Autor Tema: Policía, alcaldes y concejales  (Leído 299703 veces)

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2120 en: 05 de Mayo de 2022, 08:58:32 am »
https://twitter.com/JacomeIsFake/status/1521411572073181186?t=8XJbt1l6x2lU3XtEI1xCpg&s=19



CCOO denunciará al alcalde de Ourense por el altercado con una sindicalista

 El sindicato ha asegurado que el suceso fue "antidemocrático", "autoritario" y "machista" y ha calificado al alcalde de Orense como "un auténtico provocador"
 Desde CCOO han convocado para esta tarde a las 20:00 horas una sentada ante el Ayuntamiento de Ourense, donde se produjo la agresión





Momento del empujón del alcalde de Ourense a una sindicalista.
Momento del empujón del alcalde de Ourense a una sindicalista.
infoLibre

4 de mayo de 2022 19:12h
El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado que presentará esta semana una denuncia contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Orensana), por el altercado con la sindicalista a la que empujó en la primera jornada de huelga de transportes urbanos de la ciudad, informa Europa Press.

En concreto, el incidente se produjo el martes, cuando la sindicalista acercó el megáfono al regidor municipal, según su versión, "de buena fe" entendiendo que "bajaba a dar la cara". Con todo, el alcalde respondió empujándola porque "temía una agresión acústica" al tener el megáfono "a 10 centímetros del oído".

Este é o "alcalde letal" que goberna a capital de Ourense grazas o apoio do PP. Un PP o que lle vale todo para manterse no poder, aínda que haxa que andar a empurróns coa cidadanía. É unha vergoña! pic.twitter.com/FwxnV5Vjts

— Ana Pontón (@anaponton) 3 de mayo de 2022
Tras el incidente, el regidor publicó un vídeo a través de su redes sociales en el que asegura que el suceso fue una "contingencia de Alcaldía" y que "si hubiese tenido un par de segundos más para pensar igual hubiese hecho otra cosa", pero que actuó "en defensa propia" porque temía "la ruptura del tímpano".

Así las cosas, pocas horas después, la sindicalista avanzó que denunciaría lo ocurrido aunque tuviese que ser a título personal. Con todo, no será necesario porque cuenta con el apoyo de su sindicato, Comisiones Obreras, que ha anunciado este miércoles que presentará en el juzgado de guardia una denuncia penal contra el regidor municipal por su actuación. Así lo ha hecho saber la secretaria comarcal, Ana Barrios, que ha trasladado que el sindicato "condena enérgicamente la actitud violenta del alcalde hacia su compañera, Lola Panero".

De este modo, Barrios ha asegurado que el suceso fue "antidemocrático", "autoritario" y "machista" y ha calificado al alcalde de Ourense como "un auténtico provocador". Además, ha insistido en que está "convencida" de que "si fuese un hombre no se hubiese atrevido". En este sentido, ha explicado que Panadero es conocida en la ciudad por llevar más de 20 años "animando" todas las manifestaciones sin haberse visto nunca envuelta en un incidente de este tipo.

Jácome "no debe seguir en la alcaldía"
A la rueda de prensa también ha acudido la secretaria xeral de CCOO Galicia, Amelia Pérez, quien ha considerado que Gonzalo Pérez Jácome no debe seguir en la alcaldía. "No nos podemos escudar en los juegos de mayorías y minorías para perpetuar esta situación", ha sostenido para asegurar también que "no se puede permitir que una ciudad esté continuamente en los medios de comunicación por este tipo de sucesos".

Para ello, ha pedido que el Partido Popular, como socio de gobierno de Pérez Jácome, tome una decisión y ha personalizado la solicitud en el futuro responsable del partido en Galicia, Alfonso Rueda, a quien ha instado a "tomar la primera decisión de su mandato" convencida de que los populares "no pueden seguir sustentando un personaje antidemocrático".

Además, el sindicato ha criticado que no basta con trasladar la condena a la agresión como han hecho todos los grupos políticos de la corporación, a excepción, han recordado, de Democracia Orensana, el partido del regidor municipal. Por ello, han convocado para esta tarde a las 20.00 horas una sentada ante el Ayuntamiento de Ourense, donde se produjo la agresión.

Por esta misma situación y en el mismo emplazamiento, el jueves la plataforma SOS Ourense también ha convocado una protesta en solidaridad con la sindicalista y en crítica con las reacciones del alcalde bajo el lema "contra la vergüenza, dignidad" a las 20.30 horas.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2121 en: 05 de Mayo de 2022, 12:15:52 pm »
Grande el señor Jácome.

Un político raro, se nota que no ha vivido toda la vida de ello. Está 12-14 horas trabajando en el Ayto y me consta que ha hecho infinidad de obras necesarias en la ciudad, reforzando asimismo la plantilla de bomberos y policía entre un 25 y 40% (los gobiernos de PP-PSOE-BNG) se dedicaban a gastar el dinero en otras cosas.

Por lo que cuenta la gente de allí (mis suegros son de la zona) seguramente vuelva a salir en las próximas municipales, por mucho que joda a PSOE-PP-BNG-UGT-CC.OO

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2122 en: 05 de Mayo de 2022, 12:48:55 pm »
Cuando ga llegado a ser Alcalde es porque los vecinos han confiado.que lo hará bien pero sus formas le colocamos en una posición 'atupica'...y si el.emoujon se lo da a otra ordinaria con "respuesta inmedista'" quizás habrían tenido que comprar otro megáfono.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2123 en: 05 de Mayo de 2022, 16:57:21 pm »
Cuando ga llegado a ser Alcalde es porque los vecinos han confiado.que lo hará bien pero sus formas le colocamos en una posición 'atupica'...y si el.emoujon se lo da a otra ordinaria con "respuesta inmedista'" quizás habrían tenido que comprar otro megáfono.

Es un personaje curioso. Hay algún video de él siendo alcalde que da vergüenza ajena,  como este:


https://youtu.be/0lEi0qViqwg

Pero mal por lo visto no lo está haciendo



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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2124 en: 12 de Mayo de 2022, 08:24:46 am »


El Ayuntamiento de Leganés afronta multas de 200€ a la semana por pagar tarde a la policía


La Justicia obliga al consistorio gobernado por el socialista Santiago Llorente a abonar la nómina de un agente con anterioridad al día 26 de cada mes, tal y como está establecido en el convenio que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario del consistorio

Santiago Llorente. Europa Press

PUBLICADO 12/05/2022 04:45
El Ayuntamiento de Leganés afronta multas de 200 euros a la semana si continúa pagando tarde la nómina a un policía local y no la abona con anterioridad al día 26 de cada mes, tal y como está establecido en el convenio que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario del consistorio.

Así lo ha determinado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y al que se han acogido otra docena de policías locales contratados por el ayuntamiento que gobierna el socialista Santiago Llorente a los que tampoco se estaría pagando el sueldo cuando corresponde.

El artículo 37 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Leganés lo deja claro: "El Ayuntamiento hará efectivo el pago de la nómina mediante la transferencia al banco de origen, no mas tarde del día 26 de cada mes, salvo causas de fuerza mayor acreditadas ante el colectivo de los empleados y empleadas públicas".

El policía demandante

Sin embargo, un agente que trabaja para el consistorio denunció ante los juzgados que las nóminas le llegaban con semanas de retraso. Lo hizo en 2019. La justicia le dio la razón, pero el ayuntamiento continúa sin acatar la sentencia. El demandante ha vuelto a recurrir y, en un auto fechado el 6 de mayo de 2022, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid señala que "es un hecho constatado que la Administración no ha cumplido el contenido de la sentencia número 284/2020, de 30 de noviembre de 2020, sin que los respetables argumentos dados en su escrito de 11 de junio de 2021, de carácter genérico y abstracto, puedan eximirle o justificar su inadecuada actuación en este tema".



Por esos motivos, el magistrado da un último plazo de un mes -pues ya le había dado plazos previamente-, contado a partir del día siguiente a la notificación de este auto, para que proceda inmediatamente al cumplimiento efectivo de la referida sentencia número 284/2020, de 30 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado, a cuyo efecto adoptará las medidas oportunas de carácter permanente para que el demandante perciba su nómina con anterioridad al día 26 de cada mes y de forma indefinida, mientras persista su relación funcionarial con la Administración demandada.

Multas coercitivas y vía penal

Ello se hará bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se procederá a fijar unas multas coercitivas en la cuantía de 200 euros semanales, sin perjuicio de la exigencia de las correspondientes responsabilidades a las autoridades, funcionarios o personas que hayan impedido el mismo, de conformidad con los previsto en el artículo 112 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, informando al Ministerio Fiscal de estos hechos para que inicie las correspondientes actuaciones en vía penal contra el responsable o responsables del incumplimiento en su integridad del auto dictado por el Juzgado, el día 30 de julio de 2021 y de la sentencia número 284/2020, de 30 de noviembre de 2020.


"Llevo años denunciando que nos pagan tarde, ya me dieron la razón una vez, pero continúan sin cumplir. Además, nos deben las horas extra de 2019. Estoy seguro de que, después de este último auto, van a seguir actuando igual, abonándonos las nóminas tarde", cuenta el demandante a este medio. Y advierte que, si el Ayuntamiento de Leganés continúa sin pagarle antes del 26 de junio, se verá obligado a llevar el asunto por la vía penal contra el responsable de la situación.

Según el demandante, ya son varias las ocasiones en las que se ha solicitado conocer quién es el responsable de la Administración del que dependen los pagos de las nóminas, pero el Ayuntamiento no ha respondido. "Solo nos ponen excusas, no se puede tener a los trabajadores pagándoles tarde si en el convenio pone claramente que debemos recibir el sueldo antes de una determinada fecha", zanja el policía que ha ganado el juicio contra el consistorio de la localidad madrileña.

Un policía por cada 881 habitantes

El Cuerpo de Policía Local tiene encomendadas, entre otras funciones, las de contribuir a la prevención de la seguridad ciudadana; intervenir como servicio público encaminada a la mejora de las condiciones de convivencia de los vecinos y vecinas de Leganés, velando por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales; el auxilio y ayuda a personas, así como la especial atención al aumento de la seguridad vial.

Según la Memoria Anual de 2018 de la Policía Local de Leganés, la última publicada, el cuerpo del ayuntamiento contaba con 218 funcionarios, cuya ratio sería de un policía por cada 881 habitantes. "Este dato es inferior al de años anteriores y sigue descendiendo debido a jubilaciones y bajas, por lo que se hace necesario un futuro incremento de plantilla. Esto se debe a que lo ideal sería situarse en la ratio de dos policías por cada mil habitantes que recomienda la Unión Europea para las grandes ciudades", sostiene el informe.



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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2125 en: 28 de Mayo de 2022, 08:09:58 am »


La Audiencia no ve delito en el nombramiento en tres actos del jefe de Policía de San Bartolomé de Tirajana


El auto sostiene que contra el archivo no cabe recurso alguno, pero el abogado del denunciante ya ha presentado un escrito en el que advierte de su intención de acudir al Supremo
— HEMEROTECA | El TSJC salva la plaza del comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana
Marco Aurelio Pérez, exalcalde de San Bartolomé de Tirajana. (EFE)
Marco Aurelio Pérez, exalcalde de San Bartolomé de Tirajana. (EFE)
Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —
27 de mayo de 2022 21:34 h
Actualizado el 27/05/2022 23:07 h

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado el archivo de la causa seguida contra el exalcalde de San Bartolomé de Tirajana Marco Aurelio Pérez (Agrupación de Vecinos- Partido Popular) por un presunto delito de prevaricación en el nombramiento en tres actos, entre 2013 y 2016, de Isidro Armas, actual jefe de la Policía Local de este municipio turístico del sur de Gran Canaria.


En un auto notificado a las partes el pasado miércoles, la Sección Primera del órgano provincial, con la magistrada Mónica Herreras como ponente, sostiene que en ese procedimiento se pudieron cometer irregularidades e, incluso, “una actuación contraria a la legalidad administrativa”, pero entiende que la actuación del regidor sureño, que en la actualidad ejerce como portavoz del PP en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, no puede ser calificada de “arbitraria” y que, por tanto, no se le puede achacar responsabilidad penal.


En esta reciente resolución, la Audiencia de Las Palmas ratifica el sobreseimiento provisional decretado por el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana y advierte de que ya no se pueden presentar más recursos. Sin embargo, el abogado del denunciante, Juan Manuel Pérez, ha presentado este viernes un escrito ante el órgano provincial en el que discrepa con esa aseveración incluida en la parte final del auto y anuncia la interposición de un recurso de casación ante el Supremo. Para ello, alude al artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estipula que podrán impugnarse los autos definitivos dictados “en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando suponga la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre”. Una circunstancia que, a su juicio, concurre en este caso.

El primer nombramiento de Isidro Armas como comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana se produjo el 1 de marzo de 2013. Lo anunció el entonces alcalde, Marco Aurelio Pérez, durante la celebración de un pleno y después de que un concejal de la oposición le preguntara ante los rumores que habían comenzado a circular al respecto. Esa designación inicial, tramitada por la vía de urgencia, se hizo a través de una comisión de servicios solicitada por el propio Armas, que pertenece a la Policía Nacional, cuerpo del que es inspector y en el que estaba adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana.


Durante su intervención en esa sesión plenaria, Pérez defendió que había dos informes -firmados por el mismo funcionario, Antonio Muñiz, uno en calidad de jefe de Recursos Humanos y otro, de secretario accidental- que avalaban la adscripción del actual comisario a la plaza (vacante desde hacía seis años) en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio.

Esta actuación fue denunciada por José Luis Herrera, comisario de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana y presidente de la Asociación de Jefes y Subjefes de las Policías Locales de Las Palmas (Ajepol) y por tres subinspectores que alertaron de que ese nombramiento era irregular, puesto que los funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado no pueden ocupar puestos en la Policía Local en comisión de servicios.


Ante el revuelo generado, Marco Aurelio Pérez revocó ese nombramiento 35 días después. En su declaración como investigado en sede judicial, dijo que lo hizo por “las presiones recibidas”, pero no porque creyera que se hubiera cometido una irregularidad. También el comisario lo achacó a la repercusión mediática. Tras el cese, el alcalde designó a Armas como asesor, como cargo de confianza, y le asignó un sueldo superior a los 60.000 euros al año, equivalente al de un funcionario A1, el de máxima categoría dentro del escalafón.

El tercer nombramiento tuvo lugar tras un concurso oposición al que concurrieron otros ocho candidatos y que también fue cuestionado por el procedimiento selectivo elegido. Para cubrir la plaza de comisario, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana optó por un concurso de turno libre (al que se podían presentar candidatos de otros cuerpos) en vez de por promoción interna (restringido a los funcionarios de la Policía Local del municipio sureño). Fueron varias las voces que advirtieron de que esto contravenía la Ley 2/2008, de 28 de mayo, de la Policía Canaria, que recoge que se debe utilizar el procedimiento de promoción interna para dar cobertura a la plaza de comisario, tanto en el cuerpo autonómico como en los municipales. Entre otras, la del entonces director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, que precisó en un informe que era esa la normativa que debía aplicarse en ese proceso selectivo.

Plaza salvada por el TSJC

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) judicializó ese concurso-oposición y ganó en primera instancia. El nombramiento del comisario fue anulado en una sentencia dictada en abril de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria al considerar vulnerada la mencionada normativa autonómica y concluir que debió celebrarse por el sistema de promoción interna, lo que sacaba del tablero a Isidro Armas. Sin embargo, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) revocó esa resolución sin entrar en el fondo del asunto, por una cuestión formal, por considerar que CCOO no estaba legitimado como recurrente al haber formado parte de las negociaciones de las bases de esa convocatoria en el Ayuntamiento.

Tal y como recoge el reciente auto de la Audiencia de Las Palmas, en este procedimiento también se ha cuestionado la titulación y cualificación de Armas para el desempeño del puesto. Por un lado, porque el cargo exigía estar en disposición de una licenciatura y el actual jefe de la Policía Local tiene dos diplomaturas (Ingeniería Técnica Industrial y Ciencias Policiales). El comisario ha defendido que, desde hace unos años, la categoría de inspector equivale a una licenciatura. También se puso en tela de juicio otro de los requisitos, la realización de un curso de la Academia Canaria de Seguridad que Armas no hizo pero que dijo haber convalidado con otros cursos previos. La Audiencia señala que este extremo no ha podido ser confirmado porque no se practicó en la instrucción la diligencia interesada para comprobar si era así.

En el auto recientemente dictado, el órgano judicial provincial recalca que “no toda ilegalidad o irregularidad administrativa” se convierte en delictiva. Para los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia, las actuaciones del comisario “no alcanzan el tipo penal” al no advertir en ellas una pretensión “maliciosa”. Así, señalan que, “independientemente de que pudiera ser cierto o no” que el procedimiento debió ser por promoción interna y no por turno libre, el TSJC estimó en 2019 el recurso de apelación presentado tanto por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como por el comisario de la Policía Local y que contra esa decisión no se presentó recurso ante el Supremo.

“Estamos hablando de irregularidades administrativas e, incluso, podemos hablar de una actuación contraria a la legalidad administrativa, pero no puede ser considerada arbitraria en cuanto patente y claramente contraria al ordenamiento jurídico”, sostiene en su disposición final la magistrada ponente, que admite que es “una interpretación muy discutible si el candidato elegido tiene o no tiene la titulación adecuada”. En cualquier caso, continúa, “no estamos hablando de un acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente, no de la inobservancia de una normal esencial del procedimiento”. Para la Audiencia, es “inaceptable” pretender que se revise la actuación de la administración en la vía penal, “porque nada tiene que ver dicha actuación con el delito de prevaricación” que se le imputaba al exalcalde Pérez.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2127 en: 19 de Junio de 2022, 07:56:18 am »

La Policía Nacional pide imputar al jefe de la Local de Siero por “al menos” tres presuntos delitos de acoso laboral


Fidel Fernández, mano derecha del alcalde de Siero en el cuerpo policial, huyó “de forma sorpresiva” de comisaría cuando le iban a tomar declaración

Por
Bernardo Álvarez
18 junio 2022

Policías locales en Siero FOTO: David Aguilar Sánchez
El conflicto entre Ángel García, “Cepi”, el alcalde socialista de Siero, y la plantilla de la Policía Local del concejo se remonta al otoño de 2019. A finales de aquel mes de octubre, el alcalde se presentó en la comisaría de Lugones, en actitud muy agresiva según los testigos, con el objeto de manifestar su descontento con el trabajo de los policías locales e interrogar a uno de ellos acerca del cumplimiento de los cuadrantes horarios entre los agentes.

A raíz de aquellos incidentes, el Juzgado de 1º Instancia de Siero le encargó a la Policía Nacional la elaboración de un atestado policial para aclarar lo sucedido y tomar las medidas legales necesarias. En dicho atestado policial, al que ha tenido acceso en exclusiva NORTES, el Cuerpo Nacional de Policía concluye tras una serie de investigaciones e interrogatorios que existen “indicios razonables de criminalidad suficientes” como para considerar “imputable” a Fidel Fernández, jefe de la Policía Local sierense y “hombre de confianza del alcalde”, como se lee en el informe.

La Policía Nacional acusa a Fernández de “al menos” tres delitos continuados contra la integridad en su variedad de acoso laboral contra tres policías locales de Siero. Este acoso se materializó en pintadas en los baños de comisaría dirigidas contra los agentes (“Puto corrupto”, “Mr. Prevaricación”, “Cocainómano”) y amenazas a través del grupo de WhatsApp del cuerpo (“YES UN PAYASO Y LO SABES…Y SI QUIES EXPLICAME ALGO YA ME DICES DONDE QUEDAMOS PORQUE LO PROMETO QUE VOI A HACER VA SER DATE DOS OSTIES (…) SUNORMAL, PROBETON, UNIVERSARIO DE LA VIDA”).

Uno de los agentes afectados dice continuar “bajo tratamiento psico y farmacológico a causa del hostigamiento que sufre día a día en su puesto de trabajo”.

“Falta de colaboración”
El atestado policial asegura también que Fernández, que no ha querido responder a las preguntas de NORTES, ha incurrido en “falta de colaboración” con la investigación. El jefe de la Policía Local de Siero fue citado a declarar como “investigado no detenido”.

Al ser preguntado si quería ser asistido por un letrado durante la toma de declaración, y “a pesar de ser policía en activo”, manifestó desconocer que tuviera que ser asistido por un abogado, y añadió que estaba “cansado de gastar dinero en abogados”.

Siempre según el informe remitido al Juzgado por la Policía Nacional, “cuando se le estaba informando sobre la posibilidad de ser asistido por un abogado del turno de oficio, abandonó súbitamente, de forma sorpresiva y sin atender a razones, las dependencias policiales”.

El atestado le solicita a la Autoridad Judicial que, de considerarlo oportuno, continúe con la investigación de los presuntos delitos.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2128 en: 29 de Junio de 2022, 20:13:24 pm »

Piden la destitución del edil de Tráfico de Ourense “por conducir y grabarse con el móvil”


Los exediles de DO lo ven conducta sancionable | Telmo Ucha responde que “una de mis cualidades es que conduzco, hablo y respiro a la vez”
M.J.A.
Ourense | 29·06·22 | 04:00 | Actualizado a las 19:55

 https://www.farodevigo.es/ourense/2022/06/29/piden-destitucion-edil-trafico-conducir-67777634.html
Video que colgó el edil en sus redes.

Piden la destitución del edil de Tráfico de Ourense “por conducir y grabarse con el móvil”

María Fernández Dibuja, en calidad de exconcejala de Seguridad Ciudadana, y el resto de los concejales que dejaron Democracia Ourensana, el partido del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, ahora afiliados a Coalición de Centro Democrático (CCD), piden la destitución del actual concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, después de que este haya publicado en sus redes sociales un vídeo “en el que se le ve conduciendo, a la vez que va hablando directamente a la cámara de su teléfono móvil ” indica.


En un comunicado, tachan esa acción de “extremadamente grave, pues lleva el móvil en el cristal, sujetado con un soporte de ventosa y va grabándose mientras se conduce. Llevarlo así, desde él pasado 21 de marzo, puede conllevar la imposición de una multa de hasta 500 euros y con la retirada de seis puntos del carne, por ser considerado una fuente de distracción”.



El concejal de Seguridad se ha mostrado tranquilo y defiende la legalidad de su acción: “Una de las cualidades que tengo como conductor de primera, es la de hablar y la de conducir; además seguro que pueden también respirar a la vez”, ironiza.


Afirma que no le parece seria la crítica de los exconcejales de DO y dice “que vayan a la DGT” si ven algún comportamiento irregular en ese vídeo, uno de los que ha ido colgando para dar su visión sobre temas de su concejalía.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2129 en: 11 de Julio de 2022, 07:52:54 am »


«Quien más pone en peligro a la Policía Local en Siero es el secretario general del Sipla»


El alcalde de Siero rebate el informe presentado por el abogado Javier Junceda y se reafirma en que «el cuerpo puede disolverse»
C. VEGA
POLA DE SIERO.
Sábado, 9 julio 2022, 00:36

Un día después de que el abogado Javier Junceda, por encargo del SIPLA, presentara un informe jurídico que avalaba que «la Policía Local no puede ser suprimida al antojo de cualquier Corporación», el alcalde de Siero, Ángel García, insistió ayer en lo contrario: «No tengo ni la menor duda en cuanto a la legalidad de disolver la Policía Local».

Dicho esto, aseguró que si hasta ahora no se ha llevado a cabo la disolución del cuerpo es porque en el mismo hay funcionarios que trabajan adecuadamente. «Tienen que agradecerles a ellos que no se haya disuelto aún, porque este servicio cuesta 2,6 millones de euros a los vecinos de Siero. Con este dinero podríamos eximir a todos los vecinos del pago de basuras y agua», advirtió. Seguro de que «la mayoría de los ciudadanos no reciben del servicio (por la Policía Local) lo que cabría esperar», señaló al Sipla como culpable de esta situación. «Quien más pone en peligro la existencia de la Policía Local es su secretario general y algunos representantes sindicales con sus conductas. Actúan de forma sistemática única y exclusivamente en interés personal», abundó.

El regidor cuenta, por su lado, con un informe que sí avala la supresión del cuerpo, en el que ha colaborado el catedrático en derecho administrativo Alejandro Huergo. «Es la persona que más conoce sobre estas cuestiones de toda Asturias, y su capacidad, conocimiento y rigor está fuera de cualquiera duda», afirmó García.

Huergo insistió ayer en que legal y posible la disolución de la Policía Local en Siero: «en España hay un modelo policial plural en el que existen distintas policías, que se solapan entre ellas, y por ello existen las juntas de seguridad local, para coordinarlas. Existen formas, a través de ese modelo plural, para cubrir las funciones que realiza la Policía Local, y por eso precisamente la ley no la configura como obligatoria», expresó.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2130 en: 12 de Julio de 2022, 07:55:56 am »

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2131 en: 13 de Julio de 2022, 19:32:02 pm »
Un informe jurídico externo, encargado por la Alcaldía, concluye que disolver la Policía Local de Siero sería legal


“Es una posibilidad que en ningún caso se debería descartar si lo que se busca es dar el mejor servicio al ciudadano”, advierte el regidor Ángel García
I.Gago
Pola de Siero | 21·01·22 | 21:29 | Actualizado a las 09:40

Un informe jurídico firmado por el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo y elaborado por encargo del Ayuntamiento avala la legalidad de una hipotética disolución de la Policía Local de Siero y plantea fórmulas alternativas para garantizar el servicio de seguridad a la ciudadanía. “Los ayuntamientos tienen una serie de servicios públicos obligatorios, dentro de los cuales no se encuentra la Policía Local. La legislación regional establece el derecho de creación de este cuerpo en los municipios de más de 5.000 habitantes, pero es una posibilidad, una potestad, y no una obligación”, detalló ayer Alejandro Huergo durante una comparencia pública junto al regidor sierense, Ángel García, quien ya ha puesto encima de la mesa más de una vez la posibilidad de disolver el cuerpo policial.

El informe fue encargado en el marco del enfrentamiento entre el Regidor y parte de la plantilla policial, especialmente el sindicato Sipla, y se presentó ayer, poco después de un tenso Pleno en el que abordó esta cuestión. “Este informe no quiere decir que vaya a disolver la Policía Local. Simplemente es una posibilidad que en ningún caso se debería descartar si lo que se busca es dar el mejor servicio a los ciudadanos”, advirtió Ángel García en presencia de Huergo.

El objetivo del informe, añadió el Alcalde, pasaba por resolver tres preguntas. Si la ley obliga a mantener a la Policía Local. En el caso de no hacerlo, si se puede disolver y qué otras fórmulas existen para prestar el servicio que actualmente está llevando a cabo. “Es un derecho que tiene el Ayuntamiento y sí se puede suprimir. De hecho, hay muchos Ayuntamientos en Asturias que carecen de ese cuerpo”, indicó el catedrático.

El gobierno sierense lamenta el “absentismo” de parte de la Policía Local
El gobierno sierense lamenta el “absentismo” de parte de la Policía Local
P. T.
“Existen las necesidades públicas de seguridad, pero cada administración debe evaluar como las presta mejor”, añadió Huergo, quien afirmó que, si no hubiera Policía Local en Siero, las funciones que tiene asignadas las haría otro cuerpo ya existente.

Entre las distintas fórmulas jurídicas que mencionó para esta cuestión, el experto señaló el caso de Andalucía, “donde cada vez más administraciones locales comparten policía”, o de Cataluña, donde hay ayuntamientos que llegan a acuerdos con la policía autonómica para que se encarguen de su seguridad. Llegado el caso, y al no existir policía autonómica en Asturias, Siero podría lograr que la Policía Nacional se hiciera cargo de las funciones de la Local en caso de extinción.

Si se disolviera el cuerpo no se despediría a los trabajadores, sino que la ley prevé qué hacer en cada caso en función al régimen laboral del agente en cuestión.

La oposición denuncia una “grave merma” de servicios municipales: “Hay que solucionarlo”
I. G.

Pleno extraordinario y tenso el de ayer en Siero, con la Policía Local como protagonista y convocado a raíz de una petición conjunta de los opositores Ciudadanos, Somos, PP e IU, ante lo que consideran “una grave merma en los servicios públicos” del concejo y, en especial, por la situación que atraviesa el cuerpo policial. “Hay que poner soluciones a lo que está pasando”, señaló el portavoz del PP, Hugo Nava, hablando en nombre suyo y del resto de formaciones que suscribieron la iniciativa.

Después de una serie de aclaraciones sobre la normativa interna de convocatorias de Pleno, se procedió a leer un manifiesto del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (Sipla). El colectivo protestaba ante la falta de efectivos y negligencias en materia la seguridad. A continuación, intervinieron los distintos grupos municipales, indicando que el problema va mucho más allá. Nava, del PP, señaló que las estadísticas del Ministerio de Interior sobre criminalidad reconocen las deficiencias.

Desde IU se mencionó que la “mala gestión, sobrecarga y cierre de recursos se produce también en otros ámbitos, como en servicios sociales”. Esa idea la recalcó Somos. “No hay acuerdos, los servicios se privatizan y se amortizan plazas”, afirmó su edil, Javier Pintado. Ciudadanos, además, manifestó que los grupos municipales están teniendo dificultades de acceso a la información del Consistorio ante la falta de regularidad de las comisiones.

Por su parte, el alcalde, Ángel García, también expuso su punto de vista. Señaló que el 1 de noviembre de 2019 hizo un control a la comisaría, y que, como se recoge en un acta, se constató que había incumplimientos en los horarios de trabajo y en otras cuestiones. A raíz de eso, el equipo de Gobierno municipal decidió tomar cartas en el asunto y ahí se iniciaron los problemas. “En salarios, la Policía Local nos cuesta 2,4 millones de euros. Con el resto de gastos esa cifra asciende casi a 2.6 millones de euros. Es una cantidad muy importante teniendo en cuenta el presupuesto del Ayuntamiento”, indicó el Regidor, que denunció, en una rueda de prensa posterior, que había sufrido “acoso” y “hostigamiento” por intentar solventar esta cuestión: “Estoy completamente convencido de que no habríamos ido al juzgado ni una sola vez si hubiésemos accedido al chantaje”, concluyó.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2133 en: 16 de Julio de 2022, 07:10:07 am »
¿Se le ha ido la cabeza al alcalde de Carboneras?


Reventar la caja fuerte que almacena las balas de la Policía Local ha sido su última ocurrencia. La arrogancia de José Luis Amérigo (PSOE) le ha conducido a asumir desde hace dos años y cuatro meses el cargo de jefe del Cuerpo, un puesto para el que no tiene capacitación profesional ni legal
Actualidad / Carboneras / José Luis Amérigo



La pregunta flota en el aire de Carboneras: ¿Se le ha ido la cabeza al alcalde? Lo cierto es que no cesa de dar motivos para que surjan todo tipo de dudas.

Amérigo (PSOE) apoya su Gobierno en el equilibrio de un edil que, cuando bebe de más, amenaza empresarios; gratifica a los empleados municipales sólo por entrar a su hora o pertenecer al partido; aprueba presupuestos con informes técnicos en contra; su presupuesto de 2022 contempla dos millones de ingresos ficticios –lo mismo que en 2021-; la única obra que promueve la emprende sin tener en cuenta las advertencias del Área de Urbanismo y la acaba fuera de plazo con alto riesgo de tener que devolver la inversión; los altos funcionarios literalmente huyen del Ayuntamiento; su portavoz, en plena calle, manda “a tomar por culo” a un vecino y lo amenaza con “partirle la cara”…

No hay día en que el alcalde deje de sorprender, sin embargo, el último episodio parece extraído de la mente febril de cualquier guionista a sueldo de Tarantino. Conocer los hechos induce al estupor, pero el desenlace pudo haber sido fatal. Una auténtica tragedia.

Ocurrió el pasado 1 de julio. Dos agentes de la Policía Local se disponían a iniciar el turno de noche. Uno de ellos era el exjefe Jesús Ridao, cesado por el regidor en febrero de 2020.

Pero, nada más traspasar el umbral, percibieron un fuerte olor a soldadura o neumático quemado. El olfato les dirigió hasta la habitación que hace las veces de armero. Allí se encuentran dos cajas fuertes. Una de ellas, compartimentada, se destina a la custodia de las armas. La otra está dedicada a almacenar las balas. Esa noche, según el último inventario realizado, debía albergar 3.000 proyectiles, es decir, por lo menos, 9 kilos de pólvora.

Al abrir la puerta y encender la luz de la estancia, el panorama debió dibujar un rictus de estupefacción en el rostro de los policías. Ante ellos, la caja acorazada que guardaba la munición aparecía visiblemente violentada.

Tras seccionar la gruesa chapa de la parte posterior, había sido recortado un cuadrado en el hormigón de la pared del cofre, al igual que una segunda lámina metálica interior. A través de ese butrón, por el que apenas poco más de una mano, se vació el interior del arca.

AL TANTO

Ridao telefoneó inmediatamente al alcalde. Realizó dos llamadas consecutivas sin recibir respuesta. Cabe recordar que José Luis Amérigo se nombró a sí mismo jefe de la Policía Local después de haber cesado en febrero de 2020 a quien ahora intentaba comunicarse con él.

A continuación, probó suerte con Ramón Soto, concejal de Seguridad, quien sí descolgó el terminal. El oficial le detalló la situación.

Muy lejos de mostrar sorpresa, el edil comunicó a Ridao que el regidor y él estaban al tanto de los hechos. Más aún, le reveló que ellos –Amérigo y Soto- ordenaron forzar el cofre. Explicó que lo hicieron porque no encontraban las llaves, y añadió que no había motivos para temer por el paradero de las balas, porque se encontraban en lugar seguro. Aunque no especificó dónde.

Pero, ¿cuál fue la verdadera razón por la que el alcalde y el concejal decidieron reventar la caja? Soto adujo que no encontraban las llaves, sin embargo, tampoco preguntó por ellas. Todos los agentes saben que Jesús Ridao posee una copia y es quien abre y cierra las arcas del armero.

Por otra parte, ¿para qué necesitaban ambos políticos balas con tanta urgencia en la noche del viernes 1 de julio? La respuesta únicamente pueden conocerla Amérigo y Soto, que no han atendido las llamadas de esta redacción. En realidad nunca lo hacen.

El hecho es que en la tarde del día señalado, Juan “el Ferretero” –titular de ferretería El Molino- fue visto en compañía de los agentes locales Alberto Hernández García y José Carrillo Morales -dos de los cuatro municipales muy próximos al alcalde en una plantilla de 16- en la puerta de la Jefatura con una caja de herramientas y material diverso.

El Ferretero debe ser persona de confianza del equipo de Gobierno. Así lo manifiesta un vecino que sigue con atención las cosas del pueblo: “Está casado con Dolores Capel, una señora de abierta militancia socialista. Fue la secretaria del exalcalde Cristóbal Fernández (tío de Amérigo) durante largos años y, después, concejal de Presidencia. Cuando dejó la política fundó la ferretería junto a su marido”. Desde la oposición cuentan que el negocio “factura” al erario municipal “alrededor de 50.000 euros al año”.

Pero volvamos al asunto. Pocas horas más tarde, los dos agentes que entraban de turno de noche descubrieron la caja forzada. De haberse utilizado una sierra radial, las chispas de metal incandescente podrían haber provocado la explosión de las balas y ocasionado un grave suceso. A fin de cuentas, se trata de proyectiles engarzados en tubos rellenos de pólvora.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Intervención de Armas, organismo de la Guardia Civil que habrá de determinar las posibles irregularidades cometidas, así como el alcance de supuestas responsabilidades.

“USURPACIÓN” DE JEFATURA

La situación descrita podría ser también el resultado de que la Jefatura Inmediata de la Policía Local de Carboneras está siendo detentada por Amérigo, que carece de la formación adecuada para ejercerla.

Las fuentes consultadas por esta redacción coinciden en que sólo existen dos cauces para obtener el puesto: por un lado, la libre designación. En este caso, el alcalde tiene la potestad de nombrar a quien estime oportuno, siempre entre los agentes con mayor categoría en el Cuerpo, oficiales de otra localidad o de cualquiera de las demás Fuerzas de Seguridad del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional o Ejército.

También pueden aspirar ciudadanos civiles, pero sólo cuando se cubra por concurso-oposición (no libre designación). Sin embargo, ninguno de los dos caminos fue el elegido por José Luis Amérigo para autodesignarse como jefe inmediato de la Policía Local de Carboneras tras cesar a Jesús Ridao en febrero de 2020 por “pérdida de confianza”. Ridao, sin embargo, goza del mayor prestigio entre los vecinos y los profesionales de la policía comarcal. El cargo que ahora no desempeña por no merecer la confianza del alcalde podría estar siendo “usurpado” por el propio regidor, según media docena de ‘Jefes’ de la comarca consultados por esta redacción.

Queda en el aire para qué necesitaba las balas el regidor carbonero y si la extracción de los proyectiles de su caja fuerte se hizo al amparo de un riguroso expediente administrativo.

Al fin y al cabo, hablamos de la manipulación de material muy delicado sometido a severísimas medidas de se seguridad.

¿PARANOIA?

Es la explicación que Pedro Núñez, un vecino de Carboneras ex militar de UME especializado en armamento, encuentra a la conducta de Amérigo y Soto al ordenar violentar con una radial una caja acorazada que contenía 3.000 balas. “Tal vez albergaban sospechas de que el custodio de las llaves ocultara en el cofre alguna documentación que pudiera ser utilizada contra ellos. Quizás por eso no le pidieron abrirla. Quienes suelen obrar arteramente, acostumbran a pensar que todo el mundo actúa del mismo modo. Eso se llama paranoia”.

Desconectado Heracles_Pontor

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2134 en: 16 de Julio de 2022, 11:52:29 am »
El alcalde de Carboneras está a la altura del de Orense. . . vaya dos. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

Desconectado Ragnar

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2135 en: 16 de Julio de 2022, 18:36:00 pm »
PSOE en estado puro...


¿Se le ha ido la cabeza al alcalde de Carboneras?


Reventar la caja fuerte que almacena las balas de la Policía Local ha sido su última ocurrencia. La arrogancia de José Luis Amérigo (PSOE) le ha conducido a asumir desde hace dos años y cuatro meses el cargo de jefe del Cuerpo, un puesto para el que no tiene capacitación profesional ni legal
Actualidad / Carboneras / José Luis Amérigo



La pregunta flota en el aire de Carboneras: ¿Se le ha ido la cabeza al alcalde? Lo cierto es que no cesa de dar motivos para que surjan todo tipo de dudas.

Amérigo (PSOE) apoya su Gobierno en el equilibrio de un edil que, cuando bebe de más, amenaza empresarios; gratifica a los empleados municipales sólo por entrar a su hora o pertenecer al partido; aprueba presupuestos con informes técnicos en contra; su presupuesto de 2022 contempla dos millones de ingresos ficticios –lo mismo que en 2021-; la única obra que promueve la emprende sin tener en cuenta las advertencias del Área de Urbanismo y la acaba fuera de plazo con alto riesgo de tener que devolver la inversión; los altos funcionarios literalmente huyen del Ayuntamiento; su portavoz, en plena calle, manda “a tomar por culo” a un vecino y lo amenaza con “partirle la cara”…

No hay día en que el alcalde deje de sorprender, sin embargo, el último episodio parece extraído de la mente febril de cualquier guionista a sueldo de Tarantino. Conocer los hechos induce al estupor, pero el desenlace pudo haber sido fatal. Una auténtica tragedia.

Ocurrió el pasado 1 de julio. Dos agentes de la Policía Local se disponían a iniciar el turno de noche. Uno de ellos era el exjefe Jesús Ridao, cesado por el regidor en febrero de 2020.

Pero, nada más traspasar el umbral, percibieron un fuerte olor a soldadura o neumático quemado. El olfato les dirigió hasta la habitación que hace las veces de armero. Allí se encuentran dos cajas fuertes. Una de ellas, compartimentada, se destina a la custodia de las armas. La otra está dedicada a almacenar las balas. Esa noche, según el último inventario realizado, debía albergar 3.000 proyectiles, es decir, por lo menos, 9 kilos de pólvora.

Al abrir la puerta y encender la luz de la estancia, el panorama debió dibujar un rictus de estupefacción en el rostro de los policías. Ante ellos, la caja acorazada que guardaba la munición aparecía visiblemente violentada.

Tras seccionar la gruesa chapa de la parte posterior, había sido recortado un cuadrado en el hormigón de la pared del cofre, al igual que una segunda lámina metálica interior. A través de ese butrón, por el que apenas poco más de una mano, se vació el interior del arca.

AL TANTO

Ridao telefoneó inmediatamente al alcalde. Realizó dos llamadas consecutivas sin recibir respuesta. Cabe recordar que José Luis Amérigo se nombró a sí mismo jefe de la Policía Local después de haber cesado en febrero de 2020 a quien ahora intentaba comunicarse con él.

A continuación, probó suerte con Ramón Soto, concejal de Seguridad, quien sí descolgó el terminal. El oficial le detalló la situación.

Muy lejos de mostrar sorpresa, el edil comunicó a Ridao que el regidor y él estaban al tanto de los hechos. Más aún, le reveló que ellos –Amérigo y Soto- ordenaron forzar el cofre. Explicó que lo hicieron porque no encontraban las llaves, y añadió que no había motivos para temer por el paradero de las balas, porque se encontraban en lugar seguro. Aunque no especificó dónde.

Pero, ¿cuál fue la verdadera razón por la que el alcalde y el concejal decidieron reventar la caja? Soto adujo que no encontraban las llaves, sin embargo, tampoco preguntó por ellas. Todos los agentes saben que Jesús Ridao posee una copia y es quien abre y cierra las arcas del armero.

Por otra parte, ¿para qué necesitaban ambos políticos balas con tanta urgencia en la noche del viernes 1 de julio? La respuesta únicamente pueden conocerla Amérigo y Soto, que no han atendido las llamadas de esta redacción. En realidad nunca lo hacen.

El hecho es que en la tarde del día señalado, Juan “el Ferretero” –titular de ferretería El Molino- fue visto en compañía de los agentes locales Alberto Hernández García y José Carrillo Morales -dos de los cuatro municipales muy próximos al alcalde en una plantilla de 16- en la puerta de la Jefatura con una caja de herramientas y material diverso.

El Ferretero debe ser persona de confianza del equipo de Gobierno. Así lo manifiesta un vecino que sigue con atención las cosas del pueblo: “Está casado con Dolores Capel, una señora de abierta militancia socialista. Fue la secretaria del exalcalde Cristóbal Fernández (tío de Amérigo) durante largos años y, después, concejal de Presidencia. Cuando dejó la política fundó la ferretería junto a su marido”. Desde la oposición cuentan que el negocio “factura” al erario municipal “alrededor de 50.000 euros al año”.

Pero volvamos al asunto. Pocas horas más tarde, los dos agentes que entraban de turno de noche descubrieron la caja forzada. De haberse utilizado una sierra radial, las chispas de metal incandescente podrían haber provocado la explosión de las balas y ocasionado un grave suceso. A fin de cuentas, se trata de proyectiles engarzados en tubos rellenos de pólvora.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Intervención de Armas, organismo de la Guardia Civil que habrá de determinar las posibles irregularidades cometidas, así como el alcance de supuestas responsabilidades.

“USURPACIÓN” DE JEFATURA

La situación descrita podría ser también el resultado de que la Jefatura Inmediata de la Policía Local de Carboneras está siendo detentada por Amérigo, que carece de la formación adecuada para ejercerla.

Las fuentes consultadas por esta redacción coinciden en que sólo existen dos cauces para obtener el puesto: por un lado, la libre designación. En este caso, el alcalde tiene la potestad de nombrar a quien estime oportuno, siempre entre los agentes con mayor categoría en el Cuerpo, oficiales de otra localidad o de cualquiera de las demás Fuerzas de Seguridad del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional o Ejército.

También pueden aspirar ciudadanos civiles, pero sólo cuando se cubra por concurso-oposición (no libre designación). Sin embargo, ninguno de los dos caminos fue el elegido por José Luis Amérigo para autodesignarse como jefe inmediato de la Policía Local de Carboneras tras cesar a Jesús Ridao en febrero de 2020 por “pérdida de confianza”. Ridao, sin embargo, goza del mayor prestigio entre los vecinos y los profesionales de la policía comarcal. El cargo que ahora no desempeña por no merecer la confianza del alcalde podría estar siendo “usurpado” por el propio regidor, según media docena de ‘Jefes’ de la comarca consultados por esta redacción.

Queda en el aire para qué necesitaba las balas el regidor carbonero y si la extracción de los proyectiles de su caja fuerte se hizo al amparo de un riguroso expediente administrativo.

Al fin y al cabo, hablamos de la manipulación de material muy delicado sometido a severísimas medidas de se seguridad.

¿PARANOIA?

Es la explicación que Pedro Núñez, un vecino de Carboneras ex militar de UME especializado en armamento, encuentra a la conducta de Amérigo y Soto al ordenar violentar con una radial una caja acorazada que contenía 3.000 balas. “Tal vez albergaban sospechas de que el custodio de las llaves ocultara en el cofre alguna documentación que pudiera ser utilizada contra ellos. Quizás por eso no le pidieron abrirla. Quienes suelen obrar arteramente, acostumbran a pensar que todo el mundo actúa del mismo modo. Eso se llama paranoia”.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2136 en: 31 de Julio de 2022, 07:01:47 am »


LA COALICIÓN VUELVE A SALTAR POR LOS AIRES
Otra vuelta de tuerca en Ourense: el alcalde despide al PP y gobernará con 4 ediles de 27


El Gobierno de la tercera ciudad de Galicia inicia su cuarta etapa tras una nueva ruptura del pacto entre Gonzalo Pérez Jácome y los populares. Alberto Núñez Feijóo ya advirtió de los problemas de este acuerdo
30/07/2022 - 14:11 Actualizado: 30/07/2022 - 18:22
El Gobierno municipal de Ourense, encabezado por el controvertido Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), encara su cuarta etapa en apenas tres años. La coalición con el PP, que se rompió en 2020 y se recompuso un año más tarde, vuelve a saltar por los aires. Los últimos diez meses de mandato los afronta el alcalde con solo cuatro concejales, después de firmar la retirada de sus competencias a los ediles de los populares. Es —de momento— el último capítulo de una alianza a la que se encomendaron los populares para no perder la Diputación de Ourense, un intercambio de cromos que permitió a José Manuel Baltar amarrar la presidencia provincial que antes que él ejerció su padre durante 25 años. La experiencia está resultando tan caótica como preveía el propio Alberto Núñez Feijóo, cuando antes de verse abocado al pacto tachaba a Jácome de "letal para la ciudad". Jácome no tiene ni mucho menos la intención de tirar la toalla. Gobernar en intensa minoría la tercera ciudad de Galicia es para él un problema menor. "El pleno ahora mismo es irrelevante", dijo al poco de expulsar a los siete ediles populares, a pesar de que debe aprobar los presupuestos de 2023 y el Plan General del Ayuntamiento. Como su propio grupo ha perdido tres ediles por el camino, gobernará con cuatro en una corporación de 27. Pero no queda claro si los ha echado o los populares forzaron su salida. O si ambos procesos se solaparon.

Tras la retirada de las competencias, el PP local emitió un comunicado en el que evita hablar de expulsión y se refiere a lo ocurrido como la "salida del grupo popular del Gobierno local de Ourense". El regidor, mientras, anunciaba a través de su cuenta de Twitter: "Como alcalde, tras las últimas deslealtades del PP, me he visto en la obligación de retirar las competencias de los concejales del PP en el Concello de Ourense. Nos sentimos liberados del lastre del PP y ahora seguiremos mejor que nunca, transformando la ciudad". La gota que colmó su paciencia fue la incomparecencia de los pesos pesados del PP local a una reunión convocada por Jácome, que se negó a recibir a la representante que le envió el partido. "No es una interlocutora válida, es como si en asuntos de Estado, Sánchez convoca a Feijóo y no acude a la reunión", afirmó despechado. El PP local atribuye lo ocurrido a "la llegada de Manuel Cabezas", nuevo presidente de la junta local del partido y candidato para las municipales de 2023. De hecho, la reunión que no llegó a producirse el pasado martes había sido convocada a raíz de las críticas de Cabezas a la gestión del gobierno local. "Con Ourense no se juega. El Ayuntamiento no puede estar condicionado a intereses de partidos, no puedo permitir que unas personas no tenga el compromiso de decir si se quedan o si no", replicó Jácome, que añadió: "Es imperdonable lo que el PP nos está obligando a hacer. Hasta aquí hemos llegado".
 Es verdad que Jácome ha vivido tiempos peores. Por ejemplo, cuando llegó a contar con el apoyo de un único concejal en el debate de una moción del BNG en la que se pedía su dimisión. De los 26 concejales que asistieron al pleno, 24 votaron en su contra, a lo que el regidor respondió con sorna: "Menos mal que no es vinculante". Fue poco después de que el PP abandonara el gobierno local, a raíz de que dos concejales de Democracia Ourensana acusaran al alcalde de desviar 800.000 euros del partido sin informar del destino de los fondos. Pero el PP volvió al gobierno nueve meses después, tras fracasar un acuerdo para una moción de censura con el PSOE, con nueve concejales. Se rearmaba el pacto con el político "letal", que tampoco encontró obstáculos para volver a aceptar a un partido presidido en la provincia por un "corrupto" y "psicópata de corbata", como llegó a tildar Jácome a Baltar.

Los tres años largos de mandado del polémico alcalde ourensano han sido un sainete no solo en sus relaciones con el PP, con el que fraguó un intercambio de apoyos que permitió a los populares retener la Diputación. El propio grupo de Democracia Ourensana, inicialmente de siete concejales, se tambaleó con la acusación de malversación hasta verse reducido a dos miembros, aunque la dimisión y consiguiente sustitución de dos de ellos le permitiera recuperar otros tantos. Cuando fue preciso, aprovechó la falta de entendimiento de la oposición para sacar adelante sus presupuestos con una moción de confianza. Y para coronar el espectáculo, la justicia se ha cruzado en más de una ocasión en el camino de Jácome. La causa por presunta malversación fue el asunto más espinoso de los que ha tenido que afrontar el alcalde, del que ha resultado finalmente exculpado. Ya lo había sido en primera instancia, ocasión que aprovechó el PP para volver al gobierno local en 2021, dado que la cosa había quedado "en nada", según Baltar. El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense dejó sin efecto el archivo de la causa y, ya en junio, la jueza archivó definitivamente el caso.

La causa, abierta a instancias de la Fiscalía a raíz de una denuncia anónima, atribuía al alcalde el desvío de casi 100.000 euros de su grupo Democracia Ourensana al canal de televisión del que es propietario, Auria TV. El ministerio público se retractó y pidió el sobreseimiento. Fue cuando el juez instructor, José Luis Doval, se apartó del caso, al haber contratado Jácome a su esposa como asesora. Ya sin asuntos mayores frente a la justicia, asegura que puede llegar a final de mandato con el apoyo de sus cuatro concejales, mientras el PSOE mira hacia el PP para tratar de impulsar una moción de censura. El PP local, ahora renovado, dice que está "dispuesto a escuchar, dialogar y, llegado el caso, sentarse en la mesa negociadora y valorar la mejor opción para la ciudad". El reto es llegar al acuerdo que fue imposible en 2021 por el veto de los populares al candidato socialista a la alcaldía.



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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2139 en: 28 de Agosto de 2022, 08:49:14 am »

Unijepol exige al alcalde de Alcañiz que “respete”  al jefe de la Policía Local


Unijepol exige al alcalde de Alcañiz que “respete” al jefe de la Policía LocalUrquizu le destituyó después de que la Justicia reconociera sus emolumentos
sábado, 27 de agosto de 2022 - 09:29Por Marcos Navarro
La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) exige al Ayuntamiento de Alcañiz y al Gobierno de Aragón que cumplan “escrupulosamente la legalidad” y “respeten los derechos” del jefe de la Policía Local de Alcañiz, Pedro Obón. El agente fue destituido verbalmente en julio por el alcalde, Ignacio Urquizu, dos semanas después de que una sentencia judicial reconociera su derecho a percibir 30.000 euros en concepto de compensaciones por los cinco años en los que a efectos prácticos ha ejercido de subinspector y no de oficial.

Unijepol, organización a la que está afiliado Obón, pone a disposición del jefe de la Policía Local sus servicios jurídicos y los de la Asociación de Jefes de la Policía Local de Aragón (Ajepla, con la que mantiene un convenio de colaboración) para la “inmediata solución de este lamentable conficto”, indica en su web.

La asociación pide que se ejecuten “los trámites necesarios para normalizar la conflictiva situación que hoy sufre la Policía Local” de Alcañiz, y que se dé cumplimiento a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Teruel para que Obón perciba los emolumentos que se le adeudan.

Por último, solicita al Ayuntamiento que evite “toda decisión municipal que no esté amparada estrictamente en el ordenamiento jurídico y en el Derecho”.

Según explicó el abogado de Obón, Víctor Gómez, el agente fue nombrado jefe accidental de la Policía Local en 2017, lo que le obliga a desarrollar funciones superiores compatibles con la categoría de subinspector. Sin embargo, afirmó, en cinco años el consistorio solo le ha abonado las retribuciones correspondientes a la categoría de oficial, “incrementadas con un mínimo importe”.

El 7 de abril de 2021, Obón reclamó al Ayuntamiento por la vía administrativa y se reunió con Urquizu, que según el abogado declinó cualquier acuerdo. Es por ello que el agente acudió al Contencioso, que el 29 de junio de 2022 condenó al consistorio al abono de las diferencias retributivas, estimadas en 30.000 euros, con los intereses legales devengados desde la fecha de la reclamación a la Administración.

Expediente disciplinario
Dos semanas más tarde, el 11 de julio, el alcalde incoó expediente sancionador contra Obón por la comisión de una infracción “muy grave” por "desobediencia abierta a las indicaciones realizadas” por el alcalde, así como por la concejala delegada de Personal y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Irene Quintana y Kiko Lahoz, “en cuanto a la organización del servicio”, especialmente “con los respectivos refuerzos” durante la última Semana Santa.

Con esta última actuación, argumenta la resolución disciplinaria, finaliza “un cúmulo de situaciones que por parte del jefe de la Policía vienen a desoír las órdenes efectuadas por este alcalde”.

Por otra parte, concluye el texto, “se ha procedido a requerir en innumerables ocasiones la presentación de la liquidación de la caja de efectivo que está depositada en las oficinas de la Policía Local”, la última vez y por escrito el 11 de marzo, “sin que haya sido atendido”.

El 14 de julio, mismo día en que le notificó la incoación del expediente y siempre según el abogado, Urquizu comunicó a Obón su destitución como jefe de la Policía Local de forma verbal. “Pedro Obón estaba de baja por problemas con un pie”, apostilló Gómez. 

Fue condecorado en abril
El abogado de Obón considera “chocante” que la destitución  llegara tan solo tres meses después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, condecorara a este profesional, a propuesta del alcalde, con el Distintivo Azul “por su trabajo ejemplar como jefe de la Policía Local”, y que la incoación de expediente se materializara 13 días después de la sentencia.

De confirmarse formalmente la destitución de Obón, éste la recurrirá porque considera que “obedecen a represalias”.

Con respecto a la liquidación de la caja de efectivo, el abogado argumenta que el administrativo que asiste a Obón se encuentra de baja, igual que él mismo, que desde mayo ha tenido problemas en un pie. Tras la reunión con el alcalde de julio, el responsable policial acusa “un cuadro agudo de depresión-ansiedad”. Obón se presta a seguir intentando un diálogo con el consistorio.