la puerta, se liaron a palos con los dos moradores de esa vivienda.

El afectado amplió su denuncia al asegurar que los miembros de la empresa de 'desokupas' también se habían posicionado frente al bar que regenta para incrementar su presión.

La propietaria denuncia que el hombre se quedó la vivienda sin permiso
Las manifestaciones del hombre contrastan, sin embargo, con las de la propietaria del inmueble, quien acudió, por su parte, a dependencias de la Guardia Civil para denunciar que el inquilino, a pesar de haber firmado un contrato de arras, se quedó con el piso sin su autorización y sin tan siquiera formalizar la compraventa.


La dueña del inmueble aseguró ante los agentes que fue la inmobiliaria la que entregó las llaves al morador sin su permiso después de que éste asegurase que las necesitaba para fumigar el piso. Tras ello, realizó el cambio de titularidad de la luz así como las obras de reforma sin el permiso de la dueña, quien afirmó, además, que el día que acudieron al notario para rubricar el contrato de arras le indicó al hombre que no tenía derecho a hacer uso del inmueble. Citada más adelante a declarar en los Juzgados a raíz de la denuncia interpuesta por el hombre, la mujer se negó a declarar.

Allanamiento de morada
Otra de las denuncias presentadas con motivo de estos hechos fue la interpuesta por el hombre que pasó a vivir en el piso tras ser desalojado el denunciante. El nuevo inquilino, quien también se encuentra investigado a raíz de la denuncia de su antecesor, se personó en la Benemérita para denunciar que, en su ausencia, éste entrase a la vivienda por el balcón.

Según explicó ante el juez, cuando el inmueble fue desocupado, la empresa de desokupación llamó al declarante y le dio las llaves de la casa, que se encontraba aún amueblada y con los enseres y electrodomésticos del anterior inquilino.

Tras ser identificados por el Instituto Armado, los integrantes de la empresa de desokupación manifestaron ante los agentes que forman parte de una empresa de seguridad dedicada a velar por el buen estado de las viviendas aseguradas así como por mantener la seguridad de las mismas evitando la entrada de personas no propietarias.


Los declarantes aseguraron que nunca efectúan ningún tipo de amenazas en estas situaciones como tampoco hacen uso de la fuerza ante nadie. Ahora deberán comparecer ante el juez para, de nuevo, ser interrogados por lo ocurrido.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2563 en: 04 de Noviembre de 2022, 18:11:20 pm »

Investigan a una madre por incendiar el piso en el que fue violada su hija


Por Flavia Farraces
4 de noviembre de 2022, 17:06 CET
Europa Press.

La menor denunció que un hombre la invitó a una casa okupada y que allí le ofreció droga y la agredió sexualmente.

La progenitora supuestamente prendió fuego a dicha vivienda en represalia por los hechos.

EUROPA PRESS La Policía Nacional investiga a una madre por su posible implicación en un incendio de un piso 'okupa' en Mahón en el que habrían violado a su hija, delito por el que ha sido detenido un hombre de 45 años.

La Policía ya informó el miércoles de la detención del hombre, y se estaba investigando el incendio ya que se sospechaba que podía haber sido intencionado. Finalmente, se ha relacionado a la madre de la víctima con el fuego.

Los hechos se remontan al pasado 28 de octubre. Según la denuncia, la menor estuvo con el hombre en la 'casa okupa', donde éste le ofreció droga y después la comenzó a desvestir y la agredió sexualmente. Cuando la menor contó a su madre lo que había pasado, el pasado martes día 1 sobre las 06: 00 horas de la mañana, ambas acudieron a dependencias de la Policía Nacional para poner una denuncia.


Los agentes se dirigieron a la vivienda 'okupa' pero no localizaron al denunciado. Comenzaron a dar batidas por la zona y en un momento dado varios vecinos observaron que del inmueble estaba saliendo mucho humo. Al acercarse comprobaron que el piso estaba en llamas y se dio aviso a los Bomberos. Se certificó que en el interior no había nadie. Finalmente el sospechoso de la agresión sexual fue localizado en una estación de autobuses de Mahón.

La investigación siguió para esclarecer el incendio de la vivienda y finalmente se descubrió que la madre estaría involucrada, como represalia por lo ocurrido a su hija. Se ha procedido a identificar completamente a la mujer y se ha remitido el caso al Juzgado de Instrucción y a Fiscalía de Menores.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2564 en: 08 de Noviembre de 2022, 03:48:13 am »
La indignación de Pedro, detenido por intentar recuperar la casa okupada de su abuela en Cartagena

"Echaron a la familia de nigerianos y como la mujer marroquí era la primera okupa, a ella la dejaron allí"

https://www.elespanol.com/reportajes/20221108/indignacion-pedro-detenido-intentar-recuperar-okupada-cartagena/716678636_0.amp.html

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2565 en: 08 de Noviembre de 2022, 08:05:42 am »
La indignación de Pedro, detenido por intentar recuperar la casa okupada de su abuela en Cartagena

"Echaron a la familia de nigerianos y como la mujer marroquí era la primera okupa, a ella la dejaron allí"

https://www.elespanol.com/reportajes/20221108/indignacion-pedro-detenido-intentar-recuperar-okupada-cartagena/716678636_0.amp.html

Donde quiere que ponga la tilde, en que quiso entrar no pudiendo, en que fue finalmente absuelto o en que en la ocupación inicial no fue nadie a verificarlo?

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2567 en: 09 de Noviembre de 2022, 03:09:23 am »
La indignación de Pedro, detenido por intentar recuperar la casa okupada de su abuela en Cartagena

"Echaron a la familia de nigerianos y como la mujer marroquí era la primera okupa, a ella la dejaron allí"

https://www.elespanol.com/reportajes/20221108/indignacion-pedro-detenido-intentar-recuperar-okupada-cartagena/716678636_0.amp.html

Donde quiere que ponga la tilde, en que quiso entrar no pudiendo, en que fue finalmente absuelto o en que en la ocupación inicial no fue nadie a verificarlo?

En que moros y negros ocupan viviendas de abuelas.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2568 en: 09 de Noviembre de 2022, 10:30:47 am »

EL EMPRESARIO CONSIDERA QUE EL EXVICEPRESIDENTE HABRÍA COMETIDO UN DELITO DE INJURIAS, CALUMNIAS Y AL HONOR


El ‘Desokupa’ se querella contra el “carapán” Pablo Iglesias: «Tienes la boca muy grande y los cojones muy pequeños»


Daniel Esteve anuncia que tomará medidas legales contra el exlíder de Podemos por tildar a los miembros de su empresa de “nazis” y de acusarles de dar “palizas para amedrentar”

José Antonio Puglisi 08 Nov 2022 - 16:33 CET

Archivado en: Justicia | Pablo Iglesias
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Daniel Esteve sacudió a Pablo Iglesias por los insultos y descalificaciones que lanzó en contra de los integrantes de su empresa ‘Desokupa’.


El empresario considera que el exlíder de Podemos habría cometido un delito de injurias, calumnias y del honor durante su entrevista en TV3, donde analizó la decisión del alcalde de Premià de Dalt (Barcelona), Josep Triadó (Junts), de contar con los servicios de dicha compañía para combatir con las ocupaciones ilegales.

“Este tipo [Triadó] está justificando que va a contratar a un grupo de neonazis para que haga lo que la Policía Local y los Mossos no están dispuestos a hacer… esto es una barbaridad […] Lo que yo no sé es si este señor es consciente de las implicaciones que esto tiene para algunos, porque lo que hacen es contratar a neonazis que están dispuestos a hacer lo que no pueden los policías […] Tienen experiencia en dar palizas y en amedrentar”, acusó Iglesias en la televisión autonómica.

Unas declaraciones que tildó de “gravísimas” Esteve, quien recordó que “este señor, a parte de que no es nadie, tiene la boca muy grande y los cojones muy pequeños”. De ahí que le pida que antes de hablar de él, de su empresa o de la Policía Local de Madrid (que también presentaron una querella contra Iglesias) “te lavas la boca”.

“Nazis, neonazis que dan palizas para amedrentar… Te enumero tu concurso de delitos, carapán: injurias, calumnias y delito al honor. Mis abogados te van a meter una querella criminal por estas tres cositas, así que nos vamos a ver en los banquillos de Plaza de Castilla”, matizó el empresario en un vídeo viral en las redes.

Esteve puso énfasis en que “tu ya no eres nadie, ni estás aforado. Ya no tienes ni la coleta, que era lo único que te daba un poquito de rollo”.

Pablo Iglesias
Pablo Iglesais

La querella policial
El Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid (CPPM), sindicato mayoritario del Cuerpo, denunció a inicios de octubre a Iglesias por sus declaraciones en las que tachaba de «inútiles» a los agentes locales. Esta agrupación entiende que sus palabras suponen unas «injurias graves con publicidad», según adelantan fuentes jurídicas.

CPPM presentó la denuncia contra Iglesias por las declaraciones realizadas la semana pasada. Los abogados del sindicato mayoritario en la Policía Municipal entienden que por parte del exlíder de Podemos se han realizado unas «injurias graves y con publicidad» a todos los componentes del Cuerpo, según IEN.

Si fuese condenado se demostraría que Iglesias injuria gravemente en público y comprometería su carrera tal vez en la SER o su reingreso en la Complutense. La condena, en caso de producirse, sería muy cuantiosa económicamente.

La querella no se queda solo en las descalificaciones. Los letrados entienden que Pablo Iglesias sugiere que se urdió una «presunta trama para inculpar falsamente a una persona por unos delitos». «Delitos que por cierto los juzgados ya condenaron por hechos que se dieron como probados».

Desde CPPM su secretario general Marino Perales ha manifestado que esperan que esta denuncia «prospere y se ponga coto a declaraciones de este tipo». «Vengan de quien vengan», subraya.

Asimismo, Perales ha requerido al Ayuntamiento de Madrid a que «haga lo mismo y que defienda ante los juzgados el honor y la profesionalidad de la Policía de Madrid». El secretario general del CPPM afeó a Iglesias que cuestione la actuación policial: «nos difama y nos insulta».



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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2569 en: 12 de Noviembre de 2022, 07:01:42 am »
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Los 16 policías que 'desokupan' chalés en la lujosa Marbella: "Siempre estamos de guardia" :ciclis


Desde su creación hace dos años, esta unidad de la Policía Local marbellí ha llevado a cabo 25 desalojos, la mayoría de ellos por mediación. Se han topado con okupas profesionales que arrendaban las casas
Foto: El Grupo de Prevención y Administrativa de la Policía Local de Marbella lucha contra la okupación 'deluxe'. (P.D.A)
El Grupo de Prevención y Administrativa de la Policía Local de Marbella lucha contra la okupación 'deluxe'. (P.D.A)
Por
Pablo D. Almoguera. Málaga
12/11/2022 - 05:00
Un pico desorbitado en la factura de la luz alertó al propietario. Extranjero y residente fuera de España, hacía varios meses que no visitaba su chalé de Marbella, ubicado en la lujosa urbanización de El Rosario, donde fácilmente se encuentran villas por encima de los dos millones de euros. Como suele ocurrir en estas zonas de la Costa del Sol, los lazos vecinales no son estrechos, y nadie se mete en lo que pasa en la casa de enfrente. El hombre decidió llamar a la Policía Local y horas después acabaría sabiendo que era uno de los propietarios a los que le habían okupado su casa. Una problemática que no se circunscribe a barrios populosos y que se reproduce hasta en exclusivas zonas residenciales del país. Tanto, que hace dos años el consistorio marbellí creó una unidad antiokupas que en los últimos dos años ha realizado 25 desalojos: el Grupo de Prevención y Administrativa.

Los agentes que se encargaron de atender la llamada de auxilio de este ciudadano se desplazaron al inmueble y constaron que no estaban ante una okupación al uso. Pues los indicios apuntaban a que la vivienda había sido transformada en un gran invernadero 'indoor' de marihuana que sorbía electricidad cada minuto del día. Se montó un dispositivo conjunto y la entrada y registro constató todas las sospechas. Los policías se toparon con una vivienda destrozada, 'remodelada' a gusto de los narcos, que derribaron paredes e instalaron lámparas y sistemas de ventilación para lograr el máximo rendimiento de la plantación.
El fracaso del Estado contra la ocupación: casi 10.000 usurpaciones en un año
Alejandro Requeijo
"Nos encontramos numerosas situaciones en las que las víctimas son ciudadanos extranjeros que tienen aquí una segunda vivienda y que en la mayoría de los casos desconocen que están okupadas" porque en las urbanizaciones muchos de los residentes no saben ni cómo se llama su vecino, explica el responsable de la unidad, el subinspector Jorge Iglesias, que añade que la colaboración ciudadana es más evidente en zonas de bloques de pisos, donde hay más "roce" entre los residentes.
Esta circunstancia provoca que las okupaciones en complejos residenciales se detecten mucho más tarde —"pueden pasarse meses viviendo" sin que nadie se percate— y alimenta la presencia de grupos organizados que han encontrado en esta modalidad delictiva un lucrativo negocio. En la mente de los 16 policías que conforman este grupo se encuentra la de un ciudadano cubano, "al que desalojamos al menos dos veces", que supuestamente estaba al frente de un entramado de okupación de casas que posteriormente alquilaba. Se perdió su pista cuando se supo perseguido por la Guardia Civil por su presunta participación en un entramado de tráfico de drogas. Se han registrado casos de okupaciones de casas de residentes extranjeros que han fallecido Fue un caso estrechamente relacionado con el crimen organizado, pero junto a los allanamientos de chalés, la otra casuística que se encuentran estos investigadores es la de las usurpaciones de adosados o pisos, total o parcialmente construidos, que forman parte de promociones que no superaron la crisis del ladrillo. En estos casos, el problema no es únicamente la okupación, sino los problemas de seguridad que conllevan y los graves riesgos que corren sus moradores. Estamos hablando de edificaciones que en ocasiones son un esqueleto de cemento y "con caídas y taludes de más de dos plantas de altura". "Es un riesgo", advierte Iglesias, que reconoce que en estos casos tienen limitada su capacidad de actuación porque la parte afectada "no suele presentar denuncia". Es una dinámica extendida que se extiende por toda la Costa del Sol, y que —en parte— se ve favorecida por la distinta respuesta penal que tienen el allanamiento y la usurpación. Mientras el primero se recoge dentro de los delitos contra la intimidad, el segundo se agrupa con los que afectan a la propiedad. ¿Pero cuál es la diferencia entre dos figuras penales que se suelen confundir y cómo evitar que la okupación de su casa sea considerada una conducta leve? El subinspector de la Policía Local de Marbella detalla que el allanamiento se produce cuando "alguien entra en mi casa, en mi reducto", en la vivienda donde resido; mientras que en la usurpación se okupa un bien inmueble que tiene propietario, "pero que nunca va por allí", no es su hogar, ni tiene un vínculo. Es el caso, tanto de una esas construcciones semiabandonadas, como un domicilio empleado para alquiler vacacional, por ejemplo.
Una promoción a medio construir en la que se instalaron okupas. (EC)
"Todo depende del uso de la vivienda", resume Iglesias, que recomienda "mantener las casas con vida, dejar fotografías y efectos personales" con los que se pueda remarcar el allanamiento. Una práctica que sobre todo se tiene que hacer extensible a las segundas residencias. Estas, al contrario de lo que piensa mucha gente, tienen la misma protección que el domicilio habitual, aunque el dueño decida tenerlo cerrado a cal y canto y únicamente resida en él durante unos días. El tercer tipo de okupación que han detectado en Marbella es la que se produce en chalés propiedad de un residente extranjero que ha fallecido y cuya familia desconoce el deceso. Suelen ser conscientes de delito muy tarde y en ocasiones ni se plantean denunciar o acudir a la justicia porque nunca se han planteado trasladarse a vivir a la ciudad. Son contextos en los que el okupa tiene las de ganar y sabe que puede permanecer una larga temporada en el inmueble.
Protocolo y recomendaciones
"Lo ideal es que lleguemos cuando están entrando y se produzca un desalojo rápido". Aunque no siempre ocurre, y hay que comenzar a andar el camino más largo. El protocolo de actuación de los policías de la unidad está muy marcado en estos casos. Tras recibir la denuncia o tener constancia de una posible okupación, se desplazan al domicilio e identifican los moradores. Se les preguntan si tienen algún título de propiedad o alquiler y se les informa de que están cometiendo una okupación ilegal y de que tienen que abandonar la casa. Se realizan indagaciones en el padrón y en el catastro para confirmar el allanamiento y posteriormente intentan contactar con el propietario, para lo que a veces deben contar con la colaboración de traductores al ser extranjeras un porcentaje respetables de víctimas. La continuación del proceso dependerá finalmente de ellas, de si quieren emprender o no acciones legales.
El padrón y el catastro son herramientas claves para estos agentes. (P.D.A.)
Muchos de los okupas "conocen la normativa, pero nosotros también, y les explicamos que, tarde o temprano, van a ser desahuciados". Pueden abandonar la casa voluntariamente o por orden de un juez. La mediación es la principal herramienta de resolución de estos conflictos que emplean los efectivos del Grupo de Prevención y Administrativa, por eso la mayoría de los 25 desalojos que han llevado a cabo en estos dos años se han producido sin incidentes y con la colaboración de las personas que se encontraban en la vivienda. "Solo se actúa por la fuerza cuando lo ordena la autoridad judicial", recalca el subinspector. Un número interesante de los 35 expedientes se abrieron gracias a las comunicaciones que llegaron al buzón electrónico —unidadadministrativa@marbella.es— que habilitó la Policía Local, cuerpo que mantiene reuniones periódicas con las comunidades de propietarios y las asociaciones de residentes foráneos para explicarles cómo actuar ante una okupación y mantener abierto una canal de información.
300 llamadas en un mes a la línea de emergencias antiokupas: "Estamos desesperados"
Lucía Tolosa
Iglesias explica que el grupo que lidera surgió de la "preocupación" que expresaron los políticos locales, y los resultados obtenidos desde octubre de 2020 demuestran que una ciudad como Marbella, destino turístico exclusivo, asociada al lujo, no está exenta de esta problemática. Y como saben que la rapidez de actuación es clave, no hay que bajar la guardia: "Siempre tenemos a gente de guardia. Al menos una o dos patrullas".

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2570 en: 14 de Noviembre de 2022, 01:40:47 am »
Memoria del terrorismo de extrema izquierda en España: 14 grupos y 120 muertos


https://elcorreoweb.es/espana/memoria-del-terrorismo-de-extrema-izquierda-en-espana-14-grupos-y-120-muertos-KN8168851

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2571 en: 16 de Noviembre de 2022, 17:58:26 pm »

La Justicia investiga a tres trabajadores de una empresa ‘desokupa’: “Uno de ellos me dijo que era policía”


Un juzgado cita a declarar a empleados de Bastión Desokupación tras una denuncia por presuntos delitos de allanamiento y amenazas; la versión que dieron los demandados a la Policía no recoge ninguna de las acusaciones recibidas

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2572 en: 28 de Noviembre de 2022, 17:06:47 pm »

Los jueces de Madrid aceptan el desalojo cautelar ante los casos de okupación


Por Jorge G. García
28 de noviembre de 2022, 15:17 CET

Los magistrados adoptan este criterio tanto si el propietario es una persona física o jurídica, ya sea pública o privada.

Han acordado la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en que se aprecien sólidos indicios de allanamiento o usurpación.

EUROPA PRESS Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado por unanimidad que con carácter general se estime pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación y se verifique la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

El acuerdo se alcanzó en la Junta Sectorial celebrada el pasado viernes en cuyo orden del día había varias cuestiones, entre ellas fijar un criterio respecto a la aplicación de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

De este modo, los magistrados de las secciones penales estiman pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo, en el caso de que sea solicitada, si se aprecian sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación.


Los magistrados han adoptado este criterio tanto si el sujeto pasivo es una persona física como si se trata de una persona jurídica de naturaleza pública o privada.

Los magistrados han tenido en consideración no sólo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los vecinos a los que el delito pueda suponer un menoscabo directo en el pleno disfrute de sus derechos.

Y lo hace "sin perjuicio de que cuando se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupan el inmueble (menores, personas con discapacidad, etc.) de forma simultánea se dé traslado a los servicios sociales a fin de que adopten las medidas oportunas para su protección, facilitando las soluciones que procedan".


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2573 en: 28 de Noviembre de 2022, 19:23:46 pm »
Pues supongo que desde nuestra Jefatura nos harán llegar la correspondiente instrucción. . .

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2574 en: 28 de Noviembre de 2022, 20:31:57 pm »

Encuentran un cadáver momificado en el interior de la casa que iban a ocupar


Se estima que el cadáver llevaba unos cinco años en la vivienda.
España acumula 10.000 okupaciones de viviendas en el último año y medio: un tercio estaban habitadas.
Calle Bailarín Vicente Escudero de Valladolid.Calle Bailarín Vicente Escudero de Valladolid.GOOGLE STREET VIEW

El cadáver momificado de un hombre de unos 62 años ha sido encontrado a primera hora de la tarde de este domingo en el interior de una vivienda que intentaban ocupar varias personas en la ciudad de Valladolid, han informado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El hallazgo se ha producido en el interior de una vivienda situada en un bloque de pisos situado en el número 22 de la calle Bailarín Vicente Escudero y fueron los propios asaltantes quienes informaron del hecho a la Policía.

El primer análisis forense ha determinado una edad aproximada de 62 años y unos cinco desde el fallecimiento del hombre, datos que deberá corroborar la autopsia, según las mismas fuentes.

Casi 10.000 okupaciones en año y medio
España acumula 9.949 denuncias por okupaciones de viviendas en el último año y medio, de las cuales 3.646 (el 36,64%) estaban habitadas y 5.803 (el 58,23%) estaban vacías, según los últimos datos enviados al Congreso por el Ministerio del Interior.

Se trata de las cifras que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido a un grupo de diputados de Vox que se interesaron por la evolución de este fenómeno.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2575 en: 15 de Diciembre de 2022, 07:35:02 am »
La Audiencia Provincial absuelve a los 12 neonazis de Hogar Social acusados de atacar la mezquita de la M-30
EFE
Madrid
Actualizado Miércoles, 14 diciembre 2022 - 13:32

También absuelve a la líder del grupo, Melisa Domínguez, del delito de incitación al odio del que había sido acusada por el ataque a la mezquita en 2016 tras los atentados yihadistas de Bruselas


La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid (HSM), Melisa Domínguez, del delito de incitación al odio del que había sido acusada por el ataque que lideró contra la mezquita de la M-30 el 22 de marzo de 2016 después de los atentados yihadistas de Bruselas. Así consta en una sentencia en la que los magistrados exoneran a Melisa y a otros 11 integrantes del colectivo de los delitos de incitación al odio y desórdenes públicos. La Sala acuerda además declarar el 50% de las costas procesales de oficio y el otro 50% se lo impone a Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Durante el juicio, que se celebró el pasado mes de octubre, Melisa Domínguez, se reafirmó en la protesta de aquella noche frente a la mezquita por "financiar el yihadismo terrorista", manifestando que no se arrepentía de nada y que no cambiaría "ni una coma" del comunicado que entonces difundió por las redes sociales. Manifestó que se optó, sin que hubiera una planificación previa, por la Mezquita de la M-30 por la investigación que había en curso en la Audiencia Nacional publicada por varios medios y ante "los indicios de financiación del terrorismo a través de una especie de impuesto revolucionario al rezo". El fiscal acordó entonces mantener su solicitud de tres años de cárcel de condena para la líder de HSM por vincular el Islam con el yihadismo terrorista en la protesta que lideró el 22 de marzo de 2016.

La acción de Hogar Social Madrid consistió en una concentración en los alrededores del templo, colgando una pancarta en la pasarela de la M-30 en la que se podía leer; "Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid". En cada lado del cartel colocaron dos botes de humo. Tras ello, se difundieron las imágenes y un comunicado a través de las redes sociales, lo que generó, según el fiscal, cientos de comentarios islamófobos.

El fiscal, que solo acusaba a la líder del grupo, entiende que en su conjunto la acción global de protesta sustentó "un discurso del odio" que se llevó a las rede sociales y generó cientos de comentarios discriminatorios hacia el Islam y las personas que profesan esta religión.

La acusación particular, en nombre de Red Española de Inmigración y Ayuda al refugiado, solicitó 4 años de cárcel para Melisa por incitación al odio y desórdenes públicos. Al resto de encausados les pedía dos años de cárcel al resto de acusados por desórdenes públicos, con la agravante de incitación al odio.

Las defensas solicitaron al tribunal la libre absolución de sus patrocinados en la futura sentencia que se dicte ante la falta de pruebas del delito de desórdenes públicos. En su declaración, Melisa se reafirmó ante el tribunal de la acción cometida en las proximidades del centro islámico por "financiar el yihadismo terrorista". "No me arrepiento de contar una verdad", aseveró a los medios.

La concentración se produjo después de un ataque terrorista en Bruselas (Bélgica), en el aeropuerto internacional Zaventem y en la estación de metro Maelbeeck, con decenas de fallecidos y cientos de heridos.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2577 en: 20 de Diciembre de 2022, 16:02:48 pm »


La ONU condena a España a indemnizar a una familia 'ocupa' porque la Comunidad de Madrid le niega una vivienda pública


Richard, Josefa y sus tres hijas menores han sufrido nueve intentos de desalojo del piso de un banco que ocuparon por necesidad en 2015. El Comité de Naciones Unidas critica que no se les haya dado una vivienda social desde hace 15 años y que se le deniegue por estar ocupando. Es la octava reprimenda por vulnerar el derecho a la vivienda en la región.
     
Richard Rodríguez protesta junto a activistas de la PAH contra su noveno intento de desahucio, este lunes, a las puertas de la sede del fondo buitre Cerberus, en la calle Serrano de Madrid.
Richard Rodríguez durante una protesta contra su noveno intento de desahucio en las puertas de la sede del fondo buitre Cerberus, en la calle Serrano de Madrid. — Jairo Vargas
MADRID19/12/2022 11:30 ACTUALIZADO: 20/12/2022 08:09
JAIRO VARGAS MARTÍN
Hace ya más de cuatro años que Josefa Hernández y Ricardo Rodríguez llevaron su pelea por una vivienda digna ante las Naciones Unidas. Para entonces, ellos y sus hijas menores habían sufrido tres intentos de desahucio tras ocupar un piso vacío propiedad de un banco. Hoy, con nueve tentativas de desalojo a sus espaldas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la ONU les han dado la razón, ha reprendido a España —y en concreto a la Comunidad de Madrid— por vulnerar su derecho a una vivienda adecuada y exige que se les indemnice económicamente por ello.
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Según destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que forman parte los afectados, esta es la octava "condena a España por parte de Naciones Unidas por vulneración de derecho a la vivienda", y subraya que las siete anteriores también han sido en la Comunidad de Madrid, a la que el Comité DESC reprende por denegar a la familia una vivienda social por el simple hecho de residir ocupando un piso.

Thank you for watching

Fue en 2018 cuando la familia recurrió al Comité DESC de la ONU para intentar que su tercer desahucio fuera suspendido. Lo consiguieron con la ayuda la abogada Alejandra Jacinto, entonces portavoz de la PAH y ahora diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Hoy, el caso ha sido continuado por el abogado Javier Rubio, excompañero de Jacinto en el CAES, que ha sostenido que este caso es " jurídicamente muy representativo de situación estructural de vulneración de derecho a vivienda en la Comunidad de Madrid".

Protestas Desahucio
La ONU condena a España por violar el derecho a la vivienda de una familia con cuatro hijos
ANA MARÍA PASCUAL
Este comité de la ONU vela por el cumplimiento de un pacto internacional vinculante del que España es parte desde 2013. En concreto, este pacto rechaza los desalojos forzosos y obliga a las autoridades a facilitar una vivienda alternativa en caso de que se lleven a cabo cuando hay menores para evitar daños irreparables. En su caso, hubo tres peticiones de medidas cautelares por parte del comité para frenar su desalojo y garantizarles una vivienda adecuada.

Aquel fue un último recurso de una familia desesperada, con los padres en paro tras la gran recesión de 2018 y a la espera de una vivienda social que llevan solicitando sin éxito desde 2008. Su única alternativa, como la de otras muchas familias en su situación, fue ocupar una de las miles de viviendas que la gran oleada de desahucios hipotecarios había dejado en Madrid.

"En el momento extremo en que nos quedamos sin empleo, con 426 euros al mes, nos vimos contra la espada y la pared. La alimentación de nuestras hijas ya estaba en juego. Yo pensé como madre, jamás puse en balanza pagar alquiler o dar de comer a hijas. Y tampoco queríamos generar una deuda a nuestro casero", ha explicado Josefa durante la rueda de prensa de este lunes en el Consejo General de la Abogacía en Madrid, acompañada de portavoces de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, de Amnistía Internacional y del actor y director Juan Diego Botto, en cuya película En los márgenes actúa precisamente Richard.

Fotografía del letrado Javier Rubio. - Cedida
Javier Rubio, el abogado que consiguió retratar a España ante el mundo por dejar a la gente sin vivienda en la calle
DAVID VÁZQUEZ
Ocuparon la casa en 2015, y desde entonces siguen en ese pequeño apartamento del distrito de Villaverde. Hoy, el piso ya no es del banco BBVA; ha pasado a manos del fondo de inversión Cerberus, pero para Josefa, Richard y sus hijas nada ha cambiado: siguen esperando la próxima fecha de desahucio. "Esto que vivimos es un secuestro de vida, no tenemos vida, no podemos seguir estudiando ni trabajando, toda nuestra vida está en enfocada en conseguir una vivienda de alquiler asequible. Solo queremos salir de esta terrible situación", resumía Richard

"Con esta condena esperamos remover la conciencia, ver llegar a Ley de Vivienda y contar lo que ocurre en España. No se puede invisibilizar este hecho. Somo un ejemplo de familias venidas a menos socioeconómicamente, y tenemos que contarlo. No tenemos presente y el futuro es incierto.
¿Qué es lo que falla? ¿Qué se ha hecho para que un derecho se convierta en un delito? ¿No estamos volviendo locos como sociedad? ¿La política vive en otro mundo?", se pregunta Richard, al borde de llanto en la rueda de prensa.

Pese a sus reiterados intentos, nunca consiguieron negociar un alquiler social acorde a sus reducidos ingresos, ni con el banco ni con el fondo buitre. Si siguen en esa casa es gracias a varios dictámenes en su favor por parte del Comité DESC que la Audiencia Provincial de Madrid tuvo muy en cuenta para absolverlos parcialmente de un delito leve de usurpación.

Vecinos del barrio de Lavapiés y activistas antidesahucios se concentran para evitar el desahucio de Pepi, a quien un fondo de inversión inmobiliario quiere echar de su casa o aumentarle el alquiler de 400 a 1.400 euros al mes.-JAIRO VARGAS
Manual para suspender un desahucio por mandato de la ONU
JAIRO VARGAS
Sin vivienda social por ser 'ocupas'
El tribunal consideró que su "estado de necesidad, debido a su precariedad económica" era "más grave que la lesión del bien jurídico protegido", es decir, la vivienda vacía de un banco. Suspendió temporalmente aquel desalojo y dejó a la familia exenta de abonar una multa. Pero seguían sin una vivienda que pudieran considerar segura y a expensas de nuevas órdenes de desalojo. En total han sorteado ya nueve intentos, y temen que cuando decaiga el Real Decreto del Gobierno para aplazar determinados desalojos por causa de la pandemia, la familia se quede en la calle.

Negar una vivienda social por estar 'ocupando' es "incompatible" con el derecho a la vivienda, según la ONU
La resolución definitiva del Comité DESC, a la que ha tenido acceso Público, llegó el pasado 9 de noviembre, después de que España recurriera una primera condena. Alegó que los derechos de esta familia no se han vulnerado, ya que reciben una renta mínima garantizada de más de 800 euros al mes, que disfrutan de sanidad y educación gratuitas y que los tribunales han aplazado sus desalojos hasta el momento. Además, contrapuso España, la familia contaba con asesoramiento de los servicios sociales.

Todas son razones tenidas en cuenta por el comité, pero aún así mantiene la condena porque no han recibido una vivienda pública ni por parte de la Comunidad de Madrid ni por la del Ayuntamiento a pesar de que la han solicitado numerosas veces y reúnen todos los requisitos. De hecho, el Comité critica con dureza que la Comunidad de Madrid haya denegado varias de sus solicitudes de vivienda de emergencia social alegando que la familia ocupa un inmueble ajeno.

La Comunidad de Madrid no admitió la solicitud de vivienda pública de la familia en noviembre de 2017 por esta razón, tal y como establece el Decreto 52/2016, de 31 de mayo, que especifica los requisitos para acceder a vivienda de emergencias social. Uno de estos requisitos es "no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular".

El Comité DESC considera de que este requisito "puede perpetuar una situación ya precaria de personas en situación de necesidad", por lo que "es incompatible con la naturaleza del derecho a la vivienda adecuada". Recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ya lo tuvo en cuenta cuando absolvió al matrimonio por el delito de usurpación y que sin embargo, esto les impide cualquier posibilidad de solicitar vivienda social. "Eso es un círculo vicioso. Cuando intentas superar esa situación de ocupación, el mercado libre de alquiler es inaccesible y la vivienda publica también, porque se niega incluso que pueda solicitarse", apostilla Rubio.

Entre sus recomendaciones, el comité de Naciones Unidas recuerda que ya ha señalado la incompatibilidad de este requisito en anteriores ocasiones y pide a España que modifique esa regulación autonómica a fin de ajustarla al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2578 en: 20 de Diciembre de 2022, 17:26:57 pm »
¿La  ONU condena?

Pregunto ¿qué va a recibir esa familia gracias a esa condena?



La ONU condena a España a indemnizar a una familia 'ocupa' porque la Comunidad de Madrid le niega una vivienda pública


Richard, Josefa y sus tres hijas menores han sufrido nueve intentos de desalojo del piso de un banco que ocuparon por necesidad en 2015. El Comité de Naciones Unidas critica que no se les haya dado una vivienda social desde hace 15 años y que se le deniegue por estar ocupando. Es la octava reprimenda por vulnerar el derecho a la vivienda en la región.
     
Richard Rodríguez protesta junto a activistas de la PAH contra su noveno intento de desahucio, este lunes, a las puertas de la sede del fondo buitre Cerberus, en la calle Serrano de Madrid.
Richard Rodríguez durante una protesta contra su noveno intento de desahucio en las puertas de la sede del fondo buitre Cerberus, en la calle Serrano de Madrid. — Jairo Vargas
MADRID19/12/2022 11:30 ACTUALIZADO: 20/12/2022 08:09
JAIRO VARGAS MARTÍN
Hace ya más de cuatro años que Josefa Hernández y Ricardo Rodríguez llevaron su pelea por una vivienda digna ante las Naciones Unidas. Para entonces, ellos y sus hijas menores habían sufrido tres intentos de desahucio tras ocupar un piso vacío propiedad de un banco. Hoy, con nueve tentativas de desalojo a sus espaldas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la ONU les han dado la razón, ha reprendido a España —y en concreto a la Comunidad de Madrid— por vulnerar su derecho a una vivienda adecuada y exige que se les indemnice económicamente por ello.
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Según destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que forman parte los afectados, esta es la octava "condena a España por parte de Naciones Unidas por vulneración de derecho a la vivienda", y subraya que las siete anteriores también han sido en la Comunidad de Madrid, a la que el Comité DESC reprende por denegar a la familia una vivienda social por el simple hecho de residir ocupando un piso.

Thank you for watching

Fue en 2018 cuando la familia recurrió al Comité DESC de la ONU para intentar que su tercer desahucio fuera suspendido. Lo consiguieron con la ayuda la abogada Alejandra Jacinto, entonces portavoz de la PAH y ahora diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Hoy, el caso ha sido continuado por el abogado Javier Rubio, excompañero de Jacinto en el CAES, que ha sostenido que este caso es " jurídicamente muy representativo de situación estructural de vulneración de derecho a vivienda en la Comunidad de Madrid".

Protestas Desahucio
La ONU condena a España por violar el derecho a la vivienda de una familia con cuatro hijos
ANA MARÍA PASCUAL
Este comité de la ONU vela por el cumplimiento de un pacto internacional vinculante del que España es parte desde 2013. En concreto, este pacto rechaza los desalojos forzosos y obliga a las autoridades a facilitar una vivienda alternativa en caso de que se lleven a cabo cuando hay menores para evitar daños irreparables. En su caso, hubo tres peticiones de medidas cautelares por parte del comité para frenar su desalojo y garantizarles una vivienda adecuada.

Aquel fue un último recurso de una familia desesperada, con los padres en paro tras la gran recesión de 2018 y a la espera de una vivienda social que llevan solicitando sin éxito desde 2008. Su única alternativa, como la de otras muchas familias en su situación, fue ocupar una de las miles de viviendas que la gran oleada de desahucios hipotecarios había dejado en Madrid.

"En el momento extremo en que nos quedamos sin empleo, con 426 euros al mes, nos vimos contra la espada y la pared. La alimentación de nuestras hijas ya estaba en juego. Yo pensé como madre, jamás puse en balanza pagar alquiler o dar de comer a hijas. Y tampoco queríamos generar una deuda a nuestro casero", ha explicado Josefa durante la rueda de prensa de este lunes en el Consejo General de la Abogacía en Madrid, acompañada de portavoces de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, de Amnistía Internacional y del actor y director Juan Diego Botto, en cuya película En los márgenes actúa precisamente Richard.

Fotografía del letrado Javier Rubio. - Cedida
Javier Rubio, el abogado que consiguió retratar a España ante el mundo por dejar a la gente sin vivienda en la calle
DAVID VÁZQUEZ
Ocuparon la casa en 2015, y desde entonces siguen en ese pequeño apartamento del distrito de Villaverde. Hoy, el piso ya no es del banco BBVA; ha pasado a manos del fondo de inversión Cerberus, pero para Josefa, Richard y sus hijas nada ha cambiado: siguen esperando la próxima fecha de desahucio. "Esto que vivimos es un secuestro de vida, no tenemos vida, no podemos seguir estudiando ni trabajando, toda nuestra vida está en enfocada en conseguir una vivienda de alquiler asequible. Solo queremos salir de esta terrible situación", resumía Richard

"Con esta condena esperamos remover la conciencia, ver llegar a Ley de Vivienda y contar lo que ocurre en España. No se puede invisibilizar este hecho. Somo un ejemplo de familias venidas a menos socioeconómicamente, y tenemos que contarlo. No tenemos presente y el futuro es incierto.
¿Qué es lo que falla? ¿Qué se ha hecho para que un derecho se convierta en un delito? ¿No estamos volviendo locos como sociedad? ¿La política vive en otro mundo?", se pregunta Richard, al borde de llanto en la rueda de prensa.

Pese a sus reiterados intentos, nunca consiguieron negociar un alquiler social acorde a sus reducidos ingresos, ni con el banco ni con el fondo buitre. Si siguen en esa casa es gracias a varios dictámenes en su favor por parte del Comité DESC que la Audiencia Provincial de Madrid tuvo muy en cuenta para absolverlos parcialmente de un delito leve de usurpación.

Vecinos del barrio de Lavapiés y activistas antidesahucios se concentran para evitar el desahucio de Pepi, a quien un fondo de inversión inmobiliario quiere echar de su casa o aumentarle el alquiler de 400 a 1.400 euros al mes.-JAIRO VARGAS
Manual para suspender un desahucio por mandato de la ONU
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Sin vivienda social por ser 'ocupas'
El tribunal consideró que su "estado de necesidad, debido a su precariedad económica" era "más grave que la lesión del bien jurídico protegido", es decir, la vivienda vacía de un banco. Suspendió temporalmente aquel desalojo y dejó a la familia exenta de abonar una multa. Pero seguían sin una vivienda que pudieran considerar segura y a expensas de nuevas órdenes de desalojo. En total han sorteado ya nueve intentos, y temen que cuando decaiga el Real Decreto del Gobierno para aplazar determinados desalojos por causa de la pandemia, la familia se quede en la calle.

Negar una vivienda social por estar 'ocupando' es "incompatible" con el derecho a la vivienda, según la ONU
La resolución definitiva del Comité DESC, a la que ha tenido acceso Público, llegó el pasado 9 de noviembre, después de que España recurriera una primera condena. Alegó que los derechos de esta familia no se han vulnerado, ya que reciben una renta mínima garantizada de más de 800 euros al mes, que disfrutan de sanidad y educación gratuitas y que los tribunales han aplazado sus desalojos hasta el momento. Además, contrapuso España, la familia contaba con asesoramiento de los servicios sociales.

Todas son razones tenidas en cuenta por el comité, pero aún así mantiene la condena porque no han recibido una vivienda pública ni por parte de la Comunidad de Madrid ni por la del Ayuntamiento a pesar de que la han solicitado numerosas veces y reúnen todos los requisitos. De hecho, el Comité critica con dureza que la Comunidad de Madrid haya denegado varias de sus solicitudes de vivienda de emergencia social alegando que la familia ocupa un inmueble ajeno.

La Comunidad de Madrid no admitió la solicitud de vivienda pública de la familia en noviembre de 2017 por esta razón, tal y como establece el Decreto 52/2016, de 31 de mayo, que especifica los requisitos para acceder a vivienda de emergencias social. Uno de estos requisitos es "no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular".

El Comité DESC considera de que este requisito "puede perpetuar una situación ya precaria de personas en situación de necesidad", por lo que "es incompatible con la naturaleza del derecho a la vivienda adecuada". Recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ya lo tuvo en cuenta cuando absolvió al matrimonio por el delito de usurpación y que sin embargo, esto les impide cualquier posibilidad de solicitar vivienda social. "Eso es un círculo vicioso. Cuando intentas superar esa situación de ocupación, el mercado libre de alquiler es inaccesible y la vivienda publica también, porque se niega incluso que pueda solicitarse", apostilla Rubio.

Entre sus recomendaciones, el comité de Naciones Unidas recuerda que ya ha señalado la incompatibilidad de este requisito en anteriores ocasiones y pide a España que modifique esa regulación autonómica a fin de ajustarla al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2579 en: 26 de Diciembre de 2022, 08:30:53 am »
Nueva condena a trabajadores de una empresa ‘desokupa’: “Propinaron varios golpes y un empujón al denunciante”


El magistrado considera que la versión de los condenados, que aseguran que fue el afectado el que intentó agredirles, es “absolutamente inverosímil”: “Basta con ver la constitución física de ambos denunciados y la del denunciante”

La Justicia vuelve a señalar los métodos de las empresas desokupas. Una nueva sentencia ha condenado a dos trabajadores de la compañía Bastión Desokupación por un delito leve de lesiones y al pago de una indemnización de 350 euros, según el fallo al que ha accedido elDiario.es. Estos empleados ya fueron condenados por un delito leve de coacciones por la Audiencia Provincial de Madrid y también están siendo investigados en otra causa tras una denuncia por presuntos delitos de allanamiento y amenazas.