Condenada una familia a “arresto domiciliario” en el piso que okupó Miguel y Dara no salen de casa desde hace 33 días. No pueden ir a comprar comida ni llevar a su hijo de tres años al colegio
Miguel, Dara y su hijo se asoman a la ventana del piso que okupan. Uly Martín
Fran Serrato
Madrid - 25 MAR 2017 - 07:35 CET
Miguel y Dara no salen de casa desde hace 33 días. No pueden ir a comprar comida ni llevar a su hijo de tres años al colegio. Una juez condenó a la pareja a permanecer 45 días de arresto domiciliario en la vivienda que okupa desde finales de 2016 en la avenida de Entrevías. Inicialmente, ambos fueron sancionados con una multa de 540 euros (270 cada uno). Como no pudieron pagar en los tres días reglamentarios, la magistrada les aplicó el arresto de manera subsidiaria. La condena finaliza el 5 de abril a medianoche. Ese día deberán desalojar la casa y llevarse las pocas pertenencias con las que llegaron.
"No es una sentencia insólita. Comenzó a dictarse el año pasado, después de que las instituciones madrileñas acordaran agilizar los desalojos. En Vallecas hay dos parejas en la misma situación", afirma Diego Sanz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El activista explica que, al llevarse el procedimiento por vía penal, todo va "muy rápido" y la multa es sustituida por un arresto domiciliario cuando no hay posibilidad de pago.
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Para Miguel, de 25 años, "parece que ser pobre es un delito". Lo dice mientras observa la calle a través de la ventana de un salón casi desierto de muebles. "No queremos vivir gratis, estamos dispuestos a pagar, pero dentro de nuestras posibilidades", continúa. Por el momento, el único ingreso que tiene la pareja son los 587 euros que obtiene por la Renta Mínima de Inserción (RMI). Con ese dinero, sobreviven ambos y su niño de tres años, que se muestra muy cariñoso y juguetón. El piso, que encontraron sucio y abandonado según las fotos que guardan en su móvil de última generación, reluce ahora. Es la imagen de un joven matrimonio "feliz".
"Okupar es delito"
La pareja asegura que acudió a la sucursal de Bankia, situada en el bloque contiguo al que vive, para que les cobrara un alquiler social, pues el piso pertenece al banco. “Nos dijeron que no hablaban con okupas”, rememora Miguel. Una portavoz de la entidad no pudo confirmar este viernes que el piso les pertenezca, pero recordó que el banco puso ya a disposición del Fondo Social de Vivienda un parque de 2.000 pisos. "Okupar es un delito. A la gente que lo comete, de partida, no se le da la posibilidad del alquiler social".
500 desahucios menos que en 2015
Menguan los desahucios. Los alzamientos practicados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decrecen: en 2014 fueron 7.966; en 2015, 7.194, y en 2016, 6.674, según los datos ofrecidos por el Consejo del Poder Judicial.
Lanzamientos hipotecarios. De esos 6.674 desahucios, 1.657 se debieron a impagos de la hipoteca. Tres años antes se ejecutaron 2.657.
Arrendamientos urbanos. Otros lanzamientos se han practicado a inquilinos que no han pagado el alquiler. En 2016 fueron 4.760 en la Comunidad de Madrid. Tres años antes se ejecutaron 5.553.
Todo tipo de inmuebles. Los desahucios que recoge el CGPJ en su estadística no afectan solo a viviendas (habituales o no), sino a toda clase de inmuebles.
La desventura de esta familia comenzó en febrero de 2016, cuando tuvo que abandonar por impago una casa que tenía alquilada en la misma avenida de Entrevías (Vallecas). Ambos perdieron, a la vez, sus trabajos. Solicitaron entonces una solución a los servicios sociales (tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento), pero nunca obtuvieron respuesta. Con la urgencia de encontrar un techo, okuparon una vivienda en la calle de San Diego, que tuvieron que abandonar por presiones de los vecinos "cuando el banco gestionaba un alquiler social". Llegaron a la casa que ahora okupan a finales de 2016. Alguien del bloque les comunicó que la familia que vivía allí la había abandonado porque iba a ser desahuciada. "La gente de aquí nos conoce desde pequeños: somos del barrio", afirma Dara sentada en un sofá, frente al plasma que preside la estancia y que adquirieron cuando las cosas marchaban bien.
El arresto domiciliario comenzó el pasado 20 de febrero. "Días después, dejaron en libertad provisional a [Iñaki] Urdangarin, que se fue a Suiza. Lo primero que pensé fue que me había comido su condena y la mía", comenta, entristecido, Miguel. Dara incide: "No puedes confiar en la justicia porque hay un distinto rasero. Quien te tiene que ayudar, no lo hace". Sus padres le prestan auxilio, pero no pueden irse a vivir con ellos porque habitan en casas muy reducidas: "Tendríamos que dormir en el suelo".
Una firma cada día
Cada día, a horas alternas, una pareja de agentes municipales llega a la casa y les hace firmar. Si no estuvieran allí, incurrirían en un delito de quebrantamiento de condena. La pareja tampoco tiene permiso para llevar a su hijo al colegio. Lo hace la madre de Dara, pero hay días en que no puede. "Si ya estuviera en edad de escolarización obligatoria y se ausentara, perdería la custodia", solloza la joven. La madre de Dara también se encarga de llevarles la comida y de tirar la basura. "Estoy estudiando para el graduado escolar y los exámenes son el 27 de marzo, así que tampoco podré hacerlos", se queja Miguel, que presume de sus buenas notas en el trimestre anterior.
En la casa hace frío, pero no es eso lo que más preocupa a la pareja. "Estamos angustiados", subrayan. Insisten en que, hasta hace año y medio, trabajaban de dependientes y pagaban el alquiler de su casa. Todo cambió al perder el empleo. "La vida te cambia en un instante, le puede pasar a cualquiera. ¿Adónde iremos ahora, cuando nos echen?", solloza Dara. Mientras, fuera, ha comenzado a llover.
El drama de perder el hogar
Perder el hogar sigue siendo un drama social, recalca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un libro, La vivienda no es delito, recopila ahora las experiencias de personas que han perdido su casa y que luchan para que se cumpla el precepto constitucional que da derecho a una vivienda digna.
"Los desahucios están en números similares a los de 2013, en plena crisis, cuando se supone que estamos superándola", afirma Diego Sanz, portavoz de la plataforma en Vallecas. La PAH sostiene que a esos datos hay que sumar "los miles de desahucios invisibles de familias que se han visto obligadas a escoger entre la calle u okupar una vivienda", una acción que está penalizada como un delito de usurpación en el artículo 245.2 del Código Penal.
En abril del año pasado, la Policía Nacional habilitó un número de teléfono gratuito para que los madrileños denunciaran las okupaciones. Se creó también, a instancias de la Delegación del Gobierno en Madrid, un censo de estas viviendas, elaborado por un comisario antiokupa.
En solo tres meses, el número de denuncias superaba las 1.500. "Nos hemos encontrado muchos casos en los que una persona que está a punto de ser desahuciada alquila la casa a otra. Los nuevos inquilinos no son en realidad okupas", enfatiza Sanz para denunciar que muchas familias son víctimas de estafa. Luego está el negocio de las mafias, una actividad que ya denunció la Federación Regional de Asociación de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Solo este viernes, relata Diego Sanz, se paralizaron cuatro desahucios en la capital (dos en Vallecas, uno en Usera y otro en Tetuán) y otro más en Leganés.
