Juicio a un coronel interventor por supuestas irregularidades en comisiones de servicio
Está acusado de delitos de deslealtad y contra el patrimonio. Declararon ante el Tribunal Militar Central varios generales del Cuerpo Intervención y el almirante jefe de Rota
Aurelio Ruiz Enebral
05/05/26 | 13:00
Actualizado: 05/05/26 | 19:59
En el banquillo de los acusados de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central se sentó recientemente un coronel del Cuerpo Militar de Intervención. Se le juzgado por presuntos delitos económicos relacionados con comisiones de servicio cuando estaba destinado en Rota (Cádiz).
Condecoración controvertida en el Cuerpo Militar de Intervención
Investigaciones internas y denuncias en Rota
Tres procedimientos judiciales abiertos contra el coronel
Archivo de dos denuncias y continuidad de investigación
Juicio oral en el Tribunal Militar Central
Detalle de los delitos militares imputados
Declaraciones clave y postura de la defensa
Esperando la sentencia final del Tribunal Militar Central
Condecoración controvertida en el Cuerpo Militar de Intervención
Confidencial Digital contó en febrero de 2025 que en ámbitos militares había chocado que un coronel del Cuerpo Militar de Intervención (uno de los Cuerpos Comunes) había sido condecorado cuando tenía abiertas tres investigaciones judiciales.
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El Jefe de Estado Mayor del Aire (JEMA), general del Aire Francisco Braco, firmó el 18 de diciembre de 2024 una orden por la que se concedió la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a una larga lista, de diez páginas, de militares y también funcionarios civiles.
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El Ejército del Aire condecoró a un coronel cuando tenía tres causas judiciales abiertas
Entre los condecorados estaba un coronel del Cuerpo Militar de Intervención destinado en el Cuartel General del Aire (en Madrid) desde la segunda mitad de 2024.
Antes había estado al frente de la Jefatura Territorial de Intervención número 6, ubicada en Rota (Cádiz).
Investigaciones internas y denuncias en Rota
Durante la etapa de ese coronel en Rota, varias denuncias internas sobre él llegaron hasta el interventor general de la Defensa, por entonces el general de división interventor José Luis Gómez Corral.
El interventor general ordenó averiguar los hechos. Informó a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, y esta a su vez a la Fiscalía Togada, “por estimar que los hechos pudieran ser constitutivos de delito militar”.
La coronel fiscal jefe del Tribunal Militar Central solicitó incoar tres procedimientos distintos de diligencias previas sobre el coronel interventor.
Tres procedimientos judiciales abiertos contra el coronel
En primer lugar, consideró necesario aclarar los hechos sobre las “intensas presiones” que ese coronel podría haber ejercido sobre una teniente coronel y un subteniente de la Jefatura Territorial de Intervención número 6, de Rota, y sobre las bajas médicas en la unidad. Los afectados denunciaron acoso laboral.
Había también una denuncia sobre presuntas irregularidades en el reconocimiento médico para las pruebas físicas de ese coronel. La fiscal togado consideró que los hechos presuntamente imputables eran aparentemente constitutivos de un delito de deslealtad del artículo 55 del Código Penal Militar.
Así que solicitó incoar unas segundas diligencias previas, centradas en este asunto.
Por último, propuso otra pieza separada, terceras diligencias previas, sobre las comisiones de servicio que se habían autorizado al coronel. En este caso, contaba con información de la Dirección General de Asuntos Económicos de la Armada sobre posibles irregularidades cometidas en Rota por el coronel.
Se trataba de dinero que el coronel habría cobrado por viajes de trabajo. En el informe de la Fiscalía se citaba, por ejemplo, un traslado a Madrid para asistir a la imposición de la faja de general de brigada interventor a María Teresa Gordillo, a principios de octubre de 2023. Gordillo es la actual interventora general de la Defensa, sucedió en el cargo a Gómez del Corral.
“Las irregularidades denunciadas pueden constituir un presunto delito contra el patrimonio en el ámbito militar del Título V del Libro II del Código Penal Militar”, consideró la Fiscalía, y por eso solicitó la incoación de diligencias previas.
En total, pidió a los jueces militares abrir tres procedimientos de diligencias previas, y citar como investigado en ellos al coronel interventor.
Archivo de dos denuncias y continuidad de investigación
Se abrieron así tres investigaciones judiciales, en el ámbito de la jurisdicción militar, sobre ese coronel interventor.
Dos de ellas fueron archivadas en vía judicial: las denuncias de acoso laboral y el asunto del certificado de haber pasado el reconocimiento médico previa a las pruebas físicas que deben superar los militares periódicamente.
Pero el asunto de las comisiones de servicio se siguió investigando, hasta el punto de que, según ha confirmado Confidencial Digital, se celebró juicio oral hace unos días en el Tribunal Militar Central.
Juicio oral en el Tribunal Militar Central
Lo habitual es que los juicios por delitos militares se juzguen en los tribunales militares territoriales, de los que hay cinco, que se reparten la competencia por ámbitos territoriales.
Pero la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar establece que la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, con sede en Madrid, juzga los procedimientos “se instruyan por delito cometido en cualquier lugar del territorio nacional, o fuera de éste, cuando los inculpados, o el más caracterizado, siendo varios en un mismo procedimiento”, sean militares con empleo igual o superior a comandante o capitán de corbeta y sus asimilados cualquiera que sea su situación militar siempre que no hubieran sido condenados a pérdida de empleo o sancionados con separación del servicio.
En este caso, el acusado es coronel, y por eso se ha juzgado en el Tribunal Militar Central.
Detalle de los delitos militares imputados
Según distintas fuentes consultadas, este oficial del Cuerpo Militar de Intervención, destinado en el Cuartel General del Aire, ha sido juzgado por un delito de deslealtad en concurso con un delito contra el patrimonio en el ámbito militar.
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El artículo 55 del Código Penal militar castiga con la pena de seis meses a cuatro años de prisión al militar “que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa o expidiere certificado en sentido distinto al que le constare”.
Con ese tipo penal se castigan todo tipo de actuaciones: por ejemplo, trucar una muestra de orina en un test antidrogas.
A este coronel se le ha juzgado por un delito de deslealtad del artículo 55 en concurso con un delito contra el patrimonio, del artículo 83:
-- “El militar que, prevaliéndose de su condición, se procurase intereses en cualquier clase de contrato u operación que afecte a la Administración militar o cometiese el delito previsto en el artículo 441 del Código Penal, será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión, pudiendo imponerse, además la pena de pérdida de empleo”.
Concretamente, el Tribunal Militar Central tiene ahora que sentenciar si este coronel, como le acusaba la Fiscalía, cobró de forma irregular dos comisiones de servicio por traslados desde Rota, cuando era responsable de la Jefatura Territorial de Intervención número 6: por ejemplo, si le pagaron un billete de tren, y al mismo tiempo le abonaron la gasolina del coche, para el mismo viaje.
Declaraciones clave y postura de la defensa
En el juicio oral tuvieron que declarar militares de esa Jefatura Territorial de Intervención número 6, de Rota; generales y otros miembros de la Intervención General de la Defensa, que fueron quienes investigaron esas posibles irregularidades; e incluso el almirante jefe de la base naval de Rota, quien fue quien en algún caso nombró al coronel para esas comisiones de servicio.
Fuentes de la defensa del coronel interventor se muestran convencidos de que durante el juicio oral no se ha probado que cobrara dos veces por el mismo viaje, y sí ha quedado acreditado que el oficial realizó los viajes que le abonaron.
Apuntan que, en todo caso, la cuantía por la que se investiga al coronel es reducida, y que como mucho se debería haber investigado el caso por vía disciplinaria, y no elevarlo a la justicia militar.
Esperando la sentencia final del Tribunal Militar Central
El Tribunal Militar Central tiene ahora que dictar sentencia.
