El sindicato de funcionarios pide un recorte de asesores: "Ganan más que catedráticos o médicos"
Es el único sector de la Administración Pública en el que sobra personal, según denuncia el secretario general de CSIF, Miguel Borra, en entrevista con 'Vozpópuli'
ALEJANDRA OLCESE
Miguel Borra (Zaragoza, 1968) es presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el principal sindicato de los empleados públicos (funcionarios y personal laboral) en España, desde el que persigue dos objetivos principales: aumentar la plantilla de las Administraciones Públicas (cree que hacen falta 100.000 empleados públicos más) y recuperar la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el colectivo desde el año 2010, con lo que se opone frontalmente a una posible congelación de salarios para el año que viene.
En una entrevista con Vozpópuli, Borra admite que la proliferación de asesores en el ámbito político, elegidos a dedo y con salarios más altos que otros colectivos como los médicos o catedráticos de Universidad, daña la imagen de los empleados públicos y crea una falsa sensación de que hay más de los que debería.
Pregunta. ¿Cómo está la plantilla de empleados públicos en España?
Respuesta. Arrastramos un déficit estructural en la inmensa mayoría de los servicios públicos. Este déficit viene desde los años en que hemos tenido tasas de reposición del 0% o del 10% –es decir, se jubilara quien se jubilara no se sustituía, no se sacaba la plaza- y en los servicios esenciales como sanidad, educación y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado teníamos un 10% -o sea, de cada diez médicos que se jubilaban se cubría uno-. Luego conseguimos que en 2016 esa tasa fuera del 50%, y ya con los acuerdos que firmamos con el Gobierno del Partido Popular en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, se consiguió que para los servicios esenciales la tasa fuera del 100% y prácticamente para el resto también.
En los últimos años no se han perdido puestos de trabajo, pero los que habíamos perdido hasta antes de la firma de esos acuerdos no se han recuperado. Las Administraciones del PP como las del PSOE han sido las responsables de esta descapitalización humana de las Administraciones Públicas.
P. ¿Cuántos empleados públicos faltan?
R. Es una pregunta compleja. Se han perdido en los últimos años unos 53.000 puestos de trabajo, a lo que tenemos que sumar 30.000 que se van a jubilar en este año. En la Sanidad hacemos una estimación de que sería necesario un mínimo de 25.000 trabajadores más ya para poder afrontar la pandemia. Tampoco estamos pidiendo mucho, es incrementar las plantillas un 5%, estamos siendo realistas, no es una carta a los Reyes Magos. Creemos que habría que incrementar las plantillas en un mínimo de 100.000 personas.
P. ¿Habría que reforzar también el sector educativo?
R. También. ¿Por qué Italia ha tenido el reingreso en las aulas sin mayores problemas? Porque Italia ha contratado 84.000 profesores. En España, algunas comunidades autónomas han contratado a algunos profesores pero estamos hablando de números que no se pueden acercar a las cifras de Italia. Contratar más profesores implica que las clases pueden ser de menos alumnos, con menores ratios, los profesores pueden estar más atentos, etc. Falta personal.
A los ciudadanos les ha costado mucho los recortes que hemos tenido los empleados públicos... ahora no hay médicos, no hay enfermeros, no hay docentes"
P. Aunque hay áreas en las que hay déficit de personal, como se ha visto con el SEPE, ¿hay también otras en las que sobren trabajadores?
R. No. Las Administraciones se están reconvirtiendo, lo que sí puede ser necesario es reconvertir determinados puestos de trabajo. Nos hacen falta personas que tengan más capacidades en nuevas tecnologías, entonces lo que hay que hacer es, para aquellos empleados públicos cuyos puestos redefinidos requieran nuevas capacidades, es hacerles cursos de formación, como hacen en todas las empresas.
Pero ha quedado demostrado que los recortes que hemos sufrido en personal en los últimos años no han salido gratis. Lamentablemente, a los ciudadanos les ha costado mucho los recortes que hemos tenido los empleados públicos. Ahora no hay médicos, no hay enfermeros, no hay docentes… porque tampoco podemos olvidar que la sociedad responde a los estímulos de la Administración. Si estás estudiando bachiller y escuchas que cada vez hay menos plazas, que no se contratan médicos, etcétera, descartas esa posibilidad. Hemos expulsado a mucha gente válida porque hemos estado muchos años sin convocar Ofertas Públicas de Empleo (OPE). Hemos perdido generaciones importantes que podían haber sido muy buenos médicos, muy buenos empleados públicos, pero que no han podido serlo por los recortes.
P. ¿Cómo se puede solucionar?
R. Llevando a la práctica los últimos acuerdos a los que llegamos con el PP en 2017 y 2018 que marcaban bajar la temporalidad del 23% al 8% como objetivo en 2021. Lamentablemente, según los datos de la última Encuesta de Población Activa, la temporalidad en el sector público llega al 27%, así que en vez de bajar está incrementándose, porque según datos nuestros más del 60% de las OPE que se tendrían que haber convocado o resuelto, o no se han convocado o no se han resuelto.
P. Ahora, en situación de crisis y dado el incremento que se ha producido del gasto público, ¿es mal momento para pedir una ampliación de la plantilla?
R. En este tema siempre hemos dicho que ni un empleado más de lo necesario, pero ni uno menos de lo imprescindible para prestar el servicio. Es decir, cuando la economía ha ido bien, nunca hemos estado a favor de esa multiplicación que han hecho los políticos de entes, empresas, asesores…
P. ¿Eso hace daño a la imagen de los empleados públicos?
R. Muchísimo. Cuando la economía va bien tiene que haber un número de empleados públicos, pero es que cuando la economía va mal tiene que haber el mismo número, ¿o es que la gente no se pone mala cuando la economía va mal? ¿o la gente no necesita la educación, la policía o la justicia cuando la economía va mal?
Partimos de la base de que la plantilla de los empleados públicos tendría que ser la necesaria, al margen de los criterios políticos, al servicio de los ciudadanos y para prestar un servicio. El análisis de las necesidades es independiente del ciclo económico.
Nosotros le hemos planteado al Gobierno que vamos a analizar qué necesidades tenemos y vamos a ver cómo lo llevamos a cabo. Entendemos que no se puede llevar a cabo en un solo ejercicio económico, pero planifiquémoslo. El otro día Pedro Sánchez dijo que tenía 40 meses de legislatura, vamos a planificarlo en tres ejercicios presupuestarios, aunque creo que si consiguen sacar adelante un Presupuesto tirarán con él toda la legislatura...
Nos encontramos que cuando la economía va mal no quieren hablar de nada y cuando va bien, tampoco. Nosotros tenemos el mismo discurso siempre. Ni cuando iba bien hemos pedido lo que no era necesario, ni ahora pedimos más de lo imprescindible.
¿Hacen falta 50-60 diputados provinciales con no sé cuántos asesores, no sé cuántos directores generales… con toda esa patulea que hay? No"
P. En ministerios, diputaciones… ¿también hace falta más personal?
R. Lo que es la Administración General del Estado está ya absolutamente bajo mínimos. Son unos 220.000 empleados públicos para todos los ministerios en toda España, que me digan de dónde se puede quitar.
En las diputaciones nosotros distinguimos tres aspectos: ¿las diputaciones son necesarias? Sí; ¿hacen falta diputados provinciales en las diputaciones? No; ¿qué es lo que hace falta? Las diputaciones prestan un servicio extraordinario a los municipios medianos y pequeños pero para asfaltar las carreteras o recoger las basuras, ¿hacen falta 50-60 diputados provinciales con no sé cuántos asesores, no sé cuántos directores generales… con toda esa patulea que hay? No.
Lo que hacen falta son los trabajadores que hacen los servicios. Los asesores son personal eventual, se definen como personal de confianza para desempeñar una determinada labor. En términos generales, ganan más que un catedrático de universidad o un médico, están elegidos de manera digital, y hay miles y miles y miles en todos los ámbitos.
P. ¿Asesores sí que sobran entonces?
R. Yo no dudo de que en el Congreso de los Diputados tiene que haber asesores, pero es que bajas a la Diputación provincial más pequeñita, y hay asesores. Vas a los Ayuntamientos y los tienes, por supuesto en Consejerías también… algunos harán su labor, no me cabe ninguna duda, pero tememos que otros ocupan un puesto de libre designación con el que los políticos realizan sus contrataciones precisas.
Eso crea en la sociedad un poco de duda. Siempre decimos que los empleados públicos son los de vigilancia aduanera, los de la Agencia Tributaria, los policías, los médicos, los maestros, los jueces, los fiscales, los que están detrás de la ventanilla, los carteros… estos somos los empleados públicos que hemos superado un proceso selectivo hasta para ser contratados.
Luego están los altos cargos, los asesores, los directores generales… que son puestos de libre designación y es una cosa totalmente distinta. Fíjate cómo será nuestro país, que hay comunidades autónomas que en la consejería de sanidad tienen más directores generales que hospitales hay en esa comunidad. Eso habría que recortarlo.
P. Otro reto que tienen ahora mismo es impedir la congelación de los sueldos que han anunciado algunos miembros del Gobierno...
R. Sí, este tema es muy sensible. Desde 2010 hasta ahora, arrastramos una pérdida de poder adquisitivo que va en una horquilla desde el 13,7% hasta el 18,7%. El cálculo está hecho descontando los años de deflación, contando que en 2019 y 2018 no hemos perdido, pero hemos recuperado muy poquito.
La ministra Calviño decía el otro día que hemos recuperado poder adquisitivo los últimos tres años. Es verdad que no hemos perdido ni en 2018 ni en 2019 y que en 2020 no perderemos, ¿pero por qué no se remonta usted hasta el último Gobierno de su partido? Lo que no podemos olvidar es que en 2010, Zapatero metió un recorte de entre el 5% y el 10% del salario de nuestras nóminas, la primera vez en la historia de nuestro país que se recortó el salario a los empleados públicos.
Este Gobierno el primer recorte del que ha hablado es el de los sueldos de los empleados públicos"
Los sueldos estuvieron en 2011 congelados, en 2012 congelados y con pérdida de paga extra que quitó Rajoy, en 2013 congelados, en 2014 congelados, en 2015 congelados, en 2016 subida del 1%, en 2017 subida del 1%, en 2018 subida de 1,75%, en 2019 subida de 2,25% y 2020 subida del 2%.
El tema salarial es un problema. ¿Por qué no hay médicos ni enfermeras? Porque se han ido a trabajar fuera, porque aquí les ofrecen contratos de una semana –la peor siempre, la de Navidad- o de meses –julio y agosto-, aun así nadie se queja, y encima tienen menos sueldo del que tenían sus compañeros en el año 2010 y pocas perspectivas de que haya una Oferta Pública de Empleo, a lo que se suma que cuando vienen mal dadas el primer colectivo en el que se fija el Gobierno para recortar es el empleo público.
Este Gobierno el primer recorte del que ha hablado es el de los sueldos de los empleados públicos, y si no vayamos a los periódicos. Muchos estudiantes no ven salida en el ámbito público porque el salario es el que es, hay precariedad y siempre estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza.
P. ¿Ahora tenéis que negociar con el Gobierno?
R. Sí, cuando se publicó y después de escuchar las cuatro declaraciones de cuatro ministros cada uno a su aire, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Función Pública y nos dijeron lo que nos tenían que decir: que no había nada encima de la mesa. El lunes tenemos una Mesa General con Función Pública, en la que estará la ministra, y ahí estará también un representante de cada comunidad autónoma, es la mayor mesa de las Administraciones y estaremos también CCOO, UGT y nosotros, en la que firmaremos el convenio de teletrabajo. No sabemos si ahí nos dirán algo aunque yo creo que no.
P. ¿Estaríais satisfechos si conseguís en vez de una congelación una subida con el IPC previsto?
R. No. Somos conscientes de la situación en la que estamos pero seguimos poniendo encima de la mesa que hemos perdido entre el 13,7 y el 18,7% de poder adquisitivo. Sabemos que la parte privada también ha sufrido y les defendemos, pero ahora estamos hablando de la parte pública.
Le vamos a plantear al Ministerio un plan de recuperación de poder adquisitivo para lo que queda de legislatura, en cuatro ejercicios presupuestarios recuperar el poder adquisitivo. Nuestro objetivo máximo sería recuperarlo todo. Buscamos un salario justo para que nuestros médicos no se vayan, nuestros docentes se sientan bien pagados, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cobren lo que tienen que cobrar, etc.
Una subida del 1% en el sueldo de los empleados públicos supone un gasto adicional de 1.750 millones de euros, ¿cuánto han costado los ERTE en lo que va de campaña?"
P. Para recuperar ese 18% en un escenario de máximos en cuatro años, haría falta una subida anual de más del 4%…
R. No sé cuánto pediremos. A lo mejor decir que pedimos una subida del 4% es abocarnos al fracaso así que veremos cómo va la negociación, qué garantías dan… me imagino que ellos ofertarán vincularlo al IPC, aunque está fuera del juego en casi todos los convenios. Eso nos parecía poco.
Aunque la masa salarial parece una cifra tremenda, una subida del 1% supone un gasto adicional de 1.750 millones de euros, ¿cuánto han costado los ERTE en lo que va de campaña? Es verdad que los ERTE son puntuales y esto es consolidable, pero cuando al ciudadano se le traslada que la solución de los problemas pasa por bajar el salario a los empleados públicos no es nada en comparación con lo que han costado los ERTE, no es nada en comparación con lo que cuesta el Ingreso Mínimo Vital… es que hemos pasado de los aplausos al anuncio de una congelación de los salarios públicos.
Además, en las Administraciones Públicas hay muchos salarios mileuristas. Cuando te dicen que el promedio de salarios es superior al de la empresa privada es mentira. El nivel salarial de la Administración es bajo.
P. Durante la pandemia hubo voces del mundo empresarial que pedían un ERTE del sector público, ¿qué opinan de eso?
R. Primero, el tema del ERTE por definición en la Administración no tiene sentido. En segundo lugar, había 515.000 sanitarios que no estaban teletrabajando, de los 2,6 millones de empleados públicos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios socio-sanitario, funcionarios de prisiones… todos esos también. En la Administración pasó lo mismo que en la empresa privada: que el que no podía teletrabajar estaba trabajando físicamente.
P. ¿Tienen una estimación de cuántos estaban teletrabajando?
R. No, es muy difícil saberlo. Habría que poner a un equipo de personas llamando a todas las Administraciones para preguntar.
P. Otro debate actualmente es sobre la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, ¿cuál es su postura?
R. Defendemos el modelo de clases pasivas, que rige para los funcionarios sólo, que es un modelo a extinguir porque en 2011 Zapatero se lo cargó al impedir que ningún nuevo funcionario entre al modelo de clases pasivas para la jubilación.
Creemos que hay que analizar las distintas opciones que hay en las Administraciones para ver las edades de jubilación. hay que mantener las jubilaciones anticipadas y parciales para dar entrada a gente más joven, que está expulsada del mercado laboral. Habrá 30.000 argumentos para negarlo, pero no tiene sentido que no dejemos trabajar a la gente hasta los 30 y tantos y tengamos a gente trabajando hasta los 67 o 70 años.
No estamos a favor de retrasar la edad de jubilación. Estamos a favor de la jubilación anticipada, parcial y por coeficientes correctores en determinados ámbitos.
más destacados es el de Reino Unido.
Boris Johnson se ha comprometido a poner en marcha una investigación independiente en torno a la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de su Gobierno. El país británico es una de las naciones del mundo que cuenta con un mayor índice de letalidad acumulado.
Algo similar es lo que ha ordenado el gobierno de Australia. El Auditor General del Estado, Grant Hehir, abrió en mayo una auditoría para poner en blanco sobre negro los contratos adjudicados por el Gobierno, por valor de 1.100 millones de dólares, para la compra de equipos de protección y otros productos sanitarios al inicio de la pandemia.
