Una concejala de Vox, denunciada por una presunta trama de ventas ‘fantasma’ de locales, trasteros y parkings
Cuatro afectados aseguran haber desembolsado 237.000 euros por activos que nunca llegaron a sus manos. Las operaciones habrían sido gestionadas por Araceli Colomar, regidora en Sant Josep, y en ese momento administradora de fincas de la Comunidad de Propietarios del Edificio Galaxia
Pablo Sierra del Sol / Ángela Torres Riera / Nicolás Ribas
22 de junio de 2026 21:01 h
Administración desleal, una estafa que ronda los 237.000 euros y escenas dignas de aparecer en el guion de La comunidad, el thriller que enfrentó a Terele Pávez y Carmen Maura en un edificio del barrio madrileño de La Latina. Esos son los presuntos delitos que una denuncia y una querella presentadas por cuatro personas diferentes le imputan a Araceli Colomar Costilla, administradora de fincas, agente de la propiedad inmobiliaria y, desde el verano de 2023, concejala de Vox en Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).
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El Juzgado de Instrucción número 1 de la isla recibió las pruebas –correos electrónicos, audios de WhatsApp, ingresos bancarios– que presentaron los abogados de los presuntos estafados en abril y noviembre de 2024. Entonces, Colomar ya llevaba un año sentándose en el pleno de un ayuntamiento donde entró tras encabezar la lista del partido de ultraderecha en las últimas elecciones municipales. Vox obtuvo dos concejales y es clave para asegurar el gobierno –sin mayoría absoluta– del PP en Sant Josep. Un territorio clave para los intereses turísticos e inmobiliarios se juegan en Eivissa: comprende todo el sur de la isla, cuenta con el litoral más extenso de las Illes Balears –84 kilómetros– y, quizás por ello, acostumbra a aparecer desde hace más de medio siglo en los medios de comunicación a causa de múltiples irregularidades y escándalos urbanísticos.
Los hechos denunciados ocurrieron presuntamente antes de los comicios, a lo largo de 2022. Colomar ya había desembarcado en la política local. Ejercía como coordinadora de Vox en Sant Josep y se perfilaba como candidata prometiendo “oficinas antiokupación” en caso de gobernar. Mientras tanto, creaba -presuntamente y siempre según las denuncias- un importante agujero económico a tres hombres y una mujer tras hacerles creer que intermediaba para cerrar unas compraventas que nunca se completaron. Así lo aseguran los denunciantes en el relato que escribieron sus abogados en los documentos judiciales a los que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es.
Los denunciantes aseguran que la regidora de Vox les creó un importante agujero económico tras hacerles creer que intermediaba para cerrar unas compraventas que nunca se completaron
El Galaxia
Los bienes raíces –plazas de garaje, trasteros, bajos comerciales– sobre los que orbita la presunta estafa forman parte del Galaxia. El Catastro disecciona los datos de este edificio de cinco alturas que se construyó en 1982, cinco años antes de que Eivissa aprobara sus primeras normas urbanísticas. Un tetris formado por decenas de apartamentos de 60 metros cuadrados y, al menos, una treintena de espacios anexos: almacenes, oficinas, locales. Para nada una plaza fácil porque, además, está situado en la segunda línea de ses Figueretes. Un barrio donde se mezclan el turismo y la clase obrera, hoteles revalorizados y viviendas humildes alquiladas por migrantes. También, una zona inundable. Cuando la DANA Alice golpeó la isla en octubre de 2025, reclamó las escrituras de propiedad del agua y el garaje del Galaxia se inundó.
En aquel momento, la administradora Colomar ya no trabajaba en aquella colmena de cemento. La política de Vox había gestionado sus cuentas entre diciembre de 2021 y febrero de 2024. Al asumir el cargo se encontró con un ascensor que llevaba meses sin funcionar y, sobre todo, con los impagos que arrastraban algunos de los propietarios. Según los denunciantes, el anterior administrador –J.A.V.S., otro ex político local, del PP– no había realizado con celo su trabajo. Su “gestión deficiente provocó, entre otros problemas, la acumulación de varios vecinos morosos”, según su relato.
“La proactividad y la presencia constante” de la nueva gestora “le granjeó la confianza” de la comunidad, según el testimonio de los presuntos afectados. En enero de 2022, Colomar trazó ante la junta directiva una estrategia para equilibrar el balance económico de la comunidad: buscar compradores interesados en el patrimonio de los morosos y enjugar las deudas con las transacciones.
Según los afectados, la regidora de Vox quiso sanear los impagos de algunos de los propietarios con una clara estrategia: buscar compradores interesados en el patrimonio de los morosos y enjugar las deudas con las transacciones
Además, planteó la necesidad de contar con los servicios de Noemí Boned Núñez, a quien presentó como una abogada experta en mediaciones que la ayudaría. Hubo cuatro personas que picaron supuestamente el anzuelo. Los denunciantes. Noemí Boned no ha respondido a las preguntas de este diario respecto a su presunta implicación en la trama inmobiliaria.
A.V. era dueño de un bajo comercial en el Edificio Galaxia y la supuesta propuesta de la administradora le pareció interesante para ampliar su patrimonio. El 13 de junio de 2022, firmó las escrituras de un nuevo local. Colomar ejerció como enlace en una operación que, según la primera de las denuncias, contaba con el visto bueno de la junta de propietarios. Sin embargo, “al margen” de los comuneros, siguió ofreciendo más bienes que no estaban al corriente de pagos. A. V. ingresó en la cuenta de la comunidad 8.011 euros el 20 de junio. 13.749, tres días más tarde, y 8.151, a final de aquel año, en la víspera de la Lotería de Navidad. Creía estar comprando tres locales más. Entre medias, el 29 de noviembre, soltó 16.143 euros por una plaza de garaje. En total, 46.054 euros.
Uno de los afectados pagó, según su versión, 46.054 euros para comprar tres locales más en el mismo edificio
Los precios eran bastante más bajos que los que ofrecía un mercado inmobiliario tan especulativo como el ibicenco tras la pandemia. El metro cuadrado de segunda mano rondaba, de media, los 2.000 euros (datos de 2005) antes del estallido de la penúltima burbuja. Se hundió y, para 2020, ya alcanzaba los 2.700 euros. El informe más reciente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Islas Baleares fija en 4.600 euros el metro cuadrado de los locales comerciales de Vila. El municipio más caro del archipiélago para abrir un negocio con sede física. De largo.
Operaciones “fantasma”
En plena escalada especulativa, a A.V. tuvo que parecerle un buen negocio apoyarse en la administradora de fincas para adquirir aquellos bajos. El comprador le contó a otra persona sus operaciones patrimoniales. A.Al. no era comunero del Edificio Galaxia, pero también decidió invertir. Entre el 11 y el 18 de noviembre de 2022, transfirió algo más de 30.000 euros al código bancario de una comunidad de la que creía estar a punto de convertirse en nuevo miembro. Concretamente, propietario de dos locales.
Fue entonces cuando giraron las tornas. Las hojas del calendario caían, pero las llaves de los locales nunca llegaban. El dinero adelantado presuntamente tampoco regresó. El 4 de abril de 2024, A.V. y A.Al. se hartaron de esperar y suplicaron al juzgado que les tomara declaración a ellos, como denunciantes, y, como denunciada, a Araceli Colomar Costilla. En aquel momento, la militante de Vox –ya concejala electa– hacía un par de meses que la habían despedido del Galaxia. La denuncia contra su gestión también solicitaba una auditoría de las cuentas del edificio y el testimonio de la junta directiva de una comunidad a quien consideraban “partícipe a título lucrativo” de la estafa de la que se sentían víctimas.
Otro de los afectados pagó presuntamente 30.000 euros para adquirir dos locales
Dos años y más de dos meses después, aquellas diligencias “todavía están en fase de instrucción”, indican desde el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Esta “investigación inacabada” es víctima de un colapso difícil de sostener: los juzgados ibicencos pueden tardar entre dos y tres años en celebrar una vista previa desde que arrancan las pesquisas de una causa.
Un socavón –motivado por la falta de recursos físicos y humanos– que también ha afectado a A.At. y M.R., los dos vecinos censados en el Galaxia que, en noviembre de 2024, presentaron una querella contra la administradora de fincas y la abogada especialista en mediación. Su abogado confirma que tampoco hay fecha para un proceso a través del que poder recuperar los 161.459 euros que pagaron entre ambos, casi a partes iguales.
Sorpresa Regalo: ni dinero ni inmuebles
La historia es muy similar a la de los otros presuntos estafados. Las transferencias se realizaron entre el 27 de junio y el 5 de octubre de 2022, “siempre a favor de la comunidad”, como afirma una querella mucho más rica en detalles que la primera denuncia. “Ambas querelladas se presentaban como profesionales de confianza, por lo que no sorprende que los querellantes confiaran parte de su capital ante lo que parecía un conjunto de inversiones muy rentable. (...) La administradora de fincas envió a mis representados varias notas simples del Registro de la Propiedad de Ibiza relativas a las propiedades que supuestamente iban a adquirir, cuyas copias se acompañan a la querella, en aras de tranquilizarles y demostrarles que estaba encima del tema. Asimismo, la administradora de fincas les hizo llegar los borradores de unos 'Contratos de arras confirmatorias (señal)', fin de dejar constancia de las operaciones y dotarlas de mayor seguridad jurídica, lo cual reafirmó en mis representados la aparente seriedad empresarial y profesional de la querellada y acrecentó todavía más su confianza en ella. Copias de algunos de estos, que nunca se llegaron a firmar…”.
El abogado dedica un capítulo completo del documento que presentó en los juzgados a narrar las supuestas comunicaciones entre Colomar y sus clientes. La mayoría son de 2023. Un año en el que los querellantes irán descubriendo poco a poco la supuesta estafa. En febrero aún tienen fe en la administradora de fincas. Incluso defienden su labor cuando A.A. y A.Al., los primeros denunciantes, empiezan a pedir explicaciones sobre unos títulos de propiedad que se han volatilizado. La situación escala: los afectados consiguen bloquear la cuenta de la comunidad, donde habían realizado los pagos. Bastará un pequeño flash forward para que A.At. y M.R. también reclamen sus derechos como compradores. Porque cuando llegue la primavera tampoco habrá noticia de los cuatro locales comerciales, los tres parkings y los dos trasteros que creían haber adquirido. Doce meses después de haber desembolsado fuertes sumas de dinero, según su relato, aquel pequeño patrimonio sigue en el limbo.
¿Cómo reacciona Colomar? Con “banales argumentos y excusas y evasivas tendentes a generar la máxima confusión y a desvincularse de los hechos”, se lee en la querella. En octubre, M.R. escribe en un grupo de WhatsApp que A.At. y él comparten con la administradora –bautizado con el curioso nombre de Sorpresa Regalo– una reunión para cancelar la compraventa y recuperar el dinero: “[Tenemos] que hablar de nuestro asunto. Aquí es muy importante aclarar algunas cosas”. La concejala de Vox –ya en el cargo– les promete supuestamente –a través de varios documentos que el abogado adjuntó a la querella– una devolución. A plazos.
Noviembre es un mes frenético. Colomar les envía un certificado bancario para demostrarles que los 161.459 euros que los perjudicados apoquinaron entre junio y octubre de 2022 siguen en poder de la comunidad. M.R. y A.At. tuercen el morro: la cuenta donde está el dinero no es la misma en la que ellos depositaron el dinero que figura en el papel que les ha mandado la administradora para tranquilizarlos. El 28 de noviembre, Noemí Boned Núñez, la abogada que Colomar habría reclutado para mediar con los morosos, remata la confianza de los compradores. Después de días “ignorando sus llamadas”, les comunica que “ninguno de los deudores ha querido iniciar algún tipo de acuerdo sobre los pagos o ni tan siquiera respondido a la petición de mediación”. La querella explica que cuando los afectados se interesaron por comprar aquellas propiedades, las denunciadas les animaron a transferir el dinero “urgentemente” porque las negociaciones iban “viento en popa”.
“Mi conciencia está tranquila”
Días después, todo estalla. En diciembre de 2023, Colomar presenta el balance económico… de 2022. Los pagos de M.R. y A.At. no figuran entre los ingresos de la comunidad de propietarios del Galaxia. Los querellantes se encienden: “¿Cuándo vas a presentar las cuentas del 23 (...) ¿Nos podrías indicar bajo cuál concepto aparece nuestro dinero? Si las cosas se hicieron bien como nos haces entender, ¿entonces dónde aparece?” La política ultraderechista se defiende a través de unos audios que también se adjuntaron a la querella:
–Yo también lamento el daño que estáis sufriendo, no es para nada mi intención, pero por mi parte creo que no he dejado de trabajar, os sigo atendiendo en toda, pero también estáis pidiendo una inmediatez que es imposible. Un buen trabajo requiere de una buena concentración y así es imposible poder concentrarse. (...) Yo por mi parte como os digo no he dejado de trabajar, sigo trabajando, tengo que cerrar las cuentas del 2023 y hacer los libros (...) yo voy a seguir luchando y batallando para cerrar todo lo que pueda cerrar, esto yo lo tengo claro y mi conciencia está tranquila de que lo sigo intentando día a día hasta que la comunidad acuerde que tengo que entregar la documentación. Yo puedo entender que la cosa va mucho más lenta de lo que vosotros deseáis, pero yo por mi parte creo que ayer terminé super tarde con Galaxia, hoy he amanecido trabajando para Galaxia“.
En enero de 2024, “por razones evidentes”, no se renueva el contrato con la administradora de fincas. Su sustituto llega en marzo y, antes del verano, se elige a una nueva junta directiva. A.At. ocupa la vicepresidencia de la comunidad de propietarios. Una responsabilidad que le permite revisar las cuentas bancarias donde M.R. y ella hicieron los ingresos. Tras analizarlas, descubre que se realizaron “muchas transferencias en favor de ambas querelladas sin que consten facturas que la justifiquen”. Para el abogado, esos movimientos de dinero prueban “el propósito criminal” de un “plan delictivo” para apropiarse de un “patrimonio ajeno”. O de “un cuento de terror”. Así resume la historia A.At. por correo electrónico. De momento, y a la espera que la Justicia siga su lento curso, ni ella ni su abogado quieren hablar –todavía– con detalle de lo sucedido.
Los denunciantes aseguran que la regidora de Vox y la abogada han hecho 'muchas transferencias en favor de ambas querelladas sin que consten facturas que la justifiquen'
Colomar niega los hechos
Araceli Colomar, por su parte, atiende a elDiario.es a través de una llamada telefónica. El caso, explica, se va archivar por “falta de prueba documental”. Según su versión, dispone de poderes notariales y acuerdos de mediación de la abogada –Noemí Boned- para firmar al menos algunas de las compraventas pactadas. Por otro lado, niega que ella o terceros se hayan quedado con el dinero que depositaron los denunciantes y querellantes, e indica que el dinero quedó depositado en la cuenta bancaria de la comunidad de propietarios del Edificio Galaxia. Solo reconoce haber cobrado honorarios en algunas de las operaciones. Por otro lado, indica que Boned no puede ir a juicio porque “las actas de acuerdo de mediación son confidenciales”, sin desarrollar este punto.
Colomar niega todo lo que se le acusa. Sobre que al final no hubo acuerdos con los propietarios morosos para vender sus inmuebles y saldar la deuda de la comunidad del Edificio Galaxia, también afirma que es mentira. Según su versión, uno de los denunciantes ya se habría beneficiado de uno de estos acuerdos, y estaría disfrutando de alguno de los locales, pero a la espera de hacerse con una plaza de aparcamiento. En el resto de casos, “como no se da el acuerdo de mediación, se inicia el procedimiento de reclamación con subasta”. “Que la comunidad les devuelva el dinero, yo no lo puedo hacer”, insiste.
A A.Att., una de las afectadas, afirma que “hay que devolverle el dinero del parking”. “Que se lo devuelva el administrador porque tiene los certificados hechos”. A.At depositó 13.074 y 14.802 euros, respectivamente, para dos plazas de aparcamiento el 15 de septiembre de 2022, según figura en la querella consultada por este diario. Ha explicado, además, que hay afectados que no figuran en las denuncias y con quienes comió la semana pasada que le piden llegar a acuerdos sobre sus casos, pese a haber abandonado su cargo como administradora de fincas del edificio Galaxia. Sobre el hecho de que los precios estén por debajo del precio de mercado, asegura que es debido a “las patologías estructurales de la finca”. “El edificio estaba para colapsar, a día de hoy no”, defiende. Ha negado también que sea “amiga” del constructor y niega que haya habido ningún trato de favor.
Por otro lado, afirma que hay acuerdos de compraventa de inmuebles que están sin escriturar. En otros casos, asegura que no hay acuerdos. Finalmente, dice que se ha hecho una auditoría en la cuenta de la comunidad de propietarios y que “el dinero está ahí”. Según su verisón, los afectados no cobran “porque al nuevo administrador, por sistema, no le daba la gana”.
A raíz de las demandas, asegura, el nuevo administrador dijo, según Colomar, “que los certificados no servían para nada”, y que la denunciada había perpetrado un “engaño”. Según su versión, ese certificado contiene las cantidades que cada propietario ha depositado, así como la fecha exacta. Afirma que “una amiga suya” ha visto su dinero depositado ahí. “De los [inmuebles] que están vendidos cobro 1.000 euros más IVA como gestora inmobiliaria, no como administradora de fincas”. Afirma que se hizo así porque otra inmobiliaria cobraba 3.000 euros por la misma gestión.
–¿Hay alguien –de los denunciantes– que haya adquirido su plaza de parking?
“No”, responde Colomar, pero “todos tienen su certificado”. “Que la comunidad les devuelva el dinero”, repite.
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Sobre esta temática no ha querido hacer ningún comentario Vox, partido al que pertenece la presunta implicada como concejal en el municipio ibicenco de Sant Josep. Este diario también se ha puesto en contacto con la actual presidenta de la comunidad de propietarios, que prefiere no hacer ningún comentario o valoración sobre este caso.
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Mientras tanto, el Galaxia está tomado por los albañiles. Hay andamios, cascos que suben y bajan unas escaleras en forma de galería, y una malla que cubre toda la fachada del edificio. Se practica una rehabilitación que, según la querella, se “paralizó” cuando la concejala de Vox gestionaba la finca al “descubrirse que estaba teniendo un acercamiento notable y sospechoso con el constructor responsable de las obras”. En la misma avenida donde se encuentra el edificio, a apenas unos portales de distancia, sigue abierta la oficina desde la que Araceli Colomar Costilla tramita compras, ventas y alquileres de inmuebles, y, como perito judicial, elabora informes destinados a resolver conflictos.
