Barcelona, la que más conflictos acumula 18 de abril de 2017
Los municipios del cambio se enfrentan a la Policía Local
Feliciano Tisera @felitisera feliciano.tisera@bez.es #Política
 Europa Press
Los vientos de cambio político que soplan desde mediados de 2015 en varios de los ayuntamientos más importantes del país se encuentran con unas barreras: la de los policías locales. Acostumbrados a años de gobiernos de talante más conservador, a ciertos sectores de estas instituciones les cuesta enfrentar cambios que a veces van contra la tradición y otras veces rozan el límite de la legalidad.
Barcelona, Madrid, Zaragoza, Madrid, Cádiz, Valencia, Santiago de Compostela, son algunos de los grandes ayuntamientos del país que, tras las elecciones de 2015, quedaron en manos de partidos o coaliciones del cambio conformadas por movimientos de izquierda vecinalistas, ecologistas, generalmente junto a Podemos y sus versiones regionales (En Comú, las Mareas, Compromís...). En las dos mayores ciudades españolas, las alcaldesas acumulan contenciosos con sus respectivas policías.
Quien tiene una mayor conflictividad con la policía local es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que suma un enfrentamiento tras otro con la Guardia Urbana y otras fuerzas de seguridad del Estado. A raíz de esos problemas nació la Plataforma Profesional de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera, que aglutina a grupos descontentos con las políticas de En Comú. Aunque nacida en Cataluña, a esta plataforma se sumaron policías locales de todo el país, policías nacionales y guardias civiles.
La plataforma ya realizó en enero una manifestación en Barcelona en contra de lo que considera una "politización de la policía". La más sonada de las polémicas llegó con la ordenanza municipal 11/2017 que obligaba a la Guardia Urbana a prestar auxilio a los okupas que denuncien acoso por parte de particulares (como la controvertida empresa Desokupa) para que desalojen la vivienda usurpada.
“Colau quería que los policías cuidemos a los usurpadores”, señaló a bez.es Eugenio Zambrano, representante del sindicato CSI-F en la Guardia Urbana de Barcelona. El temor de este sector de la policía local tiene que ver, más allá de afinidades ideológicas, con quedar expuestos a una situación de indefensión jurídica por cumplir un reglamento municipal que, según ellos, choca con el orden constitucional.
El tema es complejo: las okupaciones no sólo se producen por carencia habitacional, también han surgido mafias que usurpan viviendas vacías y las alquilan. “El Ayuntamiento debería crear grupos colegiados de mediación, ya que la Guardia Urbana no puede resolver conflictos entre empresas ‘grises’ de desalojos y mafias okupas", agrega Zambrano. El Ayuntamiento barcelonés no respondió a las consultas de bez.es sobre este asunto.
En ese sentido, CSI-F logró un importante triunfo el mes pasado al aprobarse la derogación de esa ordenanza tras una moción del Partido Popular (PP), que contó con el voto favorable de CiU y de Ciudadanos y los votos en contra de Barcelona en Comú y de la CUP. La abstención de ERC y el abandono de la sala de los ediles del PSC permitieron el triunfo.
Otra de las quejas que presenta CSI-F respecto al consistorio de la ciudad condal es lo que consideran el incremento de la presencia de vendedores callejeros sin licencia, conocidos como manteros.
“Antes de Colau había unos 150, desde que asumió Barcelona En Comú tenemos entre 800 y 900”, dijo Zambrano.
Esta cuestión también creó roces entre sindicatos como CSIT, UPM y CPPM en Madrid. En ocasión de un incidente entre policías y manteros en los que un agente terminó con un corte en la cara, la portavoz municipal, Rita Maestre, señaló que se trató de un forcejeo y no una agresión, lo que desató el enfado de los policías que consideraron "intolerables" las declaraciones de Maestre.
Los polémicos datos personales
Una nueva polémica saltó en el Ayuntamiento barcelonés recientemente: la creación de un fichero con datos personales llamado "gestión de la unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana". CSI-F presentará esta semana una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ante la Justicia, según dijo a bez.es Eugenio Zambrano. "Si esos datos, que va a manejar una empresa privada, se conocen, pueden truncarte una carrera", reflexiona Zambrano.
Esos datos, que incluyen "características físicas o antropométriocas", "Estilos de vida", "suscripciones (revistas, webs)", y otros datos de protección especial como "ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud (enfermedades, discapacidades...), vida sexual", serán tratados por la empresa que se adjudique los pliegos.
Aunque Madrid no tiene el nivel de conflictividad que Barcelona con la policía local, aún se recuerdan los insultos de policías locales hacia el concejal responsable de Seguridad del Ayuntamiento, Javier Barbero, quien a su vez les habría llamado "fascistas", lo cual motivó una demanda judicial por parte del sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM).
Emiliano Herrero, representante de CCOO en la policía local de Madrid, deja clara, sin embargo, una postura divergente en el mismo seno de la policía local de la capital. Por ejemplo, su sindicato es menos crítico con la gestión de la alcaldesa, Manuela Carmena, reivindicando, por ejemplo la creación de la Unidad de Convivencia, Delitos de Odio y Discriminación.
Reconoce, eso sí, que hay cosas que no han cambiado respecto a gestiones anteriores, como los métodos de medición de la productividad, algunos de los cuales generaron polémica al utilizarse parámetros numéricos, algo que podría llevar a que se hicieran detenciones arbitrarias. En este sentido, asociaciones de inmigrantes manifestaron quejas sobre razzias en barrios multiculturales como Lavapiés en busca de inmigrantes sin su documentación en regla para cumplir con las ratios de detenciones impuestas.
“Los criterios de medición deben cambiarse, podría medirse la presencia policial en las calles, porque es mejor prevenir que detener, el parámetro represivo es un error", dice Herrero a bez.es.
Este mes, los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y CSIT emitieron un comunicado conjunto en referencia a discrepancias laborales con la Dirección de Policía de Madrid, en el que calificaron al Ayuntamiento de llevar a cabo "una política restrictiva y discriminatoria".
Los sindicatos de clase y los sectoriales están de acuerdo en que hay carencia de personal de entre 600 y 1.000 efectivos en la capital. La plantilla, 6.000 agentes, es una cifra "irrisoria", según CSIT.
“Hay una merma en el servicio”, dijo Emiliano Herrero, de CCOO, una situación especialmente delicada en Madrid, ciudad con muchos eventos y actividades que por eso tiene unas necesidades de personal aún mayores que las que le corresponden sólo por su cantidad de habitantes. No fue posible contactar con un portavoz del Ayuntamiento de Madrid para comentar el asunto.
