Polémica por los policías de paisano
Las autorizaciones para que policías locales de varios municipios importantes de Tenerife trabajen de paisano han generado en los últimos años ciertas tensiones entre los responsables de estos cuerpos y la Subdelegación del Gobierno, que, en base a informes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, determina si la demanda de cada ayuntamiento se ajusta a las necesidades o resulta excesiva.
Hasta ahora, las diferencias de criterio han surgido en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona y Adeje, fundamentalmente. En algún caso ya se ha resuelto el problema y en otros no ha habido acuerdos.
La Concejalía de Seguridad Ciudadana de la capital, que dirige Hilario Rodríguez, demanda el mayor número de permisos para policías de paisano. Su solicitud llega a 37 funcionarios en total, de los que 23 pertenecen a la Unipol y 14, al resto de la plantilla.
De dicha cifra global, la Subdelegación del Gobierno sólo permitió poco más de la mitad, que se dividen en siete para el Grupo de Respuesta a la Atención de la Mujer (Gramu), uno para la Fiscalía de Menores y, más recientemente, otros cinco para protección de autoridades fuera del municipio.
Rodríguez apunta que los servicios de paisano se planifican para lograr mayor eficacia y operatividad en determinadas acciones, "pero hemos encontrado, de forma continua, serios obstáculos" para conseguirlo.
Después de un intercambio de escritos entre el consistorio y la Subdelegación del Gobierno entre los meses de marzo de 2009 y 2010, el Ayuntamiento optó por acogerse a otra vía, que es la autorización expresa del alcalde, Miguel Zerolo, para permitir que los 37 agentes trabajen de paisano.
Hilario Rodríguez señala que se decidió ofrecer los "servicios de paisano, sin tener autorización de la Subdelegación del Gobierno de momento". Para ello se basan en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del año 2006, en la que se expresa que, si "el alcalde es el jefe de los funcionarios que forman parte de la Policía Municipal, no puede caber ninguna duda de que es dicho órgano, (?) el llamado a determinar cuando menos ab initio, qué tipo de servicios por la índole de su función (...) se presten sin el uniforme reglamentario".
La situación es diferente en La Laguna. Aunque a finales del año pasado aún no se las habían renovado, desde hace un par de meses cuentan con las autorizaciones.
En la Policía Local de Aguere existe un único grupo con esta demanda, la Unidad de Servicio de Paisano (USP), integrada por un mando y cinco agentes. Es decir, una cifra que dista considerablemente de las peticiones de la capital.
Los resultados de la USP están muy bien valorados por diversos colectivos sociales y logran objetivos interesantes, no sólo en seguridad ciudadana, sino también en el control de los problemas de menores, violencia de género, seguimiento del absentismo escolar o los contactos con grupos vecinales y comerciantes, según el portavoz del cuerpo municipal, Juan José Díaz.
Respecto a Arona, el consistorio solicitó permisos para una decena de agentes de paisano, pero la Subdelegación del Gobierno no se las ha concedido.
En enero se planteó, de nuevo, la necesidad de renovar las acreditaciones, pero tampoco se les ha contestado. Ahora, ningún policía local trabaja de paisano en Arona.
Una de las fuentes consultadas explicó que, cuando se preguntó por qué no se autorizaba esa labor, se les respondió que "estábamos rompiendo algunas operaciones del Cuerpo Nacional de Policía; algo que no es cierto, porque la Policía Local se centra en controlar la venta ambulante, el trapicheo de droga, la venta de estupefacientes en los alrededores de los colegios o los casos de menores", según una de las fuentes.
Aunque desde este periódico se trató de conocer la opinión de la Concejalía de Seguridad Ciudadana de Adeje, este extremo no fue posible.
Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron que los informes para autorizar a los policías de paisano corresponden al Cuerpo Nacional de Policía.
Al contactar con la Jefatura Superior de Policía de Canarias para preguntar por este asunto, la respuesta de la máxima responsable del Cuerpo Nacional de Policía en el Archipiélago, Concepción de Vega, fue que los permisos se daban por la Delegación del Gobierno.
