Las acampadas ilegales de Cibeles enfrentan a Ayuntamiento y Delegación
THOMAS GUALTIERI Madrid 26 SEP 2015 - 16:00 CEST
El desalojo de las dos acampadas de ideologías opuestas que compartían la plaza de Cibeles ha derivado en un choque institucional entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. La Policía Municipal desalojó el viernes, ya que no lo hacía la nacional, al colectivo izquierdista Acampada Mordaza y al grupo de ultraderecha Hogar Social Madrid. Pero ayer el concejal de Seguridad, José Javier Barbero, que no quería expulsar a los izquierdistas, indicó que el Consistorio tuvo que echar a los dos colectivos “por una cuestión preventiva”. El edil temía que, de no hacerlo, una manifestación ultraderechista que se celebra hoy acabase con incidentes frente al Ayuntamiento. Y le echa en cara a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, que no fuese ella quien lo hiciera.
La veintena de integrantes de Acampada Madrid llevaban 80 días en la puerta del Ayuntamiento protestando contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Pero el pasado lunes dejaron de estar solos porque una decena de miembros del colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid, acompañados por algunos indigentes españoles, se instalaron a unos metros de ellos. Acababan de ser desalojados de un edificio en el número 51 de la calle de José Abascal.
Desalojos y enfrentamientos vecinales
El desalojo del pasado lunes es solo el último de una larga serie que ha protagonizado el Hogar Social Madrid. El colectivo de ultraderecha, que aboga por ofrecer ayuda social solo a los ciudadanos españoles bajo el lema Derechos sociales para los nacionales, fue expulsado en septiembre de 2014 de los locales que okupaba en la calle Juan de Olías, en el distrito de Tetuán. El pasado 22 de diciembre colgó un vídeo en Internet, en el que anunciaba que se habían instalado en “un edificio ministerial para evidenciar el despilfarro del Estado”. Se refería a una finca en el número 41 de la calle Bretón de los Herreros, antigua sede del Ministerio de Trabajo, en Chamberí. La Asamblea Vecinal del barrio denunció “el mensaje oculto que difunden los neonazis, tratando de promover asistencialismo discriminatorio aprovechándose de familias españolas golpeadas por la crisis para difundir un proyecto político xenófobo, homófobo y racista”. En mayo el colectivo se instaló en el antiguo Forum Filatélico, de donde también fue expulsado.
En una carta dirigida a la Delegación de Gobierno, el concejal Barbero (Ahora Madrid) denunció la presencia del colectivo ultraderechista en la puerta del Consistorio. Subrayaba que “sus posiciones incitan a la vulneración de derechos y deberes y, más específicamente, a lo que son conocidos como delitos de odio”, y que “su simbología y sus conductas claramente expresan e incitan a la violencia”. Por ello, y por “las conductas de provocación”, y ante “el problema de orden público que supone su presencia”, instaba a la delegada, Concepción Dancausa, a tomar las medidas necesarias para solucionar “con la mayor brevedad” la situación.
Sin embargo, Dancausa no hizo nada. Solo expresó su “preocupación”, por lo que finalmente fue la Policía Municipal la que desalojó sin incidentes a ambos grupos en la madrugada del viernes.
Barbero explicó ayer que la operación se efectuó por una “cuestión preventiva” debido a “factores de riesgo”, ya que está prevista hoy una manifestación de Hogar Social Madrid en el distrito de Tetuán. Según Barbero, había riesgo de que los integrantes del colectivo llegasen hasta Cibeles para apoyar a sus compañeros si estos seguían allí y atacasen a los izquierdistas. “Es una cuestión de seguridad muy seria. El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado”, dijo el concejal.
El edil se comprometió a encontrar “una solución habitacional para que no duerman en la calle” los indigentes que acompañaban a los ultras en su acampada frente al Ayuntamiento. E insistió en que es a la Policía Nacional a quien le tocan “las cuestiones de seguridad pública”.
Dancausa reaccionó enseguida. “La Policía Nacional siempre ha velado por la seguridad. Es inaudito que se acuse a la delegación de mirar hacia otro lado. Es la única que ha cumplido desde el primer momento”, declaró ayer. Especificó que la policía identificó a todos los ultraderechistas porque infringían las leyes sobre el derecho de reunión y manifestación. “Desde el primer momento”, mantuvo la delegada, hubo un vehículo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) vigilando la plaza.
Y atacó a Barbero. “Esto lo dice alguien que ha consentido desde hace más de dos meses, sin tomar ninguna medida, una acampada [la de los izquierdistas] que va en contra de la normativa municipal”. Añadió que las competencias para intervenir son del Consistorio, “que tiene la obligación de cumplir las normas independientemente de las ideologías de quienes participan en ellas”.
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La delegada, además, confirmó que contactó previamente con el Ayuntamiento: “Es cierto que envié ayer [por el jueves] una carta a la alcaldesa transmitiéndole mi preocupación por esas acampadas”.
Barbero no dio por acabada ayer la polémica y colgó en la página web municipal diario.madrid.es una segunda misiva contra Dancausa. “Se trata de una falta de lealtad institucional” en una situación “que conlleva un problema, al menos potencial, de orden público”. El edil hizo hincapié en las diferencias entre un grupo “que no tiene ni una posición ni unas conductas violentas” y otro conocido como un colectivo “neonazi, que desprecia, insulta y agrede a personas simplemente por ser distintas”. “En esa ceremonia de la confusión”, insiste Barbero, “usted mete a los dos grupos que se manifiestan en la plaza de Cibeles en el mismo saco. Un error que no parece ingenuo”, acaba el edil que dirige la Policía Municipal de Madrid.
Leyes en apoyo de las dos versiones
La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, se apoya</MC> en el artículo 35.1 de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (2006), que afirma que al Ayuntamiento le corresponde “la protección y custodia de autoridades, edificios, instalaciones, dependencias, infraestructuras y equipamientos municipales, así como la colaboración con las Administraciones competentes en materia de seguridad”. Y atiende a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (1986), que afirma que la Policía Local debe “proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y la vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones”.
El Ayuntamiento, recuerda que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afirma que “las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública, en los términos establecidos en la ley”.
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