ni el disfrute de los días de permiso extra por antigüedad (canosos) que no supone coste directo, pero que nada de nada.
Del texto de la CGT, a parte de cargar en varios puntos contra el colectivo policial, hace referencia a algo que nos afecta a todos los mayores y que parece quedar olvidado o diluido por tanto 25 por ciento y 44 días, como son los "canosos", algo a lo que no debemos renunciar y que debería ser reintegrado al igual que se pretende hacer con otras partidas sin tener por supuesto que esperar ni a demandas genéricas ni menos las individuales que tanto daño hicieron en el pasado.
Canosos si...pero para todos.
Una jueza reconoce a miles de funcionarios los días de antigüedad que les quitó Rajoy ErNE, sindicato mayoritario en la Ertzaintza, gana la batalla de los días de antigüedad de 1.200 agentes y pone a Urkullu en un brete presupuestario.
La jueza, que apunta que esos días de vacaciones "participan de la naturaleza propia del derecho al descanso", invoca jurisprudencia europea y del Supremo para apoyar su interpretación.
El impacto en los presupuestos puede incrementarse a lo largo de 2015 con la previsible oleada de demandas individuales en el resto de empleados públicos vascos.
Aitor Guenaga - Bilbao
28/11/2014 -
Los peores pronósticos para el Gobierno del lehendakari Urkullu en relación con los días de antigüedad para los funcionarios vascos se han confirmado. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao ha fallado en contra del Ejecutivo vasco en el litigio que mantenía abierto en la Ertzaintza -pero también en otros sectores de la Administración vasca- en relación a los días de antigüedad, según una sentencia a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. De esta manera, ErNE, sindicato mayoritario en la Ertzaintza, gana la batalla de los días de antigüedad de 1.200 agentes de la Ertzaintza. La sentencia es firme y no cabe recurso ordinario contra ella.
Estos días fueron arrebatados a los empleados públicos por el 'decretazo' del presidente Rajoy de julio de 2012. Un Real Decreto aprobado por la vía de urgencia por el Ejecutivo de Rajoy el 13 de julio de 2012 en sus primeras medidas de recortes para garantizar "la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad". La jueza, en cambio, considera en su sentencia de siete folios, fechada este jueves, que "en el ámbito funcionarial sí caben los derechos adquiridos". Invoca un auto del Tribunal Supremo del pasado 2 de abril en el que se señala que "el cambio legislativo es consustancial a la propia relación estatutaria", pero que eso "no significa que la categoría de los derechos adquiridos deba considerarse ajena al ámbito del personal estatutario, máxime cuando se trata de retribuciones económicas generadas y no percibidas".
La citada sentencia del Supremo se refiere precisamente a la paga extra de diciembre de 2012, un "derecho que se encuentra incorporado al patrimonio del funcionario". Como ahora los días de antigüedad, en el caso en litigio en Euskadi. Derechos "que no pueden ser privados por una regulación legal cuya constitucionalidad no se cuestiona, pero que llegó 44 días tarde y, por ello, afectó retroactivamente a derchos ya nacidos y consolidados", considera la jueza.
La magistrada admite en su resolución que la sentencia de Supremo se refiere a "esos derechos económicos generados y no percibidos" y no a los días adicionales de vacaciones por antigüedad, pero sostiene que ambos derechos -"los económicos y los derechos a un mayor tiempo de descanso"- nacen de la misma causa", es decir, del trabajo realizado a lo largo de un tiempo determinado. "Esta magistrada no alberga dudas sobre que el permiso de días de antigüedad tiene la naturaleza de vacaciones generadas a lo largo de los años de servicio" y por ello el 'decretazo' de Rajoy "no puede afectar a los días de antigüedad que el trabajador hubiera adquirido en su carrera administrativa hasta la entrada en vigor" del mismo "porque ello supondría una retroactividad propia o de grado máximo, prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución".
La sentencia, que implica a un total de 1.200 agentes de la policía vasca y por extensión a todos los ertzainas que hayan cumplido 18 años o más de servicio en la Ertzaintza, reconoce el derecho al disfrute de esos días de "vacaciones adicionales ganados por antigüedad en el propio año 2012" recortados por Rajoy. La jueza explica que "el hecho de que el permiso por días adicionales de vacaciones haya desaparecido" de la legislación vigente "no significa que haya desaparecido lo que se devengó con el paso del tiempo a lo largo de toda una carrera administrativa porque ello implicaría la retroactividad" del 'decretazo' de Rajoy, algo "que no es admisible en nuestro derecho al no constar en ninguna de sus disposiciones".
Impacto en los Presupuestos de 2015
Y abunda más la magistrada al apuntar que esos días de vacaciones "participan de la naturaleza propia del derecho al descanso", algo reconocido en tres cartas europea sobre derechos sociales y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un tiempo de descando que la jurisprudencia comunitaria, recuerda la jueza, que tiene el "sentido de la reposición de energias para la reanudación de la prestación laboral". Por ello estima parcialmente el recurso y declara que "sí ha lugar al disfrute de los días de vacaciones adicionale que se hubieren adquirido por antiguedad a fecha 15 de julio del 2012", no a los posteriores.
El impacto en los presupuestos puede incrementarse a lo largo de 2015 con la previsible oleada de demandas individuales en el resto de empleados públicos vascos. A los 50 millones de euros que ya va a tener que desembolsar el Ejecutivo vasco en 2015 por el 25% de la paga extraordinaria de 2012 que fue suprimida por orden de Rajoy, ahora se puede unir otro volumen importante de gasto o, en el caso de que se den los días, puede suponer que algunos servicios públicos (sanidad, educación o seguridad) se resienta por el volumen de horas que implica esta decisión judicial. La oleada de demandas individuales en el resto de empleados públicos vascos se da por hecha en fuentes sindicales. De hecho, en la vista oral que ha dado lugar a la actual sentencia había representantes del sindicato SATSE y otras centrales como UGT ya han mostrado también su intención de plantear sus propias reclamaciones en los diferentes sectores de la Administración vasca.
De unos 42.000 empleados publicos -sin contar Osakidetza, que es un ente público de derecho privado- el número total de funcionarios que pueden beneficiarse de esta resolución judicial son 23.757. Por sectores dependientes de la Función Pública del Ejecutivo vasco, los empleados públicos se reparten de esta manera: Educación (13.139 trabajadores), Administración general (4.344 trabajadores), Seguridad (6.202), Justicia (72). En total, 23.757 empleados públicos, según datos oficiales facilitados por Función Pública. A este número hay que sumar los trabajadores de Osakidetza -que cuenta con una plantilla estructural de 25.807- que tienen más de 18 años de antiguedad: en total 17.289. Es decir, que el cómputo total es de 41.046 empleados
