Autor Tema: Policía, alcaldes y concejales  (Leído 369255 veces)

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2480 en: 30 de Diciembre de 2025, 06:46:33 am »
El alcalde de Algeciras llevará a los tribunales las «injurias e insidias» de Alvise contra él

Historia de Ricardo, Coarasa • 20 h •

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a quien el PSOE ha denunciado en el Tribunal Supremo, por supuestos casos de acoso sexual a concejalas del Consistorio y por la supuesta contratación irregular de la exedil de Educación, ha anunciado que denunciará al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por lo que considera una "campaña continuada de hostigamiento, difamación y descrédito personal" contra él por parte del líder de Se Acabó la Fiesta.

En un comunicado, su abogada, Guadalupe Sánchez Baena, anuncia la interposición de acciones legales en defensa de su honor para hacer frente a las "acusaciones, injurias e insidias" que según denuncia ha venido difundiendo Alvise a través de las redes sociales.

La defensa del exsenador del PP -partido en el que se ha dado de baja tras hacerse públicos esos supuestos casos de acoso sexual- asegura que el eurodiputado vierte de forma reiterada contra su persona "graves insultos e insidias, acusaciones falsas y manifestaciones de carácter intimidatorio y amenazante".

Anuncia una querella en el Supremo
Por lo que está dispuesto a defenderse en los tribunales tanto en la vía civil -con una demanda de protección al honor- como en la vía penal, en la que anuncia la interposición de una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (dada la condición de aforado de Alvise, que ya está siendo investigado por varias causas en el alto tribunal) por coacciones, amenazas y acoso.

Unas actuaciones judiciales que, avisa su letrada, se extenderán en adelante a quienes "reproduzcan, difundan o amplifiquen el contenido" de esas acusaciones.

Asimismo, en el comunicado se reitera "de forma expresa, firme e inequívoca" la "condena absoluta" de Landaluce "hacia cualquier forma de violencia contra las mujeres", así como contra cualquier conducta "que atente contra su dignidad, libertad o integridad personal y moral".

Alvise tiene cuatro causas abiertas
Del mismo modo, añade, rechaza "de manera tajante la utilización, manipulación o instrumentalización de una causa tan grave y sensible con fines políticos espurios". Algo que, subraya, "no solo banaliza el sufrimiento real de las víctimas", sino que "socava los principios más elementales de justicia, verdad y respeto a la presunción de inocencia".


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2481 en: 04 de Enero de 2026, 07:03:31 am »
El concejal separatista acusado de agredir a un policía en Mallorca lloriquea por la filtración del caso

Historia de Julio Bastida • 20 h •

Joan Campins, concejal separatista de Fiestas de Capdepera, implicado en el incidente ocurrido durante la madrugada de Fin de Año ha reconocido errores en su comportamiento tras la pelea registrada en la plaza des Sitjar, en el marco de la fiesta organizada por el Ayuntamiento. Aunque niega de forma tajante cualquier agresión física o verbal a agentes de la Policía Local, admite que su actuación se produjo en un contexto de tensión y que sus formas «no fueron las más correctas».

El edil no deja de lloriquear en el comunicado remitido a los medios y trata de recular ante un comportamiento violento y agresivo que, supuestamente, mantuvo la noche de Fin de Año, tal y como recoge el atestado policial adelantado en exclusiva por OKBALEARES.

Según el político independentista de Més, los hechos se remontan a la noche del 1 de enero, cuando se produjo una pelea frente al antiguo ayuntamiento que dejó a una persona herida y tendida en el suelo con abundante sangrado. El concejal explica que, tras ser avisado del altercado, recriminó a los agentes su actitud previa al incidente, al considerar que existió una falta de control y prevención durante el evento. Cabe recordar que este edil carece de formación policial y de seguridad. Se trata del concejal de festejos y, según el atestado, iba bajo los efectos del alcohol.

En su relato, reconoce que cuestionó de manera directa la actuación policial una vez la situación ya estaba controlada, algo que contribuyó a generar un clima de tensión innecesario. «Todo sucedió en un momento de nerviosismo», admite, asumiendo que su intervención no ayudó a rebajar el conflicto y que su comportamiento pudo ser interpretado como inapropiado dada su responsabilidad institucional.

El edil subraya que su intención era evitar que se repitieran episodios violentos y reclama una mayor presencia preventiva de la Policía Local en los puntos más conflictivos de los actos festivos. No obstante, reconoce implícitamente que la forma elegida para expresar su malestar no fue la adecuada y que la situación no debería haberse producido.

Pese a esta autocrítica parcial, el concejal rechaza las informaciones que apuntan a un enfrentamiento directo con los agentes y sostiene que su conducta no alteró la actuación policial. También denuncia que la filtración de estos hechos a la prensa responde, a su juicio, a conflictos internos dentro del cuerpo policial.

El episodio ha generado polémica en el municipio y ha reabierto el debate sobre el papel de los cargos públicos en situaciones de emergencia y la necesidad de mantener una actitud ejemplar, especialmente en contextos de tensión y ante los cuerpos de seguridad.

Esta versión facilitada por el concejal independentista (Més per Mallorca) difiere mucho de la versión oficial de la Policía Local. La Policía Local de Capdepera denuncia al regidor de Fiestas del municipio, por agredir a un agente y tratar de impedir la identificación de un sospechoso en una pelea. La madrugada del pasado 1 de enero, en torno a las 03:30 horas, una intervención rutinaria de la Policía  por una supuesta agresión acabó derivando en un grave incidente institucional protagonizado por el concejal, según consta en el atestado policial.

De acuerdo con el relato de los agentes actuantes, el edil irrumpió de manera reiterada en la intervención policial, interponiéndose físicamente ante los funcionarios y obstaculizando de forma grave y continuada su labor. La patrulla se encontraba atendiendo a una persona herida y tratando de identificar al presunto agresor cuando el concejal comenzó a increpar a los agentes, adoptando una actitud que las fuentes consultadas califican de «abiertamente hostil, desconsiderada y carente del más mínimo respeto institucional».

Los policías aseguran que, ante esta situación, solicitaron al concejal en repetidas ocasiones, de manera clara y concisa, que cesara en su comportamiento y permitiera el normal desarrollo de la actuación. Sin embargo, lejos de colaborar, el edil hizo caso omiso a todas las indicaciones, persistiendo en una conducta que dificultó tanto la asistencia sanitaria a la víctima como la identificación del presunto agresor, comprometiendo seriamente la eficacia del servicio policial.

Según el informe, el concejal presentaba un acusado estado de nerviosismo y una sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas, circunstancia que habría contribuido a agravar la tensión del momento. Mientras uno de los agentes se encontraba auxiliando al herido, el concejal incrementó su nivel de agitación, llegando presuntamente a agarrar por la fuerza en varias ocasiones a uno de los policías por partes del uniforme y del chaleco protector, zarandeándolo de forma violenta.

Ante esta intromisión física directa, y con el único objetivo de garantizar la atención a la víctima y preservar la integridad de la intervención, el agente se vio obligado a realizar una maniobra de rechazo proporcional para zafarse del agarre y continuar con su labor asistencial, siempre según la versión recogida en el atestado.

Lejos de deponer su actitud, el concejal habría continuado profiriendo en voz alta expresiones de carácter vejatorio, ofensivo y humillante contra los agentes presentes, cuestionando su profesionalidad y menospreciando su trabajo. Frases como «con lo que cobráis esta noche, para que os estáis tocando los huevos» o «no tenéis vergüenza, siempre hacéis lo que os da la gana, me tenéis que obedecer» consta literalmente en el informe policial.

Fuentes policiales subrayan la extrema gravedad de los hechos, no solo por la interferencia directa en una actuación de emergencia, sino por tratarse de un cargo público con responsabilidades de gobierno, cuya conducta —afirman— «supone un ataque frontal a la autoridad policial y un desprecio absoluto a los principios básicos de respeto institucional y convivencia democrática».

Minutos después del incidente se personó en el lugar la alcaldesa separatista del municipio, Núria García,  a quien los agentes informaron detalladamente de lo ocurrido y del comportamiento mantenido por el concejal hacia los funcionarios públicos. Hasta el momento, no ha trascendido si el equipo de gobierno municipal ha abierto algún tipo de investigación interna o si se adoptarán medidas políticas o disciplinarias al respecto.

Fuentes consultadas por este periódico han constatado que sindicatos policiales ya están estudiando interponer una denuncia más contra el regidor por intromisión en la labor policial, obstrucción a los agentes de la autoridad y atentado. De hecho, en breve podrían salir vídeos de la actuación del concejal totalmente fuera de lugar, tal y como reconoce él mismo en su comunicado.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2482 en: 04 de Enero de 2026, 18:29:28 pm »
Fuentes consultadas por este periódico han constatado que sindicatos policiales ya están estudiando interponer una denuncia más contra el regidor por intromisión en la labor policial, obstrucción a los agentes de la autoridad y atentado. . . Eso debería de estar hecho desde el minuto uno, no sé a qué esperan. . .

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2483 en: 09 de Enero de 2026, 12:50:33 pm »

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica la condena a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por represalias contra dos empleadas municipales


El TSJM avala que el cese fue una represalia y mantiene la indemnización de 7.501 euros para cada trabajadora


Belén Campos

SER Madrid Oeste08/01/2026 - 11:50 CET

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia que condena a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por vulnerar derechos fundamentales de dos trabajadoras municipales, a las que deberá indemnizar con 7.501 euros a cada una en concepto de daños morales. La resolución confirma el fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, que ya había declarado la existencia de una actuación represiva contra ambas empleadas públicas, mientras que absolvió al Ayuntamiento de Móstoles de cualquier responsabilidad. El TSJM desestima el recurso de suplicación interpuesto por Noelia Posse, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles y confirma la citada resolución. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación.

La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse condenada a abonar a dos secretarias 7.000 euros por daños morales
Según recoge la sentencia del TSJM, los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando las dos demandantes, que ocupaban puestos de secretaría en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores, participaron activamente en una asamblea sindical de interinos celebrada el día 6 de ese mes. En ella defendieron una posición crítica respecto al proceso de negociación para la consolidación del personal temporal en el consistorio. Las secretarias intervinieron en la asamblea, mostrando su disconformidad con la continuidad de la negociación por el sindicato UGT

Una decisión “fulminante” y sin causa objetiva

El alto tribunal madrileño considera acreditado que existe una conexión temporal directa entre la participación de las trabajadoras en dicha asamblea y su cese inmediato en los puestos que venían desempeñando. Según la resolución, la entonces alcaldesa ordenó su restitución a anteriores funciones de menor responsabilidad sin que existiera ninguna causa objetiva que lo justificara.

El TSJM subraya que no hubo razones organizativas, productivas ni funcionales que avalaran ese cambio, y destaca que la decisión fue “fulminante”, produciéndose justo después de que Noelia Posse tuviera conocimiento de la intervención de ambas trabajadoras en la asamblea sindical.

Además, la sentencia remarca que no se adoptaron decisiones similares respecto a otros empleados municipales en esas mismas fechas, lo que refuerza la tesis de que se trató de una medida selectiva y de carácter represivo.

Vulneración de derechos fundamentales
Los magistrados consideran que la actuación de la exalcaldesa vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical de las demandantes, al castigarlas por expresar públicamente su postura en el marco de un proceso de negociación laboral.

Por este motivo, el TSJM mantiene la condena al pago de una indemnización de 7.501 euros para cada una de las trabajadoras, en concepto de daños morales, al entender que la actuación les causó un perjuicio personal y profesional relevante.

En cambio, el tribunal vuelve a eximir al Ayuntamiento de Móstoles de cualquier responsabilidad, al considerar que las decisiones no fueron adoptadas por el consistorio como institución, sino directamente por la entonces alcaldesa.

En su momento, cuando se conoció la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, Noelia Posse, ya manifestó públicamente su desacuerdo con la resolución judicial y en declaraciones a Ser Madrid Oeste aseguró que no compartía la sentencia


MóstolesEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia que condena a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por vulnerar derechos fundamentales de dos trabajadoras municipales, a las que deberá indemnizar con 7.501 euros a cada una en concepto de daños morales. La resolución confirma el fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, que ya había declarado la existencia de una actuación represiva contra ambas empleadas públicas, mientras que absolvió al Ayuntamiento de Móstoles de cualquier responsabilidad. El TSJM desestima el recurso de suplicación interpuesto por Noelia Posse, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles y confirma la citada resolución. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación

Según recoge la sentencia del TSJM, los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando las dos demandantes, que ocupaban puestos de secretaría en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores, participaron activamente en una asamblea sindical de interinos celebrada el día 6 de ese mes. En ella defendieron una posición crítica respecto al proceso de negociación para la consolidación del personal temporal en el consistorio. Las secretarias intervinieron en la asamblea, mostrando su disconformidad con la continuidad de la negociación por el sindicato UGT


Una decisión “fulminante” y sin causa objetiva
El alto tribunal madrileño considera acreditado que existe una conexión temporal directa entre la participación de las trabajadoras en dicha asamblea y su cese inmediato en los puestos que venían desempeñando. Según la resolución, la entonces alcaldesa ordenó su restitución a anteriores funciones de menor responsabilidad sin que existiera ninguna causa objetiva que lo justificara.

El TSJM subraya que no hubo razones organizativas, productivas ni funcionales que avalaran ese cambio, y destaca que la decisión fue “fulminante”, produciéndose justo después de que Noelia Posse tuviera conocimiento de la intervención de ambas trabajadoras en la asamblea sindical.

Además, la sentencia remarca que no se adoptaron decisiones similares respecto a otros empleados municipales en esas mismas fechas, lo que refuerza la tesis de que se trató de una medida selectiva y de carácter represivo.

Vulneración de derechos fundamentales
Los magistrados consideran que la actuación de la exalcaldesa vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical de las demandantes, al castigarlas por expresar públicamente su postura en el marco de un proceso de negociación laboral.

Por este motivo, el TSJM mantiene la condena al pago de una indemnización de 7.501 euros para cada una de las trabajadoras, en concepto de daños morales, al entender que la actuación les causó un perjuicio personal y profesional relevante.

En cambio, el tribunal vuelve a eximir al Ayuntamiento de Móstoles de cualquier responsabilidad, al considerar que las decisiones no fueron adoptadas por el consistorio como institución, sino directamente por la entonces alcaldesa.

En su momento, cuando se conoció la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, Noelia Posse, ya manifestó públicamente su desacuerdo con la resolución judicial y en declaraciones a Ser Madrid Oeste aseguró que no compartía la sentencia


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2484 en: 16 de Enero de 2026, 09:44:38 am »

Dos exalcaldes del PP del municipio coruñés de Miño aceptan penas de cárcel e inhabilitación por prevaricar


La condena de Jesús Veiga es de un año y cuatro meses de prisión, que se suma a la inhabilitación para cargo electo que también se le impone a Juan Antonio Maceiras

elDiario.es Galicia

15 de enero de 2026 12:47 h


Los exalcaldes de Miño (A Coruña) Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga -que acuparon el cargo entre los años 2003 y 2015- han aceptado penas de inhabilitación para cargo electo por prevaricación, además de una condena de prisión de un año y cuatro meses en el segundo caso, aunque con suspensión de la pena si en dos años no comete un delito. Ha sido en el juicio fijado para este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que también se juzgaba a una exconcejala de sus gobiernos y la administradora de la empresa que realizaba los trabajos de gestión urbanística.


Cervezas, copas y chupitos en el PP de Noia: 30.000 euros fundidos por un alcalde pese al reparo de la interventora

Estas dos últimas también han aceptado la condena de cárcel, que suponen una rebaja respecto a la inicialmente solicitada por el Ministerio Público, así como la inhabilitación a cuatro años y seis meses para cargo electo, informa Europa Press. En la vista en la que los acusados aceptaron la conformidad a la que llegaron sus abogados llegaron con la Fiscalía no se citaron las penas de inhabilitación concretas pactadas, que figuran en el acuerdo.

En declaraciones a los medios antes del inicio de la vista, Juan Antonio Maceiras ha asegurado que se les ha acusado por una prórroga de contratos, que es “norma en toda Galicia, incluso con actuaciones peores”. Por ello, ha avanzado que denunciará ante el Ministerio Público a los consistorios en esa situación que son, ha apostillado, “el 80 por ciento”. Por otra parte, ha lamentado que no se juzgase a la persona “responsable” de los hechos por los que se les llevó a juicio. “La Fiscalía sabe quién fue la responsable de que el pliego no se hiciera”, ha insistido para tildar de “infamia” las denuncias efectuadas.

En su escrito de calificación fiscal se calificaron los hechos como delitos de malversación y prevaricación por prorrogar diferentes contratos a pesar de informes negativos del interventor municipal.

Ahora, tras el acuerdo entre las partes, se rebajan las penas solicitadas al aplicarse las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño por haber consignado tres de los procesados las cantidades que tuvo que abonar el Ayuntamiento.

Así, el Ministerio Público sostiene que Maceiras firmó un contrato con una empresa para prestar los servicios de limpieza de la Agrupación Escolar Piñeiro-Miño en el año 2006 de una duración de dos años prorrogable sin exceder el máximo de cuatro años. En 2008 se acordó prorrogarlo, por lo que la vigencia se perdería en 2010.

Sin embargo, detalla Fiscalía, durante los dos mandatos de los ahora acusados la empresa siguió prestando los mismos servicios sin que se convocara ningún procedimiento de contratación de concurrencia competitiva, por lo que el interventor realizó informes de reparo y desfavorables al pago de diferentes facturas al respecto, que tanto la exconcejala como Jesús Veiga decidieron ignorar.

Del mismo modo, en el año 2006, Veiga selló como alcalde accidental un contrato administrativo para la prestación del servicio de limpieza y conserjería en el Centro Sociocultural da Rúa, que fue prorrogado por Maceiras en 2008 y del que, al igual que el anterior y a pesar también de los reparos del interventor, se siguió con este sistema hasta ya avanzado el año 2015.

Por otro lado, en una Junta de gobierno local en 2006 se acordó la contratación del mantenimiento, apertura y riego del campo de fútbol de manera provisional, para lo que se contrató a una empresa mientras no se adjudicase por conjunto público el servicio.

Con todo, los acusados durante sus respectivos mandatos nunca convocaron el procedimiento correspondiente y la mercantil continuó realizando este servicio hasta el 2015. Igual que en anteriores ocasiones, informes del interventor municipal recomendaban iniciar un procedimiento administrativo de adjudicación de este contrato, que ignoraron.

Esta misma situación se repitió, según el escrito del Ministerio Fiscal, en el contrato de servicios de mantenimiento y conservación de los parques, jardines y zonas verdes públicas del Ayuntamiento, en el de servicios de conserjería, mantenimiento y limpieza del Pabellón Polideportivo Municipal de Miño.

Otro de los asuntos que destaca Fiscalía es la adjudicación por parte de la concejala de un contrato a una empresa por valor de 18.000 euros para un servicio para determinar qué entidades constituyen núcleos de población y cuáles diseminado, así como, contrastar la numeración anterior asignada a las viviendas con la nueva numeración resultante de la elaboración y aprobación del nuevo callejero.

En este caso, el contrato establecía que la empresa debería prestar un servicio presencial de atención al público en el Ayuntamiento los lunes y los viernes de 9.00 a 15.00 horas para atender consultas y que tendría una duración de 10 meses sin posibilidad de prórroga.

Sin embargo, la empresa no acabó en plazo los trabajos y siguió facturando por ellos, “obteniendo así un lucro indebido e injustificado”. El interventor también emitió informes desfavorables al respecto.

Las penas que se pedían inicialmente

Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente para cada uno de los acusados 10 años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos solicita cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta para todo empleo público para Jesús Veiga y la edil, así como para la administradora de la empresa que realizaba los trabajos de gestión urbanística.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2485 en: 17 de Enero de 2026, 07:42:38 am »

Dimite el , Fernando Villalaín (PP), tras ser procesado por un delito de prevaricación


El origen de la causa se remonta a una resolución que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 5 de abril de 2024

Morata de Tajuña
Actualizado Viernes, 16 enero 2026 - 16:35

El alcalde de Morata de Tajuña, Fernando Villalaín (PP), anunció su decisión de dejar la Alcaldía tras su procesamiento por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación y utilización de una gradería desmontable municipal. En un video difundido por redes sociales dirigido a los vecinos, el regidor ha querido comenzar agradeciendo la confianza recibida por su parte, destacando que "esa confianza ha sido siempre el mayor estímulo y, al mismo tiempo, la mayor responsabilidad" durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

Según ha explicado también en un comunicado enviado a los medios, las circunstancias políticas y personales "han ido afectando a la energía necesaria para liderar el proyecto municipal", por lo que, tras la conclusión de la investigación penal y su procesamiento, ha decidido dejar la Alcaldía "desde la responsabilidad, la honestidad y el profundo amor por su pueblo".

Por este motivo, y "por coherencia, por respeto a los vecinos y por responsabilidad institucional", ha reiterado su decisión de dar un paso a un lado, afirmando que "no se trata de una renuncia desde el desánimo, sino desde la convicción de pensar primero en el pueblo, de saber reconocer cuándo es el momento de ceder el testigo".


Asimismo, ha querido agradecer de manera expresa el trabajo del equipo de gobierno y de todos los compañeros que le han acompañado durante esta etapa, subrayando que "hemos formado un grupo sólido, con una clara vocación de servicio público". En su mensaje de despedida, el alcalde ha asegurado que seguirá vinculado al municipio como "un vecino más, comprometido con su pueblo".


La marcha de Villalaín se produce después de que en diciembre pasado, un juez acordara continuar la tramitación de la causa penal por los cauces del procedimiento abreviado por si los hechos investigados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa.

"Sin un proyecto de ejecución e instalación aprobado"
El origen de la causa se remonta a una resolución que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 5 de abril de 2024, que incluía dos modificaciones de crédito del Presupuesto General por un importe superior a 480.000 euros destinadas a la instalación de una gradería desmontable para espacios multiusos.

El acuerdo, que fue sometido a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se llevó a convocatoria pública y fue adjudicado a la empresa Plazas de Toros Ocón S.L., única licitadora, por un importe de 390.710 euros, sin IVA, con un plazo de ejecución de tres meses.

Sin embargo, la resolución judicial recoge que la gradería fue montada y utilizada durante los festejos de la localidad, celebrados entre los días 9 y 15 de septiembre de 2024, "sin que existiera un proyecto de ejecución e instalación aprobado".

Además, en la causa constan informes desfavorables que advertían de que la instalación no cumplía los requisitos exigibles y manifestaciones del arquitecto municipal, quien declaró haber emitido informes de incumplimiento durante la ejecución de las obras y haber sido apartado de la supervisión del proyecto.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2486 en: 24 de Enero de 2026, 09:00:44 am »
El juicio por el secuestro exprés de la exconcejal de Maracena se aplaza a octubre

Historia de Europa Press • 18 h •

El juicio estaba inicialmente señalado para principios de febrero, pero ha sido retrasado al 5, 6 y 7 de octubre a petición de uno de los letrados por motivos personales, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

En el momento de los hechos, el acusado, que se encuentra en libertad provisional, era la pareja sentimental de la entonces alcaldesa de la localidad, Berta Linares, también del PSOE. Aunque ella fue investigada en un principio como presunta inductora del secuestro, el juez finalmente lo descartó y archivó la causa para ella y para otro concejal del municipio.

La Fiscalía ha solicitado que el secuestrador confeso sea condenado a un total de ocho años de prisión por un delito de detención ilegal, otro leve de lesiones y un tercer delito de lesiones psíquicas, según detallaron a Europa Press fuentes del caso.

Además de las correspondientes medidas de prohibición de comunicación y aproximación a la víctima, el Ministerio Fiscal solicita que se indemnice en 6.000 euros a Vanessa Romero y en la cantidad que se determine en el acto de juicio conforme al informe médico forense final.

La acusación particular, que ejerce la presunta víctima, ha solicitado que sea condenado a nueve años de prisión por un delito de detención ilegal y otro de lesiones psíquicas. Tanto la Fiscalía como la acusación particular comparten en buena medida el relato de hechos realizado por el juez instructor en uno de sus últimos autos.

EL SECUESTRO

En él se expone que el acusado habría preparado el secuestro semanas antes haciendo diversas búsquedas por Internet y adquiriendo tanto un cuchillo tipo militar --de 19 centímetros de hoja-- como una pistola simulada; guantes para evitar dejar huellas, bridas de plástico, papel de aluminio para envolver los móviles y evitar un posible posterior rastreo, cinta carrocera y otros efectos.

Con todo ello dentro de una mochila se desplazó la mañana del 21 de febrero en su vehículo hasta el colegio donde Vanessa Romero dejaba cada mañana a sus hijos. Supuestamente le dijo que había ido a dejar a los hijos de Berta Linares --su pareja en ese momento-- y con la excusa de que se había quedado sin gasolina le pidió que le llevara.

Una vez dentro del vehículo de Vanessa, presuntamente le apuntó con una pistola simulada para que diera la vuelta y se adentraron en la zona recreativa del embalse de Cubillas. Una vez allí, tras un intento fallido de citarse con el arquitecto municipal de Maracena usando el móvil de la víctima, supuestamente envolvió con papel del aluminio el teléfono, sentó a la edil en el asiento de atrás atada de pies y manos, le tapó los ojos y la boca con una venda y continuaron el trayecto hasta la localidad de Armilla.

Allí introdujo el coche en un garaje alquilado por él y, presuntamente amenazándola con una especie de barra metálica, consiguió que Romero se metiera en el maletero, tras lo que se marchó dejándola encerrada. Ella aprovechó ese momento para golpear los asientos traseros hasta que cedieron, de modo que pudo escapar y pedir ayuda.

Por su parte, el acusado se dirigió a una ferretería de Maracena para comprar un cuchillo y un rollo de cinta americana negra; mantuvo luego un encuentro con su entonces pareja, Berta Linares, y decidió volver al local de Armilla, pero una vez allí se percató de la presencia policial. Volvió a tomar el metro en dirección a Maracena y en esta localidad finalmente fue detenido.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2487 en: 01 de Febrero de 2026, 07:46:43 am »
Todo queda en casa....

El gobierno de Mogán ficha como asesora a una exconcejala y pareja de un concejal: 19.000 euros al año con jornada parcial


Según el currículo publicado en la web del Ayuntamiento, Alba Medina se licenció en Sociología por la Universidad de La Laguna (ULL) en 2012. Antes de su irrupción en política en las listas de Ciuca (el anterior partido de la alcaldesa, Onalia Bueno) en las elecciones de 2015, la nueva asesora, que es pareja del concejal Luis Becerra, había trabajado como dependienta de zapatería y de óptica y en la hostelería


Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria — 31 de enero de 2026 20:27 h 2

El grupo de gobierno de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), contará con una nueva asesora a partir del 1 de febrero. Alba Medina se incorpora como personal eventual al área de servicios públicos con un sueldo de 19.000 euros al año por una jornada parcial del 60%, equivalente a unas 24 horas semanales.

Medina no es una desconocida en el municipio. En los dos mandatos precedentes, 2015-2019 y 2019-2023, fue concejala por Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), el anterior partido de la alcaldesa, y ostentó responsabilidades de gobierno en áreas como Turismo, Alumbrado, Estadística, Transparencia, Régimen Interior o Patrimonio, así como en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC).


La nueva asesora es, además, pareja de un concejal del actual grupo de gobierno, Luis Becerra, quien lidera el área de servicios centrales, con competencias en materia de Nuevas Tecnologías y Sanidad y Bienestar Animal, y que también preside el Consejo de Administración de la empresa municipal Mogán Sociocultural, responsable, entre otros, de la radio y la televisión pública local.

Según el currículo publicado en la web del Ayuntamiento, Alba Medina se licenció en Sociología por la Universidad de La Laguna (ULL) en 2012. Antes de su irrupción en política en las listas de Ciuca en las elecciones de 2015, la nueva asesora había trabajado como dependienta de zapatería y de óptica y en la hostelería.

Tras formar parte del gobierno de Bueno durante esos dos primeros mandatos, Medina no concurrió en las listas de Juntos por Mogán en los comicios de 2023. Sin embargo, dos años y medio después ha sido rescatada por el actual partido de la alcaldesa para cubrir uno de los cuatro puestos de personal eventual (de confianza) creados para el actual mandato.

El nombramiento de Medina se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado lunes. La resolución de su nombramiento está firmada por el concejal de Urbanismo y Recursos Humanos, Mencey Navarro, en su condición de alcalde accidental en sustitución de Onalia Bueno, que en ese momento se encontraba en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid junto al concejal Luis Becerra, pareja de la nueva asesora municipal.

Precisamente a esos dos concejales les ha retirado competencias Onalia Bueno en este último año. A Mencey Navarro le quitó las funciones sobre la Policía Local en febrero de 2025. En un pleno municipal dijo que lo había hecho porque este concejal ya tenía una carga de trabajo “increíble” en sus otras áreas. A Luis Becerra le despojó de las funciones de Deporte en septiembre del año pasado con el objetivo de mejorar las instalaciones y los servicios que se prestaban a los vecinos. En ambos casos, la propia alcaldesa ha asumido de forma directa las competencias.

Propuesta por una compañera de lista
La propuesta de nombramiento de Alba Medina como asesora parte de la funcionaria María Cecilia Santana, que es coordinadora de las áreas de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento del Ayuntamiento de Mogán. Ambas coincidieron en las listas de Ciuca en las elecciones de 2019. Medina iba en el número ocho de la plancha encabezada por Onalia Bueno y Santana, en el puesto catorce.

Según la resolución firmada por Mencey Navarro, la nueva asesora tendrá como funciones específicas las de “apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas, así como supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en las mismas”.

El gobierno municipal justifica el nombramiento de Medina por “cuestiones de excesiva carga de trabajo técnico” en las áreas de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. “Se precisa de una persona que preste apoyo al personal ya adscrito con la finalidad de evitar un retraso en la tramitación de los expedientes que requieren urgencia inmediata por cuestiones de cumplimientos de plazos”, recoge la resolución.

La subida salarial de otro asesor
Medina se incorpora así a una nómina de asesores en la que también figura desde finales de 2024 José Antonio Guerra, polémico concejal de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria entre 2019 y 2021 (dejó el partido después de ser expedientado en dos ocasiones, una de ellas tras la denuncia de una concejala por agresiones verbales) y candidato con Coalición Canaria (CC) a la misma corporación en las elecciones de 2023.

Al igual que a la nueva asesora, a Guerra se le asignó en un principio una retribución anual de 19.000 euros por una jornada parcial al 60%. Tan solo seis meses después, sin embargo, el grupo de gobierno encabezado por Onalia Bueno le incrementó el sueldo, pasando a percibir 28.000 euros anuales (2.000 al mes) por una dedicación al 85%.

Tal y como publicó este periódico en aquel momento, Guerra ya trabajaba desde el 1 de septiembre de 2021 con contrato indefinido a jornada completa como profesor asociado de la Universidad Fernando Pessoa. Cuando el Ayuntamiento de Mogán lo designó asesor (noviembre de 2024) no pidió la compatibilidad para poder ejercer ambos trabajos. De hecho, no lo hizo hasta enero del año siguiente. Y el Ayuntamiento de Mogán se la concedió en febrero.

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Nueva Canarias (NC) denunció entonces que Guerra había ejercido durante tres meses sin la compatibilidad requerida y que, por tanto, había infringido el Estatuto Básico del Empleado Público. La formación canarista presentó un escrito para exigir a la alcaldesa que reclamara al asesor el reintegro de las cantidades que consideraba indebidamente percibidas, pero no obtuvo respuesta.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2488 en: 05 de Febrero de 2026, 07:30:44 am »
El alcalde de Colmenar de Oreja dice "puta Policía" en un pleno: "Fue un error, pido disculpas"


Asegura el primer edil que todo se produjo por la falta de agentes en el Pleno para expulsar a una concejala de la oposición

Luis F. DuránMadrid
Madrid
Actualizado Jueves, 5 febrero 2026 - 00:04
El alcalde de Colmenar de Oreja, Miguel Ángel Pulido (PP), profirió la expresión "puta Policía" durante el Pleno municipal celebrado el pasado jueves 29 de enero, al comprobar que no había agentes de la Policía Local en la sala para ejecutar la expulsión de una concejala. El regidor ha reconocido este martes su error y ha anunciado que pedirá disculpas públicas tanto en el próximo pleno como a través de un vídeo institucional.

Los hechos se produjeron cuando el alcalde ordenó la expulsión de la concejala Pilar Algobia, del partido independiente de Colmenar de Oreja, por intervenir sin tener la palabra. Según fuentes municipales, la edil se negó a abandonar el salón de plenos hasta la llegada de la Policía Local, momento en el que el alcalde, con el micrófono abierto, pronunció la expresión ahora polémica al comprobar que no había agentes en el edificio.

"Admito mi error y voy a pedir disculpas. Fue una expresión inapropiada", ha señalado Pulido, que asegura que ya ha pedido perdón personalmente a los agentes y que difundirá un vídeo disculpándose públicamente. "Solté 'la puta Policía, ¿dónde está?', sin ningún ánimo de ofender a los policías. Ostento un cargo de responsabilidad y entiendo que me equivoqué", ha afirmado.

El sindicato UPM exige disculpas públicas

La Unión de Policía Municipal (UPM) remitió un escrito al Ayuntamiento en el que exigía una rectificación pública y disculpas oficiales por unas palabras que consideran "inaceptables" y "una falta de respeto grave" hacia la labor y la dignidad de los agentes. En el documento, firmado por el delegado sindical David Javier Arribas Pérez, el sindicato solicitaba que el alcalde se retracte en un comunicado oficial, ofrezca disculpas públicas al cuerpo de Policía Local y mantenga una reunión urgente con la representación sindical. El propio alcalde se reunió este martes con los agentes para mostrar su arrepentimiento.

El alcalde de Colmenar atribuye la falta de agentes a un fallo organizativo de la propia Policía Local. "Es un pleno ordinario que se celebra el último jueves de cada dos meses y es una de sus funciones estar presentes. El jefe de la Policía debería haber habilitado un servicio extraordinario con horas", ha señalado el regidor, aunque ha descartado abrir expedientes disciplinarios.

El regidor ha reconocido que la ausencia policial pudo haber generado un problema de orden público. "No estaba la Policía en su puesto de trabajo y podría haber habido un altercado", ha dicho, al tiempo que ha asegurado haber hablado con el jefe del cuerpo para que la situación no vuelva a repetirse.

Pulido también ha explicado que la concejala expulsada le llamó "miserable" durante el Pleno, aunque ha insistido en que ello no justifica sus palabras. "Voy a pedir disculpas en el próximo pleno", ha reiterado.

Desde UPM niegan que la ausencia policial fuera responsabilidad del jefe del cuerpo. Según explican, el cuadrante se elaboró con antelación y contaba con nuevos agentes en prácticas que no podían prestar servicio solos. Cuando se comunicó esta circunstancia, los otros tres agentes disponibles se encontraban de baja médica o ausentes por conciliación familiar, lo que hizo imposible cubrir el pleno.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2489 en: 05 de Febrero de 2026, 07:32:07 am »
Los que tanto aman a la policía no dudan en referirse a ella de manera despectiva...

https://www.dailymotion.com/video/x9z9d7w

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2490 en: 05 de Febrero de 2026, 10:16:20 am »
No es una cuestión económica, sino de liderazgo. . . pero ya lo he dicho muchas veces, somos la novia fea que todos quieren para que tenga la casa limpia, pero que luego nadie quiere bailar con ella. . .

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2491 en: 05 de Febrero de 2026, 17:03:28 pm »


DENUNCIAS CONTRA MANUEL BAUTISTA

El PP de Madrid niega el acoso sexual del alcalde de Móstoles y alega que se archivó porque "carecía de sustento"


Ayuso habla de "caso fabricado" para desviar la atención de la comparecencia de Paco Salazar en el Senado. Serrano, número dos de los populares en la región, descarta dimisiones
Foto: Manuel Bautista e Isabel Díaz Ayuso, el 4 de marzo de 2024. (EP/Fernando Sánchez)
Manuel Bautista e Isabel Díaz Ayuso, el 4 de marzo de 2024. (EP/Fernando Sánchez)
Por Ignacio S. Calleja
05/02/2026 - 10:33 Actualizado: 05/02/2026 - 14:46
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, negó este jueves el caso de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles a una concejal popular en la localidad y aseguró que fue archivado porque "carecía de sustento". "La denuncia objeto de la información carecía, a nuestra opinión, de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó", declaró Serrano en la Asamblea de Madrid. No habrá dimisiones.
El número dos de Isabel Díaz Ayuso en el partido compareció de urgencia tras la información publicada por El País, que sostiene que tanto el propio Serrano como la vicesecretaria de Organización de los populares madrileños, Ana Millán, conocían la denuncia de la edil contra Manuel Bautista, pero la presionaron para taparlo. "Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal", justificó Serrano ante los medios. El acoso, según la denuncia, arranca en la campaña electoral de 2023. Bautista recluta entonces a la presunta víctima —que prefiere mantener su anonimato— y pronto comienza a hacer todo tipo de insinuaciones de tipo sexual. Cuando ella se niega y deja claro que su relación es estrictamente profesional, es apartada de las dinámicas del grupo municipal, pasando del todo a la nada, con un trato presuntamente degradante. Aunque consiguió acta de concejal en los comicios, dimitió en octubre de 2024.
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El caso, sin embargo, no acaba en Móstoles. El círculo más próximo a Isabel Díaz Ayuso estaba al tanto de todo, pero supuestamente no hizo nada e incluso maniobró para que no hubiera denuncia en los juzgados. "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le aconsejó Millán, que según recoge El País le advirtió de que "una denuncia pública te perjudicaría". Fue la encargada de tratar lo sucedido, una vez que el gabinete de Ayuso recibió una carta de la afectada. La concejal agredida, según este relato, mantuvo varias reuniones con la cúpula del PP de Madrid, pero el resultado supuestamente siempre fue el mismo. Serrano participó en uno de estos encuentros, en marzo de 2024, y la respuesta fue similar. "Manuel te ficha, hay una mezcla entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia. ¿Estamos hablando de esto?", dijo. El PP de Madrid no niega estas conversaciones, pero sí rechaza que fueran informados de que se trataba de un caso de acoso sexual. Fuentes del partido explican que en febrero de 2024 entró un correo electrónico de la concejal, aunque denunciaba "discriminaciones laborales". En la formación tienen claro que Serrano y Millán fueron grabados durante las reuniones y subrayan que se ha omitido de forma intencionada lo dicho por la implicada: "Hablamos de una información periodística basada en un audio editado y en el que se omiten parte de las conversaciones, incluyendo una ausencia total de los testimonios de la denunciante".
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"Nos sorprende que esta información salga quince meses después de la denuncia, coincidiendo con el primer pleno de la Asamblea, coincidiendo con la comparecencia de un acosador sobre el que sí hay denuncias muy fuertes por parte de unas mujeres, como es el caso de Salazar, el amigo, el estratega de la señora Alegría, y en un momento de la campaña de Aragón muy perjudicial para el Partido Socialista", añadió Serrano.
Los populares sostienen que es un "caso fabricado" tras el archivo por parte de la Comisión de Garantías. Las mismas fuentes del PP madrileño detallan que entre octubre y abril de 2025, después de la dimisión de la concejal, se instruye el expediente por la Comisión de Derechos y Garantías nacional. Según su versión, el órgano requirió información y documentación a la presunta víctima, pero "al no aportar prueba alguna que sostuviera la denuncia o las declaraciones imputadas a terceros se archiva". "Es falso que el PP de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada", reiteró el secretario general de la formación. La polémica estalla cuando quedan menos de 48 horas para que finalice una campaña vital en Aragón. Alberto Núñez Feijóo tuvo que responder por esta cuestión durante un acto en Calanda (Teruel), desde donde manifestó su respaldo al PP de Madrid y a las explicaciones ofrecidas por Alfonso Serrano. Sostuvo que la organización madrileña "investigó" el asunto, pero lo archivó al considerar que "no había indicios suficientes". En todo caso, Feijóo invitó a la denunciante a abrir la vía judicial contra el alcalde de Móstoles si así lo consideraba oportuno porque "cualquier mujer tiene el derecho y el deber de hacerlo", informa Ana Belén Ramos.
Pleno en la Asamblea
El caso sobre el presunto acoso sexual y laboral marcó el Pleno de la Asamblea, el primero del nuevo periodo de sesiones. Todos los partidos de la oposición —Más Madrid, PSOE y Vox— cargaron contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y exigieron la dimisión de Manuel Bautista, dando por buena la denuncia. Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, se mantuvo en la misma línea que Serrano e insistió en la idea del "caso fabricado". Nada hace pensar que vaya a forzar ninguna acción o dimisión.
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"No he venido a este Pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular", dijo tras las preguntas de la portavoz del PSOE, Mar Espinar, que centró su intervención en la denuncia y llamó a Ayuso "mala persona". Su homóloga en Más Madrid, Manuela Bergerot, recordó que Ayuso se reunió con Bautista tras conocer lo ocurrido: "Esta mujer le pidió ayuda a usted en dos ocasiones. Le pidió ayuda porque confiaba en usted y, sin embargo, usted rechazó tener una reunión con ella y recibió al agresor cinco días después". Ayuso, por su parte, insistió en desviar el foco hacia Salazar, que a la misma hora comparecía en el Senado. "Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes", subrayó.
Explicaciones del alcalde
Manuel Bautista compareció horas después de Alfonso Serrano, acompañado por todo su equipo de Gobierno. El alcalde de Móstoles negó los hechos y atribuyó la denuncia a una venganza política, ya que la edil, supuestamente, "quería ser teniente de alcalde".
La dimisión, aseveró, no está dentro de sus planes. "Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal. Es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del comité de derechos y garantías el caso está archivado", declaró en rueda de prensa, donde insistió en que "no sabe" de qué tiene que defenderse.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2492 en: 05 de Febrero de 2026, 19:56:01 pm »
Otra Nevenka. . .

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2493 en: 05 de Febrero de 2026, 20:59:50 pm »
Otra Nevenka. . .

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Tiene toda la pinta.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2494 en: 06 de Febrero de 2026, 06:59:54 am »
De Nevenka a la edil de Móstoles, claves de un caso que repite patrones machistas 26 años después

Historia de Isabel Valdés • 17 h •


“Vete a casa, habla con tu marido”, “que tu padre no lo pase mal”, le dijo Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, a la edil de Móstoles que acudió a ella, a la estructura del partido, para denunciar de forma interna el acoso sexual y laboral, continuado al que la estaba sometiendo Manuel Bautista, el alcalde de esa ciudad madrileña. No son tres frases aleatorias. Reflejan parte de un patrón que se repite en este tipo de violencia machista y que tiene múltiples ejemplos; tal vez el más representativo sea el de Nevenka Fernández, la concejala de Hacienda de Ponferrada, también con el PP, que en 2001 denunció a Ismael Álvarez, el alcalde de ese municipio leonés, por lo mismo, por acoso. Fue la primera mujer que logró una condena por este delito contra un político en España.


En aquella España, la de hace 25 años, la violencia de género aún se llamaba violencia doméstica: la que no se habla fuera y se soluciona en casa. Y a aquel juicio, el de Nevenka Fernández contra Ismael Álvarez, el entonces ministro de Administraciones Públicas, el popular Javier Arenas, lo definió como “de naturaleza privada”. Es el mismo “vete a casa” que Ana Millán pronunció en 2024. Dos formas de intentar despojar a la violencia machista de su condición pública y, por lo tanto, de reducirla a una cuestión individual, no sistémica ni estructural.

Esa es una de las cuestiones que el relato de los hechos ―a través de la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS― refleja sobre el patrón de un delito que en España han sufrido en algún momento de su vida el 36,2% de las mujeres, más de siete millones, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. Pero no el único. Aquí, otras claves del caso:

Sexualización y cosificación

Según los escritos de denuncia de la edil, Manuel Bautista hacía apreciaciones al resto de compañeros sobre ella como: “La he fichado para que me haga un gran trabajo a mí”; “esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar”; “está buenísima, esta es solo para mí”. Son ejemplos de la sexualización de las mujeres, habituales en todos los ámbitos, también en el laboral, donde esa cosificación implica además una anulación o rebaja a un segundo plano del valor y capacidad profesional.

En Sexualización, la jurista estadounidense Catharine MacKinnon establecía una escalera de violencia donde la cosificación ocupaba “la punta menos explícita” de “un continuo de deshumanización” que iba después escalando; y explicaba que cuando alguien cosifica a otra persona, lo que está haciendo es imponerle un significado social que lo define para ser usado sexualmente. “Todas las mujeres viven en una cosificación sexual tal como los peces viven en el agua”, escribió.

El ámbito privado y la figura de poder tradicional

Tal vez el “habla con tu marido” o el “que tu padre no lo pase mal” fueron frases pronunciadas casi de forma inconsciente por Ana Millán a la edil, pero simbolizan cómo, en ese intento de devolver la situación al espacio privado, donde ha permanecido históricamente hasta hace dos décadas, aparece también la figura de poder tradicional: el padre, y después, en la lógica patriarcal del ciclo vital de una mujer, el marido. Y en conjunto, la familia, porque Millán también hace referencia a los hijos, que piense en ellos, le dice.

Este consejo aglutina varias ideas. Que la voluntad y la decisión de ella debe estar supeditada, o como mínimo condicionada, por la opinión y los sentimientos de su pareja, su padre o sus hijos; que por lo tanto cómo ella esté o lo que ella necesite como víctima de acoso no es tan importante como lo que puedan necesitar o querer quienes están a su alrededor; y descarga sobre ella la responsabilidad del daño que eso pueda causar en su familia, ya que no prima el acoso en sí mismo, sino el hecho de que ella lo cuente.

La perpetuación del silencio

“La denuncia judicial, que luego sería pública, no te beneficiaría”, “ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir”. Todas esas frases pronunciadas por Millán a la edil hablan ya no solo de convertir una violencia estructural en un problema aislado diciéndole que se marchara a casa, sino de un intento de perpetuar el silencio.

Si hay una cuestión clave en la última década, ha sido la ruptura de ese silencio, el de las mujeres sobre las múltiples violencias que sufren, pero sobre todo la sexual, porque si hay algo que ha permitido la perpetración sistémica y continuada de esa violencia, ha sido el silencio impuesto desde todas las estructuras de una forma más o menos directa: desde lo social a lo policial, lo jurídico o lo legislativo.

“¿Tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?, porque yo creo que no”
La salida de los espacios

“¿Tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?, porque yo creo que no”, le dijo Ana Millán a la edil. Y eso fue exactamente lo que pasó por un conjunto de casuísticas. La decisión del PP de intentar taparlo, de que no denunciara, de minimizar e intentar convertir unos hechos que suponen violencia en una mera desavenencia ―“Manuel te ficha, hay una mezcla entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia. ¿Estamos hablando de esto?“, le dijo Alfonso Serrano―, y después no investigar ni hacer nada, según el relato de los hechos, provocó que la concejala acabase dejando el partido y el trabajo en el Ayuntamiento mientras el alcalde siguió ahí. Sigue ahí.

Hace dos décadas, Nevenka Fernández denunció, sí. Y ganó el juicio. Pero no fue a coste cero: también salió del Ayuntamiento, y ella además de su ciudad y de su país. Un autoexilio por la situación a la que se vio sometida por contar la violencia perpetrada por el alcalde. Eso, abandonar los espacios públicos, profesionales, por agotamiento o por necesidad, por salud mental y física, es una de las múltiples consecuencias que sufren las mujeres.

La responsabilidad de los partidos

Hay varias frases en el relato de los hechos de la edil de Móstoles que reflejan bien la realidad de organizaciones como las políticas en contraposición a los discursos. Dos de ellas, pronunciadas por Ana Millán, son: “El PP está para ayudarte, ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia” y “vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual. Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada”. Y Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, diputado de la Asamblea de Madrid y senador, le dijo: “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”.

Mientras los eslóganes y las proclamas hablan de partidos más o menos feministas ―exceptuando a la ultraderecha― o al menos comprometidos contra la violencia machista, la práctica diaria está encaminada a la ocultación de esa violencia y a la inacción; en este caso, además, a intentar hacer una exención de responsabilidades colocándole el peso a ella que, por otro lado, ya había actuado: había ido a pedir ayuda a la organización de su partido. Pero, según el relato de la edil, el mensaje que recibió fue de resignación, discreción y silencio por parte de un partido, el PP, que es el único con representación parlamentaria que no cuenta con un protocolo contra el acoso, obligatorio por ley.

Y ahora, después de que se haya hecho público, después de que se conozca que le desaconsejaron repetidamente no denunciar, el PP de Móstoles, y el de Madrid, alegan sobre el relato y el escrito de la edil que “quizá debería llevarlo a un juzgado, mejor que intentar dañar la imagen de un alcalde”.

Hay una última frase de Ana Millán a la edil que explica en parte todo lo anterior y que supone no solo una normalización de la violencia machista, sino su aceptación casi como si fuese inevitable: “Cuando te metes en política, tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas”.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2495 en: 06 de Febrero de 2026, 08:19:06 am »
“Cuando te metes en política, tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas”. . . es su naturaleza y no lo pueden evitar. . .

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2496 en: 06 de Febrero de 2026, 11:07:00 am »

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« Respuesta #2497 en: 06 de Febrero de 2026, 11:16:11 am »
Ayuso ha convocado a la prensa a las 13.00 horas sobre este tema.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2498 en: 06 de Febrero de 2026, 14:16:55 pm »
La culpa es de los padres que las visten como putas, Torrente dixit. . .  pero Ayuso, al igual que su número dos, Serrano, que anuncia querellas a todo aquel que acuse al PP de encubrimiento, dirá cualquier otra frase de similares características, IDA es así, para tapar un escándalo suelta una más gorda y así nos perdemos en la hipérbole que tanto le gusta, pero sino siempre puede sacar el comodín de Sánchez, del socialismo o libertad o de las feminazis que tan poco le gustaban a exalcalde de Alcorcón. . . estamos ante un nuevo caso Nevenka donde la víctima será, de nuevo, la responsable del comportamiento de otros, sólo espero que Suárez-Valdés, que va a llevar su representación, sepa poner las cosas negro sobre blanco en una verdad judicial que, con toda probabilidad, no le va a gustar nada al PP. . .

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #2499 en: 06 de Febrero de 2026, 14:27:28 pm »


La exconcejala de Móstoles denunciará al alcalde por acoso sexual y al Gobierno de Ayuso por la filtración de sus correos


El abogado de la exedil sostiene que su clienta no denunció antes por presiones con mensajes como “piensa en tus hijos” o “en tu padre”, especialmente tras la última reunión mantenida con el PP, en la que, según afirma, fue tratada de forma presuntamente intimidatoria
 
elDiario.es

6 de febrero de 2026 12:50 h


La exconcejala de Móstoles presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de este municipio, Manuel Bautista, y prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la filtración de correos personales. Su abogado, ha detallado a la agencia Europa Press que la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles

Además, la exedil denunciará ante el Tribunal Supremo la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento. La afectada sostiene que se produjo “una invasión” de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública. Según el letrado, la denuncia por la supuesta filtración busca esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.

El letrado sostiene que su clienta no denunció antes el supuesto caso de acoso sexual por presiones con mensajes como “piensa en tus hijos” o “en tu padre”, especialmente tras la última reunión mantenida, en la que, según afirma, fue tratada de forma presuntamente intimidatoria. El abogado explica que el borrado de correos de su ordenador ya se denunció pero fue archivado por el juez. Una decisión que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no ha señalado fecha para deliberación y fallo.

El alcalde de Móstoles defendió este jueves, en rueda de prensa, su presunción de inocencia y aseguró que se ha construido un relato “que no se corresponde con la realidad”. “Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión”, sostuvo el regidor en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

La número 3 de Ayuso cuestionó el acoso denunciado por la edil de Móstoles y la amenazó con un expediente por “pasar información al PSOE”

Este viernes elDiario.es desveló la grabación de una de las reuniones entre la concejala y Ana Millán, alto cargo del PP en Madrid y una de las más estrechas colaboradoras de Isabel Díaz Ayuso, que revela que su respuesta fue cuestionar el supuesto acoso por no haber acudido al Comité de Derechos y Garantías, negarse a reunirse con ella en presencia de su abogado e, incluso, anunciar que estaba siendo investigada bajo la acusación de filtrar información de este caso al PSOE. “El partido tiene una denuncia hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de todo este tema”, dijo Millán antes del final de la reunión. Un día después dejó su acta y causó baja en el partido.