Los guiños a funcionarios costarán 2.100 millones más de lo que dice el Gobierno
La Autoridad Fiscal duda de las cifras planteadas por el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad porque no encajan con el acuerdo firmado con los sindicatos.
Teresa Lázaro
24.05.2018 - 05:15
El Gobierno acaba de conseguir el respaldo del Congreso para sacar adelante el Presupuesto más expansivo de los últimos diez años. Las cuentas incluyen guiños electorales para jubilados y funcionarios, lo que obligará a hacer un buen desembolso al Ejecutivo. Si nos fijamos solo en la subida de sueldos a los empleados públicos, costará casi 2.700 millones en 2018 y unos 3.500 en 2019, según figura en el Programa de Estabilidad. Las partidas suben un poco si sumamos el aumento de la tasa de reposición.
Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no está de acuerdo. Cree que la combinación de estas medidas costará, al menos, 2.100 millones más de lo estimado por el Gobierno. El acuerdo, firmado a principios de marzo tras meses de negociaciones, fija una horquilla de subidas salariales entre un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,8% para el periodo 2018-2020.
En el informe sobre la actualización del programa, el organismo fiscalizador considera curioso que el Gobierno solo cuantifique la medida en 2018 y 2019 a pesar de que el acuerdo va un poco más allá, hasta 2020. Tampoco entiende que el crecimiento de la remuneración de asalariados que proyecta el Gobierno en 2018 sea menor que el de 2017 a pesar de las diferencias en las subidas salariales. En 2017 los salarios de los empleados públicos subieron solo un 1% y en 2018 un 1,75%.
La Autoridad Fiscal no se cree la senda de reducción del déficit que ha planteado el Gobierno en el Programa de Estabilidad
En definitiva, las cifras no cuadran. Quizá por esa razón la Autoridad Fiscalno se cree la senda de reducción del déficit que ha planteado el Gobierno, que pasa por reducir el desfase desde el 3,1% al 2,2% este año, al 1,3% en 2019, al 0,5% en 2020 y registrar un superávit de una décima en 2021. Esta senda, según fuentes del organismo fiscalizador, es "improbable", y va siendo cada vez más improbable según avanzan los años.
Esta es la explicación: La senda supone un ajuste del déficit en 3,2 puntos entre 2018 y 2021. Del total, solo ocho décimas se conseguirán a través de la mejora de ingresos y el resto, 2,4 puntos, tienen que venir de la reducción del gasto. Y es justo ahí donde ve muchos problemas la AIReF.
Y no solo la AIReF, Bruselas publicó este miércoles su valoración sobre el Presupuesto de 2018 y la actualización del Programa de Estabilidad y también puso en duda la senda de reducción del déficit fijada por el Gobierno. No va tan lejos como el organismo fiscalizador en su análisis, pero lo cierto es que a las autoridades comunitarias tampoco les cuadran las previsiones de gasto y dudan de la capacidad del Gobierno para reducirlo.
Medidas de ajuste
"Existe el riesgo de una desviación significativa del ajuste fiscal requerido en 2019", sostiene el informe, en el que se dice que el ajuste estructural anual el año que viene tendrá que ser del 0,65% del PIB, es decir, más de 7.500 millones de euros. De hecho, uno de los principales mensajes de la Comisión es que España debe estar preparada para actuar si es necesario para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales.
El Banco de España, que publicó su informe anual el martes, también contempla la posibilidad de que el Gobierno vuelva a incumplir el déficit y aprovechó para recordar al Ejecutivo que tiene margen para hacer más eficiente el gasto y para reorientar ciertas partidas. Eso sí, para el supervisor el problema no solo está en el gasto y también hay que revisar la cesta de impuestos para mejorar los ingresos. El IVA y los Impuestos Especiales podrían retocarse.
En definitiva, todos los organismos económicos dudan ya de la capacidad del Gobierno para cumplir las metas fiscales, sorbe todo teniendo en cuentas las medidas incluidas en los Presupuestos, que han convertido a las cuentas en las más expansivas de los últimos diez años. Para que es solo cuestión de tiempo que el Gobierno se vea obligado a anunciar ciertos ajustes para reconducir el déficit.