La policía de Terrassa ‘empura’ a su alcalde por el ministerio de las multas desaparecidas
Acusan a Jordi Ballart de tráfico de influencias y llevan el caso a Fiscalía; desaparecieron dos denuncias durante el confinamiento y él dijo en redes que lo gestionaría
23 julio, 2020 02:15
David López Frías @lopezfrias
Sucedió en Terrassa (Barcelona) a principios de la pandemia, en la fase más dura del confinamiento. Cuando la gente aplaudía a las 8 y en los balcones se pinchaba música para amenizar. Un par de vecinos del barrio de Can Roca rompían el encierro cada tarde para salir por las calles del norte de la ciudad con sus vehículos, con un camión y una moto, para animar a los vecinos con su claxon. La Policia Municipal hizo su trabajo y les puso una multa. Varios vecinos protestaron esas denuncias por redes sociales, el alcalde Jordi Ballart dijo que lo gestionaría… y las denuncias, misteriosamente, desaparecieron.
Ahora, el asunto está en manos de la Fiscalía. Lo ha llevado el SPL-CME, un sindicato de la Policía Local de Terrassa, ha decidido llegar hasta el final del caso de las denuncias desaparecidas. “Hemos presentado toda la información y las pruebas sobre el caso de dos vecinos que se saltaron el estado de alarma. La versión del gobierno local, que sostiene que fue un error, no nos convenció. Así, ante la posibilidad de que se haya dado un presunto delito de tráfico de influencias, hemos trasladado los hechos a la justicia”, afirman desde el sindicato.
Ni se lo cree la policía, ni se lo cree la oposición, que ha forzado a que se convoque una comisión de transparencia y ha arremetido con dureza contra el alcalde Jordi Ballart, exmilitante del PSC que se dio de baja del partido cuando el gobierno español aplicó el 155 en Cataluña. Ahora, con su nueva formación independiente, la única que logró romper la hegemonía socialista en el consistorio egarense (el PSC gobernaba desde que se instauró la democracia) se enfrenta a su primer gran escándalo.
Cronología de los hechos
El 12 de abril, con la pandemia apretando y España confinada en sus hogares, la Policía Local de Terrassa procede a realizar dos intervenciones en la vía pública, ambas por el mismo motivo: dos personas que se saltaban el encierro para salir con sus vehículos a la calle a tocar el claxon. Uno a bordo de una Harley-Davidson y otro a bordo de la cabeza tractora de un camión. Dos vecinos de Can Roca que llevaban a cabo estas iniciativas para, decían, animar a la población. Durante las intervenciones, uno de los denunciados se mostró especialmente irrespetuoso con los agentes que le multaban, según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL.
Horas más tarde, algunos vecinos de la zona empiezan a difundir por redes fotos de la policía sancionando al camionero. Protestan porque creen que las multas son injustas. El alcalde, Jordi Ballart (ex del PSC y ahora liderando una formación local llamada Tot per Terrassa) sale al paso en Twitter y anuncia que lo va a gestionar. “Como policías nos indignaron sus respuestas, pero al ser denuncias que no se tramitan ni instruyen en el Ayuntamiento, estábamos tranquilos”, declaran fuentes policiales.
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Dos días más tarde, se empiezan a compartir por redes sociales unos pantallazos con conversaciones que el alcalde ha mantenido con vecinos que le han protestado por las denuncias. “Nos parece vergonzoso que se esté multando al camión y a la moto (…) estas personas no hacen nada malo, sólo buscan durante 5 minutos alegrarnos a todos”, le escribía una vecina de la zona. En todos los casos, el alcalde respondía dando la razón a los vecinos indignados y adelantaba que estaba gestionando el tema: “Tienes razón” o “Estoy de acuerdo contigo y estoy gestionando el tema” eran algunas de las respuestas del primer edil a la presión popular. Afirma, por último, que está buscando el teléfono de los denunciados y que el concejal de Seguridad los va a llamar.
La denuncias desaparecidas
El 7 de mayo, habiéndose registrado numerosos casos de terrasenses saltándose el confinamiento (2.600), efectivos de la policía empiezan una tarea de seguimiento de las denuncias. Cuando buscan las sanciones del camionero y el motero, se percatan de que no están. Las denuncias no fueron escaneadas y esa es la primera irregularidad, porque es un proceso que se realiza a diario con las nuevas sanciones. Los agentes piden las denuncias a Atestados y allí les informan de que no están. Las denuncias han desaparecido.
Desde la Policía Local empiezan a recopilar información sobre el caso al día siguiente, el 8 de mayo. Tanto de las denuncias como de las conversaciones pública del alcalde. “Los cabos del turno de la tarde se enteran e informan a los superiores. Por la tarde, contra todo pronóstico, aparecen las denuncias por sorpresa. Estaban en la mesa del subinspector Julio, que llega con ellas en las manos y pide que se tramiten con urgencia”, explican fuentes policiales a este diario. Los agentes, que no lo ven claro, deciden poner el caso en manos de los servicios jurídicos consistoriales y formulan una serie de consultas.
El 9 de mayo, los agentes reciben una respuesta a sus requerimientos vía email: es del Intendiente Mayor, que les comunica que nadie ha ordenado que se retiren esas sanciones y da el caso por cerrado. Pero el 10 de mayo, el subinspector Julio reconoce a los agentes que las denuncias las había cogido y guardado él. “Que un funcionario público de la policía se acerque a un montón de denuncias, coja dos en concreto y las oculte, podría constituir infracciones penales como administrativas”, declaran los agentes. No se pueden retirar multas a la carta.
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Al día siguiente, 11 de mayo, mantienen una reunión con el Intendente Mayor, el mismo que daba el caso por cerrado dos días antes. Ahí reconoce que desde el Ayuntamiento les llamaron a él y al subinspector Julio, pero que ellos siempre advirtieron de que las denuncias se iban a tramitar, según esgrimieron en su defensa. Desde entonces, la policía ha solicitado el informe interno varias veces, para saber cuál es la versión del Ayuntamiento, pero no les han respondido.
Un error
El gobierno se defiende diciendo que fue un error. Que la denuncias se retiraron del curso habitual para ser comprobadas, pero que en ningún caso nadie dio la orden de que se retiraran, y que ellos informaron en todo momento de que se iban a hacer efectivas. “El tema estaba generando mucho ruido en las redes y yo quería comprobar que las denuncias técnicamente eran correctas, para evitar más problemas. Sólo por eso. El problema es que luego se quedaron encima de la mesa. Fue un simple error, un descuido”, declaraba el concejal de la Policía, Xavier Rivero.
Una explicación que no convence prácticamente a nadie. Desde la policía no entienden cómo solamente esas dos denuncias fueron objeto de comprobación, por qué se quedaron en una mesa y por qué nadie reparó en el error hasta que la propia Policía Local intervino para advertir de la irregularidad. Se da la circunstancia, además, de que Terrassa es la ciudad con menor ratio de efectivos de la Policía Local de España en municipios de más de 80.000 personas. Los agentes trabajan en precario y además tienen que estar solventando los ‘errores’ del gobierno.
La oposición tampoco se cree nada. “No lo han explicado porque no hay manera de explicarlo. Estamos ante una irregularidad flagrante. No se entiende que de 2.600 denuncias solamente desaparezcan dos, las que le interesan al alcalde”, protestó el concejal de unts per Terrassa Miquel Samper. “Compartimos con el sindicato la posibilidad de investigar un presunto delito de tráfico de influencias; es evidente que hay una relación causal y lo investigará la Fiscalía”, sentenciaba Javier González, edil de Ciudadanos. “No se entiende que desaparezcan estas denuncias y no otras y las explicaciones del gobierno no han sido satisfactorias”, remataba el exalcalde socialista Alfredo Vega, que compartió equipo con Ballart cuando ambos estaban en el PSC.
Mientras algunos vecinos siguen clamando por lo justo o injusto de aquellas denuncias, el caso sigue su curso y está en manos de la Fiscalía de Terrassa. El gobierno que venía a cambiar las cosas en Terrassa, tras 40 años de gobierno del PSC, se enfrenta a su primer gran escándalo, un presunto caso de tráfico de influencias que ha tenido que destapar la policía con menos efectivos de España.
