varios MANDOS APOYARON A LOS RADICALES
Los CDR okupan la alcaldía de Sabadell ante la indolencia de la Guardia Urbana
Sucedió el pasado 15 de junio, cuando varios encapuchados y decenas de personas vagaron por las dependencias municipales mientras que varios mandos ordenaban no actuar
Autor
A. Fernández. Barcelona
03/07/2018 05:00
La Guardia Urbana de Sabadell permitió que un grupo desconocido de personas (entre las que había menores) vagase por las dependencias municipales durante un fin de semana y no identificó a ninguno de los okupas. Fue el pasado 15 de junio, cuando un numeroso grupo de independentistas tomó las instalaciones del ayuntamiento de esta localidad barcelonesa hasta el 16 por la noche, cuando el alcalde, Maties Serracant, logró convencerles de que debían desalojar el consistorio porque, de lo contrario, le pondrían en un aprieto.
Para entonces, algunas de esas personas habían entrado en despachos donde se acumulan expedientes confidenciales y no se descarta que se pudieran haber llevado copias de algunos de esos documentos. Pero ¿quiénes eran los okupas? Miembros del comité de defensa de la república (CDR) de Sabadell que exigían que el ayuntamiento de esta localidad barcelonesa “impulse la república”.
En otras palabras, son camaradas del propio alcalde, que gobierna gracias a un pacto a cuatro bandas entre Crida per Sabadell (la plataforma de la que él forma parte, controlada por la CUP), ERC, Unitat pel Canvi Sabadell-Entesa y Guanyem Sabadell.
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Lo grave del caso es que los mandos de la Guardia Urbana impidieron a agentes uniformados proteger las dependencias municipales. A las 18:48 de la tarde del viernes 15 de junio, un alto cargo de la policía local llamaba a sus subordinados para ordenarles que “ninguna unidad uniformada se acerque al ayuntamiento”. Quien llamaba era la subinspectora Pepita Llonch (que fue la jefa de la policía entre 2015 y 2016 y ahora es la segunda, por debajo del intendente Juan Antonio Quesada). Llonch, cuyo nombre en el argot policial era Charly 5, se comunicó con Fénix, uno de sus subordinados, y le dijo que ella se encontraba “in situ' en el lugar” y que se hacía cargo de todo. Su subordinado le acababa de confirmar que dos unidades de prevención se encontraban a 100 metros y que podrían estar en cuestión de minutos para proteger el consistorio.
La negativa de Llonch supuso dejar hacer, dejar okupar y dejar vagar a los radicales por las dependencias del consistorio, al que habían entrado incluso cuatro encapuchados, que fueron los que accedieron a despachos de funcionarios. Esos encapuchados intentaron colgar una gran pancarta en la fachada del edificio que, para colmo, se les cayó.
Órdenes para no identificar
Con la inactividad de la policía municipal, se puso en riesgo no solo la honorabilidad del cuerpo policial —que no identificó a los okupas ni a los encapuchados que accedieron a despachos privados del ayuntamiento— sino la guardia y custodia de documentos. “No se identificó a nadie por órdenes políticas”, afirma un miembro de la oposición a El Confidencial.
La subinspectora Llonch es madre de Anna Lara Llonch, número seis por Crida per Sabadell
Y es que todo quedaba en familia: la subinspectora Llonch es la madre de Anna Lara Llonch, número seis en la lista de la Crida per Sabadell, que no pudo conseguir acta de concejala pero que sí es portavoz de la organización, junto al alcalde, Serracant. Por si fuera poco, otro mando de la Guardia Urbana, Ferran Lara, es el padre de la dirigente política. Lara fue el encargado de comunicar al alcalde, el sábado por la noche, que los okupas, por fin, habían dejado las dependencias municipales. Eran las 19:41 del 16 de junio cuando realizó esa comunicación. Lara es uno de los guardias urbanos que acompañaron a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esta circunstancia fue denunciada públicamente en un comunicado por el Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-Cat).
Pero lo cierto es que la noche del 15 de junio, una treintena de okupas pernoctaron en el edificio. Su intención era estar todo el fin de semana en el consistorio, pero ante el revuelo formado y las fotografías de los encapuchados, el mismo sábado intervino el alcalde para decir a los concentrados que tenían que irse o deberían ser identificados. El mismo día, los partidos políticos de la oposición comenzaron a presionar y a preguntar al alcalde cómo era posible que estuviese el ayuntamiento abierto y okupado, y la situación se hizo insostenible. Lo menos que podían hacer tanto el partido del Gobierno como la Guardia Urbana era identificar a las personas que estaban dentro del edificio, cosa que no habían realizado hasta ese momento y que podría ser motivo de denuncia por prevaricación y dejación de funciones. La negociación de Serracant, que estaba entre la espada y la pared, no dio su fruto hasta última hora del sábado.
Desmentido del ayuntamiento
Posteriormente, en el siguiente pleno municipal, los partidos que gobiernan Sabadell defendieron la resolución del conflicto porque el alcalde había gestionado la situación “con el diálogo y no a hostias, como se hace en otros sitios”. Incluso desde ERC se justificó el tema diciendo que fue un episodio aislado “en un contexto de excepcionalidad política. No criminalicemos a sus autores”. Pero desde la oposición se plantearon dudas razonables: “Si viniese un colectivo de otra ideología, ¿habría actuado igual?”, le preguntaron al alcalde. Pregunta que quedó sin responder.
Desde ERC se justificó el tema diciendo que fue un episodio aislado "en un contexto de excepcionalidad política. No criminalicemos a sus autores"
Fuentes oficiales del ayuntamiento negaron a El Confidencial que se hubiese producido alguna irregularidad en la okupación. Es más: tiraron balones fuera negando que los subinspectores Lara y Llonch tuviesen algo que ver. “Todo es mentira. No hubo ninguna orden. Esas dos personas no están en el organigrama desde hace dos años y en estos momentos no ocupan ningún cargo”, aseguraron las fuentes, contradiciendo los testimonios recogidos y los documentos en poder de este diario.
Es más: hace poco más de un año, la Associació de Policies Units (APU), un sindicato del colectivo de la policía local de la localidad que agrupa a 80 de los 200 agentes, recogió firmas para pedir al alcalde que cesase a la cúpula policial, formada por Quesada, Lara y Llonch, por considerar que el modelo de policía que quieren desarrollar no encajaba con los efectivos humanos de los que dispone el cuerpo.
